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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04244-00

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04244-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Madis Esther Torres Velásquez, Viviana Patricia Torres Márquez y Magín Mariano Arias Rodríguez, por no encontrar acreditados los defectos alegados. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00 Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Improcedente ______________________________________________________________________________________________________________ decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04244-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 20 de octubre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto fáctico / Defecto
sustantivo.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas en un proceso de acción de grupo, en el que demandó al Estado para obtener
una reparación por los daños causados como consecuencia del desplazamiento del que
fueron víctimas y que los obligó a abandonar sus lugares de orígenes en distintos
municipios del departamento de Sucre e instalarse en la ciudad de Sincelejo. En las
providencias enjuiciadas se negaron las pretensiones de la demanda porque el daño no
era imputable a las entidades demandadas.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Madis
Esther Torres Velásquez y otros en contra del Tribunal Administrativo de
Sucre y otro.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 4 de agosto de 2022, Madis Esther Torres Velásquez, Viviana Patricia
Torres Márquez y Magín Mariano Arias Rodríguez presentaron acción de
tutela en contra del Juzgado 3 Administrativo de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
al considerar que, en las Sentencias de 18 de diciembre de 2017 y 24 de
marzo de 2022, proferidas respectivamente por las autoridades
accionadas, en los procesos de acción de grupo Rad. 70001-33-33-003-

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

2006-00020-01 y 70001-33-33-003- 2006-00943-01 (acumulados), se incurrió
en los defectos fáctico y sustantivo.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“1. Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados por la
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden
jurídico preestablecido y violatorio de las garantías constitucionales y
legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso y a la
correcta administración de justicia para el accionante.

2. Como consecuencia del punto anterior que realicen los siguientes o
similares pronunciamientos:

a. Que se declare la nulidad de las siguientes sentencias judiciales: la
sentencia del 18 de diciembre de 2017, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Sincelejo, dentro de la acción de grupo
Radicado No. 70-001-33-33-003-2006-00020-01 acumulado: 70-001-33-33-
003-2006-00943-01, demandantes: Yacenis Yulieth Bertel Chávez, Madias
Esther Torres de Velásquez y otros, demandados: Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional.// Y la sentencia del 24 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Magistrado Ponente:
César Enrique Gómez Cárdenas, dentro de la acción de grupo Radicado
No. 70-001-33-33-003-2006-00020-01 acumulado: 70-001-33-33-003- 2006-
00943-01, demandantes: Yacenis Yulieth Bertel Chávez, Madias Esther
Torres de Velásquez y otros, demandados: Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional.

b. Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda dentro
de la acción de grupo Radicado No. 70-001-33-33-003-2006-00020-01
Acumulado: 70-001-33-33-003-2006-00943-01, demandantes: Yacenis
Yulieth Bertel Chávez, Madias Esther Torres de Velásquez y otros,
demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, teniendo
en cuenta la observancia del siguiente material probatorio (…)”

3. Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

4. 1) El 7 de septiembre de 2008, un grupo de personas presentaron
demanda de acción de grupo en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional y Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, con el fin de que se les repararan los perjuicios
ocasionados por el desplazamiento del que fueron víctimas y que los
obligó a abandonar sus lugares de residencia en los municipios de Colosó,
Chalán, Ovejas, Chengue, Caracol, San Onofre, Macapeyo, Sincé,
Pijiguay, entre otros, ubicados en el departamento de Sucre, y radicarse en
el municipio de Sincelejo, como consecuencia de la alteración del orden
público en dichas zonas por la presencia de grupos guerrilleros y
paramilitares. En la demanda se refirió que el Estado incurrió en una
omisión en el deber de proteger a sus ciudadanos en su vida, seguridad y

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Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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bienes, así como en el deber de garantizarles su derecho de permanecer
en sus lugares de orígenes.

5. 2) El 18 de diciembre de 2017, el Juzgado 3 Administrativo de
Sincelejo profirió Sentencia de primera instancia, en la cual negó las
pretensiones de la demanda. El juzgado consideró que no existían
condiciones uniformes frente a una causa común generadora del daño
reclamado por la parte actora, pues a partir de los elementos probatorios
que obraban en el expediente no se tenía certeza sobre el grupo que
cometió las acciones violentas, así como tampoco las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que originaron el desplazamiento de los
demandantes. Además, indicó que, en casos de desplazamiento forzado,
el daño es atribuible al Estado solo cuando se presenta una falla en el
servicio; no obstante, en el caso concreto no estaba acreditada dicha
falla, pues no existía prueba de que los afectados hubieren interpuesto
denuncia o informado a las autoridades sobre los hechos que ocasionaron
su desplazamiento, de manera que no era posible predicar un
incumplimiento de funciones por parte de las demandadas.

6. 3) El 17 de enero de 2018, la parte demandante presentó recurso de
apelación, en el que solicitó se revocara la Sentencia de primera instancia
y se accediera a las pretensiones de la demanda. Refirió que el juez erró al
considerar que no se demostró la responsabilidad del Estado, pues en el
proceso estaba probada la condición de desplazado de cada uno de los
demandantes, con el hecho de que habían abandonado sus lugares de
orígenes y con el Registro Único de Población Desplazada, con el cual
también se probó que dicho desplazamiento derivó de la situación de
violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos. También
adujo que el juez desconoció el contenido del artículo 2 de la Constitución
Política que obliga al Estado a (se trascribe) “proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades” y del referente jurisprudencial contenido en la
providencia SU-254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional y en
varias sentencias proferidas por el Consejo de Estado.

7. 4) El 24 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió
Sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión adoptada por el
juzgado. El tribunal advirtió que, si bien estaba probada la condición de
desplazados de los demandantes, en el expediente no obraba prueba
alguna que acreditara el nexo causal entre el daño y la supuesta omisión
en el deber de vigilancia, control e implementación de medidas de
atención y reparación por parte de las entidades demandadas que, según
la parte actora, dieron origen al desplazamiento. Así, concluyó que la sola
posición de garante de derechos no comprometía la responsabilidad del

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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Estado en casos en que el daño es ocasionado por actores no estatales,
pues para que se configurara se requería que se demostrara que las
entidades no emplearon instrumentos de prevención o no dieron una
respuesta adecuada a los hechos que se pusieron en su conocimiento.
Esta providencia fue notificada el 22 de abril de 2022.

8. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló
que en las sentencias enjuiciadas se incurrió en un defecto fático por
omisión en la valoración de pruebas y en un defecto sustantivo por la
omisión en la aplicación de normas constitucionales, ya que:

9. El tribunal consideró que no existían pruebas que acreditaran la
responsabilidad del Estado por el desplazamiento de los demandantes, sin
embargo, en el expediente obraban 39 elementos de prueba
documentales que demostraban esa responsabilidad, esto es:

• 24 constancias expedidas por la Personería y la Defensoría del
Pueblo que demostraban la calidad de desplazados de los
demandantes.

• Los Oficios No. 13661, 20144060117503 y 20144060117523 emitidos por
la Agencia Presidencial para la Acción Social y 2 CDs aportados por la
misma entidad en los que (se trascribe) “consta la atención brindada
por esta entidad a varios de los miembros que integran el grupo
demandante”.

• El Oficio No.1730 de 2 de diciembre de 2015 emitido por el
Comandante de la Brigada de infantería No. 1, en el que se informa
sobre el cumplimiento de operaciones militares en contra de los
grupos armados al margen de la ley en los departamentos de Bolívar,
Córdoba y Sucre.

• El Oficio No. 300.11.03/PD 175 de 4 de diciembre de 2015 emitido por
la coordinadora del Comité de Justicia Transicional de Sucre, en el
que se informó sobre las actividades, planes y programas que se han
desarrollado para atender a la población desplazada que se
encuentra asentada en los municipios de Chalán, Ovejas, Colosó y
San Onofre.

• El Oficio No. OF115-0030545-DJT-3100 de 15 de diciembre de 2015
mediante el cual la Directora de Justicia Transicional informó que el
“Bloque Héroes” que operaba en la región “Montes de María” se
desmovilizó el 14 de julio del 2005 y el grupo “BCB Sur de Bolívar” se
desmovilizó el 31 de enero del 2006.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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• Oficio No. S-2015023075/SIJIN-DESUC- 29.25 de 2 de diciembre de
1015 mediante el cual el Jefe Seccional de Investigación Criminal
Sucre certificó que hasta mediados del 2006, los municipios de
Toluviejo, Colosó, Chalán y Ovejas fueron considerados municipios
con alteración del orden público debido a la injerencia de grupos
subversivos, lo cual implicaba la adopción de altas medidas de
seguridad.

• Un CD remitido al expediente por el Comandante de la Brigada de
Infantería No.1, en el que se registran las operaciones, combates y
resultados operacionales de los años 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008.

• Fallos de 12 de diciembre del 2003 y 23 de diciembre del 2004
proferidas por la Procuraduría General de la Nación dentro del
proceso disciplinario adelantado en contra de varios integrantes de la
Armada Nacional.

• Auto de 14 de septiembre del 2004, en el cual la Procuraduría
decidió negar una solicitud de nulidad procesal y no reponer la
decisión adoptada en el fallo disciplinario de 12 de diciembre del
2003. Asimismo, Auto de 19 de mayo del 2005, en el cual la
Procuraduría aclaró el numeral sexto de la parte resolutiva del
mencionado fallo disciplinario.

• Oficio No. S-2016-0028751 SIJIN-J EFAT-29 de 6 de febrero de 2016
mediante el cual el Jefe Seccional de Investigación Criminal de Sucre
informa sobre la situación de orden público en los municipios de San
Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas y Sincé́ para la época en que se
produjeron los desplazamientos.

• Oficio No. 20083110198903 de 4 de noviembre de 2008 mediante el
cual la Agencia Presidencial para la Acción Social indica que las
personas que conforman el grupo que instauró la acción de grupo
identificada con el radicado 70001-3333-003-2006-00693-00 se
encuentran inscritas en el RUV que han recibido ayudas humanitarias
a través de la implementación de políticas públicas como programa
de generación de ingresos de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y el subsidio de vivienda urbana.

10. Además, el tribunal desconoció el contenido de los artículos 2, 90,
216 y 217 de la Constitución Política, los cuales fueron transcritos en el
escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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1.2. Posición de la parte demandada y los terceros2

11. El Tribunal Administrativo de Sucre rindió informe en el que puso de
presente que la parte actora presentó con anterioridad acción de tutela
con el mismo objeto, por los mismos hechos y las mismas pretensiones
planteadas en el presente trámite. Adujo que el proceso fue adelantado
bajo el Rad. 11001-03-15-000-2022-02725-00, en el despacho del magistrado
César Palomino Cortés, y el 28 de junio de 2022 se dictó Sentencia en la
que se declaró improcedente la acción. Por lo anterior, solicitó que se
declarara la existencia de cosa juzgada, sin perjuicio del análisis de
temeridad por la conducta de mala fe de la parte accionante.

12. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social presentó
informe en el que solicitó se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, ya que la parte actora no argumentó ni demostró la vulneración de
sus derechos derivada de las providencias enjuiciadas y tampoco probó la
existencia de un perjuicio irremediable. Refirió que las providencias
enjuiciadas están debidamente ejecutoriadas, por lo que existía cosa
juzgada y la acción de tutela no es el medio idóneo para atacar la
decisión allí adoptada. Por último, indicó que el juez profirió la sentencia
ajustada al derecho vigente y en ejercicio de su autonomía judicial, por lo
que las simples inconformidades de la parte actora no constituían una vía
de hecho que ameritara un amparo constitucional.

13. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
municipio de Ovejas, en escritos separados, presentaron informe en el que
solicitaron su desvinculación del presente trámite, dado que no existía nexo
de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y la actuación de las
entidades.

14. El municipio de Chalán y el municipio de Toluviejo presentaron
informes en los que solicitaron que se negaran las pretensiones de la
acción de tutela, toda vez que en el proceso de la acción de grupo se
respetaron los derechos de las partes y se profirió sentencia conforme con
las pruebas que obraban en el expediente y en atención a las normas
constitucionales, legales y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.

2 El 16 de agosto de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como

demandado al Juzgado 3 Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre y, (3) vincular, en
calidad de terceros, a cada uno de los integrantes del grupo demandante en el proceso originario, al Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, Ministerios del Interior y de Justicia, Agencia Presidencial para la Acción Social,
Cooperativa Internacional "Acción Social", departamento de Sucre, municipio de Colosó, municipio de Chalán,
municipio de Ovejas, municipio de Toluviejo, municipio de Sincé, municipio de San Onofre, personería municipal
de Colosó, personería municipal de Chalán, personería municipal de Ovejas, personería municipal de Toluviejo,
personería municipal de Sincé́, personería municipal de San Onofre y Defensoría Del Pueblo - Seccional Sucre,
como terceros interesados en el proceso.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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15. El Juzgado 3 Administrativo de Sincelejo, el Ministerio de Defensa, el
departamento de Sucre, el municipio de Colosó, el municipio de Sincé, el
municipio de San Onofre, la Personería Municipal de Colosó, la Personería
Municipal de Chalán, la Personería Municipal de Ovejas, la Personería
Municipal de Toluviejo, la Personería Municipal de Sincé, la Personería
Municipal de San Onofre, la Defensoría del Pueblo - Seccional Sucre- y los
demás integrantes de la parte actora en el proceso de acción de grupo
guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Cuestión previa

16. El Tribunal Administrativo de Sucre, en su informe, puso de presente
que la parte actora inició un proceso de tutela en el que se constituyeron
las mismas partes y con base en los mismos hechos y pretensiones que en
el presente trámite, el cual fue resuelto desfavorablemente por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, por lo que
debían rechazarse las pretensiones de la demanda.

17. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 prevé que (se trascribe)
“[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces
o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes”.

18. Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado que dicha norma
tiene como finalidad (se trascribe) “evitar la presentación sucesiva,
además de múltiple de las acciones de tutela”3, ya que ello “congestiona
injustificadamente los despachos judiciales y desconoce los principios de la
cosa juzgada constitucional y la seguridad jurídica, en tanto busca reabrir
una controversia finiquitada por otra decisión judicial previa que es
definitiva e inmutable”4.

19. La Corte ha establecido que la temeridad se configura cuando se
presenta una identidad de partes, identidad de hechos, identidad de
pretensiones y ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte de los
accionantes. Además, ha referido que en aquellos casos en que se
demuestren dichos elementos la consecuencia jurídica será que el juez
3 Sentencia T 887 de 2014.
4 Ibídem.

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Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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negará las pretensiones de la acción de tutela y promoverá las sanciones
respectivas y, en aquellos casos en que solo se demuestre la identidad
material en las solicitudes de amparo, pero no concurra un actuar doloso o
mala fe, entonces el juez se limitará a rechazar las pretensiones formuladas
por la parte accionante5.

20. La Sala observa que el 18 de mayo de 2022 el abogado que actuó
como representante del grupo en el proceso ordinario, en calidad de
agente oficioso, presentó acción de tutela en contra del Juzgado 3
Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, en el
escrito alegó que las autoridades demandas, en las providencias de 18 de
diciembre de 2017 y 24 de marzo de 2022, incurrieron en un defecto
fáctico y un defecto sustantivo, por lo cual solicitó se accediera al amparo
de los derechos al debido proceso y acceso a al administración de justicia,
se dejara sin efectos las mencionadas providencias y se ordenara proferir
una nueva decisión que tuviera en cuenta los elementos probatorios
aportados al expediente. Dicho proceso fue adelantado bajo el Rad.
11001-03-15-000-2022-02725-00.

21. Conforme con lo anterior y tras una revisión detallada de los escritos
de tutela, se encuentra que las acciones de tutela comparten identidad
de hechos y pretensiones, no obstante, no comparten identidad de partes,
pues la primera tutela fue presentada por el abogado que actuó como
agente oficioso del grupo, pero no por los aquí demandantes. Además, se
advierte que el primer trámite no constituye una cosa juzgada material
respecto a lo solicitado en este proceso.

22. En la Sentencia de 28 de junio de 2022, en la cual se resolvió la
primera solicitud de tutela, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación declaró improcedente la acción, toda vez que la parte
accionante no acreditó su legitimidad activa en la causa. La Sala explicó
que, según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, (se trascribe) “se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa”. No obstante, en aquel
caso, el abogado no allegó poder especial para adelantar el proceso de
tutela y tampoco acreditó las circunstancias que lo llevaron a actuar
como agente oficioso y que impidió a los integrantes del grupo presentar
la acción de tutela a nombre propio.

23. En definitiva, la Sala considera que en el presente caso no hay
temeridad, ya que, por una parte, no existe identidad de partes entre
ambos procesos y, por otra parte, no existe amenaza respecto a la figura
de cosa juzgada material. Por el contrario, se advierte que, dados los

5 Sentencia SU-168 de 2017.

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Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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resultados del trámite anterior, la parte interesada en el asunto asumió su
propia defensa con el fin de reclamar los derechos que presume le han
sido vulnerados. En ese sentido, se procederá con el estudio del caso.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6

24. En el presente caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela por no satisfacerse el requisito de relevancia constitucional, pues
la parte demandante, con la acción de tutela, pretendió someter su pleito
a una instancia adicional.

25. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
[de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.7

26. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela8 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia9; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad10.

27. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional11.

28. Por lo anterior, la Sala estima que el reparo que aquí se estudia, esto
es, el defecto fáctico relacionado con la valoración de “las 39 pruebas

6 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
9 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será́ rechazarla o declararla improcedente.
10 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
11 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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aportadas al expediente” y el defecto sustantivo por desconocimiento de
de los artículos 2, 90, 216 y 217 de la Constitución Política no cumplieron el
requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora no desplegó la
carga argumentativa suficiente y debida que justificara la intervención del
juez de tutela. Los accionantes se limitaron a citar los elementos
probatorios y las normas constitucionales que alegaron fueron
desconocidas en las sentencias enjuiciadas, pero no plantearon ningún
razonamiento que explicara en qué consistió el defecto fáctico, cual fue la
omisión o indebida valoración probatoria y cuál era el alcance que debía
darse a esas pruebas. Tampoco explicaron en que consistió el
desconocimiento de las normas constitucionales citadas.

29. La trascripción de las pruebas y normas que se adujeron
desconocidas por el tribunal no basta para justificar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional.

30. La Sala observa que la parte actora planteó la existencia de un
defecto fáctico y un defecto sustantivo, pero no tuvo argumentos para
sustentarlos. Los accionantes se limitaron a plantear su inconformidad con
la conclusión a la que se llegó en el proceso de acción de grupo, pero no
acreditaron un defecto que conllevara a una vulneración de los derechos
fundamentales.

2.3. Conclusión

31. La Sala declarará la improcedencia de acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Madis Esther Torres
Velásquez, Viviana Patricia Torres Márquez y Magín Mariano Arias
Rodríguez, por no encontrar acreditados los defectos alegados.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04244-00
Demandante: Madis Esther Torres Velásquez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedente
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decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin12.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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