Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04301-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04301-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04301-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04301-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
15 de septiembre de 2022
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 4 3 01 - 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 232
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04301-00
Accionante: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B.
Temas: Acción de tutela contra providencia dictada en un incidente de desacato,
en la que se negó la inaplicación de una sanción. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Acción de tutela e incidente de desacato 2016-01140
El 8 de junio de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, amparó los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
dignidad humana, a la igualdad, petición y al debido proceso del señor Anuar
Rodríguez Cortés y, en consecuencia, ordenó al director de sanidad del Ejército
Nacional o a quien hiciera sus veces que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación de ese proveído, practicara los exámenes necesarios,
con el propósito de que fuera realizada la junta médico laboral o, en el evento que
determinara que aquel padeciera de enfermedades que requerían de un proceso de
recuperación, asegurara la continuidad de los tratamientos médicos, siempre y
cuando el accionante no se encontrara vinculado como afiliado o beneficiario del
Sistema Integral de Salud.
La Subsección mencionada inició varios incidentes de desacato y profirió las
providencias del: (i) 30 de agosto de 2016, en la que sancionó al señor Carlos Arturo
Franco Corredor, director de sanidad del Ejército Nacional, y al señor Jorge Alberto
Contreras Guerrero, director del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano
de Bogotá, La Picota, con multa de dos s.m.m.l.v.; (ii) 29 de marzo de 2017, en el
que sancionó al señor Germán López Guerrero, director de sanidad del Ejército
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 36 0- 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
Nacional, con multa equivalente a cinco s.m.m.l.v.; (iii) 6 de septiembre de 2017, en
la que sancionó al funcionario previamente citado, con multa de dos s.m.m.l.v.; (iv)
25 de abril de 2018, en la que sancionó, nuevamente, al señor López Guerrero, con
multa de dos s.m.m.l.v., y (v) 23 de septiembre de 2019, en la que sancionó al señor
Marco Vinicio Mayorga Niño, director de sanidad del Ejército Nacional, con multa de
dos s.m.m.l.v.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de proveídos del 16 de
noviembre de 2016, 8 de junio de 2017, 23 de noviembre de 2017, 31 de mayo de
2018 y 14 de noviembre de 2019 confirmó las decisiones consultadas.
El oficial de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional solicitó la inaplicación de la sanción, comoquiera que acreditó las
múltiples actuaciones adelantadas para cumplir con la orden judicial; sin embargo,
el Tribunal accionado, mediante proveído del 14 enero de 2020, negó el
requerimiento.
b) Inconformidad
El accionante Germán López Guerrero sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, al proferir la providencia del 14 de
enero de 2020, transgredió sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
igualdad, a la honra y al buen nombre y al debido proceso y generó un desequilibrio
de las cargas públicas. En primer lugar, explicó que fungió como director de sanidad
del Ejército Nacional, desde el 29 de noviembre de 2015 hasta el 16 de enero de
2019. Asimismo, precisó que, durante los tres años de su gestión, distintas
autoridades judiciales del país tramitaron seiscientos ochenta y cuatro incidentes de
desacato en su contra y, posteriormente, la seccionales iniciaron cuatrocientos
diecisiete procesos de cobro coactivo, en los que decretaron el embargo de un bien
inmueble y un mueble de su propiedad. Además, informó que suscribió veinte
acuerdos de pago, con el propósito de proteger su patrimonio.
En segundo término, mencionó que la autoridad judicial accionada desatendió el
criterio jurisprudencial respecto a la inaplicación de sanciones proferidas en los
incidentes de desacato, incluso con posterioridad a la decisión adoptada en el grado
de consulta, y, para ese efecto, citó las siguientes sentencias: 1. T-171 de 2009, T-
01763 de 2012, Auto del 29 de enero de 2019, Auto 202 de 2013, T-0292 de 2014,
T-00096 de 2015, T-0407 de 2015, T-01621 de 2015, T-00106 de 2016, SU-424 de
2016, T-03301 de 2016, T-00095 de 2017, T-157 de 2017, T-02199 de 2017, SU
043 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte Constitucional; 2. Del 18 de diciembre de
2013 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y 3. Del 30 de
octubre de 2014 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
PRETENSIONES
El solicitante de la salvaguarda requirió, primero, amparar sus derechos
fundamentales antes citados y, segundo, dejar sin efectos la providencia proferida
el 14 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 36 0- 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
Primera, Subsección B. En consecuencia, pidió ordenar a la autoridad judicial
mencionada aplicar el precedente judicial invocado e inaplicar las sanciones
impuestas en el incidente de desacato núm. 2016-01140-00.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
El magistrado César Giovanni Chaparro Rincón afirmó que el trámite del proceso
de tutela 2016-01140 se ajustó al ordenamiento jurídico y las decisiones adoptadas
en el incidente de desacato fueron debidamente motivadas en los aspectos fáctico,
jurídico, probatorio y jurisprudencial. Precisó que, a través de los autos del 30 de
agosto de 2016, 29 de marzo y 6 de septiembre de 2017, 15 de abril de 2018, 23 de
septiembre de 2019 y 14 de enero de 2020, negó las solicitudes de inaplicación de
la sanción elevadas por el director general de Sanidad del Ejército Nacional, al
considerar que era inadmisible y contrario a las garantías fundamentales, que
prevén esa consecuencia cuando una autoridad judicial no acata una sentencia de
tutela, en el término fijado, sin una justificación razonable, lo cual sucedió en el
asunto de la referencia.
Por último, consideró que el accionante pretende agotar una tercera instancia del
proceso de tutela, sin que exista una justificación. Por esa razón, solicitó declarar
improcedente la acción.
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
El teniente coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez, oficial de gestión jurídica, advirtió
que el señor Germán López Guerrero ostentaba la condición de director de Sanidad
del Ejército Nacional, para la época de los hechos, por lo que, ante el eventual
incumplimiento de la orden de tutela, la sanción recaería sobre él. Adicionalmente,
relacionó todas las acciones adelantadas tendientes a practicar el examen de retiro
del señor Anuar Rodríguez Cortés y precisó que, luego de la realización de todos
los conceptos médicos, a través del Oficio 20193231698911 del 8 de septiembre de
2019, el cual fue remitido al director del Establecimiento Carcelario y Penitenciario
COMEB-LA PICOTA, citó al beneficiario de la decisión, a la junta médico laboral
programada para el 1.° de octubre de 2021, en la ciudad de Bogotá.
Así las cosas, sostuvo que el aquí accionante actuó de manera diligente para iniciar
el proceso para la convocatoria y práctica de la junta médico laboral de retiro,
situación frente a la cual debe tenerse en cuenta que es un procedimiento largo y
que depende del interés y disposición del interesado en acudir a citas y exámenes
programados por dicha entidad. Por último, solicitó la desvinculación.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
El señor José Antonio Torres Cerón, apoderado de la entidad, requirió declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no tiene injerencia en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 36 0- 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
la problemática planteada ni conculcó los derechos referidos por el solicitante del
amparo.
El Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá “La Picota”
no rindió el informe solicitado, a pesar de que fue notificado en debida forma del
auto admisorio de la acción de la referencia.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:
«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009
de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 36 0- 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el
juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no
tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la
decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error
judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos
constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o
exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e)
error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f)
decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación
directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:
1. ¿El señor Germán López Guerrero solicitó la inaplicación de la sanción
impuesta en el incidente de desacato con radicado núm. 2016-01140, cuya
decisión se discute en el presente trámite y, en esa medida, agotó el
mecanismo judicial con el que contaba?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad y (II) existencia de otro mecanismo de defensa
judicial. Veamos:
I. Exigencia general de subsidiariedad
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 36 0- 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.
Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
II. Existencia de otro mecanismo de defensa judicial
El señor Germán López Guerrero solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la honra y al buen nombre y al debido
proceso, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, al expedir la providencia del 14 de
enero de 2020, mediante la cual negó la solicitud de inaplicación de las sanciones
impuestas en las providencias del 30 de agosto de 2016, 29 de marzo y 6 de
septiembre de 2017, 25 de abril de 2018 y 23 de septiembre de 2019, y conminó al
director de sanidad o a quien haga sus veces a abstenerse de realizar solicitudes
reiterativas encaminadas a ese mismo propósito.
Sobre el particular, la Subsección advierte, una vez revisado el material probatorio
que reposa en el expediente, que el peticionario del amparo no ha solicitado la
inaplicación de las sanciones referenciadas ante la autoridad judicial referida. En
efecto, se encuentra que, mediante memorial del 6 de diciembre de 2019, el coronel
Edgar Orlando Herrera Romero, quien ostentaba el cargo de oficial de Gestión
Administrativa y Financiera de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, fue
quien requirió, primero, inaplicar las sanciones impuestas en contra de esa
dependencia en el trámite del incidente de desacato núm. 2016-01140 y, segundo,
oficiar a la Dirección de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca, con el propósito de que finalice los
procesos de cobro coactivo6.
5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este
orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
6 ff. 271 a 278, Cuaderno 2 del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 36 0- 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
Así las cosas, para esta Subsección es claro que la acción de tutela instaurada no
satisface el requisito general de subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado
todos mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico, para proteger los
derechos fundamentales que se estiman conculcados, antes de formular la acción
de tutela. Lo anterior encuentra su justificación en el carácter residual de este
mecanismo constitucional.
Asimismo, resulta oportuno precisar que, aun si en gracia de discusión se aceptara
que el mencionado requisito se encuentra cumplido, en el entendido de que la
autoridad judicial accionada, en la decisión objeto de cuestionamiento, instó al
director de sanidad del Ejército Nacional o a quien hiciera sus veces a abstenerse
de presentar más peticiones, con el mismo propósito y ello impedía que el aquí
accionante pudiera solicitar, posteriormente, la inaplicación de las sanciones
impuestas en su contra, lo cierto es que, en todo caso, la acción de tutela de la
referencia tampoco superaría el requisito de la inmediatez, como pasará a
explicarse.
En ese sentido, se observa que, en relación con el término de inmediatez, la Sala
Plena del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de agosto de 2014 7,
explicó que el mencionado requisito cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran
en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, la
corporación, en la sentencia de unificación precitada, acogió como regla general un
plazo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
providencia, según el asunto.
Así las cosas, en el caso concreto, el 14 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, negó la solicitud de inaplicación
de las sanciones impuestas en las providencias del 30 de agosto de 2016, 29 de
marzo y 6 de septiembre de 2017, 25 de abril de 2018 y 23 de septiembre de 2019.
La anterior decisión fue notificada a través de correo electrónico del 16 del mismo
mes y año8, por lo que adquirió ejecutoria el 22 de enero de 20209.
Por consiguiente, el término para presentar la acción de tutela en el presente asunto
inició el 23 de enero de 202010 y venció el 23 de julio de la misma anualidad. No
obstante, la acción de la referencia fue interpuesta hasta el 8 de agosto de 2022,
esto es, por fuera del término de los seis meses previstos jurisprudencialmente.
Adicionalmente, se tiene que el accionante no expuso ninguna situación que le
hubiera impedido cumplir con el requisito de la inmediatez.
7 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 f. 323 ibidem.
9 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos”. En el caso bajo estudio, dicho término inició el 17 de enero de 2020, teniendo en
cuenta que el correo electrónico de notificación fue enviado el día anterior a las 6:46 p. m., hora no hábil en la
Rama Judicial.
10 Término contado a partir del día siguiente hábil de la ejecutoria de la sentencia cuestionada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 36 0- 0 0
Ac c i o na nt e : G er m án Ló p ez G u err ero
Bajo estas consideraciones, la Subsección concluye que la falta del cumplimiento
del requisito de subsidiariedad trae como consecuencia la improcedencia de la
acción de tutela y, por ende, no le es posible a esta Subsección pronunciarse sobre
el fondo del asunto. En consecuencia, se rechazará por improcedente la acción de
tutela interpuesta por el señor Germán López Guerrero en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Germán López Guerrero en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, por las razones aquí expuestas.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.