Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04311-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04311-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04311-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
14 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04311-01
Demandante: Leidys Enith Ramírez Zabaleta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE (E): MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04311-01
Demandante: LEIDYS ENITH RAMÍREZ ZABALETA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y JUZGADO 13
ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA
Temas: Contra providencias que rechazaron demanda de reparación directa.
Caducidad en casos de graves violaciones de derechos humanos.
Desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 7
de septiembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, que denegó la tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 8 de agosto de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, Leidys Enith Ramírez Zabaleta pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó
vulnerados por las providencias del 27 de marzo de 2020 y del 15 de octubre de 2021,
dictadas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado 13
Administrativo de Cartagena. En consecuencia, la parte actora propuso, textualmente,
las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la señora LEIDYS ENITH RAMIREZ ZABALETA.
SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efectos el Auto interlocutorio No 171 de fecha 15 de octubre
de 2021, proferido por la Sala de Decisión No. 004 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR,
que a su vez confirmo el Auto Interlocutorio No 198 de fecha 27 de marzo de 2020, proferido por el
JUZGADO DÉCIMO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, dentro del
proceso de Reparación Directa radicado bajo el número 13001333301320190029700.
TERCERO: En su lugar, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, proferir una nueva
decisión en sentido contrario, es decir, admitiéndose la demanda de reparación directa impetrada
por la señora LEIDYS ENITH RAMÍREZ ZABALETA y otros
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El 25 de junio de 2007, el señor Álvaro Rodríguez Portela fue asesinado, en zona
rural del municipio de Altos del Rosario (Bolívar).
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Demandante: Leidys Enith Ramírez Zabaleta
2.2. El 18 de diciembre de 2019, Leidys Enith Ramírez Zabaleta y otros interpusieron
demanda de reparación directa contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por
estimarlo responsable de la muerte del señor Rodríguez Portela. En concreto, la
demanda indicó que la muerte del señor Rodríguez Portela fue producto de una ejecución
extrajudicial.
2.3. Por auto del 27 de marzo de 2020, el Juzgado 13 Administrativo de Cartagena
rechazó la demanda de reparación directa, por caducidad del medio de control de
reparación directa. En síntesis, el juzgado demandado consideró lo siguiente:
(i) Que deben seguirse los criterios fijado en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
(ii) Que, en la demanda de reparación directa, la parte actora adujo que, el 9 de
agosto de 2007, formuló queja contra personal del Ejército Nacional, por razón
de la muerte del señor Rodríguez Portela. Que, de tomarse esa fecha, es claro
que ocurre la caducidad, pues desde ese momento hubo la percepción de
responsabilidad del Estado y no había pruebas de circunstancias que
impidieran acudir a la jurisdicción.
(iii) Que, en todo caso, también debe tenerse en cuenta la sentencia SU-254 de
2013 de la Corte Constitucional, que condiciona la contabilización de la
caducidad frente a casos de personas víctimas de desplazamiento forzado.
Que, por consiguiente, la caducidad transcurrió entre el 22 de mayo de 2013 y
el 23 de mayo de 2015. Que, no obstante, la demanda fue presentada el 18
de diciembre de 2019.
2.4. Leidys Enith Ramírez Zabaleta y otros apelaron, pues, a su juicio, la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 desconoce la Convención Americana de Derechos
Humanos y los principios pro damnato y pro actione. Dijo que, por ende, en este caso no
debe aplicarse el término de caducidad.
2.5. Mediante providencia del 15 de octubre de 20211, el Tribunal Administrativo de
Bolívar confirmó la declaratoria de caducidad, por considerar que la caducidad debía
contabilizarse a partir de la muerte del señor Rodríguez Portela, puesto que desde ese
momento supieron de la existencia del hecho dañoso y conocieron que fue producto de
actuaciones de personal del Ejército Nacional.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora adujo que las providencias cuestionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, pues, cuando fue interpuesta la demanda de
reparación directa, estaba vigente el presente que señalaba que la caducidad no aplicaba
frente a casos asociados a graves violaciones de derechos humanos.
3.2. Alegó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 modificó
«abruptamente» las condiciones bajo las que debía ejercerse el medio de control de
reparación directa y, por ende, fue vulnerado el principio de confianza legítima.
3.3. Dijo que, en un caso similar, en sentencia de tutela del 30 de abril de 2021 2, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, concedió el amparo, por considerar
1 Notificada mediante estado electrónico del 9 de febrero de 2022.
2 Expediente 11001-03-15-000-2020-04068-01.
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que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 no puede aplicarse de manera
retroactiva.
4. Intervenciones
4.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar manifestó que la tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora pretende una instancia
adicional del proceso de reparación directa.
4.1.1. Adujo que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 resulta aplicable a
todas las cuestiones relacionadas con la caducidad del medio de control de reparación
directa. Que lo cierto es que el legislador no indicó que la caducidad no opera frente a
delitos graves y, por ende, la parte actora no puede pretender que no sea tenida en
cuenta.
4.1.2. Dijo que la queja del 9 de agosto de 2007, formulada ante la Personería Municipal
de Barranco de Loba (Bolívar), evidencia que la parte actora conocía el hecho dañoso,
sabía de la posible responsabilidad de agentes estatales y estaba en capacidad para
acudir a la jurisdicción.
4.1.3. Adujo que el hecho en el que perdió la vida el señor Rodríguez Portela fue
conocido por sus familiares desde el momento en que ocurrió y también conocieron la
participación de agentes estatales. Por consiguiente, lo procedente era aplicar el
supuesto del artículo 164 numeral 2 literal i) de la Ley 1437 de 2011.
4.2. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que fuera denegada la tutela, toda vez
que la parte actora confunda la caducidad y la imprescriptibilidad de la acción penal frente
a delitos de lesa humanidad. Que la primera hace referencia a la ventana de oportunidad
que tienen los ciudadanos para reclamar el resarcimiento de daños causados por el
Estado, mientras que la segunda se predica respecto de la facultad que tiene el Estado
para perseguir penalmente a los responsables por delitos graves.
4.3. El Juzgado 13 Administrativo de Cartagena, Camila Andrea Rodríguez
Ramírez, Álvaro José Rodríguez Ramírez, Javier Yezid Rodríguez Ramírez,
Sebastián Rodríguez Cogollo, Mercedes Portela Beleño, Maritza Esther Portela,
Tomás Rodríguez Portela, Edilma Julia Rodríguez Portela, Yenis del Carmen
Rodríguez Portela, Analida Rodríguez Portela, Over Enrique Rodríguez Portela,
Alba Andrea Rodríguez Carrasquilla y Helda María Carrasquilla Pacheco no
intervinieron, pese a que fueron notificados de la admisión de la demanda de tutela.
5. Sentencia impugnada
5.1. Por sentencia del 7 de septiembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, denegó la tutela, por lo siguiente:
5.1.1. Que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que fueron
agotados los recursos disponibles en el proceso de reparación directa. Que el asunto
tiene relevancia constitucional, por tratarse de la presunta vulneración de derechos
fundamentales. Que la tutela fue formulada en un término razonable, puesto que la
providencia de segunda instancia del proceso de reparación directa fue notificada el 9
de febrero de 2022 y la demanda de tutela fue radicada el 8 de agosto de 2022. Que
fueron planteados de manera clara los hechos que supuestamente derivan en la
vulneración de derechos fundamentales.
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5.1.2. Que la providencia del 15 de octubre de 2021 no incurrió en desconocimiento del
precedente, habida cuenta de que en el expediente de reparación directa se evidenció
que, desde el mismo día de la muerte del señor Rodríguez Portela, la actora conoció de
la participación de agentes estatales. Que así se evidencia de la queja del 9 de agosto
de 2007 y el acta de levantamiento del cadáver.
5.1.3. Que «se observa que la autoridad judicial accionada, al examinar la situación
fáctica y las pruebas aportadas al proceso administrativo, constató que la demandante y
su familia, conocieron de los hechos dañosos el mismo día en que ocurrieron, así como
pudieron haber determinado la participación del Estado en su consumación;
concluyendo, además, que no se dieron los presupuestos para inferir la comisión de un
delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, que modificara las reglas atinentes a la
aplicación de los términos de caducidad de la acción de reparación directa, conforme
con lo expuesto en la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020, proferida por el
Consejo de Estado».
6. Impugnación
6.1. La parte actora impugnó la sentencia del 7 de septiembre de 2022, pues, en su
criterio, la aplicación de la sentencia de unificación desconoce el principio de
convencionalidad. Que, en sentencia del 29 de noviembre de 2018, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos señaló la «imprescriptibilidad de las acciones de
reparación dirigidas en contra del Estado».
6.2. Aseguró que la regla de imprescriptibilidad de la acción penal se extiende a
cualquier otro tipo de acción con carácter indemnizatorio.
6.3. Dijo que el a quo omitió pronunciarse sobre la sentencia de tutela del 30 de abril
de 2021, dictada en un caso similar por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, y sobre la aplicación temporal de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20123, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
3 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
4 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de
órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido
un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad
que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»5.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala decidir si el a quo acertó
al denegar la tutela formulada por la señora Leidys Enith Ramírez, por considerar que la
providencia del 15 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial obligatorio.
2.1.1. La Sala advierte que limitará el estudio a la providencia del 15 de octubre de 2021,
habida cuenta de que fue la decisión que cerró la discusión sobre la caducidad del medio
de control de reparación directa.
2.2. Ahora bien, para efecto de resolver el problema jurídico, la Sala estudiará los
siguientes aspectos: (i) de la providencia cuestionada, y (ii) de la respuesta al problema
jurídico planteado.
3. De la providencia del 15 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar
3.1. La providencia del 15 de octubre de 2021 comenzó por precisar que el
cuestionamiento objeto de apelación se limitó a reclamar la inaplicación de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado,
por supuestamente desconocer los compromisos convencionales asumidos por
Colombia. Así, el problema jurídico planteado fue el siguiente: «¿es posible aplicar la
excepción de convencionalidad a la muerte del señor Álvaro Rodríguez Portela, ocurrida
el 25 de junio del año 2007 y considerarla un delito de lesa humanidad, y como
consecuencia de ello, no declarar la caducidad a partir de la ocurrencia del hecho?».
3.2. Seguidamente, el tribunal demandado aludió a la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que define los criterios generales para estudiar la caducidad del medio de control
de reparación directa. En lo que interesa, la providencia cuestionada señala lo siguiente:
En esta sentencia, la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, a fin de proferir
sentencia de unificación jurisprudencial, en relación con la caducidad de las pretensiones de
reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad, se encargó primeramente de explicar de
forma detallada como opera el término de caducidad para ejercer la pretensión de reparación
5 SU-573 de 2017.
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Demandante: Leidys Enith Ramírez Zabaleta
directa, y concluyó que, al tomarse como necesario el conocimiento de la conducta dañosa por
parte del afectado para poder ejercer debidamente su derecho a acudir ante la administración de
justicia.
[…]
Este concepto que rige incluso tratándose de asuntos de reparación directa por delitos de lesa
humanidad o de crímenes de guerra, pues el legislador hasta el día de hoy no ha hecho uso de sus
potestades por medio del Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011 para establecer una regla
especial distinta, a excepción del delito de desaparición forzada.
[…]
Así las cosas, la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado finaliza ratificando
que:
El término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible en los eventos
en los que se afectan de manera ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por la configuración de circunstancias que obstaculizan materialmente
el ejercicio del derecho de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones necesarias para
la presentación de la demanda, dentro de las cuales se encuentra la constitución de apoderado
Por ello, el juez de lo contencioso administrativo únicamente debe inaplicar el término de
caducidad de la pretensión de reparación directa cuando encuentre probada la falta de
comparecencia a causa de razones materiales ajenas al interesado, pues el paso del tiempo no
puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia.
3.3. Al decidir el caso concreto, el tribunal demandado consideró que la caducidad
debió contarse desde la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, a partir del 25 de junio de
2007, habida cuenta de que, desde ese momento, los demandantes del proceso de
reparación directa conocieron de la muerte del señor Rodríguez Portela y supieron de la
posible responsabilidad del Estado. Dicha conclusión tuvo sustento en dos pruebas: (i)
el protocolo de necropsia, que señala que la víctima fue reportada por el Ejército Nacional
como dada de baja en combate, y (ii) la queja del 9 de agosto de 2007, formulada ante
la Personería Municipal de Barranco de Loba, por los demandantes del proceso de
reparación directa.
3.4. Además, el tribunal demandado resaltó que en los hechos ocurridos el 25 de junio
de 2007 también falleció el señor Benjamín Ricardo Castro Hoyos y que la familia sí
acudió oportunamente a ejercer la acción de reparación directa. Textualmente, el tribunal
dijo que «si la familia del señor Castro Hoyos pudo presentar la demanda en el año 2008
por los mismos hechos que sirven de fundamento para la que aquí se estudia, no
encuentra la Sala que se deba aplicar la excepción planteada en el recurso».
4. De la respuesta al problema jurídico planteado
4.1. La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada, pues la sentencia del 29
de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado sí resultaba
aplicable y obligatoria para el caso.
4.2. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 señaló los criterios generales
para definir cuestiones relacionadas con la caducidad del medio de control de reparación
directa, con excepción de lo referido a la desaparición forzada. En concreto, las sub
reglas fijadas fueron las siguientes: «i) en tales eventos resulta aplicable el término para
demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición
forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley».
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4.3. La propia Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-312 de 2020, estimó
que la posición fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado resultaba «razonable
y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en
los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad,
un crimen de guerra o genocidio».
4.3.1. Que «el referido plazo es razonable para que las víctimas de violaciones a los
derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la administración de justicia con
el fin de obtener la declaración de responsabilidad de la administración y gestionar el
resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza
a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido
lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el
crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no
es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado
de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública
y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva».
4.4. Ahora, en cuanto a los efectos temporales de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, conviene decir que la Sección Tercera del Consejo de Estado nada dijo
al respecto. Luego, en principio, se entiende que esa decisión tiene efectos
retrospectivos, es decir, que resulta aplicable para todos los casos que se encuentren en
discusión. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-406 de 2016, explicó
que “el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre
implica una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de
determinada disposición y que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del
precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho
sustancial o procesal, según sea el caso”.
4.4.1. De modo que, contra lo alegado por la parte actora, a pesar de que cuando se
presentó la demanda de reparación directa no se había expedido la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2022, lo cierto es que sí resultaba aplicable porque
precisamente el caso propuesto por la parte actora se encontraba en discusión. Además,
la Sala encuentra que el tribunal demandado aplicó correctamente las reglas fijadas en
la sentencia de unificación, pues, en primer término, tuvo en cuenta el conocimiento del
daño alegado y, además, verificó si existía alguna imposibilidad material que les hubiese
impedido acceder a la administración de justicia. Otra cosa es que ese análisis no
hubiese resultado favorable a la demandante, habida cuenta de que no se encontró
procedente aplicar algún tratamiento excepcional.
4.5. Por último, la Sala considera que la sentencia de tutela del 30 de abril de 2021,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no compromete la
aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, pues las sentencias
de unificación del Consejo de Estado resultan obligatorias para los jueces y tribunales
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Conforme con el artículo 237-1 de la
Constitución Política, el Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo. De hecho, desconocer las sentencias de unificación derivaría en la
vulneración de los principios como la igualdad y la seguridad jurídica6.
4.6. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: a quo sí acertó al denegar la tutela
formulada por la señora Leidys Enith Ramírez, por considerar que la providencia del 15
de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, no incurrió en
6 En el mismo sentido, la Sala se pronunció en sentencia del 22 de octubre de 2020 (expediente 11001-03-15-000-
2020-03816-00).
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desconocimiento del precedente judicial obligatorio. Por consiguiente, será confirmada
la sentencia impugnada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
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