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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04264-00

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04264-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar el amparo al debido proceso administrativo del señor Neiro Alexander Bastidas Padilla, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04264-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04264-00
Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04264-00
Demandante: NEIRO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CÚCUTA – SALA PLENA-

Temas: Contra acto que se abstuvo de tramitar recurso de queja
– violación al debido proceso administrativo - niega
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Neiro
Alexander Bastidas Padilla contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Neiro Alexander Bastidas Padilla en nombre propio ejerció acción de tutela
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, por considerar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se avoque y se admita la presente acción de
constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en Auto de fecha 14 de julio de
2022, proferido por la Corte Suprema de Justicia, y posterior a ella sea
repartida al Consejo de Estado, según el criterio utilizado y por estar
dirigida contra la Sala Plena del Tribunal Superior de Cúcuta de Norte de
Santander.

SEGUNDO: Que se declare la vulneración al debido proceso y el acceso
a la administración de justicia, por la Sala Plena del Tribunal Superior de

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04264-00
Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

Cúcuta, por abstenerse de dar trámite al recurso de queja interpuesto
contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta de Norte de
Santander, a favor del accionante, y los que el H. Juez Constitucional en
su sabio criterio considere que se me estén vulnerando.
TERCERO: Como consecuencia de la declaración al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia se ordene al Superior Funcional
Competente a que de trámite y resuelva de fondo el recurso de queja
interpuesto contra el Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta, si a ello hay
lugar.”

2. Hechos

Del expediente de tutela, se destacan como hechos relevantes los siguientes:

Mediante la Resolución núm. 011 de 14 de febrero de 2019, el actor fue nombrado
en provisionalidad como Citador grado 3, en el Juzgado Segundo de Familia de
Oralidad de Cúcuta.

El 29 de agosto de 2021, el actor presentó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
de Santander, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera
Administrativa y el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta, dictamen
laboral y ocupacional, expedido por Suramericana S.A., en el que fue calificado con
una pérdida de la capacidad laboral de origen común del 35.16%, con el fin de
solicitar el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada.

El 9 de mayo de 2022, el mencionado Juzgado recibió solicitud del señor Francesco
Armando Pisciotti Contreras, quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles, en
la que requería ser nombrado en propiedad en el cargo ocupado de manera
provisional por el actor.

El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta, mediante la Resolución
núm. 012 de 9 de mayo de 2022 se nombró al señor Armando Pisciotti Contreras
en el cargo de citador y se estipuló que el señor Bastidas Padilla podría seguir
ocupando dicho cargo en provisionalidad hasta tanto la persona nombrada se
posesionara en propiedad.

Es decir que en la referida resolución se nombró en el cargo al señor Pisciotti
Contreras pero resolvió mantener el nombramiento en provisionalidad al actor hasta
que se posesionara en propiedad el señor Pisciotti Contreras, y remitió el caso al
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, para que en el marco
de sus funciones, evaluara la viabilidad de la reubicación del servidor.

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Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

Contra dicha resolución, el 24 de mayo de 2022 el actor presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación, al considerar que para su desvinculación se
debía pedir permiso al Ministerio de Trabajo; y además inició solicitud de recusación
contra la Juez Segunda de Familia de Oralidad de Cúcuta, al considerar que no
sería imparcial al decidir su situación, mediante la Resolución núm. 015 de 25 de
mayo de 2022, la juez en mención no aceptó la recusación.

El Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cúcuta, mediante la Resolución núm.
007 de 7 de junio de 2022, resolvió declarar no fundada la recusación presentada
por el actor.

Una vez resuelta la recusación el expediente regreso al juzgado de conocimiento y
el 7 de junio de 2022, se corrió traslado del recurso de reposición interpuesto por el
actor contra la Resolución núm. 012 de 9 de mayo de 2022 y mediante Resolución
núm. 028 del 21 de junio de 2022, el Juzgado no repuso la decisión recurrida y
rechazó por improcedente el recurso de apelación al considerar que en la resolución
apelada quedo claro que contra dicha decisión solo procedía el recurso de
reposición.

El 22 de junio de 2022 tomó posesión en propiedad del cargo de Citador Grado 3 el
señor Francesco Armando Pisciotti Contreras.

El Juzgado, mediante el Oficio núm. 1442 de 22 de junio de 2022, informó al actor
que el señor Francesco Armando Pisciotti Contreras se posesionó en propiedad del
cargo de Citador grado 3, surtiéndose así los efectos jurídicos del numeral 1º de la
Resolución núm. 012 del 9 de mayo de 2022 y en esa medida se daba por terminado
su nombramiento en provisionalidad.

Contra la Resolución núm. 028 del 21 de junio de 2022 el actor presentó recurso de
queja y la Sala plena del Tribunal Superior de Cúcuta mediante providencia del 7 de
julio de 2022, decidió abstenerse de darle tramite, al considerar que contra la
Resolución núm. 012 del 09 de mayo de 2022 no procedía el recurso de apelación,
tal como se señaló en dicho acto, dado que dicha decisión fue adoptada en ejercicio
de la función administrativa nominadora asignada por el numeral 8 del artículo 131
de la Ley 270 de 1996 y la Sala Plena de dicha entidad no es el superior del juez
nominador.

3. Argumentos de la acción de tutela

Del confuso escrito de tutela presentado por el actor se tiene que alegó la
vulneración de los derechos fundamentales invocados basado en que la Sala Plena

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del Tribunal Superior de Cúcuta, se abstuvo de resolver el recurso de queja
interpuesto contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta.

Destaco que si la Sala Plena el tribunal consideró que no es la competente debió
rechazar el recurso y remitir el expediente al competente para surtir el respectivo
trámite, dado que no existe norma que disponga que el recurso de queja no puede
ser interpuesto contra un acto administrativo proferido por el nominador.

4. Trámite Previo

En principio mediante auto del 10 de agosto de 2022, el despacho sustanciador
inadmitió la acción de tutela y requirió al actor para que aclarara y precisara de
manera concreta e individual los hechos y argumentos que sustentan su petición y
allegara los documentos relacionados en el acápite de pruebas del escrito de tutela.

El actor atendió dicho requerimiento y en consecuencia mediante auto del 26 de
agosto de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a las partes a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposición

El magistrado José Andrés Serrano Mendoza del Tribunal Superior Distrito
Judicial de Cúcuta solicitó se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia o en su defecto se niegue el amparo solicitado por cuanto no existe
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor.

Afirmó que su Sala Plena, no puede ser considerada como superior del juez
nominador, y el artículo 74 del CPACA, contentivo del recurso de queja, establece
que el mismo “podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que
dictó la decisión”.

Con base en lo anterior sostuvo que el Tribunal no estaba legitimado para conocer
y desatar un recurso de apelación interpuesto frente a la decisión de naturaleza
administrativa, proferida por la Juez Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta,
como autoridad nominadora de un empleado, con apego en el ya referido artículo
131 de la Ley 270 de 1996.

Además señaló que su decisión tuvo como fundamento un concepto proferido por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el que se indicó que:

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Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

“Las actuaciones de Tribunales Superiores y Jueces en la mayoría de decisiones
proferidas en ejercicio de funciones administrativas, son autónomas y por eso no ostentan
frente a ellas superior jerárquico que pueda modificarlas”.

Así mismo, precisó que, por regla general, las actuaciones emanadas de dichas
autoridades que sí resultan susceptibles de apelación, son las de naturaleza
disciplinaria y de calificación de servicios de empleados judiciales

6. Intervenciones

El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta manifestó que el trámite
administrativo impartido a la petición de estabilidad laboral del actor y el
nombramiento en propiedad del señor Francesco Armando Pisciotti Contreras
(primero en la lista de elegibles para la provisión del cargo de Citador Grado 3 del
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta), actuó de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y al precedente
constitucional de las Altas Cortes.

Frente al tema puntual de la improcedencia del recurso de apelación contra la
Resolución núm. 012 del 9 de mayo de 2022 afirmó que su decisión tuvo en cuenta
precedente de la Corte Suprema de Justicia, que trae a colación decisión de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

De antemano la Sala aclara que el cuestionamiento planteado por el actor va dirigido
contra actos administrativos proferidos por el juez nominador en ejercicio de la

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Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

facultad administrativa la cual se ve materializada en la designación y nombramiento
de empleados.

De lo alegado por el actor se tiene que pretende cuestionar el trámite que se le dio
a los recursos de apelación y queja que interpuso contra la Resolución núm. 012
del 9 de mayo de 2022, en la que la Juez Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta
nombró en el cargo de citador a quien ocupaba el primer lugar de la lista de
elegibles.
Problema jurídico

Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Superior de
Cúcuta vulneró el derecho al debido proceso administrativo del actor en acto del 7
de julio de 2022 en el que se abstuvo de resolver el recurso de queja interpuesto
contra la Resolución núm. 028 del 21 de junio de 2022.

Caso concreto

La parte demandante solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

La Sala precisa que las pretensiones de la solicitud de amparo van dirigidas,
concretamente, a dejar sin efecto la decisión administrativa del 7 de julio de 2022,
en la que el tribunal demandado se abstuvo de resolver el recurso de queja
interpuesto contra la Resolución núm. 028 del 21 de junio de 2022 y que en su lugar
se dé el trámite correspondiente y se resuelva el recurso de fondo.

Para efectos de resolver, la Sala considera necesario precisar que el origen de la
controversia se dio con la Resolución núm. 012 del 9 de mayo de 2022 mediante la
que el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta dispuso:

“En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CUCUTA, en ejercicio de funciones administrativas,

RESUELVE.

PRIMERO. ADOPTESE a favor de Nerio Alexander Bastidas Padilla como medida afirmativa
tendiente a efectivizar el principio de solidaridad social y el ejercicio cabal del uso y goce de
derechos, en los precisos términos del precedente constitucional citado en esta resolución, la
de mantener su nombramiento en provisionalidad en el cargo de Citador Grado 3, hasta que
se posesione en propiedad el señor Francesco Armando Pisciotti Contreras, quien ocupa el
primer lugar en la lista de elegibles conformada mediante el Acuerdo CSJNS2021-368 del 18
de noviembre de 2021, o hasta que tome posesión alguno de los integrantes de la lista

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Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

contenida en el Acuerdo CSJNS2021-368, y/o en las que remita el Consejo Seccional de la
Judicatura.

SEGUNDO. Consecuente con lo anterior y ante la imposibilidad de nombrar en este despacho
al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, en un cargo de igual categoría al que en este
momento ocupa en provisionalidad, de presentarse el supuesto de hecho a que se contrae el
numeral primero de esta resolutiva -esto es, la posesión en propiedad del designado de lista
de elegibles- REMÍTASE el conocimiento del caso, al Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander, para que en el marco de sus funciones, y de cara a las posibilidades
administrativas, puedan, de conformidad con el deber de colaboración armónica del que trata
el artículo 113 de la Constitución Política, evaluar la viabilidad de la reubicación del servidor,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución y en el numeral primero
de la decisión del 31 de marzo de 2022 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.

TERCERO. Como se indicó en la parte motiva, habida consideración de la indisoluble
vinculación de la decisión aquí adoptada, con la obligatoriedad de acatar el imperativo legal
de efectuar la provisión de la vacante de Citador Grado 3 del Juzgado Segundo de Familia de
Oralidad de Cúcuta, NOMBRAR al señor PISCIOTTI CONTRERAS FRANCESCO
ARMANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1094241096, quien ocupa el primer
lugar en la lista de elegibles conformada mediante Acuerdo CSJNS2021-368 del 18 de
noviembre de 2021, en el cargo mencionado. Remítase por Secretaría las comunicaciones
respectivas.

CUARTO. NOTIFICAR esta Resolución al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
NORTE DE SANTANDER, y a los señores NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA,
PISCIOTTI CONTRERAS FRANCESCO ARMANDO, ARENAS GALLEGO ALEJANDRO y
CASADIEGO ORTIZ CIRO ANDRES.

QUINTO. Contra esta resolución únicamente procede el recurso de reposición, en los términos
del artículo 76 del CPACA, no siendo procedente el recurso de apelación, conforme lo decidido
por la Corte Suprema de Justicia en providencia APL980-2020 del 2 de abril de 2020.”

Resaltado de la Sala.

Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación los cuales fueron resueltos mediante Resolución núm. 028 del 21 de junio
2022 que decidió no reponer y rechazar por improcedente el recurso de apelación
conforme al numeral quinto de la Resolución núm. 12 del 9 de mayo de 2022.

En primera medida, frente a la decisión de rechazar por improcedente el recurso de
apelación la Sala destaca que esta decisión es razonable en la medida que por la
naturaleza de la decisión solo es procedente el recurso de reposición, dado que el
juez goza de autonomía para expedir decisiones administrativas en relación con la
planta de personal a su cargo de conformidad a la facultad nominadora consagrada

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en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996 y en esa medida dispuso la procedencia
del recurso de reposición en el acto que dispuso el nombramiento, como la opción
de eventualmente revisar el contenido del acto administrativo, dado que los recursos
contra este tipo de actos se tramitan y deciden cuando los mismos correspondan y
procedan.

Ahora bien, se tiene que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en acto
del 7 de julio de 2022, se abstuvo de pronunciarse frente al recurso de queja
interpuesto, con fundamento en las razones que se pasan a transcribir:

“Procede la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta a resolver si estuvo
bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el señor NERIO ALEXANDER
BASTIDAS PADILLA en contra de la Resolución No. 012 del 09 de mayo de 2022 mediante la
cual la juez Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta nombró en
propiedad al señor PISCIOTTI CONTRERAS FRANCESCO ARMANDO, en el cargo de
Citador Grado 3 del referido Despacho judicial.

Preciso deviene resaltar que esta decisión de nombramiento fue adoptada por la operadora
judicial en ejercicio de la función administrativa nominadora asignada por el numeral 8º del
artículo 131 de la Ley 270 de 1996, siendo claro, tal como lo indicó la juez Segundo de Familia
de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, que contra el referido acto administrativo no tenía
cabida el recurso de apelación.

Con el fin de resolver lo anterior, necesario resulta analizar el artículo 20 de la Ley 270 de
1996, del cual es posible extraer que ninguna de las funciones allí asignadas, faculta a la Sala
Plena de esta Corporación para resolver la inconformidad planteada en forma subsidiaria por
BASTIDAS PADILLA, estableciendo dicha la norma lo siguiente:

1 ARTÍCULO 131. AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL. Las autoridades nominadoras

de la Rama Judicial, son:

1. Para los cargos de las Corporaciones: Las respectivas Corporaciones en pleno.
2. Para los cargos adscritos a las presidencias y vicepresidencias: La respectiva Corporación o Sala.
3. Para los cargos de las Salas: La respectiva Sala.
4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo Magistrado.
5. Para los cargos de Magistrados de los Tribunales: La Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado,
según el caso.
6. Para los cargos de Magistrados de los Consejos Seccionales: La Sala respectiva del Consejo Superior de la
Judicatura.
7. Para los cargos de Jueces de la República: El respectivo Tribunal.
8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo Juez.
9. Para los cargos de Director de Unidad y Jefe de División del Consejo Superior de la Judicatura: La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
10. Para los cargos de los Consejos Seccionales de la Judicatura: La correspondiente Sala del respectivo
Consejo Seccional; y,
11. Para los cargos de las Unidades del Consejo Superior de la Judicatura: Los respectivos Directores de
Unidad.

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“ARTÍCULO 20. DE LA SALA PLENA. Corresponde a la Sala Plena de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, ejercer las siguientes funciones administrativas:
1. Elegir a los Jueces del correspondiente Distrito Judicial, de listas elaboradas por la Sala
Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura, en la calidad que
corresponda, según el régimen de la carrera judicial.
2. Elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y a los empleados que le
corresponda conforme a la ley o al reglamento.
3. DECLARADO INEXEQUIBLE.
4. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del
respectivo Distrito Judicial, que servirá de base para la calificación integral.
5. Las demás que le atribuya la ley o el reglamento que expida la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.”.

A lo anterior se suma el contenido del Acuerdo No. PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017
“Por el cual se adoptan las reglas generales para el funcionamiento de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial”, el cual consagra en su artículo 4º, lo siguiente:

“ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES DE LA SALA PLENA. La sala plena de los tribunales
tendrá las siguientes funciones:

a. Elegir presidente y vicepresidente de la corporación para períodos de un (1) año.
b. Elegir los empleados del tribunal que no estén adscritos a la presidencia, a una
determinada sala especializada o a los despachos de los magistrados; resolver las
renuncias que presenten de sus cargos y removerlos de acuerdo con la ley.
c. Presentar al Consejo Superior o seccional de la Judicatura y a la dirección ejecutiva
seccional, según el caso, las informaciones que se relacionen con los despachos judiciales,
cuando se considere que se afecta su cabal y eficiente funcionamiento.
d. Fijar, con no menos de tres (3) días de anticipación, la fecha para la elección de jueces,
empleados en propiedad o provisionalidad.
e. Elegir en propiedad, provisionalidad o encargo a los jueces del respectivo distrito judicial,
de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos que al efecto expida el
Consejo Superior de la Judicatura, aceptar las renuncias de sus cargos y removerlos de
acuerdo con la ley.
f. Confirmar, mediante resolución motivada, el nombramiento de jueces en propiedad.
g. Conceder las comisiones de servicios contempladas en el artículo 136 de la Ley 270 de
1996, y solicitar al Consejo Superior de la Judicatura el otorgamiento de la comisión
especial de que trata el inciso 1.o del artículo 139 de la misma ley, en relación con los
jueces del respectivo distrito.
h. Expedir los reglamentos que regulen los aspectos de funcionamiento interno que no
hayan sido contemplados en la ley o en el presente acuerdo, y que sean compatibles con
aquéllas.
i. Delegar en la sala de gobierno, cuando lo estime conveniente, algunas de sus funciones
relativas a los aspectos administrativos internos del tribunal.
j. Aprobar proposiciones y solicitudes respetuosas a las demás autoridades y a personas
particulares sobre asuntos que interesen al tribunal.
k. Aprobar hasta en un cincuenta por ciento (50%) la disminución del reparto de los asuntos
que le correspondan al presidente de la corporación para que pueda asumir las funciones
que le imponen tal dignidad.
l. Fijar el día y la hora para la celebración de las sesiones ordinarias de la sala plena.
m. Evaluar a los empleados adscritos a la sala plena.

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Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

n. Evaluar, previo el estudio en cada sala especializada, el factor cualitativo de la
calificación de servicios de los jueces del respectivo distrito judicial, conforme a las reglas
legales de competencia y remitir oportunamente su resultado al respectivo consejo
seccional de la judicatura.
o. Decidir los asuntos administrativos del tribunal que no correspondan a otra autoridad.
p. Las demás que señalen la ley o los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura en
el ámbito de su competencia.
q. Literal transitorio. Conocer de los procesos disciplinarios de los empleados nombrados
por la sala hasta la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus
seccionales.”.

Necesario surge aclarar que, de conformidad con el principio superior de legalidad, las
actuaciones de los distintos jueces de la República han de guardar estrecha relación con las
funciones válidamente asignadas a estos por la Constitución y la Ley.

Guardadas las proporciones, en un asunto similar al aquí discutido, frente a un conflicto de
competencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en auto calendado
02 de octubre de 2014, con radicado 1100102300002014-00121- 00, explicó lo siguiente:

“Las actuaciones de Tribunales Superiores y Jueces en la mayoría de decisiones
proferidas en ejercicio de funciones administrativas, son autónomas y por eso no
ostentan frente a ellas superior jerárquico que pueda modificarlas”.

Así mismo, dicha instancia indicó que, por regla general, las actuaciones emanadas de dichas
autoridades que sí resultan susceptibles de apelación, son las de naturaleza disciplinaria y de
calificación de servicios de empleados judiciales.

En esta misma línea, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en decisión APL980-
2020, expediente 110010230000202000102-00, del 02 de abril del 2020, MP. AROLDO
WILSON QUIROZ MONSALVO, concluyó:

“Se precisa que las Corporaciones Judiciales, en su calidad de nominadores, son
administrativamente autónomas en la designación y manejo de los funcionarios y
empleados cuya nominación les corresponde, con sujeción, desde luego, a todos los
parámetros que determina la ley y el respectivo régimen de carrera, razón por la cual ellas
carecen de un superior administrativo en lo que hace a la administración de ese personal.
(...) Advierte igualmente la alta corporación judicial que “Aceptar que todos los actos
administrativos dictados por los Tribunales Superiores y los Jueces, en el ejercicio de tales
funciones son susceptibles del recurso de apelación, comportaría afirmar la existencia
de un poder jerárquico respecto de tales servidores, y, por tanto, un deber de
subordinación frente a sus nominadores, el cual se presenta únicamente para el
cumplimiento de atribuciones jurisdiccionales, y, como quedó dicho, en asuntos
disciplinarios y calificación de empleados, como lo determinó la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado en los precedentes citados”. (negrillas de la Sala).”

En este sentido, la norma procesal administrativa contiene un carácter de tinte residual frente
a la reglamentación dispuesta por la Ley 270 de 1996 y demás disposiciones que regulan el
ejercicio y funciones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04264-00
Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

Bajo este entendido, y contrario a lo planteado por el señor NERIO ALEXANDER BASTIDAS
PADILLA, mal podría afirmarse que este Tribunal está legitimado para conocer y desatar un
recurso de apelación interpuesto frente a la decisión de naturaleza administrativa, proferida
por la Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, como autoridad
nominadora de un empleado, con apego en el ya referido artículo 131 de la Ley Estatutaria.

Téngase presente como lo establece la jurisprudencia reseñada, que no se está frente a los
tópicos fácticos relativos a calificación de servicios o toma de decisiones en materia
disciplinaria, únicas excepciones a la imposibilidad de cuestionar las decisiones
administrativas proferidas por un Juez nominador.

Revisando entonces el artículo 74 del C.P.A.C.A., contentivo del recurso de queja, se observa
que el mismo establece que “podrá interponerse directamente ante el superior del
funcionario que dictó la decisión”, y esta Sala Plena, como se concluyó, no es superior del
juez nominador, razón por la cual se ABSTENDRÁ de resolver el mencionado recurso
presentado en contra de la Resolución N°028 del 21 de junio de 2022, proferida por el Juzgado
Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, por medio de la cual, dispuso
entre otras cosas, negar por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución No. 012 del 09 de mayo de 2022.(…)”

Resaltado de la Sala.

Revisado lo anterior se tiene que el tribunal demandado se abstuvo de pronunciarse
respecto al recurso de queja interpuesto por el actor en la medida que de
conformidad al artículo 74 del CPACA este procede ante el superior del funcionario
que dictó la decisión, no obstante se tiene que las decisiones recurridas en es e
instante y ahora cuestionadas en la presente solicitud, fueron expedidas en
desarrollo de la función administrativa que ejerce el juez como nominador de su
despacho quien tiene a cargo la designación y nombramiento de los funcionarios de
su despacho.

En efecto, la Sala precisa que tal como lo señaló el Tribunal en el acto administrativo
en el que bien se abstuvo de resolver el recurso de queja, para el juez como
nominador en ejercicio de función administrativa no existe superior jerárquico,
administrativo, ni funcional respecto a las decisiones administrativas que profiera al
interior de su juzgado, pues esa instancia superior solo se presenta para el
cumplimiento de atribuciones jurisdiccionales con la finalidad de garantizar el
principio de doble instancia judicial.

En ese orden de ideas, la Sala destaca que el tribunal demandado actuó de manera
correcta al no tener competencia para resolver el recurso de queja interpuesto por
el actor por no tener la calidad de superior frente a este, pues al no existir un
funcionario competente para conocer de la solicitud ejercida por el actor, lo
procedente era abstenerse y comunicar que no existe competente tal como lo
dispuso en la parte considerativa de su pronunciamiento.

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Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

La Sala precisa que dicha acción del tribunal guardó concordancia con el artículo
21 del CPACA que dispone:

“Artículo 21 Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no
es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado
remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso
de no existir funcionario competente así se lo comunicará.(…)”

Lo anterior dado que la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos 2 ha
indicado que a través de los recursos contra las actuaciones administrativas, el
administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene
como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un
determinado acto, en algunas de sus providencias la Corte puntualmente señaló:

“Se puede afirmar que los recursos interpuestos con la finalidad de controlar los actos
administrativos y agotar la vía gubernativa, constituyen una de las formas de ejercitar el
derecho de petición en la medida que este último permite a las personas no sólo participar en
la gestión que realice la administración sino también, controvertir directamente ante aquella
sus decisiones.

Lo anterior se infiere porque al interponer los recursos de reposición y apelación se está
presentando una petición respetuosa con el fin de obtener, ya sea, la aclaración, modificación
o revocación de un acto administrativo, en consecuencia, la administración tiene el deber de
resolverlos oportunamente, de manera suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado, de
lo contrario se vulneraría el núcleo esencial del derecho de petición.”

Como se ve, de lo expuesto queda demostrado que la autoridad judicial demandada
no vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo del actor al
abstenerse de tramitar el recurso de queja interpuesto dado que el mismo no era
procedente pues si bien el artículo 74 del CPACA estipula que este procede cuando
se rechace la apelación, en el caso objeto de estudio tal como se señaló en el
fundamento de la decisión objeto de reproche, no procede el estudio del mismo, por
la naturaleza de la decisión, dado que fue proferida en ejercicio de la autonomía del
juez en calidad de nominador quien tiene a su cargo la designación y manejo de los
funcionarios y empleados cuya nominación le corresponde, y solo está sujeta a los
parámetros que determina la ley y el respectivo régimen de carrera, razón por la
cual carece de un superior administrativo que conozca e intervenga respecto a lo
decidido en la administración del personal a su cargo.

En atención a lo señalado, la solicitud de amparo de la referencia no tiene vocación
de prosperar, razón por la cual se negarán las pretensiones de la acción de tutela.

2 Ver entre otras las sentencias T-682 de 2017, T-316 de 2006 y T.304 de 1994.

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Demandante: Neiro Alexander Bastidas Padilla

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar el amparo al debido proceso administrativo del señor Neiro Alexander
Bastidas Padilla, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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