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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04255-00

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04255-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y seguridad social de Valentina Jaramillo Marín, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 2. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Manizales, que en lo que a cada uno atañe a sus competencias y de manera coordinada, a fin de garantizar el derecho al disfrute del período correspondiente a la incapacidad por enfermedad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, efectúen el pago de los dos primeros días de la incapacidad por enfermedad general reconocida por el Tribunal Superior de Manizales mediante Resolución Nro. 040 8 de junio de 2022, Valentina Jaramillo Marín, según lo establece el parágrafo 1º del artículo 3.2.1.10. del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Lo anterior no podrá suponer ninguna afectación al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad de Valentina Jaramillo Marín. 3. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Manizales que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, realice el trámite para que garanticen el disfrute del período correspondiente a la incapacidad y el reconocimiento y pago de la incapacidad general otorgada a Valentina Jaramillo Marín, ante la EPS Sanitas, tal como lo dispone el artículo 121 del Decreto 19 de 2012. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-04255-00 Demandante: Valentina Jaramillo Marín 4. Ordenar a la EPS Sanitas que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, pague la incapacidad por enfermedad general otorgada Valentina Jaramillo Marín, a partir del día tres (3) de la incapacidad hasta el día quince (15) de esta última, según lo establece el parágrafo 1º del artículo 3.2.1.10. del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. 5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 6. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04255-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04255-00
Demandante: Valentina Jaramillo Marín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04255-00
Demandante VALENTINA JARAMILLO MARÍN
Demandado TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES Y OTROS
Temas Acción de tutela. Licencia de maternidad e incapacidad por
enfermedad. Protección especial a la mujer en estado de
embarazo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por Valentina Jaramillo Marín, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de julio de 20221, Valentina Jaramillo Marín instauró acción de tutela, en
nombre propio y en representación de su hijo recién nacido, contra el Tribunal
Superior de Manizales y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
igualdad y a la seguridad social. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“1. Por las razones anteriores pido que sean protegidos los derechos invocados en mi
nombre y en representación de mi hijo, puesto que con los elementos fácticos no se está
dando primacía a la igualdad, tampoco a la dignidad humana y seguridad social y se
están desconociendo por razones presupuestales los derechos de los niños consagrados
en el canon 44 superior.

2. En consecuencia solicito que se ordene tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Manizales como a la Dirección ejecutiva de Administración Judicial, dentro del ámbito
de sus competencias, que reconozcan el disfrute y paguen ambas licencias (maternidad
y enfermedad) ya que no son excluyentes entre sí, computándose de la siguiente manera:

Desde el 2 de junio hasta el 4 de junio de 2022 licencia de maternidad (3 días), desde el
5 hasta el 19 de junio de 2022 (15 días), licencia por enfermedad, debiéndose continuar
con el cálculo de la licencia por maternidad desde el 20 de junio de 2022 hasta el 20 de
octubre de 2022, inclusive.”

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Índice 2.
1

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Demandante: Valentina Jaramillo Marín

2.1. La accionante tiene 35 años y actualmente funge como juez tercera civil
municipal de Manizales.

2.2. El 1 de junio de 2022, la tutelante dio a luz mediante cesárea de emergencia
debido a la posibilidad de presentar sufrimiento fetal.

2.3. El médico tratante le concedió licencia de maternidad por 126 días, desde el
día 2 de junio de 2022 hasta el 5 de octubre de 2022.

2.4. Luego de ser dada de alta, el 5 de junio de 2022 la accionante fue hospitalizada
en la unidad de cuidados intensivos de ginecobstetricia, porque desarrolló
preeclampsia posparto. La tutelante narró que a raíz de esa condición
“estuvieron comprometidos todos mis órganos vitales, esto es, riñones, hígado y
pulmones, de lo que devino un tratamiento de urgencia para evitar que dicha
complicación afectara mi cerebro y mi corazón a la par que debía detenerse la presión
alta para efectos de impedir daños irreversibles en los órganos ya comprometidos.”

También relató que tras varios días hospitalizada, seguía presentando dolores
intensos, especialmente en su pulmón derecho; por lo cual fue necesario el
suministro de tramadol para soportar el dolor. Asimismo, sufrió de retención de
líquidos “al punto que tenía el mismo peso que tuve a los 9 meses de gestación”.
Los médicos determinaron que la accionante estaba padeciendo de un
sangrado en la cavidad abdominal denominado hemoperitoneo, posiblemente
proveniente del hígado. Por esto, se le practicó una cirugía de urgencia, ante
la posibilidad de fallecimiento.

Añadió que luego de la cirugía se le hicieron transfusiones de sangre e indicó
que durante el periodo de recuperación estuvo en la unidad de cuidados
intensivos de ginecobstetricia.

2.5. Debido a la enfermedad que padeció, el médico tratante le otorgó 15 días de
incapacidad, desde el día 5 de junio de 2022 hasta el 19 de junio de 2022.

2.6. La accionante le solicitó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Manizales el reconocimiento tanto de la licencia de maternidad como de la
incapacidad por enfermedad. Específicamente, la accionante pidió que el
periodo de incapacidad por enfermedad no fuera computado dentro de aquel
que correspondía a la licencia de maternidad.

Fundamentó su solicitud en que ambas licencias tienen una naturaleza
distinta, puesto que la licencia de maternidad tiene como objeto otorgar tiempo
a la madre trabajadora para el cuidado del recién nacido; mientras que la
licencia por enfermedad busca que la persona afectada cuide de su salud para
su pronta recuperación.

2.7. Mediante Resolución Nro. 041 del 16 de junio de 2022, la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Manizales únicamente concedió la licencia de
maternidad, desde el 2 de junio de 2022 hasta el 5 de octubre de 2022.

En la parte considerativa de dicho acto, la autoridad accionada explicó lo
siguiente:
“Que en el Concepto 201311200478701 del 19 de abril de 2013 del Ministerio de Salud
y Protección Social, se indica: “Por su parte, el artículo 21 del Decreto 770 de 1975,
determinó que “Artículo 21. Si durante los períodos de reposo prenatal y post-natal

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coexistiere una enfermedad, se causará solamente el subsidio por maternidad. Si
terminado el período de descanso por maternidad subsiste la enfermedad, las
prestaciones económicas que se causen se pagarán en las cuantías y condiciones
determinadas en el seguro de enfermedad general. (Subrayado fuera del texto).

6. De acuerdo con lo anterior, si llegare a coexistir una licencia de maternidad con una
incapacidad por enfermedad general, se causará únicamente la licencia por maternidad,
dada su especial protección constitucional y legal, lo que como tal, la torna en
prevalente sobre la incapacidad por enfermedad general.”

3. Fundamentos de la acción

La tutelante resaltó que inicialmente solo disfrutó de la licencia de maternidad por 3
días, del 2 al 4 de junio de 2022; y que luego gozó de la incapacidad por enfermedad
desde el 5 hasta el 19 de junio de 2022. Por ende, aseguró se debió "continuar con
el cómputo de la maternidad desde el 20 de junio de 2022 hasta el 20 de octubre de 2022,
inclusive, dando así los 126 días de licencia por parto".

Por lo anterior, reprochó que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales
haya desconocido que la licencia por maternidad estuvo suspendida desde el 5 de
junio de 2022 hasta el 19 de junio de 2022, debido a las complicaciones posparto
que padeció. Y resaltó que en ese periodo no pudo cuidar a su bebé, no lo
amamantó, ni estuvo al lado de su familia. Eso significa que durante los días en que
permaneció hospitalizada en cuidados intensivos no disfrutó realmente de su
licencia de maternidad.

Además del riesgo en salud al que se vio sometida, afirmó que su familia y,
particularmente su esposo, “estuvo muy afectado por mi ausencia y por la posibilidad de
mi muerte, sumado a que fue para él muy angustiante afrontar solo el cuidado del niño
siendo padre primerizo”.

Por otro lado, solicitó que su caso fuera resuelto con perspectiva de género, debido
a que “el concepto del Ministerio de Salud en el cual el Tribunal fundamentó su petición
(sic), es transgresor de los tratados internaciones que hacen parte del bloque de
constitucional, en especial de la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW), toda vez que al equiparar
ambas licencias se está dando un trato desigual y discriminatorio, pues por motivos
eminentemente económicos, solamente causan la de la maternidad”.

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 28 de julio de 2022, el despacho al que inicialmente se le
repartió el asunto, perteneciente a la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral remitió la acción de tutela al Consejo de Estado, en virtud
de lo dispuesto en el numeral 82 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

4.2. Tras la remisión de la tutela al Consejo de Estado, mediante auto de 10 de
agosto de 2022, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales; ordenó notificar a la EPS Sanitas;
y dispuso efectuar las demás notificaciones pertinentes.

2 Decreto 333 de 2021. Artículo 1. Numeral 8: “Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por
funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el
conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
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4.3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas argumentó que, de
conformidad con el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, carece de competencia
para decidir sobre la concesión de licencias remuneradas por enfermedad
general o por maternidad de los funcionarios judiciales. E indicó que esa
facultad realmente le corresponde a las autoridades nominadoras de la Rama
Judicial, según lo establece el artículo 131 de la citada ley. Motivo por el cual
aseguró que de su parte no existe vulneración a los derechos fundamentales
de la tutelante y que carece de legitimación en la causa por pasiva. Por ende,
solicitó ser desvinculado del trámite.

4.4. La EPS Sanitas informó que “la licencia radicada bajo el certificado No. 57790136
con fecha de inicio de 1 de junio de 2022 se encuentra validada y pagada a favor del
empleador RAMA JUDICIAL (…) dada la condición de cotizante dependiente de la
usuaria”.

Asimismo, explicó que la licencia de maternidad prevalece sobre
incapacidades de origen general, debido a que por la primera de estas la
paciente recibe el 100% del ingreso base de cotización, mientras que en la
incapacidad de origen general no.

En ese sentido, se refirió al Concepto 33474 de marzo del 2015, en el cual el
Ministerio del Trabajo sostuvo que no procede el reconocimiento de ambas
prestaciones económicas a la trabajadora, porque la prestación más favorable
es la licencia de maternidad, la cual es pagada al 100% de su ingreso base de
cotización y por tanto subsume a la incapacidad por enfermedad general. Y
adicionalmente transcribió el siguiente fragmento de otro concepto expedido
por el Ministerio de Salud, el 201311200478701 de 19 de abril del 2013, en el
que se indicó lo siguiente:

“(…) durante los períodos de reposo prenatal o postnatal coexistiere una enfermedad,
se causará solamente el subsidio por maternidad. Aclarado lo anterior, debe indicarse
que, si llegare a coexistir una licencia de maternidad con una incapacidad por
enfermedad general y teniendo en cuenta que en el sistema general de seguridad social
en salud no pueden reconocerse simultáneamente a un afiliado dos prestaciones
económicas, se causará únicamente el subsidio por maternidad, dado su especial
protección constitucional y legal, lo que como tal lo torna en prevalente sobre la
incapacidad por enfermedad general”.

Con base en lo expuesto, aseguró que no es procedente el reconocimiento y
pago de la incapacidad por enfermedad, mientras la madre disfruta de la
licencia de maternidad.

Por otra parte, aseguró que a la tutelante no se le ha negado la atención
médica y que aquella no tiene servicios pendientes por tramitar.

Por lo expuesto, concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
de la accionante y que, en lo que respecta a la licencia de maternidad, ha
actuado conforme a la normatividad legal vigente. Razones por las cuales
solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela, así como la declaratoria
de cosa juzgada frente a la licencia de maternidad.

4.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Manizales
explicó que no es posible reconocerle a la accionante de forma simultánea
tanto la licencia de maternidad, como la incapacidad por enfermedad general,
debido a que “la Licencia de Maternidad, se cancela con el 100% del ingreso base

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de liquidación.” Además, sostuvo que existe una restricción legal que impide el
reconocimiento concurrente de las dos prestaciones económicas; esta se
encuentra consagrada en el artículo 2.2.3.2.8 de la Ley 1427 de 2022 que
estipula lo siguiente:

“Licencia de maternidad o paternidad concomitante con incapacidad de origen común.
Si durante el período que abarca la licencia de paternidad o maternidad pre parto y post
parto coexistiere una incapacidad de origen común, se causará solamente la prestación
económica derivada de la maternidad o paternidad. Si terminada la licencia subsiste la
incapacidad, ésta se reconocerá en las cuantías y condiciones determinadas por la
normativa vigente”.

Por último, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, debido a que
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante; y que, por el
contrario, su actuar se ha ajustado a las disposiciones legales y reglamentarias
y, precisamente, en el caso de la accionante se está dando cumplimiento a
una de estas.

4.6. El Tribunal Superior de Manizales informó que mediante Resolución Nro.
040 del 8 de junio de 2022, la Sala de Gobierno le concedió a la accionante
licencia remunerada por enfermedad, “a partir del día siete (07) de junio de 2022”.

Seguido, indicó que “una vez adelantados los trámites administrativos pertinentes
ante la Oficina de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Caldas, fue remitido a esta Corporación Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 07-0450 de fecha 16 de junio de 2022”. Aseguró que en dicho
certificado, la Dirección Ejecutiva Seccional informó que existía disponibilidad
presupuestal para pagar sueldos y demás emolumentos para la persona que
reemplace a la tutelante en su cargo de juez, durante la licencia de maternidad.

Sin embargo, adujo que “la licencia por maternidad [solamente] cubre el periodo
entre junio 2 de 2022 y octubre 5 de 2022” (Corchetes añadidos). Y fundamentó tal
postura en el Concepto 201311200478701 de 19 de abril de 2013 expedido
por el Ministerio de Salud y Protección Social y en el artículo 21 del Decreto
770 de 1975, que establece lo siguiente: “Si durante los períodos de reposo
prenatal y post-natal coexistiere una enfermedad, se causará solamente el subsidio
por maternidad. Si terminado el período de descanso por maternidad subsiste la
enfermedad, las prestaciones económicas que se causen se pagarán en las cuantías
y condiciones determinadas en el seguro de enfermedad general”.

Con base en lo expuesto, el Tribunal informó que expidió la Resolución Nro.
041 del 16 de junio de 2022, en la cual le concedió a la accionante la licencia
remunerada por maternidad, únicamente por el periodo de 2 de junio de 2022
a 5 de octubre de 2022.

De otro lado, aseguró que lo pretendido por la accionante, es decir que se
suspenda la licencia de maternidad durante el periodo de su incapacidad por
enfermedad común, adolece de sustento jurídico; y que de los supuestos
fácticos por ella narrados no se aprecia algún contexto de asimetría de poder
basado en el sexo o género que requiera la aplicación de un enfoque
diferencial con perspectiva de género. Agregó que “la decisión del Tribunal
obedeció a la hermenéutica del régimen de prestaciones sociales de los servidores
públicos, de la que se desprende la imposibilidad de sufragar las dos erogaciones
económicas reclamadas”, que realmente tienen finalidades similares entre sí.

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Por lo expuesto, el tribunal manifestó que la resolución proferida no fue
caprichosa, pues obedeció a la aplicación de la normatividad vigente y a un
concepto del Ministerio de Salud. Instrumentos normativos que regulan las
licencias e incapacidades al margen del género con que se identifique la
persona beneficiaria de estas.

Con dicho acto, además sostuvo, no se transgredió el derecho a la igualdad
de la accionante; por el contrario, se materializó una medida positiva de
protección a favor de la tutelante, ya que se le concedió la prestación más
favorable para el disfrute de sus derechos y los de su hijo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar si en
el caso se cumple con el requisito de subsidiariedad; y de ser así, si las autoridades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante,
dado el no pago de la incapacidad por enfermedad general causado durante el
periodo de la licencia de maternidad. Y de ser así se analizarán las medidas
afirmativas de protección a conceder en el caso.

3. Requisito de subsidiariedad y su análisis en el caso

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Norma que señala que esta “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” A su
turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional manifestó:
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr
la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la
excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su
naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales (…)” 4.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

Con fundamento en este requisito (la subsidiariedad), la jurisprudencia de las
altas cortes ha concluido que, por regla general, esta acción es improcedente
cuando se pretende controvertir actos administrativos, puesto que el
interesado puede o pudo discutir su contenido a través de distintos medios de
control, dependiendo de la naturaleza del acto, sea general o particular.

3.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que se cumple con ese requisito de
procedibilidad, debido a que se trata de un asunto relacionado directamente
con la protección especial por maternidad y lactancia que consagra la
Constitución. En esa medida, aunque en la presente discusión median actos
administrativos, no puede perderse de vista que el aspecto central del debate
versa sobre el alcance de dicha protección constitucional. Lo cual convierte a
la acción de tutela en el mecanismo idóneo para tramitar la discusión expuesta
por la accionante.

Asimismo, se considera que resulta una carga desproporcionada exigirle a la
tutelante que acuda a esos otros mecanismos judiciales, ya que aquella se
encuentra en el periodo de posparto y lactancia, el cual debe destinarse al
cuidado del recién nacido y a la recuperación de la madre.

Así las cosas, al tratarse de un asunto relacionado directamente con la
protección especial por maternidad y lactancia que consagra la Constitución,
y dada la calidad de la señora Marín, se considera que la acción de tutela es
el mecanismo judicial idóneo para analizar su caso.

4 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
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Demandante: Valentina Jaramillo Marín

4. Protección a la mujer en estado de embarazo

Uno de los cambios significativos entre la Constitución de 1886 y la actual fue la
transición del estado de derecho al estado social de derecho. Mientras que en el
primero prevalecía el establecimiento de límites al ejercicio del poder, en el último
prepondera un anhelo por hacer efectiva la equidad, dignidad humana e igualdad
material. Este cambio puede explicar la introducción de acciones afirmativas y
medidas de discriminación inversa que buscan proteger de forma especial a ciertos
grupos históricamente marginados.

Bajo esa perspectiva, la Constitución Política de 1991 contempló una protección
especial a la mujer. Por ende, allí se reconoce que las relaciones familiares deben
basarse “en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre
todos sus integrantes” (artículo 42); se consagra la obligación del Estado de apoyar
“de manera especial a la mujer cabeza de familia” (artículo 43); y se prevé la especial
protección, desde el punto de vista laboral, a la mujer y a la maternidad (artículo
53).

Asimismo, el artículo 43 de la Constitución Política de 1991 dispuso que “ La mujer
no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”; y además, otorgó un amparo
específico a la mujer en estado de embarazo: “Durante el embarazo y después del
parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada” (Negrillas propias).

Esa protección especial a la mujer en estado de embarazo es consecuencia de
reconocer que históricamente la maternidad ha sido fuente de discriminaciones
contra las mujeres, en el ámbito laboral y en la esfera privada de la familia. Por
ende, los constituyentes del año 1991 comprendieron la necesidad de que el Estado
brinde un cuidado preponderante a la maternidad, pues de no hacerlo “ la mujer no
podría libremente elegir ser madre, debido a las adversas consecuencias que tal decisión
tendría sobre su situación social y laboral”5. Y en ese orden de ideas, no se garantizaría
una verdadera equidad de género.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado que “la mujer
embarazada y su hijo gozan de la especial protección del Estado y de la sociedad, lo cual
tiene una consecuencia jurídica importante: el ordenamiento jurídico debe brindar una
garantía especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre, o que
acaba de serlo” (Negrillas propias). Y también la ha reconocido como sujeto de
especial protección constitucional: “el amparo reforzado de la mujer como integrante de
los sujetos de especial protección constitucional parte del reconocimiento que el
Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se ha visto sometida
históricamente. De esta forma, esta Corporación ha reiterado la obligación del Estado de
proteger de manera especial a las mujeres embarazadas o parturientas, y se ha
pronunciado sobre la necesidad de garantizar de manera efectiva y prevalente el ejercicio
de sus derechos”.

Dicha protección especial a la mujer trabajadora se materializa a través de varios
mecanismos. Uno de estos es mediante el otorgamiento de una licencia de
maternidad. Si bien, esta figura ya existía en el ordenamiento colombiano previo a
la Constitución de 1991, lo cierto es que esta última contempló una protección
constitucional mayor, no solo a la madre trabajadora antes y después del parto, sino
a la mujer embarazada desempleada, a la niñez y a la familia.

5 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 1998.
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Actualmente, esa protección especial se concreta en el otorgamiento de una licencia
de maternidad equivalente a “(18) semanas en la época de parto, remunerada con el
salario que devengue al momento de iniciar su licencia”, tal como lo consagra el artículo
236 del Código Sustantivo de Trabajo.

De otra parte, desde el punto de jurisprudencial, la Corte Constitucional ha explicado
que “La licencia de maternidad es una de las manifestaciones más relevantes de la
protección especial que la Constitución Política y los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos le otorgan a la mujer trabajadora”6.

Sobre su finalidad, dicha Corte ha explicado que la licencia de maternidad tiene una
connotación doble. Por una parte, esta última persigue otorgar un período destinado
al cuidado del bebé y de la madre y un espacio adecuado para el inicio de las
relaciones familiares en condiciones de dignidad y calidad; y por la otra, busca que
la mujer trabajadora reciba “el pago de una prestación económica dirigida a reemplazar
los ingresos que percibía la madre”7. Asimismo, protege no solo los derechos de la
madre, sino los del recién nacido.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha resaltado que la licencia de
maternidad no se otorga per se por el nacimiento, sino que a fin de que la madre
trabajadora siga contando con los recursos económicos con los que contaba previo
a su estado de embarazo:

“la licencia de maternidad es `un emolumento que se paga a la madre durante el período
determinado por la ley con el fin de reemplazar los ingresos que esta derivaba y cuya
percepción se ve interrumpida con motivo del parto. Conforme a lo anterior, se concluye que
el hecho generador de la licencia de maternidad no es el alumbramiento aisladamente
considerado, sino este hecho aunado a la preexistencia de una fuente de ingresos propios,
cuya percepción se ve interrumpida por tal acontecimiento`”.

En suma, la licencia de maternidad es un mecanismo de protección a la infancia y
a la mujer trabajadora en embarazo que, en general, busca evitar que aquellas sean
discriminadas y marginalizadas y que, consecuentemente, pierdan su sustento o su
empleo con ocasión al embarazo, como históricamente ha sucedido.

5. Análisis del caso

Con base en lo expuesto, la Sala considera que en el caso se transgredieron los
derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de la accionante, por
varias razones.

5.1. En primer lugar, y como se explicó previamente, la Constitución Política de
1991 otorga una protección especial y preponderante a las mujeres en estado
de embarazo. Y eso se traduce en que el Estado colombiano está obligado
a brindar garantías superiores a aquellas. Asimismo, la jurisprudencia
constitucional ha entendido que estas últimas son sujetos de especial
protección constitucional.

Con fundamento en dicha protección superior a favor de la mujer en embarazo
y de su reconocimiento como sujeto especial de protección constitucional, se
considera que cuando exista una tensión de derechos que involucre los de una
mujer en estado de embarazo, o cuando exista duda o vacío frente al alcance
de los derechos de aquellas, debe prevalecer la interpretación más favorable.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-224 de 2021.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-224 de 2021.
9

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De no hacerlo, es decir de escoger una alternativa que socorra en menor grado
los derechos de tales mujeres, no se materializaría realmente el mandato
constitucional de protección prevalente a estas y el reconocimiento como
sujeto de especial protección constitucional caería en el vacío.

Puntualmente, sobre el rol de los jueces, la Corte Constitucional ha explicado
que la resolución de controversias judiciales debe propender a la protección
del derecho fundamental a una vida libre de violencia8. Por ende, es deber de
los servidores judiciales emplear una perspectiva de género, en los casos que
supongan violencias o discriminaciones contra la mujer. Esta metodología de
análisis, según la Corte Constitucional, alude a “la aplicación de las reglas
constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género, la
observancia de la igualdad material, la garantía de protección a las mujeres
víctimas de violencia y la protección de personas en situación de debilidad
manifiesta”9 (Negrillas propias).

En ese orden de ideas, la aplicación de una perspectiva de género por parte
de los jueces, implica optar por interpretaciones que privilegien la igualdad
material de la mujer. Así, desde el punto de vista constitucional y bajo la óptica
de una perspectiva de género se considera que, en el caso, la opción que
mejor protege los derechos a la igualdad y a la seguridad social de la
accionante es el reconocer el derecho a disfrutar de la incapacidad por
enfermedad, de forma concurrente con la licencia de maternidad. Y esto
obedece a que negar el disfrute de tal prerrogativa es desconocer el periodo
de tiempo en el cual la accionante estuvo enferma, así como desdibujar la
naturaleza y finalidades que persigue la licencia de maternidad10.

5.1.1. Así, argumentar que únicamente procede el pago de la licencia de
maternidad equivale a equiparar a una madre que no tuvo
complicaciones posparto con la accionante, quien, por el contrario,
estuvo al borde de la muerte producto de las afectaciones en su salud
tras el alumbramiento. A todas luces, ese escenario comporta una
transgresión al derecho a la igualdad de la accionante, puesto que a
dos supuestos fácticos totalmente diferentes se les atribuye una
misma consecuencia, sin considerar las circunstancias
diferenciadoras que ameritan un tratamiento diferencial.

Al respecto, debe recordarse que el artículo 13 constitucional no solo
es un mandato que propugna por la igualdad formal ante la ley, sino
también por la igualdad material. Esta se refiere al reconocimiento de
que en la cotidianidad existen desigualdades entre distintos grupos;
por lo cual es deber del Estado colombiano dar un trato especial y
favorable a las personas y grupos vulnerables de la sociedad. Así, bajo

8 Corte Constitucional. Sentencia T-093 de 2019.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-016 de 2022.
10 En este sentido ver Corte Constitucional. Sentencia SU-080 de 2020.
“La Sala entiende, con todo, que analizar con perspectiva de género los casos concretos donde son parte
mujeres afectadas o víctimas: i) no implica una actuación parcializada del juez en su favor; reclama, al
contrario, su independencia e imparcialidad y ii) ello comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe
estereotipos de género discriminatorios, y; iii) en tal sentido, la actuación del juez al analizar una
problemática (…) exige un abordaje multinivel, pues, el conjunto de documentos internacionales que han
visibilizado la temática en cuestión -constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes necesarios
al construir una interpretación pro fémina, esto es, una consideración del caso concreto que involucre el
espectro sociológico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminación
ejercida sobre la mujer. Se trata por tanto de, utilizar las fuentes del derecho internacional de los derechos
humanos junto con el derecho interno, para buscar la interpretación más favorable a la mujer víctima.”
10

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esta óptica de la igualdad, debe tratarse igual a los iguales y diferente
a los diferentes.

En esa medida, desde el punto de vista de la igualdad material, no es
admisible dar el mismo tratamiento a una mujer que por poco muere
por complicaciones posparto, a una mujer que no padeció de estas, ya
que ante la diferencia fáctica una tiene derecho a un trato aún más
preferencial que la otra. Y ese tratamiento todavía más prevalente, en
el caso se traduce en el pago de la licencia de maternidad y la
incapacidad por enfermedad.

5.1.2. A su vez, argumentar que la accionante solo tiene derecho al pago de
la licencia de maternidad sin incluir la incapacidad por enfermedad
desdibuja la naturaleza y finalidades de la licencia referida. Como se
indicó previamente, la licencia de maternidad es un mecanismo de
protección a la mujer trabajadora en embarazo que busca evitar su
discriminación en el ámbito laboral y que además persigue que aquella
cuente con sustento económico para que pueda disfrutar y aprender
la maternidad sin preocupaciones monetarias, durante las primeras
semanas después del parto e incluso un par de semanas antes de
este. Asimismo, la licencia busca que la madre cuente con un tiempo
remunerado para el cuidado necesario del bebé y el propio tras el
alumbramiento.

En consecuencia, tratándose de una situación límite en la cual la
madre está al borde de la muerte por complicaciones posparto, como
la sucedida en el caso, no sería ajustado a la realidad argumentar que
la licencia de maternidad cubre la enfermedad por la cual atravesó la
madre. Esto se debe a que dicha licencia no fue concebida para
sustituir el salario del trabajador enfermo11, sino para los propósitos ya
mencionados, es decir para proteger de posibles discriminaciones
laborales a la mujer trabajadora, para brindarle estabilidad económica
durante el tiempo que debe ausentarse de su trabajo producto del
parto y para otorgarle un tiempo para el cuidado del recién nacido y
para el propio.

De manera que la situación por la cual atravesó la accionante no se
enmarca dentro de la naturaleza y finalidades de la licencia de
maternidad, pues se trata de un supuesto totalmente diferente a los
enunciados: una enfermedad que pudo originar la muerte de la
accionante.

5.2. En segundo lugar, desde el punto de vista de mera legalidad no existe norma
aplicable a la situación de la accionante que proscriba el pago de la licencia
de maternidad de forma concurrente con el de la incapacidad por enfermedad;
y además, la accionante cumple con los requisitos de ley para el
reconocimiento y pago de la incapacidad por enfermedad general.

5.2.1. Actualmente, como lo mencionó la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Manizales, esa circunstancia de simultaneidad

11 Corte Constitucional. Sentencia T-523 de 2020.
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está regulada en el artículo 2.2.3.2.8 del Decreto 1427 de 2022, en los
siguientes términos:

“Licencia de maternidad o paternidad concomitante con incapacidad de origen
común. Si durante el período que abarca la licencia de paternidad o
maternidad pre parto y post parto coexistiere una incapacidad de origen
común, se causará solamente la prestación económica derivada de la
maternidad o paternidad. Si terminada la licencia subsiste la incapacidad, ésta
se reconocerá en las cuantías y condiciones determinadas por la normativa
vigente”.

Sin embargo, esa norma no es aplicable al caso de la accionante,
debido a que el Decreto 1427 de 2022 entró en vigor el 29 de julio de
2022, fecha para la cual ya había ocurrido el parto (1 de junio de 2022)
y el médico tratante ya le había otorgado la incapacidad por
enfermedad (5 al 19 de junio de 2022).

Asimismo, el artículo 21 del Decreto 770 de 1975 al que se refirió el
Tribunal Superior de Manizales tampoco es aplicable en el caso. Como
lo explicó el Ministerio de Salud, en el concepto 201511600678821 del
21 de abril de 2015 “el referido Decreto 770 de 1975 no se encuentra
vigente, habida cuenta que las materias allí reguladas, fueron incorporadas
como antes se indicó, en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
bajo los pilares del aseguramiento a través de los regímenes contributivo y
subsidiado.

Y la razón por la cual dicho Decreto no se encuentra vigente es
porque, como lo indicó el Ministerio de Salud, “la reglamentación general
del seguro de enfermedad general y maternidad, contenida en el decreto 770
de 1975 expedido por el entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales,
se basó en un esquema de riesgo y de prestación de los servicios médicos
replanteado totalmente con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 que
reguló a partir de entonces, los aspectos aplicables al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, regentes para dicho sistema, en lo relacionado
con el decreto en cuestión”.

A lo anterior se agrega que la norma vigente para el momento de los
hechos, es decir el Decreto 780 de 2016 no proscribía la causación
simultánea de la licencia de maternidad y la incapacidad por
enfermedad.

Así las cosas, aunque desde julio del 2022 la concurrencia entre la
licencia de maternidad y la incapacidad por enfermedad es una
materia que fue regulada en el Decreto 1427 de 2022, lo cierto es que
antes de esa fecha no existía norma que proscribiera la simultaneidad
en el pago de las dos prestaciones.

Y aunque el Ministerio de Salud reiteró por años la interpretación
consistente en que la licencia de maternidad y la incapacidad por
enfermedad no podían causarse de forma concurrente, se resalta que
dicha postura no estaba basada en una norma que reglamentara la
materia. Por ende, tan solo desde el punto de vista de legalidad, se
considera que no había lugar a que a la accionante se le negara el
pago de la incapacidad por enfermedad por ser concurrente con la

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licencia de maternidad, ante la ausencia de prohibición sobre la
materia.

5.2.2. A lo anterior se agrega que la interpretación de las autoridades
accionadas implica la imposición de requisitos adicionales a los
señalados en la ley, para el reconocimiento y pago de la incapacidad
por enfermedad general. Al respecto, el artículo 206 de la Ley 100 de
1993 dispone que los afiliados al régimen contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud tienen derecho a que se les
reconozcan incapacidades por enfermedad general. Asimismo, la
única condición que establece el artículo 2.1.13.4 del Decreto 780 de
2016 para el reconocimiento y pago de la incapacidad por enfermedad
general es que el cotizante haya “efectuado aportes por un mínimo de
cuatro (4) semanas” y que no se trate de una enfermedad originada en
tratamientos con fines estéticos.

De manera que, nuevamente desde el punto de vista legal, no hay
lugar a exigirle a la accionante condicionamientos más allá de los
referidos, pues aquella pertenece al régimen contributivo, cotizó
durante los 4 meses anteriores a la enfermedad y esta última no se
derivó de un procedimiento estético. Lo cual significa que la tutelante
cumple a cabalidad con los requisitos legales para el reconocimiento
y pago de la incapacidad por enfermedad general.

5.3. En suma, la Sala considera que en el caso existió una vulneración a los
derechos a la igualdad y seguridad social de la tutelante.

Resultado al que se arriba con fundamento en:

(i) el mandato constitucional consistente en otorgar una especial
protección a la mujer en embarazo y la obligación del Estado de brindar
garantías superiores a aquellas;
(ii) la perspectiva de género, como aproximación metodológica de análisis,
en virtud de la cual los jueces deben optar por la opción que más
garantice la igualdad material de las mujeres;
(iii) el derecho a la igualdad material de quienes se encuentran en
circunstancias diferenciadoras y el consecuente derecho a un
tratamiento preferencial;
(iv) la naturaleza y finalidades de la licencia de maternidad, que se apartan
de la figura de incapacidad por enfermedad;
(v) la ausencia de normativa de rango legal que, para el momento de los
hechos, prohíba la concurrencia entre la licencia de maternidad y la
incapacidad por enfermedad; y
(vi) el cumplimiento de los requisitos de ley por parte de la tutelante, para
ser beneficiaria de la incapacidad por enfermedad general.
6. Conclusión

Por lo expuesto, la Sala amparará los derechos a la igualdad y seguridad social de
la tutelante. Consecuentemente, le ordenará a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Manizales que, en lo que a cada uno atañe a sus competencias, efectúen
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el pago de los dos primeros días de la incapacidad por enfermedad general otorgada
a la tutelante, tal como lo establece el parágrafo 1º del artículo 3.2.1.10. del Decreto
Único Reglamentario 780 de 2016:
“En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos
empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de
incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir
del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad vigente.”

Asimismo, se le ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Manizales realice el trámite que corresponda a fin de garantizar el derecho
al disfrute del período correspondiente a la incapacidad por enfermedad y para el
consecuente reconocimiento y pago de la incapacidad general por parte de la EPS
Sanitas, tal como lo establece el artículo 121 del Decreto 19 de 2012: “El trámite para
el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad
a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera
directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún
caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento”.

Y finalmente, se le ordenará a la EPS Sanitas pagar la incapacidad por enfermedad
general otorgada a la tutelante, a partir del día 3 de la incapacidad hasta el 15 de
esta última, según lo establece el parágrafo 1º del artículo 3.2.1.10. del Decreto
Único Reglamentario 780 de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y seguridad social de
Valentina Jaramillo Marín, dadas las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión.

2. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Manizales, que en lo que a cada
uno atañe a sus competencias y de manera coordinada, a fin de garantizar el
derecho al disfrute del período correspondiente a la incapacidad por
enfermedad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta
providencia, efectúen el pago de los dos primeros días de la incapacidad por
enfermedad general reconocida por el Tribunal Superior de Manizales
mediante Resolución Nro. 040 8 de junio de 2022, Valentina Jaramillo Marín,
según lo establece el parágrafo 1º del artículo 3.2.1.10. del Decreto Único
Reglamentario 780 de 2016. Lo anterior no podrá suponer ninguna afectación
al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad de Valentina Jaramillo
Marín.

3. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Manizales que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, realice el trámite para que garanticen el disfrute del período
correspondiente a la incapacidad y el reconocimiento y pago de la incapacidad
general otorgada a Valentina Jaramillo Marín, ante la EPS Sanitas, tal como
lo dispone el artículo 121 del Decreto 19 de 2012.

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4. Ordenar a la EPS Sanitas que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta providencia, pague la incapacidad por enfermedad general
otorgada Valentina Jaramillo Marín, a partir del día tres (3) de la incapacidad
hasta el día quince (15) de esta última, según lo establece el parágrafo 1º del
artículo 3.2.1.10. del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

6. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

7. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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