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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04236-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04236-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04236-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

25 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04236-00
Demandante: HENRY ALEXANDER CORTÉS CUBILLOS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. FALLO
QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE
IMPUSO SANCIÓN DISCIPLINARIA A UN ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO, PERO NO SE ACCEDIÓ AL
RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS. SE ALEGÓ UNA
INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS TESTIMONIOS
DECRETADOS EN EL PROCESO Y EL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL. LA
SALA DECLARARÁ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte demandante reprochó las providencias mediante las cuales se negó
el reconocimiento de los perjuicios morales y materiales, por cuanto, a su juicio, se encontraba
probado en el expediente que se vieron afectados por la imposición de la sanción desmedida
e ilegal a un estudiante que estaba próximo a culminar sus estudios.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por los señores
Henry Alexander Cortés Cubillos, Cielo Nid Cubillos Burbano, Leidy Lorena Cubillos,
Cielo Nid Alape Cubillos, Juan pablo Benítez Cubillos y Raúl Alberto Cortés Cubillos
en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia y del
Tribunal Administrativo del Caquetá para la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, educación, igualdad y acceso a la
administración de justicia, consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Carta
Política.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04236-00
Demandante: Henry Alexander Cortés Cubillos y otros
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 3 de agosto de 2022 el señor Henry Alexander Cortés
Cubillos y otros1 presentaron acción de tutela en contra de las providencias proferidas
el 30 de agosto de 2019 y el 27 de abril de 2022 por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá,
respectivamente, con el fin de que se protegieran los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos
fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) En el primer periodo del año 2008 el señor Henry Alexander Cortés Cubillos ingresó
a la Universidad de la Amazonia como estudiante en licenciatura de Lengua Castellana
y Literatura y, posteriormente, fue electo como representante de los estudiantes por
un periodo de tres años.

2) Desde el primer semestre del año 2011 hasta el segundo semestre del 2012 se llevó
a cabo una protesta estudiantil en el marco de las elecciones de los representantes
estudiantiles ante los diferentes órganos de dirección de la universidad en las que
Henry Alexander Cortés Cubillos participó en calidad de representante de los
estudiantes ante el Consejo Superior Universitario.

3) El 7 de noviembre del 2012, en desarrollo de la protesta, se presentaron unos
hechos que alteraron el orden interno de la universidad como marchas y arengas de
los estudiantes, contramarchas de algunos trabajadores y docentes, ofensas verbales
y agresiones físicas entre estudiantes y trabajadores administrativos.

4) En abril de 2013, como retaliación a lo anterior, el decano de la Facultad de Ciencias
de la Educación abrió una investigación disciplinaria en contra del señor Andrés

1 Los señores Cielo Nid Cubillos Burbano, Leidy Lorena Cubillos, Cielo Nid Alape Cubillos, Juan pablo

Benítez Cubillos y Raúl Alberto Cortés Cubillos.

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Demandante: Henry Alexander Cortés Cubillos y otros
Acción de tutela

Eduardo Vaquero, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico y del
señor Henry Alexander Cortés Cubillos, quien para ese entonces era el representante
de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.

5) El 28 de octubre del 2013 la Facultad de Ciencias de la Educación emitió fallo de
primera instancia en el cual dispuso sancionar al estudiante Henry Alexander Cortés
Cubillos con la suspensión de tres periodos académicos.

6) En consideración a lo anterior, el actor presentó escrito de recusación por conflicto
de intereses, por cuanto con la protesta precisamente lo que se exigía era la renuncia
del decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, así como la elección
democrática del cargo ocupado por este, lo cual denotaba que existía un interés
particular y directo en el resultado del proceso disciplinario contra los estudiantes.

7) El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación resolvió la recusación en el
sentido de no aceptar las causales referidas y omitió dar el trámite establecido en el
artículo 87 de la Ley 734 de 2002, es decir, enviarlo de manera inmediata al superior
para que decidiera si había lugar o no a declararlo fundado.

8) El 8 de noviembre del 2013 el estudiante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el fallo de primera instancia del 28 de octubre de 2013, el
primero de ellos fue resuelto el 12 de noviembre de 2013 por la Facultad de Ciencias
de la Educación y, el segundo, el 14 de noviembre de 2013, por la Vicerrectoría
Académica, en el sentido de confirmar en todas sus partes la decisión.

9) El señor Henry Alexander Cortés Cubillos y su núcleo familiar presentaron demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Universidad de la Amazonia,
con el fin de que i) se declarara la nulidad del acto administrativo complejo, conformado
por el fallo de primera instancia del 28 de octubre de 2013 y los autos por medio de los
cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación, emitidos dentro del
proceso disciplinario, ii) se ordenara revocar la sanción impuesta y reintegrar al
estudiante a la vida académica y iii) se reconociera el pago de los perjuicios materiales
y morales que le fueron ocasionados.

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10) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia quien mediante providencia del 30 de agosto de 2019
declaró la nulidad de los actos administrativos y, a título de restablecimiento, ordenó a
la universidad reintegrar al estudiante en la carrera de licenciatura en Lengua
Castellana y Literatura y eliminar cualquier tipo de registro de su hoja de vida.

11) Tanto la parte demandada como la parte demandante interpusieron recursos de
apelación, esta última con el fin de que se accediera al reconocimiento de los perjuicios
materiales e inmateriales reclamados, en consideración a la interrupción abrupta de
los estudios del señor Cortés Cubillos.

12) Los recursos fueron desatados por el Tribunal Administrativo del Caquetá en
sentencia de 27 de abril de 20222 en la que confirmó la decisión de primera instancia,
pues los perjuicios patrimoniales y morales reclamados por la parte demandante no se
encontraban acreditados.

2. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de las providencias del 30 de agosto de
2019 y el 27 de abril de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

Frente al defecto fáctico sostuvieron que se dejó de valorar por completo el material
probatorio allegado al proceso y se realizó una valoración indebida y contradictoria de
las pruebas, específicamente de los testimonios de los señores Aníbal Quiroga Tovar,
Andrés Eduardo Baquero, Bernardo Emilio García Quiroga y Franklin Augusto Arce
Vela , para concluir que no se había probado que el estudiante y su familia se hubiesen
visto perjudicados moral y materialmente como consecuencia de la sanción
disciplinaria impuesta ilegalmente.

Los testimonios decretados daban cuenta de que al estudiante se le truncó su carrera
y su proyecto de vida, pues se le impidió continuar con sus estudios por un año y medio

2 Decisión que fue notificada por correo el 17 de mayo de 2022.

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como consecuencia de una persecución política, lo cual generó que él y toda su familia
tuvieran que atravesar por momentos de angustia debido a todas las amenazas
recibidas.

También se desconoció el precedente contenido en las sentencias T-068 de 2012 y T-
138 de 2016, las cuales establecen que el derecho a la educación es de naturaleza
fundamental, por lo que el Estado debe eliminar todas las barreras injustificadas que
impidan a los estudiantes acceder a él.

De igual manera, se desconoció la sentencia de tutela proferida por el Consejo de
Estado del 27 de octubre de dos mil diecisiete 2017, radicación 25000-23-42-000-
2017- 01094-01(AC), en la cual se amparó el derecho fundamental a la educación,
pues no había lugar a imponerse barreras a un estudiante que había cumplido los
requisitos para acceder a los estudios de educación Superior en la Universidad Sergio
Arboleda con un programa específico.

Finalmente, manifestaron que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en la
violación directa de la Constitución, pues contrariaron preceptos constitucionales, ya
que no reconocieron los perjuicios de índole moral y material sufridos por el señor
Cortés Cubillos y su familia, con lo que omitieron por completo el material probatorio
que evidenciaba su configuración.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“1. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, que nos fueron vulnerados
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia - Caquetá y el Tribunal
Administrativo del Caquetá, producto de las sentencias de primera y segunda
instancia proferidas dentro del proceso de Nulidad y restablecimiento del
Derecho con radicado 18001- 33-33-752-2014-00102-00/01 que se surtió en
contra de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.

2. Se revoquen parcialmente las Sentencias N° 60-08-516-19 del 30 de
agosto de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia
– Caquetá y la Sentencia N° 040 del 27 de abril de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, que dispusieron NEGAR el
reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los
accionantes.

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3. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá, proferir
nueva sentencia, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía
real y efectiva protección de los derechos fundamentales conculcados,
acorde con el acontecer fáctico y las pruebas y que fueron aportadas dentro
del proceso de Nulidad y restablecimiento del Derecho con radicado 18001-
33-33-752-2014-00102-00/01.

4. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces
constitucionales, imploro a su Honorable Despacho, acceder a cualquier otra
decisión que garantice los derechos vulnerados de los aquí accionantes.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- mayúsculas
del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 9 de agosto de 2022 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Caquetá, al titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Florencia y al rector de la Universidad de la Amazonia con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El citador del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia allegó
en medio magnético el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 18001-33-33-752-2014-00102-01, pero no hizo ninguna manifestación
frente a las pretensiones de la demanda.

Los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Caquetá y el rector de la
Universidad de la Amazonia guardaron silencio en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia y al Tribunal
Administrativo del Caquetá con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad, educación y acceso a la administración
de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de los fallos proferidos el 30 de
agosto de 2019 y el 27 de abril de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los
defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, lo cierto
es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que los reparos
efectuados en realidad tienen relación directa con la indebida valoración de los medios
probatorios allegados al proceso ordinario; por consiguiente, se procederá a realizar el
análisis únicamente frente al primero de ellos pues los argumentos relacionados con

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el segundo también constituyen un defecto fáctico, por lo que se valorarán bajo esa
óptica.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

De igual manera, la Sala considera preciso aclarar que, si bien la acción de tutela se
dirigió indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos
dentro del proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este
último por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

1) Para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario y
que estaban dirigidos al reconocimiento de perjuicios morales y materiales en razón a
que las pruebas allegadas al expediente presuntamente daban cuenta de las
amenazas de muerte, la interrupción del proyecto de vida del estudiante Cortés
Cubillos, el ultraje a su dignidad personal y la persecución académica de que fueron
víctimas.

2) Ahora bien, en el recurso de apelación presentado contra la providencia del 30 de
agosto de 2019 que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, pero
negó el reconocimiento de perjuicios, la parte demandante indicó, en los mismos
términos que ahora plantea, que de los testimonios rendidos en el proceso era posible
advertir todos los daños que sufrieron los demandantes por impedírsele al estudiante
Cortés Cubillos culminar su formación académica y descalificarlo con el procedimiento
arbitrario sancionatorio. Al respecto, indicó:

“A guisa de concreción, se vislumbra coherencia y concisión en los
testimonios rendidos ante su despacho, pues coinciden cabalmente en
los perjuicios que sí sufrieron los demandantes, esto por las amenazas
de muerte, la interrupción de un proyecto de vida, la persecución

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académica, el ultraje a su dignidad personal y familiar, entre muchas
otras circunstancias que no tienen causa justificante, vale resaltar en
este punto, que los testimonios refirieron las afectaciones una a una, que
obligaron al señor Henry Alexander Cortés a irse del Caquetá, desplazado
por las amenazas.

De un ejercicio racional de apreciación individual y conjunta de los
testimonios rendidos frente al despacho, con dirección propia de la
judicatura, se permitió dar luz entre un asunto de tanta oscuridad como fue
el actuar de la Universidad, entendiendo un complejo de circunstancias que
motivaron clandestinamente la emisión de los actos administrativos
acusados.

(…).

Recopiladas las anteriores disquisiciones, frente a los perjuicios irrogados a
los demandantes, como la equivocada posición semestral que consideró el
despacho, es claro que nos encontramos frente a un error fáctico de la
providencia judicial, pues afirmar que no se demostró a través de prueba
idónea, la acusación de dichos perjuicios” contraría de manera ostensible,
flagrante y manifiesta, los testimonios que bajo gravedad de juramento
fueron rendidos ante su despacho y que no fueron refutados o siquiera
realizado su intento, por parte del apoderado de la demandada.

Dicho juicio valorativo, fue la exclusiva razón para la negación de los
perjuicios materiales, no refiere la judicatura la razón por la cual tacha de
inidóneo absolutamente todos los testimonios rendidos ante el despacho,
concluyendo que no se dio por probados los perjuicios, mismos que si en
gracia de discusión, no se requirieran de los testimonios allegados, también
resultaban probados, pues la descalificación constante que cedió al
demandante producto de este procedimiento arbitrario sancionatorio
demandado persigue al actor y su familia hasta el sol de hoy, que se le
recuerda al señor HENRY ALEXANDER CORTÉS como un “terrorista,
revoltoso” y una serie descalificativos similares.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

3) De igual manera, en el recurso la parte demandante indicó que el juzgado no
observó lo dispuesto en las sentencias T-068 de 2012 y T-138 de 2016, según las
cuales el Estado debe brindar todas las posibilidades y estrategias para el acceso a la
educación, así como la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado el 27 de
octubre de 2017, radicación 25000-23-42-000-2017- 01094-01(AC), en la cual se
amparó el derecho fundamental a la educación, pues no había lugar a imponerse
barreras a un estudiante que había cumplido los requisitos para acceder a los estudios
de educación superior en la Universidad Sergio Arboleda con un programa específico.

4) Por su parte, en la providencia del 27 de abril de 2022 el Tribunal Administrativo del
Caquetá confirmó la decisión de no reconocer perjuicios materiales y morales, pues
consideró que la parte actora incumplió la carga de probarlos, como lo indicó la
providencia en los siguientes términos:

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“2.7. Sobre la indemnización de perjuicios.

Adujo la parte actora que la juez de instancia dio una valoración muy inferior
a lo que correspondía a la situación académica en la que se encontraba el
demandante, pues el carácter de mera expectativa resulta de aplicación
precaria frente al derecho adquirido y a la expectativa legítima, los pocos
créditos por probar, en contraste con los semestre de suspensión, daban fe
de su posible culminación académica, circunstancia que fue cercenada
abruptamente por la Universidad de la Amazonia, y de otra parte, que se
presentó un error fáctico en la providencia judicial, al no valorar los
testimonios rendidos bajo la gravedad de juramento y que no se tuvieron en
cuenta en la providencia, pues la interrupción abrupta de los estudios del
accionante, como consecuencia de la suspensión por parte de la Universidad
de la Amazonia, le generó unos perjuicios de orden moral, daño a la vida en
relación y proyecto de vida, que deben ser reparados por la accionada.

Así las cosas, procede esta colegiatura a analizar el material probatorio
obrante en el proceso con miras a determinar si se encuentran debidamente
acreditados los perjuicios reclamados por la parte actora.

En audiencia de pruebas llevada a cabo el día 06 de marzo de 2018, se
practicaron los siguientes testimonios:

(…).

Del material probatorio anteriormente analizado, para la sala es
comprensible que los actores hayan sentido preocupación ante las
presuntas amenazas, pues ha de decirse que dentro del plenario no
está acreditado que el actor o su familia hayan denunciado ante las
autoridades correspondientes que fueran víctimas de amenazas, sin
embargo, los testigos no hicieron alusión a que con posterioridad a los
hechos, el señor Henry Alexander Cortés y menos los otros demandantes se
notaran apesadumbrados, compungidos y tristes por los daños ocasionados
con la sanción disciplinaria que le fue impuesta al señor Cortés Cubillos.

Así las cosas toda vez que la parte actora incumplió con la carga
probatoria que le correspondía, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual “incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”, no se reconocerá indemnización alguna por
daños inmateriales, pues no se acreditó daño moral alguno, el daño a
la vida de relación ya no es una tipología indemnizable en la jurisdicción
de lo Contencioso administrativo y con respecto al proyecto de vida,
nada se dijo sobre cuáles eran las proyecciones o aspiraciones que
tenía el señor Henry Alexander Corté Cubillos como para reconocer
perjuicio alguno por tal concepto. En consecuencia se impone confirmar
la negativa de reconocer perjuicios por daños inmateriales, como lo hizo la
juez a quo.

Así mismo, comparte esta judicatura la apreciación efectuada por la juez de
primera instancia, en el entendido de que no se tiene la certeza que el
señor Henry Alexander Cortés Cubillos se hubiera graduado y
empezado a ejercer como docente para hacer los cálculos del lucro
cesante, sin embargo se corrige que el actor iba en el séptimo semestre de
la licenciatura en lengua castellana, y se advierte también que a la fecha de
práctica de los testimonios -2018- el actor no había retomado sus estudios,

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pese a que ya han transcurrido con creces los tres semestres de la
suspensión, así las cosas, esta colegiatura confirmará la sentencia de
primera instancia por encontrarla ajustada a derecho.”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

5) En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos relacionados con el
reconocimiento de perjuicios materiales y morales fueron debidamente analizados y
resueltos en la providencia del 27 de abril de 2022, que confirmó la decisión de primera
instancia, en la que se dispuso que, aun cuando se encontraba acreditada la
vulneración al derecho fundamental del debido proceso, pues el proceso disciplinario
no se surtió en debida forma, no había lugar a acceder a la indemnización, en
consideración a que los daños reclamados no se acreditaron.

6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los analizados
en el trámite del recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión jurídica relacionada con la valoración de las pruebas que daban cuenta de
las amenazas, tristeza y angustia que padeció el señor Cortés Cubillos y su familia y
que permitían el reconocimiento de perjuicios morales y materiales. En la acción de
tutela se indicó:

“Previo a la anterior manifestación que se cita, esta corporación realizó
valoración probatoria en cuanto se pronunció sobre los 4 testimonios que
se rindieron y tuvieron como prueba dentro del proceso, pero dicha
valoración fue defectuosa e indebida, en el sentido que lo que hizo el
Tribunal fue realizar un breve resumen de cada testimonio, dejando por
fuera apartes importantes sobre las situaciones de miedo, zozobra y
tristeza, en las que se vieron inmersos los accionantes por el actuar de la
Universidad de la Amazonia en contra del joven HENRY; como ocurrió con
el testimonio del señor Anibal Quiroga Tovar, del que realizó un resumen
hablando siempre de manera generalizada cuando bien la parte actora en el
recurso de apelación citó expresiones del testigo, donde él mismo habló de
manera particular e individualizada del joven HENRY.

Lo anterior en cuanto al testimonio del señor Anibal Quiroga Tovar, en cuanto
a los otros 3 testimonios, sucedió que, aunque también realizó un resumen
de los mismos, en dichos resúmenes el mismo fallador indicó las tantas
situaciones de amenaza, miedo, persecuciones y estigmatizaciones en las
que se vio inmerso el joven HENRY y su familia, y hasta subrayó apartes
en los que se dejan ver con claridad los daños y perjuicios inmateriales
sufridos por los accionantes, para seguidamente de manera caprichosa
y hasta contradictoria, manifestar que dentro del plenario no se allegó
prueba de que los actores hubiesen sufrido algún tipo de perjuicio.

Se procede a realizar un análisis de lo dicho por cada uno de los testigos y
lo manifestado por el Tribunal respecto de ellos.

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(…).

El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia - Caquetá y el Tribunal
Administrativo del Caquetá resolvieron declarar la nulidad de los actos que
sancionaron disciplinariamente al joven HENRY y ordenar su reintegro, pero
negaron el reconocimiento de perjuicios de índole moral y material
sufridos por el HENRY y su familia, en primera instancia obviando por
completo el material probatorio que evidencia la configuración de
dichos perjuicios en cabeza de los accionantes y hasta posicionando al
joven HENRY en una semestre muy por debajo del que se encontraba,
demostrando el poco o nulo ejercicio de valoración probatoria que
realizó; y en segunda instancia, realizando una valoración probatoria
defectuosa, indebida, caprichosa y contradictoria entre lo que se probó,
ella misma reconoció mediante resúmenes y posteriormente resolvió,
toda vez que manifestó que aunque se entiende que los accionantes
hayan sentido preocupación por las amenazas, lo cierto es que no se
probaron los sentimientos o padecimientos que sufrieron los
accionantes.

Con lo anterior se tiene que ciertamente tanto el Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia – Caquetá, como el Tribunal Administrativo del
Caquetá, incurrieron en una violación directa a la Constitución en el sentido
que, aunque tomaron en cuenta reglas y principios constitucionales, a estos
les dieron un alcance insuficiente, toda vez que con el actuar de estos
falladores se configuró el desconocimiento de derechos tales como, el
acceso a una administración de justicia real y efectiva, al debido proceso y a
la igualdad, al proferir providencias en la que si bien se reconoció el actuar
indebido e ilegal de la Universidad de la Amazonia, declarando la nulidad de
los actos administrativos por ella proferidos, posteriormente, negaron los
perjuicios morales y material, que evidentemente y de una simple
lógica, tuvieron que padecer el joven HENRY y su familia, más cuando
dicha negación se fundamentó en la supuesta falta probatoria de los
mismos, cuando lo que bien sucedió, como anteriormente se demostró,
fue que ambas instancias o dejaron de valorar y/o valorar de manera
indebida el material probatorio allegado al plenario, especialmente los
testigos que daban cuenta de manera certera de todas las situaciones
de miedo, temor, zozobra, tristeza y angustia que tuvieron que vivir
HENRY y su familia, así como que con la sanción impuesta a HENRY su
carrera profesional se viera truncada y paralelamente todo su proyecto
de vida y el de su familia también se truncara.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

7) Asimismo, en la acción de tutela la parte demandante mencionó que se desconoció
el precedente contenido en las sentencias T-068 de 2012 y T-138 de 2016, las cuales
establecen que el derecho a la educación es de naturaleza fundamental, por lo que el
Estado debe eliminar todas las barreras injustificadas que impidan a los estudiantes
acceder a él.

8) De igual manera, señalaron que se desconoció la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado el 27 de octubre de 2017, radicación 25000-23-42-000-2017-
01094-01(AC), en la cual se amparó el derecho fundamental a la educación, pues no

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04236-00
Demandante: Henry Alexander Cortés Cubillos y otros
Acción de tutela

había lugar a imponerse barreras a un estudiante que había cumplido los requisitos
para acceder a los estudios de educación superior en la Universidad Sergio Arboleda
con un programa específico.

9) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo del 27 de abril de 2022 y
se dirigieron de manera exclusiva a que se declarara que de las pruebas que obraban
en el expediente era posible advertir que se encontraban probados los perjuicios
morales y materiales padecidos por los demandantes.

10) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial accionada
en la providencia objeto de tutela concluyó que no había lugar al reconocimiento de la
indemnización de perjuicios, por cuanto la parte actora había incumplido con la carga
de probar el daño moral y que tampoco se tenía certeza si el señor Cortés Cubillos se
había graduado y había empezado a ejercer como docente para hacer los cálculos del
lucro cesante.

11) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia en lo relacionado con tales defectos no reviste relevancia constitucional
porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio
del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia.

12) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela en
atención a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04236-00
Demandante: Henry Alexander Cortés Cubillos y otros
Acción de tutela

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte demandante,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4°) Una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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