Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04275-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
9 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04275-00
Actor: ÁLVARO ENRIQUE DE LA TORRE RAMOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Enrique de la
Torre Ramos contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 5 de agosto de la presente anualidad1, el señor Álvaro Enrique de la Torre
Ramos interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de repetición con
radicado 08001-33-33-006-2017-00152-01. Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben textualmente):
1 Se advierte que, el 22 de agosto de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04275-00
Demandante: Álvaro Enrique de la Torre Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1-Que se me amparen mis Derechos Fundamentales Constitucionales al
Debido Proceso y al libre acceso a la Administración de Justicia.
2-Dejar sin efecto alguno, la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 11 de
febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B, al interior del Proceso
Ordinario bajo el medio de Control de Repetición radicado número 08-001-33-
33-006-2017-00152-01-W
3-Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de
Decisión Oral, Sección B, que dentro del término que se le conceda proceda a
expedir sentencia de reemplazo en la cual examine y valore adecuadamente
el medio de prueba Declaración de Parte del demandado y haga una debida
motivación de su decisión, en la que se estudien los conceptos jurídicos
procesales penales que se tuvieron en cuenta al momento de emitir la
condena respectiva.
1.2 . Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
Afirma el demandante que el 7 de octubre de 2009, en su condición de juez
séptimo penal del circuito de Barranquilla, en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley 600 de 2000, dictó sentencia condenatoria
contra Gustavo Adolfo Solano Coba o Cleiner Alberto Polo Cañate, por el delito
de hurto agravado.
En virtud de dicha condena, al señor Gustavo Adolfo Solano Coba demandó a
la Rama Judicial por privación injusta de la libertad, toda vez que fue detenido
por un periodo de 5 días sin haber cometido delito, es decir, fue suplantado por
el señor Cleinar Alberto Polo Cañate. La demanda de reparación directa
accedió a las pretensiones del señor Solano Coba y, en consecuencia, se
condenó a la Rama Judicial al pago de una indemnización total equivalente a
$5.569.093.
La Rama Judicial ejerció la acción de repetición en contra del señor Álvaro
Enrique de la Torre Ramos, por considerar que fue la conducta gravemente
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Demandante: Álvaro Enrique de la Torre Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
culposa del funcionario judicial la que dio lugar a la condena pecuniaria.
El Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, en sentencia del 26 de
noviembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda de repetición y
condenó al señor De la Torre Ramos al reintegro de las sumas de dinero que
fueron pagadas por la Rama Judicial.
La sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, en providencia del 11 de febrero de 2022.
1.3 . Argumentos de la tutela
Concretamente, la parte actora considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en los siguientes defectos:
1.3.1. Defecto fáctico en su dimensión negativa, por cuanto no se valoró la
declaración de parte rendida por el accionante; circunstancia que habría
impedido que se concluyera que el agente estatal actuó con culpa grave en el
ejercicio de sus funciones.
1.3.2. Falta de motivación, toda vez que el tribunal «en forma simplista» se
limitó a hacer una relación sucinta de los hechos que dieron lugar a la condena
del Estado y se «dedicó a criticar la actuación del suscrito, insistiendo
arduamente, en la falta de ejercicio de la facultades probatorias con el fin de
esclarecer la identidad de la persona procesada penalmente» sin explicar el
contenido de la jurisprudencia del Consejo de Estado, a partir de la cual podía
deducir que como no cualquier conducta errada o ajena a derecho da lugar
compromete la responsabilidad del servidor público, era claro que la Ley 600
de 200 en su artículo 170 permitía al operador judicial dictar sentencia con el
procesado individualizado o identificado, es decir, con la presencia de uno solo
de esos requisitos.
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Agregó, que las apreciaciones del tribunal estaban alejadas de la realidad
procesal penal, pues no tuvo en cuenta el criterio jurídico penal que descartaba
culpa grave o dolo en el comportamiento su comportamiento.
Adujo que la sentencia invocó el fallo de tutela T-653 de 2014, sin que fuera
aplicable porque este fue proferido respecto de procesos regidos por la Ley 906
de 2004, y el proceso penal que dio lugar a la controversia inicial, fue tramitado
conforme a la Ley 600 de 2000, normas que consagran de manera diferente lo
referente a la identificación e individualización del procesado.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 9 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Atlántico y, como tercero con interés, al director ejecutivo de
Administración Judicial. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, por intermedio del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, manifestó que las censuras del
demandante no eran admisibles por no ser este el escenario natural para dicho
debate, toda vez que la tutela no puede ser considerada una tercera instancia
en la que se persiga un pronunciamiento que no sea constitucional.
Explicó que la sentencia atacada no desconoció el precedente, ni incurrió en
ningún defecto fáctico, por el contrario, consideró que la conducta del
demandante fue negligente y constitutiva de culpa grave, dado que emitió una
condena a nombre de dos personas sin determinar de manera preliminar si se
trataba de la misma persona, a pesar de contar con facultades procesales para
esclarecer el hecho.
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión
de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo
para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y,
de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la
razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir
del año 20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún
derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia
del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad
de las decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
entonces, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590
de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y
las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su
alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
(iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se
trate de una decisión proferida en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de
tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida
contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes,
por ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores,
llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta
la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto
sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
Constitucional describió tales causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y
sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que
sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta
con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los
jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la
providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo
contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.
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Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional
(y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan
que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes
reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o
expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de
los requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas
antes mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe
de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional3».
2. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se
abordará el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se
configuraron los defectos atribuidos a la sentencia proferida 11 de febrero de
2022, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso de reparación
directa con radicado 08001-33-33-006-2017-00152-01.
3. Análisis de la Sala (Requisitos generales de procedibilidad)
3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda
vez que la sentencia con la que culminó el proceso de repetición data del 11 de
3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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febrero de 2022 y fue notificada el 2 de junio de 2022, mientras que la solicitud
de amparo se presentó el 5 de agosto del año en curso, esto es, dentro de los
seis meses siguientes a la expedición y notificación de la decisión cuestionada.
Este término resulta razonable.
3.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima
que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.
3.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
3.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a
fin de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación
señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i)
proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela
se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De
ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no
relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa,
esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello
«[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales».
4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso
judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen
los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo
contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este
instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por
el legislador.
• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
En criterio de esta Sala, la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, puesto que se pretende convertir la acción de tutela en una
instancia adicional al medio de control de repetición, aun cuando las razones y
argumentos planteados en las dos instancias del proceso ordinario se
resolvieron por los jueces naturales y responden de manera razonable a la
cuestión litigiosa que debía definirse. Veamos.
La Nación- Rama Judicial presentó demanda de reparación directa, para que
se declarara que el señor Álvaro Enrique de la Torre Ramos en su calidad de
juez séptimo penal del circuito de Barranquilla, era responsable del pago de la
suma de $5.5569.093 que dicha entidad desembolsó al señor Gustavo Adolfo
Solano Coba, en el proceso de reparación directa con radicado 08001-33-33-
011-2012-00051-00. Lo anterior con fundamento en que la actuación del
entonces funcionario judicial dio lugar a que se condenara a la Rama Judicial al
pago de una indemnización.
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Demandante: Álvaro Enrique de la Torre Ramos
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, en
sentencia del 26 de noviembre de 2019, accedió a las pretensiones de la
demanda de repetición. La condena se sustentó en que la conducta del
funcionario judicial fue gravemente culposa y dio lugar a la responsabilidad
patrimonial de la Rama Judicial.
Para arribar a esa conclusión, el juez de primera instancia, luego de referirse a
los aspectos normativos y jurisprudenciales de la acción de repetición, realizó
una valoración de los diferentes medios de prueba, en virtud de los cuales
encontró acreditados los presupuestos de procedencia de la referida acción,
así: (i) la calidad de agente estatal del señor Álvaro de la Torre Ramos, (ii) la
existencia de una condena al pago de unas sumas de dinero a cargo de la
Rama Judicial por la decisión judicial del entonces juez, (iii) el pago de la
condena a los beneficiarios del proceso de reparación directa y (iv) la conducta
gravemente culposa del agente. Sobre este punto último dijo la sentencia:
[E]xiste prueba que nos permite calificar la conducta del agente público aquí
demandado, como gravemente culposa, por los hechos concerniente a la
condena judicial impuesta a la entidad pública demandante en favor del señor
Gustavo Adolfo Solano Coba, pues como ha de verse, se allegaron elementos
de convicción que permiten realizar un juicio acerca de la conducta
desplegada por él, que indiscutiblemente devino en gravemente culposa,
pues tal y como lo aseveró la entidad demandante, el señor Álvaro Enrique
De La Torre Ramos, en su calidad de Juez Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla, obvió deberes de dirección del proceso que devienen en
vulneración del derecho humano y fundamental a la libertad del señor
SOLANO COBA.
De igual forma, explicó el juez de primer grado que si bien, era la Fiscalía quien
estaba llamada en primer lugar a establecer la identidad y correcta
individualización del procesado, era deber juez en la etapa de juzgamiento,
precisar dichos aspectos y evitar que se generara un error en la identificación
del condenado, toda vez que, de conformidad con el artículo 170 de la Ley 600
de 2000, la sentencia debe contener la identidad o individualización del
condenado, y que para tal efecto existían facultades probatorios oficiosas o,
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incluso, la figura de la nulidad procesal para que la fiscalía cumpliera con su
carga legal de precisar, sin ambivalencia, la persona procesada.
Bajo ese entendimiento, concluyó que el funcionario judicial no hizo ninguna
actuación para esclarecer la identidad del procesado y que era «inadmisible
que una providencia judicial condene a una persona cuyo nombre sea "Gustavo
Adolfo Solano Coba y/o Cleiner Alberto Polo Peñate»
Inconforme con la decisión, la parte actora se alzó contra la sentencia. Para
sustentar la apelación, sostuvo los siguientes reparos:
• La entidad demandante no acreditó el pago de la condena a los
beneficiarios.
• No se acreditó la culpa grave del demandado.
• La sentencia no señaló cuál o cuáles deberes de dirección se
desconocieron en el proceso penal y al emitir la sentencia condenatoria
a nombre del señor Solano Coba y/o Cleinar Alberto Polo Cañete.
• En vigencia de la Ley 2000 no existía norma que estimara inadmisible
condenar a una persona con dos nombres, dado que en ese entonces
los nombres eran un apodo o sobrenombre que solían usar las personas
«que se dedica[ba]n a delinquir habitualmente»
• Hubo falta de valoración probatoria de la declaración de parte del
demandado.
El Tribunal Administrativo del Atlántico desató la alzada mediante providencia
del 11 de febrero de 2022, en la que confirmó la sentencia apelada, porque
estimó acertado el análisis del juez de primer grado de que existió una
conducta gravemente culposa del allí demandado.
Ahora bien, la parte actora sostiene en el escrito de tutela que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto fáctico y en falta de motivación, porque
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no se valoró la declaración de parte rendida en el proceso de repetición, ni se
presentaron suficientes razones sobre la conducta negligente del agente.
La Sala constata que los reparos expuestos en la solicitud de amparo
corresponden a una reiteración de una parte de los argumentos de la defensa
planteadas en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, solo
que ahora se califican como causales específicas contra providencia judicial.
La divergencia sobre la supuesta omisión en la valoración de la declaración de
parte no es razón suficiente para que la Sala emprenda un estudio de fondo o
ampare los derechos reclamados en la tutela, pues no existe una
fundamentación, a partir de la cual se deduzca que, de haberse pronunciado de
manera expresa o en un acápite especial un sobre la declaración de parte
rendida en la audiencia de pruebas, el sentido de la decisión habría de ser
totalmente diferente.
Esta Subsección evidencia que el tribunal se concentró en los aspectos
medulares de la apelación a la luz de los presupuestos axiológicos de la
pretensión indemnizatoria civil por vía de repetición y encontró probados cada
uno de ellos elementos: la calidad de agente estatal, la condena impuesta a la
entidad, el pago de la obligación y la conducta subjetiva en modalidad de culpa
grave. Ese análisis supone que, implícitamente, la declaración de parte no le
mereció consideración especial al tribunal para acceder a los argumentos del
recurso de apelación. De hecho, al escuchar su contenido, la Sala constata que
con ella pretendía defender la legitimidad de la conducta del funcionario, es
decir, fue más un argumento de defensa para infirmar la conducta gravemente
culposa que le fue enrostrada.
Por tanto, si el tribunal en su examen estudió la conducta del servidor y
determinó que fue negligente y gravemente culposa, al no ejecutar actuaciones
concretas para la individualización e identificación del procesado, claramente
se revela que las razones de defensa contenidas en la declaración de parte
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que versó sobre las actuaciones del proceso penal y los deberes de las
autoridades, no afectaron el juicio del tribunal sobre la conducta reprochada,
sin que por ello, debiese dedicarse al asunto un apartado especial.
Desde luego, hubiese sido mucho más acorde a la tranquilidad de la parte, que
el tribunal se expresara puntualmente sobre los aspectos de la declaración de
cara a los deberes cuya omisión se imputó; sin embargo, valga insistir que, al
reprochar la conducta del juez en el proceso penal, quedó claro que descartó lo
justificación y explicación que contiene la declaración de parte.
De otro parte, el cargo de falta de motivación no corresponde con la realidad
puesto que, el hecho de que la sentencia hubiese sido aparentemente sucinta,
no significa de manera alguna que fuese inmotivada. Prueba de ello, es que se
atacaron las razones por las que el juzgado y el tribunal accedieron a las
pretensiones de la demanda, por encontrar presentes los elementos de la
responsabilidad del servidor judicial.
Además, se logra apreciar con claridad el estudio de cada uno de los
presupuestos de la acción de repetición, luego, lejos de configurarse una falta
de motivación lo que se aprecia es que el cargo de la demanda de tutela se
sustenta en una premisa inexistente.
Tampoco puede afirmarse que la falta de motivación se deriva de la mención a
la sentencia T-653 de 2014, a partir de la cual se sostuvo como pauta
interpretativa que es necesario para emitir una condena penal que exista una
correcta identificación e individualización del procesado. Dicho sustento no se
muestra incoherente o inconsistente ni siquiera porque se hubiese hecho sobre
la base de la Ley 906 de 2004, por el contrario, esa premisa es apenas lógica
en cualquier sistema penal en el que se pretenda emitir una condena a una
persona. En todo caso, la sentencia que se cuestiona hace claras y directas
referencias a diferentes disposiciones normativas de Ley 600 de 2000, como es
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el caso del artículo 170 que exige dentro de los contenidos de la sentencia, la
identificación o individualización del procesado.
En ese contexto, la tesis del tribunal que coincidió exactamente con los
argumentos del juez de primera instancia no revela un desatino; por el
contrario, luce jurídica y probatoriamente razonable. En cambio, se observa en
los argumentos de la demanda de tutela, una inconformidad con la
interpretación del caso y, sobre todo, con el resultado de la valoración
probatoria efectuada en la providencia cuestionada, porque, en su mirada
particular del asunto, la única conclusión posible para la parte demandante era
la de que la conducta del agente estatal estuvo ajustada a derecho y no
constituye ninguna conducta culposa, pero las autoridades judiciales
concluyeron lo contrario: que el juez no hizo actuación diligente alguna,
tendiente a esclarecer la identidad del procesado, aun cuando así se lo exigía,
para efectos de la sentencia, el artículo 170 de la Ley 600 de 2000.
Vale la pena recordar que en nuestro ordenamiento jurídico la valoración
probatoria se encuentra gobernada por los principios de sana crítica y de libre
apreciación de las pruebas; actividad en la cual el fallador es libre de formarse
su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a partir de
un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeta a las
reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria,
caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba. Esa tarea se
logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las pruebas que
obran en el proceso e incluso a partir de las deficiencias que en esa carga
procesal de las partes advierta el sentenciador.
Para la Sala, entonces, no es irracional que en el fallo atacado concluyera que
el agente estatal sí incurrió en una conducta gravemente culposa al estimar
que no cumplió en debida forma con las funciones de dirección del proceso, en
lugar de emitir una condena en contra de dos personas de manera copulativa y
disyuntiva al condenar a «Gustavo Adolfo Solano Coba y/o Cleiner Alberto Polo
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04275-00
Demandante: Álvaro Enrique de la Torre Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Peñate» sin que se hubiese tratado del nombre de pila acompañado del alias
de una persona, sino de dos personas distintas. Todo ello supone, que el
tribunal desechó la defensa del accionante, incluida la que hizo en la
declaración de parte.
En suma, el descontento del accionante revela la intención de prolongar en
sede constitucional un debate que ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa
una alternativa de decisión en la que se resuelva favorablemente su visión del
litigio. Recuérdese que la acción de tutela no puede ejercerse e a manera de
juicio de corrección, pues como lo afirmó recientemente la Corte Constitucional:
[L]a la tutela contra providencias judiciales como un “juicio de validez” y no
como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado.5 Este enfoque impide
que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial. En el marco de cada proceso, las partes cuentan con
los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador
para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos. Si luego de agotar dichos recursos persiste
una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la
tutela contra providencias judiciales6. (Se destaca)
Siempre que la tutela pretenda reiterar y reabrir el debate de la causa en clave
de instancia adicional, no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque este no se limita a (i) señalar los derechos vulnerados, (ii)
identificar los defectos y (iii) presentar unos argumentos coherentes. Los
reparos, desde luego y necesariamente, deben estar relacionados con los
temas debatidos, pero no con miras a que el juez constitucional asuma el papel
de los jueces naturales, ni que se agregue una instancia más a las que el
legislador, dentro de su margen de configuración legislativa, a bien tuvo prever.
La jurisprudencia constitucional insiste en que ese tipo de debates no
satisfacen la existencia de relevancia constitucional:
5 Cita original de la providencia: Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
La Corte ha establecido que “la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”72F7. Esto se justifica en el hecho de que la competencia del juez
de tutela se restringe a asuntos de relevancia constitucional y con el propósito
de salvaguardar los derechos fundamentales. Tal premisa implica que la
autoridad judicial valore si la cuestión planteada gira en torno a derechos
fundamentales o si, por el contrario, encierra un debate legal como si se
tratara de una instancia adicional.
[…]
102 En el presente caso, la tutela es empleada con el propósito de reabrir un
debate procesal que ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Esto es evidente si se tiene en cuenta que, tras obtener una
respuesta desfavorable a sus intereses, el accionante acudió al recurso de
amparo con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas
pretensiones incoadas en el proceso de controversias contractuales. Incluso
la petición de la tutela es que se profiera una sentencia sustitutiva que, en
últimas, persigue que se ordene el pago de la cuota de éxito solicitada.
Es decir, el objetivo de la acción constitucional es obtener un provecho
económico. De manera que se trata de una pretensión propia de un
trámite ordinario.8
Por todo lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, dado
que fue ejercida con el propósito de convertirla en una instancia adicional al
proceso de repetición, lo cual deriva en incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Álvaro Enrique de la Torre Ramos, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
7 Cita original de la providencia: sentencias T-131 de 2021, SU-573 de 2019 y T-102 de 2006.
8Corte Constitucional, sentencia T-261 del 11 de agosto de 2021, M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La
autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código
QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
.
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