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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04203-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04203-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Rosa Elvira Martínez Rocha, respecto del cargo por defecto sustantivo, según lo resuelto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por la señora Rosa Elvira Martínez Rocha, en lo relativo al defecto fáctico, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04203-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

8 de septiembre de 2022

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Demandante: Rosa Elvira Martínez Rocha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-04203-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-04203-00
Demandante: ROSA ELVIRA MARTÍNEZ ROCHA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Defectos fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la señora Rosa Elvira Martínez
Rocha en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política,
artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 28 de julio de 2022 al correo electrónico de la
Relatoría de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia1, la señora Rosa Elvira
Martínez Rocha, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a una reparación justa.

Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión de la sentencia
del 4 de mayo de 2022, que revocó el fallo del 18 de octubre de 2013, a través del
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
había declarado la caducidad de la acción y, en su lugar, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 25000-23-26-
000-2009-00537-01 (49664), promovida por la accionante y otros en contra de la
Nación, Rama Judicial y el Distrito Capital de Bogotá.

En concreto, solicitó a esta Corporación:
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Remitido el 2 de agosto de 2022 a la Secretaría General del Consejo de Estado
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Rosa Elvira Martínez Rocha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-04203-00

“1.- Conceder las pretensiones de la demanda de la Reparación Directa aquí
referida esto es el Lucro Cesante, Daños Morales.

2.- Que se les conceda a mis tres (3) hijas las indemnizaciones por los daños
emergente y los daños morales, sufrido como consecuencia del perjuicio
grave generado por la Rama Judicial y El Distrito Capital de Bogotá.

3.- Que se vuelva liquidar los conceptos que por daños emergente y daños
morales tiene derecho la suscrita ROSA ELVIRA MARTIENEZ ROCHA. Ya
que los tasados son irrisorios, no se compadece con el daño grave y por ende
SE DEBEN AUMENTAR de acuerdo a lo expuesto por la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia que concedió a mi Favor.

4.-Reconocimiento. De la vulneración de los fundamentales, Derecho al
debido proceso, derecho a la igualdad, derecho al acceso a la administración
de justicia, entre los que su Despacho considere vulnerados.

5.- Proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la suscrita y se
tenga en cuenta que me encuentro en un estado VULNERABLE enferma,
pobre, de la Tercera Edad y a punto de cumplir 80 años de edad”. (Sic a toda
la transcripción)

2. Hechos

Del escrito de tutela y el expediente ordinario se extraen los siguientes hechos
que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar
dentro del presente asunto.

En el desarrollo de un proceso ejecutivo adelantado en contra del señor Ernesto
Angulo Amado, se decretó el embargo y secuestro de un inmueble de su
propiedad que se encontraba arrendado a la señora Rosa Elvira Martínez Rocha,
accionante dentro del trámite de tutela de la referencia.

Con ocasión de la diligencia de secuestro que se llevó a cabo el 14 de septiembre
de 1999 en la ciudad de Bogotá, se registró que la señora Martínez Rocha
ocupaba parte del inmueble con un establecimiento de comercio llamado
“Dieléctricos del Norte” y, además, se le informó que en adelante debía pagar los
cánones de arrendamiento a órdenes del Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá.

El 31 de agosto de 2006, la autoridad judicial llevó a cabo la diligencia de remate
sobre dicho bien, siendo adjudicado al señor Jhon Alexander Camargo Buitrago.

A través de auto del 12 de septiembre siguiente, se ordenó al secuestre entregar
el inmueble al rematante, pero aquél informó que no era posible efectuar la
entrega porque el bien estaba ocupado por la arrendataria y ella se negaba a
desocuparlo.

El 27 de marzo de 2007, la Inspección 2C Distrital de Policía de Bogotá llevó a
cabo la diligencia de entrega del inmueble, pero la señora Martínez Rocha se
opuso a ser desalojada argumentando ser tenedora del bien; no obstante, se le
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Demandante: Rosa Elvira Martínez Rocha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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advirtió que, en los términos del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, no
contaba con la posibilidad de ejercer oposición de ningún tipo, por lo que no tenía
protección legal.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida hasta el 19 de abril de 2007 por
ofrecimiento del rematante, para darle tiempo a la arrendataria para que entregara
voluntariamente el bien.

El 12 de abril del mismo año, la señora Martínez Rocha interpuso una acción de
tutela contra el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá y la Inspección 2C Distrital
de Policía de Bogotá, para que se evitara la restitución del inmueble arrendado.

A través de sentencia del 25 de abril de 2007, la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá negó el amparo solicitado bajo el argumento de que
la arrendataria debió hacer valer sus derechos en el proceso ejecutivo, mas no en
la diligencia de remate.

El 11 de mayo siguiente se reanudó el procedimiento de entrega debido a que la
señora Martínez Rocha no desocupó voluntariamente el inmueble en el plazo
concedido por el rematante; por tal razón, la inspección de policía ordenó
desalojar el local comercial y le hizo entrega real y material del inmueble al
rematante.

Mediante fallo del 7 de junio de 2007, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia revocó la sentencia de tutela y, en su lugar, concedió el
amparo solicitado por la parte actora.

En síntesis, dicha autoridad judicial señaló que en la diligencia de entrega
debieron respetarse los derechos conferidos a la arrendataria en los artículos 516
a 519 del Código de Comercio y 417 del Código de Procedimiento Civil, los cuales
impedían que se despojara a la arrendataria de la tenencia del inmueble.

Por lo anterior, ordenó que la diligencia de entrega se llevara a cabo nuevamente
dentro de las 48 horas siguientes, con sujeción a los parámetros señalados en la
sentencia.

Dicho procedimiento se reinició el 27 de agosto de 2007 y terminó el 3 de
septiembre del mismo año, pero en esta ocasión la juez 22 Civil del Circuito de
Bogotá no restituyó la tenencia a la señora Martínez Rocha, ya que el inmueble
había sido demolido por el rematante.

La accionante recurrió la decisión del juzgado bajo el argumento de que el predio
podía entregársele destruido y que ella lo volvía a construir a costa del rematante,
pero la autoridad judicial despachó desfavorablemente su solicitud.

El 4 de junio de 2008, con ocasión de un incidente de desacato promovido por la
señora Martínez Rocha, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá (i) negó la petición de devolución del inmueble y reconstrucción a costa del
rematante, debido a que el trámite incidental no era en su contra, y (ii) se abstuvo

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Demandante: Rosa Elvira Martínez Rocha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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de sancionar a la juez 22 Civil del Circuito de Bogotá, en atención a que no era
posible conseguir el cumplimiento coercitivo del fallo, pero le llamó la atención
para que, en lo sucesivo, atendiera de manera expedita las órdenes de tutela.

Con base en lo anterior, la accionante interpuso demanda de reparación directa
contra la Nación, Rama Judicial y el Distrito Capital de Bogotá, con el objeto de
que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los
perjuicios ocasionados a ella y a su familia con (i) el desalojo de su local
comercial, (ii) la falta de actuación oportuna por parte del Juzgado 22 Civil del
Circuito de Bogotá para cumplir el fallo de tutela que ordenaba la restitución de la
tenencia del inmueble y (iii) la omisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en sancionar a la juez a pesar del incumplimiento del fallo de tutela.

A través de sentencia del 27 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró la caducidad de la acción.

Como fundamento de su decisión, advirtió que el hecho generador del daño se dio
en la diligencia del 27 de marzo de 2007, fecha en la cual la demandante fue
desalojada del inmueble, así que el término para demandar vencía el 28 de marzo
de 2009, pero la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 11 de mayo
de 2009, cuando ya se había configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante fallo del 4 de
mayo de 2022, revocó la anterior decisión y accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

En primer lugar, aclaró que la demandante solicitaba la reparación de dos daños,
razón por la cual el término de caducidad debía contarse por separado.

Señaló que el daño causado por el desalojo tuvo origen el 11 de mayo de 2007,
esto es, cuando la señora Martínez Rocha entregó el bien en la diligencia
adelantada por la Inspección 2C Distrital de Policía de Bogotá, por lo que la
oportunidad para demandar fenecía el 12 de mayo de 2009.

Resaltó que este término fue suspendido el 11 de mayo del mismo año con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y se reanudó el 10 de
agosto siguiente al declarar fallida esa etapa; por lo tanto, debido a que los dos
días que restaban para el vencimiento del plazo para demandar culminaban el 12
de agosto de 2009 y fue en esa fecha que se radicó la demanda, ésta fue
presentada en el término legal.

Como segunda medida, advirtió que el daño causado por la no restitución del
inmueble luego de la orden de tutela acaeció el 24 de julio de 2007, es decir,
cuando venció el término de 48 horas concedido por el juez constitucional para
volver a realizar la diligencia de entrega del predio, una vez éste conoció de la
orden de amparo.

Sostuvo que el término de caducidad corría hasta el 25 de julio de 2009 y estuvo
suspendido entre el 11 de mayo y el 10 de agosto del mismo año, por lo que al

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igual que en el caso anterior, la demanda también fue presentada oportunamente
pues se radicó solo dos días después de que se declarara fallida la etapa de
conciliación.

En cuanto al fondo del asunto, determinó que la señora Martínez Rocha sufrió un
daño particular y grave que no estaba obligada a soportar (i) porque fue privada de
la tenencia del predio que ocupaba con su establecimiento de comercio, a pesar
de que su calidad de arrendataria le confería el derecho de no ser desalojada en la
diligencia de entrega adelantada en el proceso ejecutivo, y (ii) porque no le fue
restituida la tenencia del bien pues, cuando se intentó cumplir el fallo de tutela que
así lo ordenó, el inmueble había sido demolido.

Precisó que el daño causado por la pérdida de la tenencia del inmueble era
imputable al Distrito Capital de Bogotá, porque el desalojo del local fue ordenado
por la Inspección 2C Distrital de Policía, y que el daño ocasionado por la
imposibilidad de restituir el predio a la víctima era endilgable a la Rama Judicial, ya
que se generó por la demora del Juzgado 22 Civil del Circuito Judicial de Bogotá
en cumplir el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia.

Respecto de la responsabilidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá por no sancionar a la juez del proceso ejecutivo a pesar de incumplir la
orden de amparo, la autoridad judicial no consideró que se le hubiera causado un
daño antijurídico a la demandante porque la falta de sanción no produjo la pérdida
de la tenencia del local ni contribuyó a que no pudiera recuperarla.

Por lo anterior, condenó a las entidades demandadas al pago de los siguientes
conceptos: (i) daño emergente, por los mayores gastos que debió asumir la
víctima directa para trasladar el establecimiento de comercio y (ii) perjuicios
morales para la señora Martínez Rocha, por la particular afectación emocional que
padeció como consecuencia de haber sido privada de la tenencia del inmueble en
el que había desarrollado su actividad comercial.

No obstante, negó la indemnización por concepto de lucro cesante debido a que la
demandante no probó la existencia de una disminución de ingresos sufridos luego
del traslado del establecimiento de comercio y durante los 6 meses siguientes a la
diligencia de entrega; tampoco reconoció perjuicios morales a favor de los demás
demandantes porque no fueron quienes perdieron la tenencia del bien, y sus
afectaciones fueron planteadas como la consecuencia de hechos que no estaban
probados, como la disminución de los ingresos provenientes del establecimiento.

Finalmente, negó la indemnización del daño por la alteración de las condiciones
materiales de existencia, ya que no correspondía a una afectación distinta a los
perjuicios inmateriales previamente estudiados.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, a través de la sentencia de segunda instancia se incurrió en
defecto fáctico.

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Aseveró que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B no le dio el
valor que le correspondía a las pruebas allegadas al expediente, lo cual ocasionó
que no se reconocieran los perjuicios por lucro cesante ni los daños morales
causados a sus tres hijas.

Así mismo, alegó que se configuró un defecto sustantivo pues no se tuvo en
cuenta el artículo 522 del Código de Comercio, el cual contempla que el
arrendador debe indemnizar al arrendatario en el evento que llegue a usar el local
comercial para establecer un negocio parecido al que existía en ese lugar, tal y
como se dio en el presente caso.

Aseguró que su establecimiento de comercio funcionó en ese inmueble por 14
años hasta que fue desalojada arbitrariamente, y posterior a ello se instaló un local
similar al suyo en donde se vendía prácticamente lo mismo que ella ofertaba, pero
frente a ello no se hizo mención alguna en la sentencia cuestionada, ni frente a las
mejoras que tuvo que hacer al inmueble durante el tiempo que lo ocupó en
arrendamiento.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 4 de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.

Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, al director ejecutivo de Administración Judicial, a la alcaldesa de
Bogotá, al secretario de gobierno de Bogotá y a los señores Paula Alejandra
Martínez Rocha, Sandra Milena Martínez, Juan Felipe Patiño Martínez y Diana
Rocío Rocha Martínez, quienes también integraron la parte demandante dentro del
proceso ordinario objeto de controversia.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado ponente de la decisión censurada manifestó que no participaría ni
como parte ni como tercero, y que acataría estrictamente las disposiciones que se
adopten en esta sentencia.

5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C

El secretario de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se limitó a remitir copia digital del expediente del proceso ordinario.

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5.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
entidad solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
porque la vulneración alegada por la accionante no es consecuencia de una
acción u omisión atribuible a esa autoridad.

Así mismo, afirmó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un
mecanismo excepcional que únicamente procede ante la configuración de alguna
de las causales previstas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, situación
que no se presenta en el caso bajo estudio.

Expresó que la solicitud de amparo no puede convertirse en una instancia
adicional de los procesos ordinarios, pues los principios de seguridad jurídica y
coherencia no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones
de los jueces.

Finalmente, adujo que en el expediente no obra prueba alguna de un perjuicio
irremediable causado a la accionante que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio de protección.

5.4. Paula Alejandra Martínez Rocha, Sandra Milena Martínez, Juan Felipe
Patiño Martínez y Diana Rocío Rocha Martínez

Mediante escritos similares radicados el 24 de agosto de 2022, manifestaron
depender económicamente de la accionante para la fecha en la que fue
desalojada de su local comercial, circunstancia que ocasionó que quedaran en la
calle, pobres y afectados moralmente.

Resaltaron que la autoridad judicial se demoró 12 años en resolver el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, profiriendo en todo caso una
decisión contraria a la realidad fáctica y desconociendo sus derechos, ya que
debieron ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento de los perjuicios
morales.

5.5. Alcaldía de Bogotá y Secretaría de Gobierno de Bogotá

No contestaron la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio
les fue notificado electrónicamente a través de Oficios No. 83916 y 83919 del 5 de
agosto de 2022.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo

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2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Cuestión previa

La abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha
entidad, porque la vulneración alegada por la accionante no es consecuencia de
una acción u omisión atribuible a esa autoridad.

Al respecto, se precisa que su vinculación se efectuó en calidad de tercera
interesada debido a que conformó la parte demandada dentro del proceso
ordinario objeto de controversia, razón por la cual su comparecencia resultaba
necesaria en atención a que puede verse afectada por cualquier decisión que se
adopte en el presente trámite constitucional.

Por lo anterior, la Sala negará su solicitud y así será declarado en la parte
resolutiva de esta sentencia.

3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B desconoció sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a una reparación justa, con ocasión de la sentencia del 4 de mayo de
2022, que revocó el fallo del 18 de octubre de 2013, a través del cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C había declarado
la caducidad de la acción y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2009-00537-
01 (49664), promovida por la accionante y otros en contra de la Nación, Rama
Judicial y el Distrito Capital de Bogotá.

Para el efecto, se deberá establecer si la decisión cuestionada incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo, al determinar que no había lugar a condenar a las
entidades demandadas al pago de la indemnización por concepto de lucro cesante
y perjuicios morales para los familiares de la demandante.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce

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(2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3,
conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los

!
2
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Idem.
5
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
censurada se dictó en el trámite del proceso de reparación directa promovido por
la señora Rosa Elvira Martínez Rocha contra la Nación, Rama Judicial y el Distrito
Capital de Bogotá.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6,
toda vez que la decisión cuestionada fue dictada el 4 de mayo de 2022, mientras
que la acción de tutela fue presentada el 28 de julio de 2022, por lo que sin
necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal providencia, se evidencia un
ejercicio oportuno de la solicitud de amparo.

Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera necesario hacer la
siguiente precisión:

La señora Martínez Rocha alegó la configuración de dos defectos en la sentencia
cuestionada, así: (i) fáctico, pues bajo su criterio no se le dio el valor
correspondiente a las pruebas que obraban en el plenario, lo que condujo a que
no se reconociera la indemnización por lucro cesante y perjuicios morales a sus
tres hijas; y (ii) sustantivo, ya que no se tuvo en cuenta el artículo 522 del Código

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6
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo
menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado
del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido
principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que
subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección
oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad
jurídica.
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Demandante: Rosa Elvira Martínez Rocha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-04203-00

de Comercio, el cual contempla que el arrendador debe indemnizar al arrendatario
en el evento que llegue a usar el local comercial para establecer un negocio
parecido al que existía en ese lugar, situación que se presentó en su caso y frente
a la cual no se hizo mención alguna en la providencia de segunda instancia.

Al respecto, la Sala precisa que el argumento relacionado con la indemnización a
cargo del arrendador por la instalación de un local comercial con un objeto social
similar al de la accionante, es un cargo que nunca fue planteado dentro del
proceso ordinario, ya que en ninguna de las pretensiones de la acción de
reparación directa se hizo solicitud alguna en tal sentido.

De hecho, no podía ser de otro modo porque la demanda no iba dirigida en contra
del rematante del inmueble que ocupaba la señora Martínez Rocha, sino que sus
alegaciones se hicieron de forma directa contra la Rama Judicial y el Distrito
Capital de Bogotá, por las irregularidades presentadas con el desalojo del predio y
el incumplimiento de un fallo de tutela.

Así, el argumento según el cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B debió dar aplicación al artículo 522 del Código de Comercio, relativo
a la indemnización antes referida, constituye una afirmación que no fue planteada
en el trámite del proceso ordinario y, por lo tanto, no cumple el requisito de
subsidiariedad que debe caracterizar a la acción de tutela.

En otras palabras, al margen de la razonabilidad de los argumentos planteados
por la parte actora, lo cierto es que el juez constitucional no es competente para
determinar si el proveído bajo cuestionamiento incurrió en defecto sustantivo por la
inaplicación del artículo 522 del Código de Comercio, ya que el análisis sobre la
procedencia de tal indemnización le correspondía al juez natural, ya sea a
instancias de la acción de reparación directa que fue presentada por la parte
actora o en un proceso iniciado directamente contra el rematante ante la
jurisdicción ordinaria.

Sobre el requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución Política
consagró la acción de tutela en los siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

(…)

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)

De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:

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“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo
pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla
fuera de texto)

Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió
aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:

“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que
para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario,
proceda al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias
de que el actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger
de manera inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que
existiendo otro medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el
mecanismo no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de
manera que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro
medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la
acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de
forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección
similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del
amparo tutelar.”

De allí se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa
judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para
sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.

En este caso, tal y como se expuso en líneas precedentes, el argumento
relacionado con la indemnización a cargo del rematante nunca fue planteado por
la parte actora ni en las pretensiones de la demanda, ni en las normas violadas o
en el concepto de su violación, y mucho menos en el recurso de apelación contra
la sentencia que había declarado la caducidad de la acción.

Por tal razón, el cargo referido a la configuración de un defecto sustantivo por la
inaplicación del artículo 522 del Código de Comercio no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por lo que la Sala declarará la improcedencia de la acción frente a
este específico punto.

En lo que tiene que ver con el presunto defecto fáctico en que incurrió la sentencia
cuestionada, se advierte que la parte actora no cuenta con medio de impugnación
ordinario ni extraordinario que resulte ser el mecanismo idóneo para controvertir el

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auto censurado, pues la situación descrita no se ajusta a las causales establecidas
en el ordenamiento jurídico para ello.

Por último, se advierte que el caso objeto de estudio es relevante desde el punto
de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de
tutela se puede colegir que la parte actora pretende poner de presente las
presuntas irregularidades en las que incurrió la autoridad judicial cuestionada, en
tanto involucra la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a una reparación justa, más
allá del debate legal surtido ante el juez natural de la especialidad.

Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial7, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales8.

6. Estudio de fondo

La parte actora considera que se desconocieron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a una
reparación justa, con ocasión de la sentencia del 4 de mayo de 2022, que revocó
el fallo del 18 de octubre de 2013, a través del cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C había declarado la caducidad de
la acción y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2009-00537-01 (49664),
promovida por la accionante y otros en contra de la Nación, Rama Judicial y el
Distrito Capital de Bogotá.

En concreto, asegura que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque no se le dio el valor que le correspondía a las pruebas allegadas al
expediente, lo cual ocasionó que no se reconocieran los perjuicios por lucro
cesante ni los daños morales causados a sus tres hijas.

La Corte Constitucional9 ha considerado que el defecto fáctico tiene relación con la
actividad probatoria desplegada por el juez y comprende el decreto, la práctica y la
valoración de las pruebas.

Al respecto esta Sala de Decisión10, en varios pronunciamientos, ha precisado los
alcances y requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia
de un defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se
configura cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce
!
7
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Puede revisarse la sentencia SU-379 del 20 de agosto de 2019, ponencia del magistrado
Alejandro Linares Cantillo.
10
Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas
obtenidas con violación del debido proceso.

En este caso, la actora se limitó afirmar que la providencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico “al no haberle dado un adecuado valor al material probatorio a todas las
pruebas obrantes en el referido proceso, las que llevaron a que no se reconociera (sic) los
perjuicios por LUCRO CESANTE a la suscrita, ni tenido en cuenta los daños morales
producto de la aflicción que como consecuencia del daño sufrieron mis tres hijas entre ella
(sic) incluida una menor de edad, denotándose falso raciocinio y excediéndose en el
marco de la sana crítica”.

No obstante, la señora Martínez Rocha no indicó de forma clara y expresa cuáles
fueron los elementos de prueba que, en su concepto, fueron valorados
indebidamente por la autoridad judicial, por lo que no es posible hacer un análisis
oficioso del material probatorio allegado al expediente para establecer el criterio
que debía ser tenido en cuenta para determinar el derecho que le asistía a la
demandante para percibir la indemnización por lucro cesante o el pago de los
perjuicios morales para sus hijas.

Se advierte que, si bien se permite a los solicitantes de la tutela un cierto margen
de informalidad tanto en su ejercicio como en el desarrollo argumentativo que
deben realizar en el escrito introductorio, en las acciones dirigidas contra
providencias judiciales se exige la observancia de una carga argumentativa mayor,
sin que ello implique una técnica hermenéutica específica, con el propósito de que
se expliquen los motivos por los cuales un auto o una sentencia vulneran los
derechos fundamentales invocados.

Sin embargo, en este caso la accionante únicamente planteó como inconformidad
que la autoridad judicial no le haya otorgado valor suficiente a las pruebas que
obraban en el expediente, pero no hizo mención clara y concreta de las piezas
cuya indebida valoración generaba la transgresión de sus garantías
fundamentales, ni explicó cuál era el raciocinio que debió efectuar el juez para
decretar a su favor el pago de la indemnización por los conceptos de lucro cesante
y perjuicios morales.

Además, solo citó textualmente el análisis que se efectuó en segunda instancia
sobre la tasación de los perjuicios, bajo el argumento de que no abarcaban por
completo la protección que había sido otorgada por la Corte Suprema de Justicia
en el fallo de tutela del año 2007, sin que de ello se desprenda la presunta
irregularidad en la que sustenta el defecto fáctico alegado.

Por lo tanto, es evidente que la actora no cumplió con una carga argumentativa
suficiente que permita a la Sala estudiar si efectivamente se incurrió en dicho
defecto, por lo que no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre el
particular.

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Así las cosas, al no estar acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
de la parte actora, se denegará el amparo solicitado en lo relativo al defecto
fáctico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva planteada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Rosa Elvira Martínez Rocha, respecto del cargo por defecto sustantivo,
según lo resuelto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por la señora Rosa Elvira
Martínez Rocha, en lo relativo al defecto fáctico, de acuerdo con lo señalado en la
parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”!

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