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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04201-01

Fecha
13 de octubre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04201-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo constitucional deprecado por el señor Carlos Orlando Velásquez Murcia, a través de la acción de tutela promovida en contra del expresidente de la República doctor Iván Duque Márquez y de los señores Yamid Amat y Claudia Isabel Palacios, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04201-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

13 de octubre de 2022

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 20 1- 0 1
Ac c io n a nt e : C ar los O r l an d o V e lás q uez Murc i a

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 256

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04201-01
Accionante: CARLOS ORLANDO VELÁSQUEZ MURCIA
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Acción de tutela para cuestionar las manifestaciones públicas del jefe de
Estado sobre la presunta comisión de una conducta punible y su divulgación en un
medio de comunicación televisivo. Confirma el proveído recurrido.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia del
25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Quinta de esta corporación.

HECHOS RELEVANTES

a) Escrito de tutela

El señor Carlos Orlando Velásquez Murcia, quien se desempeña como magistrado
de la Sala V de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué,
señaló que esa autoridad conoció de un incidente de desacato del fallo de tutela
proferido en el proceso con radicado núm. 2020-00091, en el que se dictó el
proveído del 2 de junio de 2022, mediante el cual se sancionó al expresidente doctor
Iván Duque Márquez, con multa de 5 s.m.m.l.v. y arresto domiciliario de cinco días,
por el incumplimiento de la decisión adoptada en ese asunto.

Refirió que el 4 de junio de 2022, mientras el exmandatario se encontraba en un
evento público, se refirió a la decisión antes referenciada y la calificó como
«abiertamente inconstitucional», pues, en su sentir, aquella transgredió el fuero
presidencial; además, mencionó que acudiría a la Comisión de Disciplina Judicial y
a la Procuraduría General de la Nación, «con el propósito de instaurar la denuncia
correspondiente por prevaricato», manifestaciones que fueron difundidas en varios
medios de comunicación escrita y televisiva nacional e internacional, entre estos, El
País, El Tiempo, Noticias Uno y Caracol Noticias.

Agregó que el 6 del mismo mes y año, para garantizar los derechos del Parque
Nacional Natural de los Nevados protegidos en la tutela y el cumplimiento de la
orden impuesta, se comunicó con la asesora jurídica de la Presidencia de la
República, con el objetivo de suspender los términos y otorgar un plazo al

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sancionado, para que conformara el grupo especial de apoyo; sin embargo, no
obtuvo respuesta y, al día siguiente, la funcionaria mencionada solicitó la nulidad de
todo lo actuado en el trámite incidental.

Mencionó que el 7 del mes y año citados, en la edición central del noticiero Uno de
CM&, en la versión nocturna, la presentadora Claudia Isabel Palacios informó que
la Presidencia de la República formuló una queja disciplinaria en contra de tres
magistrados del Tribunal Superior de Ibagué y exhibió una fotografía suya y de otra
de las integrantes de la Sala de Decisión. Adicionalmente, presentó apartes de una
entrevista en la que el expresidente afirmó que «cuando hay prevaricato se tiene
que denunciar, cuando se rompe un fuero se tiene que denunciar», lo que fue
contextualizado en el medio de comunicación con el señalamiento de su nombre y
el uso indebido de una imagen suya.

Advirtió que, posteriormente, el 28 de junio de 2022 la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia revocó las sanciones impuestas en contra del doctor
Iván Duque Márquez, pero ratificó los argumentos y amplió el estudio sobre la
competencia del Tribunal Superior de Ibagué para conocer y decidir el incidente de
desacato e imponer las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.

Arguyó que el 8 de julio de 2022 solicitó al presidente de la República, a través de
correo electrónico, rectificar, de manera pública y en los mismos medios de
comunicación utilizados para difamar su nombre, la sindicación hecha en su contra;
sin embargo, no recibió respuesta, pues si bien una abogada del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República atendió el requerimiento, no remitió
el poder que la acreditara como apoderada del señor presidente. El 22 del mes y
año citado peticionó al jefe de Estado que ratificara la respuesta que envió su
asesora, pero la solicitud no fue atendida, por lo que debe entenderse que el
funcionario no respondió.

Finalmente, expuso que en la misma fecha previamente mencionada requirió a los
comunicadores Claudia Isabel Palacios y Yamid Amat del medio CM&, para que le
brindaran información sobre la obtención de la fotografía publicada en el noticiero,
la autorización para su reproducción o uso y la finalidad que tuvieron al publicarla
en el contexto de la sindicación que el mandatario realizó; igualmente, advirtió que
el 13 de julio del año mencionado solicitó a los referidos periodistas rectificar lo
informado en la edición de noticias del 7 de junio hogaño. La petición fue atendida
negativamente por parte del director del medio de comunicación, al considerar que
no había sido presentada dentro de los diez días siguientes a la emisión del noticiero
y explicó que los medios televisivos no tenían restricción para el uso de fotografías
de personas públicas, respuesta a la que se adhirió la otra periodista.

b) Inconformidad

El accionante Carlos Orlando Velásquez Murcia instauró acción de tutela en contra
del, en su momento, presidente de la República Iván Duque Márquez, y de los
señores Claudia Isabel Palacios y Yamid Amat, al considerar transgredidos sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, de
petición, a la rectificación y al debido proceso, en conexión con el principio de
presunción de inocencia.

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Sobre el particular, en primer lugar, sostuvo que el expresidente de la República
realizó una sindicación pública en su contra, ya que señaló que los magistrados de
la Sala V de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Ibagué incurrieron en
prevaricato, motivado en la presunta falta de competencia para conocer del
incidente de desacato y sancionar al mandatario, en razón al fuero constitucional, a
pesar de que la Corte Suprema de Justicia se pronunció, en el grado jurisdiccional
de consulta, y ratificó la competencia de la corporación para adelantar el trámite
constitucional, y no existe ninguna prueba o decisión judicial en la que conste que
cometió la conducta punible.

En segundo lugar, señaló que los comunicadores difundieron las declaraciones del
presidente y utilizaron de manera indebida su foto para contextualizar la noticia de
la queja disciplinaria instaurada por ese funcionario, con lo que generaron que su
imagen como servidor fuera afectada de forma negativa.

Finalmente, advirtió que las acusaciones difundidas a través de medios de
comunicación han afectado su buen nombre y honra, pues, a raíz de esa
información, se han publicado muchos mensajes en redes sociales desprestigiando
su trabajo en la jurisdicción.

PRETENSIONES

El solicitante de la salvaguarda solicitó amparar los derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, ordenar lo siguiente:

1. Al entonces presidente de la República doctor Iván Duque Márquez,
rectificar, en los mismos medios de comunicación en los cuales se refirió al
tema, la información en la que lo mencionó, para lo cual deberá reconocer el
error o ligereza en los comentarios y que no tiene prueba de la comisión del
ilícito.

2. A los periodistas Claudia Isabel Palacios y Yamid Amat rectificar la
información divulgada en la emisión central del noticiero CM& del 7 de junio
de 2022, al haber repetido, reproducido y publicado afirmaciones
calumniosas hechas por el presidente de la Nación de la época; asimismo,
que expresen que utilizaron su fotografía sin autorización para ello y ofrezcan
una disculpa pública.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Presidencia de la República

El señor Oscar Mauricio Ceballos Martínez, apoderado del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y del presidente, indicó que la
acción de tutela de la referencia es improcedente, porque, primero, no satisface el
requisito de la subsidiariedad, pues corresponde a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Ibagué decidir la queja formulada en contra del funcionario y,
segundo, el accionante no demostró la urgencia, gravedad o inminencia del daño
que lo habilita para acudir al mecanismo constitucional.

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De igual manera, precisó que no existe una transgresión de los derechos
fundamentales señalados como vulnerados, puesto que la Presidencia de la
República formuló queja disciplinaria en contra del magistrado Carlos Orlando
Velásquez Murcia e hizo referencia, únicamente, a la desatención de competencias
y del fuero constitucional previsto en el artículo 178 de la Constitución Política, sin
que tal situación o la inconformidad del mandatario, sustentada en los mandatos
constitucionales, legales y jurisprudenciales conlleven una afectación o lesión de los
intereses o garantías del aquí accionante.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

El magistrado Juan Carlos Granados Becerra refirió las actuaciones de la queja
disciplinaria interpuesta por la Presidencia de la República en contra de los
magistrados Carlos Orlando Velásquez, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo
Emilia Peña Mejía, y explicó que a través de providencia del 1.° de julio de 2022,
dio apertura a la investigación disciplinaria, cuyo radicado corresponde al núm.
2022-00407-00, la cual se encuentra en etapa preliminar, en los términos de los
artículos 212 y siguientes de la Ley 1952 de 2019.

Los demás accionados y vinculados1 no rindieron el informe requerido por el juez
colegiado de primera instancia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 25 de agosto de 2022 la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la acción
de tutela promovida por el señor Carlos Orlando Velásquez Murcia, al no advertir la
transgresión de los derechos fundamentales. En ese sentido, explicó que no existía
vulneración del derecho de petición por parte del entonces presidente de la
República doctor Iván Duque Márquez, ya que, por medio del Oficio OFI22-
00069306/IDM 13010000 del 18 de julio de 2022, por conducto de la asesora de la
Secretaría Jurídica, María Juliana Obando Asaf, atendió la solicitud. Al respecto,
precisó que debe entenderse que la petición de rectificación fue negada en virtud
del criterio de la autoridad, consistente en que el mandatario de la Nación goza de
un fuero constitucional, debe ser investigado y juzgado por el Senado de la
República y, como consecuencia de ello, el Tribunal Superior de Ibagué no era
competente para sancionarlo.

Igualmente, determinó que el argumento relacionado con la falta de competencia de
la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República no era de recibo, comoquiera que, en virtud del Decreto 1784 de 2019,
una de las funciones de esa dependencia era representar judicial y
extrajudicialmente al presidente de la República en los procesos en que sea parte,
por delegación del director del departamento.

De otro lado, puntualizó que la conculcación de los derechos a la dignidad humana,
a la honra y al buen nombre, derivado de las declaraciones realizadas por el doctor

1 La Sección Quinta del Consejo de Estado, en el auto admisorio, ordenó notificar a los señores José Yamid

Amat Ruiz y Claudia Isabel Palacios Giraldo; además, vinculó como terceros con interés en el presente trámite
al Consejo Superior de la Judicatura y a las señoras Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña
Mejía.

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Iván Duque Márquez en distintos medios de comunicación, no ocurrió, toda vez que
aquellas se circunscribían a la esfera analítica y conceptual que forman parte de su
opinión respecto a la situación jurídica en la que se encontraba con ocasión de la
decisión adoptada por el Tribunal en el trámite incidental. Así, refirió que las
declaraciones del exmandatario estuvieron cimentadas en un argumento legal, que
se materializó en la queja disciplinaria, la cual estaba a cargo de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, donde debían analizarse esos desacuerdos y, en
ese sentido, representaban el ejercicio de la libertad de expresión y opinión que
tiene cualquier ciudadano. Además, aclaró que los comentarios masivos
expresados por cibernautas en diversas redes sociales tampoco probaban la
vulneración de dichas prerrogativas, por cuanto en la era digital actual los usuarios
tienen la posibilidad de acceder a la información y hacerse su propio criterio, así
como el derecho de expresar libremente sus opiniones.

Por último, consideró que los comunicadores accionados tampoco lesionaron los
derechos fundamentales indicados por el señor Velásquez Murcia, pues emitieron
los apartes de las locuciones del entonces presidente de la República, en ejercicio
de la función periodística de trasmitir la información que proviene de distintas
fuentes, sin que la acción de tutela pueda utilizarse como un escenario para ventilar
aspectos de una investigación penal, por la presunta comisión de los delitos de
injuria y calumnia. Agregó que la utilización de una fotografía del accionante sin
autorización tampoco representaba una conculcación de las garantías referidas,
debido a que su uso estaba justificado, en los términos definidos por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia, ello, por cuanto el accionante es una persona
pública por la investidura que ostenta como magistrado del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, y la publicación se presentó en el contexto de una noticia
relevante a nivel nacional e internacional.

IMPUGNACIÓN

El señor Carlos Orlando Velásquez Murcia impugnó la sentencia dictada en primera
instancia y solicitó revocarla, para, en su lugar, conceder el amparo solicitado. En el
recurso, aclaró que la motivación para interponer la acción de tutela en contra del
entonces presidente Iván Duque Márquez fueron sus señalamientos de que la
providencia proferida por la Sala de Decisión que integra fue «abiertamente un
prevaricato», aseveración que excede los límites del derecho a la libre expresión y
resulta grave, porque carece de elementos de juicio para afirmar que un funcionario
emitió una resolución contraria a la ley y que, por tanto, incurrió en un ilícito.
Igualmente, advirtió que tal sindicación transgrede sus derechos a la honra y al buen
nombre y su presunción de inocencia.

En igual sentido, señaló que el mandatario accionado no atendió la petición, en los
términos previstos en la Ley 1755 de 2015, comoquiera que la solicitud de
rectificación no fue presentada ante el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, entidad con autonomía propia y personería para
actuar; aunado a lo anterior, precisó que pretendió el pronunciamiento del
presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas militares, en
tanto que la orden de tutela en favor del Parque Nacional de Los Nevados involucra
esa función y, en esa medida, la dependencia mencionada no tenía autorización
para representarlo. Igualmente, agregó que en la respuesta el DAPRE se refirió a

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una solicitud de una rectificación de la queja disciplinaria, sin que fuera así y en
aquella se expresó, equivocadamente, que la providencia de la Corte Suprema de
Justicia no fue unánime.

Por último, expuso que los periodistas Yamid Amat y Claudia Isabel Palacios
conculcaron sus derechos fundamentales, pues, contrario a la conclusión del juez
colegiado de primera instancia, no solo informaron un hecho o noticia de interés
nacional, sino que el video se transmitió de manera simultánea con una fotografía
suya, en la que se contextualizó que era el funcionario denunciado por prevaricato.
Igualmente, adujo que la imagen contiene sus datos biométricos y fue utilizada sin
su autorización ni la del sitio web donde fue publicada.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20192, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿El expresidente Iván Duque Márquez, al manifestarse en distintos medios
de comunicación sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de
Ibagué, transgredió los derechos fundamentales del señor Carlos Orlando
Velásquez Murcia?

2. ¿El accionante presentó la solicitud de rectificación ante los periodistas del
noticiero CM& de manera extemporánea?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
derechos a la libertad de expresión y a la rectificación y (II) análisis del caso
concreto. Veamos:

• Primer y segundo problema jurídico

¿El expresidente Iván Duque Márquez, al manifestarse en distintos medios de
comunicación sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Ibagué,
transgredió los derechos fundamentales del señor Carlos Orlando Velásquez
Murcia?

2 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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¿El accionante presentó la solicitud de rectificación ante los periodistas del noticiero
CM& de manera extemporánea?

I. Derechos a la libertad de expresión y a la rectificación

En el artículo 20 de la Constitución Política se prevé el derecho fundamental a la
libertad de expresión como aquel que tiene toda persona de manifestar y difundir su
pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial y el de
fundar medios de comunicación masiva; asimismo, se consagra la garantía de la
rectificación en condiciones de igualdad y la no censura.

Ese derecho, además, ha sido contemplado en diversos instrumentos
convencionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Al respecto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos3 determinó que la libertad de expresión se
caracteriza por ser un derecho con una doble dimensión, una individual, consistente
en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e
informaciones, y, otra colectiva o social, relativo a la posibilidad de la sociedad a
procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e
informaciones ajenos y a estar bien informada. Además, está sometido a ciertas
restricciones, las cuales deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias
para: (i) asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás y (ii) la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Por otra parte, la Corte Constitucional, en varias decisiones4, advirtió que el derecho
a la libertad de la información, el cual hace parte de la libertad de expresión
consagrada en la Constitución Política, goza de protección jurídica y a la vez implica
obligaciones y responsabilidades, que se sustentan en los principios de veracidad
e imparcialidad y en el derecho de rectificación.

Sobre esta última garantía, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, en la
sentencia T-512 de 1992, indicó que la rectificación involucra que: 1. El derecho a
la información es de doble vía, con lo cual se quiere significar que puede ser
reclamado tanto por el sujeto activo como por los sujetos pasivos de la relación
informativa, es decir, por quien emite las informaciones y por quien las reciben; 2.
La información debe ser cierta, en otras palabras verdadera y sustentada en la
realidad, objetiva, en la medida en que su forma de presentación no es sesgada,
pretenciosa o arbitraria y oportuna, esto es, que entre los hechos y su publicación
exista inmediación, dado que no debe mediar un tiempo amplio en el que la noticia
pierda interés o incidencia; 3. Es relevante la responsabilidad social de los medios
de comunicación, la cual implica que la información que difundan sea veraz e
imparcial; y 4. Debe existir una solicitud de rectificación, como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra el medio de comunicación.

II. Análisis del caso bajo estudio

El señor Carlos Orlando Velásquez Murcia, en la impugnación, señaló que el

Ver CIDH. Informe No. 11/96. Caso No. 11.230. Francisco Martorell. Chile.
4 Ver entre otras, las sentencias T-066 de 1998, T-298 de 2009 y SU-1721 de 2000.

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expresidente de la República doctor Iván Duque Márquez y los periodistas del canal
de comunicación CM& Claudia Isabel Palacios y Yamid Amat transgredieron sus
derechos a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, de petición y al debido
proceso, en conexión con el principio de presunción de inocencia, comoquiera que
el primero declaró, en distintos medios de comunicación, que los funcionarios que
integran la Sala V de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué habían incurrido en prevaricato, al sancionarlo, a pesar de que el Congreso
es quien tiene la facultad de investigarlo y juzgarlo, y los segundos emitieron las
manifestaciones del mandatario en el noticiero central de CM& del 7 de junio de
2022 y publicaron, de manera simultánea, una foto suya. En ese sentido, expresó
que tales situaciones afectaron negativamente su imagen e integridad.

Aunado a lo anterior, indicó que el mandatario no atendió la solicitud de rectificación,
pues si bien la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República respondió el
requerimiento, no remitió el poder que la acreditara como apoderada del presidente.
Y, advirtió que, si bien es cierto que el DAPRE es el delegado para ejercer la
defensa, en este caso, pretendió un pronunciamiento del mandatario como
comandante supremo de las fuerzas militares, función en la que no podía considerar
esa delegación.

Por lo anterior, la Subsección considera necesario subdividir el estudio del caso,
para, en primer lugar, analizar lo relacionado con las declaraciones del expresidente
de la República y la respuesta a la solicitud de rectificación emitida por esa autoridad
y, en segundo término, la rectificación de información frente a los comunicadores
del noticiero CM&.

a) Declaraciones del expresidente de la República

El solicitante de la salvaguarda manifestó que el expresidente doctor Iván Duque
Márquez transgredió sus derechos a la dignidad humana, a la honra, al buen
nombre, de petición y al debido proceso, en conexión con el principio de presunción
de inocencia, comoquiera que declaró en distintos medios de comunicación que la
providencia proferida por la Sala de Decisión que integra en el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Ibagué fue «abiertamente un prevaricato», aseveración que, a
su juicio, desborda los límites del derecho a la libre expresión y resulta grave, porque
carece de elementos de juicio para afirmar que un funcionario emitió una resolución
contraria a la ley y que, por tanto, incurrió en un ilícito.

En igual sentido, señaló que el mandatario accionado no atendió la petición de
rectificación que elevó, en los términos previstos en la Ley 1755 de 2015,
comoquiera que aquella no fue presentada ante el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, entidad con autonomía propia y personería para
actuar, ni buscaba el pronunciamiento de sus delegatarios, sino del comandante
supremo de las fuerzas militares, en tanto que la orden de tutela en favor del Parque
Nacional de Los Nevados involucra esa función.

Sobre el particular, la Subsección advierte que, es necesario, en primer lugar,
analizar las manifestaciones del doctor Iván Duque Márquez y, en ese orden de
ideas, determinar si aquellas conllevan la transgresión de los derechos
fundamentales señalados por el accionante y, luego, revisar lo concerniente a la

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respuesta a la solicitud de rectificación de la información y la competencia de la
Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República para atender tal requerimiento.

Así, se tiene que el exmandatario en un evento de Construyendo País refirió: «con
mis funcionarios hemos ido trabajando para darle cumplimiento a la protección del
Parque Los Nevados, se ha reportado oportunamente y hoy hemos visto un acto,
primero que es inexplicable, porque quiere pasar por encima del fuero constitucional
[…] la decisión no solamente es inconstitucional, sino que no está en firme, es un
abierto prevaricato y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial (sic) actúe y,
que actúe también el Ministerio Público»5. Igualmente, se encuentra que el doctor
Duque Márquez en una alocución ante algunos medios de comunicación manifestó:
«cuando hay un prevaricato se tiene que denunciar, cuando se rompe un fuero se
tiene que denunciar»6.

Al respecto, se denota que las declaraciones del jefe de Estado deben estudiarse
de manera contextualizada y, en ese entendido, es claro que aquel, en esas dos
oportunidades, expresó su opinión general respecto de la decisión adoptada por la
Sala V de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, dentro del
incidente de desacato núm. 2020-00091 y, en ese orden de ideas, señaló que, a su
juicio, aquella desatendió el fuero constitucional del presidente de la República.

A su vez, la Subsección observa que el expresidente no hizo alusión a personas
determinadas ni incluyó señalamientos frente a ningún funcionario, de modo que
pudiera entenderse que está haciendo acusaciones o sindicaciones de que alguien
cometió un delito. Únicamente, se repite, enuncia la decisión adoptada en el trámite
constitucional referenciado y, manifiesta que, en su sentir, al desconocer los límites
del fuero constitucional, se estaría presentando un prevaricato.

Así las cosas, se considera que las manifestaciones del entonces presidente de la
República doctor Iván Duque Márquez son simples opiniones que se encuentran
amparadas dentro del marco del derecho de libertad de expresión, debiéndose
entender que, independientemente, de su dignidad o cargo, tiene derecho a
expresar libremente sus consideraciones, en este caso, frente a una decisión judicial
que le impuso una sanción de multa y arresto.

Al respecto, la Subsección resalta que la Corte Constitucional7 diferenció entre las
afirmaciones genéricas y específicas, entendiéndose estas últimas como aquellas
informaciones que involucran a un individuo o a un número determinado de estos y,
que, por ello, puede causar perjuicio en la honra y el buen nombre de las personas
que allí aparecen, si no está amparada en la verdad o carece de respaldo jurídico.
En ese orden de ideas, no se evidencia la transgresión de las garantías invocadas
por el aquí accionante, puesto que las afirmaciones del exmandatario son de
contenido general y en ellas no se señalan personas particulares, sumado al hecho,
se itera, de que se trató de una postura personal.

5 Emisión de Noticias Caracol del medio día del 4 de junio de 2022, según el siguiente enlace:
https://m.youtube.com/watch?v=ugjVrpv8U10.
6 Emisión de Noticiero CM& del 7 de junio de 2022, según el siguiente enlace:
https://m.youtube.com/watch?v=6Kw1ylS2A_c.
7 Ver, entre otras, las sentencias T-335 de 1995 y T-386 de 2021.

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En segundo término, respecto al desacuerdo relativo a la falta de pronunciamiento
por parte del expresidente doctor Iván Duque Márquez frente a la solicitud de
rectificación que el accionante elevó, la Subsección advierte que, contrario a lo
expuesto por el solicitante de la salvaguarda, aquel, a través de la Secretaría
Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se
pronunció sobre la solicitud de rectificación de información, sin que cobre especial
relevancia que en la referencia del escrito haya enunciado la rectificación de la queja
disciplinaria, pues ello no fue lo que resolvió, sino la petición formulada por aquel.

Ciertamente, en el Oficio OFI22-00069306/ IDM 13010000 del 18 de julio de 2022,
la Secretaría Jurídica expresó que esa dependencia instauró una queja disciplinaria
ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué, con ocasión de la
decisión adoptada por la Sala V Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, por cuanto, a su juicio, los magistrados que la integran desconocieron el
principio de juez natural del presidente de la República y el fuero constitucional
definido en el artículo 178 de la Constitución Política; conjuntamente, se refirió a la
providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, debiéndose
entender que negó la solicitud de rectificación.

Ahora bien, en cuanto a la facultad de la Secretaría Jurídica debe considerarse, en
los mismos términos en los que lo explicó el juez colegiado de tutela de primera
instancia, que, según el Decreto 1784 de 2019, específicamente, en el ordinal 11
del artículo 27, corresponde a tal dependencia representar judicial y
extrajudicialmente al presidente de la República, en los procesos en que sea parte,
por delegación del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, con lo cual es evidente que la funcionaria que atendió el requerimiento
sí tenía competencia para pronunciarse como representante del exmandatario.

En todo caso, se aclara que, en esta instancia, no es posible pronunciarse sobre el
argumento del señor Carlos Orlando Velásquez Murcia, respecto a que tal
delegación no podía tenerse en cuenta en el presente asunto, en tanto que el
presidente de la República debía responder como supremo comandante de las
fuerzas militares, debido a que aquello no fue propuesto en el escrito de tutela, esto
en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la parte accionante.

Finalmente, la Subsección esclarece que, si lo pretendido por el señor Carlos
Orlando Velásquez Murcia es que se realice un pronunciamiento sobre una posible
comisión de los ilícitos de injuria y calumnia por parte del expresidente de la
República, la acción de tutela no es el escenario idóneo y adecuado para abordar
esos asuntos.

b) Rectificación de información frente a los comunicadores del noticiero CM&

El accionante, en la impugnación, insistió en que los periodistas Yamid Amat y
Claudia Isabel Palacios conculcaron sus derechos fundamentales, toda vez que
trasmitieron el video en el que el exmandatario doctor Iván Duque Márquez, de
manera simultánea, con una fotografía suya, en la que se contextualizó que era el
funcionario denunciado por prevaricato. Igualmente, advirtió que la imagen contiene
sus datos biométricos y fue utilizada sin su autorización ni la del sitio web donde fue
publicada.

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Al respecto, la Subsección advierte que el 13 de julio de 2022 el señor Carlos
Orlando Velásquez Murcia, a través de correo electrónico, solicitó a la presentadora
de NotiCentro 1 CM&, Claudia Isabel Palacios, y al director del programa
informativo, Yamid Amat, rectificar la información emitida en la edición del noticiero
del 7 de junio de 2022 y pronunciarse sobre el uso, sin autorización, de su fotografía.
Además, se encuentra que el 19 del mismo mes y año el director del noticiero
mencionado atendió la solicitud e indicó que la petición no fue presentada en el
término previsto en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995, esto es, dentro de los diez
días siguientes a la emisión del programa noticioso, por lo que no podía hacerse un
pronunciamiento sobre el particular; igualmente, explicó que, aun si en gracia de
discusión se aceptara que la reclamación se interpuso en tiempo, no era posible
acceder a lo pretendido, comoquiera que, de un lado, la nota periodística se limitó
a transmitir, en forma veraz e imparcial, una información que fue entregada a los
periodistas por una fuente totalmente confiable, como lo es la Presidencia de la
República y, de otro, la utilización de la fotografía del magistrado, como imagen de
apoyo a la noticia, no requería del expreso consentimiento, al estar relacionada con
la actuación pública de aquel, en los términos definidos por la Corte Constitucional,
en varias decisiones.

En esa medida, la Subsección considera que no hay lugar a estudiar el desacuerdo
relativo a la desatención de las garantías constitucionales por parte de los
periodistas Yamid Amat y Claudia Isabel Palacios, debido a que el accionante no
ejerció de manera oportuna la solicitud de rectificación ante aquellos, siendo ese el
escenario en donde debía revisarse, en primer lugar, si la información difundida
conllevó una afectación de los derechos a la honra y al buen nombre, por ser
inexacta o injuriosa, y si, por ende, era o no procedente aquella, pues ello implicaría
pasar por alto la omisión en que incurrió aquel al ejercer tardíamente ese derecho.

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, se denota que los comunicadores del
medio CM&, en la respuesta emitida el 19 de julio de 2022, explicaron el uso de la
imagen del aquí accionante como apoyo a la noticia transmitida acerca de la
instauración de una queja disciplinaria por parte del presidente de la República
contra los magistrados de la Sala V Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué y, para ese efecto, se apoyaron en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la libertad de información, por lo que no se evidencia la
conculcación de los derechos alegados.

De esta manera, fuerza concluir que no existió transgresión de los derechos
fundamentales señalados por el accionante. Por tanto, se confirmará la sentencia
proferida el 25 de agosto de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
negó el amparo constitucional deprecado por el señor Carlos Orlando Velásquez
Murcia, a través de la acción de tutela promovida en contra del expresidente de la
República doctor Iván Duque Márquez y de los señores Yamid Amat y Claudia
Isabel Palacios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2022 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo constitucional deprecado por el
señor Carlos Orlando Velásquez Murcia, a través de la acción de tutela promovida
en contra del expresidente de la República doctor Iván Duque Márquez y de los
señores Yamid Amat y Claudia Isabel Palacios, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
LYGR

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