Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04170-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04170-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04170-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
29 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04170-00
Demandante: Gloria Elena Agudelo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04170-00
Demandante GLORIA ELENA AGUDELO
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Notario público. Derecho de preferencia. Solicitud para
desempeñar el cargo en otro departamento. Motivos de orden
familiar. Suspensión del Acuerdo 1 de 2021 por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Procedencia
excepcional de acción de tutela.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Gloria Elena Agudelo de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de julio de 20221, Gloria Elena Agudelo interpuso acción de tutela contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Carrera
Notarial, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la familia, a la
salud en conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad humana. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Tutelar el derecho fundamental a la familia en conexidad con el derecho
fundamental a la salud, a la dignidad humana y a la vida, en consecuencia.
SEGUNDO. Tutelar mi derecho fundamental a la igualdad y a la igualdad laboral, por las
razones ya expuestas.
TERCERO. Ordenar al señor Presidente de la República, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Superintendencia de Notariado y Registro y Consejo Superior de la Carrera Notarial, entidades
encargadas de adelantar el nombramiento de los notarios, proceda al ´nombramiento en
interinidad en la notaría de primera categoría de su interés ubicadas en el Departamento
de Antioquia, que se encuentran a disposición del nominador natural para realizar la
designación correspondiente..´.
CUARTO. Ordenar al señor Presidente de la República, Ministerio de Justicia y del Derecho y
Superintendencia de Notariado y Registro, en el nombramiento solicitado se garantice que
seré nombrada en una notaría de primera categoría que quede dentro de la ciudad de Medellín
o Envigado, lugar donde tengo mi domicilio familiar”.
1 Radicación al correo electrónico de tutelas y habeas corpus en línea.
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Demandante: Gloria Elena Agudelo
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La accionante Gloria Elena Delgado manifestó que ingresó a la carrera notarial
luego de superado el respectivo concurso de méritos.
2.2. Mediante el Decreto 1126 del 26 de julio de 2018, fue nombrada en propiedad
como Notaria Décima del Círculo Notarial de Barranquilla, Atlántico.
2.3. El 5 de mayo de 2018 solicitó al Presidente de la República su traslado a la
ciudad de Medellín, por razones familiares y de salud, concretamente la
separación de su grupo familiar que se encuentra en la ciudad de Medellín y
al que debió acceder dadas las expectativas de trabajo y de estudio de sus
dos hijos, quienes ahora tienen dificultades a nivel emocional y a quienes no
puede orientar ni acompañar, estando sola en la ciudad de Barranquilla,
dificultades que le han traído algunos quebrantos en su salud. Además, que
su esposo renunció al trabajo y se desplazó también a la ciudad de Medellín,
de manera que esta situación también afectaba su relación sentimental.
2.4. Sostuvo que se dio respuesta por parte de la Presidencia de la República a
través de la jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de
Notariado y Registro y la Directora Técnica del Consejo Superior de la Carrera
Notarial, en el que se le informó que de conformidad con la facultad
discrecional de designación que asistía al Gobierno Nacional, su solicitud
había sido recibida “en el marco del trámite conducente al nombramiento en interinidad en
las notarías de primera categoría de su interés ubicadas en el Departamento de Antioquia,
que se encuentran a disposición del nominador natural para realizar la designación
correspondiente en aras de garantizar la prestación del servicio público notarial”, respuesta
con la que dijo haberse reconocido que tenía el derecho a ser trasladada a la
ciudad de Medellín dada su situación personal que la afectaba mental y
físicamente al igual que a su familia.
2.5. Dijo que, pese a lo anterior, no ha sido designada en ninguna de las notarías
que, luego de surtirse el derecho de preferencia, han quedado a disposición
del Presidente de la República.
2.6. Anunció que en el mes de julio quedó vacante la Notaría 16 de Medellín por el
fallecimiento del doctor Luis Alberto Zuluaga.
3. Fundamentos de la acción
Considera la parte actora que, a partir de lo que la Corte Constitucional ha definido
en torno a los derechos a la dignidad humana y a la vida (sentencias T-881 de 2002
y T-860 de 1999), actualmente no cuenta con una vida digna dada la situación
personal y familiar que viene padeciendo, por las razones que se enuncian a
continuación:
● No vive como quiere al estar alejada de su familia ya que ellos están en
Medellín y ella está en la ciudad de Barranquilla.
● No vive bien porque su salud mental, física y la de su familia se ha
menoscabado por su separación y que su familia poco a poco se ha venido
desintegrando.
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● Económicamente se siente afectada porque tiene que afrontar gastos y costos
de vivienda, alimentación, salud, entre otros, en dos ciudades diferentes ya
que ni su cónyuge ni sus hijos laboran actualmente.
● Catalogó como una humillación que el Presidente de la República reconociera
su derecho a ser trasladada y luego guardara silencio teniendo la posibilidad
de hacer el nombramiento, máxime cuando están vacantes para efectuar
designación las notarías 16 y 17 de Medellín y 3 de Envigado, Antioquia.
Hizo mención también al derecho a la salud, al deber del Estado de proteger a
quienes por alguna razón ven amenazado tal derecho y aclaró, que la salud no
puede verse estrictamente como las afecciones físicas que atacan al ser humano
ya que la salud mental era también un detonante que disminuía la parte física y
atenta incluso contra la vida si la situación de salud mental no era tratada,
solucionada y corregida.
De otra parte, sostuvo que de acuerdo con el artículo 178 del Decreto 960 de 1970
establece que las personas que pertenecen a la carrera notarial como ella, tienen
derecho a ser nombrados en ejercicio del derecho de preferencia para ocupar, a
solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político-administrativa, otra
notaría de la misma categoría que se encuentra vacante.
Dijo que la doctora Ángela María Uribe, fue nombrada para la Notaría 24 de Bogotá,
perteneciente a primera categoría, mediante Decreto 1182 del 30 de septiembre de
2021, pese a no cumplir ninguno de los parámetros del artículo citado, dado que
para la fecha de su nombramiento fungía como notaria única de Corozal, Sucre y
además era notaria de segunda categoría, de manera que para la actora, dada su
necesidad urgente de proteger su salud mental y física así como la de su grupo
familiar, era por lo que reclamaba su derecho a recibir el mismo trato y en las
mismas condiciones.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Inicialmente el presente asunto fue repartido al Juzgado Séptimo Laboral de
Barranquilla, que por auto del 1º de agosto de 2022 ordenó la remisión por
competencia del asunto al Consejo de Estado.
4.2. Repartido el asunto al despacho sustanciador, por auto del 3 de agosto de
2022, negó la medida provisional solicitada, admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a las partes accionante y accionadas. Además, dispuso
vincular como terceros con interés a las personas nombradas a partir del 5 de
mayo de 2022 en las vacantes disponibles para notarios en el departamento
de Antioquia.
4.3. La Presidencia de la República, rindió informe en el que manifestó que se
dio respuesta a la actora el 12 de mayo de 2022, en el sentido de informarle
que el asunto había sido remitido por competencia a la Superintendencia de
Notariado y Registro, razón por la que no existía legitimación en la causa por
pasiva al haber remitido a quien era competente la solicitud y haberlo
informado a la peticionaria.
4.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, se pronunció e indicó que en relación
con el trámite para el ejercicio del derecho de preferencia contemplado en el
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numeral 3º del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, actualmente no
existía una reglamentación al respecto como consecuencia del
pronunciamiento del Consejo de Estado en el proceso de nulidad simple con
la radicación Nro. 11001-03-25-000-2014-01431-00, de manera que
actualmente no tenían validez los actos administrativos por los cuales se
establecía el procedimiento operativo para adelantar el trámite de las
solicitudes de derecho de preferencia, tales como el Decreto 2504 de 2014 y
el Acuerdo 1 de 2021 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Dijo que, en ese sentido, actualmente no existe una reglamentación para
adelantar las solicitudes de derecho de preferencia presentadas en todo el
País, de manera que, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación
del servicio notarial, al no existir lista de elegibles vigente para nombrar en
virtud de un concurso, lo procedente era dar aplicación al artículo 2 de la Ley
588 de 2000, es decir proceder al nombramiento de notarios en interinidad,
potestad discrecional del Gobierno Nacional para nombrar notarios mientras
el organismo competente realiza el respectivo concurso o cuando el mismo ha
sido declarado desierto, razón por la cual dijo que no podía hablarse de un
desconocimiento de los derechos que la accionante consideró vulnerados.
Sostuvo que la solicitud de la actora, debía ser objeto de estudio por parte del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, órgano rector de la carrera notarial
encargado de determinar la viabilidad de la misma, toda vez que la accionante
tenía actualmente el cargo de notaria en propiedad y que su solicitud estaba
encaminada a ser nombrada en interinidad, figuras que resultan disímiles en
virtud de las disposiciones de la Ley 588 de 2000 y del Decreto 960 de 1970.
Consideró que la actora cuenta con otros medios de defensa judicial para
discutir la presunta ilegalidad de los actos que considera vulneraron sus
derechos y que tampoco se advertía la existencia de un perjuicio irremediable
ya que en este momento ejercía como notaria en propiedad.
Puso de presente que la actora Gloria Elena Agudelo, interpuso acción de
tutela que corresponde a la radicación Nro. 2022-00230 y que está surtiendo
el trámite correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Atlántico Sala de Decisión A, proceso en el que solicitó en uso del derecho
de preferencia para ser nombrada en la Notaría 11 del círculo notarial de
Barranquilla y, advirtió que allegaba el informe que el ministerio emitió frente a
los hechos y pretensiones presentados en la mencionada acción.
Por lo anterior, pidió se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela.
4.5. La Superintendencia de Notariado y Registro, en representación de la
entidad y del Consejo Superior de la Carrera Notarial, rindió informe en el
que manifestó que no era procedente el traslado en el caso de notarios y que
las únicas formas jurídicamente viables para ocupar otro circulo notarial
estaban circunscritas al ejercicio del derecho de preferencia con el lleno de los
requisitos legales exigidos y al concurso de méritos para el ingreso a la carrera
notarial.
Del caso concreto de la actora, indicó que la oficina jurídica de la
superintendencia dio respuesta la petición del 13 de mayo de 2022 en el
sentido de indicarle que su solicitud había sido recibida en el marco del trámite
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conducente al nombramiento en interinidad en las notarías de primera
categoría de su interés ubicadas en el departamento de Antioquia que se
encontraban a disposición del nominador natural para realizar la designación
correspondiente en aras de garantizar la prestación del servicio público
notarial.
Informó que posteriormente el 26 de julio de 2022 nuevamente presentó
petición en la que pidió se le informara si “de acuerdo a la respuesta positiva
dada” en relación con su traslado a Medellín, podía continuarse con el decreto
de nombramiento en los próximos días dada su difícil situación familiar, a lo
que se dio respuesta el 8 de agosto de 2022 en la que se le indicó que la
superintendencia no tenía influencia en la selección de las hojas de vida
allegadas, que esto era una facultad discrecional del Gobierno Nacional para
decidir al respecto y quien continuaría con el trámite conducente a la
designación en las notarías de su interés ubicadas en el departamento de
Antioquia, que en ningún momento la superintendencia le indicó que su hoja
de vida era la seleccionada para el cargo de notario en las Notarías 17 de
Medellín o 3 de Envigado.
Que por el contrario, en virtud de la facultad discrecional mencionada, el
nominador había dispuesto el nombramiento en encargo de la señora
Elizabeth Zapata Mesa y al señor Fernando Rodríguez Olmos en las Notarías
Diecisiete (17) de Medellín y Tres (3) de Envigado, respectivamente, por
renuncia presentada por los respectivos titulares y, mientras se resolvía por
parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial el trámite adelantado antes
del 13 de mayo de 2022, del derecho de preferencia previsto en el numeral 3
del artículo 178 de la Ley 960 de 1970 que inició antes de que se revocara el
Acuerdo 1 de 2016 y se ordenara la suspensión de los efectos de esa norma,
proceso que inició con la oferta en preferencia de los despachos notariales
vacantes a los notarios de primera categoría nombrados en propiedad en el
departamento de Antioquia, trámite que inició el 22 de abril de 2022, se
allegaron las respectivas solicitudes de preferencia, pero que finamente no
concluyó, por dos razones: (i) de una parte, por cuanto el Consejo Superior de
la Carrera Notarial en sesión celebrada el 9 de mayo de 2022 tomó la decisión
de revocar el Acuerdo 1 de 2021 y, (ii) de otra, por cuanto el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto interlocutorio del 7 de abril
de 2022 (fijado en estado el 13 de mayo de 2022), resolvió suspender de
manera inmediata los efectos del Acuerdo 1 de 2021.
Por lo anterior, afirmó que desde el 13 de mayo de 2022, la Secretaría Técnica
del Consejo Superior no cuenta con las facultades ni con los lineamientos para
continuar con el procedimiento operativo para el ejercicio del derecho de
preferencia que se había iniciado y que no continuó en las mencionadas
notarías y sostuvo que, en virtud de la facultad discrecional el nominador
dispuso los nombramientos en encargo de las dos personas mencionadas,
Elizabeth Zapata Mesa y Fernando Rodríguez Olmos en las citadas notarías,
en tanto se resolvía por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial el
trámite adelantado antes del 13 de mayo de 2022, relativo al derecho de
preferencia previsto en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de
1970 que inició antes de que se revocara el Acuerdo 1 de 2021 y se ordenara
la suspensión de los efectos de dicho cuerpo normativo.
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De otra parte, informó que la accionante presentó dos solicitudes, el 22 de
junio y el 21 de julio de 2022, en las que insiste en ser nombrada en la Notaría
Once (11) de Barranquilla, al punto de haber presentado una acción de tutela
que se identifica con el Nro. 2022-002300 ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala Oral de Decisión A y que actualmente está en trámite, de
manera que resultaba contradictorio que la accionante pretenda ser nombrada
en una notaría en Medellín o Envigado según manifiesta, por cuanto allí es
donde reside su familia, con todas las dificultades que ha manifestado en la
presente acción y que, a su vez, solicite bajo el mismo mecanismo
constitucional ser nombrada en la Notaría Once (11) de Barranquilla, por no
haberse iniciado ni adelantado el trámite de preferencia en dicho círculo
notarial debido a los acontecimientos relacionados con la revocatoria y
suspensión del Acuerdo 1 de 2021.
Consideró que no se vulneraban por parte de la Superintendencia de
Notariado y Registro y del Consejo Superior de la Carrera Notarial, derecho
fundamental alguno a la accionante, por lo que no les asistía legitimación en
la causa por pasiva y en tal virtud, pidieron ser desvinculadas del presente
trámite y pidió se declarara improcedente la presente acción.
4.6. El señor Fernando Rodríguez Olmos, en su calidad de notario tercero de
Envigado y quien fue vinculado al presente trámite, rindió informe en el que
manifestó que si bien la situación personal y familiar que la tutelante narraba
en los hechos que dan origen a la petición era lastimosa y merecía su
solidaridad, esto no era un hecho atribuible a las entidades accionadas por vía
de tutela, y mucho menos a él quien había sido nombrado en encargo en la
Notaría Tercera de Envigado cumpliendo las previsiones legales.
Que, por el contrario, era una circunstancia que se dio a raíz de decisiones
personales no solo de ella sino de su núcleo familiar que no podían ser punto
de partida para conculcar derechos de quienes como él, se encontraba
debidamente nombrado en una de las notarías que la tutelante deseaba
ocupar, además, dijo que la accionante ingresó a la carrera notarial mediante
el concurso respectivo y como consecuencia de estar en la lista de elegibles
tuvo la oportunidad de escoger el lugar y el círculo donde quería ser notaría,
es decir, esto no fue impuesto de manera arbitraria.
Explicó que, en su caso, fue nombrado como notario en encargo en la Notaría
Tercera (3) de Envigado, Antioquia, mientras el Consejo Superior de la Carrera
Notarial resolvía lo relativo al derecho de preferencia previsto en el numeral 3
del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, que cumple con los requisitos
para ocupar el empleo y que, su nombramiento estaba reforzado con base en
un fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal,
del 25 de abril de 2018, en el que se ordenó a la Superintendencia de
Notariado y Registro y al Consejo Superior de la carrera Notarial “privilegiar las
vacantes que se encuentren en provisionalidad mientras no estén en propiedad a los
miembros que aparecen en la lista de elegibles, para que los ocupen en interinidad y/o
provisionalidad esos cargos, ya que estos tienen mayor derecho que quienes no están en ella ”,
sentencia que hacía referencia al último concurso de notarios celebrado y del
cual me encontraba en la respectiva lista de elegibles de notarías de primera
categoría en el puesto 1036.
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Anotó que la afectación al vínculo familiar de la accionante no era sino
producto de sus decisiones y de las de los miembros de la familia por lo que
no se puede alegar las instituciones fueran quienes vulneraran sus derechos,
de manera que pidió se negaran las pretensiones de la demanda, al estar en
este momento provistos los despachos notariales de Antioquia con el
cumplimiento de los requisitos legales.
4.7. El señor Juan Alberto Cortés Monsalve, en su calidad de notario séptimo de
Medellín y quien fue vinculado al presente trámite, rindió informe en el que
manifestó que debían ser negadas las pretensiones de la demanda de tutela.
Manifestó que el único sustento fáctico de la tutela era el derecho de
preferencia que le asistía a la actora por haber participado en el concurso
notarial que tuvo como resultado ser nombrada en la Notaría 10 de
Barranquilla, es decir que ya obtuvo el beneficio legal y que, no era menos
cierto que el Consejo de Estado en providencia del 7 de abril de 2022
suspendió de manera inmediata los efectos del Acuerdo 1 de 2021 expedido
por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Destacó que la accionante solicitó y aceptó su nombramiento como notaria en
Barranquilla, que no tenía lugar un pronunciamiento de su parte en relación
con los argumentos que sustentaban la presunta vulneración de derechos
fundamentales, pero que en este momento en Barranquilla existían las mismas
o mejores condiciones de otras ciudades en Colombia.
Señaló que la solicitud de traslado ya había sido resuelta por la autoridad
competente, esto es por el presidente de la república, de manera que, al ser
mediante un acto administrativo, estaba sujeto a recursos y no debía ser
atendido a través de este mecanismo constitucional.
Por último, sostuvo que existía ya una situación jurídica consolidada a su favor,
esto es nombramiento, aceptación y posesión del cargo de notario que
desempeñaba, razón por la que solicitó le fueran respetados sus derechos
adquiridos.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes descritos, corresponde a la Sala determinar lo
siguiente: (i) la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto y, (ii) de
resultar procedente el estudio de fondo, verificar si es posible ordenar a través del
presente mecanismo constitucional el nombramiento de la actora Gloria Elena
Agudelo en interinidad en una notaría de primera categoría en el departamento de
Antioquia, concretamente en las ciudades de Medellín o Envigado, lugar donde
manifiesta tener su núcleo familiar, pues en este momento se encuentra
desempeñándose como notaria décima del círculo notarial de Barranquilla, en
propiedad, pero, aduce tener a sus hijos y a su esposo en la ciudad de Medellín,
con dificultades psicológicas, en especial sus hijos, que requieren de su presencia
física.
3. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
3.1. La acción de tutela tiene como finalidad el amparo de los derechos
fundamentales, ante una amenaza por acción u omisión de una autoridad bien
administrativa o judicial o por los mismos particulares y que, ante la existencia
de otros mecanismos, su carácter es residual o subsidiario, esto por mandato
no sólo del artículo 86 de la Constitución Política, sino de su desarrollo
normativo consagrado en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.
El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Por
esta razón, ha de entenderse que la acción de tutela no es una herramienta
que pueda desplazar los mecanismos ordinarios de defensa (judiciales o
administrativos), si ellos son idóneos y eficaces para la realización de los
derechos de las personas. Lo anterior, sin perjuicio de su utilización como
mecanismo transitorio, cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable;
caso en el cual, es necesario demostrar su inminencia; es decir, que se trate
de una amenaza que está por suceder. La gravedad, esto es, que el daño
material o moral en el haber jurídico de la persona debe ser de gran intensidad,
además que el remedio judicial debe ser urgente e impostergable3.
3.2. A juicio de la Sala, si bien es cierto el derecho al traslado no tiene la
connotación de derecho constitucional fundamental al ser de naturaleza legal,
su desconocimiento puede acarrear en determinados casos, la vulneración de
algún derecho de naturaleza constitucional.
En el presente asunto, la señora Gloria Elena Agudelo manifiesta encontrarse
en una especial situación por estar separada de su familia, lo que les ha
generado dificultades a nivel emocional y psicológico a sus integrantes, y
además le ha acarreado a ella algunos quebrantos de salud. Como es una
notaria nombrada en propiedad (en la notaría décima del círculo notarial de
Barranquilla) y, le asiste el “derecho de preferencia”, busca ser trasladada al
departamento de Antioquia, concretamente a alguna notaría en las ciudades
de Medellín o Envigado, lugar donde se encuentra establecido su núcleo
familiar.
3 Sentencia T-702 de 2008.
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3.3. Lo anterior, le permitiría a la Sala concluir, que en principio, la accionante
cuenta con otros mecanismos de defensa de los derechos que invoca, a los
que puede acudir en procura de obtener una solución a su situación,
considerando que son las instancias administrativas competentes para darle
solución, conforme a las normas y procedimientos que fijan sus competencias,
en concreto, la Superintendencia de Notariado y Registro y/o el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, justamente por haber sido remitida su solicitud
por la Presidencia de la República a la Oficina de Atención al Ciudadano de la
mencionada superintendencia. Incluso, teniendo en cuenta que según
manifestó esta entidad, se dio respuesta a su solicitud, de considerarlo
procedente, podría acudir a la vía judicial en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en busca de la nulidad del acto
administrativo que le negó la posibilidad de ser nombrada en otro despacho
notarial de distinto departamento.
Sin embargo, como en el presente asunto se invocan derechos fundamentales
como el derecho a la unidad familiar, a la salud en conexidad con el derecho
a la vida y a la dignidad humana y presenta ante este juez constitucional una
serie de argumentos que se orientan a la actual situación psicológica que
afronta uno de sus hijos, sumado a la división familiar que existe dado que su
esposo e hijos se encuentran en la ciudad de Medellín, Antioquia, mientras ella
trabaja en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, concluye la Sala que el caso
amerita la intervención del juez constitucional, ya que pese haberse
adelantado una serie de trámites administrativos, lo cierto es que podrían
verse amenazados y puesto en riesgo los derechos de la accionante, de no
darse una solución definitiva a su solicitud de traslado a otra ciudad por
circunstancias de orden familiar e incluso, de salud de la misma actora.
4. Notarios y derecho de preferencia.
4.1. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Notariado contenido en el
Decreto 960 de 1970, la provisión de los notarios es procedente en tres
modalidades: en propiedad, en interinidad y en encargo.
Ahora bien, el artículo 178 de la mencionada norma, establece lo que implica
el pertenecer a la carrera notarial, entre otras, la preferencia para ocupar otra
notaría de la misma categoría que se encuentre vacante. Señala la norma lo
siguiente:
“ARTICULO 178. <OBLIGACIONES POR PERTENECER A LA CARRERA
NOTARIAL>. El pertenecer a la carrera notarial implica:
(…)
3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción
político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre
vacante”.
4.2. El Presidente de la República mediante el Decreto 2054 del 16 de octubre de
2014, reglamentó el citado numeral 3º del artículo 178 del Decreto 960 de 1970
en relación con el derecho de preferencia, pero esta disposición fue declarada
nula por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en
providencia del 13 de mayo de 2021, proceso de nulidad con radicación Nro.
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11001-03-25-000-2014-01431-004, al considerar que los asuntos del servicio
público que prestan los notarios, entre ellos lo relacionado con la carrera
notarial, no podía ser regulado mediante decretos reglamentarios ni
resoluciones, sino únicamente mediante leyes expedidas por el Congreso o
mediante decretos con fuerza de ley expedidos por el ejecutivo.
4.3. Ahora bien, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, emitió el Acuerdo 01
del 23 de noviembre de 2021 “por el cual se establece el procedimiento
operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el
numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”, en el que reguló no
solo lo relacionado con la comunicación y publicación de la vacancia
respectiva, sino lo relacionado con la presentación y estudio de solicitudes por
parte de los notarios de carrera, criterios de selección y una serie de etapas
para la publicación y aceptación por parte del notario, entre otras.
Esta disposición fue demandada por unos ciudadanos que consideraron que
el mencionado acuerdo era una reproducción del Decreto 2054 de 2014,
anulado por la Sección Segunda de esta Corporación como se anotó en
precedencia y, actualmente la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado5, en providencia del 7 de abril de 2022 ordenó suspender de manera
inmediata el Acuerdo 1 de 2021.
4.4. Hechas las anteriores precisiones de orden normativo, pasa la Sala a ocuparse
del caso concreto de la señora Gloria Elena Agudelo, actual notaria décima del
círculo notarial de Barranquilla, quien pretende ocupar el cargo de notaria pero
en el departamento de Antioquia, en las ciudades de Medellín o Envigado,
derecho que considera le asiste, por ser una persona en carrera notarial que
pretende, en uso del derecho de preferencia que le asiste, ocupar otra notaría
de la misma categoría que se encuentre vacante en esta zona del país, por
unas razones de orden familiar y personal.
5. Análisis del caso concreto
5.1. En el presente asunto, la Sala encuentra que deben negarse las pretensiones
de la demanda de tutela, por las razones que pasan a exponerse a
continuación.
5.2. La accionante Gloria Elena Agudelo fue nombrada en propiedad como notaria
décima (10) del círculo notarial de Barranquilla, Atlántico, por parte del
Presidente de la República mediante el Decreto 1126 del 3 de julio de 2018.
En el acto administrativo se indicó que la accionante ocupó el puesto 51 de la
lista de elegibles producto del concurso para notarios en el país y que,
manifestó su intención de ser nombrada en la citada notaría.
Mediante escrito del 2 de mayo de 2022, la actora dirigió petición al Presidente
de la República, en la que luego de explicar la situación que vive su familia y
el estar separada de ellos, indicó lo siguiente:
“Han salido a preferencia dos (2) Notarías en el departamento de Antioquia, la Notaría
17 de Medellín y la Notaría Tercera de Envigado, las cuales una vez surtido el derecho
de preferencia, quedarán dos (2) notarías de libre nombramiento. Por tal motivo pido de
4 Ponencia del doctor Rafael Francisco Suárez Vargas. Actor: Pedro Leonardo Reyes Vega.
5 Se adelanta bajo la misma radicación Nro. 11001-03-25-000-2014-01431-00 citada.
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manera suplicante pueda ser nombrada esta servidora en una de estas 2 que quedarán
vacantes, esto sin que pierda mi derecho a pertenecer a la Carrera Notarial que tan
orgullosamente ostento, y así de esta manera reunirme nuevamente con mi amada
familia en la ciudad de Medellín”.
La Presidencia de la República mediante Oficio OFI22-00042985 / IDM
12000002 del 12 de mayo de 2022, remitió por competencia a la Jefe de
Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Notariado y Registro la
solicitud presentada por la actora y, le informó acerca de este trámite a la
ciudadana mediante Oficio OFI22-00042977 / IDM 12000002 de esa misma
fecha.
Ahora bien, el trámite llevado a cabo en la Superintendencia de Notariado y
Registro frente a la petición de la actora, tuvo como respuesta que la solicitud
por ella presentada había sido recibida y, ante un segundo escrito presentado
el 26 de julio de 2022 en el que pidió la expedición pronta del decreto de
nombramiento respecto ante la “respuesta positiva” que se había dado a su
petición, la superintendencia mediante Oficio OAJ 2302 / SNR2022EE090463
del 8 de agosto de 2022, le indicó que en ningún momento se le indicó que su
hoja de vida era la seleccionada para el cargo de notario, en concreto para las
notarías diecisiete (17) de Medellín o tercera (3) de Envigado, que la
superintendencia no tenía influencia en la selección de las hojas de vida en
atención a la facultad discrecional del Gobierno Nacional que continuaría con
el trámite conducente a la designación en las notarías de su interés ubicadas
en el departamento de Antioquia.
Textualmente dijo lo siguiente la Superintendencia de Notariado y Registro:
“De la literalidad de la respuesta emitida por la Oficina Asesora Jurídica arriba transcrita,
se concluye que respecto a lo solicitado se acusó recibo de la misma, no obstante, se
precisa que esta Superintendencia no tiene influencia en la selección de las hojas de
vida, conformidad con la facultad discrecional del Gobierno Nacional para decidir de las
hojas de vida allegadas, la que continuaría con el trámite conducente a la designación
en las notarías de su interés ubicadas en el Departamento de Antioquia.
Así las cosas, en ningún momento la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia
de Notariado y Registro indicó que su hoja de vida era la seleccionada para el cargo de
notario en las Notarías Diecisiete (17) de Medellín o Tercera (3) de Envigado ubicadas
en el Departamento de Antioquia, por el contrario, en virtud de la facultad discrecional
antes mencionada, el nominador dispuso nombrar en encargo a la señora Elizabeth
Zapata Mesa y al señor Fernando Rodríguez Olmos en las Notarías Diecisiete (17) de
Medellín y Tercera (3) de Envigado, respectivamente; en tanto se resuelve por parte del
Consejo Superior de la Carrera Notarial el trámite adelantado antes del 13 de mayo de
2022, relativo al derecho de preferencia previsto en el numeral 3 del artículo 178 del
Decreto Ley 960 de 1970 que inició antes de que se revocara el Acuerdo 1 de 20216 y
se ordenara la suspensión de los efectos de dicho cuerpo normativo7, pero no
concluyó”.
De manera que, en atención a lo expuesto por la misma entidad en el informe
rendido dentro del presente trámite, en concreto frente a las notarías diecisiete
(17) de Medellín y tercera (3) de Envigado, quedaron vacantes por renuncia
de sus titulares y, en ejercicio del derecho de preferencia conforme al Acuerdo
1 de 2021 entonces vigente, el 21 de abril de 2022 dichos despachos notariales
fueron ofertados en preferencia a los notarios de primera categoría nombrados
en propiedad en el departamento de Antioquia, que se allegaron unas
solicitudes de preferencia, pero que estos trámites no culminaron, por dos (2)
circunstancias concretas: (i) de una parte, el Consejo Superior de la Carrera
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Notarial en sesión celebrada el 9 de mayo de 2022 asumió la decisión de
revocar el Acuerdo 1 de 2021 y (ii) de otro lado, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A mediante auto del 7 de abril de 2022 suspendió los
efectos del mencionado Acuerdo 1 de 2021.
5.3. Es así como frente al caso que ocupa la atención de la Sala, existen
circunstancias de orden legal que impiden que se continúe con este tipo de
trámites relacionados con el derecho de preferencia para aquellos notarios que
se encuentran en propiedad y que buscan la posibilidad de pasar a ocupar otra
notaría vacante, como pretendía la accionante, de manera que, como lo
anunció la Superintendencia de Notariado y Registro, pese haberse iniciado
una oferta de los despachos notariales a los que apuntó la petición de la actora
ante el Presidente de la República, esta cuenta con unos aspirantes pero no
culminó, con ocasión de la suspensión del Acuerdo 1 de 2021 del Consejo
Superior de la Carrera Notarial quien también de manera oficiosa ordenó
revocar dicho acuerdo.
Ahora, para la fecha en que la actora presentó su solicitud, 2 de mayo de 2022,
ya habían sido ofertadas las plazas solicitadas (21 de abril de 2022) y, cabe
advertir que esta oferta se hizo entre los notarios de primera categoría del
departamento de Antioquia, como lo indica el numeral 3 del artículo 178 del
Decreto 960 de 1970, esto es, la posibilidad de que esto suceda “dentro de la
misma circunscripción político-administrativa”.
De manera que, tales circunstancias impedían que la solicitud de la actora
fuera procedente y llegara a ser atendida de manera favorable.
5.4. Por lo demás, la especial situación que dice padecer la actora y su grupo
familiar, es un aspecto presentado en los mismos términos ante el Presidente
de la República y que ahora presenta de la misma manera en el escrito de
tutela.
Con todo, los soportes permiten evidenciar que su hija se encuentra siendo
tratada por un psicólogo por temas de orden emocional desde el 20 de mayo
de 2022, esto es, posterior a la solicitud de traslado que hiciera la actora,
también se acreditó que estudia en la EAFIT de Medellín recientemente
aceptada, que a su esposo se le aceptó la renuncia en el año 2021 en una
empresa para la que trabajaba en Barranquilla y que, la señora Agudelo tiene
una serie de dificultades a nivel lumbar y de articulaciones que la ha llevado a
tener que hacer una serie de terapias e infiltraciones, diagnósticos que datan
del año 2020 y unas autorizaciones emitidas por Sura del año 2022 para el
procedimiento “bloqueos facetarios diagnósticos y/o terapéuticos cervicales,
torácicos y lumbares”.
Ahora bien, no pasa inadvertido la Sala que como lo manifestó la
Superintendencia de Notariado y Registro, actualmente la accionante tramita
una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral de
Decisión A, con el radicado 08001-23-33-000-2022-00230-00, en la que
solicita, en ejercicio del derecho de preferencia, ser trasladada a la notaría
once (11) del círculo notarial de Barranquilla, acción que actualmente de
acuerdo con la consulta hecha en el aplicativo SAMAI, cuenta con fallo de
primera instancia del 4 de agosto de 2022 en el que se resolvió “negar por
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improcedente” la solicitud de amparo presentada por la actora (índice 3) y que,
actualmente figura con la anotación de haber sido remitida a la Corte
Constitucional para su eventual revisión (índice 6).
Tales circunstancias tampoco evidencian que, por lo menos en este momento,
sea inminente y urgente la intervención del juez constitucional, máxime cuando
se encuentra suspendido el acto administrativo por el que se estaba dando
trámite a todo lo relacionado con el derecho de preferencia explicado en esta
providencia, cuando la actora se encuentra ocupando el empleo de notaria de
primera categoría en propiedad y cuando fue decidida una acción de tutela en
la que solicitó ser nombrada, en ejercicio del derecho de preferencia, en otra
notaría de la ciudad de Barranquilla, lo que evidencia que la situación familiar
que adujo en esta tutela no era tan inminente y urgente para ser trasladada a
Medellín o Envigado, conclusión a la que se llega al evidenciar que buscaba
otra plaza en la misma ciudad en la que se encuentra lejos de su familia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la demanda de tutela presentada por la señora
Gloria Elena Agudelo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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