Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04251-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04251-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04251-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de noviembre de 2022
Demandante: Olmes Fernando Sánchez Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04251-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04251-01
Demandante: OLMES FERNANDO SÁNCHEZ MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos fáctico y
desconocimiento e indebida aplicación del precedente en
materia de privación injusta de la libertad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por el señor Olmes Fernando
Sánchez Méndez contra la sentencia proferida en primera instancia el 12 de
septiembre de 2022 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado. En esta providencia se negaron las pretensiones de la acción de tutela,
por no encontrar configurados los defectos propuestos y se declaró
improcedente lo relativo a la presunta extralimitación del tribunal accionado al
analizar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Olmes Fernando Sánchez Méndez, actuando mediante
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia1.
2. La transgresión de los derechos constitucionales mencionados se la
adjudicó a la sentencia emitida por la autoridad judicial accionada el 11 de
febrero de 2022, dentro del medio de control de reparación directa de radicado
N°. 76001-33-33-011-2014-00333-01. En la citada decisión judicial se revocó el
1 El escrito de tutela se radicó por correo electrónico enviado el 4 de agosto de 2022, a través
de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
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Demandante: Olmes Fernando Sánchez Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04251-01
fallo dictado el 10 de agosto de 2018 por el Juzgado 11 Administrativo del
Circuito Judicial de Cali2.
1.2. Pretensiones
3. El accionante solicitó lo siguiente:
1. Se ordene modificar la sentencia de segunda instancia del Tribunal del Valle.
2. SE REVOQUE la sentencia de Segunda instancia y, CONFIRMANDO la
Sentencia de primer grado.(sic) se ordene hacer nuevo fallo favorable estudiando
principalmente la PRESUNCION DE INOCENCIA y el DEBIDO PROCESO
acogiendo los argumentos expuestos en el fallo Constitucional C- 469 de 2016,
tal como la ha hecho la Sección Tercera del Consejo de Estado en otros
procesos, en donde sí lo ha hecho y ha accedido, que se de aplicación correcta a
la sentencia de unificación 072 de 2018, cuando se absuelve al reo por atipicidad,
por absolución perentoria. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Olmes Fernando Sánchez Méndez fue capturado en flagrancia y
privado de la libertad por la presunta comisión del delito de extorsión, el 5 de
julio de 2012. No obstante, el 3 de diciembre del mismo año el Juzgado 21
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali revocó la medida
de aseguramiento.
6. En sentencia de 17 de octubre de 2013 el Juzgado 22 Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento lo absolvió del delito por el cual era
investigado. Ello, con base en la ausencia de pruebas y evidencia física que
determinaran los elementos estructurales del tipo penal objetivo.
7. Por lo anterior, el señor Sánchez Méndez, junto con Adalberto Sánchez
Méndez, Johan Eduardo Sánchez Méndez, Juan David Sánchez Méndez,
Neydhe Tatiana Rosas Herrera, Karen Chelsea Sánchez Rosas, Luisa
Fernanda Sánchez Rosas, Elizabeth Méndez y Elvia Méndez Parra presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación. A título de pretensiones solicitaron que se declarara
administrativamente responsables a las entidades demandadas por la presunta
privación injusta de la libertad que padeció el señor Olmes Fernando y el
consecuente pago de los perjuicios ocasionados.
8. Mediante sentencia del 10 de agosto de 2018, el Juzgado 11
2 En dicha decisión se accedió a las pretensiones de la demanda. En segunda instancia se
revocó el fallo en su integridad.
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Demandante: Olmes Fernando Sánchez Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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Administrativo del Circuito Judicial de Cali accedió a las pretensiones de la
demanda. Concluyó que, no se encontraron elementos de prueba y evidencia
física que demostraran la configuración del tipo penal de la extorsión. En ese
sentido, aplicó el régimen objetivo y condenó a las demandadas al pago de los
perjuicios reclamados por los accionantes.
9. La decisión fue apelada por las entidades demandadas. Los recursos
fueron resueltos en sentencia del 11 de febrero de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de revocar el fallo del a quo en
su integridad.
10. Lo anterior, con fundamento en que, actualmente cada fallador debe
determinar, en los casos de privación injusta de la libertad, si la medida fue
abiertamente desproporcionada e irrazonable. Así, frente a la situación de
privación de la libertad a la que fue sometido el actor, aclaró que del material
probatorio allegado al proceso se extraía que la medida de aseguramiento
atendió a los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad para su
imposición.
1.4. Sustento de la vulneración
11. El actor sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico. Principalmente, por estudiar de forma equivocada la denuncia penal y el
informe de policía judicial. A su juicio, dichas pruebas eran insuficientes para
demostrar su participación en la comisión del delito porque se basaban en
meras conjeturas. Añadió que en la audiencia de juicio oral la Fiscalía aceptó
que no existían pruebas para declararlo penalmente responsable y por ello
solicitó la absolución.
12. Refirió que no se logró desvirtuar su presunción de inocencia y ello
conllevó a que se aplicara indebidamente el régimen subjetivo de
responsabilidad del Estado. Lo anterior se evidencia con la sentencia penal
absolutoria en su favor.
13. Manifestó que la autoridad judicial accionada desatendió los criterios
dispuestos en la sentencia C-469 de 2016 de la Corte Constitucional porque el
juez penal no explicó las razones para privarlo de la libertad. Expuso que se
desconoció el precedente de todas las sentencias del Consejo de Estado que
se exponen enseguida, dado que en estas sí se aplicó lo zanjado por el Alto
Tribunal Constitucional en el fallo mencionado:
(…) del 15 de febrero de 2018, expediente 201101364; del 3 de abril de 2020,
expediente 2011-01190; del 2 de julio de 2019, expediente 2006-03646; del 10
de julio de 2019, expediente 2011- 00021; del 29 de julio de 2019, expediente
2006-00323; del 2 de octubre de 2019, expediente 2006-01303; del 7 de octubre
de 2019, expediente 2009-00007; del 29 de noviembre de 2019, expediente 210-
00608; del 19 de junio de 2020 dentro del expediente 76001-23-31-000-2011-
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01359-01, y del 10 de septiembre de 2021, expediente 2010-01893.
14. Añadió que se realizó un indebido estudio de la sentencia SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional. Además, con la aplicación del fallo del 28 de
agosto de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se inobservó la
evolución jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado en materia de
privación injusta de la libertad. En ese sentido, hubo un retroceso al definirse el
asunto conforme al régimen subjetivo.
15. Por último, consideró que el operador judicial tutelado incurrió en un
defecto sustantivo por omitir el estudio de los artículos 28 de la Constitución
Política y 295, 296, 308 y 311 del Código de Procedimiento Penal. Lo anterior,
dado que en dichas normas se establecen los criterios para adoptar una medida
de aseguramiento. Bajo esa línea, argumentó que la decisión no estuvo
soportada probatoriamente y no se tuvo en cuenta que el juez penal no
identificó la necesidad de la medida y el por qué podía obstruir la justicia o
representar un peligro para la sociedad.
1.5. Trámite de primera instancia
16. En auto del 9 de agosto de 2022, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
17. Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés a los señores
Adalberto Sánchez Méndez, Johan Eduardo Sánchez Méndez, Juan David
Sánchez Méndez, Neydhe Tatiana Rosas Herrera, Karen Chelsea Sánchez
Rosas, Luisa Fernanda Sánchez Rosas, Elizabeth Méndez y Elvia Méndez
Parra3, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial4.
1.6. Intervención
1.6.1. Fiscalía General de la Nación
18. Refirió que la acción constitucional es improcedente porque el
accionante no utilizó todos los mecanismos judiciales de defensa que tiene a su
alcance. Mencionó que, dado el carácter subsidiario de la acción de tutela era
deber de la parte actora hacer uso de los recursos que dispuso el legislador
para cuestionar los fallos de primera y segunda instancia del proceso ordinario.
Pese a ello, no indicó cuál era el mecanismo judicial del que pudo valerse el
extremo accionante.
19. Adicionó que no cumplió con el requisito de explicar las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
3 Quienes conformaron, junto con el accionante, la parte demandante del medio de control de
reparación directa.
4 Entidades demandadas dentro del mismo proceso.
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judiciales en las que presuntamente incurrió la sentencia objeto de debate.
Señaló que no se configuró el defecto fáctico propuesto y que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca valoró todas las pruebas obrantes en el
expediente conforme a los parámetros y requisitos que dispuso el legislador.
Resaltó que la decisión que se reprocha se ajustó al criterio vigente sobre la
materia, zanjado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 y
en las normas que regulan la materia objeto de litigio.
1.6.2. Las personas naturales vinculadas como terceros con interés y la
Nación – Rama Judicial, pese a ser notificados en debida forma de esta
acción constitucional, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
20. En providencia del 12 de septiembre de 2022, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó la protección de los derechos
fundamentales invocados. Al respecto, explicó que, la autoridad judicial
demandada transcribió apartes extensos del audio de la audiencia de
legalización de captura e imposición de la medida de aseguramiento para
sustentar y motivar la imposición de esta por parte del Juzgado 21 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali.
21. Bajo la misma línea, argumentó que el Tribunal encontró que las pruebas
incorporadas al proceso daban cuenta que la investigación en contra del señor
Sánchez Méndez inició con la denuncia que hizo sobre el delito de extorsión un
ciudadano. Esta persona, aseguró que recibió varias visitas en su negocio y
residencia en las que le exigían el pago de diez millones de pesos. En ese
sentido, acudió al Gaula de la Policía Nacional para informar la situación y en el
operativo que se realizó, resultó capturado, entre otros, el señor Sánchez
Méndez.
22. Argumentó que el operador judicial accionado determinó que la captura
del actor se dio en flagrancia, y, dado que el juez penal contaba con todos los
elementos probatorios para inferir su participación en la actividad delictual,
procedía la medida de aseguramiento. En ese sentido, afirmó que la valoración
probatoria efectuada se ciñó a las reglas de la sana crítica.
23. De otro lado, aclaró que el hecho de que haya sido absuelto dentro del
proceso penal no implica que de manera automática debiera tener una
indemnización a cargo del Estado.
24. Con relación al desconocimiento de las distintas sentencias del Consejo
de Estado, en las que el tutelante afirmó que se analizaron los parámetros de la
sentencia C-469 de 2016 de la Corte Constitucional, expuso que en la
providencia debatida sí se analizaron los criterios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, como lo dispuso el fallo citado del Alto Tribunal Constitucional.
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25. Frente a ello, se dijo en el proceso ordinario que la pena por el delito de
extorsión superaba el límite punitivo de 4 años de prisión, que el indiciado fue
capturado en flagrancia y que existía evidencia probatoria que permitía inferir
con alto grado de certeza la participación del señor Sánchez Méndez en la
conducta delictiva. Así las cosas, resultaron satisfechas las exigencias del
artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y no podía considerarse
desatendido el criterio de la sentencia C-469 de 2016.
26. Indicó que el tutelante cayó en una imprecisión, porque por un lado
manifestó que la sentencia censurada pasó por alto estudiar los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad de la medida, y, por otro, aseveró que el
Tribunal se extralimitó al estudiar dichos presupuestos porque no estaban
planteados en los recursos de apelación. Frente al segundo de los
planteamientos, concluyó que no se superaba el requisito de la subsidiariedad
porque para plantear la incongruencia de la sentencia, relativa a la presunta
falta de extralimitación del tribunal accionado al estudiar los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad de la medida, la parte actora contaba con el
recurso extraordinario de revisión.
27. Frente a la presunta indebida aplicación de la sentencia SU-072 de 2018,
explicó que, de conformidad con lo que plasmó allí la Corte Constitucional, en
materia de privación injusta de la libertad no existe un único régimen de
responsabilidad. Adicionalmente, según esta sentencia, en todos los casos le
corresponde al juez estudiar si la medida fue legal, proporcional y razonable
como en efecto lo hizo el Tribunal accionado.
28. Por último, indicó que el Consejo de Estado no ha proferido ninguna
sentencia de unificación en la que defina si se debe privilegiar la aplicación de
alguno de los dos regímenes de imputación existentes, para analizar si hay
responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad. En ese
sentido, no se puede predicar el desconocimiento de precedente porque no hay
una tesis pacífica sobre el tema.
1.8. Impugnación
29. El señor Sánchez Méndez, por conducto de su apoderado judicial,
solicitó que se revoque la sentencia del 12 de septiembre de 2022, y, en su
lugar, se le amparen los derechos deprecados.
30. Insistió en que se configuró un defecto fáctico porque la denuncia penal
y el informe de policía judicial eran insuficientes para decretar una medida de
aseguramiento en su contra.
31. Precisó nuevamente que resultó absuelto por ausencia de evidencia
física que demostrara su participación en el delito por el cual fue capturado y
que no se desvirtuó su presunción de inocencia. Ello implica la obligación de
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analizar su caso bajo la óptica del régimen objetivo de la responsabilidad del
Estado.
32. Refirió que no busca convertir el mecanismo constitucional en una
tercera instancia. Su pretensión es que se valoren los elementos de prueba
llevados a la audiencia de imputación y que se considere la conducta delictiva
no existió. A partir de esas particularidades se debe analizar la legalidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida.
33. Iteró que se desconoció la sentencia C-469 de 2016 sobre los
parámetros de proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento.
Asimismo, la SU-072 de 2018 que indica que cuando exista atipicidad de la
conducta, se debe estudiar el caso como daño especial bajo el régimen
objetivo.
34. Manifestó que en las providencias del 3 de abril5 y 19 de junio de 20206
de la Sección Tercera del Consejo de Estado sí se analizó la sentencia C-469
de 2016 de la Corte Constitucional. En ese sentido, el Tribunal accionado lo
discriminó porque no estudió si su privación de la libertad fue proporcional,
necesaria y razonable.
35. Adicionalmente, cuestionó que el cargo por presunta extralimitación del
tribunal accionado por haber estudiado los criterios de legalidad y
proporcionalidad de la medida se hayan considerado improcedente por el a quo.
Al respecto, indicó que “no menos importante, y es menester declararnos en
rebeldía jurídica, frente a lo consignado en el fallo: CUANDO DICE QUE NO SE
AGOTÓ EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. cuando nos envía a una
acción de revisión, cuando la incongruencia entre la apelación y el fallo, puede
ser observados y estudiados en acción d tutela, pue es la violación a un debido
proceso”.
36. Por último, reprochó que el a quo de tutela desconoció que las
sentencias que mencionó como desconocidas fueron estudiadas en virtud del
indubio pro reo y en esos casos se aplicó el régimen objetivo de
responsabilidad. Ello generó la vulneración de su derecho a la igualdad.
1.9. Trámite de segunda instancia
37. En acatamiento del criterio mayoritario de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por auto del 25 de octubre de 2022, el despacho sustanciador
vinculó en calidad de tercero con interés al Juzgado 11 Administrativo del
5 De la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Rad. 76001-23-31-000-2011-
01190-01.
6 Proferida dentro de la misma Sala y Subsección de la cita anterior, dentro del expediente N. °
76001-23-31-000-2011-01359-01.
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Circuito Judicial de Cali7. No obstante, realizada la respectiva notificación, la
autoridad judicial guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
38. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2022. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
39. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
40. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de
un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados
no esté en condiciones de promover su propia defensa.
41. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se
estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto
de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de
las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
42. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
el señor Olmes Fernando Sánchez Méndez conformó el extremo accionante del
proceso de reparación directa con radicado N.º 76001-33-33-011-2014-00333-
01. Por tanto, es titular de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la defensa y de acceso a la administración de justicia que reclama.
En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.
43. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser
la autoridad que dictó la sentencia que se reprocha por esta vía.
7 La postura mayoritaria de esta Sección consiste en que, al trámite de la acción de tutela,
cuando se cuestionan providencias judiciales, se deben vincular como terceros con interés los
jueces que hayan conocido dicho proceso en primera y segunda instancia, incluso en los casos
en que al fallo de primera instancia no se realice reproche alguno.
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2.4. Problema jurídico
44. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente, las intervenciones allegadas en
el trámite del proceso y el escrito de impugnación, corresponde a esta Sala
decidir si confirma, modifica o revoca el fallo del 12 de septiembre de 2022 de la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Para el efecto, se
resolverán los siguientes cuestionamientos:
¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
45. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia del señor Sánchez Méndez al proferir la sentencia del
11 de febrero de 2022, en la que se revocó la decisión de primer grado que
accedió a las pretensiones, para en su lugar negarlas, por incurrir en defecto
fáctico y en desconocimiento e indebida aplicación del precedente?
46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema9. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales10.
48. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
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de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 11. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 12 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial13.
49. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
50. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
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i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
51. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
52. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela
2.6.1. Tutela contra tutela
53. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia del 11 de
febrero de 2022 proferida por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso
de reparación directa de radicado N.º 76001-33-33-011-2014-00333-01.
2.6.2. Inmediatez
54. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día
siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en
segunda instancia (art. 302 CGP14). Lo anterior toda vez que se profirió el 11 de
febrero de 2022 y la acción constitucional se radicó el 4 de agosto del mismo
año.
55. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la
providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aun sin
establecer su fecha de notificación y ejecutoria.
56. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
15
2014 , en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-
14 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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590 de 200516. Esto, con el fin de determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial17.
2.6.3. Subsidiariedad
57. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la providencia del 11 de febrero de
2022 resolvió los recursos de apelación presentados por las entidades
demandadas contra el fallo de primera instancia. De ese modo, es evidente que
se agotaron los recursos ordinarios.
58. Asimismo, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte
que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en
los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y
causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el
mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen
los presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201118.
2.6.4. Relevancia constitucional
59. Para el caso en concreto, se advierte que los defectos fáctico y de
desconocimiento e indebida aplicación del precedente invocados en el escrito
de tutela y reiterados a través de la impugnación son relevantes desde el punto
de vista constitucional.
60. Esto, en la medida en que para la parte actora se valoraron de forma
indebida la denuncia penal y el informe de policía judicial, los cuales resultaban
insuficientes para el decreto de la medida privativa de la libertad. En
consonancia, adujo que se debió acatar el criterio de la sentencia SU-072 de
2018, pero no de la forma en la que lo hizo la autoridad accionada, sino
aplicando el régimen de responsabilidad objetivo para determinar la
responsabilidad del Estado. Añadió que se desconoció lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-469 de 2016 y el precedente de distintas
sentencias del Consejo de Estado en las que sí se tuvo en cuenta esa postura.
16 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
17 Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
18 Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
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61. A su juicio la autoridad judicial accionada le vulneró los derechos
fundamentales sobre los que invoca la protección, por resolver su asunto sin
tener en cuenta los criterios de razonabilidad, legalidad y proporcionalidad para
imponer la medida privativa de la libertad. Ello, desconociendo a su vez, que
varias sentencias del Consejo de Estado sí han considerado estos criterios en
casos de privación injusta de la libertad.
62. Adicionó que se estudió de forma indebida la SU-072 de 2018 del Alto
Tribunal Constitucional porque conforme a lo allí plasmado, correspondía
aplicar el régimen de responsabilidad objetiva del Estado. Esto, acompasado
con que se desconoció que resultó absuelto penalmente y que la denuncia y el
informe de policía judicial conforme a los que se decretó su privación de la
libertad, eran insuficientes para que el juez penal decretara la medida.
63. De lo anterior se extrae, que los reproches propuestos por la parte actora
revisten relevancia constitucional. En efecto, como lo propuso el accionante, el
desconocimiento de las posturas fijadas por la Corte Constitucional como
tribunal protector de la Constitución y de los derechos fundamentales, podrían
conllevar a que se desconozca el derecho a la igualdad y el acceso a la
administración de justicia. De otro lado, la ausencia de pruebas, eventualmente,
generaría la transgresión del debido proceso.
64. Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron
los derechos deprecados por el accionante al no tener en cuenta los parámetros
de la sentencia C-469 de 2016 y lo plasmado en la SU-072 de 2018 – ambas
decisiones de la Corte Constitucional -, así como los fallos del 3 de abril y 19 de
junio de 2020, relacionados en el escrito inicial de la tutela y traídos en la
impugnación.
65. Asimismo, resulta importante establecer si se configuró el defecto fáctico
propuesto ante la indebida valoración de la denuncia penal y el informe de
policía judicial, por resultar insuficientes para decretar la medida de
aseguramiento.
66. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su
aplicación, su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales, como en efecto ocurre en esta oportunidad.
2.6.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
67. Se observa que la parte actora cumplió con este requisito, en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera
que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y en
desconocimiento e indebida aplicación del precedente. En el mismo sentido,
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expuso por qué se configuraron tales yerros.
2.6.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
68. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente
caso porque en la impugnación no se le reprocha ningún error procesal a la
sentencia objeto de censura.
2.7. Exposición de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
2.7.1. Defecto fáctico
69. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201519, precisó los
alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son
traídos a colación en la presente decisión.
70. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o
arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en
pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
71. Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios
probatorios, pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede
cuando a la luz de los postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por
el fallador resulta manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la
prueba se entiende alterado.
72. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii)
identifique la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica; y iii) refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
2.7.2. Desconocimiento del precedente
73. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende
como precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12
de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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fácticos, problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente20.
74. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos21 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
75. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
2.8. Caso concreto
76. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, el primer
reproche del accionante consistió en que la sentencia del 11 de febrero de
2022, en la que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión
de primer grado que concedió las pretensiones de la demanda, para en su
lugar, negarlas, adolece de defecto fáctico. Desde el escrito inicial de la tutela
manifestó que dicho yerro se concretaba, porque la denuncia penal y el informe
de policía judicial eran insuficientes para demostrar su participación el delito
para imponerle una medida de aseguramiento.
77. Al respecto, se advirtió por este juez constitucional que el operador
judicial ordinario citó in extenso el audio de la audiencia de legalización de
captura, específicamente los argumentos utilizados por la Fiscalía para
sustentar la medida. Entre estos, se destacó que un señor de nombre
Dagoberto le estaba cobrando a la víctima del delito de extorsión la suma de
diez millones de pesos. Asimismo, que para el momento en el que se capturó al
señor Dagoberto en flagrancia, se encontraba con Olmes Fernando Sánchez
Méndez “con dominio del hecho, propio de una coautoría material impropia”.
78. Por lo anterior, refirió que para la Fiscalía se cumplía con el requisito
primero del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, “que la
medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el
imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia ”. A ello adicionó, que la
punibilidad del delito por el cual estaba siendo capturado en flagrancia el
señor Olmes Fernando superaba los 4 años de prisión.
79. Precisó, además, que la detención intramural para casos como el
presente se imponía por política criminal. Se insistió en que el comportamiento
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
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del señor Sánchez Méndez podría generar un hecho delictivo porque la víctima
lo señaló a él y al señor Dagoberto de ser “…las dos personas los que le dijeron
que qué había de la plata y que él le manifestó que ahí la tenía entonces fue
cuando fue al interior del establecimiento comercial y la trajo…”. A partir de ello,
el Tribunal concluyó lo siguiente:
Se puede observar entonces, que la manera como ha descrito Ricardo
Monsalve Naranjo el comportamiento delictivo y en especial la entrega de esa
suma que fingía 10 millones de pesos hubo intervención por parte del Señor
Holmes (sic) Fernando Sánchez Méndez de querer exigir la entrega de ese
dinero la cual efectivamente se realizó por parte del señor Ricardo Monsalve
Naranjo para generar el hecho delictivo. Fue posteriormente que se dio la
captura de las dos personas junto con el elemento ficticio de la suma de 10
millones de pesos. (Énfasis de la Sala).
80. El operador judicial tutelado, puso también de presente que en la
audiencia de legalización de captura se presentaron recursos contra la medida
de aseguramiento, pero el Juzgado Quince Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cali se abstuvo de revocarla. Finalmente, el 3 de
diciembre de 2012, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento revocó la medida. No obstante, el Tribunal en sede de reparación
directa evaluó al respecto, lo que enseguida se ilustra:
Por lo tanto, con tales elementos materiales probatorios a criterio del juez de
control de garantías de primera instancia, permitían su vinculación al proceso
penal, por inferirse su participación en la mencionada actividad delictual el día de
los hechos. En tal sentido considera la Sala que al dictarse medida de
aseguramiento de detención preventiva contra Olmes Fernando Sánchez Méndez
estaban dados los supuestos previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004,
en concordancia con los artículos, 312 y 313 numeral 2 y la Ley 1142 de 2007,
vigentes el día de los hechos.
Lo cual significa que en este caso la medida cautelar de detención privativa de la
libertad impuesta al señor Olmes Fernando, no resulta ni irrazonable, ni ilegal, ni
tampoco desproporcionada, tal como lo exige el artículo 68 de la Ley 270 de
1996, ni que se pueda imputar responsabilidad del Estado por la detención de la
que el actor fue sujeto. (Subrayado de la Sala).
81. Es decir que, para el juez de la reparación directa los elementos con
base en los cuales la fiscalía sustentó la solicitud de la medida y fue decretada
por el juez penal en la audiencia de legalización de captura fueron suficientes y
necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por el legislador para
que se impusiera la medida privativa de la libertad. En ese sentido, concluyó
que la medida fue razonable, legal, necesaria y proporcionada de acuerdo con
las circunstancias que rodearon la captura.
82. En este aspecto, no se concretó el defecto fáctico porque no se encontró
que fuera solamente a partir de la denuncia penal y del informe de policía
judicial que el Tribunal tutelado encontrara que la medida resultaba
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proporcional, necesaria y razonable.
83. Como se explicó, la medida se basó en los criterios dispuestos por el
legislador para que fuera impuesta y ello no generó responsabilidad de las
entidades accionadas. Es decir, que además de que se analizaron más
elementos, adicionales a la denuncia penal y el informe de policía judicial, si en
gracia de discusión no hubiese sido así, lo cierto es que de acuerdo con lo
indicado por la Fiscalía para sustentar la medida y lo mencionado en la
audiencia de legalización de captura, esta fue necesaria, proporcional y
razonable para la autoridad judicial accionada. Así las cosas, no se configura el
cargo propuesto.
84. El segundo reproche del actor consiste en que no se logró desvirtuar su
presunción de inocencia, y, por ello, resultó absuelto. Así, a su juicio, debió
analizarse su caso conforme al régimen objetivo de responsabilidad del Estado.
Asimismo, en su escrito de impugnación insistió en que se configuró un
desconocimiento de precedente, porque pese a la potestad de autonomía
judicial que caracteriza a los jueces, se desconoció el régimen objetivo de
responsabilidad del Estado desarrollado vía jurisprudencial.
85. Lo anterior, porque no se tuvo en cuenta que al interior del proceso penal
no se desvirtuó la presunción de inocencia del investigado, razón por la cual se
debía estudiar si había responsabilidad bajo el régimen objetivo.
86. También cuestiona que no se hayan tenido en cuenta los criterios
plasmados en las sentencias C-469 de 2016 y la indebida interpretación de la
SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.
87. En este punto, la Sala considera pertinente recordar que desde la
sentencia C-037 de 1996 la Corte Constitucional mencionó que, en todo caso,
debe analizarse si el análisis de la norma al momento de imponer la medida de
aseguramiento fue razonable y proporcional. Así lo manifestó el Alto Tribunal:
Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente
declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de
justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo
siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las
circunstancias en que se ha producido la detención (Negrita y subrayado
fuera del texto).
88. Pese a la anterior postura, el Consejo de Estado en un principio sostuvo
una tesis objetiva. En virtud de esta, en la gran mayoría de casos se condenaba
al Estado cuando una persona era privada de su libertad y luego recibía
decisión absolutoria22. Sin embargo, la Corte Constitucional estudió varias
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 17
de octubre de 2013, expediente nº 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En este fallo puede
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acciones de tutela presentadas por la Fiscalía General de la Nación en contra
de sentencias condenatorias bajo dicho criterio, y expidió la Sentencia SU-072
de 2018, en la que consideró que la tesis asumida por el Consejo de Estado
transgredía el precedente fijado en la Sentencia C-037 de 1996, citado con
anterioridad.
89. En la citada sentencia de unificación, la Corte indicó que, según las
particularidades de cada caso, el juez debería verificar y justificar cuál es el
título de imputación aplicable (subjetivo –falla del servicio– u objetivo –daño
especial, riesgo excepcional–). En todo caso, precisó que el título objetivo no es
predicable de todas las situaciones en las que se absuelve al procesado, sino
de aquellas en las cuales se concluyera sin mayores esfuerzos su carácter de
injusta. Asimismo, precisó que, en todo caso, los jueces al momento de elegir el
título de imputación aplicable, debía establecer si el daño “devino de una
actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no
tenía por qué soportarse”.
90. En ese sentido, la aplicación de la sentencia SU-072 de 2918 se
acompasa con uno de los criterios judiciales imperantes y reiterados sobre la
materia establecido en la Sección Tercera23, que es la Sala especializada de
esta Corporación en la materia.
91. A lo anterior se suma que, ante la falta de una regla de unificación
aplicable al caso concreto y una posición pacífica al interior de la Sala
especializada; debe prevalecer la autonomía y la independencia de los jueces,
esto es, la libertad para adoptar una posición siempre que cuente con la carga
argumentativa, razonable y suficiente; carga que si se cumple hace inadmisible
que el juez de tutela imponga o someta al juez natural acoger una postura
determinada.
92. Así las cosas, en aplicación de la tesis actual – sentencia SU-02 de 2018
• zanjada por el Alto Tribunal Constitucional, los jueces no están atados a uno u
otro régimen de responsabilidad al estudiar la privación injusta de la libertad. Lo
que corresponde examinar es si la medida fue legal, proporcional y razonable
como lo hizo el Tribunal accionado.
93. En efecto, pese a que no se haya logrado desvirtuar la presunción de
inocencia del actor y por ello haya resultado absuelto, lo cierto es que no resultó
indebido aplicar el régimen subjetivo para concluir si en su caso fue, o no,
injusta la medida a la que fue sometido. Tampoco se encontró un inadecuado
estudio de la sentencia SU-072 de 2018. Por el contrario, fue conforme a las
tesis jurisprudenciales vigentes que el Tribunal tutelado estudió los criterios de
encontrarse la evolución del régimen de responsabilidad aplicable a casos de privación injusta
de la libertad.
23 Tales como la sentencia del 9 de abril de 2021, rad. 18001-23-31-000-2007-00211-01, M.P.
María Adriana Marín.
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necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida impuesta al señor
Sánchez Méndez.
94. De otro lado, el tutelante planteó el desconocimiento de la sentencia C-
469 de 2016 de la Corte Constitucional y de la obligación del Tribunal tutelado
de estudiar los planteamientos allí definidos. Al respecto, iteró en su escrito de
impugnación que se omitió que en las sentencias del 3 de abril y 19 de junio de
2020 de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado sí se analizó
lo que dispuso en la citada decisión judicial el Alto Tribunal Constitucional.
95. En la sentencia en cuestión, la Corte Constitucional declaró la
exequibildad de los numerales 2 al 7 del artículo 310 del Código de
Procedimiento Penal. El artículo referido dispone los eventos en los que el
actuar del investigado es un peligro para la sociedad.
96. En lo atinente a este cargo de tutela, se encontró que el Tribunal tutelado
dispuso que la medida fue legal, dado que, en la audiencia de legalización de
captura y según la teoría del caso de la Fiscalía se cumplió el requisito del
numeral 1 del artículo 308 de la norma penal citada, para imponer la medida.
97. Se recuerda que, el artículo 308 mencionado, es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal
General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento
cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y
asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes
requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que
el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no
cumplirá la sentencia.
98. Del artículo citado se extrae que con que se cumplan uno de los 3
requisitos, se puede imponer la medida de aseguramiento. Al respecto, el
Tribunal mencionó que:
En tal sentido considera la Sala que al dictarse medida de aseguramiento de
detención preventiva contra Olmes Fernando Sánchez Méndez estaban dados
los supuestos previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, en
concordancia con los artículos, 312 y 313 numeral 2 y la Ley 1142 de 2007,
vigentes el día de los hechos.
99. De ese modo, para esta colegiatura no era obligatorio el estudio de los
criterios de la sentencia C-469 de 2016 porque en esta sentencia se estudió la
exequibilidad de algunos apartes del artículo que explica el segundo de los
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Demandante: Olmes Fernando Sánchez Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04251-01
criterios con base en los cuales se puede decretar una medida de
aseguramiento. Específicamente, el de “peligro para la comunidad”.
100. No obstante, el Código de Procedimiento Penal establece que se decreta
una medida de aseguramiento cuando se cumpla uno de los requisitos del
artículo 308 de la norma referida. Es decir, no es necesario que el investigado
constituya un peligro para la comunidad para que se imponga la medida. Es
viable su decreto cuando resulta necesaria para que el indiciado no obstruya el
proceso o es probable que no va a comparecer o a cumplir la eventual
sentencia.
101. Así las cosas, al señor Sánchez Méndez no se le capturó por constituir
un peligro para la sociedad, sino para que no obstruyera el debido ejercicio de
la justicia, conforme al requisito del numeral 1 del artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal. Lo anterior implica que, no son aplicables a este asunto
los postulados de la sentencia C-469 de 2016 y esa es la razón por la que el
Tribunal no la consideró.
102. De ese modo, no se configuró el indebido estudio de la sentencia SU-072
de 2018 ni el desconocimiento de la C-469 de 2016. Por un lado, en materia de
privación injusta de la libertad siempre se deberá evaluar si la medida fue legal,
razonable y proporcionada, que fue lo que en efecto ocurrió. De otro, es
potestativo de cada juez elegir el régimen a aplicar en estos casos.
Adicionalmente, no era viable el estudio del numeral segundo del artículo 310
del Código de Procedimiento Penal porque al actor no se le impuso la medida
restrictiva por ser un posible peligro para la sociedad, sino para que no
obstruyera el ejercicio de la justicia.
103. Finalmente, sobre la presunta extralimitación en que incurrió el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca por analizar los criterios de legalidad y
razonabilidad de la medida, se niega el amparo en el mismo sentido al expuesto
hasta aquí. Ello, dado que lo que en realidad pretendió con ese cargo la parte
actora es que se estudiara su caso bajo el régimen objetivo de responsabilidad,
y, por ello, no se entraran a analizar los criterios bajo los presupuestos en que
fue impuesta la medida. No obstante, se itera, que los jueces no están atados a
aplicar uno u otro régimen en materia de privación injusta de la libertad.
2.9. Conclusión
104. Se modifica el fallo del 12 de septiembre de 2022 en el que la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos
fundamentales deprecados por la parte actora y declaró improcedente un cargo.
En su lugar, se negará el amparo deprecado en su totalidad. A dicha conclusión
se llega porque no se configuraron los defectos fáctico y desconocimiento e
indebida aplicación del precedente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04251-01
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de septiembre de 2022 dictada por
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En su lugar, se
niega el amparo invocado por el señor Olmes Fernando Sánchez Méndez
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí
expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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