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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04265-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04265-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la parte resolutiva de la sentencia del 9 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará de la siguiente forma: 1. Declarar improcedente la pretensión de la acción de tutela presentada por el representante legal de la Constructora MRM y Fidubancoop, encaminada a que se le imponga a la entidad demandada que emita sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución y a que se le ordene aplicar la consecuencia que, frente al silencio de las demandadas, consagra el artículo 95 del CPC, por no superar el requisito general de subsidiariedad 2. Confirmar la decisión de negar la pretensión relacionada con la mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo con radicado, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04265-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

7 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04265-01
Demandante: Constructora MRM Inversiones Inmobiliaria Ltda. y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04265-01
Demandante CONSTRUCTORA MRM INVERSIONES INMOBILIARIA LTDA. Y
FIDUCIARIA COOPERATIVA DE COLOMBIA LTDA. EN
LIQUIDACIÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Tutela contra providencia judicial. Presupuestos generales de
procedibilidad. Mora judicial. La subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la sociedad accionante contra la
sentencia del 9 de septiembre 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que dispuso:
“1º) Declárase improcedente la pretensión de la acción de tutela presentada por el
representante legal de la Constructora MRM y Fidubancoop, encaminada a cuestionar el
contenido del auto de 4 de mayo de 2022 proferido por la autoridad judicial demandada
por incumplimiento del requisito de carga mínima argumentativa, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Deniéganse las demás pretensiones de la acción de tutela presentada por el
representante legal de la Constructora MRM y Fidubancoop.”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de agosto de 20222, el señor Rafael Alberto Galvis Chávez en calidad de
representante legal de la Constructora MRM Inversiones Inmobiliaria Ltda.
(Constructora MRM) y de la Fiduciaria Cooperativa de Colombia Ltda. en liquidación
(Fidubancoop) instauró acción de tutela contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Manifestó que la vulneración de los derechos fundamentales de las sociedades que
representa derivó del proceso ejecutivo nro. 25000-23-24-000-1999-00831-02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1 Página 11 de la sentencia de tutela. Samai, índice 14.
2 La acción de tutela se radicó a través de mensaje de datos remitido a la Secretaría General del Consejo de
Estado. Samai, índice 2.
1

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www.consejodeestado.gov.co

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“(…) con base en los hechos expuestos y en el derecho invocado comedidamente solicito de
esa Superioridad se sirva:
PRIMERO. – Aclarar y adicionar la presente acción ejecutiva por obligación de hacer en el
sentido de que la misma se propone contra las siguientes entidades y funcionarios: a)
Superintendencia de Notariado y Registro; b) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
De Bogotá – Zona Norte; c) Agente del Ministerio Publico ante la Sección Primera del H.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y d) Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del
Estado cuyo correo electrónico es procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
SEGUNDO.- Disponer se dé cumplimiento a lo resuelto en el mandamiento ejecutivo de ocho
de octubre de dos mil dieciocho emanado de la Sección Primera Subsección “A” del H.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca proveyendo sobre la emisión de la sentencia que
ordene llevar adelante la presente ejecución por obligación de hacer de cara a dar el
cumplimiento que en derecho corresponda al fallo de segunda instancia emanado de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese H. Consejo de Estado
calendado a 08 de abril de 2007.
TERCERO: En subsidio y para el caso de que la Superintendencia de Notariado y Registro
no cumpla en el aludido plazo contenido en el mismo mandamiento con las obligaciones de
hacer cuyo cumplimiento se incoa, SE LIBRE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR LOS
PERJUICIOS COMPENSATORIOS DERIVADOS DE LA NO EJECUCIÓN DE TALES
OBLIGACIONES los cuales estimo bajo juramento en la cantidad de DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (16.816’180.600 s.m.l.m.v.) ASÍ COMO POR
LOS PERJUICIOS MORATORIOS EN CALIDAD DE LUCRO CESANTE SOBRE LA
ANTERIOR CANTIDAD CAUSADOS ENTRE EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE
Y EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, AMBOS INCLUSIVE, QUE ESTIMO
BAJO JURAMENTO EN LA CANTIDAD DE SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS ($6.338´798.101),
EQUIVALENTES A SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO UN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (6.338¨7698.101 s.m.l.m.v)
CUARTO: se condene a la Entidades (sic) y Funcionarios demandado (sic) al pago de las
costas y costos de la presente acción ejecutiva por obligación de hacer so (sic) llegaren a
oponerse a las pretensiones de la presente demanda integrada”3.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En sentencia del 18 de abril de 2007, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la nulidad de tres resoluciones proferidas por la Oficina de
Instrumentos Públicos de Bogotá (zona norte).

A título de restablecimiento del derecho, se le ordenó a esa autoridad: (i)
cancelar todos los registros contenidos en el folio de matrícula inmobiliaria
número 50N-20091212, abierto con ocasión del englobe de los predios “El
Jordán” y “La Esperanza”, (ii) cancelar los registros derivados de aquellos y
(iii) reabrir los folios correspondientes a tales predios, previa calificación de
los títulos.

2.2. El 14 de mayo de 2012, la Constructora MRM y Fidubancoop presentaron
demanda ejecutiva para procurar el cumplimiento de la sentencia de 18 de
abril de 2007.

3 Página 4 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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Posteriormente, en auto del 18 de diciembre de 2012, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó el mandamiento de pago.

Y mediante auto del 4 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca anuló lo actuado en el proceso, después del auto del 18 de
diciembre de 2012 y, ordenó su debida notificación a las partes.

2.3. La parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
contra el auto del 18 de diciembre de 2012 que negó el mandamiento de pago.
El recurso de reposición fue rechazado por improcedente, pero se concedió el
recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

En autos del 2 de diciembre de 2013 y del 14 de septiembre de 2016, la
Sección Quinta y la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente,
declararon su incompetencia para decidir el recurso de apelación concedido.

Finalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado, en proveído del 8 de
febrero de 2018 resolvió la apelación en el sentido de revocar el auto del 18
de diciembre de 2012 para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial de
primera instancia que librara el mandamiento de pago solicitado por la parte
ejecutante.

2.4. En auto del 8 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso: (i) obedecer y cumplir el auto del 8 de febrero de
2018; (ii) librar mandamiento de pago; y (iii) notificar a las entidades objeto de
ejecución y al agente del Ministerio Público.

2.5. Posteriormente, mediante auto del 26 de noviembre de 2018, el Tribunal
accionado resolvió el recurso de reposición que interpuso la ejecutante contra
la decisión de librar mandamiento de pago. Repuso parcialmente en el sentido
de hacer precisiones respecto de la razón social de la ejecutante y de
establecer el término en el que la entidad demandada debía cumplir con la
orden contenida en el título.

2.6. En auto del 23 de enero de 2020, se negó por improcedente el recurso de
apelación que interpuso la parte ejecutante contra los autos del 8 de octubre
y del 26 de noviembre de 2018.

2.7. El 4 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió
proveído en el que aceptó la reforma a la demanda presentada por la parte
ejecutante.

La providencia se notificó en estado electrónico del 24 de mayo de 2022, a
través de mensaje de datos dirigido al buzón de notificaciones de las partes4.

3. Fundamentos de la acción

Del confuso escrito de tutela, la Sala decanta que la pretensión del accionante es
que el juez constitucional, en garantía de su derecho fundamental al debido
proceso, ordene el cumplimiento del mandamiento de pago contenido en el auto
4 Archivo denominado:
“D05001233300020210170601Notificacion_T132948471132306618_T132974667840942975”. del
expediente digitalizado del medio de control de pérdida de investidura nro. 05001-23-33-000-2021-01706-
00/01. Samai, índice 10.
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del 8 de octubre de 2018 y que se emita sentencia que disponga seguir adelante
con la ejecución del título contenido en la sentencia de condena del 8 de abril de
2007 (mora judicial), ya que sostuvo que habían transcurrido cerca de 4 años desde
el mandamiento de pago sin que se hubiere proferido sentencia para seguir
adelante con la ejecución.

Advirtió que la demanda ejecutiva no fue contestada por ninguna de las entidades
ejecutadas, por lo que la autoridad judicial accionada debía tener como ciertas las
afirmaciones de la parte actora, entre ellas, las relativas al juramento estimatorio de
los perjuicios ocasionados por el impago del título.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 10 de agosto de 2022, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela interpuesta por Rafael Alberto Galvis Chávez en
calidad de representante legal de la Constructora MRM Inversiones
Inmobiliaria Ltda. y la Fiduciaria Cooperativa de Colombia Ltda, en liquidación,
en contra de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En la misma providencia, en calidad de terceros con interés, se vinculó a la
Sección Primera del Consejo de Estado, al coordinador operativo de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá (zona norte), a la
superintendente de Notariado y Registro y al director de la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital de Bogotá, por fungir como sujetos
procesales en el proceso ejecutivo nro. 25000-23-24-000-1999-00831-02.
4.2. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de la magistrada sustanciadora del proceso
ejecutivo, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
porque los hechos de la demanda no dan cuenta de la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la parte accionante.
Advirtió que los hechos de la demanda no evidencian, ni del trámite del
proceso deriva la concreción de alguna de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales respecto
del auto del 4 de mayo de 2022.
Destacó que la parte actora ataca, vía acción de tutela, la providencia que
aceptó su solicitud de reforma a la demanda, sin que se hubiera presentado
recurso en el proceso ejecutivo contra la mencionada determinación.

4.3. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a través de la
subgerente de gestión jurídica, afirmó que esa entidad no tiene injerencia en
la alegada vulneración de derechos fundamentales. Dijo que consultó el
Sistema Integrado de Información Catastral y constató que el predio con la
matrícula inmobiliaria 50N-11463 no está incorporado en esa base de datos y
que el folio correspondiente está cerrado.

Relativo a la matrícula inmobiliaria nro. 050N20416978, mencionado en la
demanda, dijo que figura inscrito en la base catastral en el que constan sus
características físicas, jurídicas y económicas y que sirve para obtener datos
como la nomenclatura oficial del inmueble, el código del sector al que
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pertenece, su cédula catastral y el código homologado de identificación
predial.

4.4. La Superintendencia de Notariado y Registro, por conducto de la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, precisó que los hechos y pretensiones de la
demanda refieren a actuaciones desplegadas por la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que era
a esa autoridad a quien correspondía pronunciarse sobre la acción de tutela.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 9 de septiembre de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, declaró la improcedencia de la acción de tutela frente al
auto del 4 de mayo de 2022 proferido en el curso del proceso ejecutivo sub
examine, debido a que la parte accionante no cumplió con el requisito de carga
mínima argumentativa, pues no expuso la configuración de alguna de las causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
que justifique la invocación de protección de sus derechos fundamentales.
De otra parte, negó las pretensiones de la demanda en relación con la mora judicial
por estimar que no se ha concretado tardanza injustificada en el trámite del proceso
ejecutivo nro. 25000-23-24-000- 1999-00831-00; por el contrario, el a quo consideró
que “se le ha dado el trámite al proceso que corresponde, pues se han surtido diferentes
actuaciones, dicho sea de paso, en virtud de distintas solicitudes y recursos de la propia parte actora,
motivo por el cual el hecho de que a la fecha no se hubiere proferido fallo en el proceso ejecutivo
no. 25000-23-24-000- 1999-00831-00, no puede catalogarse como una omisión caprichosa o
negligente por parte de la autoridad accionada pues tal circunstancia obedece a razones objetivas
y razonables, producto de los trámites previos que se surtieron en el desarrollo del proceso”.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, para que, en su lugar,
esta Sala ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera
sentencia en la que se disponga a seguir adelante con la ejecución.

La parte accionante precisó que, en la acción de tutela no se expuso inconformidad
alguna contra el auto del 4 de mayo de 2022, proferido en el curso del proceso
ejecutivo, por lo que, el a quo entendió indebidamente los hechos y pretensiones
de la demanda.

En el memorial de impugnación indicó que, “No obstante en la providencia impugnada no
existe una sola línea ni párrafo alguno en escrito introductorio de la presente acción que permitan
colegir la impugnación y rechazo que el suscrito habría hecho del auto de 4 de mayo de 2021 por el
cual se admitieran la reforma e integración de la demanda en un solo escrito presentado por este
Servidor”.

Reprochó que, el a quo no hizo referencia alguna sobre el argumento de la acción
de tutela relativo a que el proceso ejecutivo sub examine persigue el cumplimiento
de una obligación de hacer, lo que implica que, ante la omisión de respuesta de las
entidades demandadas, deben presumirse ciertos los hechos susceptibles de
confesión expuestos en la demanda ejecutiva y en su reforma.

La ausencia de contestación de la demanda y su reforma también permite que juez
de la ejecución tenga “(…) por ameritados los requisitos exigidos para proferir la sentencia que
ordene llevar adelante la ejecución conforme al artículo transcrito tal y como se reclama en nuestro

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escrito de tutela lo que determina la plena viabilidad que debe otorgarse a esta última y, habida
consideración de que el término para contestar la reforma de demanda reformada es de apenas la
mitad del previsto para responder la demanda inicial, según las voces del numeral 1. del precitado
artículo 173 del C. P.A. y C.C.A., o Ley 1437 de 2011 en atención a los cinco (5) meses transcurridos
desde la admisión de dicha reforma e integración, lo que amerita estimar que el mismo se encuentra
más que vencido, lo que bastaría para comprobar la cabal ocurrencia de la mora alegada”

Atendiendo a los anteriores argumentos expuso la siguiente petición:
“… solicito de esa Ilustre Corporación se sirva REVOCAR el fallo denegatorio de la acción de
tutela impugnado y, en su lugar, acceder a que SE LIBRE SENTENCIA QUE ORDENE
LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN POR OBLIGACIÓN DE HACER DEPRECADA POR
LAS DEMANDANTES CONSTRUCTORA M.R.M. INVERSIONES INMOBILIARIAS LTDA. y
LA FIDUCIARIA COOPERATIVA DE COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN - FIDUBANCOOP contra
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ-ZONA NORTE, LA AGENCIA PARA LA
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO y EL PROCURADOR DELEGADO ANTE LA SECCIÓN
PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, decretando
simultáneamente la prosperidad del presente recurso de impugnación”

En memorial radicado ante la Corporación el 18 de noviembre de 2022, la parte
accionante “adicionó y aclaró” la solicitud de impugnación en el sentido de pedir
que se imprimiera “agilidad y pronta definición” al proceso ejecutivo por obligación
de hacer contra la Superintendencia de Notariado y Registro; la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte; el Agente del Ministerio Público
ante la Sección Primera del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.

Como segundo argumento, expuso:
“II.- SUSTENTACIÓN DE ESTA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL REFERIDO RECURSO DE
IMPUGNACIÓN - La soporto en el hecho de que al no haberse contestado la reforma de la
mencionada demanda ejecutiva por obligación de hacer por ninguna de las cuatro (4)
entidades y/o funcionarios contra los que se dirigiera en razón de las omisiones en las que
los mismos incurrieran tampoco se contradijeron debatieron ni desvirtuaron los seis (6) cargos
formulados en la mencionada sentencia de 18 de abril de 2007 proferida por la Sala de lo
Contencioso Administrativo de esa Alta y distinguida Corporación cuya ratificación solicito se
emita por parte de la SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN PRIMERA del H.TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARA (sic) al proferir la sentencia confirmatoria de tan
ilustre Corporación.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

2.1. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, en especial el escrito de
impugnación, se tiene que la parte actora no retomó la discusión en relación
con el auto del 4 de mayo de 2022, por medio del cual se admitió la reforma a
la demanda, sino que, por el contrario, expone que no presenta inconformidad
sobre este proveído proferido en el curso del proceso ejecutivo.

Luego, la discusión en el escenario de la impugnación se concentra en la mora
judicial frente a la emisión, por parte del juez del proceso ejecutivo, de la
sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución. Además, en la
impugnación, se insiste, en que, dada la omisión de respuesta de las
entidades demandadas en el proceso ejecutivo, en la sentencia que se emita
deben tener en cuenta la omisión de respuesta de las entidades demandadas,
conforme los efectos que al respecto establece el artículo 95 del Código de
Procedimiento Civil6.

2.2. Dado este contexto, corresponde a la Sala determinar (i) si le asistió razón al
a quo al negar el amparo constitucional, por considerar que la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ha
incurrido en mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo nro. 25000-23-
24-000-1999-00831-02. Y (ii) si hay lugar a ordenarle al Tribunal accionado
para que al momento de emitir sentencia aplique las consecuencias
establecidas en el artículo 95 del CPC, ante la omisión de respuesta a la
demanda y a su reforma por parte de las entidades que conforman la parte
pasiva de la relación procesal.

3. La mora judicial: alcance y análisis en el caso concreto

3.1. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que aquel que interpone
una acción o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que
se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo, se
ha insistido que, dadas las condiciones estructurales que producen congestión
y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale
a negligencia7.

La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con
la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los
funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón
principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar
de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama
Judicial.

3.2. En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió

6 Falta de contestación de la demanda. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento
expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad,
serán apreciadas por el juez como indicio grave en contra del demandado, salvo que la ley le atribuya otro
efecto.
7 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
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desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el
asunto, sin que exista motivación para justificar la demora.

Sobre el particular, en la sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló: “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración de
los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega”.

Para determinar si se ha excedido dicho plazo, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos8 ha indicado que se debe verificar: (i)
la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la
conducta de la autoridad competente; y (iv) el análisis global de procedimiento.

3.3. Con base en lo expuesto, la Sala considera que, aunque el despacho de la
magistrada que tiene a su cargo el asunto no ha emitido sentencia dentro del
proceso ejecutivo nro. 25000-23-24-000-1999-00831-02, y existe mora
judicial, la misma se encuentra justificada en la gran cantidad de memoriales
y recursos interpuestos contra las providencias judiciales dictadas en el curso
del proceso ejecutivo.

Como fundamento de la anterior afirmación es preciso relacionar las
principales actuaciones surtidas dentro del proceso objeto de análisis. Esta
relación procesal se extracta de la verificación del expediente digitalizado del
proceso ejecutivo y del histórico de actuaciones relacionado en el sistema de
gestión de procesos para Tribunales administrativos, Samai. Veamos:

● El 18 de diciembre de 2012, el despacho de conocimiento negó el mandamiento
de pago contra la Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior,
porque la copia de la sentencia de condena carecía de constancia de ser la que
prestaba mérito ejecutivo.
● En auto del 13 de marzo de 2013, el despacho sustanciador declaró la nulidad
parcial del proceso por indebida notificación del auto del 18 de diciembre de
2012 y ordenó volver a surtir esta gestión conforme las normas procesales
aplicables.
● En auto del 4 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió el recurso de reposición y en subsidio apelación
propuesto por la parte actora contra el auto del 18 de diciembre de 2012. Fue
decidido en el sentido de rechazar la reposición y conceder la apelación.
● En autos del 2 de diciembre de 2013 y del 14 de septiembre de 2016, la Sección
Quinta y la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente,
declararon su incompetencia para decidir el recurso.
● Finalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado, en proveído del 8 de
febrero de 2018, resolvió la apelación en el sentido de revocar el auto del 18
de diciembre de 2012, para que, en su lugar, la autoridad judicial de primera
instancia emitiera el mandamiento de pago requerido por la parte demandante.

8 CORIDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de
2009, párrafo 112; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
noviembre de 2011, párrafo 273; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2011, párrafo 189.
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● En auto del 8 de octubre de 2018, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso obedecer y cumplir la
decisión del Consejo de Estado. En consecuencia, libró mandamiento de pago
contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte.
Asimismo, ordenó que se notificara personalmente el auto a la demandada, al
señor agente del Ministerio Público delegado ante esa Corporación y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
● En auto del 26 de noviembre de 2018, el despacho sustanciador resolvió
recurso de reposición contra el proveído del 8 de octubre de ese año, en el
sentido de reponer parcialmente la decisión.
● En auto del 23 de enero de 2020, se negó por improcedente el recurso de
apelación, interpuesto por la parte demandante, contra los proveídos del 8 de
octubre y del 26 de noviembre de 2018.
● En auto del 4 de mayo de 2022, se aceptó la reforma a la demanda frente a las
entidades y/o autoridades demandadas9 y para adicionar las pretensiones de
la demanda para librar ejecución subsidiaria por perjuicios compensatorios en
el caso de incumplimiento de las obligaciones de hacer.
● El auto se notificó en estado del 24 de mayo de 2022.
● El 24 de mayo de 2022, el apoderado de la superintendencia de Notariado y
Registro solicitó acceso al expediente digitalizado del proceso ejecutivo para
consulta.
● El 16 de agosto de 2022, la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca remitió mensaje de datos a las entidades demandadas dentro
del proceso ejecutivo, por medio del cual se notificó personalmente el auto del
4 de mayo de 2022.
● El 30 de agosto de 2022, el apoderado de la Superintendencia de Notariado y
Registro radicó la contestación a la demanda, en la que pidió que no se siga
adelante con la ejecución, por estimar que ya estaba cumplida la sentencia de
condena del 18 de abril de 2007.
● El proceso pasó a despacho para decisión el 23 de noviembre de 2022, vencido
el término de traslado de la demanda.

3.4. La Sala observa que la gestión del proceso se ha surtido conforme a términos
de razonabilidad, sin que se materialice una dilación injustificada atribuible a
la magistrada que conoce la causa. Como se observa, el proceso ha sido
gestionado conforme las correspondientes etapas del procedimiento ejecutivo
y en atención a los memoriales que han sido allegados por las partes. De estos
memoriales se destacan los múltiples recursos que, en ejercicio de su derecho
de contradicción, ha incoado la parte ejecutante contra los autos emitidos por
el juez de la causa.

Estos recursos, que incluso han requerido que algunas actuaciones del
proceso sean conocidas por el Consejo de Estado en segunda instancia, así
como la solicitud de reforma a la demanda, aunque han sido propuestos en
ejercicio del derecho que les asiste a las partes al debido proceso, explican la
tardanza en el agotamiento de las etapas del proceso ejecutivo.

9 La demandante solicitó adicionar las siguientes entidades y/o autoridades como parte pasiva de la relación
procesal: a) Superintendencia de Notariado y Registro; b) Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá - Zona Norte; c) agente del Ministerio Público ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y d) Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
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3.5. Ahora, en cuanto a la alegada mora para la emisión de la sentencia que
resuelve si hay lugar a seguir adelante con la ejecución, debe destacarse que
con ocasión a la reforma a la demanda, que implicó la modificación del
extremo pasivo del proceso y de las pretensiones de la demanda, se afectaron
los tiempos para que el proceso pasara a despacho para decidir, pues era
indispensable surtir la notificación personal de las partes respecto de la
reforma a la demanda y otorgar el plazo legal para que estas pudieran exponer
sus descargos frente a la demanda y el mandamiento de pago librado.

Así pues, se destaca que la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca pasó el proceso a despacho para tomar la decisión a la que
haya lugar, vencido el término de traslado, el 23 de noviembre de 2022, por lo
que, en la actualidad, no hay lugar a concluir que se haya configurado mora
injustificada para emitir sentencia.

3.6. Conforme a los anteriores argumentos, esta Sala estima que en el caso
individual la tardanza en la emisión de la sentencia que decide si hay lugar a
seguir adelante con la ejecución, se debe a que, previo a esta providencia,
deben cumplirse otros trámites procesales que vienen siendo gestionados en
plazos razonables por el juez de la causa.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que la magistrada ponente le imprima
celeridad al trámite de la acción ejecutiva nro. 25000-23-24-000-1999-00831-02,
en consideración al tiempo transcurrido sin que se emita sentencia que decida
sobre la ejecución y dadas las particularidades procesales del caso concreto
que han dilatado su resolución.

4. Alcance del presupuesto general de subsidiariedad y su análisis en el
caso concreto

4.1. Respecto de las peticiones de que se ordene al Tribunal accionado emitir
sentencia en la que disponga seguir adelante con la ejecución y que aplique
las consecuencias dispuestas en el artículo 95 del CPC, frente a la omisión de
respuesta a la demanda, esta Sala debe indicar que la petición en tal sentido
no supera el requisito general de subsidiariedad.

4.2. Recuérdese que, del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está,
siempre que estos sean idóneos y eficaces.

En tal sentido, es claro que al juez natural le corresponde impulsar y decidir
los asuntos que se encuentran bajo su conocimiento, por lo que no le es dable
al juez de tutela, en principio, interferir o contrariar so pretexto de proteger los
derechos fundamentales, las decisiones que se profieren de forma legítima en
el proceso ordinario. La acción de tutela que se presenta en contra de la
decisión judicial, en principio, deviene improcedente, pues ello desconocería
el principio de autonomía judicial

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada en señalar la improcedencia
de la acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra en trámite,
porque “la intervención del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela

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no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que
deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”14.

Lo anterior, porque considera que “Las etapas, recursos y procedimientos que
conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso.
Es en este sentido que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: ‘tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es
el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el
afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado
el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le
ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.”15

Para la Sala, el medio de defensa que se encuentra en curso resulta eficaz
para la defensa del derecho invocado en el escrito de tutela, en el marco del
cual la accionante cuenta con las garantías y herramientas que le provee el
debido proceso que caracteriza el proceso judicial.

4.3. En este punto, se estima pertinente precisar que, esta Sala de Decisión ha
sido del criterio de admitir la procedencia de la acción de tutela para el
cumplimiento de obligaciones de hacer, con fundamento en la jurisprudencia
constitucional. Sin embargo, en el presente asunto el mecanismo
constitucional no resulta procedente, por dos razones fundamentales:

La primera, porque la parte interesada acudió al proceso ejecutivo para el
cumplimiento de la obligación que reclama, y por tanto no le es dable al juez
de tutela suplantar al juez de la ejecución, máxime cuando el mismo se
encuentra en trámite.

Y la segunda, porque las pretensiones de la acción de tutela, aclaradas en el
escrito de impugnación están orientas a que: (i) se ordene dar “cumplimiento a
lo resuelto en el mandamiento ejecutivo de ocho de octubre de dos mil dieciocho emanado
de la Sección Primera Subsección “A” del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
proveyendo sobre la emisión de la sentencia que ordene llevar adelante la presente ejecución
por obligación de hacer”, como consta en la pretensión segunda de la demanda
de tutela; y (ii) se ordene al Tribunal accionado que, al emitir sentencia aplique
las consecuencias establecidas en el artículo 95 del CPC, ante la omisión de
respuesta a la demanda y a su reforma por parte de las entidades que
conforman la parte pasiva de la relación procesal (pretensión tercera).

4.4. Conforme a lo expuesto, para la Sala es claro que, es al juez de la ejecución
a quien corresponde, de manera primigenia, determinar si hay lugar a aplicar
el artículo 95 del CPC al caso particular, y en general, a determinar, conforme
a los argumentos y pruebas aportadas por la parte ejecutante, y al memorial
y pruebas presentadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, la
actuación procesal subsiguiente conforme a la potestad legal que le asiste
para dirigir el proceso y a los principios de autonomía e independencia judicial.

Luego, no le es dable al juez de tutela imponer a la entidad demandada que
emita sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución ni ordenar que
se aplique la consecuencia que, frente al silencio de las demandadas,
consagra el artículo 95 del CPC, pues ello implicaría una intromisión indebida
en las competencias propias del juez natural de la causa cuando el proceso
aún está en curso.

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5. Conclusión

De conformidad con los argumentos expuestos, esta Sala modificará la decisión del
juez de tutela de primera instancia, para negar las pretensiones relacionadas con
la mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo porque ésta se encuentra
justificada; y para declarar improcedentes las demás pretensiones debido a que no
superan el requisito general de subsidiariedad, porque es al juez de la causa a
quien corresponde decidir, en el momento procesal pertinente, si hay lugar a emitir
sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución y si debe aplicar las
consecuencias del artículo 95 del CPC ante el alegado silencio de las entidades
demandadas.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la parte resolutiva de la sentencia del 9 de septiembre de 2022,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
la cual quedará de la siguiente forma:

1. Declarar improcedente la pretensión de la acción de tutela presentada por el
representante legal de la Constructora MRM y Fidubancoop, encaminada a que
se le imponga a la entidad demandada que emita sentencia que ordene seguir
adelante con la ejecución y a que se le ordene aplicar la consecuencia que, frente
al silencio de las demandadas, consagra el artículo 95 del CPC, por no superar
el requisito general de subsidiariedad
2. Confirmar la decisión de negar la pretensión relacionada con la mora judicial en
el trámite del proceso ejecutivo con radicado, por las razones expuestas en la
motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

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