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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04213-01

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04213-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 7 de diciembre de 2022 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo respecto a la mora judicial y declaró la improcedencia frente a la pretensión de ordenar el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 11 de mayo de 2022 y ordenar el pago de la indemnización reconocida por la UARIV, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04213-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de febrero de 2023

Demandante: Jhon Sebastián Hernández García
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 3 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04213-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-04213-01
Demandante: JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN N.º 3 Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por el señor Jhon Sebastián Hernández
García contra la sentencia del 7 de diciembre de 2022, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo respecto a la mora
judicial y declaró la improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad
frente a la pretensión de ordenar el cumplimiento del fallo de tutela del 11 de mayo
de 2022.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 2 de agosto de 2022 en la oficina de reparto de
la Seccional Tunja1, el señor Jhon Sebastián Hernández García, en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión N.º 3, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la vida.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de: (i) la presunta mora judicial injustificada del Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión N.º 3, al no darle trámite al incidente de desacato iniciado
por el actor al interior del proceso identificado con el radicado N.º 15001-33-33-011-
2022-00122-00 y, (ii) la falta de entrega de la indemnización administrativa
reconocida por la UARIV por el hecho victimizante de reclutamiento ilegal de
menores, a través de la Resolución N.º 04102019-986216 del 11 de agosto de 2020.

1
La acción de tutela fue remitida el mismo día a la Secretaría General del Consejo de Estado.

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Demandante: Jhon Sebastián Hernández García
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 3 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04213-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“1) Que alguien como jefe superior jerárquico del magistrado lo ayude para que la
UARIV cumpla las órdenes.

2) Que el 30-07-2022 en el estudio del método técnico de priorización de la UARIV
discrimine cómo ordenaron en su momento la ponderación de las variables
demográficas en términos de las puntuaciones.

3) Que se discriminen las características ya mencionadas en mis dos
indemnizaciones una por reclutamiento ilegal de menores que corresponde a la
R.U.V. radicado 203062 y la otra correspondiente al desplazamiento forzado que
corresponde R.U.P.D radicado 1268879”.

4. Además de lo anterior, la Sala evidencia que el actor en escrito en el que
subsanó la inadmisión de la demanda señaló como pretensiones adicionales las
siguientes:

“1. Que me indiquen cuándo me desembolsan y/o me lleven a la entidad
bancaria para la materialización de entrega del dinero.

2. Que me indiquen cómo de qué manera y por cuánto tiempo fueron
sancionados por desacato los accionados de la UARIV.

3. Que su señoría y consejero ampare la presente.

4. Que si requiere que se alleguen las piezas procesales por favor las requiera
al Juzgado 11 Administrativo Oral de Tunja, ya que yo no tengo para sacar
fotocopias y los que tengo si los envió desaparecen”.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. Por medio de la Resolución N.º 04102019-986216 del 22 de febrero de 2021,
le fue reconocida una indemnización administrativa por el hecho victimizante de
reclutamiento ilegal de menores de edad, al señor Jhon Sebastián Hernández
García.

6. El 21 de abril de 2022, el actor2 instauró acción de tutela contra la UARIV,
por la falta de desembolso de la indemnización reconocida por parte de la entidad,
que requería para lograr una “estable y duradera resocialización”, pues de esos dineros
dependía la materialización de sus proyectos productivos y de su educación
universitaria.

7. Dicha acción constitucional, fue conocida por el Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja que, mediante fallo del 11 de mayo del mismo

2
El accionante se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita - El Barne.

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año, amparó sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación
administrativa y ordenó:

“(…) a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS que dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del
fallo respectivo, emita pronunciamiento a través del cual establezca un término en
el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización
administrativa que se reconoció a su favor mediante la Resolución No. 04102019-
730824 del 11 de Agosto (sic) de 2020, atendiendo su actual situación
socioeconómica con base en los hechos narrados en la acción de tutela, conforme
se pueda constatar de la información aportada o que allegue el interesado y según
verificación de las bases de datos o sistemas actualizados con que cuenta el Estado
para tal efecto.

La anterior decisión, deberá ser puesta en conocimiento del accionante por parte de
la UARIV dentro del mismo término de cinco (5) días, a través del Director y/o Oficina
Jurídica de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad ‘El Barne’, donde
se encuentra recluido en la actualidad el actor (Patio No. 13), y cuya constancia
deberá allegarse copia al Juzgado una vez se realice la respectiva diligencia de
notificación, como parte fundamental para acreditar el cumplimiento de la presente
decisión judicial”.

8. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
N.º 3, por medio de sentencia del 30 de junio de 2022, confirmó la decisión del a
quo.

9. Ante el incumplimiento de las órdenes de tutela, el 22 de julio de 2022, el
accionante presentó incidente de desacato, razón por la cual, a través de auto de
26 del mismo mes y año, el juzgado requirió al director general de la UARIV para
que rindiera informe acerca de las actuaciones realizadas tendientes a darle
cumplimiento a los fallos del 11 de mayo y 30 de junio de 2022.

10. Mediante contestación, la entidad indicó que la orden impartida era de
imposible cumplimiento en los términos allí condensados, “(…) pues no puede informar
al accionante el término en el que se llevara a cabo el pago de la indemnización
administrativa, pues esta está sujeto a la aplicación del “Método Técnico de Priorización”
tal como los dispuso la Resolución Nº. 04102019-730824 - del 11 de agosto de 2020”. (Sic
a toda la cita). A su vez, se indicó que el responsable de dar cumplimiento a los
fallos de tutela era el representante legal de la Dirección de Reparación de la Unidad
para las Víctimas, por lo cual en providencia de 12 de agosto de 2022, fue vinculado
y requerido.

11. El 23 de agosto de 2022, el recluso insistió en su solicitud de dar apertura al
incidente de desacato.

12. En virtud de la ausencia de respuesta puntual y de fondo a lo requerido por
parte de la entidad, a través de auto de 1º de septiembre de 2022, se dispuso la
apertura del trámite incidental.

13. El 15 de septiembre del mismo año, el Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Tunja, declaró que los vinculados al incidente incurrieron en
desacato, motivo por el cual les impuso las correspondientes sanciones. Dicha
decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
N.º 3, en providencia de 22 del mismo mes y año.

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Demandante: Jhon Sebastián Hernández García
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 3 y otros
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14. El 29 septiembre de 2022, la UARIV solicitó la inaplicación de la sanción
aduciendo la desvinculación de los funcionarios sancionados. Por ello, el 1º de
noviembre siguiente, el juzgado vinculó a la directora de Reparación de la Unidad
para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como responsable directa del
cumplimiento de los fallos de tutela y se requirió para que acreditara ello.

15. El 2 de diciembre del mismo año, tras la persistente falta de cumplimiento, se
vinculó a la directora general de la UARIV, en calidad de superior jerárquico.

16. En consecuencia, el 1º de febrero del presente año, la misma autoridad
judicial accionada dio apertura al trámite incidental en contra de las funcionarias y
las requirió para que rindieran los informes sobre las actuaciones realizadas
respecto del caso.

17. El 14 del mismo mes y año, el juzgado declaró a las funcionarias en desacato
e impuso multa. Al día siguiente, dicha decisión fue remitida al superior jerárquico
para surtir el grado jurisdiccional de consulta.

1.4. Fundamentos de la vulneración

18. El tutelante adujo que ninguna de las autoridades accionadas dio respuesta
a sus peticiones. Respecto al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 3, indicó que
no dieron trámite a las solicitudes de incidentes de desacato presentadas y frente a
la UARIV, de igual forma, mencionó que no cumplió con las órdenes plasmadas en
los fallos de tutela.

19. Relató que, pese a que cuenta con un fallo de tutela que le ordenó a la UARIV
que emitiera pronunciamiento en el cual manifestara en que término se efectuaría,
de manera material, el desembolso de la indemnización administrativa que se
reconoció a su favor mediante la Resolución N.º 04102019-730824 del 11 de agosto
de 2020, lo cierto es que a la fecha no tiene certeza de cuándo se materializará la
entrega del dinero.

20. Así, sostuvo que, a pesar de que ha acudido a la figura del incidente de
desacato en varias oportunidades, puntualmente el 21 de julio de 2022 y el 23 de
agosto de 2022, lo cierto es que a la fecha de interposición de la acción de tutela,
esto es 2 de agosto de 2022, no se ha sancionado a la entidad demandada por el
incumplimiento del fallo de tutela del 11 de mayo de 2022, además, manifestó que
no tiene certeza del tiempo por el que sería sancionada la entidad y qué más puede
hacer para que la UARIV dé cumplimiento al referido fallo de tutela y, se le informe
de manera precisa la fecha en la que se realizará el pago de la respectiva
indemnización, dado que al encontrarse privado de la libertad cuenta con una
posición económica precaria.

1.5. Trámite de la acción de tutela

21. Mediante auto de 8 de agosto de 2022, el magistrado ponente de la decisión
de primera instancia, perteneciente a la Sección Cuarta del Consejo de Estado,

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Demandante: Jhon Sebastián Hernández García
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inadmitió la acción de tutela y requirió al señor Hernández García para que aclarara
y precisara los hechos, pretensiones y argumentos por los cuales consideraba que
las autoridades demandadas se encontraban vulnerando sus derechos
fundamentales.

22. El 18 de agosto del mismo año, profirió auto mediante el cual rechazó la
demanda de tutela, al no encontrar que el actor hubiera dado cumplimiento a lo
solicitado en el auto precedente.

23. El 2 de septiembre de 2022, el actor presentó un memorial mediante el cual
impugnaba la decisión de rechazo, motivo por el cual, en aras de garantizar el
acceso efectivo a la administración de justicia del accionante y en aplicación del
criterio sostenido por la Sección Cuarta, según el cual en el trámite de tutela resulta
procedente el recurso de súplica contra el rechazo de la demanda, se ordenó el
envío del expediente al siguiente magistrado en turno para darle trámite al recurso3.

24. Mediante providencia del 6 de octubre de 2022, el siguiente consejero en
turno resolvió revocar el auto de 18 de agosto del mismo año. Así las cosas, el 24
de octubre siguiente, el magistrado ponente que conoció en primer lugar, admitió el
mecanismo constitucional y dispuso su notificación como partes demandadas al
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 3, al Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y a la Unida para la Atención y
Reparación Integral para las Víctimas.

25. A su vez, ordenó la notificación por aviso a todos los intervinientes dentro de
la acción de tutela identificada con el radicado N.º 15001-33-33-011-2022-00122-
00.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas

26. Por medio de documento allegado el 3 de noviembre de 2022, la
representante legal de la entidad informó que al señor Hernández García se le había
reconocido la indemnización administrativa por el hecho victimizante de
reclutamiento ilegal de menores, por medio de la Resolución N.º 04102019-986216
del 11 de agosto de 2020, sin embargo, no había sido posible su entrega dado que
al aplicársele el Método Técnico de Priorización no se encontró que el actor
estuviera en alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema

3
Si bien es cierto que, para el 18 de agosto de 2022, fecha en la cual se rechazó la acción de tutela
por parte del magistrado Milton Chaves García, no se había remitido escrito de subsanación por
parte del accionante, no es menos cierto que, verificado el expediente no obra constancia de la
notificación personal del auto inadmisorio realizada por el director del centro penitenciarioal señor
Jhon Sebastián Hernández García de acuerdo con el requerimiento realizado por la Secretaría. Por
lo que, no es posible advertir la fecha en la cual el interno conoció el contenido de la decisión judicial.
Así mismo, se advierte que similar situación se presentó con la notificación de la providencia que
rechazó la demanda y de la que concedió el recurso de súplica, pues pese a los múltiples
requerimientos que la Secretaría realizó al director, este no remitió ninguna constancia que diera
cuenta de que el señor Hernández García había sido notificado de las decisiones judiciales.

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vulnerabilidad contenidos en el artículo 4º de la Resolución 1049 de 20194, por lo
cual debía esperarse a la aplicación del método nuevamente el 31 de julio de 2023.

27. En razón de lo anterior, advirtió que surgía una imposibilidad de dar fecha
cierta para pagar la indemnización administrativa, por ello, el requerimiento judicial
al ordenar un trámite a favor del accionante, creaba una obligación irreal a cargo de
la entidad a pesar de la ausencia de objeto jurídico frente a la petición del
accionante, en consecuencia se configuraba la máxima jurídica de que nadie está
obligado a lo imposible, ello ante la imposibilidad de dar trámite alguno por carecer
de competencia legal, jurídica y la flagrante violación al debido proceso.

28. Por último, solicitó que se negaran las pretensiones invocadas por el
tutelante.

1.6.2. Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja

29. Mediante memorial, la juez señaló cada una de las actuaciones surtidas al
interior del proceso de tutela, como pasa a describirse:

• 21 de abril de 2022: el interno Jhon Sebastián Hernández García presentó
acción de tutela.
• 28 de abril de 2022: el mecanismo constitucional fue asignado al despacho
por reparto.
• 2 de mayo de 2022: admisión de la acción tutelar y decreto de pruebas.
• 11 de mayo de 2022: fallo de primera instancia en donde se ampararon los
derechos fundamentales del accionante.
• 23 de mayo de 2022: UARIV presentó impugnación.
• 25 de mayo de 2022: fue concedido el recurso para que fuera desatado por
el Tribunal Administrativo de Boyacá.
• 30 de junio de 2022: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º
3, resolvió la impugnación confirmando el fallo del a quo.
• 21 de julio de 2022: actor solicita dar trámite a incidente de desacato.

4
“Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los efectos del
presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se
encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite:
A. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El presente criterio podrá
ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance en el
pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional.
B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo
definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.
C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos
pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la
Superintendencia Nacional de Salud.
Parágrafo 1. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de indemnización una víctima
advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales B y C del presente artículo,
deberá informarlo a la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas para ser
priorizada en la entrega de la indemnización.
Parágrafo 2. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la discapacidad, dificultad del
desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, ruinosas, catastróficas o de alto costo, a través de
cualquier documento suscrito por el profesional de la salud tratante que sea válido en el país
extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines descritos
en el presente parágrafo, deberá traducirse por el aportante en el idioma español o inglés”.

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• 26 de julio de 2022: se realizan actuaciones previas al trámite incidental,
como requerimiento a las autoridades encargadas.
• 12 de agosto de 2022: fue vinculada otra autoridad al incidente.
• 18 de agosto de 2022: entidad da respuesta a los requerimientos en donde
indica la imposibilidad de definir fecha en plazo razonable para que se realice
la cancelación del beneficio.
• 23 de agosto de 2022: el interno solicita de nuevo el inicio del trámite.
• 1º de septiembre de 2022: se da inicio al incidente de desacato.
• 6 de septiembre de 2022: la UARIV se pronuncia nuevamente sobre el
trámite.
• 15 de septiembre de 2022: se declaran en desacato autoridades de la
entidad.
• 22 de septiembre de 2022: el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión N. º 3 confirmó en sede de consulta el auto de 15 del mismo mes y
año, en virtud a que verificó que la sanción estaba debidamente sustentada
y que a su vez era proporcional conforme a la conducta asumida por los
funcionarios responsables de dar cumplimiento a la sentencia proferida en el
trámite constitucional.
• 29 de septiembre de 2022: la UARIV solicitó la inaplicación de la sanción en
primer lugar, aduciendo la desvinculación de los funcionarios sancionados, y
en segundo lugar, en razón a que expresó que mediante comunicación de
fecha 29 de septiembre de 2022 se le informó al accionante que se aplicó
nuevamente el Método Técnico de Priorización en el que se concluyó que no
era procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya
reconocida en la presente vigencia fiscal, por lo que la Unidad procedería a
aplicarle nuevamente el Método el 31 de julio de 2023, con el fin de
determinar la priorización para el desembolso de la indemnización
administrativa.
• 10 de octubre de 2022: el Despacho obedeció y cumplió lo dispuesto por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de fecha 22 de septiembre
de 2022, y prosiguió con el trámite de verificación de cumplimiento de la
sentencia, para lo cual requirió a otra funcionaria.
• 11 de octubre de 2022: la UARIV solicitó nuevamente que se declarara la
imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo de tutela.
• 1º de noviembre de 2022: se vinculó a la directora de Reparaciones de la
entidad y se requirió por segunda vez para que acreditara el cumplimiento de
las órdenes de tutela.

30. En vista de lo anterior, refirió que no se han vulnerado los derechos
fundamentales del actor, pues, por el contrario, se actuó de manera diligente y
eficaz, ya que se le notificó de todo el trámite de verificación de cumplimiento del
fallo y del incidente de desacato incluyendo la sanción impuesta en el desacato, así
como de las decisiones posteriores. En razón de ello, solicitó la negativa de las
pretensiones.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Boyacá

31. A través de documento remitido el 2 de noviembre de 2022, el magistrado
ponente que profirió entre otros, el fallo de segunda instancia de la acción de tutela
identificada con el radicado N.º 15001-33-33-011-2022-00122-00, en la que se

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ampararon los derechos fundamentales del señor Hernández García, explicó lo
sucedido al interior de dicho proceso, como se comenta a continuación:

• 11 de mayo de 2022: los derechos fundamentales del actor fueron
amparados mediante sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja.
• 30 de junio de 2022: el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
N.º 3 resolvió la impugnación presentada por la UARIV, en la que confirmó
en todas sus partes la providencia del a quo.
• 15 de septiembre de 2022: el juzgado resolvió sancionar por desacato al
director de Reparación de la Unidad para las Víctimas- UARIV, Enrique Ardila
Franco y al director general de la UARIV Ramón Alberto Rodríguez como
superior jerárquico del primero de los mencionados, ante el incumplimiento
de lo ordenado.
• 22 de septiembre de 2022: el tribunal confirmó en sede de consulta la
decisión del 15 del mismo mes y año.

32. Así las cosas, relató que el accionante no cumplía con ninguna de las
causales que permitieran la procedencia de manera excepcional de la tutela contra
sentencia de la misma naturaleza y, se dirigía meramente a lograr el cumplimiento
de las órdenes impartidas en los fallos de primera y segunda instancia de la acción
constitucional. Razón por la cual solicitó la declaración de improcedencia.

1.7. Fallo impugnado

33. Mediante sentencia del 7 de diciembre de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, negó la petición de amparo respecto de la presunta mora judicial
y declaró la improcedencia por no superar el requisito de la subsidiariedad en lo
relacionado a la solicitud de cumplimiento del fallo de tutela.

34. Frente al primer reparo, la Sala encontró que contrario a lo señalado por el
actor, las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en mora judicial, dado
que, actuaron conforme con la normatividad aplicable, de manera diligente y ágil,
tanto así que, fue decidido el trámite incidental y dicha providencia, incluso, fue
objeto de consulta, lo cual, además, desvirtuó alguna negligencia o mora en el
trámite procesal, pues, cuando el accionante acudió a la solicitud de amparo había
transcurrido poco tiempo desde que solicitó la declaratoria de desacato.

35. En lo referente a la solicitud de cumplimiento del fallo del 11 de mayo de
2022, consideró que el mecanismo estipulado en el ordenamiento jurídico para el
cumplimiento de lo ordenado en el trámite de una acción de tutela es el incidente de
desacato que está regulado en el artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991.

36. En consecuencia, se indicó que el señor Hernández García ejerció dicho
mecanismo, el cual cumplió su finalidad, en tanto, fue impuesta la sanción por
desacato al director general de la UARIV y al director de la Unidad de Reparación
de la UARIV correspondiente a 2 SMLMV y 1 SMLMV, respectivamente, decisión
que fue confirmada en el grado jurisdiccional de consulta. En ese orden de ideas,
se advirtió que no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

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1.8. Impugnación

37. La parte actora impugnó el fallo de tutela5 mediante documento remitido el
16 de diciembre de 2022, en el que expresamente indicó “no conforme, impugno”, sin
otra argumentación adicional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
señor Jhon Sebastián Hernández García contra la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia del 7 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada por la
parte actora con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la vida.

40. Por ello se deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en mora judicial
injustificada al no darle trámite al incidente de desacato iniciado por el señor
Hernández García?
• ¿Es la acción constitucional el mecanismo idóneo para solicitar el
cumplimiento de una orden de tutela?

41. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
panorama general de la acción de tutela; ii) subsidiariedad y iii) caso en concreto.

2.3. Panorama general de la acción de tutela

42. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

43. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar

5
El fallo de primera instancia constitucional fue notificado el 15 de diciembre de 2022.

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Demandante: Jhon Sebastián Hernández García
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 3 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04213-01

sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.4. Subsidiariedad

44. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991.

45. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

46. En lo que respecta al primer cargo, el señor Jhon Sebastián Hernández
García expresó su inconformidad con el incumplimiento de las órdenes de tutela
impartidas en el fallo de 11 de mayo de 2022, confirmadas por sentencia de 30 de
junio del mismo año. En estas, tanto el Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
N. º 3 le exigieron a la UARIV, lo siguiente:

“(…) que dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del fallo
respectivo, emita pronunciamiento a través del cual establezca un término en el que
se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa
que se reconoció a su favor mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11
de Agosto (sic) de 2020, atendiendo su actual situación socioeconómica con base
en los hechos narrados en la acción de tutela, conforme se pueda constatar de la
información aportada o que allegue el interesado y según verificación de las bases
de datos o sistemas actualizados con que cuenta el Estado para tal efecto.

La anterior decisión, deberá ser puesta en conocimiento del accionante por parte de
la UARIV dentro del mismo término de cinco (5) días, a través del Director y/o Oficina
Jurídica de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad “El Barne”, donde
se encuentra recluido en la actualidad el actor (Patio No. 13), y cuya constancia
deberá allegarse copia al Juzgado una vez se realice la respectiva diligencia de
notificación, como parte fundamental para acreditar el cumplimiento de la presente
decisión judicial”.

47. En relación con el cumplimiento del fallo de tutela, el Decreto Ley 2591 de
1991, por medio del cual se reglamentó el artículo 86 de la Constitución Política,
estableció en su artículo 27, lo siguiente:

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se
dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y
abra el correspondiente disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y
ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere
procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas
para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato
al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia”. (Negrita y
subrayado fuera del texto).

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48. Respecto del desacato de la orden de tutela, la Corte Constitucional ha
precisado:

“Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva

Dice el artículo 52 del decreto (sic) 2591 de 1991 que ‘La persona que
incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa
hasta de veinte salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se
hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar’. Es, por lo tanto, una sanción y por lo
mismo susceptible al debido proceso.

(…)

Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo
la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad
subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona
para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad
por el solo hecho del incumplimiento”6. (Negrita y subrayado fuera del
texto)

49. Aduciendo a lo anterior, es evidente que un mecanismo idóneo para lograr el
cumplimiento de las órdenes dadas en un fallo de tutela es el incidente de desacato,
como ya lo ha ejercido y frente al cual ya se han proferido decisiones tendientes a
que los funcionarios responsables acaten las sentencias.

50. Por ende, al encontrarse el incidente de desacato en trámite, debe ser este
el escenario donde se resuelvan las inconformidades del actor las veces que
considere necesario y, en este orden de ideas, el juez constitucional no puede
invadir la órbita de competencia del juez natural del proceso y proferir algún
pronunciamiento sobre un tema que solamente le compete al otro, pues se estaría
utilizando la acción constitucional en reemplazo de los medios de defensa
pertinentes establecidos en la ley.

51. Con todo, debe señalarse que, al no encontrar superado el requisito de la
subsidiariedad, se confirmará la providencia impugnada.

2.5. Caso concreto

52. Como segundo cargo, el actor argumentó la configuración de una posible
mora judicial injustificada por parte del Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
N.º 3, al no darle trámite al incidente de desacato instaurado por él, al interior del
proceso constitucional con radicado N.º 15001-33-33-011-2022-00122-00/01.

53. En relación con la naturaleza jurídica del incidente de desacato, la
Corporación de Cierre en materia de derechos fundamentales ha establecido que:

“El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a
petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio
Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de

6
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-763 del 07.12.98., M.P. Alejandro
Martínez Caballero.

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sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda
las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos
fundamentales. De acuerdo con su formulación jurídica, el incidente de
desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en el
ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter
incidental. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que puede
ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario,
dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre los
objetivos del incidente de desacato está sancionar el incumplimiento del fallo
de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca
lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales con ella
protegidos”7.

54. Teniendo en cuenta que la responsabilidad de propender porque se dé el
cumplimiento de las órdenes plasmadas en el fallo de tutela, es del juez que conoce
el proceso en primera instancia, se observarán las actuaciones realizadas por el
Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, tendientes a ello.

55. De la respuesta remitida por el juzgado al presente proceso, así como la
información contenida en el Sistema de Gestión Judicial – Siglo XXI, se evidencia
que el actor solicitó el inicio del trámite incidental el 21 de julio de 2022 y el 26
siguiente, la autoridad judicial accionada de forma diligente requirió a los
funcionarios encargados de darle cumplimiento a las órdenes, para que se
pronunciaran sobre ello.

56. Así, después de todo el procedimiento legal establecido, el 1º de septiembre
de 2022 se dio apertura al incidente y el 15 siguiente se declararon en desacato los
funcionarios responsables a quienes se sancionaron. Esa providencia fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 3, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta.

57. No siendo ello suficiente, y en atención a la comunicación de la UARIV en
donde indicaba que los funcionarios sancionados ya no hacían parte de la entidad,
el juzgado vinculó a la nueva funcionaria responsable de dar cumplimiento al fallo
de tutela y después de surtir todas las etapas, el 14 de febrero de 2023, declaró el
desacato e impuso la multa correspondiente.

58. Posteriormente, el 15 de febrero del presente año, el expediente fue enviado
al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N. º 3 para que resolviera el
grado jurisdiccional de consulta, lo cual actualmente se encuentra en trámite.

59. En consecuencia, para esta Sala de Decisión es evidente que ambas
autoridades judiciales accionadas han cumplido con su deber de propender por el
cumplimiento de las órdenes de tutela, de manera diligente y eficaz, requiriendo,
vinculando e imponiendo sanciones a todos los funcionarios involucrados y
responsables de adelantar trámites para la posible superación de la situación
vulneratoria de los derechos fundamentales del accionante.

60. Por ende, no se encuentra ningún motivo para considerar que los jueces
constitucionales que tuvieron conocimiento del proceso identificado con radicado

7
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-512 del 30.06.11., M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.

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N.º 15001-33-33-011-2022-00122-00/01, incurrieron en alguna mora judicial
injustificada, pues, por el contrario, respetaron cada una de las etapas del
procedimiento, no hubo dilación alguna y se llegó hasta las máximas consecuencias
ante el incumplimiento del fallo.

61. Así las cosas, se negará la presente pretensión y confirmará el fallo de
primera instancia proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues no
se avizora lo argumentado por el tutelante.

2.6. Conclusión

62. Así las cosas, se observa que en el caso que nos ocupa hay lugar a confirmar
la decisión del a quo, en atención a que no se supera el requisito de la
subsidiariedad por tener el actor a su disposición el incidente de desacato y a que
no existió mora judicial respecto de las autoridades judiciales accionadas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 7 de diciembre de 2022 proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo respecto a
la mora judicial y declaró la improcedencia frente a la pretensión de ordenar el
cumplimiento del fallo de tutela proferido el 11 de mayo de 2022 y ordenar el pago
de la indemnización reconocida por la UARIV, de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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