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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04234-00

Fecha
16 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04234-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 27 Núm. único de radicación: 110010315000202204234-00 Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04234-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

16 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202204234-00
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la protección social- UGPP
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y
el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral Sección B

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia
de 19 de diciembre de 2017 y el Tribunal al proferir la sentencia de 21 de enero de
2022, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
08001333300720160029601, vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204234-00
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social – UGPP

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La parte actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional,
presentó acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, porque, a su
juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 19 de diciembre de 2017 y el Tribunal
al proferir la sentencia de 21 de enero de 2022, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 08001333300720160029601,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3.Indicó que, el señor Fabio Sánchez Cárdenas nació el 2 de enero de 1937 y “[…]
Prestó los siguientes tiempos de servicio: Servicio Seccional de Salud del Atlántico
del 01 de febrero de 1964 al 31 de diciembre de 1993, en el cargo de asistente de
epidemiologia (sic) […]”.

4.Señaló que, “[…] Al momento en que entró en vigor la Ley 33 de 1985, esto es,
el 13 de febrero de 1985, el señor SANCHEZ (sic) CARDENAS (sic) contaba con
48 años cumplidos y más de 21 años de servicio, por lo cual se encontraba
amparado en el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 […]”.

5.Adujo que, “[…] La extinta Cajanal mediante la Resolución 017308 del 11 de
marzo de 1993 reconoce la pensión de jubilación indicando que adquirió el estatus
pensional el 26 de febrero de 1986, en cuantía de $ 10,291.56, efectiva a partir del
1 de enero de 1992, equivalente al 75% del promedio de un (1) mes y la inclusión
de los factores salariales, asignación básica, prima técnica, bonificación por

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Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
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servicios, horas extras; prestación condicionada al retiro del servicio. Indica que
tuvo en cuenta la Ley 4/66, 33/85, 62/85, Decretos 81/76, 1848/69, 1045/78, 01/84
y Ley 84 de 1948 […]”.

6.Indicó que, “[…] Mediante la Resolución 33725 del 04 de agosto de 1993, se
resolvió un recurso de reposición en contra la Resolución No. 17308 del 11 de
marzo de 1993, revocándola, y reconociendo la pensión de jubilación a favor del
causante en cuantía de $123.498 a partir del 1 de enero de 1992, equivalente al
75% del promedio de un (1) mes y la inclusión de los factores salariales,
asignación básica, prima técnica, bonificación por servicios, horas extras;
prestación condicionada al retiro del servicio […]”.

7.Sostuvo que, “[…] Con la Resolución No. 44 del 12 de enero de 1996 se
reliquidó la pensión de jubilación a favor del causante en cuantía de $157.138.50 a
partir del 1 de enero de 1994, equivalente al 75% del promedio de un (1) mes y la
inclusión del factor salarial, asignación básica […]”.

8.Manifestó que, “[…] Mediante Resolución PAP 37884 del 07 de febrero de 2011
se reliquidó la pensión de jubilación a favor del causante en cuantía de $163.685 a
partir del 1 de enero de 1994, pero con efectos fiscales a partir del 20 de mayo de
2006 por prescripción trienal, con un 75% sobre el salario promedio de 12 meses,
con fundamento en las Leyes 33 y 62 de 1985, incluyendo como factores
salariales asignación básica y bonificación por servicios prestados. En dicha
resolución se indicó como fecha de estatus jurídico el 2 de enero de 1992 […]”.

9.Expresó que, “[…] A través de la Resolución RDP 53152 del 14 de diciembre de
2015, se niega una solicitud de reliquidación, por cuanto, no se aportaron nuevos
elementos de juicio que permitan variar la decisión tomada en las resoluciones N
033725 del 04 de agosto de 1993, 44 del 12 de enero de 1996 y PAP 037884 del
07 de febrero de 2011, toda vez que estas se encuentran ajustadas a derecho,
teniendo en cuenta los factores salariales indicados en la Ley 62 de 1985. La
anterior decisión fue confirmada por la Resolución RDP012068 del 16 de marzo de
2016, al resolver el recurso de apelación […]”.

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Protección Social – UGPP

10.Adujo que, “[…] El señor FABIO SANCHEZ (sic) CARDENAS (sic) inconforme
con la negativa de la reliquidación pensional interpone demanda contenciosa,
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad de que
se declare la nulidad de la Resolución RDP 53152 del 14 de diciembre de 2015 y
de la Resolución RDP 012068 del 16 de marzo de 2016 y en su lugar se ordene
reliquidar la pensión de jubilación con base en el 75% de la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios […]”.

11.Sostuvo que, “[…] El señor FABIO SANCHEZ (sic) CARDENAS (sic) falleció el
día 25 de noviembre de 2021 […]”.

12. Manifestó que, “[…] Mediante la Resolución RDP 008425 del 31 de marzo de
2022 se reconoce una pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge supérstite,
la señora ANA ELVIRA DAZA DE SANCHEZ (sic), a partir del 26 de noviembre de
2021 […]”.

13.El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla profirió
sentencia de primera instancia el 19 de diciembre de 2017, negando las
pretensiones de la demanda.

Sentencia proferida el 21 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 08001333300720160029601

14.El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia de segunda instancia
el 21 de enero de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017, por el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, dentro de la
demanda incoada por el señor Fabio Sánchez Cárdenas, en contra de la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), conforme a las razones expuestas.
Segundo.- Sin costas en esta instancia.
Tercero.- Notifíquese personalmente el presente fallo a las partes y a la
Procuraduría Judicial Delegada ante este Tribunal.
Cuarto.- Ejecutoriada esta providencia, la secretaría devolverá el expediente al
juzgado de origen, para su correspondiente archivo […]”.

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Protección Social – UGPP

14.1. Consideró que:

“[…] En efecto, la situación del demandante encuadra en el supuesto de hecho
consignado en el parágrafo 2º, pues cuando entró a regir la citada Ley 33 (13 de
febrero de 1985), tenía más de veintiún (21) años de servicio laboral, dado que su
vinculación a la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico inició el 01 de
febrero de 1964.

Por esa razón, le es aplicable el régimen general de pensiones vigente con
anterioridad a la Ley 33 de 1985, esto es, el establecido en el literal b) del artículo
17 de la Ley 6ª de 1945 […]”.

[…]

“[…] Pese a que esa normatividad regía inicialmente para empleados oficiales del
orden nacional, sus efectos también fueron extendidos a los del nivel territorial, tal
como tuvo oportunidad de precisarlo el Consejo de Estado […]”.

[…]

“[…] Así lo ratificó el alto tribunal, en otra providencia”, en la cual, adicionalmente,
definió los factores que debían tenerse cuenta para la liquidación de la mesada
pensional […]”.

[…]

“[…] la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió
sentencia de unificación el 04 de agosto de 2010, concluyendo que la lista de
factores salariales establecida en la Ley 33 de 1985, carece de alcance taxativo,
siendo meramente enunciativa, por lo cual se posibilitaba la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador.

Y si bien es cierto que la citada Ley 33 de 1985 no tiene cabida en este caso
concreto, sino la Ley 6ª de 1945, en concordancia con el Decreto 1045 de 1978,
también lo es que los fundamentos generales de la citada sentencia, tienen plena
aplicación el sub — examine, en tanto el problema jurídico se contrae a determinar
los factores que se deberán incluir en la liquidación de la mesada pensional.

Importante señalar que no le asiste razón al recurrente, al indicar que, teniendo en
cuenta que el acto administrativo de reconocimiento pensional del demandante
quedó ejecutoriado con anterioridad a la expedición de la aludida sentencia de
unificación, esta no es aplicable a su caso concreto, bajo el argumento de que
dicha providencia no estipuló expresamente efectos retroactivos.

En efecto, debe recordarse que en este asunto no se está debatiendo la legalidad
de la Resolución 033725 expedida el 04 de agosto de 1993, que reconoció la
prestación vitalicia, pues los actos enjuiciados son las Resoluciones Nos. RDP
053152 y RDP 012068, calendadas 14 de diciembre de 2015 y 16 de marzo de
2016, respectivamente, por medio de las cuales se negó la reliquidación de la
aludida pensión, actos que sí fueron posteriores a la citada sentencia de
unificación […]”.

[…]

“[…] se puede concluir que, si bien el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, al igual
que el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, establecieron una lista de factores

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salariales, mal podría entenderse dicho listado como taxativo, pues la
interpretación más favorable al trabajador es la enunciativa, máxime que los
recursos para el financiamiento de las pensiones de jubilación y vejez no
resultarían afectados, en tanto existe la posibilidad de ordenar los descuentos
pertinentes, lo cual permite incluir en el reconocimiento pensional de todos los
factores salariales devengados por el servidor público, durante su último año de
servicio.

En otras palabras, el obstáculo relativo a que las pensiones deban liquidarse
teniendo como base los factores en los cuales se hicieron los aportes a la
seguridad social, se superó en esos pronunciamientos jurisprudenciales, en tanto
el no efectuar los descuentos sobre todos los factores salariales mal podría
impedir el reconocimiento de los conceptos devengados para efectos pensionales,
sin perder de vista que los mismos podrán descontarse por la entidad cuando se
haga el reconocimiento de la prestación.

No desconoce el tribunal que la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018, con ponencia del Consejero César
Palomino Cortes, dentro del expediente 52001-23-33-000-2012-00143- 01, abordó
el estudio sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concluyó, lo siguiente:

“Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las
siguientes subreglas.

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:
.
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente. con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE:
95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta
providencia, así como la primera subregla, no Cobija a los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados
del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100.
de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989.

Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.
(...)

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96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones. (...) ”

Sin embargo, analizado en detalle el pronunciamiento de unificación en cita, se
puede concluir que las reglas allí establecidas no son aplicables al caso del señor
Sánchez Cárdenas, pues su prestación fue reconocida con anterioridad a la
expedición y vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cual implica que no hace parte del
grupo de beneficiarios del régimen de transición allí establecido, objeto de estudio
en dicha providencia. Por el contrario, como ya se acotó, se advierte que al
demandante se le aplica la transición prevista en el parágrafo 2º del artículo 1º dé
la Ley 33 de 1985; es decir, el régimen pensional de la Ley 6ª de 1945.

En otras palabras, la pensión de jubilación del demandante deberá liquidarse
conforme a la normatividad vigente al momento de su causación y acorde con la
interpretación que sobre dichas disposiciones ha realizado el Consejo de Estado.

A folios 23 y 24 del expediente, milita una certificación expedida el 25 de octubre
de 1994, por “LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA JEFA DE RECURSOS
HUMANOS Y EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL GRUPO | FINANCIERO
(TESORERIA (sic) )”, en el cual consta que el demandante laboró en el
Departamento del Atlántico durante el período comprendido entre el 19 de febrero
de 1964 y el 31 de diciembre de 1993; además, se registró que durante los años
1992 y 1993, devengó los siguientes conceptos: sueldo (asignación básica), prima
de servicio, bonificación, prima de vacaciones, prima de navidad y alimentación
mensual:

En este punto se reitera que, acorde con el citado régimen de transición
establecido en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a la
demandante le es aplicable el régimen pensional establecido en la Ley 6ª de 1945,
teniendo en cuenta, para efectos de la liquidación del monto de la mesada, los
factores enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, conforme a la
interpretación que sobre su taxatividad ha realizado el órgano de cierre de esta
jurisdicción.

Pese a lo anterior, el a — quo, en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia de primer grado, ordenó a la entidad demanda “reliquidar la pensión de
jubilación del señor FABIO SANCHEZ CARDENAS, de conformidad con el con el
artículo 1º de la ley 33 de 1985, decreto 1158 de 1994, ley 100 de 1993 y ley 797
de 2003, es decir con el 75% de la asignación devengada en el último año
inmediatamente anterior a adquirir el estatus jurídico de pensionado, incluidos
además todos los factores salariales devengados como prima de servicios, prima
de vacaciones, prima de navidad y la alimentación mensual omitidos, quedando
autorizada la UGPP para hacer los descuentos indexados para efectos de
cotización, sobre los factores salariales que no se hubiesen hecho. Las primas a
incluir lo serán en 1/12 partes.”

Es decir, (i) pese a que en la parte considerativa, la primera instancia reconoció
que al demandante le era aplicable el régimen pensional de la Ley 6ª de 1945,
ordenó la reliquidación con base en la Ley 33 de 1985; además, (ii) ordenó incluir
los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del
status de pensionado, cuando lo correcto era tener en cuenta lo percibido en el
último año de servicio; y (iii) a pesar de que el demandante acreditó que en los
años 1992 y 1993 recibió el emolumento denominado “bonificación, dicho rubro no
quedó expresamente incluido en la parte resolutiva.

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Con todo, el tribunal mantendrá incólume la sentencia apelada, por las siguientes
razones: (i) en el introductorio, la parte actora pidió el reajuste de la pensión,
conforme a la Ley 33 de 1985; (iii) dicho extremo procesal no apeló la sentencia,
en lo que le fue desfavorable; y (iii) conforme a las razones expuesta$, los cargos
de la alzada interpuesta por la parte demandada, no tienen vocación de prosperar.

Tampoco resulta necesario ordenar el descuento de los aportes correspondientes
a los factores salariales a incluir en la reliquidación, pues como ya se acotó, esa
medida ya fue autorizada en la sentencia de primera instancia.

El tribunal se abstendrá de condenar en costas a la demandada, pues en autos no
emerge prueba de que se hubiesen causado, tal como lo exige el numeral 8* del
artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en materia contencioso —
administrativa, por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

15.La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B por el evidente
detrimento del erario que se generó con el fallo impartido, en razón a que ordenó la
reliquidación de la pensión con la inclusión de factores salariales que no están
incluidos en el régimen contemplado en la Ley 33 de 1985, pero además, sobre eso
factores que se ordenaron incluir no se hicieron cotizaciones, lo que genera que el
valor de la mesada sea superior a la que realmente tiene derecho la causante.

Segundo. DEJAR sin efectos los fallos proferido por el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL SECCIÓN B del 19 de diciembre de 2017 y 21 de enero de 2022,
respectivamente, dentro del proceso Contencioso Administrativo No. 08-001-33-31-
007-2016-00296-00, promovido por la señora AMPARO ISABEL LAFAURIE DE
MATTOS contra la UGPP, por aplicarse de manera errada la liquidación de la
pensión sin contemplar de forma estricta los criterios señalados en la Ley 33 de
1985.

Tercera. Se sirva ORDENAR al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B,
dictar nueva sentencia en la cual se ordene la revocatoria del fallo del 19 de
diciembre de 2017 proferido por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y en su lugar ordene la reliquidación de la
pensión de jubilación del señor FABIO SÁNCHEZ (sic) CARDENAS (sic), teniendo
en cuenta UNICAMENTE (sic) los factores salariales a que hace referencia el
artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985,
respecto de los cuales se efectuaron los correspondientes aportes.

SUBSIDIARIAS

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En caso de que las anteriores pretensiones sean negadas, en razón a la
procedencia de otro medio de defensa judicial, solicitamos:

Primero. Amparar de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL SECCIÓN B por el evidente detrimento del erario que se generó
con el fallo impartido, en razón a que ordenó la reliquidación de la pensión con un
régimen que no resulta aplicable incluyendo los factores respecto de los cuales no
se hicieron cotizaciones lo que genera que el valor de la mesada sea superior a la
que realmente tiene derecho la causante.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA DE MANERA
TRANSITORIA los fallo proferidos por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL
SECCIÓN B de fechas 19 de diciembre de 2017 y 21 de enero de 2022, dentro del
proceso Contencioso Administrativo No. 08-001-33-31-007-2016-00296-00,
mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión que iniciaríamos en
cumplimiento de su orden judicial […]”.

16.La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo comoquiera que, a su juicio:

“[…] este defecto se configura por la errada interpretación, por parte del JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA
DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B, de ordenar reliquidar la pensión del señor
FABIO SÁNCHEZ (sic) CARDENAS (sic), incluyendo como factores salariales
además de los ya reconocidos, la prima de servicios, prima de vacaciones, prima
de navidad y la alimentación mensual.

Así las cosas, se tiene que la sentencia del 19 de diciembre de 2017 proferida por
el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA y confirmada por la sentencia del 21 de enero de 2022 proferida
por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B, que negaron las pretensiones de la
demanda, incurren en la causal de DEFECTO SUSTANTIVO por las siguientes
razones de orden jurídico:

1.- En primera medida debe señalarse que el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA en la sentencia del
19 de diciembre 2017, hace una serie de apreciaciones sobre el régimen de
transición contemplado en la Ley 100 de 1993 y que en definitiva no resulta
aplicable al presente caso, ya que al señor FABIO SÁNCHEZ (sic) CARDENAS
(sic) le fue reconocida una pensión de jubilación mediante la Resolución 017308
del 11 de marzo de 1993 y, la Ley 100 de 1993 que contenía el régimen de
transición, rigió a partir del 23 de diciembre de 1993, fecha posterior al
reconocimiento pensional del señor SANCHEZ (sic) CARDENAS (sic). En este
sentido, los precedentes que trae a colación el despacho relativos a determinar la
edad, tiempo de servicios, tasa de remplazo, con base en un régimen anterior y, el
cálculo del IBL con base en el régimen contenido en la Ley 100 de 1993 resulta
inoficioso y sin efecto alguno, ya que la Ley 100 de 1993 NO resultaba aplicable
para este caso en particular, por un factor de temporalidad, es decir, por la fecha en

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Protección Social – UGPP

que el señor SÁNCHEZ (sic) CARDENAS (sic) adquirió el estatus de pensionado (2
de enero de 1992) y la fecha que de entrada en vigencia de esta última norma (23
de diciembre de 1193).

2. Teniendo en cuenta que el señor SANCHEZ (sic) CARDENAS (sic) NO es
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es del caso señalar
que el régimen aplicable era el contenido en la Ley 33 de 1985, modificada por la
Ley 62 de 1985, el cual a su vez contenía un régimen de transición, que
determinada que las personas que a la fecha de expedición de la Ley 33 de 1985
tuvieran 15 años de servicios les sería aplicable la edad de jubilación contenida en
el régimen anterior (Decreto 3135 de 1968), sin embargo, la edad de jubilación para
los hombres era la misma para ambos regímenes, 55 años, en consecuencia, para
efectos pensionales, en este caso la norma aplicable era la Ley 33 de 1985
modificada por la Ley 62 de 1985.

Así las cosas, en lo que atañe al reconocimiento pensional del señor SANCHEZ
(sic) CARDENAS (sic) los requisitos y criterios para determinar la procedencia del
reconocimiento pensional son los establecidos en la Ley 33 de 1985 modificada por
la Ley 62 de 1985, a saber:

• 55 años de edad para hombres.
• 20 años de servicios
• Tasa de remplazo del 75%
• Liquidación del IBL con base en el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio, incluyendo los factores salariales que
hayan servido de base para calcular los aportes pensionales: asignación básica;
gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio.

3. Señala el JUZGADO SÉPTIMO (sic) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA en la sentencia del 19 de diciembre 2017 que los factores
salariales señalados en la Ley 33 de 1985 son meramente enunciativos y no puede
entenderse como taxativos, por lo que, a su juicio, considera que la liquidación de
la prestación pensional debe efectuarse con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, aun cuando la norma Ley 33 de 1985
modificada por la Ley 62 de 1985 así no lo dispuso.

4. La Ley 62 de 1985 que modifica la Ley 33 de 1985 dispuso cuáles serían los
factores salariales para tener en cuenta en la liquidación pensional de los
empleados oficiales, a saber:

El artículo 1 de la Ley 62 de 1985 señala de manera diáfana los siguientes
aspectos:

• Que todos los empleados oficiales deben estar afiliados a una Caja de Previsión y
deben pagar aportes a la Caja correspondiente.

• La base de liquidación para los aportes que se deben hacer a la Caja de Previsión
estará constituida por los siguientes factores:

Asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio.

• Las pensiones de los empleados oficiales siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

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De esta manera, el artículo 1 ibidem (sic) es suficientemente claro y no requiere
una interpretación particular, ya que su contenido no reviste mayor dificultad para
determinar cuáles deben ser los factores para efectos de liquidar la pension(sic) de
jubilación, es decir, los mismos factores que sirvieron para calcular los aportes.

Conforme a los presupuestos legales descritos resulta evidente que JUZGADO
SÉPTIMO (sic) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y
el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA
DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B, desconocieron plenamente los postulados
legales que señalan cuáles eran los factores salariales que debían ser tenidos en
cuenta para efectos de liquidar la mesada pensional del señor FABIO CARDENAS
(sic) SANCHEZ (sic), los cuales corresponden a los establecidos en la Ley 62 de
1985, a raíz de la fecha en que adquirió su estatus de pensionado. Por ende, al ser
evidente el desconocimiento de dichas normas, en el presente caso se configura el
defecto sustantivo, si se tiene en cuenta que esta causal se configura cuando:

● La autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su inadvertencia, por aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance
de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican
en el mismo rango de una norma.
● Si bien los jueces cuentan con autonomía e independencia judicial, ésta en ningún
caso es absoluta, toda vez que la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
y en general por los principios del Estado Social de Derecho dentro del marco de la
Constitución Nacional.
● Sobre este particular la Corte Constitucional en sentencia SU-962 de 1999 señaló
“que las decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación carece(n)
de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y
abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable.”

Así las cosas, es dable mencionar que, si bien los jueces cuentan con autonomía e
independencia judicial, ésta en ningún caso es absoluta, toda vez que la misma se
encuentra limitada por el orden jurídico y en general por los principios del Estado
Social de Derecho dentro del marco de la Constitución Política […]”.

17.Asimismo, la actora afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez
que, a su juicio, desconoció:

“[…] la reiterada jurisprudencia sobre lo factores que integran una prestación, pues
en ellas es claro que SÓLO podrán ser tenidos en cuenta aquellos factores sobre
los cuales se hicieron aportes al Sistema, lo que hace que esté debidamente
configurado este defecto en cabeza los accionados para crear una nueva línea
separada a los precedentes descritos y vigentes con la única finalidad de
incrementar una prestación con la inclusión de unos factores sobre los cuales no
solo no se hicieron cotizaciones sino que además no están enlistados en las
normas que regulaban la prestación del causante, esto es las Leyes 33 y 62 de
1985, lo que hace que podamos solicitar la intervención URGENTE de esa H.
Magistratura con el fin de poner fin a este tipo de irregularidades con las cuales se
afecta claramente el Erario que también debe ser protegido por todos los jueces de
la república, bajo el principio de moralidad administrativa que rigen sus actuaciones
[…]”.

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18.Teniendo en cuenta lo anterior, citó las siguientes providencias:

i) Corte Constitucional; sentencia T- 328 de 13 de agosto de 2018; M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
ii) Corte Constitucional; sentencia T- 039 de 16 de febrero de 2018; M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, “[…]
Sección Segunda en sentencia de fecha 25 de febrero de 2016 […]”.
iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta; sentencia de 22 de mayo de 2019; C.P.; Milton Chaves García;
número único de radicación: 11001031500020190075500.
v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018; C.P. César Palomino Cortés;
número único de radicación: 520012333000201200143-01.

Actuación

19.El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de agosto de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Atlántico y al Juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, y
iii) vinculó a la señora Ana Elvira Daza de Sánchez en calidad de terceros con
interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

20.El Tribunal Administrativo del Atlántico expresó que:

“[…] Sea lo primero señalar que, en el fallo de segundo grado atacado, de manera
detallada la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico efectuó un análisis
de las disposiciones que regulan el régimen de transición pensional establecido en
el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, aplicable el finado Sánchez
Cárdenas, pues adquirió el estatus de pensionado y le fue reconocida esa
prestación antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, así como de las
distintas posturas jurisprudenciales emanadas de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, incluido el último pronunciamiento de la Sala Plena del órgano
de cierre de nuestra jurisdicción, dictado el 28 de agosto de 2018.

En la sentencia de segunda instancia censurada se determinó que, después de la
providencia de fecha 4 de agosto de 2010, emanada de la Sección Segunda del

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Consejo de Estado, se podía concluir que si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo
3° establece una lista de factores salariales, mal podría entenderse como taxativo
dicho listado, pues la interpretación enunciativa resultaba más favorable a los
trabajadores, máxime que los recursos para el financiamiento de las pensiones de
jubilación y vejez no resultarían afectados, en tanto cabía ordenar los descuentos
pertinentes, lo cual permitía incluir en el reconocimiento pensional todos los
factores salariales devengados por el servidor público, durante su último año de
servicio.

Y si bien es cierto que, al demandante en el proceso ordinario no le era aplicable el
régimen pensional de la Ley 33 de 1985, sino el establecido en la Ley 6ª de 1945,
en concordancia con el Decreto 1045 de 1978, también lo es que, los fundamentos
generales de la citada providencia tenían cabida en ese caso, en tanto el problema
jurídico se circunscribía a determinar los factores a incluirse en la liquidación de la
mesada pensional.

De igual manera se estableció que, la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 no cobijada al caso del señor Sánchez Cárdenas, pues las reglas fijadas en
ese proveído tenían como destinatarios, los beneficiarios del régimen de transición
establecido en artículo 36 de la Ley 100 de 1993; empero, al entonces demandante
le era aplicable la transición prevista en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33
de 1985; es decir, el régimen pensional de la Ley 6ª de 1945.

Por consiguiente, la pensión de jubilación del demandante debía liquidarse
conforme a la normatividad vigente al momento de su causación, teniendo en
cuenta los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
conforme a la interpretación que sobre su taxatividad había realizado el Consejo de
Estado […]”.

[…]

“[…] Según lo ha decantado de manera pacífica e inveterada la jurisprudencia
constitucional, el carácter subsidiario de la acción de tutela implica que no fue
concebida para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los
ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas de competencia de la actividad
de los jueces; tampoco para crear instancias adicionales a las existentes y mucho
menos para rescatar pleitos perdidos, pues la finalidad prevista en el artículo 86
superior, no es otra distinta a la protección efectiva de los Derechos
Fundamentales que la Constitución reconoce a las personas.

Nótese que, la entidad accionante, en la praxis, tiene una inconformidad que no
encaja en ninguna de las causales estructuradas por la Corte Constitucional para
posibilitar la tutela contra la sentencia emitida por nuestra corporación. Es decir, el
solo hecho de disentir de las conclusiones fáctico – jurídicas y probatorias
efectuadas por la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, no se erige en
causal alguna para afectar la validez de la sentencia 21 de enero de 2022 […]”.

21.El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y la señora
Elvira Daza de Sánchez guardaron silencio en esta etapa procesal.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

22.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20211 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20182 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

23.La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

24.Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de subsidiariedad.

25.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho

1
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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fundamental al acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
3

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

27.Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
5

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

28.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
5
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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29.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
6

30.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

31.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 7

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

32.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de subsidiariedad.

Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela

33.La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 8, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener

6
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

17

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la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

34.Asimismo, esta Sección9 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:

“[...] La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la
acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite10; (ii) no
se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios11; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”12”.13

Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe
corregir las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso,
de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que
materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una
actuación conforme a las garantías procesales […]”.

35.De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela
para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro medio
de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente
la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado14:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
10
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
11
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
14
Sentencia T-030 26 de enero de 2015

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esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.

36.Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

37.Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia
y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.

Requisito general de subsidiariedad respecto del agotamiento del recurso
extraordinario de revisión señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 200315

38.Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, señala:

“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes
tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo16 hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

15
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
16
Declarado inexequible

19

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La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo
código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

[…]”.

39.Visto el artículo 251 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 17, sobre el término
para interponer el recurso extraordinario de revisión, señala que podrá
interponerse “[…] en los casos previstos en al artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en
los casos de que ella no se requiera, dentro del término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]”.

40.Atendiendo a que, frente al cumplimiento del requisito de subsidiariedad
respecto del agotamiento del recurso extraordinario de revisión señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 200318 por parte de las Cajas de Previsión Social, si
bien la citada norma señaló las autoridades que se encuentran legitimados por
activa para presentarlo “[…] el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación […]”, lo cierto es
que la Corte Constitucional en la sentencia SU – 427 del 201619, consideró que: i)
con base en el numeral 620 del artículo 6 del Decreto 5021 de 200921 se atribuyó a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, la competencia para iniciar acciones de tal
naturaleza y ii) indicó que además de los sujetos señalados en el artículo 20 de la

17
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
18
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o
normas que la adicionen o modifiquen.
21
“Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias”.

20

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Ley 797, las administradoras de pensiones se encuentran legitimadas para
interponer el citado recurso. Textualmente, señaló:

[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión
por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución
no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además
de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones
llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero22 […]”.

41.Asimismo, esta Corporación23 ha señalado que las administradoras de
pensiones deben tomar las medidas necesarias para aplicar el artículo 20 de la
Ley 797, entre otras, para solicitar autorización o aval, a las entidades legitimadas
para que se surta el recurso extraordinario señalado supra24, conforme con lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en armonía con
lo señalado en el artículo 25125 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126.

42.De lo anterior se colige que a las administradoras de pensiones, entre ellas, la
UGPP les asiste legitimación en la causa por activa para la interposición del
recurso extraordinario de revisión, cuando se invoca el artículo 20 de la Ley 797,
dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial,
conforme lo señala el artículo 251 de la Ley 1437.

43.Esta circunstancia, hace que en principio la acción de tutela sea improcedente,
salvo que se evidencie de manera palmaria la ocurrencia del abuso del derecho

22
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia de
26 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000
2014 01658 00
24
La Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013 le ordenó a las entidades que tienen a su cargo el
reconocimiento y pago de pensiones, como lo es FONPRECON, que tomaran las medidas necesarias para
aplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
25
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los
motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera,
dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
26
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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alegado27, caso en el cual, como lo ha señalado esta Sección 28 es necesaria la
intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos
fundamentales involucrados, a través de medidas inmediatas de protección como
mecanismo transitorio mientras el juez competente decide de fondo las acciones
correspondientes, ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

44.En ese sentido, la Sala resalta que la misma Corte Constitucional en las
sentencias SU-631 de 12 de octubre de 201729 y T-034 de 13 de febrero de
201830, estableció una serie de criterios o elementos que pueden ser aplicados
para evitar la concesión de derechos pensionales fundamentados en situaciones
contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho. El primero -el elemento
objetivo- relacionado con el aumento o incremento significativo de los ingresos de
una persona en el último año de servicios o en el periodo que sirve de base para
calcular el IBL de la pensión; y, el segundo, -el elemento subjetivo- relacionado
con que ese aumento se haya obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema
pensional; ii) mediante una “vinculación precaria” o iii) que se desvirtúe la
presunción de buena fe31 que rige las actuaciones de los particulares.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

45.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

27
Corte Constitucional, sentencia SU- 068 de 21 de junio de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03457 00.
29
Corte Constitucional, sentencia SU 631 de 12 de octubre de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
30
Corte Constitucional, sentencia T-034 de 13 de febrero de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
31
El principio de la buena fe ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y
conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta.

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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

46.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
32

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

47.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

48.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
33

la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la

32
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
33
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso concreto

49.La parte actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional,
presentó acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, porque, a su
juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 19 de diciembre de 2017 y el Tribunal
al proferir la sentencia de 21 de enero de 2022, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 08001333300720160029601,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

50.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

51.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

52.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

52.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de enero de 2022
por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso de nulidad y

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restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
08001333300720160029601.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

53.La Sala advierte que la actora contaba con otro medio de defensa para la
protección de sus derechos fundamentales, antes de acudir a la acción de tutela,
toda vez que tiene la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión
establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003 34, en
concordancia con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 para controvertir lo
decidido en la sentencia accionada, comoquiera que conforme a las reglas
anteriormente establecidas por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado le asiste legitimación en la causa por activa para tal efecto.

54.Así las cosas, como lo ha señalado esta Sección35 al resolver problemas
jurídicos similares, la situación que se presenta no es irremediable, dado que el
perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer, para lo cual la entidad
accionante está obligada a hacer uso de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por lo que no resulta lógico considerarlo como insuperable,
inminente o impostergable.

55.En las anteriores circunstancias, las presuntas irregularidades planteadas en la
solicitud de tutela las debe dirimir el juez ordinario en sede del recurso
extraordinario de revisión, para que verifique el alcance de la regulación aplicable
de conformidad con el precedente mencionado y determinar si la prestación
periódica fue reconocida de manera irregular, lo cual trae como consecuencia el
no cumplimiento del requisito general de subsidiariedad dentro del marco de la
acción de tutela.

34
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03457 00.

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56.En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso sub examine, existen
otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos
de la actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la
sentencia, antes de acudir a la acción de tutela. En esa medida, la Sala declarará
la improcedencia del amparo, como se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.

57.Ahora bien, la Sala debe precisar que la parte actora incluyó en su escrito de
tutela las siguientes prestaciones subsidiarias:

“[…] En caso de que las anteriores pretensiones sean negadas, en razón a la
procedencia de otro medio de defensa judicial, solicitamos:

Primero. Amparar de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL SECCIÓN B por el evidente detrimento del erario que se generó
con el fallo impartido, en razón a que ordenó la reliquidación de la pensión con un
régimen que no resulta aplicable incluyendo los factores respecto de los cuales no
se hicieron cotizaciones lo que genera que el valor de la mesada sea superior a la
que realmente tiene derecho la causante.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA DE MANERA
TRANSITORIA los fallo proferidos por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL
SECCIÓN B de fechas 19 de diciembre de 2017 y 21 de enero de 2022, dentro del
proceso Contencioso Administrativo No. 08-001-33-31-007-2016-00296-00,
mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión que iniciaríamos en
cumplimiento de su orden judicial […]”.

58.Al respecto la Sala precisa que, al ser el juez natural de la causa el competente
para pronunciarse de fondo respecto a los reparos formulados por la actora, no
puede el juez constitucional en esta instancia inmiscuirse en lo que será objeto de
análisis en un eventual recurso extraordinario de revisión. En ese sentido, no
resulta procedente acceder a la solicitud de la actora en el sentido de suspender
los efectos de los actos administrativos aquí demandados.

Conclusiones de la Sala

59.La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos, en atención a que se trata de un mecanismo

26

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residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros recursos
o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los afectados,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.

60.Conforme con lo anterior y comoquiera que la acción de tutela no cumple con el
requisito general establecido en la sentencia C – 590 de 2005, de subsidiariedad,
la Sala declarará improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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