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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04264-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04264-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 6 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo invocado por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa que antecede. En su lugar se dispone: Segundo. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial la Cúcuta, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001-03-15-000-2022-04264-01 Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04264-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

1 de diciembre de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04264-01
Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04264-01
Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial la Cúcuta

Temas: Tutela contra acto administrativo. Subsidiariedad de la acción.
Ausencia de perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el señor Nerio Alexander Bastidas
Padilla contra la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo del derecho fundamental al
debido proceso.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.

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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos el auto del 7 de
julio de 2021, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y, en
su lugar, que se ordene al Tribunal tramitar y resolver de fondo el recurso de queja
interpuesto contra la Resolución 028 del 21 de junio de 2022, emitida por el Juzgado
Segundo de Familia de Cúcuta, si a ello hay lugar.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) A través de la Resolución 12 del 9 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo de
Familia de Oralidad de Cúcuta resolvió desfavorablemente las peticiones de
estabilidad laboral reforzada y de aplicación de medidas afirmativas presentadas
ante su despacho; y contra la decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación.

ii) Mediante la Resolución 028 del 21 de junio de 2022, el Juzgado Segundo de
Familia de Oralidad de Cúcuta no repuso la decisión, y rechazó de plano, por
improcedente, el recurso de apelación

iii) El 24 de junio de 2022, presentó ante el superior funcional del Juzgado, esto es,
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, recurso de queja contra la
Resolución 028 del 21 de junio de 2022.

iv) El 29 de junio de 2022, la Sala plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial
Cúcuta solicitó el expediente al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta,
para resolver el recurso de queja interpuesto.

v) El 21 de julio de 2022, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta se abstuvo de dar trámite al recurso de queja.

1.1.3. Los defectos invocados

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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

En sentir del accionante, la decisión del Tribunal incurrió en los siguientes vicios o
defectos:

i) La Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta se abstuvo de
dar trámite al recurso de queja, pese a que este recurso es contemplado en el
ordenamiento jurídico y aplicable para el caso concreto, por lo que le debió dar el
trámite que le correspondía.

ii) La norma no excluye que el recurso de queja pueda ser interpuesto contra un acto
administrativo proferido por el nominador, aplicar este criterio vulnera el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia. En todo caso, siendo ello así,
debió entonces rechazarse de plano el recurso y no abstenerse de resolverlo, toda
vez que ello constriñe el servicio esencial y gratuito de la administración de justicia.

iii) El recurso debió ser resuelto por el superior funcional de la jueza que expidió la
Resolución 028 del 21 de junio de 2022, y no por la Sala en pleno del Tribunal, ya
que dicha agrupación nulita la actuación propia del funcionario competente, y
quebranta las garantías al debido proceso y la seguridad jurídica.

iv) La Sala Plena del Tribunal argumentó y citó jurisprudencia que, al traerlas al
contexto, demuestra injerencia en un asunto del que no es de su resorte, ya que lo
que debió realizar fue enviarlo al competente para que este le diera el trámite
correspondiente.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 10 de agosto de 2022, el consejero Milton Chaves García
inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, requirió al accionante para que, en
el término de los dos días siguientes a la notificación de la providencia, precisara de
manera concreta los hechos y argumentos que sustentaban la petición, y allegara los
documentos relacionados en el acápite de pruebas del libelo.

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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

1.2.2. El 18 de agosto de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla; y, al día siguiente, el
accionante atendió el requerimiento.

1.2.3. A través de auto del 26 de agosto de 2022, el consejero Milton Chaves García
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó i) notificar del proveído al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Plena, como demandados, y al
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y al señor Pisciotti Contreras
Francesco Armando, como terceros interesados en las resultas del proceso, para
que dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe; ii) publicar la providencia en la página web del Consejo de
Estado para el conocimiento de todos los terceros interesados; y iii) notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 610 del Código General del Proceso.

1.2.4. El 31 de agosto de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Plena, al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad
del Circuito Judicial de Cúcuta, al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y el 6 de
septiembre de 2022, notificó al señor Pisciotti Contreras Francesco.

1.2.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, a través del magistrado
José Andrés Serrano Mendoza, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o,
en su defecto, negar el amparo solicitado, en atención a los siguientes argumentos:

i) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta decidió abstenerse de decidir el
recurso de queja interpuesto por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla en contra
de la Resolución 028 del 21 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo de
Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, en atención a que la corporación
no puede ser considerada como superior del juez nominador.

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ii) El Tribunal no está legitimado para conocer y desatar un recurso de apelación
interpuesto frente a una decisión de naturaleza administrativa, emitida por la
autoridad nominadora de un empleado judicial.

iii) Para fundamentar lo anterior, la Sala encontró apoyo en el auto del 2 de octubre
de 2014, proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
el expediente 11001-02-30-000-2014-00121-00, en la cual se explicó que «las
actuaciones de Tribunales Superiores y Jueces, en la mayoría de decisiones
proferidas en ejercicio de funciones administrativas, son autónomas y por eso no
ostentan frente a ellas superior jerárquico que pueda modificarlas».

iv) De igual forma, en el auto del 2 de abril de 2022, de la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, expediente 11001-02-30-000-2020-00102-00 (APL980-2020), en
el que se concluyó que «las corporaciones Judiciales, en su calidad de nominadores,
son administrativamente autónomas en la designación y manejo de los funcionarios y
empleados cuya nominación les corresponde, con sujeción a todos los parámetros
que determina la ley y el respectivo régimen de carrera, razón por la cual carecen de
un superior administrativo en lo que hace a la administración de ese personal».

1.3.2. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de
Cúcuta, por intermedio de la jueza Sandra Milena Soto Molina, remitió el enlace de
acceso a la carpeta digital que contiene la totalidad de las actuaciones adelantadas
por el Juzgado en relación con la solicitud de estabilidad laboral del señor Nerio
Alexander Bastidas Padilla y, señaló lo siguiente:

i) Mediante la Resolución 012 del 9 de mayo de 2022, el despacho resolvió la
petición de estabilidad laboral incoada por el actor, frente a la cual este activó todos
los mecanismos de defensa a su favor, resolviéndosele finalmente los recursos de
impugnación en la Resolución 028 del 21 de junio de 2022.

ii) En el trámite administrativo impartido a la petición de estabilidad laboral del señor
Bastidas Padilla y en el nombramiento en propiedad del señor Francesco Armando

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Pisciotti Contreras se actuó con apego a la Constitución Política, a la Ley 260 de
1996 y al precedente constitucional de las altas cortes.

iii) Frente al tema puntual de la improcedencia del recurso de apelación contra la
Resolución 012 del 9 de mayo de 2022, es importante tener en cuenta el precedente
sentado en el auto del 9 de diciembre de 2015, proferido de la Corte Suprema de
Justicia, en el radicado 11001-02-30-000-2015-00115-01 (APL7473-2015).

1.4. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 6 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo, dadas las
siguientes consideraciones:

i) Lo pretendido por el actor es cuestionar el trámite dado a los recursos de apelación
y queja interpuestos contra la Resolución 012 del 9 de mayo de 2022, en la que la
jueza titular del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta nombró en el
cargo de citador, grado 3, a quien ocupaba el primer lugar de la lista de elegibles.

ii) La decisión de rechazar por improcedente el recurso de apelación es razonable,
en atención a la naturaleza de la decisión. El juez goza de autonomía para expedir
decisiones administrativas en relación con la planta de personal a su cargo, de
conformidad a la facultad nominadora prevista en el artículo 131 de la Ley 270 de
1996 y, en esa medida, solo se dispone la procedencia del recurso de reposición en
el acto que resuelve sobre el nombramiento, como la opción para, eventualmente,
revisar el contenido del acto administrativo.

iii) Y, a su turno, la decisión del Tribunal, de no pronunciarse respecto del recurso de
queja también resulta adecuada, toda vez que no existe superior jerárquico,
administrativo ni funcional respecto de las decisiones administrativas que ejerce el
juez como nominador de su despacho. La instancia superior solo se presenta para el
cumplimiento de atribuciones jurisdiccionales con la finalidad de garantizar el
principio de la doble instancia judicial.

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iv) Si bien el artículo 74 del CPACA establece que este procede cuando se rechace la
apelación, en el caso objeto de estudio tal como se señaló en el fundamento de la
decisión objeto de reproche, no procede su estudio en atención a la naturaleza de la
decisión, dado que fue proferida en ejercicio de la autonomía del juez en calidad de
nominador quien tiene a su cargo la designación y manejo de los funcionarios y
empleados cuya nominación le corresponde, y solo está sujeta a los parámetros que
determina la ley y el respectivo régimen de carrera, razón por la cual carece de un
superior administrativo que conozca e intervenga respecto a lo decidido en la
administración del personal a su cargo.

v) La Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos ha indicado que, a
través de los recursos contra las actuaciones administrativas, el administrado eleva
ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la
aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto.1

1.5. Impugnación

El 19 de octubre de 2022, el accionante manifestó impugnar la decisión de primera
instancia, sin presentar razones que sustentaran el recurso.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20192, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta Corporación.

1 T-682 de 2017, T-316 de 2006 y T.304 de 1994
2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir el acto administrativo contenido la
decisión administrativa del 7 de julio de 2022, emitida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Plena, en la que se abstuvo de decidir el recurso de
queja interpuesto por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla. En caso afirmativo,
se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida decisión se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del accionante.

2.3. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos

Es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que la acción de
tutela contra actos administrativos es improcedente, en atención a que contra estos
el legislador ha dispuesto de las vías judiciales ordinarias para su cuestionamiento,
de forma tal que aceptar su procedencia directa desdibujaría su carácter excepcional
y, además, iría en contravía de lo previsto en el artículo 86 constitucional, en el que
de manera clara se señala que el mecanismo de amparo procede solamente cuando
el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial.

Sin embargo, el referido artículo presenta la excepción de que la acción de tutela
puede proceder en caso de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente,
es decir, está ocurriendo o está próximo a ocurrir; ii) grave, o tiene la potencialidad
de dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un
grado relevante; iii) requiere de medidas urgentes; e iv) impostergable, a fin de
garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.

Además de lo anterior, la Corte también ha desarrollado como excepción adicional, el
evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo o eficaz dadas las

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circunstancias del caso concreto, o las condiciones personales de vulnerabilidad o
debilidad del afectado, situaciones que de ser comprobadas harían procedente el
mecanismo de amparo como solución definitiva del asunto.3

Quiere decir lo anterior que la tutela solo tiene lugar cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse,
o cuando dentro de los diversos medios legales existentes ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

De no tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
ordenamiento jurídico.

2.4. Hechos probados

i) Mediante la Resolución 012 del 09 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo de
Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta resolvió las peticiones de
estabilidad laboral reforzada y de aplicación de medidas afirmativas presentadas por
Nerio Alexander Bastidas Padilla, así:

PRIMERO. ADOPTESE a favor de Nerio Alexander Bastidas Padilla como medida
afirmativa tendiente a efectivizar el principio de solidaridad social y el ejercicio cabal del
uso y goce de derechos, en los precisos términos del precedente constitucional citado
en esta resolución, la de mantener su nombramiento en provisionalidad en el cargo de
citador, grado 3, hasta que se posesione en propiedad el señor Francesco Armando
Pisciotti Contreras, quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles conformada
mediante el Acuerdo CSJNS2021-368 del 18 de noviembre de 2021 o hasta que tome
posesión alguno de los integrantes de la lista contenida en el Acuerdo CSJNS2021-368,
y/o en las que remita el Consejo Seccional de la Judicatura.

SEGUNDO. Consecuente con lo anterior y ante la imposibilidad de nombrar en este
despacho al señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, en un cargo de igual categoría al
que en este momento ocupa en provisionalidad, de presentarse el supuesto de hecho a
que se contrae el numeral primero de esta resolutiva -esto es, la posesión en
propiedad del designado de lista de elegibles- REMÍTASE el conocimiento del caso al
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, para que en el marco de
sus funciones y de cara a las posibilidades administrativas, puedan, de conformidad
con el deber de colaboración armónica del que trata el artículo 113 de la Constitución
Política, evaluar la viabilidad de la reubicación del servidor, de conformidad con lo

3 Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013,

T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras.

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expuesto en la parte motiva de esta resolución y en el numeral primero de la decisión
del 31 de marzo de 2022 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

TERCERO. Como se indicó en la parte motiva, habida consideración de la indisoluble
vinculación de la decisión aquí adoptada, con la obligatoriedad de acatar el imperativo
legal de efectuar la provisión de la vacante de citador, grado 3, del Juzgado Segundo
de Familia de Oralidad de Cúcuta, NOMBRAR al señor PISCIOTTI CONTRERAS FRANCESCO
ARMANDO […], quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles conformada mediante
Acuerdo CSJNS2021-368 del 18 de noviembre de 2021, en el cargo mencionado.
Remítase por Secretaría las comunicaciones respectivas.

NOTIFICAR esta Resolución al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER, y a los señores NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA, PISCIOTTI CONTRERAS
FRANCESCO ARMANDO, ARENAS GALLEGO ALEJANDRO y CASADIEGO ORTIZ CIRO ANDRÉS.

QUINTO. Contra esta resolución únicamente procede el recurso de reposición, en los
términos del artículo 76 del CPACA, no siendo procedente el recurso de apelación,
conforme lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en providencia APL980-2020 del
2 de abril de 2020.

ii) El 24 de mayo de 2022, el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior decisión.

iii) A través de la Resolución 028 del 21 de junio de 2022, el Juzgado Segundo de
Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, no repuso la decisión y rechazó
de plano, por improcedente, el recurso de apelación, tal como se dispuso en el
numeral 5 de la resolución recurrida.

iv) El 24 de junio de 2022, el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla interpuso ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, recurso de queja contra la
Resolución 028 del 21 de junio de 2022, a fin de que se concediera la apelación, en
el efecto suspensivo.

v) Mediante decisión del 7 de julio de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta, Sala Plena, se abstuvo de decidir el recurso.

Explicó que de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 de la Ley 270 de 1996, 4 y 4
del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017,5 a la Sala Plena de los

4 Ley Estatutaria e Administración de Justicia.
5 Por el cual se adoptan las reglas generales para el funcionamiento de los Tribunales Superiores de

Distrito Judicial.

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Tribunales Superiores del Distrito Judicial no se les faculta para resolver recursos de
índole administrativo interpuestos contra decisiones de nominadores.

Y, para justificar tal apreciación, trajo a colación el auto del 2 de octubre de 2014, de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, expediente 11001-02-30-
000-2014-00121-00, en el que se señaló que «las actuaciones de Tribunales
Superiores y Jueces en la mayoría de decisiones proferidas en ejercicio de funciones
administrativas, son autónomas y por eso no ostentan frente a ellas superior
jerárquico que pueda modificarlas», por lo que «las actuaciones emanadas de dichas
autoridades que sí resultan susceptibles de apelación, son las de naturaleza
disciplinaria y de calificación de servicios de empleados judiciales».

De igual forma, trascribió lo dicho en el auto del 2 de abril de 2020, proferido por la
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, expediente 11001-02-30-000-2020-00102-00,
en el que precisó que «las corporaciones judiciales, en su calidad de nominadores,
son administrativamente autónomas en la designación y manejo de los funcionarios y
empleados cuya nominación les corresponde» y que por esa razón «carecen de un
superior administrativo en lo que hace a la administración de ese personal».

Así las cosas, concluyó que el artículo 74 del CPACA, que regula lo relacionado con el
recurso de queja, no era aplicable al caso, pues a más de que no se estaba frente a
un asunto de contenido judicial, el Tribunal no era superior de la jueza nominadora.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el caso la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración con la decisión administrativa del 7 de julio
de 2022, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Plena,
en la que se abstuvo de decidir el recurso de queja interpuesto contra la Resolución
028 del 21 de junio de 2022, en la que el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad
del Circuito Judicial de Cúcuta i) no repuso la decisión en la que se resolvió sobre las
peticiones de estabilidad laboral reforzada presentadas por el señor Nerio Alexander
Bastidas Padilla, y ii) rechazó de plano, por improcedente, el recurso de apelación.

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Argumenta el accionante que el recurso debió ser resuelto por el superior funcional
de la jueza que expidió la Resolución 028 del 21 de junio de 2022, y no por la Sala
en pleno del Tribunal, ya que dicha agrupación nulita la actuación propia del
funcionario competente; y que, en todo caso, era procedente, pues la norma no
excluye que pueda ser interpuesto contra un acto administrativo proferido por el
nominador, ya que de ser así el Tribunal debió entonces rechazarle de plano y no
abstenerse de resolverlo.

Pues bien, sea lo primero a advertir que, en el sub lite, es claro que las Resoluciones
012 del 09 de mayo de 2022 y 028 del 21 de junio de 2022, mediante las cuales el
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta resolvió
sobre las peticiones de estabilidad laboral reforzada presentadas por el señor Nerio
Alexander Bastidas Padilla, por tratarse de actos administrativos de contenido
particular, pueden ser cuestionadas a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA.

Igual ocurre con el acto administrativo, juzgado en esta instancia constitucional,
contenido en la decisión del 7 de julio de 2022, en la que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Plena, se abstuvo de resolver el recurso de queja
interpuesto contra la decisión que rechazó por improcedente el recurso de apelación
mediante el cual se pretendió controvertir la decisión del nominador en torno a la
solicitud de estabilidad laboral reforzada presentada por el accionante.

Ello, por cuanto en el medio de control se otorga a la parte demandante la posibilidad
de solicitar la medida cautelar preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión,
en términos de lo dispuesto en el artículo 230 del CPACA, y que conforme al artículo
233 ibidem, se puede pedir desde la presentación de la demanda y en cualquier
estado del proceso, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, lo que,
en principio, genera la improcedencia de la presente acción de amparo.

Con todo, en punto a justificar la utilización del medio de tutela como mecanismo
transitorio, es decir, de demostrar la existencia de un perjuicio irremediable para
efectos de que la Sala pueda analizar el caso, se evidencia que el accionante no
menciona, ni tampoco se extrae del expediente, alguna situación que dé a conocer

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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

tal perjuicio, por lo que, en el caso, no se hace imperativo el pronunciamiento del juez
constitucional en torno al acto administrativo objeto de discusión.

En este contexto, la Sala disiente de lo resuelto por el juez de tutela de primera
instancia, que analizó el asunto de fondo, toda vez que en el sub judice se configura
la causal de improcedencia de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del
artículo 6, del Decreto 2591 de 1991, que corresponde a la «existencia de otros
recursos o medios de defensa judiciales al alcance».

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que el presente caso se encuentra
afectado por el presupuesto de subsidiaridad y, en tal sentido, revocará la sentencia
impugnada y, en su lugar, rechazará por improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 6 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo del derecho fundamental al debido
proceso administrativo invocado por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, de
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa que antecede. En su lugar se
dispone:

Segundo. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Nerio Alexander
Bastidas Padilla contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial la Cúcuta, de acuerdo
con lo expuesto en este proveído.

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Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente En comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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