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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04268-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04268-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de septiembre de 2022 que declaró la improcedencia de la acción presentada por el señor Nelson Darío Mejía Ordóñez, 17 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29.11.2018. M.P. 29 de noviembre de 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.: 54001-23-3 1-000-2003-01282-02 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01 para en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04268-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

10 de noviembre de 2022

Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04268-01
Demandante: NELSON DARÍO MEJÍA ORDÓÑEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Tutela contra providencia judicial - caducidad del medio de control
de reparación directa – desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la impugnación interpuesta por el señor Nelson
Darío Mejía Ordóñez contra la sentencia del 16 de septiembre de 2022, proferida por
el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, que declaró la
improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 5 de agosto de 2022 en la Secretaría General de esta
Corporación, el señor Nelson Darío Mejía Ordóñez, actuando a través de apoderado
judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin
de que le sean amparados los derechos fundamentales

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión de la providencia del 19 de enero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual revocó la decisión del 3 de junio de 2021
del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, que accedió a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar probada la excepción de
caducidad del medio de control. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación
directa con radicado N.° 52-001-33-33-009-2018-00171-01, instaurado contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01

3. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y reclamó
lo siguiente:

“ordenándose a la accionada que, en el término de 30 días, profiera un fallo de
reemplazo en contra de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL en donde no podrá fundamentarse como negativa la caducidad del
medio de control”.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Nelson Darío Mejía Ordóñez se encontraba prestando su servicio militar
obligatorio en el municipio de Samaniego, sin embargo, el 15 de octubre de 2015, en
cumplimiento de la Orden Fragmentaria N° 002 del Ejército Nacional, sufrió una
caída que le ocasionó una fractura en su pierna izquierda, motivo por el cual fue
sometido a una intervención quirúrgica donde le colocaron placas y tornillos con el fin
de restaurar su miembro inferior lesionado. El daño lo hizo consistir en que, a pesar
de la cirugía y las fisioterapias, siguió presentando fuertes dolores, “ya que los clavos
aún no le han sido retirados, quedando limitado de por vida, al no poder hacer el movimiento
de dorso flexión en su tobillo izquierdo, lo que le impide realizar grandes esfuerzos como
practicar deporte al que estaba acostumbrado; además de tener una protuberante cicatriz y
una cojera notoria que lo han afectado psicológicamente.”

5. Por lo mencionado, el señor Mejía Ordóñez y su núcleo familiar interpusieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional por las lesiones sufridas y se les condenara a pagar los
perjuicios ocasionados.

6. El proceso de reparación directa fue conocido en primera instancia por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, bajo el radicado N.° 52001-33-
33-009-2018-00171-00, que con sentencia del 3 de junio de 2021 accedió a las
pretensiones de la demanda tras encontrar acreditado el daño, el nexo causal y la
imputación en cabeza del demandado.

7. Inconforme con lo decidido, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
presentó recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que mediante fallo del 19 de enero de 2022 revocó lo decidido por el a quo,
y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción.

8. Lo anterior, porque el daño se conoció por el actor en la fecha en que ocurrió, y en
tal sentido, el fenómeno jurídico de la caducidad se configuró el 16 de octubre de
2017, lo que implicaba que, para marzo de 2018 cuando se presentó la solicitud de

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Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01

convocatoria para la conciliación prejudicial, ya el medio de control había caducado.
Lo anterior, de conformidad con el articulo 164 numeral 2 literal i).

9. Concluyó que, era indudable que el daño se conoció por el actor en la fecha en
que ocurrió, no únicamente por la afectación que le conllevó, sino porque como
consecuencia de las lesiones debió someterse a diversos tratamientos médicos y
asistenciales, tal como se demuestra con la historia clínica que se aportó con la
demanda y con las afirmaciones que contenía el libelo inicial, “lo que permite tener
certeza sobre la fecha en la que el actor tuvo conocimiento del daño.”

10. Por último, trajo a colación jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado1 que frente al punto han establecido que el dictamen proferido por
una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como
parámetro para contabilizar el término de caducidad, “por cuanto este no constituye la
demostración del daño sino que podría ser el sustento de los perjuicios que se pueden
cuantificar con posterioridad a la presentación de la demanda.”

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales “al debido
proceso, al derecho al acceso de la administración, a la igualdad y a la equidad” por las
siguientes razones.

12. Adujo que se desconocieron los fallos2 en los cuales el Consejo de Estado
dejaban por sentado que la caducidad de la acción debía contarse no desde la
ocurrencia de los hechos sino desde la notificación del acta de Junta Médica Laboral
que para el caso es realizada por la misma entidad demandada. Estimó que dicha
tesis tenía plena relevancia para determinar la caducidad, “pues de él se desprendía
que con motivo del hecho reclamado, el demandante fue sometido a un tratamiento médico
prolongado que terminaba con la indicación de la disminución de su capacidad laboral.”

13. Aclaró que, si bien, la posición jurisprudencial de los fallos aducidos como
desconocidos ya no se está aplicando en la actualidad, lo cierto era que sí eran
aplicables a su caso concreto pues era la tesis vigente cuando se presentó la
demanda de reparación directa (21 de marzo de 2018), “lo que deja en claro la violación
de sus derechos fundamentales, en el momento en que el Tribunal Administrativo de Nariño
seguramente por una ligereza, aplico de manera retroactiva la posición actual.”

1 1
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29.11.2018. M.P. 29 de
noviembre de 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.: 54001-23-3 1-000-2003-01282-02

2
“”Auto del 15 de febrero de 1996, exp. 11239, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros;  auto de 27 de
febrero de 2003, exp. 18735, M.P. Germán Rodríguez Villamizar;  del 12 de mayo de 2010, exp.
31582, M.P. Mauricio Fajardo Gómez;  sentencia del 7 de julio de 2011, exp. 22462, M.P. Gladys
Agudelo Ordóñez;  del 7 de julio de 2011, exp. 24249, M.P. Mauricio Fajardo Gómez y  del 23 de
mayo de 2012, exp. 24673, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.”

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Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

14. Mediante auto del 9 de agosto de 2022, el magistrado ponente decidió entre otras
cosas, admitir la demanda y notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo de
Nariño, como autoridad judicial accionada.

15. Así mismo, vinculó como terceros con interés al Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Pasto, que conoció el proceso de reparación directa en primera
instancia; a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en calidad de
demandado dentro del asunto ordinario; y a todos aquellos sujetos que actuaron
como demandantes.3

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Nariño

16. Mediante escrito enviado el 28 de junio de 2021 solicitó negar las pretensiones
de la demanda, pues no se vulneró derecho fundamental alguno, como quiera que el
sustento de la providencia reprochada es lo dispuesto por el legislador en el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, así como en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
como máximo órgano de cierre, que ha decantado el criterio para realizar el cómputo
de la caducidad de las acciones que se fundamentan en las lesiones adquiridas
durante la prestación del servicio militar obligatorio.

17. Reiteró que, de conformidad con dicha jurisprudencia, el dictamen proferido por
una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse como parámetro para
contabilizar el término de caducidad, aunado a que se superó el término que
legalmente se ha establecido para que se pudiera interponer el medio de control
respectivo.

1.5.2. Los demás sujetos, pese a ser debidamente notificados, no rindieron informe
alguno.

1.6. Sentencia de primera instancia

3
Jessica Fernanda Erazo Díaz, Austin Yesid Mejía Erazo, Edilma Ordóñez, Diego Armando Mendoza
Ordóñez, Nelson Julio Mejía Portillo y Julián Mauricio Mejía Ordóñez.

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18. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C con fallo del 16 de
septiembre de 2022 declaró la improcedencia de la acción al no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, toda vez que a pesar de haber tenido la oportunidad de
presentar alegatos de conclusión en el curso de la segunda instancia con el fin de
discrepar y desvirtuar los argumentos de la parte recurrente, el actor se abstuvo de
hacerlo.

1.7. Impugnación

19. Mediante escrito del 30 de septiembre de 2022 impugnó la decisión de primera
instancia y manifestó estar en desacuerdo con la decisión del a quo toda vez que los
alegatos de conclusión son una oportunidad de las partes que está dirigida a orientar
al juzgador sobre el sentido de la decisión que debiera tomar en el fallo; “pero quiero
ser conciso, que el objeto de la presente acción de tutela, no está dirigida a la discusión de
tal o cual sentido del fallo, ni como expresamente se afirma en el fallo recurrido para revivir
etapas procesales o medios defensivos que fueron omitidos; pues claramente la presente
acción se dirige a la protección de la violación de los derechos fundamentales de los
poderdantes; pues en caso distinto, si en el fallo no se hubieren vulnerado derechos
fundamentales; ni la propia presentación de alegato de conclusión permitirían un estudio
judicial adicional.”

20. Finalmente resaltó que, hasta el momento y oportunidad de presentar alegatos
de conclusión de segunda instancia, no se habían violado los derechos
fundamentales señalados; y en tal sentido no se puede hablar de subsidiariedad;
pues la caducidad ya había sido estudiada y descartada en primera instancia. Por lo
anterior, solicitó estudiar la demanda de fondo y acceder a las pretensiones de la
demanda, bajo el mismo argumento expuesto en el escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

21. El Consejo de Estado es competente para conocer la impugnación interpuesta
por el señor Nelson Darío Mejía Ordóñez contra la sentencia del 16 de septiembre de
2022 del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C con fallo del 16 de
septiembre de 2022, que declaró la improcedencia de la accion, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 080 de 2019.

2.3. Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01

¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial?

23. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos “al debido proceso, al
derecho al acceso de la administración, a la igualdad y a la equidad” con ocasión 19 de
enero de 2022, que revocó la decisión del a quo, para en su lugar, declarar probada
la caducidad de la acción de reparación directa?

24. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
de los defectos alegados y; (iv) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 5 y declaró su procedencia.6

26. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

27. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01

28. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional7

29. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito8 se encuentra superado por
cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la sentencia del
19 de enero de 2022 pues en su sentir, incurrió en un defecto por desconocimiento
del precedente.

30. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera que le vulneró su principio a la confianza legítima
porque se le aplicó una sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual se estableció que el dictamen proferido por una Junta de
Calificación de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para
contabilizar el término de caducidad.

31. Así, se reitera que este asunto tiene relevancia constitucional ya que en palabras
de la Corte Constitucional la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe
poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar,
“en tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de
un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la
Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación
de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente.. De allí que el
Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un
plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación .”

7
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nelson Darío Mejía Ordóñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04268-01

32. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente
por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su
derecho fundamental al debido proceso y omitiendo el deber del juez ordinario de
actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

33. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que
el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.

34. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el acceso a la administración de
justicia y el debido proceso.

2.5.2. Tutela contra tutela

35. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza9, pues la providencia cuestionada fue
proferida en el trámite del medio de control de reparación directa con radicado N.°
52-001-33-33-009-2018-00171-01.

2.5.3. Inmediatez

36. En relación con el acatamiento del referido requisito10, no se advierte ningún
reproche, en vista que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño fue
proferida el 19 de enero de 2022 y notificada el 8 de febrero de 2022.

9
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
10
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;

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37. Así, sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria, se considera que la
misma se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial, teniendo en cuenta que la
tutela se interpuso el 5 de agosto de 2022.

38. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

39. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial13 para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que se agotó el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, que resulta ser el medio de impugnación ordinario que
correspondía, por lo que el señor Mejía Ordóñez no tiene mecanismos de defensa
ordinarios para cuestionar la decisión que considera vulneró su derecho invocado.

40.Tampoco el extraordinario de revisión ni de unificación de jurisprudencia, en razón
a que los cargos de la acción de tutela no se enmarcan en alguna de sus causales
de procedencia.

Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
13
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.

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2.6. Caso concreto

41. Sobre el particular, la Sala recuerda que en este asunto los argumentos
esgrimidos en el escrito de tutela, apuntan a probar la presunta lesión de los
derechos fundamentales ““al debido proceso, al derecho al acceso de la administración, a
la igualdad y a la equidad”.”, ante la posible configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente.

42. En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora se limitó a
exponer que el Tribunal Administrativo de Nariño aplicó una tesis jurisprudencial que
no correspondía a su caso concreto. Esto toda vez que, cuando presentó la demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa, existía la postura que la
caducidad de la acción debía contarse, no desde la ocurrencia de los hechos sino
desde la notificación del Acta de la Junta Médica Laboral.

43. Sobre el punto vale aclarar que en la sentencia acusada se concluyó que se
debía declarar la caducidad de la acción debido a que el actor tuvo conocimiento del
daño en la fecha en que ocurrió el accidente en el cual sufrió una fractura en su
pierna izquierda, de conformidad con el artículo 164 numeral 2 literal i).

44. Igualmente, explicó de manera amplia que su fallo se encontraba respaldado por
la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2019 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado14 que estableció que la calificación sobre la pérdida de capacidad
laboral realizada por las juntas de calificación de invalidez no constituye el punto de
partida de la caducidad, toda vez que lo que allí se refleja es la magnitud de una
lesión y no el daño mismo. A continuación, se trascribe un extracto de la mencionada
sentencia:

“El dictamen proferido por una junta de calificación de invalidez no comporta un
diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la
junta se limita a calificar una situación preexistente con base en las pruebas
aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica del interesado; además,
la junta puede ordenar la práctica de exámenes complementarios para
determinar aspectos necesarios que inciden en la valoración de cada caso
concreto.

Su función es la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el estado de
invalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de una lesión
respecto de la cual el afectado directo tiene conocimiento previo, en función de la
capacidad laboral de la víctima, por tanto, no constituye criterio que determine el
conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de la
caducidad, pues se resalta que debe diferenciarse el daño de su magnitud,

14 14
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29.11.2018. M.P. 29 de
noviembre de 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.: 54001-23-3 1-000-2003-01282-02

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porque la caducidad tiene relación y punto de partida con el conocimiento del
primero.” 15

45. Es asi como, esta Sala de Decisión no avizora una conducta arbitraria o
desproporcionada por parte de la autoridad judicial accionada toda vez que si bien
para la fecha en que impetró la demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa existía al interior del Consejo de Estado una tesis distinta a la que
aplicó el tribunal accionado, ello no vulnera los derechos fundamentales de la parte
actora toda vez que, al momento de dictar la sentencia cuestionada, el referido fallo
de unificación ya existía y sus efectos eran vinculantes desde la fecha de su
notificación, por lo que tornaba como un precedente obligatorio para resolver el caso
del señor Mejía Ordóñez, por contener similitud fáctica y jurídica.

45. Por lo anterior, el tribunal accionado en ejercicio de su autonomía judicial, soportó
su decisión en una sentencia de unificación que estaba plenamente vigente. Esto,
toda vez que, como se explicó las sentencias de unificación del Consejo de Estado,
en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, deben ser
tenidas en cuenta por toda la jurisdicción al momento de fallar sus controversias, con
el fin de promover la seguridad jurídica y asegurar el principio de legalidad e igualdad
de trato a todos ciudadanos.

47. Se reitera que, no se avizora irrazonable el actuar de la autoridad judicial
accionada, pues el Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que existe una
obligación de todas las autoridades administrativas de aplicar el precedente vigente
dictado por las Altas Cortes, a partir de normas constitucionales y reglas
jurisprudenciales, como se explica:

“Existen casos en los cuales un servidor público incurre en el delito de
prevaricato por acción, no por desconocer simplemente la jurisprudencia sentada
por una Alta Corte, considerada esta como una fuente autónoma del derecho,
sino porque al apartarse de aquella se comete, a su vez, una infracción directa de
preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter
general”.16

48. Igualmente, no se advierte arbitraria o desproporcionada la sentencia de a quo
constitucional, ya que las sentencias de unificación son de obligatoria aplicación para
todos los operadores judiciales de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1437 de
2011, que indica lo siguiente:

“Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a

15
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29.11.2018. M.P. 29 de
noviembre de 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.: 54001-23-3 1-000-2003-01282-02.

16
C-335 de 2008 y C-634 de 2011.

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situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este
propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en
cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado
en las que se interpreten y apliquen dichas normas.”

49. Frente al punto, se debe recordar que constituyen precedente las sentencias de
unificación que profiere el Consejo de Estado, cuyo fundamento normativo se
encuentra en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, modificados por el
artículo 78 y 79 de la Ley 2080 de 2021, en virtud de los cuales se determinó el
concepto de sentencia de unificación y se fijaron los criterios para proferirlas.

50. Igualmente, las Secciones del Consejo de Estado tienen la función de unificar
jurisprudencia, como lo establece el numeral segundo del artículo 14 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado – Reglamento interno del
Consejo de Estado-, el cual establece:

“Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo,
atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá competencia para: (…) 2.
Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia
jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia,
en relación con los asuntos que provengan de las Subsecciones o de los
Tribunales Administrativos.”

51. Así las cosas, para los jueces existe un deber de observar los lineamientos
sentados por los órganos encargados de unificar jurisprudencia, cuyo precedente es
vinculante, situación que ocurrió en el caso concreto teniendo en cuenta que el
tribunal accionado aplicó las normas y la sentencia que estaban vigentes al momento
de dictar el correspondiente fallo, lo cual le era imperativo por mando legal y
constitucional.

52. Frente al tema de la vigencia de la jurisprudencia en el tiempo, la Corte
Constitucional en sentencia SU-474 de 2020 estableció que el el ciudadano que
acude al sistema de justicia y soporta sus argumentos de derecho en una postura
jurisprudencial vigente, actúa con la confianza de que su caso será resuelto bajo
esas reglas decisionales, por lo que un cambio abrupto rompe con las expectativas
bajo las cuales los usuarios asentaron la realización de sus contenidos

53. No obstante, debido a la fuerza vinculante del precedente judicial, si el juez va a
apartarse de este debe cumplir con la carga de la transparencia y la carga de la
argumentación. Si no lo hace incurre en una causal de procedibilidad de acción de
tutela contra providencias, o nulidad de sentencias de la Corte Constitucional, según
sea el caso.

54. En ese sentido, se advierte que el tribunal accionado explicó de manera detallada
los motivos por cuales se acogía la nueva tesis de unificación de la Sección Tercera

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del Consejo de Estado17 que estableció que la calificación sobre la pérdida de
capacidad laboral realizada por las juntas de calificación de invalidez no constituye el
punto de partida del cómputo de la caducidad, toda vez que lo que allí se refleja es la
magnitud de una lesión y no el daño mismo.

55. Es así que no se advierte que se hayan vulnerado los derechos fundamentales
del actor toda vez que fenómeno de la retrospectividad se presenta cuando la
jurisprudencia se aplica a partir del momento de su vigencia, a hechos que han
estado gobernadas por un criterio anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han
consolidado al momento de entrar a regir la nueva sentencia, como ocurrió en el
caso concreto.

56. Sin embargo, frente a este punto el Máximo Tribunal Constitucional ha sido
enfático en sostener que cuando se trata de situaciones en curso, que no han
generado derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva postura,
ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin que esto constituya
una vulneración al principio de confianza legítima toda vez que la aplicación de las
sentencia unificación promueve la coherencia del ordenamiento jurídico y el respeto
de los precedente sentados por los órganos de cierre de la materia que interpretan
las normas del ordenamiento jurídico.

2.5. Conclusión

57. Por lo anterior, esta Sección negará el cargo alegado toda vez que se advierte
razonable la decisión enjuiciada que declaró la caducidad de la acción, pues se
fundamentó en las normas y la jurisprudencia vigente frente al tema al momento de
proferir el fallo, máxime cuando, se itera, todos los operadores jurídicos deben acatar
los precedentes sentados por las Altas Cortes en aras de promover los principios
constitucionales inherentes al Estado Social de Derecho, como la igualdad y la
seguridad jurídica.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de septiembre de 2022 que declaró la
improcedencia de la acción presentada por el señor Nelson Darío Mejía Ordóñez,

17
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29.11.2018. M.P. 29 de
noviembre de 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.: 54001-23-3 1-000-2003-01282-02

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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para en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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