Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04220-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04220-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04220-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04220-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de septiembre de 2022
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
Demandante: LEONARDO AUGUSTO TORRES CALDERÓN
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
TEMA: Tutela de fondo – Niega por temeridad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Leonardo Augusto
Torres Calderón contra el “Presidente de la República, doctor Iván Duque Marquez (sic) o quien
lo reemplace, doctor Gustavo Petro, y los señores Guillermo Enrique Escobar Florez (sic) y Rafael
Giovanni Guarín Cotrino”, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 3 de agosto de 2022, el señor Leonardo Augusto Torres
Calderón, en nombre propio, presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al “debido proceso administrativo, (…) al trabajo en condiciones
dignas (…) a la igualdad (…) al libre desarrollo a la personalidad (…) a escoger profesión u oficio
(…) a la honra”.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la expedición de
los Decretos 1415 y 1417 del 29 de julio de 2022, por medio de los cuales el entonces
presidente de la República designó en interinidad como notarios 64 y 32 del Círculo de
Bogotá, a los señores Rafael Giovanni Guarín Cotrino y Guillermo Enrique Escobar
Flórez, respectivamente.
1.2. Pretensiones
En el escrito de tutela, se presentaron las siguientes:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
“1. Se revoque el Decreto 1415 del 29 de julio de 2022, mediante el cual el Presidente
de la República designó en interinidad como notario 64 del Círculo de Bogotá al señor
Rafael Giovanni Guarín Cotrino identificado con cédula de ciudadanía 79.658.272,
sin haber tramitado mi petición de derecho de preferencia formulada el 3 de junio de
2022.
2. Se revoque el Decreto 1415 del 29 de julio de 2022, mediante el cual el Presidente
de la República designó en interinidad como notario 32 del Círculo de Bogotá al señor
Guillermo Enrique Escolar Flórez identificado con cédula de ciudadanía 79.786.664
expedida en Bogotá ciudadanía 79.658.272, sin haber tramitado mi petición de
derecho de preferencia formulada el 25 de julio de 2022.
3. Se revoquen todos los decretos de nombramiento en interinidad que expida o
llegue a expedir el Presidente de la República en las notarías 61, 76, 23, 75, 69 y 24
del Círculo de Bogotá.
4. Se advierta al señor Presidente de la República que en el futuro, antes de proceder
a realizar un nombramiento en interinidad de notarios, debe solicitar a la Secretaría
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, adelantar el procedimiento de
derecho de preferencia establecido en el Acuerdo 003 de 2014, para evitar la
vulneración del derecho de carrera de preferencia establecido en el numeral 3 del
artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970” (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
De lo informado por la parte actora y lo aportado con su escrito inicial, se resalta lo
siguiente:
1. El 22 de diciembre de 2016, el señor Leonardo Augusto Torres Calderón fue
nombrado en propiedad como notario 74 del Círculo de Bogotá, cargo en el cual se
posesionó el 8 de marzo de 2017.
2. Desde su lugar de domicilio hasta donde queda ubicada la notaría, le toma entre una
hora y hora y media de recorrido, a causa de las distintas obras que se adelantan en la
ciudad.
3. En ejercicio del derecho de preferencia, con peticiones de 3 y 17 de junio y 25 de
julio de 2022 dirigidas al Consejo Superior de la Carrera Notarial, solicitó su traslado a
alguna de las notarías 23, 24, 32, 61, 64, 75, y 76 del Círculo de Bogotá, las cuales se
encuentran vacantes por distintos motivos.
4. Aseguró que, a pesar de sus requerimientos, se nombró en interinidad a Rafael
Giovanni Guarín Cotrino en la notaría 64 sin resolver su solicitud.
5. Del mismo modo ocurrió con la vacante de la notaría 32, donde se nombró en
interinidad al señor Guillermo Enrique Escobar Flórez.
6. Relató los casos de distintos notarios, entre ellos su predecesora, que en ejercicio
del derecho de preferencia han logrado trasladarse a distintas notarias vacantes.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
7. Adujo que, comoquiera que no se ha realizado un nuevo concurso de méritos para
proveer las vacantes de notarios existen más de 150 notarios designados en interinidad,
actualmente se replica la situación acaecida en el año 2009, donde la Corte
Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en la sentencia SU – 913 de
2009.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El actor expuso que, de conformidad con el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, los
notarios en carrera tienen la posibilidad de ser nombrados, de manera preferente, en otra
notaría que se encuentre vacante dentro de la misma circunscripción y categoría. La
anterior norma fue declarada exequible en la sentencia C – 153 de 1999.
Manifestó que, aunque aquella prerrogativa trató de ser limitada mediante el Decreto
2054 de 16 de octubre de 2014, dicha disposición fue anulada por el Consejo de Estado
en providencia de 13 de mayo de 2021.
A su vez, explicó que actualmente el trámite del ejercicio del derecho de preferencia debe
entenderse regulado por el Acuerdo 003 de 2014 del Consejo Superior de la Carrera
Notarial, disposición que contiene un protocolo para tramitar una solicitud de este tipo.
Lo anterior, en el entendido que lo dispuesto sobre el particular en el Acuerdo 001 de
20211, expedido por el mismo Consejo, donde pretendió regular el ejercicio del derecho
de preferencia, fue revocado por el Acuerdo 001 de 2022, lo que genera la reviviscencia
de la norma anterior.
Consideró que, el hecho que no se haya expedido la legislación respectiva sobre el
derecho de preferencia, no es excusa para que se impida su ejercicio en tanto que está
contenido en la Ley 960 de 1970 y, en todo caso, el Acuerdo 003 de 2014 no ha sido
declarado nulo y contiene el procedimiento que la autoridad en la materia, esto es, el que
el Consejo Superior de la Carrera Notarial contempló para su aplicación.
Partiendo de lo expuesto, señaló que, si bien el artículo 2 de la Ley 588 de 2000 permite
el nombramiento de notarios en interinidad, lo cierto es que la lectura de dicha norma
debe entenderse condicionada a que no existan solicitudes de aplicación del derecho de
preferencia, en atención a las garantías derivadas del desempeño en propiedad del
cargo, las cuales son estudiados en la sentencia C – 741 de 1998.
Consideró que actualmente solo cuenta con el medio constitucional para procurar la
protección de sus derechos de carrera que han sido conculcados por la Presidencia de
la República al desconocer sus peticiones de aplicación del derecho de preferencia.
Finalmente, reiteró que a pesar del mandato constitucional contenido en el inciso 2 del
artículo 131 superior, la Presidencia de la República se ha apartado del deber de
1 “Por el cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia
consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
convocar el concurso respectivo para nombrar notarios en carrera y, adicionalmente,
impide que aquellos que ya se encuentran en propiedad puedan ejercer su derecho de
preferencia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 8 de agosto de 2022, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar al presidente de la República y a los señores Guillermo Enrique Escobar
Flórez y Rafael Giovanni Guarín Cotrino, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados.
En la misma oportunidad, se vinculó como terceros con interés en el resultado del proceso
a los notarios 64, 32, 61, 76, 23, 75, 69, 52 y 24 del Círculo de Bogotá, al Consejo Superior
de la Carrera Notarial, a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial,
al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Superintendencia de Notariado y Registro.
Igualmente, se requirió al accionante para que aportara las constancias de envío,
radicación y recibo de las peticiones de 3 y 17 de junio y 25 de julio de 2022.
Por otra parte, se negó la medida provisional deprecada, consistente en que se revocaran
los Decretos 1415 y 1417 del 29 de julio de 2022, por medio de los cuales el entonces
presidente de la República designó en interinidad como notarios 64 y 32 del Círculo de
Bogotá, a los señores Rafael Giovanni Guarín Cotrino y Guillermo Enrique Escobar
Flórez, respectivamente, así como todos aquellos actos que se expidan para el
nombramiento en interinidad de los notarios 61, 76, 23, 75, 69, y 24 del Círculo de Bogotá,
pues no se evidenció la urgencia y necesidad que requiere dicha figura.
Adicionalmente, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela de la
referencia, con el fin ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
El 30 de agosto de 2022, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó que se
encontraba impedido para conformar la Sala de Decisión en este caso, por cuanto en su
calidad de presidente del Consejo de Estado hace parte del Consejo Superior de la
Carrera Notarial, entidad que fue vinculada por tener un interés directo en el resultado del
proceso lo que corresponde al numeral 1° del artículo 57 de la Ley 906 de 20042.
En auto de 1° de septiembre de 2022 se declaró probado el impedimento y se apartó al
magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio del conocimiento de esta tutela.
2 De conformidad con el numeral 1° del artículo 57 de la Ley 906 de 2004: 1. Que el funcionario judicial, su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo
electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Eugenio Gil Gil
El notario 52 del Círculo de Bogotá, acudió al proceso para manifestarse a favor de lo
planteado por el actor, para el efecto, resaltó que el régimen de carrera notarial es de
naturaleza constitucional y que el derecho de preferencia se encuentra consagrado en la
ley sin necesidad de reglamentos intermedios para su ejercicio, por lo que la provisión de
notarías en interinidad sin resolver primero las peticiones de traslado trasgrede el fuero
notarial en propiedad.
A su juicio, la Ley 960 de 1970 establece un término de cinco días para que el nominador
informe al Consejo Superior de la Carrera Notarial sobre la existencia de una vacante
quien, a su vez, informará al Gobierno Nacional sí hay listas de elegibles vigentes o
solicitudes de aplicación del derecho de preferencia para que se provea el cargo en
propiedad, sobre dicho trámite consideró que la Ley 1437 de 2011 tiene suficientes
normas sobre procedimiento administrativo que evitan que exista algún vacío normativo
que impida cumplir con el mandato legal.
1.6.2. Juan Carlos Vargas Jaramillo
El notario 42 del Círculo de Bogotá, quien además afirmó ser parte del Consejo Superior
de la Carrera Notarial, consideró que lo expuesto por el actor es acertado, en tanto que
el precepto legal que brinda a los notarios en carrera el derecho de optar por una vacante
de manera preferente se encuentra vigente y su desconocimiento, a través de
nombramientos en interinidad vulnera los derechos de quienes fueron vinculados en
propiedad.
Afirmó que tales argumentos han sido expuestos por su parte en las sesiones del Consejo
Superior de la Carrera Notarial.
1.6.3. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
A través de apoderado se señaló que, ante la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales, la tutela debía ser declarada improcedente, aunque no ahondó en qué
circunstancias del caso en concreto lo llevó a dicha conclusión.
Como segundo punto afirmó que, el actor cuenta con los medios de control contenidos
en la Ley 1437 de 2011 para proteger sus derechos, por lo que la acción de tutela no
debe superar el requisito de subsidiariedad, con todo, no explicó a qué medio de control
en específico hacía referencia.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
Adicionalmente, consideró que se configuraba la falta de legitimación en la causa por
pasiva, tanto del presidente de la República como de la Presidencia de la República, en
tanto que el procedimiento para el nombramiento de un notario de primera categoría,
como corresponde a los cargos que reclama el actor, debe ser tramitado primero por el
ministro de Justicia con la información que aporte el Consejo Superior de la Carrera
Notarial y, posteriormente, es la Superintendencia de Notariado y Registro quien confirma
al seleccionado. En consecuencia, concluyó que corresponde al Consejo Superior de
Carrera Notarial, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio de Justicia,
evaluar las particularidades propias de cada caso concreto, sin que el primer mandatario
tenga competencia u oportunidad para discutirlas.
Ahondó en que, de conformidad con el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, el
representante de un organismo estatal es el respectivo ministro y es esa autoridad quien
debe concurrir en tanto que cualquier orden que se le imparta al presidente de la
República conduciría a una extralimitación de sus funciones.
Igual solicitud elevó frente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, por cuanto dicha entidad no tiene funciones relacionadas con lo pretendido
por el actor y se limita a brindar apoyo logístico al presidente de la República.
1.6.4. Superintendencia de Notariado y Registro y Consejo Superior de la Carrera
Notarial
La jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro quien
también expresó que actuaba en nombre del Consejo Superior de la Carrera Notarial,
concurrió al proceso oponiéndose a las pretensiones.
Para el efecto, aclaró que, en efecto, el derecho de preferencia se encuentra consagrado
en la Ley 930 de 1970; no obstante, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo
Superior de la Carrera Notarial ha intentado crear lineamientos estrictamente operativos
para adelantar el trámite de dicha figura; sin embargo, sus disposiciones han sido
declaradas nulas por el Consejo de Estado3, en tanto que esta Corporación ha entendido
que esos actos administrativos han desbordado sus competencias para “reglamentar los
aspectos relacionados con el nombramiento de los notarios, ni asunto alguno derivado de la
carrera notarial, tales como los derechos, como lo es el caso del derecho de preferencia”.
En ese sentido, afirmó que no es cierto que actualmente exista alguna disposición vigente
sobre el trámite del derecho de preferencia pues el Acuerdo 003 de 2014 citado por el
actor, se basaba en lo dispuesto en el Decreto 2054 de 2014 norma que, al ser declarada
nula, torna inaplicable el referido acuerdo.
3
Hace referencia a los radicados 11001-03-25-000-2014- 01431-00 (4668-2014), de la Sección Segunda
Subsección “A” del Consejo de Estado, sentencia de 13 de mayo de 2021 que declaró nulo el Decreto 2054
de 2014 y; 11001032500020140143100 de la misma Sección y Subsección, que el 13 de mayo de 2022
suspendió el Acuerdo 01 de 2021.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
Siendo así concluye que, ante la falta de regulación del ejercicio del derecho de
preferencia, la actividad notarial no puede suspenderse y por lo tanto debe darse
aplicación al artículo 2 de la Ley 588 del 2000, acudiendo a la figura de la interinidad.
Al referirse al caso en concreto, manifestó que si lo pretendido es que se revoquen los
nombramientos en interinidad, puede acudir a la solicitud de revocatoria directa, o en su
defecto, demandarlos a través de los medios de control de nulidad electoral o nulidad y
restablecimiento del derecho. De la misma forma, si lo que se busca es que se dé
aplicación directa a la Ley 930 de 1970, cuenta con la acción de cumplimiento.
Frente a los casos enunciados por el actor donde sí se ha dado aplicación al derecho de
preferencia, informó uno a uno señalando que, aquellos donde se concretó el trámite fue
en momentos en que se encontraban vigentes las disposiciones que luego fueron
anuladas o suspendidas por el Consejo de Estado.
Finalmente, acusó un actuar temerario y de mala fe por parte del actor, en tanto que esta
acción de tutela duplica la solicitud de amparo que impulsó el señor Torres Calderón ante
el Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, con el radicado 11001-31-05-033-
2022-00361-00.
1.6.5. Ramón Alberto Lozada de la Cruz
El notario 75 del Círculo de Bogotá, manifestó que se encuentra vinculado en propiedad
en la referida oficina, sin que haya cumplido edad de retiro forzoso, por lo que no entiende
por qué el actor pretende ser trasladado allí, por lo tanto, sugirió que lo adecuado es que
se enfoque en las labores de su propia notaría.
1.6.6. Los demás vinculados se abstuvieron de comparecer en la oportunidad otorgada,
el actor, por su parte, allegó las constancias requeridas en memorial de 9 de agosto de
2022.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Cuestión previa
En la intervención del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se
solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad,
de la Presidencia de la República y del presidente de la República, por cuanto no tienen
relación alguna con la vulneración de los derechos alegados.
Sobre este punto, se tiene que, tanto la Superintendencia de Notariado y Registro como
el mismo Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, informaron que,
para la elección de notarios de primer nivel, como señalaron que está calificado el cargo
del actor, se realiza un trabajo conjunto entre el Consejo Superior de la Carrera Notarial,
el Gobierno Nacional y la mencionada Superintendencia.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
En ese orden de ideas, si lo pretendido por el accionante es que se realice un juicio
constitucional sobre la posible vulneración de derechos fundamentales con la
designación en interinidad de notarios y, puntualmente, ataca los nombramientos
efectuados por el presidente de la República, es claro que existe una relación jurídico
procesal entre quien inició el medio constitucional y dicha autoridad, al margen de si se
encuentra probada la afectación de las garantías superiores invocadas o no. Por lo tanto,
no hay lugar a desvincular al presidente de la República.
Por otra parte, debe resaltarse que esta Sala, en momento alguno, dispuso la vinculación
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pues, expresamente,
se consignó en el auto de 8 de agosto de 2022 que la autoridad accionada es el
presidente de la República.
Ahora bien, si luego de que se efectuara la notificación de la admisión de la tutela al
correo respectivo4 de la Presidencia de la República quien compareció fue su
Departamento Administrativo, se entiende que esto corresponde al manejo interno de la
entidad en materia de defensa en procesos judiciales y del primer mandatario, por lo que
no hay lugar a disponer su desvinculación.
2.2. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Leonardo Augusto Torres Calderón contra el “Presidente de la
República, doctor Iván Duque Marquez (sic) o quien lo reemplace, doctor Gustavo Petro, y los
señores Guillermo Enrique Escobar Florez (sic) y Rafael Giovanni Guarín Cotrino”, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a
los derechos fundamentales al “debido proceso administrativo, (…) al trabajo en condiciones
dignas (…) a la igualdad (…) al libre desarrollo a la personalidad (…) a escoger profesión u oficio
(…) a la honra” del tutelante por parte de la Presidencia de la República y las demás
entidades vinculadas, al no dar trámite a su solicitud de ser nombrado como notario en
una oficina distinta, en ejercicio de su derecho de preferencia.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de
la acción de tutela; (ii) la actuación temeraria en la acción de tutela; (iii) el derecho de
petición; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
4
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de
1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción
de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos
fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su
ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir
a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable5.
2.5. La actuación temeraria en la acción de tutela
Esta Sección ha considerado que la temeridad se configura cuando concurren los
siguientes elementos6: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii)
identidad del demandante, en tanto la segunda petición de amparo se presenta por la
misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción7.
En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de la
acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado8:
"[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que
vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer un interés
individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin
tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante
las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser valorada
cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la
conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la
simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal
conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en
que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso […]”
Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de cosa
juzgada constitucional y temeridad, ha precisado9:
“[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por una parte
la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante actúa de mala fe,
por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual no se requiere tal elemento
para su consolidación, en consecuencia solo se necesita que el accionante presente varias
veces una demanda de tutela por los mismos hechos sin justificación alguna. No obstante,
esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una acción de
amparo por temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de mala fe del
peticionario, toda vez que supone una restricción legitima al derecho fundamental
5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de junio de
2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Leonardo Alberto Álvarez Parra.
7 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
8 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
9 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Leonardo Ernesto Vargas Silva.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
que implica el ejercicio de la acción de tutela. La temeridad se configura cuando
concurren los siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos;
(iii) identidad de pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación
de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.
Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala precisa que
en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta sucesivas o
múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes situaciones: i) que exista
cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una
acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro proceso de igual
naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las
que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de
buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre
la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de
amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una
muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más
solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin que
ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada […]”10. (Subrayado y negrilla por fuera del
texto)
Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada constitucional,
se acotó:
“A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado
que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir de triángulos
procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más acciones de tutela se reúnan
las mismas identidades de partes, causa petendi y objeto, puede entenderse que aquella
institución se configura”.
También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional, precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente11:
“Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente y
afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar fundada
en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad
se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii)
identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en
la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del libelista.
Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela no
genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada como
temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia del actor o el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:
“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva o
múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen elementos
materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no. En ese sentido,
la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares no hace que la tutela
10 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Leonardo Ernesto Vargas Silva.
11 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas Ríos.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el encargado
de establecer si ocurre su configuración en cada asunto sometido a su
competencia”12” (Énfasis propio).
2.6. Del derecho de petición
En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la posibilidad
que tienen todas las personas de “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. El mismo artículo superior
precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales.
El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, en el sentido
de indicar que: “(…) reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido
de lo decidido”.
También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición.
Respecto a la oportunidad, por regla general, a lo previsto en el artículo 5º del Decreto
Legislativo 491 de 28 de marzo de 202013 que amplió los términos señalados en la Ley
1755 de 2015, para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término
allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o
el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante,
puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la
solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con
lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello
preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que
12 Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”.
13 El artículo 5º del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, establece:
“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren
en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos
señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a
su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días
siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en
el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en
que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este
artículo. (…)” (Énfasis propio)
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera
clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con
los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de
la respuesta dada.”
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario,
lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva,
es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea
conocida a plenitud por el solicitante.”
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y
a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a)
la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad
entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de
manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición
y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la
obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión
distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.7. Caso concreto
En este caso se tiene que el actor, en ejercicio del derecho de preferencia del cual es
acreedor en virtud de su nombramiento en propiedad del cargo de notario, solicitó su
traslado a una de las vacantes que hay en el Círculo de Bogotá en distintas notarias del
Distrito Capital.
Aseguró que, en lugar de atender a lo solicitado, el presidente de la República optó por
proveer las vacantes en interinidad, lo que desconoce la Ley 960 de 1970, los derechos
de carrera y el hecho que, para el ejercicio del derecho de preferencia no es necesario
una regulación intermedia que establezca la forma de tramitar dichas peticiones.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
Igualmente, señaló que los cargos que se encuentran disponibles deberían ocuparse
previo concurso de méritos, lo cual no ha sido realizado por la parte accionada.
En el informe rendido por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, se advirtió la temeridad de la parte actora por cuanto lo
pretendido en este proceso ya fue materia de discusión en una acción de tutela conocida
por el Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá.
Sobre este punto se tiene que, en memorial de 19 de agosto de 2022, el Juzgado 33
Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, allegó la sentencia de 16 de agosto de 2022
donde aquella autoridad dispuso:
“Frente a este punto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que una acción
de tutela es temeraria si el accionante presenta varias acciones ante varios jueces o
tribunales sin motivo alguno y la jurisprudencia ha determinado que una acción de
tutela es temeraria cuando existe identidad de partes, identidad de hechos, identidad
de pretensiones y ausencia de justificación frente al ejercicio de la nueva acción.
Se le recuerda al accionante que NO basta el hecho de cambiar a un sujeto procesal,
en el caso que cursa ante el Consejo de Estado vinculando a la Presidencia de la
República o adicionando derechos como el de petición para evadir la situación de
simultaneidad de acciones de tutela ante la jurisdicción constitucional, y en tal sentido
este Despacho procederá a informar al Consejo de Estado de la existencia de esta
acción constitucional dada las características análogas que envuelven dicha acción
por unos hechos similares a la que cursa en el alto tribunal de lo contencioso
administrativo.”
Por lo anterior, en comunicación telefónica con el mencionado juzgado, se obtuvo acceso
al expediente electrónico del proceso 11001-31-05-033-2022-00361-00, con lo cual se
logró la información necesaria para verificar la presunta temeridad, así:
Proceso 2022-04220-00 Consejo de Proceso 2022-00361-00 Juzgado
Estado Laboral
Partes: Leonardo Augusto Torres Partes: Leonardo Augusto Torres
Calderón contra Presidencia de la Calderón contra la Nación – Ministerio de
República, Guillermo Enrique Escobar Justicia y del Derecho, la Secretaría
Flórez y Rafael Giovanni Guarín Cotrino Técnica del Consejo Superior de la
Carrera Notarial, Guillermo Enrique
Escobar Flórez y Rafael Giovanni Guarín
Cotrino
Causa: En 26 hechos expone lo atinente Causa: En 26 hechos expone lo atinente
a su acceso como notario en carrera, las a su acceso como notario en carrera, las
solicitudes que ha realizado en ejercicio solicitudes que ha realizado en ejercicio
del derecho de preferencia, la falta de del derecho de preferencia, la falta de
trámite de estas, los casos en los que sí se trámite de estas, los casos en los que sí se
ha permitido el traslado y que no se ha ha permitido el traslado y que no se ha
convocado a concurso. Incluyendo que no convocado a concurso. Incluyendo que no
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
se tramitó su solicitud de ejercicio delse tramitó su solicitud de ejercicio del
derecho de preferencia. derecho de preferencia.
Objeto: (i) la revocatoria de los actos Objeto: (i) que la Superintendencia de
administrativos con los cuales se nombróNotariado y Registro se abstenga de
en interinidad a los notarios 64 y 32 del
confirmar los nombramientos en
Círculo de Bogotá; (ii) la revocatoria de los
interinidad de las notarías 64 y 32 del
nombramientos en interinidad que se Círculo de Bogotá; (ii) que el Ministro de
hagan en otras notarías vacantes (23, 24,
Justicia se Abstenga de posesionar a
61, 69, 75 y 76) y; (iii) se advierta alGuillermo Enrique Escobar Flórez y Rafael
presidente sobre la necesidad de agotar el
Giovanni Guarín Cotrino en las
trámite respectivo para proveer dichos mencionadas notarías y; (iii) que aquellas
cargos. autoridades se abstengan de confirmar y
posesionar a quienes lleguen a designarse
en interinidad para otras notarías vacantes
(23, 24, 61, 69, 75 y 76)
• Ambos escritos fueron radicados el 3 de agosto de 2022
Si bien, en principio, las partes no son exactamente las mismas, esto, por cuanto en este
proceso la tutela se dirigió contra el presidente de la República y los particulares
designados en las notarías 32 y 64 del Círculo de Bogotá, mientras que el proceso
conocido por el Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá se tuvo como
accionado al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Secretaría Técnica del Consejo
Superior de la Carrera Notarial y a los mencionados particulares, lo cierto es que ambas
acciones pretenden lo mismo y, a pesar de los sutiles cambios incorporados,
sustancialmente, sí configuran un actuar temerario por parte del señor Leonardo Augusto
Torres Calderón, como pasa a explicarse.
En primer lugar, desde el auto admisorio de este proceso se advirtió que, si bien la tutela
tenía como única entidad accionada al presidente de la República, era clara la necesidad
de vincular a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Consejo Superior de la
Carrera Notarial y al Ministerio de Justicia y del Derecho en atención a su participación
en el trámite de postulación, nombramiento, posesión y confirmación de notarios, por lo
que, al margen de la variación que realizó el actor, es evidente que las entidades que
debían concurrir eran las mismas que en el expediente del Juzgado 33 Laboral del
Circuito de Bogotá.
A su vez no hay duda de que la causa de ambos procesos es exactamente la misma, de
hecho, la narración fáctica que sustenta ambas acciones de tutela es idéntica.
Frente a las pretensiones, el actor intentó presentar el objeto de los procesos como algo
distinto, es decir, mientras que en esta tutela invocó una “revocatoria” de los actos
administrativos expedidos por el presidente de la República, en el proceso 2022-00361
habló de un “abstenerse de posesionar y confirmar”; no obstante, para efectos del juicio
de temeridad, ambos escenarios buscan lo mismo, en resumen, suspender y cesar los
nombramientos en interinidad de las notarías 64 y 32.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
En este punto, debe recordarse que la figura de la prohibición de la temeridad no es un
capricho del legislador, sino que su existencia obedece al deber de proteger principios
como son la cosa juzgada y la seguridad jurídica, en ese sentido, lo que de fondo trata
de impedirse no es que se presenten demandas formalmente iguales, sino que se inicien
acciones paralelas que puedan conducir a que dos autoridades judiciales constitucionales
emitan decisiones sobre un mismo caso, eventualmente, contradictorias.
Siendo así, que se decrete la revocatoria de los nombramientos de los notarios 32 y 64,
o que se ordene a las autoridades administrativas que se abstengan de posesionarlos y
confirmarlos busca en el fondo lo mismo, esto es, que los señores Guillermo Enrique
Escobar Flórez y Rafael Giovanni Guarín Cotrino no puedan ejercer como notarios y las
vacantes continúen para que sean provistas mediante la figura del derecho de
preferencia.
Es tanto así que, si eventualmente esta Sala negara el amparo y la Jurisdicción Laboral
hubiera accedido a lo pretendido, existiría entonces un acto de nombramiento avalado
por esta Corporación, pero que no puede materializarse por lo dispuesto por el Juzgado
33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá.
A su vez, si las decisiones fueren en el sentido opuesto, entonces las autoridades estarían
obligadas a dejar en firme la posesión y confirmación de los notarios 32 y 64, pues el juez
Laboral negó la tutela presentada contra dichas decisiones, pero tendrían una
imposibilidad de cumplir dicha orden en tanto que esta Sala habría dejado sin efectos 14
sus nombramientos, los cuales son actos administrativos de condición necesarios para
la posesión.
Nótese que, si bien el proceso de selección de notarios tiene varias etapas y cada una
corresponde a una autoridad independiente, lo cierto es que todas ellas se concretan en
una sola actuación administrativa pues constituyen actos administrativos que se dirigen
al objetivo final de proveer la vacante, por lo que atacar el nombramiento, la posesión o
la confirmación por la vía de tutela, termina llevando al mismo fin, se itera, evitar que los
notarios interinos 32 y 64 sigan ejerciendo el cargo.
Ahora bien, se resalta que ambos escritos de tutela fueron radicados en la misma fecha,
3 de agosto de 2022, lo que implica que no puede argumentarse la existencia de un hecho
nuevo y determinante entre la interposición de una y otra.
Con todo, se observa que en los días 10 y 18 de agosto de 2022 el actor radicó dos
memoriales donde aporta, entre otros documentos, el escrito de impugnación contra la
sentencia proferida por el Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, con la
finalidad que sus argumentos sean tenidos en cuenta en este proceso.
En el mencionado escrito, el libelista asegura que no existe una actuación temeraria por
14 Recuérdese que la figura de la “revocatoria” es un trámite administrativo, por lo que se entiende que en
caso de accederse por vía de tutela a las pretensiones del actor se hubiere dejado sin efecto los actos
administrativos de nombramiento en lugar de revocarlos.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
cuanto: (i) los escritos tienen pretensiones diferentes y se dirigen contra autoridades
distintas; (ii) no era posible presentar una sola tutela por cuanto la disparidad de
pretensiones y autoridades accionadas hacía imposible la acumulación objetiva, en tanto
que los jueces laborales no puedan conocer de acciones dirigidas contra el presidente de
la República, de conformidad con el Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069
de 2015.
Sobre el primer punto, se trata de un argumento ya resuelto en las consideraciones
previas. En cuanto a la imposibilidad de acumular todas las pretensiones en un solo
escrito, se evidencian dos falencias en el razonamiento del actor.
En principio, debe recordarse que la competencia en materia de tutela está consagrada
de manera general en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, mientras que lo contemplado en los Decretos 1069 de 2015 y el Decreto 333 de
2021, son solo reglas de reparto, que de manera alguna despojan de la competencia15
que se asigna en las normas superiores16, siendo así, las consideraciones sobre la
presunta falta de competencia del Juzgado 33 Administrativo Laboral del Circuito Judicial
de Bogotá, quedan sin fundamento jurídico.
En segundo lugar, si el motivo para iniciar dos acciones de tutela era lo dispuesto en las
reglas de reparto, esto no explica por qué no interpuso una sola solicitud de amparo
dirigida contra todas las autoridades accionadas ante esta Corporación, teniendo en
cuenta que las reglas contenidas en el mismo Decreto 333 de 2021 establecen en el
numeral 11 de su artículo 1° que en caso de que la acción se promueva contra más de
una autoridad esta será asignada al juez de mayor jerarquía.
Conforme a lo expuesto, no queda duda de que el señor Leonardo Augusto Torres
Calderón ha utilizado indebidamente la acción de tutela, en tanto que inició dos procesos
judiciales con el mismo fin y ante autoridades judiciales distintas, poniendo en riesgo la
seguridad jurídica, adicionalmente, su intento de hacerlas parecer como solicitudes de
amparo distintas, solo da cuenta de su actuar de mala fe.
En consecuencia, teniendo en cuenta que el actor en su calidad de notario es un
profesional del derecho, lo que pudo verificarse en el sistema de consulta del Registro
Nacional de Abogados17, la Sala remitirá copias de todo el expediente a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a fin de que, en el ejercicio de sus funciones
y dentro de su actuar autónomo, estudie si la conducta del señor Leonardo Augusto
Torres Calderón debe ser investigada.
15 Lo establece el mismo parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
16 Téngase en cuenta que el Decreto 2591 de 1991 tiene una categoría especial en tanto que se trata de
una disposición dictada en virtud de la facultades excepcionalísimas conferidas al Presidente de la
República durante la transición entre la Constitución de 1886 a la de 1991, donde se le autorizó reglamentar
un derecho fundamental, como lo es el ejercicio de la acción de tutela, a través de decreto, lo que
actualmente solo se permite vía ley estatutaria y confiere a dicha norma una jerarquía superior a la de
aquellos decretos que fijan reglas de reparto.
17
Allí figura el abogado Leonardo Augusto Torres Calderón con número de tarjeta profesional 28652,
actualmente vigente.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
Por otra parte, aunque a pesar del actuar temerario del actor podría pensarse que hay
lugar a estudiar una posible vulneración al derecho fundamental de petición en tanto que
entre los hechos de la tutela se afirmó que no se ha dado respuesta a sus solicitudes de
traslado, lo cierto es que esta narración fue puesta de presente también en el escrito
presentado ante el Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá y, en ese sentido,
si el actor consideraba que se concretaba la vulneración a aquel derecho por la presunta
falta de contestación de sus requerimientos, bien pudo ponerlo de presente en la
impugnación respectiva.
Finalmente, atendiendo a que el proceso con radicado 11001-31-05-033-2022-00361-00
que cursa en la Jurisdicción Laboral fue enviado para resolver en segunda instancia al
Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, se dispondrá que, por Secretaría, se remita
copia de esta providencia y se permita acceso al expediente virtual de este proceso tanto
al Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá como al mencionado Tribunal
Superior en mención, a fin de que conozcan lo aquí resuelto.
2.8. Conclusión
Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos, esta Sala de Decisión declarará
la temeridad de la acción de tutela promovida por el señor Leonardo Augusto Torres
Calderón, contra el presidente de la República, Guillermo Enrique Escobar Flórez y
Rafael Giovanni Guarín Cotrino comoquiera que se demostró que la parte accionante ha
ejercido idéntica solicitud de amparo ante otro despacho judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: ABSTENERSE resolver la falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de República, tanto en
nombre propio como por parte del presidente de la República y la Presidencia de la
República, por cuanto dicha entidad no fue vinculada al proceso.
SEGUNDO: NO ACCEDER a solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva del
presidente de la República.
TERCERO: NEGAR por TEMERIDAD la solicitud de protección constitucional de los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo en condiciones dignas,
libre desarrollo de la personalidad, a escoger profesión y oficio y a la honra del señor
Leonardo Augusto Torres Calderón.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
CUARTO: Por Secretaría, remítase copia de esta providencia y permítase el acceso al
expediente virtual de este proceso tanto al Juzgado 33 Laboral del Circuito Judicial de
Bogotá como al Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, a fin de que conozcan lo aquí
resuelto.
QUINTO: COMPULSAR copias de todo el expediente a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, a fin de que, en el ejercicio de sus funciones y dentro de su
actuar autónomo, estudie si la conducta del señor Leonardo Augusto Torres Calderón
debe ser investigada, por la temeridad evidenciada en este fallo.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
SÉPTIMO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandados: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04220-00
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.