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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04234-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04234-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 16 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04234-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

1 de diciembre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04234-01
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04234-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL, SECCIÓN “B” Y JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que reconoció reliquidación de
pensión de jubilación. Requisito de subsidiariedad porque
cuenta con el recurso extraordinario de revisión. Sentencia SU-
427 de 2016. No se acreditó un perjuicio irremediable

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a través de
apoderado judicial, contra la sentencia de 16 de septiembre de 2022, dictada por
la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró la improcedencia de
la acción.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La entidad accionante manifestó que el señor Fabio Sánchez Cárdenas nació el 2
de enero de 1937 y que laboró en el “Servicio Seccional de Salud de Atlántico
desde el 1 de febrero de 1964 hasta el 31 de diciembre de 1993 en el cargo de
asistente de epidemiología”.

Aseguró que a través de la Resolución No. 0173308 de 11 de marzo de 1993, la
Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación a su favor de conformidad con lo establecido en las Leyes 33
y 62 de 1985, aplicando el 75% sobre el salario promedio de los últimos doce (12)

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Demandante: UGPP

meses. En dicha resolución se indicó como fecha de obtención del estatus jurídico
el 2 de enero de 1992.

Sostuvo que mediante la Resolución No. 33725 de 4 de agosto de 1993, se
resolvió un recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo, en el
sentido de revocarlo y reconocer la pensión de jubilación a favor del causante en
cuantía de $123.498 a partir del 1 de enero de 1992, equivalente al 75% del
promedio del último mes, incluyendo los factores salariales de asignación básica,
prima técnica, bonificación por servicios, horas extras.

Indicó que la mesada pensional se reliquidó a partir del 1 de enero de 1994, por
medio de la Resolución No. 44 de 2 de enero de 1996, en cuantía de $157.138.50
equivalente al 75% del promedio del último salario devengado e incluyendo el
factor salarial de asignación básica.

Señaló que mediante Resolución No. PAP 37884 de 7 de febrero de 2011 se
reliquidó nuevamente la pensión del causante en cuantía de $163.685, a partir del
1 de enero de 1994, pero con efectos fiscales desde el 20 de mayo de 2006 por
prescripción trienal, con un 75% sobre el salario promedio de 12 meses,
incluyendo como factores salariales la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados. Agregó que en dicha resolución se tuvo como fecha de
estatus jurídico el 2 de enero de 1992.

Adujo que el señor Fabio Sánchez Cárdenas interpuso solicitud con el fin de que
se reliquidara su mesada pensional con el 75% de la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicios, esto es, con la inclusión de la
asignación básica, la bonificación, la prima de servicio, la prima de vacaciones, la
prima de navidad y la alimentación mensual. La solicitud fue negada a través de
las Resoluciones Nos. RDP 53152 de 14 de diciembre de 2015 y RDP 012068 de
16 de marzo de 2016, dado que los actos administrativos que habían liquidado la
pensión se encontraban ajustados a derecho ya que tuvieron en cuenta los
factores salariales contemplados en la Ley 62 de 1985.

Inconforme con la decisión el señor Fabio Sánchez Cárdenas inició el medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho contra dichas resoluciones
radicado bajo el No. 08001-33-33-007-2016-00296-00, el cual correspondió por
reparto al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que
mediante sentencia de 19 de diciembre de 2017 accedió a las pretensiones de la
demanda y ordenó a la UGPP, reliquidar la pensión de jubilación del señor Fabio
Sánchez Cárdenas “de conformidad con el artículo 1° de la ley 33 de 1985,
decreto 1158 de 1994, ley 100 de 1993 y ley 797 de 2003, es decir con el 75% de
la asignación devengada en el último año inmediatamente anterior a adquirir el
estatus jurídico de pensionado, incluidos además todos los factores salariales
devengados como prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y la
alimentación mensual omitidos, quedando autorizada la UGPP para hacer los
descuentos indexados para efectos de cotización, sobre los factores salariales que
no se hubieren hecho. Las primas a incluir lo serán en 1/12 partes”.

La UGPP interpuso recurso de apelación que fue admitido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, mediante auto de
16 de agosto de 2018. Agregó que el señor Fabio Sánchez Cárdenas falleció el 25
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de noviembre de 2021, por lo que mediante Resolución No. RDP 008425 de 31 de
marzo de 2022 se reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge
supérstite, la señora Ana Elvira Daza de Sánchez, a partir del 26 de noviembre de
2021.

Por último, adujo que por sentencia de 21 de enero de 2022, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, resolvió confirmar
en su totalidad la providencia de primera instancia.

2. Fundamentos de la acción

La entidad accionante presentó acción de tutela con la pretensión principal de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de sostenibilidad financiera del
sistema pensional, y que, en consecuencia, se deje sin efecto la decisión de 21 de
enero de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección “B”, confirmó la decisión de primera instancia emitida por el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barraquilla el 19 de diciembre
de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciada por el señor Fabio Sánchez Cárdenas. De
forma subsidiaria, solicitó que se habilite la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo transitorio, con el fin de evitar la configuración de un perjuicio
irremediable y que se suspendan los efectos de la providencia demandada,
mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión que podría iniciar contra
dicha sentencia.

Aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia, en tanto:

(i) El asunto goza de relevancia constitucional, pues lo que se discute es la
vulneración de los derechos fundamentales invocados y la afectación al
erario con el pago mes a mes de una prestación a la cual no tiene derecho
en la forma en que los despachos judiciales ordenaron liquidarla.
(ii) Se supera el requisito de la subsidiariedad, dado que de conformidad con
lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-494 de 2018, la
cual reitera el criterio expuesto en la sentencia SU-427 de 2016, la entidad
pensional está habilitada para acudir de forma directa a la acción de tutela
con el fin de dejar sin efectos las providencias demandadas, pues si bien
tiene la posibilidad de iniciar el recurso extraordinario de revisión, “en este
momento este no es el mecanismo pertinente y eficaz para impedir la grave
irregularidad que se da en este caso relacionado con la reliquidación de la
pensión de jubilación del señor FABIO SÁNCHEZ CARDENAS toda vez
que se tiene que asumir un pago aproximado de $45.527.777 M/cte por
retroactivo y del nuevo valor de la mesada que para el año 2022
corresponde a $1.811.433, teniendo en cuenta que el valor real que le
corresponde conforme a derecho es de $1.485.64”. En cualquier caso,
sostuvo que la solicitud de amparo también resulta procedente con el fin de
amparar los derechos fundamentales invocados de forma transitoria para
suspender los efectos de la providencia demandada y así evitar la
configuración de un perjuicio irremediable grave y urgente, dado que “se
debe seguir pagando una mesada pensional errada (…) en un monto
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superior al que en derecho corresponde, lo que significa que mes a mes se
verán afectados los recursos del Sistema General de Pensiones, lo que
afecta su sostenibilidad financiera”.
(iii) Se presenta una irregularidad procesal decisiva, por cuanto las
decisiones demandadas tienen un efecto determinante y afectan de forma
continuada los derechos fundamentales invocados.
(iv) Se identificaron de forma suficiente los hechos que generaron la
vulneración de los derechos fundamentales.
(v) No se trata de una sentencia de tutela.

Enseguida indicó que la providencia demandada incurrió en los siguientes
defectos:

Defecto material o sustantivo, por aplicar las reglas contenidas en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que el reconocimiento
pensional se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, por lo
que el régimen de transición vinculante era el contenido en la Ley 33 de 1985,
según el cual a las personas que a la fecha de su expedición tuvieran más de 15
años de servicios les sería aplicable la edad de jubilación contenida en el régimen
anterior (Decreto 3135 de 1968).

Además, indicó que para efectos de determinar el IBL pensional se debió aplicar
de forma estricta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 modificado por
la Ley 62 de 1985, que establece que la misma debe efectuarse con base en el
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio, incluyendo los factores salariales que hayan servido de base para
calcular los aportes pensionales, a saber: asignación básica; gastos de
representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en días de descanso obligatorio, sin que sea posible incluir otros factores
salariales diferentes a los que allí se enlistan.

Desconocimiento de precedente judicial, por no tener en cuenta (i) las
sentencias de la Corte Constitucional T-328 de 2018 y T-039 de 2018; (ii) las
providencias de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda y de 22 de mayo de
2019 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado1, en las que se determina que
las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes y
(iii) la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Sostuvo que las providencias demandadas al ordenar que se reliquidara la
pensión de jubilación del señor Fabio Sánchez Cárdenas incluyendo además de
los factores ya reconocidos, la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad y de alimentación mensual, resultan contrarias a lo señalado en la Ley 62
de 1985, y constituyen “un abuso del derecho, puesto que si bien no está en
discusión que el causante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación, sí se discute el hecho de que se hubiera reconocido la prestación con la

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Exp. No. 11001-03-15-000-2019-00755-00, C.P. Milton Chaves García.
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inclusión de factores que la ley no avala, lo que conlleva a un detrimento
patrimonial, al reconocer y causarse un pago de una mesada pensional superior a
la que realmente le correspondía al causante, encausándose de esta forma en los
elementos que constituyen el abuso del derecho, de conformidad a lo manifestado
[por] la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, al expresar: (…)En
términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el
derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el
ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o
reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el
titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de
su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una
forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que
persigue.(…)”.

Enseguida, refirió que si bien el abuso del derecho no significa que se estén
realizando conductas ilícitas por parte del interesado o administrador de justicia, lo
que sucede es que efectivamente se está efectuando una interpretación errónea
de la norma, que busca favorecer al pensionado con un derecho al cual no debía
acceder o que era merecedor pero no en la forma en que se le concede.

Por lo anterior, sostuvo aun cuando la aplicación errónea de la norma no fue
intencional o con culpa, lo cierto es que la misma se enmarca en un inminente
abuso del derecho, del cual se benefició al señor Fabio Sánchez Cárdenas y
genera una afectación al Sistema General de Pensiones puesto que las mesadas
pensionales se pagan con cargo al Erario.

Así mismo, aseguró que se presentó un fraude a la ley al darle una interpretación
distinta a la Ley 62 de 1985, aplicable por remisión de la Ley 33 de 1985, en
cuanto a los factores salariales que pueden incluirse en la liquidación de la
mesada pensional.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B por el evidente detrimento
del erario que se generó con el fallo impartido, en razón a que ordenó la reliquidación
de la pensión con la inclusión de factores salariales que no están incluidos en el
régimen contemplado en la Ley 33 de 1985, pero además, sobre eso factores que se
ordenaron incluir no se hicieron cotizaciones, lo que genera que el valor de la mesada
sea superior a la que realmente tiene derecho la causante.

Segundo. DEJAR sin efectos los fallos proferidos por el JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN
ORAL SECCIÓN B del 19 de diciembre de 2017 y 21 de enero de 2022,
respectivamente, dentro del proceso Contencioso Administrativo No. 08-001-33-
31007-2016-00296-00, promovido por la señora AMPARO ISABEL LAFAURIE DE

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MATTOS (sic) contra la UGPP, por aplicarse de manera errada la liquidación de la
pensión sin contemplar de forma estricta los criterios señalados en la Ley 33 de 1985.

Tercera. Se sirva ORDENAR al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B, dictar
nueva sentencia en la cual se ordene la revocatoria del fallo del 19 de diciembre de
2017 proferido por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA y en su lugar ordene la reliquidación de la pensión de jubilación
del señor FABIO SÁNCHEZ CÁRDENAS, teniendo en cuenta UNICAMENTE los
factores salariales a que hace referencia el artículo 3 de la Ley 33 de 1985,
modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, respecto de los cuales se
efectuaron los correspondientes aportes.

SUBSIDIARIAS

En caso de que las anteriores pretensiones sean negadas, en razón a la procedencia
de otro medio de defensa judicial, solicitamos:

Primero. Amparar de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B por el
evidente detrimento del erario que se generó con el fallo impartido, en razón a que
ordenó la reliquidación de la pensión con un régimen que no resulta aplicable
incluyendo los factores respecto de los cuales no se hicieron cotizaciones lo que
genera que el valor de la mesada sea superior a la que realmente tiene derecho la
causante (sic).

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA DE MANERA
TRANSITORIA los fallo proferidos por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B de
fechas 19 de diciembre de 2017 y 21 de enero de 2022, dentro del proceso
Contencioso Administrativo No. 08-001-33-31-007-2016-00296-00, mientras se
resuelve el recurso extraordinario de revisión que iniciaríamos en cumplimiento de su
orden judicial”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 16 de agosto de 2022, el secretario del Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla allegó el expediente digital
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicado 08001-33-33-007-2016-00296-00/01.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de agosto de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas,
así como a la señora Ana Elvira Daza de Sánchez, en calidad de tercera con
interés en el resultado del trámite constitucional.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica No. 86760 a 86763 de 11 de agosto de 2022, con el objeto de dar
cumplimiento a la anterior decisión2. Así mismo, por aviso de 2 de septiembre de

2
Las partes demandantes y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones
electrónicas: defensajudicial@ugpp.gov.co; sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;
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Demandante: UGPP

2022 se publicó en la página web el contenido del auto admisorio con el fin de
notificar a la tercera con interés dado que no fue posible tener información en
cuanto a su dirección de notificaciones.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección “B”

Mediante memorial de 17 de agosto de 2022, el Magistrado Ponente de la decisión
demandada solicitó negar las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, al
considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

Indicó que la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de enero de 2022,
realizó un análisis de las normas que regulan el régimen de transición pensional
consagrado en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el cual resultaba
aplicable al señor Sánchez Cárdenas.

Manifestó que dado que el demandante era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 33 de 1985, es decir, tenía derecho al régimen pensional de la Ley 6ª de
1945, la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, no resultaba aplicable al
caso “pues las reglas fijadas en ese proveído tenían como destinatarios, los
beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993”.

En ese sentido, señaló que decidió aplicar la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual hace referencia a
que los factores salariales contenidos en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, no
debían entenderse como taxativos sino meramente enunciativos, por lo que era
posible liquidar la mesada pensional incluyendo otros factores aun cuando estos no
se encontraron allí contemplados. Aseguró que si bien dicha decisión hace
referencia al régimen pensional de la Ley 33 de 1985 y no al de la Ley 6ª de 1945, lo
cierto es que los fundamentos generales de la misma resultaban aplicables al caso
del señor Sánchez Cárdenas, en tanto el problema jurídico se circunscribía a
determinar cuáles eran los factores salariales que podían incluirse en la liquidación
de la mesada pensional.

Por lo anterior, concluyó que “la pensión de jubilación del demandante debía
liquidarse conforme a la normatividad vigente al momento de su causación, teniendo
en cuenta los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, conforme a la interpretación que sobre su taxatividad había realizado el
Consejo de Estado”.

Aseguró que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales y especiales
de procedencia, sino que, por el contrario, la misma se dirige a mostrar el
desacuerdo de la entidad frente a las decisiones adoptadas en sentencia de primera
y segunda instancia. En particular, a la falta de aplicación de la sentencia de

sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co; adm07bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
adm07bqlla@notificacionesrj.gov.co y anae1307@hotmail.com.
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unificación de 28 de agosto de 2018, la cual, como se indicó en precedencia, no
resultaba vinculante para resolver el asunto.

6.2. Aun cuando el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla mediante memorial de 16 de agosto de 2022 remitió copia digital del
expediente de nulidad y restablecimiento el derecho, no emitió pronunciamiento
alguno en cuanto a los hechos y las pretensiones formuladas en el escrito de
tutela.

6.3. La señora Ana Elvira Daza de Sánchez guardó silencio pese a ser notificada
en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 16 de septiembre de
2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al encontrar que no cumple con
el requisito de la subsidiariedad. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad
pensional accionante cuenta con otro medio judicial para la protección de sus
derechos fundamentales, en particular, el recurso extraordinario de revisión
establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el
artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.

Además, aseguró que no se configuró un perjuicio irremediable, toda vez que el
perjuicio alegado por la parte demandante tiene la posibilidad de desaparecer
estando obligada a hacer uso de lo indicado en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 “por lo que no resulta lógico considerarlo como insuperable, inminente o
impostergable”.

En este orden de ideas, concluyó que “las presuntas irregularidades planteadas en
la solicitud de tutela las debe dirimir el juez ordinario en sede del recurso
extraordinario de revisión, para que verifique el alcance de la regulación aplicable
de conformidad con el precedente mencionado y determinar si la prestación
periódica fue reconocida de manera irregular, lo cual trae como consecuencia el
no cumplimiento del requisito general de subsidiariedad dentro del marco de la
acción de tutela”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la entidad
accionante impugnó el fallo de primera instancia y reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.

Insistió en que la solicitud de amparo cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, en la medida en que la controversia versa sobre la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y la protección de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del
Sistema General en materia pensional, así como los del Estado en general.

En cuanto al requisito de la subsidiariedad aseguró que si bien tiene la posibilidad
de iniciar el recurso extraordinario de revisión, “está habilitada para utilizar la
facultad conferida en la sentencia SU-427 de 2016 [de la Corte Constitucional]
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para acudir de manera preferente y directa a la acción de tutela en protección del
Erario, [teniendo en cuenta] que se está afectando por un reconocimiento
evidentemente ilegítimo, más cuando en ese medio de defensa NO procede la
suspensión de las sentencias que buscamos dejar sin efectos por su
irregularidad”.

Además, sostuvo que dicho medio de defensa judicial no es pertinente ni eficaz
para evitar la configuración del perjuicio irremediable, dado que (i) no admite la
suspensión provisional ni el decreto de medidas cautelares que permitan
suspender el cumplimiento de la sentencia acusada y (ii) se causa un grave
perjuicio económico al patrimonio público y al sistema pensional ya que debe
continuar con el pago de una pensión reconocida en una cuantía que no
corresponde.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar el fallo de 16 de septiembre de 2022, proferido por la Sección
Primera de esta Corporación, en el que se declaró improcedente la acción de
tutela promovida por la parte demandante por incumplir con el requisito de la
subsidiariedad, teniendo en cuenta que la acción de tutela sí resulta procedente
para dejar sin efectos la decisión demandada, pues se profirió con abuso del
derecho, por lo que de conformidad con lo expuesto en la sentencia SU-427 de
2016 de la Corte Constitucional, la entidad está habilitada para acudir de forma
preferente y definitiva al mecanismo constitucional. Además, porque se configura
un perjuicio irremediable.

En caso de que la solicitud cumpla con la totalidad de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala debe
establecer si la sentencias de 21 de enero de 2022 y 19 de diciembre de 2017
proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección “B” y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,
respectivamente, mediante las cuales se accedió a las pretensiones de la
demanda del señor Fabio Sánchez Cárdenas, en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciada contra la UGPP, incurre en (i)
defecto sustantivo, al ordenar reliquidar la pensión del causante con la inclusión
de factores salariales que no se encuentran enlistados en el artículo 3 de la Ley 33
de 1985, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y (ii) desconocimiento
del precedente judicial, al no tener en cuenta las sentencias de la Corte
Constitucional T-328 de 2018 y T-039 de 2018; las providencias de 25 de febrero
de 2016 de la Sección Segunda y de 22 de mayo de 2019 de la Sección Cuarta
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del Consejo de Estado, en las que se determina que las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes y la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Así como en abuso del derecho, puesto que
se reconoció una prestación con la inclusión de factores salariales que la ley no
avala.

3. De la subsidiariedad de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20153:

3
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
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“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."4 (Negrilla por
fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos5, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sala debe verificar, de conformidad con el escrito de impugnación, si la
presente acción de tutela resulta procedente (i) como mecanismo definitivo, para
dejar sin efectos las sentencias de 21 de enero de 2022 y 19 de diciembre de
2017 proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
Sección “B” y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,
respectivamente, mediante las cuales se accedió a las pretensiones del señor
Fabio Sánchez Cárdenas, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado contra la UGPP, teniendo en cuenta que
fueron proferidas con abuso del derecho por lo que de conformidad con lo
establecido en la sentencia SU-427 de 2016 la entidad pensional demandante está
habilitada a acudir de forma preferente directa a la acción de tutela con el fin de
proteger el erario. De no acceder a lo anterior, se debe establecer si procede (ii)
como mecanismo transitorio para suspender los efectos de las providencias

Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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demandadas mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión, con el fin
de evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

4.2. Al respecto, la Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia
en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por las razones que
se exponen a continuación:
6
4.2.1. En primer lugar, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 , emitida por
la Corte Constitucional, no habilita la procedencia automática de la acción de
tutela contra providencias judiciales por presunto abuso del derecho, pues, por el
contrario, establece que, por regla general, ante la existencia de otro mecanismo
judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo
7
20 de la Ley 797 de 2003 , las acciones de tutela interpuestas por la UGPP son
improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.

En este sentido, contempló únicamente una circunstancia en la que de manera
excepcional se habilita la procedencia de la acción de tutela, a saber: cuando se
trate de una “afectación del erario público con ocasión de una prestación
evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de generar un
perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para
garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo
que en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que
impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con
el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las
medidas respectivas”.

Entonces, teniendo en cuenta la existencia de otro mecanismo de defensa judicial,
por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir
sentencias judiciales que establecen montos pensionales que presuntamente
desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico. No obstante, la Corte
Constitucional ha establecido que excepcionalmente se habilita la acción de tutela
cuando se presenta un abuso palmario del derecho que puede presentarse
cuando se alega el incremento excesivo en la mesada pensional.

6
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
12
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Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-115 de 20188, reiteró las
reglas establecidas en las sentencias SU-427 de 20169 y SU-631 de 201710 y
precisó que el abuso palmario por el incremento de la mesada pensional surgirá
cuando “se presente un incremento excesivo de la mesada pensional y con él una
ventaja ilegítima, que comprometa los principios de igualdad y solidaridad en el
caso concreto”. Por tanto, según consideró la Sala, debe haberse “generado un
incremento protuberante de la mesada pensional”, pues, solo así, “la aplicación
del IBL de un régimen especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la
intervención del juez de tutela”. (Negrillas fuera del texto original)

En la reciente sentencia SU-136 de 202211, la Corte Constitucional se refirió a la
revisión de las pensiones reconocidas con abuso palmario del derecho, y recordó
que la acción de tutela puede ser procedente en tales escenarios, aun cuando el
ordenamiento jurídico ha establecido el recurso extraordinario de revisión, para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se traduce en la afectación al
erario por el pago de una prestación reconocida irregularmente.

Sobre el particular, recordó que conforme a lo establecido en las sentencias SU-
427 de 2016 y SU-631 de 2017 se debe revisar, en cada caso concreto, la
existencia de un ejercicio abusivo de un derecho en materia pensional, atendiendo
las reglas de apoyo interpretativo que se establecieron, de forma enunciativa, para
tal efecto, tales como: (i) que el abuso debe “saltar a la vista” y que los
mecanismos de defensa judicial ordinarios no son idóneos para evitar detrimento
del sistema pensional, (ii) también se debe evaluar la forma en que el beneficiario
de la prestación pensional accedió al reconocimiento de la misma y (iii) como
criterio de identificación, que se hubiere declarado judicialmente un incremento
porcentual trascendental en el monto pensional.

En ese escenario, la Corte Constitucional concluyó que, “en principio, las acciones
de tutela presentadas en contra de las providencias judiciales en las que se
reconocen pensiones con aparente abuso del derecho son improcedentes ante la
existencia del recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Sin embargo, excepcionalmente es posible que las entidades
legitimadas para recurrir a ese mecanismo ordinario de defensa acudan a la
acción de tutela cuando se acredite la existencia de un abuso palmario del
derecho”.

En aplicación de los anteriores criterios jurisprudenciales, la Sala de Revisión de la
Corte Constitucional en la sentencia T-290 de 202212, confirmó las sentencias de
tutela proferidas en primera y segunda instancia que habían declarado
improcedente la acción de tutela promovida por la UGPP contra el Tribunal
Administrativo de Casanare, al considerar que no se cumplía el presupuesto de la
subsidiariedad, en tanto la entidad demandante tenía a su disposición el recurso

8
M.P. Carlos Bernal Pulido.
9
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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extraordinario de revisión para controvertir la decisión judicial objeto de tutela y no
se acreditó el abuso palmario del derecho. Al respecto, expresó:

“66. Por otro lado, la Sala encuentra que la UGPP no acreditó la configuración de
un abuso palmario del derecho para acudir de forma excepcional a la acción de
tutela. En primer lugar, la entidad no demostró una vinculación precaria en el caso
de GLFA. En el escrito de tutela señaló que este prestó sus servicios al Estado, en
el Ministerio de Trabajo desde el 12 de abril de 1966 hasta el 30 de noviembre de
1970 y en la Rama Judicial desde el 1 de abril de 1971 al 31 de diciembre de
2000, y que su último cargo desempeñado fue el de Magistrado Grado 21 del
Tribunal de Yopal, Sala Civil Familia. Sin embargo, no especificó el tipo de
vinculación ni la duración de este último cargo y tampoco adjuntó la historia laboral
de GLFA. Esta falta de información contrasta con lo expuesto por GLFA, quien
sostuvo que de los treinta (30) años que laboró en la Rama Judicial, diez (10) los
desempeñó como Magistrado de Tribunal Superior, al cual llegó por concurso de
méritos. Asimismo, en el expediente obran certificaciones respecto del tiempo
laborado por GLFA como Magistrado de Tribunal Superior: (i) la Presidenta y
Secretaría General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo certificaron que GLFA desempeñó varios cargos en dicho Distrito, en
propiedad y sin interrupción, dentro de los cuales se incluye el de Magistrado de la
Sala Laboral de dicha corporación desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 30
de junio de 1998; y (ii) el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Yopal certificó que GLFA se desempeñó como Magistrado de dicha corporación
desde el 1 de julio de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2000, en propiedad.

67. La Corte ha señalado que la vinculación precaria se presenta cuando un
servidor, durante la mayor parte de su vida laboral, aportó con una base de
cotización y luego, en el transcurso del último año de servicios, es nombrado para
un cargo de mayor remuneración por un tiempo corto y con fundamento en esa
vinculación obtiene un ingreso más alto que sirve para calcular su IBL y estimar su
mesada pensional. También ha resaltado que el carácter exiguo del vínculo solo
puede impactar a los nombramientos de libre nombramiento y remoción, en
provisionalidad y aquellos hechos en encargo, a diferencia de los nombramientos
en propiedad por concurso de méritos cuyo nivel de estabilidad es alto y no dan
lugar a una vinculación precaria. En este sentido, para la Sala resulta claro que de
lo expuesto por la UGPP y de las pruebas obrantes en el expediente no es posible
acreditar que: (i) el cargo que ejerció GLFA en el último año de servicios hubiese
sido fugaz, por el contrario, se advierte que dicho cargo lo desempeñó durante 2
años, 5 meses y 30 días; o (ii) el nombramiento de dicho cargo hubiese sido de
libre nombramiento y remoción, en provisionalidad o en encargo, generando un
nivel de estabilidad bajo.

68. En segundo lugar, si bien la UGPP señaló que la pensión de GLFA, para el
año 2019, pasó de $13.322.862.42 a $19.358.249.19 generando una diferencia de
$6.035.386.77 y que por concepto de retroactivos se le ha pagado la suma de
$635.761.311.51, esta información es insuficiente por sí sola para acreditar un
incremento excesivo de la mesada pensional. Primero, la suma de $6.035.386.77
es desvirtuada por GLFA, quien niega dicha cifra. Segundo, si en gracia de
discusión se aceptara tal monto como incremento pensional, este no se desprende
de una vinculación precaria de GLFA, pues este último elemento no fue
acreditado. Y, tercero, la suma de $19.358.249.19 por concepto de mesada
pensional no viola el tope pensional de 25 SMLMV fijados constitucional y
legalmente. Este último criterio fue utilizado en las sentencias T-212 de 2018 y T-
080 de 2019 como parte de los elementos analizados para desvirtuar la
configuración de un abuso palmario del derecho.

69. En tercer lugar, no se constata la ausencia de correlación entre la historia
laboral de GLFA y la pensión. En efecto, en el escrito de tutela, al referirse al
abuso palmario del derecho, la UGPP no hizo referencia a tal aspecto y tampoco

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aportó la historia laboral de GLFA, por lo cual la Sala carece de elementos
probatorios para inferir dicho elemento”.

4.2.2. En el caso bajo estudio, en el escrito de impugnación la UGPP adujo que
estaba habilitada a acudir de forma directa a la acción de tutela, pues se daban los
presupuestos contemplados en la sentencia SU-427 de 2016, en tanto la decisión
demandada constituye un abuso palmario del derecho, el cual se presenta:

“Al ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación del señor FABIO SÁNCHEZ
CÁRDENAS, pasando por alto que los factores salariales que se deben tener en
cuenta son lo que taxativamente ha señalado el artículo 3 de la Ley 62 de 1985 y
respecto de los cuales se hubieran efectuado aportes, lo cual genera que:

• Se deba pagar una mesada pensional superior a la que realmente tiene derecho en
razón a la reliquidación de la mesada pensional con la inclusión de factores saláriales
que no están dispuestos en la ley, de esta manera para el año 2022 la para mesada
del causante ajustada a derecho asciende a la suma de $1.485.646 y que sumados a
los incrementos ordenados que corresponde a la suma de $325.786 M/cte, daría como
mesada la suma de $1.811.433 M/cte, cuando lo pertinente era sólo pagarle la
pensión por valor de $ 1.485.646.

• El pago de la suma de $45.527.777 por concepto de retroactivo para el periodo
comprendido entre el 28 de agosto de 2012 hasta el 1 de julio de 2022, valores
debidamente indexados”.

No obstante, para la Sala esa circunstancia no configura ese “incremento
protuberante” que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional como
condición para que de manera excepcional proceda la acción de tutela en estos
casos, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial como es el caso del
recurso extraordinario de revisión, dado que el error alegado por la entidad se
cuantifica en unos montos que no pueden llegar a impactar gravemente la
sostenibilidad financiera del sistema pensional mientras se resuelve el recurso
extraordinario de revisión.

De acuerdo con lo anterior, la Sala no advierte la necesidad de que el juez
constitucional intervenga de manera urgente e inmediata para revisar si la misma
se encuentra o no ajustada al ordenamiento jurídico, tampoco encuentra que lo
sea el retroactivo pensional.

Asimismo, como se señaló de manera precedente, el recurso extraordinario de
revisión resulta procedente para la revisión de pensiones reconocidas con fraude a
la ley, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las
convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados, conforme lo estableció
el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución
Política.

4.2.3. Tampoco están demostrados los presupuestos para la configuración de un
perjuicio irremediable con el fin de habilitar el ejercicio de la acción de tutela como
mecanismo transitorio, a efectos de evitar una afectación a la sostenibilidad
financiera del sistema pensional que haga necesaria la intervención urgente del
juez constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben
seguir los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la
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sentencia SU-695 de 201513, según la cual debe comprobarse que el perjuicio
alegado sea (i) inminente, es decir, que amenaza o está por suceder
prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está
produciendo la inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una
medida o remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii)
grave, pues el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona, debe ser de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la
gravedad hagan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

Así mismo, en la sentencia T-127 de 201414, la Corte Constitucional indicó que
“quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con estas
características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar,
aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.

Del análisis de los argumentos planteados por la parte accionante para demostrar
la inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad del perjuicio alegado, la
Sala observa que los mismos se sintetizan en que en el caso la entidad pensional
debe asumir el pago de una mesada pensional en un monto superior al que
corresponde pues se incluyeron factores salariales distintos a los enlistados en la
Ley 33 de 1985, lo que, a su juicio, genera un impacto mes a mes sobre “los
recursos del Sistema General de Pensiones, lo que afecta su sostenibilidad
financiera”.

No obstante, para la Sala dicho argumento no es de recibo, en tanto la
reliquidación de la pensión de jubilación que se predica ilegal fue reconocida por el
juez natural del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que
dicha decisión goza de presunción de veracidad y acierto y, en ese sentido, será el
juez que conozca del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la entidad
actora, quien determine si se configura la causal invocada y si procede o no la
pretensión relativa a dejar sin efectos los mencionados fallos judiciales, que
reconocieron la prestación que se censura.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia objeto de impugnación, en
tanto la acción de tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad, dado que
la UGPP cuenta con otro medio de defensa judicial para la protección de sus
derechos fundamentales, como es el recurso extraordinario de revisión,
consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el inciso
4º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, criterio reiterado recientemente por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-136 de 2022 y T-290 de 2022. A lo que
se agrega que no se comprobó la existencia de un perjuicio irremediable que
habilite la acción de tutela como mecanismo transitorio.

13
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 16 de septiembre de 2022, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

17
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