Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04169-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04169-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04169-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
22 de septiembre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04169-00
Demandante: MARTHA ROCIO CARDONA DE REYES Y OTROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04169-00
Demandantes: MARTHA ROCIO CARDONA DE REYES, OSCAR JAVIER
ARIAS MERA Y JANETH AMANDA PAONESSA CLAROS
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE DEL
CAUCA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales
del régimen especial de la rama judicial. Falta de disponibilidad
presupuestal. Derecho fundamental al descanso remunerado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Martha Rocío Cardona de Reyes, Oscar Javier Arias
Mera y Janeth Amanda Paonessa Claros, en nombre propio, contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la igualdad, vulnerados,
supuestamente, por la decisión de no certificar la disponibilidad presupuestal para
nombrar el reemplazo de la señora Martha Rocío Cardona de Reyes, durante su
periodo de vacaciones como oficial mayor del Juzgado Noveno Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Cali.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los accionantes manifestaron que actualmente se encuentran vinculados a la
Rama Judicial, y constituyen la totalidad de la planta de personal del Juzgado
Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, Martha
Rocío Cardona de Reyes como oficial mayor, Janeth Amanda Paonessa Claros en
el cargo de secretaria y Oscar Javier Arias Mera como juez, todos en propiedad.
Indicaron que en tanto el juzgado opera con vacaciones individuales, el 1° de julio
de 2022 la oficial mayor, Martha Rocío Cardona de Reyes anunció que deseaba
disfrutar de un periodo vacacional por el año de servicios que cumplía el 31 de
julio de 2022, por lo que pidió que se iniciaran los trámites pertinentes para hacer
uso de ese periodo desde el 4 hasta el 25 de octubre del presente año.
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Afirmaron que, dado lo anterior, el juez del despacho remitió oficio a la Directora
Seccional de Administración Judicial de Cali, con el fin de que se asignara una
partida presupuestal y se emitiera el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para poder nombrar a una persona en el cargo que reemplazara a la
titular en el periodo vacacional de 22 días, y así conceder las vacaciones a la
oficial mayor en el periodo solicitado.
Sostuvieron que mediante oficio DESAJCL022-2125 de 8 de julio de 2021, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali negó la solicitud,
argumentando la “imposibilidad jurídica de acceder a sus pretensiones dado el
acatamiento al principio de legalidad y seguridad jurídica que atañe a la Circular
No. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011. Sin embargo, en atención a su solicitud
"excepcional” se reitera, que el tema del disfrute vacaciones, es una situación
administrativa que debe ser concertada con el nominador del despacho; quien de
conformidad con la jurisprudencia no puede negar el disfrute de las vacaciones
bajo argumentos de carácter administrativos o presupuestales”.
Refirieron que, en dicha respuesta, se reiteró la comunicación de la Directora de
Administración Judicial de Cali de agosto 17 de 2021, en la que también se había
negado la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la oficial
mayor en el periodo vacacional que pretendía disfrutar en el año 2021, frente a la
que se presentó una acción de tutela que fue fallada favorablemente en sentencia
de 23 de septiembre de 2021, por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
situación que se repitió con la secretaria del juzgado, a quien le fueron amparados
sus derechos fundamentales al trabajo y al descanso remunerado por la Sección
Primera del Consejo de Estado en sentencia de 20 de agosto de 2021.
Por último, expresaron que, en vista de esa postura reiterada que lesiona
derechos, lastimosamente se ven obligados a acudir de nuevo al amparo
constitucional, “pues de no ser así, sin presupuesto para un reemplazo, se
afectaría el derecho vacacional de Martha Rocío Cardona, quien cumplió el
pasado 31 de julio otro año de servicios ininterrumpidos y está a la espera de la
concesión del periodo; cuyo disfrute en las condiciones actuales afectaría
ostensiblemente la necesidad del servicio y los derechos de los demás servidores
judiciales, obligando a que tales vacaciones deban negarse o interrumpirse en
buena parte”.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados por la
negativa a certificar la disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la
señora la señora Martha Rocío Cardona de Reyes, durante su periodo de
vacaciones como oficial mayor del Juzgado Noveno Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Cali, por parte de las autoridades accionadas.
Indicaron que ante la reiterada negativa de asignar disponibilidad presupuestal
para un reemplazo, “si se concede simplemente a la oficial mayor el periodo
vacacional, tanto la secretaria como el juez tendrían que tratar de asumir la
sobrecarga laboral y desempeñar dos cargos a la vez, lo que no es posible, por
cuanto sus funciones actuales en tutela y trámites penales copan su jornada
laboral”.
Señalaron que en el caso se vulnera su derecho al descanso, pues, afirman, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, todos los
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servidores públicos tienen derecho al disfrute de vacaciones una vez se cumplan
los requisitos para acceder a ello.
Adujeron que la negativa a acceder a su petición transgrede el derecho al
descanso y la desconexión laboral, porque la necesidad del servicio y la negativa
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali obliga a que
el periodo vacacional de la señora Cardona de Reyes sea negado o interrumpido,
“pero también para la secretaria y el juez, porque de acceder a conceder un
periodo vacacional sin presupuesto para reemplazo, tendrían que asumir una
sobrecarga laboral, que los obligaría a trabajar fuera de su horario laboral y de
descanso”.
Finalmente, manifestaron que en el caso se vulnera el derecho a la igualdad, “en
vista de que aquellos servidores judiciales que gozan de vacaciones colectivas no
deben padecer tales dificultades, ni deben verse sobrecargados laboralmente, ni
depender en su disfrute de una asignación presupuestal como la solicitada y
negada reiterativamente por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales de los accionantes al
descanso, el trabajo en condiciones dignas y justas, así como la igualdad.
SEGUNDA: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva Nacional de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Seccional Cali, que en el plazo de siete (7) días
hábiles, de manera coordinada, eliminen las barreras presupuestales y
administrativas que impedirían a Martha Rocío Cardona de Reyes gozar del
período de vacaciones solicitado, generando el respectivo "certificado de
disponibilidad presupuestal" para que se designe un reemplazo por vacaciones.
TERCERO: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali - Valle del Cauca y a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, para que en adelante eviten realizar conductas como la expuesta en el
presente caso, y procedan a emitir sin necesidad de tutela los respectivos
certificados de disponibilidad presupuestal, para poder realizar el
nombramiento de un reemplazo de la persona que sale a disfrutar sus
vacaciones sin tener que acudir reiteradamente a la acción de tutela”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital de la solicitud elevada por el titular del Juzgado Noveno
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en la que pidió la
certificación de disponibilidad presupuestal para la designación de un reemplazo
durante el periodo de vacaciones que solicitó la señora Martha Rocío Cardona de
Reyes.
Igualmente, se allegó copia del oficio DESAJCL022- 2125 de 8 de julio de 2021,
mediante el cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali negó dicha solicitud.
5. Trámite procesal
Por auto de 24 de agosto de 2022, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar a los accionantes, a las autoridades
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accionadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercera
interesada en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
93035 a 93039, todas de 29 de agosto de 2022, con el fin de darle cumplimiento a
la referida decisión1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
El presidente de la Corporación rindió informe en el que solicitó su desvinculación
del presente trámite constitucional, por cuanto, afirmó, dentro de las funciones
constitucionales y legales asignadas a esa Corporación no está la ser ordenadora
del gasto, por lo que no está llamada a ser parte pasiva en la controversia que se
ventila, comoquiera que no ha violado ni amenazado derecho fundamental alguno
a los accionantes.
Refirió que por tratarse de una obligación que surge de la no apropiación del
certificado de disponibilidad presupuestal para el pago de salarios en reemplazos
de vacaciones, lo pretendido en la solicitud de amparo le corresponde única y
exclusivamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o sus
Seccionales, quienes deben realizar la apropiación del rubro correspondiente y, en
el caso bajo examen, a la Directora Seccional de Administración Judicial de Cali,
como ordenadora del gasto, y no al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca.
6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali
La Directora de la entidad presentó informe en el que solicitó que se denegaran
las pretensiones de la acción, por cuanto, afirmó, esa entidad no ha menoscabado
los derechos fundamentales de la parte accionante.
Sostuvo que la negativa a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para reemplazos no es una actitud caprichosa o de desacato por parte de esa
administración, sino que parte del cumplimiento del principio de legalidad y
seguridad jurídica, en tanto es obligatorio acatar la Circular No. 044 de 2011, que
a la fecha se encuentra vigente y en rigor, en concordancia con lo previsto en el
artículo 6º de la Constitución Política, que hace referencia al principio de
responsabilidad jurídica.
Adujo que la aprobación del disfrute de las vacaciones es una obligación que
compete al titular del despacho y no debe supeditarse a que exista presupuesto
para el reemplazo, so pena de vulnerar dicho derecho. Agregó que la carga laboral
existente en la rama judicial no es nada nuevo, “sin embargo ello no avala
desconocer la Circular en mención y pasar por alto el principio de legalidad y
seguridad jurídica que debe primar en las actuaciones de los servidores públicos,
los cuales somos responsables, por acción, omisión o extralimitación de
funciones”.
Indicó que si bien es cierto que mediante una acción de tutela anterior se amparó
el derecho fundamental al descanso de la accionante para una vigencia anterior,
1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: j09pmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co;
oarias123@gmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co,
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co, direjecsecbcal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, csjepbcal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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también lo es que la circular que es fundamento para no acceder a la pretensión
de erogación presupuestal sigue en firme en la actualidad y no ha sido derogada,
“circunstancia que como servidores públicos nos constriñe a acatar hasta tanto no
exista un pronunciamiento de fondo que determine su ilegalidad o derogatoria
como lo señalan los hoy accionantes”.
Por último, sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”,
mediante sentencia de 4 junio de 2021, sostuvo que “no resulta de la órbita del
juez constitucional ordenar que se tramite el CDP para proveer el reemplazo de
los empleados que gozarán de sus vacaciones, máxime cuando, en un caso como
el que llama la atención de la Sala, no se demostró un perjuicio irremediable, toda
vez que no se allegaron los soportes necesarios para probar que, al no proveerse
los recursos necesarios para contratar el reemplazo de los actores, no se podían
distribuir las funciones de manera equilibrada entre los demás funcionarios del
despacho ni tampoco que dicha situación generaría una excesiva carga laboral,
sobre la base de que ningún juicio de reproche podría formularse a quien deba
asumir otras funciones en encargo, con las limitaciones de tiempo, experiencia,
formación y horarios de trabajo”.
6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional guardaron silencio, aun cuando
fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
La Sala advierte que aun cuando la solicitud de amparo fue presentada también
por el señor Oscar Javier Arias Mera y la señora Janeth Amanda Paonessa
Claros, dada la naturaleza de las pretensiones, en las que se solicita que se
eliminen las barreras presupuestales y administrativas que impedirían a la señora
Martha Rocío Cardona de Reyes gozar del período de vacaciones solicitado, el
estudio de fondo se efectuará únicamente en lo relacionado con la problemática
relacionada con la última demandante, respecto de quien se alega una supuesta
vulneración iusfundamental.
Dado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la negativa a certificar la
disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la señora Martha Rocío
Cardona de Reyes, durante su periodo de vacaciones como oficial mayor del
Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali,
por parte de las autoridades accionadas, vulnera los derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la igualdad, en tanto, i) de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, todos los servidores
públicos tienen derecho al disfrute de vacaciones una vez se cumplan los
requisitos para acceder a ello, ii) la negativa a acceder a su petición transgrede el
derecho al descanso y la desconexión laboral, porque la necesidad del servicio y
la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
obliga a que el periodo vacacional de la señora Cardona de Reyes sea negado o
interrumpido y iii) los servidores judiciales que gozan de vacaciones colectivas no
deben padecer tales dificultades, ni deben verse sobrecargados laboralmente, ni
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depender en su disfrute de una asignación presupuestal como la solicitada, y
negada reiterativamente por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela."3 (Negrilla por fuera del texto).
2 Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
3Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que, si bien la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. El régimen de vacaciones de los servidores judiciales
El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula las vacaciones de los servidores
judiciales de la siguiente forma:
“Art. 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los
Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de
los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio”.
En lo relativo al disfrute de vacaciones individuales para los servidores
mencionados en dicha norma, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la
Circular Nº PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, en la que dispuso el
procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones individuales, con el fin de
eliminar “condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al
régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho”.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Procedencia de la acción de tutela
En el sub lite, la parte actora considera que la negativa a certificar la disponibilidad
presupuestal para nombrar el reemplazo de la señora la señora Martha Rocío
Cardona de Reyes, durante su periodo de vacaciones como oficial mayor del
Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali,
vulnera los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso
y a la igualdad.
4Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Esta Sala, al estudiar la procedencia de la acción de tutela en casos relacionados
con el disfrute de las vacaciones de empleados de la Rama Judicial, ha señalado
que cuando hay actos administrativos de por medio, como ocurre en esta ocasión
con el oficio DESAJCL022- 2125 de 8 de julio de 2021, mediante el cual la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali negó la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el
reemplazo de la señora Cardona mientras disfruta de sus vacaciones, el medio de
control que, en principio, procede para cuestionar su legalidad, es el de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
modificada por la Ley 2080 de 2021, el cual contempla la posibilidad de pedir
diferentes medidas cautelares.
En efecto, en el presente caso, conforme con los hechos narrados por los
accionantes, el titular del Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Cali, en atención al cumplimiento de los requisitos por parte de la
oficial mayor para disfrutar del periodo de vacaciones causado, solicitó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la señora
Cardona de Reyes, el cual fue negado.
En un caso anterior de connotaciones fácticas similares5, esta Sala habilitó el
estudio de fondo de la solicitud aun cuando no existiese un acto definitivo que
hubiese negado las vacaciones, en consideración a que, en la práctica, la falta de
asignación de recursos para nombrar un reemplazo sí atenta contra el derecho al
descanso de los funcionarios, en tanto implica el aplazamiento indefinido de sus
vacaciones ya causadas.
El artículo 86 de la Constitución y el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991 contemplan la subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de
tutela, condición sobre la que la Corte Constitucional ha precisado que, pese a la
existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia
que este no es idóneo, la acción de tutela es procedente como mecanismo
principal, supuesto de aplicación para el caso concreto.
Sobre el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia T-417 de 20176, indicó:
“Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del
Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la
protección de los derechos que se consideran vulnerados, existen algunas
excepciones al principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de
tutela. La primera de ellas es que se compruebe que el mecanismo judicial
ordinario diseñado por el Legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que “siendo
apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de
la tutela”.
En el presente el caso, pese a que existe una decisión que negó la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo y obtener el
disfrute del periodo de vacaciones ya causado por la accionante, la cual podría
controvertir en sede ordinaria con la exposición de las causales de nulidad que
considere pertinentes, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no resultaría idóneo y eficaz para solicitar el reconocimiento del descanso
5 Sentencia de 27 de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-01100-00, demandante: Hilda Mariana Yepes Vera y
otros, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: MARTHA ROCIO CARDONA DE REYES Y OTROS
remunerado.
Por lo tanto, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo para efectuar
el análisis de fondo del debate propuesto por la parte actora, relativo al
reconocimiento de sus vacaciones individuales, en tanto es el mecanismo
constitucional que puede garantizar eventualmente, de manera oportuna y eficaz,
la efectividad del derecho al descanso.
5.2. Las autoridades accionadas vulneraron el derecho al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud
5.2.1. En asunto bajo estudio, la parte actora considera que la negativa a certificar
la disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la señora Martha
Rocío Cardona de Reyes, en su cargo de oficial mayor, durante el disfrute de su
periodo de vacaciones ya causado, comunicada al titular del Juzgado Noveno
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, a través del oficio
DESAJCL022- 2125 de 8 de julio de 2021, proferido por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali, vulnera sus derechos fundamentales
al trabajo en condiciones dignas, al descanso, y a la igualdad.
El artículo 146 de la Ley 270 de 19967 dispone que los servidores judiciales de los
Juzgados Penales Municipales y de Ejecución de Penas pertenecen al régimen de
vacaciones individuales y que tienen derecho a un descanso remunerado de
veintidós días continuos por cada año de servicios.
De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales
remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho
fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste
continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus
servicios por espacios prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el
descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en
condiciones dignas.
En la misma línea, esta Sección ha indicado que “El descanso remunerado,
denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas
físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera
preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos
para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a
otorgar las vacaciones al trabajador8”’.
En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental
cuya protección puede ser solicitada mediante la acción de tutela.
5.2.2. Descendiendo al caso concreto, en el año 2005 la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el
procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del
7 ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio.
8 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756
01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con
radicado número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares
PSAC-0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de
recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular en los despachos
judiciales, excepto los juzgados del sistema penal acusatorio”, y 044 del 12 de
mayo de 2005, en la que estableció el procedimiento para la programación de
vacaciones individuales de los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
En estas, se establecieron como condiciones alternativas para la programación de
las vacaciones las siguientes:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del
Centro de Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal
escaso no es conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el
reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que disfrutará
de vacaciones, entre los empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces,
cuyo despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho
nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún
empleado que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como
Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por el
Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes”.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y
que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de
los reemplazos, cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la
asignación de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara
alguna de las condiciones contenidas en las circulares precedentes.
En ésta se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, y se estableció que las designaciones en encargo
son procedentes cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo
tratándose de un juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de
los servidores del correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección
Seccional deberá incluir dentro del proyecto de presupuesto del año siguiente, la
asignación de recursos que permita efectuar el nombramiento en provisionalidad
de sus reemplazos”.
Para la Sala, del contenido de la mencionada circular, se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar la
programación de vacaciones para el año siguiente.
5.2.3. En el presente caso, ante la solicitud de certificación presupuestal solicitada
por el titular del despacho en el que labora la señora Martha Rocío Cardona de
Reyes con el fin de programar sus vacaciones, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali respondió que existía una “imposibilidad jurídica de
acceder a sus pretensiones”, con ocasión del acatamiento de la Circular No.
PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, que reguló únicamente el nombramiento de
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reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, entendiendo como
tales a los Magistrados, Jueces y Fiscales de la Republica.
Si bien la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios judiciales, que
conforme con el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los magistrados de las
corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales, como se ha
indicado en oportunidades anteriores9, “la omisión de establecer un procedimiento
para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede
servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”.
En este sentido, la Sala observa que la decisión adoptada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali compromete los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones justas y al descanso de la actora, por lo
que la intervención del juez constitucional se torna necesaria para su
restablecimiento, en tanto se evidencia que una traba administrativa está
comprometiendo un derecho de mayor valía como lo es el derecho al descanso de
una funcionaria de la Rama Judicial.
De igual forma, aun cuando frente al cumplimiento del procedimiento establecido
en la Circular PSAC 11-44 de 23 de noviembre de 2011 no existe prueba en el
presente caso, como se anticipó, la falta de asignación de recursos para nombrar
sus reemplazos sí atenta contra el derecho al descanso de la señora Cardona de
Reyes, en tanto, en la práctica, implica el aplazamiento indefinido de sus
vacaciones ya causadas, con la excusa de no entorpecer el funcionamiento
normal del Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Cali, situación que a juicio de la Sala no es más que un obstáculo
administrativo de los que se previó evitar con la expedición de la mencionada
circular.
En un caso de connotaciones fácticas similares, esta Sala manifestó que “asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
periodo vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del
derecho al trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al descanso con
base en restricciones administrativas no es una carga que deban soportar las
actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental que
tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del
servicio ni por cuestiones de índole presupuestal10”.
Valga indicar que de conformidad con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas
de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo
Superior de la Judicatura", y conforme con el artículo 99 ibídem, el director
ejecutivo de Administración Judicial tiene entre sus funciones i) administrar los
bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización, y ii) actuar como ordenador del
gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
Por su parte, los Consejos Seccionales de conformidad con el numeral 6 del
artículo 101 de la Ley 270 de 1996, tienen el deber de “ejercer la vigilancia judicial
para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal
desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”, de ahí la
responsabilidad que le atañe en el caso concreto a la Dirección Seccional de
9 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018- 00756-01. C.P. Milton Chaves García.
10 Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Administración Judicial de Cali.
Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que en el caso la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali vulneraron los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al
descanso y a la salud de la señora Martha Rocío Cardona de Reyes, al no
acceder a la solicitud de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
nombrar su reemplazo en el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cali, mientras disfruta de sus vacaciones.
5.2.4. Por lo demás, en tanto de los hechos de la solicitud se observa que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali denegó la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal a la señora Cardona de
Reyes para el periodo 2022, a pesar de que a través de un fallo de tutela la
Sección Quinta de esta Corporación ya había amparado el derecho al descanso
remunerado de aquella frente a los mismos hechos en el periodo 2021, la Sala, en
aplicación del artículo 24 del Decreto 2591 de 199111, prevendrá a esa dirección
para que se abstenga de incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito
para conceder el presente amparo, en consideración a que no se puede imponer
la tutela previa como un mecanismo, requisito o presupuesto para garantizar la
efectividad de un derecho adquirido.
De igual manera, la circunstancia de que en el presente caso se requirió la
interposición de una nueva acción de tutela para garantizar el disfrute del derecho
a las vacaciones, se pondrá en conocimiento de la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, para lo de su cargo.
Así las cosas, la Sala amparará los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud de la señora Martha Rocío Cardona
de Reyes. En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Cali que, de acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el
término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan para que el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cali pueda proveer su reemplazo al momento en que
pretenda materializar el derecho al disfrute del descanso remunerado que ya
causó.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la salud de la señora Martha Rocío Cardona de Reyes.
11 ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos
del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el
goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este
Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a
la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u
omisión.
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Demandante: MARTHA ROCIO CARDONA DE REYES Y OTROS
Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, de
acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta
(30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten
las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el
Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali
pueda proveer el reemplazo de la señora Martha Rocío Cardona de Reyes, al
momento en que esta pretenda materializar el derecho al disfrute del descanso
remunerado que ya causó.
Tercero.- PREVÉNGASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali, para que se abstenga de incurrir en las acciones u omisiones que
dieron mérito para conceder el presente amparo, en consideración a que no se
puede imponer la tutela previa como un mecanismo, requisito o presupuesto para
garantizar la efectividad de un derecho adquirido.
Cuarto.- PÓNGANSE en conocimiento de la Presidencia del Consejo Superior de
la Judicatura la circunstancia de que, en el presente caso, se requirió la
interposición de una nueva acción de tutela para garantizar el disfrute del derecho
a las vacaciones, para lo de su cargo.
Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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