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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04158-00

Fecha
30 de agosto de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04158-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social, vida digna, igualdad, dignidad humana y acceso a la administración de justicia invocados por la señora Leidy Susana Rodríguez Muñoz, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º. Reconócese personería al abogado Hólver Valenzuela Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía 16ʼ625.510 y tarjeta profesional 185.272 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar dentro de las presentes diligencias en representación de la actora. 3º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04158-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

30 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-04158-001
Actora : Leidy Susana Rodríguez Muñoz
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad
social, vida digna, igualdad, dignidad humana y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Leidy Susana
Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad
social, vida digna, igualdad, dignidad humana y acceso a la administración de
justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora Leidy Susana Rodríguez Muñoz, por
conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan
las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente
quebrantadas por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 9 de
diciembre de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca modificó el de 10 de diciembre de 2020, con el que el Juzgado Veinte
(20) Administrativo de Cali accedió parcialmente2 a las pretensiones formuladas
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el
municipio de Palmira, la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Comoquiera que ordenó sustituir la pensión del señor José William Acuña Varela (q. e. p. d.) «[…] y demás
prestaciones a que hubiere lugar en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) a la señora LEONOR AYALA
CARVAJAL, en calidad de cónyuge supérstite, y el otro cincuenta por ciento (50%) [en su favor], en condición
de compañera permanente […]».

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04158-00
Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

Fiduciaria La Previsora S. A. (Fiduprevisora S. A.) [expedientes 76001-33-31-
006-2012-00042-003 y 76001-33-31-014-2012-00079-01 (acumulados)], para
únicamente sustituir en favor de la señora Leonor Ayala Carvajal la prestación
social que devengaba el señor José William Acuña Varela (q. e. p. d.); en su
lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la
que aquella le sea otorgada en su totalidad.

1.2 Hechos. Relata la accionante que (i) convivió, en calidad de compañera
permanente, con el señor José William Acuña Varela (q. e. p. d.) desde enero de
2002 hasta el 24 de diciembre de 2010 (fecha en la que acaeció su
fallecimiento), de manera «[…] permanente, ininterrumpida y bajo el mismo
techo»; y (ii) el 1º de marzo de 2005 el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con Resolución 568, le reconoció al señor Acuña
Varela (q. e. p. d.) pensión de jubilación y el 19 de agosto siguiente,
comoquiera que él sufrió una pérdida de su capacidad laboral del 90.01%,
(como consecuencia de un tumor maligno en el cerebro que desencadenó en su
muerte), también se le otorgó pensión de invalidez.

Que el 10 de junio de 2011 deprecó de la secretaría de educación de Palmira la
sustitución de la pensión de jubilación que devengaba el señor José William
Acuña Varela (q. e. p. d.), lo que le fue negado, por conducto de Resolución
1151.13.3.810 de 30 siguiente, «[…] hasta tanto la justicia determine quien
tiene el mejor derecho […]», toda vez que la señora Leonor Ayala Carvajal
efectuó una solicitud en ese sentido, pero en calidad de cónyuge; decisión
contra la que formuló recursos de reposición y en subsidio de apelación,
desatados con oficio de 26 siguiente, el primero, en el sentido de confirmarla, y
en cuanto al segundo se consideró no «[…] viable» su concesión.

Dice que incoó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
municipio de Palmira, la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la
Fiduprevisora S. A. (expediente 76001-33-31-014-2012-00079-01), la cual fue
acumulada4, con posterioridad, con la promovida por la señora Leonor Ayala
Carvajal (expediente 76001-33-31-006-2012-00042-00), encaminada a obtener
la anulación de los actos administrativos relacionados en precedencia y, en
consecuencia, el pago de «[…] la sustitución pensional, el seguro por muerte y
las cesantías definitivas […]» causadas por el señor José William Acuña Varela
(q. e. p. d.).

3
En este proceso actuó como demandante la señora Leonor Ayala Carvajal.
4
Expedientes acumulados el 13 de noviembre de 2014 por el Juzgado Veinte (20) Administrativo de Cali.

2

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Administrativo del Valle del Cauca

Que del mencionado asunto conoció el Juzgado Veinte (20) Administrativo de
Cali, que el 10 de diciembre de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas, al considerar que «[…] la señora Leonor Ayala Carvajal y [ella]
cumplen [...] el requisito de convivencia establecido en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, [por consiguiente,] tienen
derecho acceder a la sustitución pensional del causante», en esa medida, les
otorgó la prestación social reclamada en partes iguales a partir del 24 de
diciembre de 2010 (fecha en la que acaeció el deceso del señor Acuña Varela
(q. e. p. d.).

Sostiene que inconformes con la anterior decisión judicial, ella5 y la señora
Ayala Carvajal6 formularon recursos de apelación, desatados el 9 de diciembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el sentido de
modificarla, para negar sus pretensiones, comoquiera que del estudio de los
elementos de convicción allegados al proceso «[…] queda acreditada la
convivencia, apoyo y ayuda mutua [del señor José William Acuña Varela] con
la señora Leonor Ayala [Carvajal], pero no con […]» ella, por tanto,
únicamente se ordenó el reconocimiento pensional en favor de la primera.

Que la providencia reprochada incurre en defecto fáctico, habida cuenta de que
los magistrados accionados efectuaron una interpretación «[...] MALA Y
ERRÓNEA» de las pruebas allegadas a las diligencias ordinarias, puesto que no
tuvieron en cuenta (i) las 38 declaraciones rendidas ante el inspector de policía
del corregimiento de Tenjo, ubicado en la zona rural de Potrerillo de Palmira,
que acreditaban que la relación de pareja que sostuvo con el señor Acuña
Varela (q. e. p. d.) perduró por más de 7 años, y (ii) dos declaraciones
extrajudiciales de 30 de abril y 21 de mayo de 2010, en las que su compañero
permanente indicaba que le proveía todo lo necesario para su sustento y, en caso
de que falleciera, la dejaba como beneficiaria de «[…] su pensión […] para [su]
sostenimiento», por cuanto solo se examinaron los medios probatorios
arrimados por la señora Leonor Ayala Carvajal con base en los que le negaron
la prestación social a la que tiene derecho.

5
Con fundamento en que convivió con el causante durante sus últimos años de vida, «[…] compartiendo techo,
lecho, alimentos y todos los cuidados […]» necesarios para la atención de su padecimiento, y aunque aquel
tenía un vínculo matrimonial vigente, durante sus últimos años de vida, no sostuvo con su esposa «[…] ninguna
relación marital afectiva ni lazos de ayuda y apoyo mutuo […]».
6
Quien «[…] alegó ser la única beneficiaria de la sustitución pensional porque los medios probatorios que
sirvieron de fundamento para demostrar la convivencia entre compañeros fueron insuficientes: no fueron
claros los testimonios y las declaraciones juramentadas ante notario ocurrieron cuanto el causante ya se
encontraba en estado de incapacidad laboral».

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Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

Agrega que el fallo acusado inobserva el precedente jurisprudencial contenido
en la sentencia T-136 de 20197 de la Corte Constitucional, pronunciamiento en
el que se sustituyó la pensión gracia en el cónyuge de una docente que en vida
satisfizo los requisitos legales para su otorgamiento, lo que sucede en su caso,
puesto que su fallecido compañero permanente obtuvo la prestación social que
disfrutaba de manera legal, por ende, hay lugar a acceder a las súplicas que
deprecó en la demanda ordinaria.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 5 de agosto de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar a
los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
dispuso vincular a los señores Leonor Ayala Carvajal, alcalde de Palmira,
Ministra de Educación Nacional y presidente de la Fiduprevisora S. A., en los
términos previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

Adicionalmente, en el aludido proveído se requirió del señor Hólver Valenzuela
Gutiérrez, quien dijo actuar como apoderado de la tutelante, allegar el poder a él
otorgado para instaurar la tutela, que adosó el 11 de agosto de 2022, motivo por
el cual se le reconocerá personería jurídica.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor Ministro de Educación Nacional, a través del jefe de la oficina
asesora jurídica de esa cartera, pide se le desvincule del presente trámite
constitucional, toda vez que no es «[…] el llamado a responder la pretensión de
[la] accionante […]» ni tuvo injerencia en la decisión judicial reprochada en
estas diligencias.

2.1.2 El señor presidente de la Fiduprevisora S. A., por conducto de la señora
coordinadora del grupo de tutelas de ese ente, depreca su desvinculación de esta
acción y sostiene que en el sub lite «[…] se han observado las normas en
garantía al principio del debido proceso, es decir, que la actuación fue
adelantada en debida forma y atendiendo los procedimientos legales, razón por
la cual se concluye que no existe una supuesta vulneración de los derechos
fundamentales» invocados por la tutelante.

7
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

2.1.3 La señora Leonor Ayala Carvajal afirma que el proceso ordinario «[…] no
presenta ningún tipo de irregularidad que permita inferir que se [quebrantaron
garantías superiores] de la accionante», y no se acredita el defecto fáctico
invocado, puesto que «[…] la demanda se [formuló] […] en vigencia del
Decreto 01 de 1984 [Código Contencioso Administrativo] (CCA) que remite en
temas probatorios al CPC [Código de Procedimiento Civil], estatuto procesal
que exige para valoración de declaraciones de testigos, su ratificación en el
proceso […]», lo que no ocurrió en estas diligencias, por lo cual no era dable
tener en cuenta las demás pruebas a las que hace referencia la tutelante en su
escrito, dado que aquellas no fueron controvertidas, de modo que lo que
persigue la actora es reabrir un debate probatorio que ya fue desatado por el
juez natural.

Aduce que en el sub lite tampoco se colma la exigencia de inmediatez, habida
cuenta de que la sentencia reprochada fue notificada el 10 de diciembre de 2021
por correo electrónico, entre otros, «[…] al usuario […]
«holvervalenzuela@gmail.com» con el asunto: REMISIÓN DE LA
SENTENCIA No 142 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 – NOTIFICADA POR
EDICTO NO. 04 DEL 11 […]» siguiente, por consiguiente, es a partir de esa
fecha que debe iniciar el aludido conteo, distinto es que pretenda «[…] inducir
a error a [esta Corporación] indicando que la misma fue solo notificada
recientemente».

2.1.4 Los señores alcalde de Palmira y magistrados del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca guardaron silencio en la oportunidad procesal prevista para
el efecto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar
si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por la accionante, quien
aduce vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, mínimo vital, seguridad social, vida digna, igualdad, dignidad humana
y acceso a la administración de justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante

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Administrativo del Valle del Cauca

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario,
la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 9 de diciembre
de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
modificó la de 10 de diciembre de 2020, con la que el Juzgado Veinte (20)
Administrativo de Cali accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el
municipio de Palmira, la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la
Fiduprevisora S. A. (expedientes 76001-33-31-006-2012-00042-00 y 76001-33-
31-014-2012-00079-01 [acumulados]), para en su lugar, ordenar la sustitución
de la totalidad de la prestación social que devengaba el señor José William
Acuña Varela (q. e. p. d.) en la señora Leonor Ayala Carvajal; y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
mínimo vital, seguridad social, vida digna, igualdad, dignidad humana y acceso
a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii)

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defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv)
defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter
excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se
vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre
que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

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Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la
decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales8, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20129, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos10.

8
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
9
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010,
exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7)

8

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Administrativo del Valle del Cauca

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201411, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo
vital, seguridad social, vida digna, igualdad, dignidad humana y acceso a la
administración de justicia de la actora; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y
se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada12 quedó
ejecutoriada el 13 de julio de 2022 y la solicitud de amparo se instauró el 1º de
agosto siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (18 días); y (v) la
providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto de acuerdo con las causales específicas denominadas defecto fáctico
y desconocimiento del precedente invocadas por la actora.

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) Registro civil de matrimonio católico de los señores Leonor Ayala Carvajal y
José William Acuña Varela (q. e. p. d.) celebrado el 12 de agosto de 1983, en la
parroquia Nuestra Señora del Carmen de Palmira (Valle del Cauca), de cuya
unión el 9 de julio de 1987 nació Carolina Acuña Ayala.

b) Resolución 568 de 1º de marzo de 2005, por cuyo conducto el Fondo
30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de
2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C.
P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
11
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12
Si bien es cierto que la sentencia reprochada fue notificada a las entidades demandadas el 17 de diciembre de
2021, también lo es que hasta el 6 de julio de 2022 fue remitida al correo electrónico del apoderado de la
tutelante («holvervalenzuela@gmail.com»), tal como consta en la certificación de 8 de agosto siguiente, suscrita
por el secretario general del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04158-00
Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció en favor del señor
Acuña Varela (q. e. p. d.) pensión de jubilación, al haber acumulado más de 20
años de servicios como docente en la Institución Educativa La Sagrada Familia
de Palmira, en cuantía de $1.232.547 a partir del 1º de septiembre de 2002.

c) Historia clínica del señor José William Acuña Varela (q. e. p. d.), en la que se
consignó como diagnóstico «[…] tumor maligno del cerebro», y (i) el 30 de
enero de 2010 se le realizó un procedimiento denominado «craneotomía
resección tumor temporal derecho», y (ii) en consulta de 24 de marzo de ese
mismo año se reportó que se encontraba orientado y que debía iniciar
quimioterapia y radioterapia de manera simultánea.

d) Acta de declaración juramentada suscrita el 30 de abril de 2010 por el señor
José William Acuña Varela (q. e. p. d.) en la Notaría Cuarta (4ª) de Palmira, en
la que señala que «[…] con el fruto de su trabajo vel[a] por el sostenimiento de
[la tutelante] […], le proporciona todo lo necesario para la subsistencia diaria
como vivienda, servicio médico, vestuario [y] alimentos».

e) Acta de declaración juramentada de 21 de mayo de 2010 rendida por el
causante ante la Notaría Primera (1ª) de Palmira, en la que indica que hace 7
años convive con la accionante, responde económicamente por sus hijas Tatiana
Marcela y Angélica Patricia Castillo Rodríguez y es su voluntad y deseo que,
«[…] en el evento en que llegare a fallecer, [se le tenga como] única
beneficiaria» de la pensión que devenga.

f) Dictamen ML-0175-2010 de 4 de junio de 2010, por cuyo conducto la Unión
Temporal Suroccidente y Cosmitet Ltda. determinaron una pérdida de
capacidad laboral del 90.01% del señor Acuña Varela (q. e. p. d.), con fecha de
estructuración de 3 de febrero anterior.

g) Resolución 2010 de 19 de agosto de 2010, a través de la cual la secretaría de
educación de Palmira le reconoció pensión de invalidez al señor Acuña Varela
(q. e. p. d.) en cuantía de $1.980.828.

h) Acta de declaración extrajuicio de agosto de 201113, rendida ante el inspector
de policía de Potrerillo, corregimiento de Palmira, en la que los firmantes14
indican que el fallecido señor José William Acuña Varela (q. e. p. d.) «[…]
compartía de manera […] continua e ininterrumpida desde hace más de siete
13
En la mencionada acta no se especifica qué día del mes de agosto de 2011 fue suscrita.
14
38 personas que, según indican, están domiciliadas en «[…] el callejón de San Emigdio, Vereda Caluce,
Corregimiento de Tenjo, Zona Rural de Potrerillo, Municipio de Palmira, Valle del Cauca, Colombia» (sic).

10

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Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

(7) años, con su compañera permanente […] y sus dos hijas menores, la familia
departía y permanecían juntos, antes y durante su tratamiento médico,
cuidados que prodigo esta en la recaída posoperatoria […] hasta la fecha de su
deceso, el día 24 de diciembre de 2010».

i) Informe pericial GRCOPPF-DRSCCDTE-382-2014 de 10 de diciembre de
2014, mediante el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en lo relacionado con el estado de salud del causante de la prestación
social reclamada en estas diligencias, determinó que «[…] posterior al
procedimiento quirúrgico y, en las […] notas de los siguientes meses (febrero a
agosto de 2010) no se describe estado mental extenso, una que otra hablan
únicamente que está consciente y orientado, pero no da cuenta de su
funcionamiento cognitivo o volitivo de ese momento», sin embargo, se advirtió
que «[…] para septiembre de [ese año] presenta compromiso de orientación,
habla poco, [lo que está] presuntamente asociado a la redictiva del tumor
[…]».

3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión»15.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra16.

3.5.3 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata
del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por

15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

11

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Administrativo del Valle del Cauca

la Corte Constitucional en su jurisprudencia17, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de
un defecto sustantivo18 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad
y buena fe19.

3.5.4 Solución al caso concreto. En el sub lite se evidencia que la actora
considera que la providencia reprochada incurre en (i) defecto fáctico, habida
cuenta de que los magistrados accionados no tuvieron en cuenta los elementos
de juicio allegados al proceso, tales como el acta suscrita por 38 personas ante
el inspector de policía del corregimiento Potrerillo ubicado en Palmira, que
acredita su relación de compañeros permanentes con el señor José William
Acuña Varela (q. e. p. d.), además de las declaraciones juramentadas que aquel
rindió el 30 de abril y 21 de mayo de 2010 ante notario, en las que señaló
expresamente que durante los 7 años anteriores a esas fechas convivieron
juntos, le proporcionaba todo lo necesario para su subsistencia digna y la de sus
menores hijas y que era su deseo que, en caso de fallecer, ella fuese la única
beneficiaria de su pensión; y (ii) desconocimiento del precedente, al inobservar
la sentencia T-136 de 2019 de la Corte Constitucional, en la que dicha
Corporación sustituye, en favor de su beneficiario, una pensión gracia
legalmente reconocida a un docente, tal como ocurre en su caso, puesto que a
su compañero permanente le había sido otorgada una prestación social de
manera legal.

Con el fin de determinar si los anteriores reproches tienen o no asidero jurídico,
resulta oportuno indicar que la muerte constituye una contingencia del sistema
de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la persona que
atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus
integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir, por ello, se
concibió la sustitución pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las
condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.

17
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
18
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
19
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

12

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El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de
200320, preceptuó como beneficiario, de primer orden, de la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional al cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite y los requisitos que se deben acreditar para tener derecho
al beneficio prestacional, así:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha
del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte
y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con
este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá
una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo
de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya
sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente;

Sobre la aludida normativa la Corte Constitucional, en sentencia T-15 de
201721, sostuvo «[…] que las disputas que puedan presentarse entre el cónyuge

20
Vigente a la fecha de fallecimiento del pensionado.
21
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

13

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Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

y el compañero o la compañera permanente supérstite en torno al derecho a la
sustitución pensional o a la pensión de sobrevivientes pueden ocurrir, o bien
porque este convivió simultáneamente con su cónyuge y su compañera o
compañero permanente, o bien porque, al momento de su muerte, tenía un
compañero permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue disuelta, o
un compañero o compañera permanente y una unión conyugal vigente, con
separación de hecho. En este último evento, no hace falta que el cónyuge
supérstite demuestre que convivió con el causante durante los últimos cinco
años de su vida, sino, solamente, que convivió con él o ella más de cinco años
en cualquier tiempo»22.

Ahora bien, se advierte que los magistrados accionados en la sentencia
reprochada, al momento de desatar el caso sometido a su consideración,
señalaron:

Las manifestaciones de los señores Gloria Patricia, José Heriberto,
Robinson y María Nelly, personas reconocidas y arraigadas en el lugar
en que ocurrieron los hechos, dan cuenta del estilo de vida y las
relaciones personales y familiares del causante. Sus declaraciones no
resultan contradictorias ni carentes de fuerza de convicción porque su
amistad precisamente les [permite] declarar lo que percibieron a través
de varios años en que […] conocieron [al causante] y lo vieron
compart[ir] sus espacios de vida privada y en comunidad. Se llega a esta
conclusión en un análisis crítico de sus dichos en contraste con el resto
del material recaudado.

De sus dichos se constata que entre José William y Leonor Ayala existía
un vínculo matrimonial desde 12 de agosto de 1983, el cual no fue
disuelto y se mantuvo hasta el fallecimiento de [aquel].

El médico, la compañera de infancia y el taxista declaran que ellos eran
unidos, se apoyaban, tenían una hija en común y pese a que por razones
de trabajo entre semana no habitan en el mismo lugar, había socorro y
ayuda mutua permanente de los dos.

Los testigos brindan detalles suficientes de la comunidad de vida, es
decir, dónde los conocieron, a que se dedicaba la pareja, como se
organizaban, la enfermedad del padre y el comportamiento de la esposa y
la hija.

En cambio, Yenny Parra y Óscar Arnul coinciden en afirmar que la
señora Le[idy] y el señor William convivieron desde 2002 en Tenjo,
donde él era profesor, y dicen que convivían en una casa que adquirieron,

22
Postura jurisprudencial que había sido adoptada en sentencias T-217 de 2012, M. P. Nilson Pinilla; T-278 de
2013, M. P. Mauricio González Cuervo; T-641 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-090 de
2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

14

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Administrativo del Valle del Cauca

pero no dan detalles suficientes para acreditar c[ó]mo era esa
convivencia.

La primera dice que conocía a Le[idy] porque trabajaban juntas pelando
pollos, el segundo dice que hizo unos arreglos en su hogar, y que en la
vereda todos se conocen, pero no dan cuenta de la grave enfermedad que
aquejó al señor William, ni c[ó]mo era la ayuda y apoyo íntimo, estable,
permanente, público y privado que le brindaba la señora Le[idy].
Tampoco dan cuenta de sus relaciones en comunidad.

Esos elementos eran esenciales para tener como acreditada la existencia
de una relación afectiva entre el causante y la persona que alega haber
convivido por más de siete años con él. En cambio, no se revela cómo se
apoyaban, si compartían gastos o quehaceres, tampoco se fijan fechas
concretas en que compartieran en común como pareja.

Finalmente, se hace constar que la señora Le[idy] Rodr[í]guez aportó
como prueba dos declaraciones notariales suscritas por el causante y
fechadas 3[0] de abril y 21 de mayo de 2010, sobre una unión marital de
hecho, empero, tales documentos no tienen la virtualidad de formar el
convencimiento del juez acerca de la capacidad para emitirlas, porque
está probado que en enero [anterior] el [señor Acuña Varela] ya tenía un
grave tumor maligno en el cerebro que lo llevó a una cirugía de resección
parcial, en marzo estaba orientado pero debió someterse inmediatamente
a quimioterapia y radioterapia, para junio se le dictaminó el 90% de la
pérdida de la capacidad laboral, en septiembre presentaba un
compromiso de orientación y hablaba poco presuntamente asociado a las
consecuencias del tumor, como lo resaltó el médico legista, y murió a
causa de ello el 24 de diciembre [de ese mismo año], lo que denota que
no estaba en condiciones médicas para emitir esas declaraciones.
Finalmente, las mismas no tienen soporte en otros medios probatorios
que las apoyen con coherencia.

Para [concluir] está acreditado que hasta el final estuvo afiliado como
beneficiario en salud de su esposa, por tanto, recibía de ella la asistencia
que requería. En consecuencia, queda acreditada la convivencia, apoyo y
ayuda mutua con la señora Leonor Ayala, pero no con la señora Le[idy]
Rodríguez.

En tal virtud se confirmará la nulidad de la Resolución No.
1151.13.3.0810 del 3 de junio del 2011 pero se ordenará reconocer la
totalidad de la pensión a la señora Leonor Ayala y se negará el derecho a
la señora Leydi Susana Rodríguez Muñoz.

De lo trascrito se tiene que las autoridades accionadas determinaron que la
señora Leonor Ayala Carvajal logró acreditar que (i) el 12 de agosto de 1983
contrajo matrimonio católico con el señor José William Acuña Varela (q. e. p.
d.) en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Palmira, unión dentro de la
cual nació su hija Carolina Acuña Ayala; (ii) su vínculo conyugal con el

15

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Administrativo del Valle del Cauca

causante se encontraba vigente al momento de su deceso (24 de diciembre de
2010); (iii) entre ella y su finado esposo hubo una comunidad de vida que
incluía apoyo mutuo durante toda la relación matrimonial23, y (iv) pese a que
por temas laborales entre semana no habitaban en la misma casa, en todo caso,
mantuvieron los lazos familiares, puesto que él la visitaba los fines de semana
en Palmira y ella lo tenía afiliado como beneficiario en salud, de manera que
contó con su ayuda y asistencia hasta el final de sus días.

En lo concerniente a la accionante, establecieron que (i) de las versiones
recaudadas se evidencia que convivió con el causante desde el año 2002 en la
vereda donde el señor Acuña Varela (q. e. p. d.) se desempeñaba como profesor,
pero no se describieron los detalles necesarios para afirmar cómo era su relación
y si ella colmaba los requisitos para otorgarle la prestación social reclamada, es
decir, si cohabitaban en comunidad y con el apoyo mutuo y auxilio económico,
de lo cual se pudiera concluir conformaban una familia; y (ii) en cuanto a las
declaraciones extrajuicio rendidas el 30 de abril y 21 de mayo de 2010 ante
notario por el aludido señor, consideraron que si bien reconoce allí su relación
sentimental y de ayuda para con ella y sus menores hijas y su deseo de dejarla
como beneficiaria de su pensión de jubilación, se trata de elementos probatorios
que tiene poca credibilidad, puesto que carecen de respaldo en otros medios de
convicción, máxime cuando para la época en la que fueron realizadas ya había
sido sometido a una cirugía de cerebro con las consecuencias que ello conlleva,
de modo que no tenía las condiciones médicas para efectuar ese tipo de
manifestaciones.

En ese orden de ideas, luego de estudiar las deducciones a las que arribaron los
señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y las
pruebas obrantes en el expediente, la Sala colige que el fallo objeto de censura no
incurre en el defecto fáctico invocado en la solicitud de amparo, habida cuenta de
que se valoraron de manera razonable y en el marco de la sana crítica los
elementos de convicción recaudados, con base en los que era dable concluir que
la tutelante no colmó las exigencias indispensables para tenerse como
beneficiaria de la prestación social reclamada, sino que esta únicamente le
correspondía a la señora Leonor Ayala Carvajal, y en esa medida, había lugar a
negar las súplicas por ella invocadas.

Por otra parte, en cuanto a que en la sentencia censurada no se tuvo en cuenta el
acta suscrita en agosto de 2011 ante el señor inspector de policía del

23
De ello dieron cuenta los testigos que sostuvieron que la señora Ayala Carvajal estuvo pendiente de la
enfermedad de su esposo, lo acompañó durante su recuperación y asumió sus gastos funerarios.

16

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corregimiento de Tenjo, zona rural de Potrerillo de Palmira, por 38 vecinos de la
vereda Tenjo, en la que señalaron que la accionante habitó con el causante de la
prestación social que reclama desde el año 2002, esto es, durante sus últimos 7
años de vida, de manera «[…] continua e ininterrumpida», y, además, «[…]
departía[n como familia] y permanec[ieron] juntos, antes y durante su
tratamiento médico […] hasta la fecha de su deceso [acaecido] el día 24 de
diciembre de 2010», lo que permitía establecer que, en efecto, sí fueron
compañeros permanentes durante el lapso allí indicado.

Al respecto, se evidencia que si bien es cierto que este elemento de convicción
no fue examinado en la sentencia de 9 de diciembre de 2021, pese a que tenía
eficacia probatoria24, también lo es que del estudio realizado por las autoridades
accionadas, se colige que las demás pruebas allegadas por la tutelante no
lograron corroborar la información allí suministrada por quienes suscriben la
aludida acta, máxime cuando ninguno de los elementos de convicción por ella
aportados comprobaron los detalles de la supuesta relación sentimental que
sostuvo con el fallecido señor Acuña Varela (q. e. p. d.), por ende, no es
cuestionable que los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca no le hayan otorgado el valor probatorio pretendido en este asunto.

Además, los magistrados accionados en la providencia acusada sí recaudaron y
analizaron las declaraciones de los señores Yenny Parra López y Óscar Arnul
Lozada Marín25, distinto es que hayan estimado que estos carecían de
credibilidad, puesto que «[…] no da[ba]n detalles suficientes para acreditar
c[ó]mo era [la] convivencia […]» de la accionante con el señor José William
Acuña Varela (q. e. p. d.), es decir, resultaron insuficientes para llevarlos al
convencimiento de la existencia de una verdadera relación de compañeros
permanentes, puesto que ninguno de los declarantes indicó que haya presenciado
las circunstancias de tiempo y modo en las que la tutelante y el causante de la
prestación «[…] compartieran en común como pareja».

Por otro lado, se advierte que aunque la tutelante adosó a las diligencias
ordinarias dos declaraciones extrajuicio de 30 de abril y 21 de mayo de 2010
rendidas por el señor José William Acuña Varela (q. e. p. d.) ante las Notarías
4ª y 1ª de Palmira, en su orden, en las que él expresa que ella era su compañera
permanente desde hacía 7 años y su voluntad de dejarla como beneficiaria de la

24
Toda vez que si bien es cierto que el trámite señalado en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil
(CPC) establece el principio de inmediación del juez con el testigo, también lo es que la falta de ratificación de
dichas declaraciones extrajuicio en el proceso ordinario no impedía a los magistrados accionados valorarlas.
25
Quiénes si bien no suscribieron el acta de agosto de 2011, sí rindieron declaraciones extrajuicio el 7 de enero
y 18 de agosto de 2011 en la Notaría 1ª de Palmira, las cuales, con posterioridad, fueron ratificadas en el
proceso.

17

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prestación social que disfrutaba, se observa que aquellas fueron desestimadas
por las autoridades accionadas con fundamento en que para la época en la que
se recibieron el aludido señor se encontraba limitado en sus funciones mentales,
según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, por tanto, no se constituyen como elementos de convicción que dieran
la certeza de lo allí manifestado, lo que tampoco es reprochable, en la medida
en que su consideración al respecto se fundó en una prueba técnica debidamente
aportada al proceso.

Cabe aclarar que el hecho de que los señores magistrados demandados no hayan
valorado las pruebas que se adosaron a la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho (expedientes 76001-33-31-006-2012-00042-00 y 76001-33-31-014-
2012-00079-01 [acumulados]) en el sentido que pretendía la tutelante, no
involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de
examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios
obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de
certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana
crítica, como aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca de los
elementos de convicción, están precedidas de una valoración objetiva, integral y
razonable de ellas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que
sean evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da
en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto, la Corte Constitucional26 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino
que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que
le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo
hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.

26
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

18

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Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en
el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].

Así las cosas, de las pruebas arrimadas al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho no era dable deducir que el señor José William Acuña Varela (q. e.
p. d.) sostuvo una relación de pareja con la tutelante, de la que se pudiera
predicar apoyo incondicional y auxilio mutuo, lo que resulta indispensable para
que pueda sustituírsele, en la proporción a que hubiere lugar, la pensión de
jubilación que él recibía, de manera que al negar sus pretensiones ordinarias, la
providencia acusada no incurrió en defecto fáctico.

Finalmente, tampoco se observa que los magistrados accionados hayan
inobservado la sentencia T-136 de 2019 de la Corte Constitucional, en primer
lugar, porque la situación fáctica allí estudiada dista de la discutida en estas
diligencias, en atención a que aquí se analizó si la actora acreditó la condición
de compañera permanente, necesaria para ser beneficiaria de la sustitución
pensional reclamada, y en ese asunto se controvirtió la negativa de la UGPP de
otorgar la misma prestación social al cónyuge supérstite, pero con fundamento
en una supuesta ilegalidad del acto administrativo que la había concedido27, y
en segundo lugar, por cuanto el aludido pronunciamiento fue emitido dentro de
un trámite de tutela, por lo que produce efectos inter partes (conforme lo prevé
el numeral 2 del artículo 4828 de la Ley 270 de 199629), en esa medida, no es
factible exigir su aplicación por parte de los magistrados accionados.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la sentencia de 9 de
diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, con la cual se decidió, en segunda instancia, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra el municipio de Palmira, la
Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S. A.
(expedientes 76001-33-31-006-2012-00042-00 y 76001-33-31-014-2012-
00079-01 [acumulados]), en el sentido de modificar el fallo del Juzgado Veinte
27
«[…] El razonamiento precedente demuestra que el actor, al momento de solicitar la sustitución de la
prestación pensional, reunía los requisitos legales para acceder a ella, sin embargo, la entidad accionada
desconoció esta situación, y en cambio adujo razones diversas al lleno de los parámetros establecidos en la Ley
71 de 1988 vulnerando así su derecho a la seguridad social».
28
«Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
[…]
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
[…]».
29
«Estatutaria de la administración de justicia».

19

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04158-00
Leidy Susana Rodríguez Muñoz contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

(20) Administrativo de Cali, para en su lugar, negar las pretensiones de la
tutelante, no incurre en las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente que dieron pábulo al ejercicio de la presente
acción, esta Sala negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, mínimo vital, seguridad social, vida digna, igualdad, dignidad humana
y acceso a la administración de justicia invocados por la señora Leidy Susana
Rodríguez Muñoz, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Reconócese personería al abogado Hólver Valenzuela Gutiérrez,
identificado con cédula de ciudadanía 16ʼ625.510 y tarjeta profesional 185.272
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar dentro de las presentes
diligencias en representación de la actora.

3º. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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