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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04244-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04244-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por los MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y DEL INTERIOR Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 Número único de radicación: 110010315000-2022-04244-01 Actoras: Madis Esther Torres Velásquez y otras. y el MUNICIPIO DE OVEJAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones señaladas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04244-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2022-04244-01
Referencia: Acción de tutela
Actoras: MADIS ESTHER TORRES VELÁSQUEZ Y OTRAS.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL AMPARO,
PERO POR LAS RAZONES DE ESTA PROVIDENCIA. NO SE INCURRIÓ EN LOS
DEFECTOS ALEGADOS. NO BASTA CON PROBAR LA CONDICIÓN DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AL
ESTADO. RÉGIMEN SUBJETIVO POR FALLA EN EL SERVICIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por las actoras contra la

sentencia de 20 de octubre de 2022, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó la acción de tutela de la referencia.

1
En adelante sección tercera.

2

Número único de radicación: 110010315000-2022-04244-01
Actoras: Madis Esther Torres Velásquez y otras.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las señoras MADIS ESTHER TORRES DE VELÁSQUEZ, VIVIANA

PATRICIA TORRES MÁRQUEZ y MAGÍN MARIANO ARIAS

RODRÍGUEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción

de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su

juicio, les fueron vulnerados por el JUZGADO TERCERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO2 y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE3, al proferir las

sentencias de 18 de diciembre de 2017 y 24 de marzo de 2022,

respectivamente, dentro de la acción de grupo identificada con el

número único de radicación 700013333003-2006-00020-01.

I.2.- Hechos

Comentaron que en su condición de víctimas del conflicto armado

2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante el TRIBUNAL.

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Actoras: Madis Esther Torres Velásquez y otras.

interno, en el año 2006 junto con otros ciudadanos con igual

condición promovieron una acción de grupo contra la NACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA NACIONAL-, los

MINISTERIOS DEL INTERIOR y DE JUSTICIA y los

MUNICIPIOS de los cuales fueron desplazadas, entre otros, con la

finalidad de que fueran reparadas con ocasión a los hechos que

causaron su situación.

Precisaron que la reparación pretendida tenía como fundamento la

configuración de la responsabilidad de las demandadas, por omitir el

deber constitucional y legal que les asistía de velar por su protección

y seguridad.

Explicaron que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 700013333003-2006-00943-00, posteriormente

acumulado al 700013333003-2006-00020-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia

de 18 de diciembre de 2017, denegó las pretensiones de la demanda

al estimar que no fue probado que hubiesen solicitado a las

autoridades civiles, militares y policivas que operaban en los entes

territoriales de los cuales se vieron desarraigados, la protección de

sus derechos y bienes jurídicos.

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Actoras: Madis Esther Torres Velásquez y otras.

Indicaron que interpusieron el recurso de apelación respectivo ante

el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 24 de marzo de 2022,

confirmó la decisión del a quo, al estimar que si bien estaba

acreditada su condición de desplazadas, no estaba probado que sea

una consecuencia fáctica y jurídica del actuar o la omisión de las

demandadas.

Precisaron que de igual forma el TRIBUNAL determinó que no fue

probado que hayan puesto en conocimiento de las autoridades los

hechos que originaron su desplazamiento o las circunstancias que

generaron el temor por su integridad física y llevaron a su huida

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyeron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el

defecto sustantivo, al inobservar los artículos 2°, 90, 216 y 217 de

la Constitución Política y 69 de la Ley 1448 de 10 de junio de 20114.

Explicaron que las autoridades judiciales también incurrieron en

defecto fáctico, toda vez que desconocieron las pruebas

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“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”.

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documentales obrantes en el expediente, conformadas por varias

certificaciones en las que se demostraba su calidad de desplazadas,

así como las siguientes:

“[…]  Oficio 13661 fechado 30 de mayo del 2017, emanado de
la Acción Social, donde consta la atención brindada por esta
entidad a varios de los miembros del grupo.

 Oficio radicado 20144060117503, emanado de la Acción
Social, donde consta la atención brindada por esta entidad a
varios de los miembros que integran el grupo demandante.

 Oficio radicado 20144060117523, emanado de la Acción
Social, donde consta la atención brindada por esta entidad a
varios de los miembros que integran el grupo demandante.

 CD-RS emanado de la Acción Social, donde constan las ayudas
humanitarias que se les han entregado a los miembros de la
parte actora.

 CD-R donde consta que las personas que integran el grupo
demandante del expediente 70- 001-33-33-003-2006-00020-00
son desplazados del conflicto armado interno y las ayudas
humanitarias que han recibido algunos de ellos.

 Oficio No.1730 con recibido 2 de diciembre del 2015, por medio
del cual el comandante de la Brigada de l.M No. 1, informa el
cumplimiento de operaciones militares en contra de los grupos
armados al margen de la ley en la jurisdicción de los
Departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

 Oficio 300.11.03/PD No. 175 de fecha de recibido 4 de
diciembre del 2015, por medio del cual la Coordinadora del
Comité de Justicia Tradicional del Departamento de Sucre
informó las actividades, planes y programas que se han
desarrollado para atender a la población desplazada que se
encuentra sentada en la cabecera de los municipios de Chalán,
Ovejas, Colosó y San Onofre.

 Oficio OF115-0030545-DJT-3100 de fecha de recibido 15 de
diciembre del 2015, mediante el cual la Directora de Justicia
Transicional informó que el Bloque Héroes de Montes de María

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se desmovilizó el 14 de julio del 2005 y el Grupo al Margen de
Ley denominado BCB Sur de Bolívar, el 31 de enero del 2006.
 Oficio No. S-2015023075/SIJIN-DESUC- 29.25 del 2 de
diciembre del 201535 , a través del cual el Jefe Seccional de
Investigación Criminal Sucre certificó "que hasta mediados del
año 2006, los Municipios de Toluviejo, Colosó, Chalán, y Ovejas,
pertenecientes a los llamados Montes de María, debido a la
injerencia de Grupos Subversivos (FARC-E.L.NE.R.P.) y
Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque Héroes de Los Montes
de María), fueron considerados municipios de Orden Público, lo
que implica el máximo de medidas de seguridad en todos los
ámbitos.

 CD-ROM remitido al expediente por el comandante de la
Brigada de Infantería No.1, donde reposan las operaciones,
combates y resultados operacionales que obtuvieron en los años
2003, 2005, 2006, 2007 y 2008.

 Copia de la Sentencia de fecha 23 de diciembre del 2004, de
la Procuraduría General de la Nación decidió dentro del proceso
disciplinario adelantado en contra del contraalmirante Rodrigo
Quiñones Cárdenas, el coronel Carlos Alberto Sánchez García, el
teniente coronel Harold Afranio Mantilla Serrano y el capitán de
corbeta Héctor Martínez Pita Vásquez.

 Oficio No. S-2016-0028751 SIJIN-J EFAT-29 .25 del 6 de
febrero del 2016, a través del cual el Jefe Seccional de
Investigación Criminal de Sucre, informa la situación de orden
público en los municipios de San Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas
y Sincé.

 Sentencia datada 12 de diciembre del 2003, proferida por la
Procuraduría General de la Nación dentro del proceso
disciplinario que se adelantaba en contra de los señores Rodrigo
Alfonso Quiñonez Cárdenas, Oscar Eduardo Saavedra Calixto.
Camilo Martínez Moreno, Rubén Darío Rojas Bolívar, Rafael
Euclides Bossa Mendoza.

 Auto del 19 de mayo del 2005, mediante el cual el Despacho
del Procurador General de la Nación aclaró el numeral sexto de
la parte resolutiva de la Sentencia calendada 12 de diciembre
del 200.

 Auto datado 14 de septiembre del 2004, mediante el cual el
Despacho del Procurador General de la Nación decidió denegar
una nulidad procesal y no reponer la decisión adoptada en la
Sentencia del 12 de diciembre del 2003.

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Actoras: Madis Esther Torres Velásquez y otras.

 Oficio No. 20083110198903 del 4 de noviembre del 2008,
mediante el cual la Agencia Social indica que las personas que
conforman el grupo que instauró la acción de grupo identificada
con el radicado 70001-3333-003-2006-00693- 00 se encuentran
inscritas en el RUV que han recibido las ayudas humanitarias,
entre las cuales se encuentran la atención en el programa de
generación de ingresos de la Acción Social y el subsidio de
vivienda urbana […].”

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, las accionantes pretenden lo

siguiente:

“[…]1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados
por la actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de las
garantías Constitucionales y legales que integran los derechos
fundamentales al debido proceso y a la correcta administración
de justicia para el accionante.

2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los
siguientes o similares pronunciamientos.

a.-) Que se declare la nulidad de las siguientes sentencias
judiciales:

• La sentencia del 18 de diciembre de 2017, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, […]

.- LA SENTENCIA JUDICIAL DE FECHA, veinticuatro (24) de
marzo de dos mil veintidós (2022), proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE, Magistrado Ponente: César
Enrique Gómez Cárdenas, dentro de la Acción […]

b.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la
demanda dentro de la Acción de grupo Radicado No. 70-001-33-
33-003-2006-00020-01 […] teniendo en cuenta la observancia
del siguiente material probatorio […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que en relación con el proceso origen de

la controversia ya había sido presentada la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 110010315000 2022

02725 00, declarada improcedente por la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO.

Resaltó que, en todo caso, la decisión que profirió tuvo sustento en

la interpretación autónoma e independiente que dio a las fuentes

jurídicas aplicables, así como a la situación fáctica que fue probada

en el proceso.

Recalcó que, en efecto, “[…] pudo determinar que la parte actora no

trajo al proceso prueba alguna que sustente el nexo causal del daño

con la supuesta omisión en el deber de vigilancia y control que dio

origen al desplazamiento por parte de la Policía Nacional y /o de los

demás órganos de seguridad […]”.

Afirmó que no se probó que las actoras hayan puesto en

conocimiento de las autoridades competentes los hechos que

originaron su desplazamiento o las circunstancias que generaron el

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temor por su integridad física y llevaron a su huida.

Concluyó que la solicitud de amparo carece de relevancia

constitucional, dado que además de que el asunto ya fue sometido a

decisión en sede de tutela, lo que pretenden las actoras es revivir el

debate que se dio en sede ordinaria.

I.5.2.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, vinculado

en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado

que dentro de sus funciones no está dirigir o prevenir los factores

que atentan contra el orden público interno.

I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL mencionó que contrario a lo

afirmado por las actoras, las pruebas que enunciaron sí fueron

valoradas, no obstante, no eran suficientes para determinar la

responsabilidad del Estado.

Comentó que la acción de tutela es improcedente para efectuar el

estudio del fondo del asunto, dado que las actoras ya hicieron uso de

las vías judiciales respectivas, sin que se advierta vulneración alguna

a los derechos deprecados.

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I.5.4.- El MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, vinculado en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que no

hay lugar a conceder el amparo pretendido por la parte actora, dado

que, en su sentir, las providencias cuestionadas cumplieron con las

formalidades exigidas por la ley y fueron proferidas conforme con

una valoración adecuada de las pruebas.

I.5.5.- El MINISTERIO DEL INTERIOR solicitó ser desvinculado

del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por

pasiva, dado que de los hechos de la solicitud de amparo no se

advierte que se le esté atribuyendo la vulneración de los derechos

fundamentales deprecados.

I.5.6- El MINISTERIO DE PROTECCIÓN, vinculado en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que no

hay lugar a conceder el amparo pretendido, dado que el fondo del

asunto ya fue resuelto por los jueces naturales a partir de los

principios de independencia y autonomía judicial.

I.5.7.- El MUNICIPIO DE COLOSÓ, vinculado en calidad de tercero

con interés directo en las resultas del proceso, comentó que bastaba

con observar el folio 38 de la sentencia proferida por el TRIBUNAL

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en el curso del proceso origen de la controversia, para advertir que

dicha autoridad sí valoró las pruebas obrantes en el expediente.

Apuntó que el TRIBUNAL además sustentó su decisión en la

normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, sin que se observe

una actuación arbitraria.

I.5.8.- El MUNICIPIO DE OVEJAS, vinculado en calidad de tercero

con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar su

falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es la

autoridad contra la que se dirigen las pretensiones de la solicitud de

amparo.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 20 de octubre de 2022, la SECCIÓN

TERCERA de esta Corporación denegó la solicitud de amparo, no

obstante, de haber desarrollado una parte motiva en la que concluía

que la acción de tutela era improcedente.

Señaló que si bien en relación con el proceso origen de la

controversia esta Corporación había conocido de la acción de tutela

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identificada con el número único de radicación 2022-02725-00, la

decisión respectiva no constituía cosa juzgada material, dado que en

esa oportunidad la solicitud de amparo fue declarada improcedente

porque fue elevada por el apoderado que actúo como agente oficioso

del grupo de demandantes en el trámite ordinario, por lo que carecía

de falta de legitimación en la causa por activa.

Expuso que, en relación con los defectos alegados por las actoras, la

acción de tutela era improcedente por carencia de relevancia

constitucional, comoquiera que aquellas no desplegaron “[…] la carga

argumentativa suficiente y debida que justificara la intervención del

juez de tutela […]”.

Precisó que las actoras se limitaron a citar la relación de pruebas

obrantes en el expediente y algunas normas sobre la responsabilidad

Estatal, sin explicar en que consistieron los defectos que alegaban.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Las actoras impugnaron la decisión proferida en primera instancia

señalando que el a quo erró en sus conclusiones porque en el acápite

de los hechos del escrito introductorio están plasmados los

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argumentos que motivan la solicitud de amparo.

Indicaron que, en efecto, en el escrito introductorio se enunciaron las

pruebas que no fueron valoradas por parte de las autoridades

judiciales accionadas.

Insistieron en que las autoridades accionadas inaplicaron “[…] la

responsabilidad estatal por omisión al cumplimiento […]” de los

artículos 2°, 90, 216 y 217 de la Constitución Política y 69 de la Ley

1448 de 2011.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

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distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que los MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL

DERECHO y DEL INTERIOR y el MUNICIPIO DE OVEJAS

solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor

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y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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En el presente caso, como quiera que las entidades aludidas fueron

parte en el trámite que dio lugar a la acción de tutela de la referencia,

es claro que debían ser notificadas de la existencia del presente

asunto, en razón al interés directo que les asiste en las resultas de

este y, en consecuencia, se denegará su desvinculación, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

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tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los

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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente caso, las actoras pretenden que se deje sin efecto las

sentencias de 18 de diciembre de 2017 y 24 de marzo de 2022,

proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,

mediante las cuales denegaron las pretensiones dentro de la acción

de grupo identificada con el número único de radicación

700013333003-2006-00020-01.

La controversia tiene origen en el hecho de que en el año 2006, las

actoras en calidad de víctimas de desplazamiento forzado

promovieron la acción de grupo aludida, entre otras, contra la

NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA NACIONAL-, los

MINISTERIOS DEL INTERIOR y DE JUSTICIA y los

MUNICIPIOS de los cuales fueron desplazadas, con la finalidad de

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obtener la reparación de los perjuicios como víctimas del conflicto

armado.

El disenso de las actoras radica en que, en su sentir, las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico,

porque inaplicaron los artículos 2°, 90, 216 y 217 de la Constitución

Política, así como el 69 de la Ley 1448 de 2011 y, en particular,

porque no observaron las pruebas obrantes en el expediente que

evidenciaban su condición de desplazadas.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que denegó la solicitud de

amparo, no obstante, de haber determinado en la parte motiva de la

sentencia que era improcedente por falta de relevancia constitucional

al carecer de suficiente carga argumentativa.

En la impugnación las actoras manifestaron que en su escrito

introductorio habían argumentado las razones de su solicitud y

reiteraron sus alegaciones iniciales.

Al respecto, la Sala advierte que se tomará como providencia a

analizar la sentencia de 24 de marzo de 2022 proferida por el

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TRIBUNAL, en razón a que fue la providencia que puso fin al trámite

origen de la controversia y cualquier reproche que las actoras hayan

podido tener contra la decisión emitida en el curso de la primera

instancia del proceso ordinario, debió haberse planteado en el

recurso de apelación respectivo.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL incurrió en los defectos sustantivo

y fáctico alegados al haber proferido la sentencia de 24 de marzo

aludida.

La Sala observa que, contrario a lo señalado por el a quo, en el

presente caso sí se cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, por cuanto las actoras plantean con suficiente carga

argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, se han

vulnerado sus derechos fundamentales y se configuran los defectos

aludidos; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y

tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios

de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

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interpuso en un plazo razonable5, la solicitud identifica los hechos y

derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se trata de

una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la

Sala hará mención al marco jurídico general de los defectos alegados,

para enseguida efectuar su estudio de forma conjunta.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional6 ha

precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial

aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la

que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría

los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

6 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 20097, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional8 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

7
M.P Mauricio González Cuervo.

8
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20139, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

9
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Caso concreto

En la providencia cuestionada, el TRIBUNAL exoneró de

responsabilidad por el desplazamiento forzado de las actoras al

Estado, luego de efectuar el siguiente análisis:

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“[…] 1.1. DEL MATERIAL PROBATORIO INCORPORADO AL
EXPEDIENTE PRINCIPAL Y SU ACUMULADO

 Constancia de la Personería Municipal del Carmen (Norte de
Santander), fechada 27 de agosto del 2017, donde reposa que
el señor Jorge Ambrosio Guevara Torres se vio desplazado
forzadamente de este ente territorial.
 Constancia de la Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, datada
18 de noviembre del 2002, persona desplazada -de Guamanga
Carmen de Bolívar-, Mirtha Meza Ríos y composición del grupo
familiar.
 Constancia Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, del 6 de
agosto del 2008, persona desplazada -de Macayepo (Bolívar)-
Carmen Julia Medina Tapia y composición del grupo familiar.
 Constancia Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, fechada 1
de septiembre del 1998, persona desplazada del Carmen de
Bolívar- Pedro Aníbal Castro Medina.
 Constancia de la Personería Municipal de Corozal, datada 26
de agosto del 2003, persona desplazada del Roble (Sucre)-
Magalis Elena Baldovino Estrada y composición del grupo
familiar.
 Constancia Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, datada 27
de julio del 2001, persona desplazada Pasacorriendo (San
Onofre-Sucre), Yadith Silgado de Pérez y composición del grupo
familiar.
 Constancia Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, datada 7 de
junio del 2002, persona desplazada del Chicho (San Onofre-
Sucre), Luz Estella Olascagua Navarro y composición del grupo
familiar
 Constancia Procuraduría Regional de Sucre, datada 18 de
octubre del 2000, persona desplazada -del corregimiento de
Berruga (Bolívar) - María Teresa Ortega Medina y composición
del grupo familiar.

[…]

 Copia de la Sentencia de fecha 23 de diciembre del 2004, de
la Procuraduría General de la Nación decidió dentro del proceso
disciplinario adelantado en contra del contraalmirante Rodrigo
Quiñones Cárdenas, el coronel Carlos Alberto Sánchez García, el

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teniente coronel Harold Afranio Mantilla Serrano y el capitán de
corbeta Héctor Martínez Pita Vásquez.
 Oficio No. S-2016-0028751 SIJIN-J EFAT-29 .25 del 6 de
febrero del 2016, a través del cual el Jefe Seccional de
Investigación Criminal de Sucre, informa la situación de orden
público en los municipios de San Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas
y Sincé.
 Sentencia datada 12 de diciembre del 2003, proferida por la
Procuraduría General de la Nación dentro del proceso
disciplinario que se adelantaba en contra de los señores Rodrigo
Alfonso Quiñonez Cárdenas, Oscar Eduardo Saavedra Calixto.
Camilo Martínez Moreno, Rubén Darío Rojas Bolívar, Rafael
Euclides Bossa Mendoza.
 Auto del 19 de mayo del 2005, mediante el cual el Despacho
del Procurador General de la Nación aclaró el numeral sexto de
la parte resolutiva de la Sentencia calendada 12 de diciembre
del 2003.
 Auto datado 14 de septiembre del 2004, mediante el cual el
Despacho del Procurador General de la Nación decidió denegar
una nulidad procesal y no reponer la decisión adoptada en la
Sentencia del 12 de diciembre del 2003.
 Oficio No. 20083110198903 del 4 de noviembre del 2008,
mediante el cual la Agencia Social indica que las personas que
conforman el grupo que instauró la acción de grupo identificada
con el radicado 70001-3333-003-2006-00693- 00 se encuentran
inscritas en el RUV que han recibido las ayudas humanitarias,
entre las cuales se encuentran la atención en el programa de
generación de ingresos de la Acción Social y el subsidio de
vivienda urbana […]”.

[…]

3.2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.
Cláusula General de responsabilidad. Elementos -Acción
de Grupo
[…]
En ese orden, la construcción del artículo 90 de la Constitución
Política de 1991, en Colombia ha dado pie para señalar que los
elementos para que surja derecho a la reparación a cargo del
Estado es necesaria la existencia de un daño antijurídico
imputable al Estado por su acción u omisión.

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[…]
3.3. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (Título jurídico de
imputación-Falla del Servicio)
De conformidad con el artículo 1° de la Ley 387 de 199765, es
desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o
se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al
derecho internacional humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público.
[…]
Así, para atribuir responsabilidad deberá demostrarse que al
Estado, le correspondía evitar la amenaza o riesgo inminente y
no lo hizo, aun cuando tenía las herramientas y capacidad para
contrarrestar el desplazamiento forzado, el cual si bien
comúnmente es causado por un tercero – grupos al margen de
la ley - no la exonera de su deber legal de protección de los
derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, lo que
no implica que en todos los casos de desplazamiento deba
imputarse al Estado la responsabilidad, pues se debe tener en
cuenta cuales fueron las bases probatorias y si ellas son
suficientes para endilgarla, ello, teniendo en cuenta que el
Estado no es un asegurador universal.

El H. Consejo de Estado en su Sección Tercera, Subsección C, se
refirió de la siguiente manera:

[…]

Ahora bien, como quiera que uno de los aspectos endilgados en
la presente acción, es una presunta omisión en cumplimiento de
sus deberes, en este caso la prevención del desplazamiento, la
Sala traerá a colación uno de los pronunciamientos de la Sección
Tercera del H. Consejo de Estado, en el cual sobre el particular
dispuso:

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[…]

En ese orden, el reconocimiento del desplazamiento como una
realidad social, en análisis de responsabilidad judicial bajo el
contexto de la cláusula del artículo 90 de la C. P., debe provenir
del incumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico
a sus autoridades, en particular el contenido obligacional
derivado del deber de proteger la vida, honra y bienes de los
particulares. No obstante, tampoco resulta ajustado a derecho
imponer a dichos funcionarios y al Estado mismo, una carga de
imposible cumplimiento, examinando de manera abstracta el
cumplimiento de dichos fines del Estado, porque ello convertiría
a la responsabilidad extracontractual en herramienta de
aseguramiento universal y un sistema puro de responsabilidad
objetiva, lo cual desbordaría los supuestos que pueden ser
objeto de acciones de reparación de perjuicios.

[…]

4. EL CASO CONCRETO

Los actores demandaron a la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLÍCIA NACIONAL, MINISTERIO DE INTERIOR Y DE
JUSTICIA, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL-
COOPERATIVA INTERNACIONAL "ACCIÓN SOCIAL",
DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE COLOSÓ,
MUNICIPIO DE CHALÁN, MUNICIPIO DE OVEJAS, MUNICIPIO DE
TOLUVIEJO, MUNICIPIO DE SINCÉ, MUNICIPIO DE SAN
ONOFRE-, PERSONERÍA MUNICIPAL DE COLOSÓ, PERSONERÍA
MUNICIPAL DE CHALÁN, PERSONERÍA MUNICIPAL DE OVEJAS,
PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO, PERSONERÍA
MUNICIPAL DE SINCÉ, PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN
ONOFRE y la DEFENSORÍA DEL PUEBLO SECCIONAL SUCRE, por
los daños y perjuicios causados por el presunto desplazamiento
forzado del que fueron víctimas. Lo que, a su juicio, constituye
una falla en el servicio que debe ser reparada.

[…]

Empero, una vez valorado el acervo probatorio que obra en el
expediente y fue descrito con antelación, observa la Sala, que la

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parte actora no trajo al proceso prueba alguna que sustente el
nexo causal del daño con la supuesta omisión en el deber de
vigilancia, control y medidas de atención y reparación que dieron
origen al desplazamiento por parte de las autoridades
accionadas y /o de los demás órganos de control y seguridad.

Nótese que en el caso no existe una prueba clara y contundente
de la omisión por parte de alguna de las autoridades estatales
encargadas de la seguridad ciudadana y tampoco de las
encargadas de la conformación de políticas públicas e
implementación de los programas de atención y reparación a las
víctimas, tales como denuncias, querellas, alertas en consejos
de seguridad, requerimientos a los órganos de control, vigilancia
y seguridad, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las
Personerías y la propia fuerza pública. Mas allá de sola
afirmación y declaraciones que solo tienen la entidad para
acreditar la condición de desplazado y el registro en el RUV, pero
que no pueden demostrar la configuración y la estructuración de
los elementos de responsabilidad extracontractual del Estado.

En ese orden, si bien puede decirse que el plenario se encuentra
acreditada la condición de desplazados de varios de los
integrantes de los grupos demandantes, no está acreditado
dentro del expediente, que ello es consecuencia fáctica y
juicamente de las entidades demandadas, siendo evidente el
déficit probatorio al respecto y cuya responsabilidad –
consecuencia, recae en los actores, como quiera que en ello,
centran su pretensión de reparación grupal. Es más, en cuanto
a la implementación y ejecución de los programas estatales y
medidas de atención, está demostrado que por parte de Acción
Social se entregaron componentes de ayuda humanitaria tales
como: programas de generación de ingresos, subsidios de
vivienda y gastos funerarios.

Así pues, una vez valorado el material probatorio obrante en el
proceso, conformado por la documental relacionada, que
consiste en tan solo, se reitera, una parte de las declaraciones
de los accionantes ante las entidades competentes, con el fin de
acreditar su condición de desplazados y por el listado de
personas registradas en el RUV, se advierte que no fueron
allegados al plenario, elementos que permitan concretar, frente

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al grupo demandante, la existencia de una omisión en lo atinente
a sus órganos de seguridad (fuerza pública)92- 93.

[…]

En ese orden, no se puede establecer o por lo menos, no está
probado, que los actores hayan puesto en conocimiento de las
autoridades competentes los hechos que originaron su
desplazamiento o las circunstancias que generaron el temor por
su integralidad física y llevaron a su huida, hecho este último
comprensible. No obstante, no fueron puestas en conocimiento
de la fuerza pública las acciones delictivas de las cuales fueron
objeto los miembros del grupo personal e individualmente,
familiar o como comunidad, o si formularon denuncia al respecto
y con ello activar los mecanismos de seguridad del Estado, y a
su vez, activar “esa posición de garante” que le demanda la
Constitución Política, recordando que el Estado no es omnímodo
ni omnipresente, pues ello configuraría un imperativo de casi
imposible cumplimiento.
De otra parte, teniendo en cuenta las diferentes zonas
geográficas o lugares de donde aducen los actores se dio el
hecho que produjo el desplazamiento, no es posible realizar un
análisis indiciario de notoriedad pública de la situación de
violencia, lo que igualmente impide un estudio de la capacidad
de repuesta del Estado y de la fuerza pública, frente a cada una
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el
desplazamiento.

[…]

El Estado tiene una obligación positiva frente a la protección de
los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, sin
embargo, ella no es automática, lo que no implica que deba
imputarse la responsabilidad de éste sin el sustento probatorio
suficiente101- 102, como aquí acaece, puesto que del acervo
probatorio no se infiere que los miembros de la Fuerzas Militares,
Fuerza Pública o agentes estatales, participaron directa y
activamente en los hechos demandados, o que tenían
conocimiento previo una situación anormal de amenazas en la
zona contra los pobladores, lo que les permitía y exigía tomar
las medidas correspondientes para contrarrestar la situación

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adversa a los demandantes […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala observa que en la

providencia cuestionada, el TRIBUNAL hizo una relación de cada

una de las pruebas que obraban en el expediente, así como un

análisis sobre su contenido.

En efecto, al revisar la relación de las pruebas que las actoras aducen

como desconocidas en su escrito introductorio, se advierte que se

trata de una transcripción literal del acápite de pruebas y análisis que

efectuó el TRIBUNAL en la sentencia cuestionada.

Una vez el TRIBUNAL relacionó las pruebas obrantes en el

expediente y su contenido, expuso el marco jurídico de la

responsabilidad del Estado en general y por desplazamiento forzado

interno, para concluir que ese tipo de casos deben ser resueltos bajo

la óptica de un régimen subjetivo por falla en el servicio.

De igual forma, el TRIBUNAL estudió el marco normativo de la

política pública a favor de la población víctima de desplazamiento

forzado y la carga de la prueba que se requiere en acciones de grupo

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en relación con dichos asuntos.

A partir de las premisas señaladas la autoridad judicial accionada

concluyó que si bien estaba acreditada la condición de desplazadas

de las actoras con base en las certificaciones que fueron allegadas,

no estaba acreditado que tal situación fúsese consecuencia fáctica o

jurídica de las demandadas, en particular que sea una omisión de su

fuerza pública.

El TRIBUNAL destacó que en el expediente no obraban denuncias o

alertas ante consejos de seguridad y fuerza pública que mostraran

que las actoras solicitaron protección, por lo que no podía inferirse

que el Estado tuvo conocimiento previo de las amenazas en su

contra, de forma que se exigiera tomar medidas para contrarrestar

su situación.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que no se configura el defecto

sustantivo alegado por las actoras, dado que más allá de que citaran

los artículos 2°, 90, 216 y 217 de la Constitución Política, así como

el 6910 de la Ley 1448 de 2011, relativos a la obligación del Estado

10
“[…] ARTÍCULO 69. MEDIDAS DE REPARACIÓN. Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a
obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y

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en la protección de la población y el derecho a la reparación, lo cierto

es que la sola condición de desplazamiento forzado no es un hecho

que genere de forma automática la responsabilidad extrapatrimonial

de aquel frente a las víctimas.

En efecto, conforme con la jurisprudencia de la SECCIÓN TERCERA

de esta Corporación, ese tipo de asuntos son juzgados bajo un

régimen de responsabilidad subjetiva, lo que implica que no solo

es necesario demostrar la existencia del daño, sino además que la

autoridad a la que se le atribuye la responsabilidad tenía

conocimiento de la situación particular y omitió la ejecución de sus

competencias.

Al respecto, en sentencia de 13 de agosto de 202111, la SECCIÓN

TERCERA de esta Corporación señaló:

“[…] recuerda la Sala que, en casos como el formulado, la
jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterada hasta la
actualidad, siendo una postura consolidada aquella según la cual
la Administración responderá patrimonialmente, a título de falla
en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de
brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la
vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante [...]”.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A”, sentencia
de 13 de agosto de 2021, CP Marta Nubia Velásquez Rico, número único de radicación 73001-23-33-
000-2015-00652-02(64893).

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eventos:

“i) cuando se solicita protección especial con indicación de las
especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la
persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección
alguna, de todas maneras, resulta evidente que la persona la
necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios
conocidos que permitieran asegurar que la persona se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra
su vida, en razón de sus funciones”

De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado responda por
el incumplimiento de la obligación de brindar protección y
seguridad, se debe establecer que las autoridades tenían
conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se
encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita
y hace exigible la actuación y protección de las autoridades”.

[…]

En el sub judice, no se probó que los demandantes pusieran en
conocimiento de las autoridades una situación de amenaza
contra sus vidas o que el peligro contra su integridad fuera
evidente, como se desprende de las siguientes pruebas:

[…]”.

De igual forma, en relación con el deber de poner en conocimiento la

situación particular del desplazado ante la autoridad a la cual se le

atribuye responsabilidad esta Sala12 ha señalado:

“[…] la Sala advierte que dicha prueba sí fue tenida en cuenta
por el Tribunal, habida cuenta que fue relacionada y analizada
en las consideraciones expuestas de la providencia enjuiciada;
sin embargo, la misma no conducía a determinar que el daño
ocasionado a la parte allí demandante fuera atribuible al

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2021
04946 00.

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EJÉRCITO y/o la POLICÍA NACIONAL, pues si bien en ella el
señor BARRETO MOLANO ponía de presente que había sufrido
un atentando y que requería de ayuda económica, no solicitó
protección especial para él ni para su núcleo familiar, con
el objeto de que el Estado les hubiera garantizado
eficazmente seguridad e integridad y la permanencia real
sobre sus bienes, máxime, si se tiene en cuenta que
tampoco se evidenció dentro del plenario denuncia alguna
ante la Fuerza Pública en la que se pusiera de manifiesto
el presunto desplazamiento forzado […]”. (Destacado fuera
de texto)

Ahora bien, la Sala tampoco encuentra configurado el defecto

fáctico en los términos en que fue presentada la solicitud de amparo,

dado que como quedó visto el TRIBUNAL sí valoró las pruebas

alegadas por las actoras, no obstante, concluyó que de esos

elementos de juicio solo se advertía la condición de desplazamiento

forzado y no que hayan solicitado de forma previa la protección a las

fuerzas de seguridad del Estado, esto último frente a lo cual no se

formuló reparo alguno.

En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las

particularidades fácticas de este.

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Situación distinta es que las actoras no compartan la tesis allí

dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la

decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió

el asunto sometido a su consideración.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de las

accionantes con las razones de la providencia judicial acusada, no así

la configuración de las falencias que se alegan, por lo que en la

medida en que en la parte resolutiva de la providencia impugnada,

el a quo denegó el amparo solicitado dicha decisión será confirmada,

pero por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por los

MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y DEL INTERIOR

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y el MUNICIPIO DE OVEJAS, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones

señaladas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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