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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04246-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04246-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación del distrito de Santiago de Cali. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora Beatriz Herrera de Valencia contra el Tribunal Administrativo del Circuito Judicial de Valle del Cauca. 30 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 31 Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV). 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Beatriz Herrera de Valencia Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2022-04246-00 TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04246-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de septiembre de 2022

Demandante: Beatriz Herrera de Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04246-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04246-00
Demandante: BEATRIZ HERRERA DE VALENCIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tema: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar los requisitos de inmediatez y de agotamiento de los
medios judiciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Beatriz
Herrera de Valencia contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Beatriz Herrera de Valencia, por conducto de apoderado judicial,
mediante escrito radicado el 4 de agosto de 2022 presentó acción de tutela con
el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de: (i) la providencia de 29 de septiembre de 2021, a través de la cual el tribunal
cuestionado no aceptó el desistimiento de la señora Beatriz Herrera de Valencia
respecto del recurso de apelación1 interpuesto contra la sentencia de 13 de abril
de 2021 dictada por el Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cali,

1
Presentado el 15 de julio de 2021, en su condición de única apelante, en el que,
consecuentemente solicitó: (i) la terminación del proceso; y (ii) que se declarara en firme la
sentencia primera instancia.

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Demandante: Beatriz Herrera de Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04246-00

en la que se accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora contra la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el distrito de Santiago de Cali; proceso que se identificó
con el radicado 76001-33-33-008-2019-00289-01.

(ii) La sentencia de 21 de octubre de 2021, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca puso fin al citado medio de control en el
sentido de revocar lo dispuesto por el a quo, para, en su lugar, denegar las
súplicas.

1.2. Pretensiones

“Se tutelen los derechos fundamentales invocados por la accionante y
consecuentemente se disponga:

Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación N.°
76001333300820190028900, todas las actuaciones que se han surgido con
posterioridad al día 15 de julio de 2021, fecha en que la Accionante radicó ante
la Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación; procediendo
especialmente a Revocar y dejar sin efectos la Sentencia No. 90 del 21 de
octubre de 2021 notificada el día 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Cali No. 045 del 13
de abril de 2021.

Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se surtan
los trámites de ejecutoria y archivo.

Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se estricta aplicación al
Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que no se reitere esta
situación”. (Sic para la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los supuestos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La docente Beatriz Herrera de Valencia, solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – en adelante FOMAG: (i) la regulación de
su mesada pensional de conformidad con el numeral 5° del artículo 8º de la Ley
91 de 1.989, norma en la que se estipula que los pensionados deben aportar el
5% de cada mensualidad regular y de las adicionales; y (ii) que se aplicara en
su caso el “artículo 01 de 1.988”, que señala que las pensiones de los sectores
públicos se deben reajustar en el mismo porcentaje en que el Gobierno nacional
incrementa anualmente el salario mínimo.

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Ante el silencio de la Administración, adujo que presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho de carácter laboral, asunto que le correspondió
en primera instancia al Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cali
que, con sentencia de 13 de abril de 2021, declaró la nulidad parcial del acto
presunto y, a título de restablecimiento del derecho, únicamente ordenó la
devolución de las sumas de dinero que le habían sido descontadas a la
demandante por concepto de cotización a salud, respecto de las mesadas
adicionales de junio y diciembre.

Inconforme con lo anterior, manifestó que presentó recurso de alzada el 14 de
abril de 2021, el cual le correspondió al superior, esto es, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

Resaltó que, el 15 de julio de 2021 presentó memorial de desistimiento ante el
referido tribunal debido a que la variación en el criterio de la Colegiatura
censurada en la materia objeto de la litis, implicaba que “de continuar con esta
instancia judicial mi representada será sancionada con el pago de costas procesales y
agencias en derecho”.

Señaló que, mediante auto de 29 de septiembre de 2021, el tribunal no aceptó
el desistimiento del recurso de apelación presentado por la parte actora al
aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-024—CE-S2-
2021 de 3 de junio de 2020, en la que se estableció que los descuentos con
destino a la salud respecto de las mesadas adicionales de junio y diciembre de
los docentes, son procedentes, por tanto, concluyó:

“Como se observa, el máximo órgano de la jurisdicción declaró, mediante
precedente obligatorio, que proceden los descuentos en salud de todas las
mesadas pensionales de los docentes, y advirtió que dicha decisión tiene efectos
retrospectivos, esto es, que debe aplicarse tanto a los asuntos que se encuentran
en trámite en la vía administrativa como judicial.

En el caso de autos el juzgado ordenó la devolución de aportes de las mesadas
adicionales a partir del 10 de agosto de 2015, por lo tanto, el desistimiento del
recurso de apelación dejaría en firme esa decisión, que es contraria a la
unificación”.

Precisó que, el 22 de noviembre de 2021 promovió un incidente de nulidad “ por
cuanto el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, procedió dentro del
presente proceso a dictar Auto No. 655 de fecha 29 de septiembre de 2021 por
medio del cual se resuelve no aceptar la solicitud de desistimiento del Recurso
de Apelación presentado por la parte actora, cuando ya no poseía competencia
para disponer tal actuación, toda vez que la misma le fue tácitamente despojada al
momento en que la parte Actora en su calidad de único apelante dentro del proceso,
manifestó su decisión de desistir del Recurso de Apelación ”. (Énfasis del texto)

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Refirió que, pese a su manifestación de desistimiento, la judicatura censurada
profirió el fallo de 21 de octubre de 2021, en el sentido de revocar lo dispuesto
por el a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones con fundamento en el
criterio unificado del Consejo de Estado, contenido en la sentencia SUJ-024—
CE-S2-2021 de 3 de junio de 2020.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Si bien la parte actora no lo concretó, de los argumentos expuestos en el escrito
de tutela la Sala infiere que, a su juicio, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en los defectos por
violación directa de la Constitución, así como en los yerros sustantivo y
procedimental, por las siguientes razones:

1.4.1. En relación con la providencia de 29 de septiembre de 2021, adujo que
se desconoció su derecho a la igualdad por cuanto “no hay aplicación igual en las
decisiones judiciales que emite el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca, ya que sobre el particular existen dos posiciones dentro del mismo Tribunal ”,
lo que implica el desconocimiento de la sentencia SU-336 de 2017 de la Corte
Constitucional en la que se establece la obligación de los operadores judiciales
de mantener la misma línea jurisprudencial.

Agregó que la figura del desistimiento frente al mecanismo de alzada es un acto
libre y voluntario de los sujetos procesales, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 812 y 3063 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo
3164 de la Ley 1564 de 2012, a partir de los cuales se establece que las partes

2
“ARTÍCULO 81. DESISTIMIENTO. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo.”
3
“ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.”
4
“ARTÍCULO 316. DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES. Las partes podrán
desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos
procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien
lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del
juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al
superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a
perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes
casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

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podrán renunciar a los recursos interpuestos salvo que se haya proferido
sentencia de segunda instancia que los resolviera, lo cual no había sucedido en
el asunto sub lite por cuanto la accionante presentó el memorial el 15 de julio
de 2021, es decir, de manera oportuna.

1.4.2. En relación con el fallo de 21 de octubre de 2021, puntualizó que se
expidió sin competencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, debido
a que, ante la manifestación de desistimiento; inmediatamente se presentan
dos situaciones: (i) se revoca tácitamente la competencia del juez para emitir
juicio de segunda instancia o para promover actuaciones posteriores a la
solicitud; y (ii) la sentencia de primer grado quedará en firme y hará tránsito a
cosa Juzgada.

En ese orden, precisó que “[c]onforme a los fundamentos de la sentencia de
segunda instancia, se evidencia que a mi apoderada se le ha impedido el derecho a
recibir justicia de forma recta y bajo los parámetros del debido proceso, en tanto que
se está desconociendo la aplicación obligatoria de la Ley (sic), hecho que conlleva a
la violación del derecho sustancial y procedimental en contra del actor ”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 8 de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite
constitucional, se dispuso la vinculación del Juzgado 8° Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG – y del distrito de
Santiago de Cali.

Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela en la página web
del Consejo de Estado, y se reconoció personería al abogado Óscar Gerardo
Torres Trujillo como apoderado del extremo accionante.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes
medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma
condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De
la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de
oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición,
el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas.”

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con
las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto de la
magistrada ponente de las decisiones reprochadas, con escrito enviado el 11
de agosto de 2022, solicitó que se deniegue la acción de tutela por cuanto no
se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.

Informó que, cuando se profirieron las providencias de 29 de septiembre de
2021 y 21 de octubre de 2021, mediante las cuales se negó el desistimiento y
se dictó el fallo de segundo grado, respectivamente, el Consejo de Estado ya
había proferido la sentencia de unificación SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio
de 2020, en la que se fijó la siguiente regla:

“son procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12%
señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, así como las normas que lo
modifiquen, de las mesadas adicionales de junio y diciembre de los docentes”.

En ese orden, apuntó que la negativa respecto del desistimiento obedeció a
que, el juez de primer grado del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho había accedido a la pretensión consistente en que se ordenara a la
parte demandada devolver a la señora Beatriz Herrera de Valencia, los aportes
a salud efectuados sobre las mesadas adicionales de junio y de diciembre,
postura que fue modificada por el referido pronunciamiento de unificación.

Por lo anterior, expuso que en aplicación de los deberes de juez y en aras de
evitar una decisión lesiva al patrimonio público, no se aceptó el desistimiento y
se dispuso continuar con el trámite que culminó con la sentencia de 21 de
octubre de 2021, en la cual se dio aplicación a al precedente unificatorio
vinculante y se revocó lo decidido por el a quo, para, en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda.

De conformidad con lo relatado, concluyó:

“se precisa que la Sala de Decisión de la cual soy integrante, ha adoptado como
postura que, cuando se encuentra probado que un reconocimiento no se ajusta
al ordenamiento jurídico, en detrimento del patrimonio público, lo procedente es
entrar a estudiar el asunto porque prima el interés general sobre el particular, por
tanto, cede el principio de la non reformatio in pejus, máxime si para la fecha de
expedición de las providencias objeto de reproche – 29 de septiembre y 21 de
octubre de 2021- ya se encontraba vigente el fallo de unificación de la máxima
Corporación Judicial de lo Contencioso Administrativo que apoya la tesis que
sustentó la Sala en el caso del señor Andrés Ramiro Castillo Sánchez”.
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Finalmente, agregó que contra la decisión de 29 de septiembre de 2021 la parte
actora no propuso recursos.

1.6.2. El Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, a
través de su titular, mediante memorial de 11 de agosto de 2022, advirtió que
la decisión de primer grado se profirió con sujeción al precedente judicial vigente
al momento de proferirla, comoquiera que no se había expedido el fallo de
unificación del Consejo de Estado.

1.6.3. La Fiduprevisora S.A.,5 en oficio allegado el 10 de agosto de 2022 por
la coordinadora de tutelas, manifestó que no se advierte la existencia de
vulneración alguna por parte de esta entidad, razón por la cual solicitó su
desvinculación de la acción de la referencia al carecer de legitimación en la
causa por pasiva.

1.6.4. En escrito radicado el 9 de agosto de 2022, la Secretaría de Educación
del distrito de Santiago de Cali, expuso que las decisiones del tribunal
reprochado se encuentra conforme a derecho y se dictó en acatamiento de la
sentencia de unificación del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que se advierte que con la solicitud de amparo se pretende
promover una tercera instancia para reabrir un debate judicial que ya fue
zanjado por el juez natural.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción y, de manera
subsidiaria, que se desvincule al distrito de Santiago de Cali – Secretaría de
Educación, debido a que carece de legitimación en la causa por pasiva.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
señora Beatriz Herrera de Valencia contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación del distrito de Santiago de Cali,
con fundamento en que carecen de legitimación en la causa por pasiva por

5
Entidad notificada por la Secretaría General del Consejo de Estado.

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cuanto la acción de tutela está dirigida contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, esta Sala anuncia que las despachará negativamente.

Lo anterior, por cuanto dichas entidades fueron llamadas a este trámite
constitucional en calidad de terceros con interés en el resultado que se adopte
y no como integrantes del extremo pasivo, por tanto, es menester de esta
Colegiatura procurar la debida integración del contradictorio.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante
con ocasión de las providencias de 29 de septiembre y 21 de octubre de 2021
proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la segunda
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Beatriz Herrera contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el distrito de Santiago de Cali, por presuntamente incurrir en los
defectos por violación directa de la Constitución, sustantivo y procedimental.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio
de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse
superados; (iii) las generalidades de los defectos; y (iv) el análisis del caso
concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales8.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la
demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte
que la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las
garantías alegadas por la accionante, en tanto a su juicio, la autoridad judicial
incurrió en los defectos por violación directa de la Constitución, sustantivo y
procedimental, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo
meramente legal.

2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia
de la misma naturaleza, puesto que las providencias judiciales que censura el
extremo activo fueron proferidas en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho; proceso que se identificó con el radicado 76001-
33-33-008-2019-00289-01.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que este se
cumple frente a la sentencia que puso fin al medio de control ordinario,
comoquiera que fue proferida el 21 de octubre de 2021 y su notificación
electrónica se llevó a cabo el 24 de marzo de 2022 según la información que
consta en el sistema de gestión judicial Justicia Siglo XXI, razón por la que, al
haber promovido la acción de tutela el 4 de agosto de la misma anualidad, sin
que sea necesario establecer la fecha de notificación y ejecutoria de la referida
decisión, resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable, es decir,

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Beatriz Herrera de Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04246-00

antes de transcurridos 6 meses.

No sucede lo mismo en relación con el auto de 29 de septiembre de 2021, por
medio del cual no se aceptó el desistimiento de la demandante, debido a que
este fue notificado vía electrónica el 5 de octubre de 2021, por lo que de
conformidad con el artículo 8° del Decreto 806 de 2020 10, la ejecutoria de la
providencia ocurrió el 12 de octubre de 2021.

En ese orden de ideas, al computar el tiempo transcurrido entre el 13 de octubre
de 2021 y el momento en que se interpuso la solicitud de amparo, esto es, el 4
de agosto de 2022, arrojó un resultado de 9 meses y 19 días que excede el
plazo que el Consejo de Estado considera pertinente.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200512, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con estas.

La referida Alta Corte en la sentencia SU-439 del 13 de julio 201713, recordó
sobre las reglas de este requisito de procedibilidad adjetiva, lo siguiente:

“(…) 48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad
con el presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un
término prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia
de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos
fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su
razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso
del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de
protección constitucional.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable
el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho

10
A través de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 se estableció la vigencia del Decreto 806 de
2020.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
13
Referencia: Expediente T-4.770.440. Acción de tutela formulada por Agropecuaria El Roble
del Caribe S.A.S. contra la Superintendencia Nacional de Salud. M. P: Alberto Rojas Ríos.
10

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vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día
en que el derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la acción de
tutela14 (…)”.

En similar sentido se ha pronunciado esta Sección15, al estudiar el requisito en
cuestión cuando la acción constitucional reprocha providencias judiciales, en la
cual expresó:

“(…) Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de
tutela debe incoarse en un plazo razonable16, el cual debe ser ponderado
por el juez en cada caso, pues de lo contrario se desconocería el alcance
jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio
de protección actual, inmediato y efectivo17.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección18 ha declarado la improcedencia de las
acciones de tutela contra providencias judiciales instauradas después de
haber transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho
generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la
misma, sin que medien razones suficientes que justifiquen el retardo19 (…)”.

Como complemento de lo enunciado en líneas anteriores, el máximo ente
Constitucional se ha pronunciado sobre el particular y ha señalado que, para
determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito
de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes
aspectos:

“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si a pesar
del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante permanece, y (iii) si la carga de la interposición de
la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la
situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante
(especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta20 (…)”

Para esta Sección, es claro que, en este caso particular, la parte actora no se

14
Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.
15 Sentencia del 26 de febrero de 2015, tutela No. 11001-03-15-000-2014-01063-00, con

ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro,
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, Rad. 11001-03-15-000-2008-
01018-01(AC), Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
17
«Sentencia Corte Constitucional T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
18
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Consejera
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-
01891-01, 12 de agosto de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00 Consejera Ponente:
Lucy Jeannette Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Consejero Ponente:
Alberto Yepes Barreiro, entre otras.
19
Resaltado no es del original.
20
Corte Constitucional. Sentencia T- 038 de 2017.
11

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encuentra dentro de alguna de las causales excepcionales establecidas por la
Corte Constitucional en la sentencia T-265 de 2015 que permita superar el
requisito de inmediatez, máxime, porque en su demanda de tutela no manifestó
argumento alguno que se encuadrara en los supuestos que justifican el retardo
para promover la acción de tutela en un término razonable.

Deviene de lo dicho que, a juicio de esta Sala, controvertir la providencia
judicial, lo que supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica, impone para el interesado el deber de acudir en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar
a la parte accionante.

Por ello, el juicio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto, pues basta con que la
decisión que se señala de vulnerar derechos sea conocida y se encuentre
ejecutoriada para que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar
el amparo de sus derechos.

En ese sentido, el análisis continuará respecto de la sentencia de 21 de octubre
de 2021.

2.5.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección
de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir
a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia21.

21
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos
de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
12

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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-120 del 20 de febrero de
2012, manifestó que:

«Además del cumplimiento del requisito de inmediatez, la Corte ha exigido como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que el
actor haya ejercido los recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se
trata de sustituir a través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por
negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron
utilizados a su debido tiempo.»

De igual forma concluyó en sentencia T-735 de 201322, así:

Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite
jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el
legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional
para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades
vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.» (Negrillas de la Sala)

Ahora bien, en el sub examine el cargo planteado contra la providencia de 21
de octubre de 2021, a través de la cual la referida autoridad censurada revocó
la decisión de primer grado en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consistió en la falta de competencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para decidir el recurso de apelación por
cuanto al presentar el escrito de desistimiento, la pérdida de la facultad
funcional operaba de manera automática.

Al revisar en el sistema de gestión judicial Justicia Siglo XXI, se advierte que en
el marco del proceso ordinario identificado con el radicado 76001-33-33-008-
2019-00289- 01, la señora Beatriz Herrera de Valencia promovió un incidente
de nulidad desde el 22 de noviembre de 2021, hecho que también consta en el
expediente digital de este trámite constitucional por cuanto el escrito y su
constancia de envío fueron allegados con la demanda de tutela. En el citado
memorial se señala:

“Por medio del presente escrito me permito impetrar INCIDENTE DE NULIDAD,
por cuanto el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, procedió
dentro del presente proceso a dictar Auto No. 655 de fecha 29 de septiembre
de 2021 por medio del cual se resuelve no aceptar la solicitud de
desistimiento del Recurso de Apelación presentado por la parte actora,

22
Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17 de octubre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos

13

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cuando ya no poseía competencia para disponer tal actuación, toda vez que
la misma le fue tácitamente despojada al momento en que la parte Actora en su
calidad de único apelante dentro del proceso, manifestó su decisión de desistir
del Recurso de Apelación”.

Adicionalmente, la accionante planteó las siguientes peticiones:

“1. Se decrete la nulidad a las Actuaciones que se surtieron con posterioridad a
la fecha en que se presentó el desistimiento del recurso de Apelación, esto es
desde el día 15 de Julio de 2021.

2. Ordenar el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

3. Se deje sin efectos el Auto 665 de fecha 29 de septiembre de 2021, notificado
por medios electrónicos el día 06 de octubre de 2.021, proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso distinguido
con radicación N.º: 76001-33-33-003-2019-00289-01.

4. Ordenar la firmeza de la sentencia de primera instancia y el archivo del
proceso.”

Tales requerimientos se acompasan con el objeto de esta acción constitucional,
comoquiera que lo que se persigue es justamente que se decrete la nulidad de
todo lo actuado a partir del escrito de desistimiento radicado el 15 de julio de
2021 y, consecuencialmente, se declare que la decisión del Juzgado 8°
Administrativo del Circuito Judicial de Cali se encuentra en firme y se ordene el
archivo de las diligencias.

Ante lo expuesto, es claro que la señora Beatriz Herrera de Valencia se
encuentra pendiente de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le
resuelva el incidente de nulidad de las actuaciones posteriores a la
manifestación de renuncia frente al mecanismo de alzada, lo que implica que
este juez constitucional no esté facultado para emitir pronunciamientos respecto
de un asunto que actualmente se encuentra en conocimiento del juez natural
de la causa, y frente a lo cual expedirá una decisión de fondo.

Sobre el particular, esta Sala precisa que cuando una persona recurre a la
administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no
puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del
funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia23.

23
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
14

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De otro lado, es menester aclarar que, si luego de resuelto el incidente de
nulidad, o antes de que se cumpla 1 año de ejecutoria de la sentencia
censurada, la señora Beatriz Herrera de Valencia considera que sus derechos
fundamentales continúan siendo vulnerados, podría acudir, dentro de la
oportunidad procesal24al recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral
5° del artículo 250 Ibídem, esto es, “Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

De acuerdo con la norma ejusdem, el medio de impugnación excepcional 25
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los tribunales y jueces administrativos, y debe interponerse
mediante demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 162 de
ese mismo Estatuto Procesal, con indicación precisa y razonada de la causal
en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer
(artículo 252).

Como lo sostuvo la Sala Plena en anterior oportunidad, “[…] la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del
ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio
de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un
orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política” 16. Y, precisamente,
bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el recurso
extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que
representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de
impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el principio
de cosa juzgada material […]”.26

consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos
de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
24
De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011: “Artículo 251. Término para
interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la respectiva sentencia. (…)”. (Énfasis propio)
25
Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias
de: (i) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18.
Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00;
(ii) 7 de abril de 2015 Sala Especial de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes
Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-00 y; (iii) 3 de noviembre de 2015, Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro.
Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
26
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de
octubre de 2005, expediente REV-00226.
15

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A su turno, en el mismo sentido, la Corte Constitucional explicó que el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto.27

Por ello, dice la Corte, “[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar la
firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional
que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer
imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°, 29
y 230 C.P.”28

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

En lo que respecta al análisis de dicha causal, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado que puede provenir de una nulidad procesal en los términos
del artículo 133 del Código General del Proceso –CGP, o de una nulidad de
carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 29.

En cualquiera de los dos escenarios, los requisitos para su formulación son los
siguientes: i) debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario y
contra la que no procede el recurso de apelación; ii) el vicio de nulidad debe
configurarse en el momento de proferirse la sentencia, de manera que no es
procedente controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a
aquella y que debieron ser alegadas al momento de la ocurrencia –art 134 CGP-
y; iii) debe identificarse la irregularidad o el vicio grave, así como la influencia
de dicho yerro sobre la decisión, con la que se acredite que, de no haber
acaecido el resultado sería distinto.

Ahora, en relación con las causales del primer escenario, que es el que ocupa
en este caso, la jurisprudencia delimitó las circunstancias en las que se podía
encausar la nulidad invocada que se predica, entre otras, cuando la sentencia:
i) no cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii) se
profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento, transacción o
perención; iii) se dicta en un proceso que se encuentra suspendido o
interrumpido; iv) el fallo condenatorio se dirige contra un tercero que no fue
vinculado al proceso; v) fue proferida con falta de competencia o de

27
Sentencia C-418 de 1994.
28
Sentencia T-966 de 2005.
29
Sobre el particular esta Corporación precisó: “(…) las causales de nulidad de la sentencia
son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del
mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional,
contemplado en el artículo 29 (…)”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26.
Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia:
Recurso extraordinario de revisión. M.P. Olga Melida Valle de De la Hoz.
16

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jurisdicción; vi) carece de motivación formal y material, vii) adolece de
incongruencia30; viii) el fallo es inhibitorio31 y; ix) se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus.

Es por lo anterior que, el fundamento de este mecanismo de amparo, con el
cual se pretende controvertir la sentencia de 21 de octubre de 2021, se
encuadra en la causal de procedencia del medio extraordinario denominada
“nulidad originada en la sentencia”, debido a que la tutelante considera que el
tribunal reprochado carecía de competencia para efectuar cualquier actuación
en segunda instancia, a partir del momento en que informó de su renuncia al
recurso de alzada y, pese a ello, profirió la decisión objeto de la vulneración de
sus derechos fundamentales.

De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la solicitud de amparo
promovida por la señora Beatriz Herrera de Valencia contra el Tribunal
Administrativo del Circuito Judicial de Valle del Cauca no satisface el análisis
de los requisitos de inmediatez y de agotamiento de los medios de defensa
judicial, razón por la cual habrá de declarar la improcedencia de la acción.

2.6. Conclusión

La Sala de Decisión declarará improcedente la solicitud de tutela promovida por
la señora Beatriz Herrera de Valencia contra el Tribunal Administrativo del
Circuito Judicial de Valle del Cauca, por no superar los requisitos de inmediatez
y de agotamiento de los medios judiciales.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación del distrito de Santiago de Cali.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la
señora Beatriz Herrera de Valencia contra el Tribunal Administrativo del Circuito
Judicial de Valle del Cauca.

30
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero
de 2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
31 Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto

Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
17

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Demandante: Beatriz Herrera de Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04246-00

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

18

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