Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04285-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de septiembre de 2022
Demandante: Robinson David Mulford Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04285-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04285-00
Demandante: ROBINSON DAVID MULFORD MEJÍA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Tema: Tutela de fondo – Temeridad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en nombre propio por el señor
Robinson David Mulford Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Mediante escrito radicado el 5 de agosto de 2022, el accionante interpuso
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia 1 . Con la solicitud de amparo pretende la
protección de su derecho fundamental de petición.
2. En criterio del actor, tal garantía resultó quebrantada en atención a la omisión,
por parte de la referida autoridad, de expedir el acto administrativo que acredita la
práctica jurídica como requisito alternativo para optar por el título profesional de
abogado. Dicho trámite fue solicitado mediante correo electrónico el 16 de mayo de
2022.
1 El escrito de tutela fue enviado al buzón tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co y, posteriormente,
remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado. Ingresó al Despacho del magistrado ponente
el 9 de agosto siguiente.
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Demandante: Robinson David Mulford Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte tutelante solicitó lo siguiente:
1. ORDENAR a CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y/O
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS resolver de manera clara,
congruente y de fondo en el término de 48 horas la petición presentada el
16 de Mayo de los corrientes.
2. En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la
República en sede Constitucional, el ordenar todo lo que el despacho
considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mi derecho
fundamental de Petición. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:
4. El accionante cursó y aprobó las asignaturas teóricas y prácticas del plan de
estudios del programa de derecho en la Universidad del Magdalena.
5. El actor realizó su judicatura como auxiliad ad honorem en la Fiscalía 19
Delegada ante Jueces Municipales y Promiscuos de la Dirección Seccional de la
Fiscalía General de la Nación de Santa Marta - Magdalena, durante el periodo
comprendido entre el 6 de julio del año 2021 al 6 de abril del 2022.
6. El 16 de mayo de 2022 radicó solicitud de reconocimiento de la práctica
jurídica ante el Consejo Superior de la Judicatura, como requisito para optar por el
título de abogado.
7. A la fecha de interposición de la presente acción constitucional, no se había
dado respuesta a su solicitud, pues al 17 de mayo del año que avanza la entidad,
únicamente, acusó recibo de la petición y los documentos que la acompañaban.
1.4. Fundamentos de la vulneración
8. El señor Robinson David Mulford Mejía expresó que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
vulneró su derecho fundamental de petición, debido a la demora injustificada de la
autoridad accionada en expedir el acto administrativo mediante el cual se reconozca
la práctica jurídica que efectuó en la Fiscalía 19 Delegada ante Jueces Municipales y
Promiscuos de la Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación de Santa
Marta – Magdalena, pese a haberlo solicitado desde el 16 de mayo de 2022.
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1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
9. El magistrado ponente mediante auto del 10 de agosto de 2022, admitió el
mecanismo constitucional promovido y ordenó notificar a la parte actora, así como al
Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, en calidad de accionado.
1.5.2. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente intervención:
1.5.2.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
10. Con escrito remitido el 12 de agosto de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la directora de la Unidad manifestó que la acción
interpuesta es improcedente.
11. En concreto, manifestó que el 9 de agosto de 2022 dicha autoridad fue enterada
por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia acerca de la
admisión de una acción de tutela bajo radicado No. 11001-02-30-000-2022-01006-
00, promovida por el actor con fundamento en los mismos hechos y pretensiones.
12. Indicó que el día 10 de agosto de 2022 dio contestación a la referida acción
constitucional en el sentido de informar que, una vez recibidos todos los documentos
pertinentes, expidió la Resolución No.5543 de 2022, por medio de la cual se le
reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica al accionante.
13. Agregó que lo anterior, se le informó al actor el día 31 de mayo de 2022 al correo
electrónico suministrado por el mismo, mediante oficio No. 5543 de 2022.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
14. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Robinson David Mulford Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura-
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
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2.2. Legitimación en la causa
15. La Sala advierte que el señor Robinson David Mulford Mejía está legitimado
en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 1, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991.
16. Lo anterior, por cuanto es el titular del derecho fundamental que reclama, en
consideración a que fue quien elevó la petición del 16 de mayo de 2022, que alega
como desatendida a la fecha de interposición del presente mecanismo constitucional.
17. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia está igualmente
legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad a la que le corresponde
pronunciarse sobre la referida petición en la que se solicitaba el reconocimiento de la
práctica jurídica del actor.
2.3. Problema jurídico
18. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, los informes
y argumentos esgrimidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, corresponde a esta Sala
determinar si:
19. Se interpusieron dos acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones, ante lo cual debe comprobarse si se acreditan los elementos que
configuran la temeridad, en especial si se encuentra acreditado que el accionante
obró con mala fe.
20. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) la naturaleza de la acción de tutela; ii) la temeridad en su interposición y iii) caso
concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
21. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
22. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a
la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
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del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. De la temeridad en la acción de tutela
23. El artículo 38 del decreto 2591 de 1991 establece como causal expresa de
rechazo, el ejercicio temerario de la acción de tutela, en los siguientes términos:
ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes
24. La Corte Constitucional ha puesto de presente que la existencia de tutelas con
hechos similares, no conduce inmediatamente a tener como estructurada la referida
figura, puesto que, en todo caso, “debe demostrarse que existen iguales sujetos
procesales, hechos, pretensiones, que no hay justificación alguna para la
interposición de una nueva acción, sumado a que debe encontrarse inequívocamente
probado dentro del proceso de amparo tutelar, la mala fe o dolo del accionante”2.
25. Por tanto, la temeridad se configura, cuando concurren los siguientes
elementos en relación con otra acción de tutela: i) identidad fáctica y de
pretensiones, ii) identidad de partes, iii) la mala fe o dolo del accionante ante la falta
de justificación para interponer la nueva acción, esto es, un elemento volitivo
negativo por parte del accionante.
26. Debe tenerse en cuenta que el Máximo Tribunal de lo Constitucional ha
señalado que la labor del juez constitucional no se limita a la verificación de los
elementos que concretan la temeridad, sino que deben estudiarse las circunstancias
actuales que rodean el caso específico.
27. Ciertamente, la presentación de una segunda acción de tutela no se considera
temeraria de forma automática, pues su interposición puede deberse a i) la condición
de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe; ii) el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a
la interposición de la acción3.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-276 de 2010.
3 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-566 de 2001, T-919 de 2003, T-1215 de
2003, T-721 de 2003, T-184 de 2005.
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2.6. Caso concreto
28. La autoridad accionada puso de presente la existencia de dos acciones de
tutela presentadas en su contra por el actor con fundamento en los mismos hechos y
en procura de las mismas pretensiones.
29. Frente al particular, esta Sala de Decisión constató que en la Corte Suprema
de Justicia cursa una acción de tutela idéntica a la que se estudia en la presente
oportunidad.
30. En efecto, aquella fue promovida por el actor contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en
procura de la salvaguarda de su derecho fundamental de petición, el cual consideró
vulnerado ante la demora injustificada de tal entidad en expedir el acto administrativo
en el que se reconozca su práctica jurídica, pese a solicitarlo desde el 16 de mayo de
2022 sin haber obtenido respuesta alguna.
31. Dicha acción constitucional se identificó con el número de radicado 11001-02-
30-000-2022-01006-00, fue presentada el día 8 de agosto de 2022, admitida el día
siguiente y respecto de la misma se profirió sentencia el día 17 del mismo mes y año,
en la que la Corte Suprema de Justicia negó las pretensiones formuladas. Lo
anterior, en atención que durante el trámite la autoridad accionada manifestó haber
dado cumplimiento a lo solicitado por el accionante, de manera que antes del
proferimiento del fallo, cesó la vulneración.
32. En atención a lo anterior, corresponde a esta Sala de Decisión determinar si,
en el caso concreto, se acredita la mala fe o el elemento volitivo exigido para que se
configure la temeridad. Ello, en la medida que no existen dudas en torno al hecho
que entre la tutela objeto de análisis (11001-03-15-000-2022-04285-00) y la que
cursó en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (11001-02-30-
000-2022-01006-00) se presenta la existencia de la triple identidad (partes,
supuestos fácticos y pretensiones).
33. Frente al particular, se tiene que una vez el accionante radicó su escrito el 5
de agosto de 2022 en el buzón tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co, la Oficina
Judicial de Reparto de la Seccional Santa Marta – Magdalena lo remitió a las
Secretarías Generales del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia
tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen:
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34. En consecuencia, esta Sala no advierte la mala fe o el elemento volitivo
exigido para que se configure la temeridad, contrario a ello, advierte que en el caso
concreto se presentó una duplicidad en la remisión por parte de la oficina de reparto
a la que se ha aludido que no le es imputable al usuario de la administración de
justicia.
35. En ese orden de ideas, y en atención a que no se acreditó mala fe en el actuar
del accionante, esta Sala de Decisión se abstendrá de emitir pronunciamiento de
fondo en torno al presente mecanismo constitucional y, por tanto, dispondrá estar a
lo resuelto por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil
mediante proveído del 17 de agosto de 20224.
36. Lo anterior, en atención a la triple identidad (partes, supuestos fácticos y
pretensiones) entre la presente acción de tutela y la conocida por la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, aunado a la inexistencia de mala fe del actor,
hechos nuevos o circunstancias que justifiquen un pronunciamiento en un sentido
diferente, sumado a que el hecho que dio génesis a la interposición del mecanismo
4 Concretamente, en el fallo proferido al interior del trámite identificado con el número de radicado
11001-02-30-000-2022-01006-00, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil dispuso lo
siguiente: “Se negará la salvaguarda por inexistencia de vulneración, dado que la entidad convocada
mediante resolución n° 5543 (31 May. 2022) reconoció la práctica jurídica del interesado, dando así
respuesta de manera clara, precisa y congruente a lo pedido previa a la radicación del amparo, la cual
se hizo el 8 de agosto de 2022. De manera que emitir alguna orden sobre el asunto es inane, porque
el hecho vulnerador alegado no tuvo lugar (STC6734-2022). Conforme a lo anterior, se negará el
ruego conjurado”.
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constitucional desapareció durante su trámite, y por ello, se negó el amparo en
atención a que la práctica jurídica del actor fue reconocida conforme solicitó en su
petición a la entidad demandada.
37. Asimismo, teniendo en cuenta a que a dicha autoridad judicial, por virtud de la
propia Constitución, tal y como a esta Corporación, le compete velar por la
salvaguarda de los derechos fundamentales y los postulados superiores, de manera
que sus decisiones producen efectos y deben ser acatadas.
38. Ciertamente, de conformidad con el artículo 86 superior el fallo será de
obligatorio cumplimiento, aun cuando el mismo puede ser impugnado ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá al órgano de cierre de la jurisdicción para
su eventual revisión.
2.7. Conclusión
La duplicidad en la remisión de la tutela no le es imputable al accionante, de manera
que no se advierte temeridad en su actuar, razón por la cual esta Sala de Decisión se
abstendrá de resolver el fondo de este asunto y dispondrá que se esté a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en fallo del 17 de agosto del
año en curso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: ESTARSE a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil en la sentencia del 17 de agosto de 2022 al interior del expediente
11001-02-30-000-2022-01006-00, por las razones contenidas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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