Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04321-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04321-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04321-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04321-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
31 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial proferida en el marco de un proceso
disciplinario / Se declara la improcedencia de la solicitud de amparo, pues no se
encuentra acreditado el requisito procesal de legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Efraín Tirado
Bedoya contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2021 por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en el marco del proceso disciplinario de radicado No.
1001-01-02-000-2020-01069-00, el cual se adelantó en contra de los magistrados que
componen la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 8 de agosto de 2022 el señor Triado Bedoya interpuso –en nombre propio– una
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. En su concepto, dichas garantías
constitucionales fueron vulneradas por la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2021
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el marco del proceso de radicado No.
1001-01-02-000-2020-01069-00. Mediante esa providencia, la autoridad judicial
1
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
accionada dio por terminada la actuación disciplinaria adelantada en contra de los
magistrados que componen la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín (a saber, los
señores Nelson Saray Botero, Hender Augusto Andrade Becerra y Santiago Apráez
Villota) y ordenó su archivo definitivo.
2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcribe):
<<Ruego al honorable Consejo de Estado que, en protección a los derechos
fundamentales que se aducen como vulnerados, se decrete la NULIDAD de la decisión
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que resolvió mediante acta del 24 de
noviembre de 2021 (que sólo me fue notificado el día 9 de febrero de 2022) la terminación
de la actuación disciplinaria y el archivo definitivo del proceso disciplinario que se
tramitaba en contra de los doctores Nelson Saray Botero, Hender Augusto Andrade
Becerra y Santiago Apráez Villota, en calidad de magistrados del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín – Sala Penal, radicado 11001-01-02-000-2020-01069-00, en
etapa de indagación preliminar.
Ruego que se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL que
continúe con la investigación disciplinaria bajo las siguientes orientaciones:
• Respetando los principios que rigen la función judicial consagrados en el artículo 228 y
230 de la Constitución y motivando en debida forma las decisiones que profiera en la
investigación disciplinaria con radicado 11001-01-02-000-2020-01069-00.
• Valorando la prueba conforme a los postulados de la sana crítica consagrados en el
artículo 141 de la ley 734 de 2002.
• Respetando los derechos fundamentales del quejoso fundamentales al debido proceso
y al derecho de acceso a la administración de justicia y a sus expectativas de búsqueda
de la justicia, verdad material, la garantía y efectividad de los principios, derechos y
deberes, y la vigencia de un orden justo (sentencia C 293 de 2008 Corte
Constitucional)>>.
B. Hechos
3.- El 14 de noviembre de 2017 el Juzgado Catorce Penal Municipal con funciones de
control de garantías de Medellín le imputó cargos al señor Tirado Bedoya como posible
autor del delito de cohecho por dar u ofrecer. Luego de que se surtieran las demás etapas
del proceso penal, en audiencia del 19 de mayo de 2019 el Juzgado Primero Penal del
Circuito con funciones de conocimiento de Medellín emitió sentido del fallo condenatorio
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
y ordenó la detención preventiva del sindicado en un establecimiento carcelario. Frente
a esta decisión, el señor Tirado Bedoya interpuso un recurso de apelación.
3.1- El 10 de febrero de 2020 el señor Tirado Bedoya presentó una solicitud de libertad
provisional. Argumentó que no era procedente ordenar su captura mientras no existiera
en su contra una sentencia condenatoria en firme, pues lo cierto es que durante el trámite
de la primera instancia no fue detenido de manera preventiva. Lo anterior, en virtud del
principio de favorabilidad y del numeral 2 del artículo 188 de la Ley 600 de 2000, el cual
dispone que <<si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la
captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo
que durante la actuación procesal se hubiera proferido medida de aseguramiento
de detención preventiva>>.
3.2.- La solicitud de libertad provisional fue desatada de forma desfavorable por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín en auto del 17 de febrero de 2020, y por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín en auto del 28 de abril de 2020.
Inconforme con la manera como estas autoridades judiciales aplicaron el principio de
favorabilidad, el señor Tirado Bedoya interpuso una acción de tutela en contra de las
mencionadas providencias.
3.3.- Si bien en sentencia del 26 de mayo de 2020 la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia no concedió el amparo deprecado, en sentencia del 30 de julio de
2020 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sí accedió a las
pretensiones de la acción de tutela. En efecto, tras constatar que la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín no se pronunció respecto a la aplicación del principio de
favorabilidad, le ordenó desatar nuevamente la solicitud de libertad provisional elevada
por el accionante.
3.4.- El 5 de agosto de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín profirió un
auto de reemplazo en el que señaló que no era procedente ordenar la liberación del
accionante de conformidad con el numeral 2 del artículo 188 de la Ley 600 de 2000 y en
aplicación del principio de favorabilidad, pues durante la actuación penal de primer grado
el señor Tirado Bedoya sí fue afectado con medida de aseguramiento. Frente a esto, el
actor interpuso un incidente de desacato en el que alegó que en ningún momento fue
privado de la libertad.
3.5.- Luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia requiriera
a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín con ocasión del incidente de desacato,
3
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
este profirió un auto el 18 de noviembre de 2020, en el que reconoció el señor Tirado
Bedoya no fue objeto de una medida de aseguramiento y que, por consiguiente, sí era
procedente ordenar su liberación en virtud del inciso 2 del artículo 188 de la Ley 600 de
2000.
3.6.- En noviembre de 2020 el señor Tirado Bedoya presentó una queja disciplinaria ante
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la que
aseguró que los magistrados que componen la Sala Penal del Tribunal Superior de
Medellín –los señores Nelson Saray Botero, Hender Augusto Andrade Becerra y
Santiago Apráez Villota– incurrieron en el delito de prevaricato por acción. Lo anterior,
en la medida en que no acataron la orden emitida en el fallo de tutela proferido el 30 de
julio de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, erraron al no
otorgar la libertad deprecada bajo el falso pretexto de que el accionante fue afectado con
medida de aseguramiento y profundizaron en la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.
3.7.- En sentencia del 24 de noviembre de 2021 la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial declaró la terminación y el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada contra los señores Nelson Saray Botero, Hender Augusto Andrade Becerra
y Santiago Apráez Villota (en virtud de los artículos 73 y 210 de la Ley 734 de 2002).
Para motivar esta decisión, la autoridad accionada estableció lo siguiente:
<<[S]i bien le asiste razón al quejoso, respecto a que en la decisión del 5 de agosto de
2020, los magistrados indagados incurrieron en un error al momento de sustentar
la decisión de negar la libertad requerida, bajo la tesis que el señor Tirado Bedoya
ostentó una medida de aseguramiento, cuando ello no era así, lo cierto es que, aquellos
corrigieron esa irregularidad en la providencia del 18 de noviembre de ese año, en
la cual, además de anotar que, en efecto, el quejoso nunca fue objeto de esa
medida, accedieron a la alzada y revocaron la decisión recurrida, analizando, como
se lee de los apartes citados de la providencia, el principio de favorabilidad con el fin de
cumplir a cabalidad la orden de tutela dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia>>.
3.8.- De forma paralela, el 22 de mayo de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de
Medellín encontró responsable al señor Tirado Bedoya del delito de cohecho por dar y
ofrecer, por lo que confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia. El accionante
interpuso un recurso extraordinario de casación contra esa decisión, el cual está
pendiente de ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El actor afirma que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un yerro
por violación directa a la Constitución, pues no solo vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sino que desconoció <<sus
expectativas de búsqueda de la justicia, verdad material, garantía y efectividad de los
principios y vigencia del orden justo>>. Para sustentar este punto plantea tres reproches:
4.1.- En primer lugar, alega que la autoridad accionada incurrió en un defecto por
indebida valoración probatoria al concluir que los magistrados de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín incurrieron en un <<error involuntario>> cuando negaron
la solicitud de libertad provisional bajo el pretexto de que el señor Tirado Bedoya sí había
sido afectado con medida de aseguramiento. Aduce que, en tanto que las pruebas
allegadas al expediente disciplinario indican que en diversas oportunidades se les aclaró
a los magistrados que el accionante no fue privado de la libertad, resulta <<difícil de
creer>> que estos simplemente cometieron un error al afirmar lo contrario en el auto del
5 de agosto de 2020. A su juicio, <<resulta más probable concluir que los magistrados
pretendían sustraerse del cumplimiento del fallo a través de un argumento falso, que
creerles que en un momento creyeron que contra Efraín Tirado Bedoya había pesado
una medida de aseguramiento>>.
4.2.- Con base en lo anterior, manifiesta que la indagación preliminar no debió haber sido
archivada, pues el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 establece que solo se puede
proceder al archivo cuando <<aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido
no existió>> y, en este caso, lo que está demostrado es que los magistrados denunciados
debieron acceder a la solicitud de libertad provisional porque sabían que contra del señor
Tirado Bedoya no pesaba medida de aseguramiento alguna.
4.3.- En segundo lugar, argumenta que, al aceptar que los magistrados de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Medellín cometieron un error involuntario, la autoridad accionada
concluye que estos incurrieron en una acción antijurídica a título de culpa. Sin embargo,
lo cierto es que la categoría dogmática de la culpa no haya sido analizada en la decisión
objeto de reproche: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solo se dio a la tarea de
descartar la presencia de una conducta dolosa para dar por terminada y archivar la
indagación preliminar, sin tener en cuenta que la conducta pudo haber sido culposa.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
4.4.- En tercer lugar, señala que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en
un vicio por falta de motivación, toda vez que no se pronunció frente a uno de los hechos
que fueron denunciados. Asegura que en su queja disciplinaria denunció que la sentencia
condenatoria de segundo grado no obedeció a una valoración probatoria imparcial y que
<<está atiborrada de inconsistencias y falta de motivación frente a los planteamientos de
la defensa técnica y material>>; no obstante, nada se dijo al respecto en la decisión
atacada.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (accionada) solicita que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo, pues, a su juicio, el accionante la presentó con
el propósito de reabrir asuntos que ya fueron zanjados ante la jurisdicción disciplinaria y
de obtener una instancia adicional para ventilar su inconformidad. Así mismo, asegura
que con la decisión del 24 de noviembre de 2021 no se vulneró derecho fundamental
alguno y que, por el contrario, se respetaron todas las garantías procesales del quejoso.
Finalmente, afirma que la acción de tutela no satisface el requisito general de inmediatez,
pues <<según constancia secretarial, el sujeto activo solo hasta el sexto mes procedió a
radicar la acción de tutela>>.
6.- Los señores Nelson Saray Botero, Hender Augusto Andrade Becerra y Santiago
Apráez Villota, en calidad de magistrados del Tribunal Superior de Medellín (terceros con
interés) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente) a pesar de
haber sido debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
7.- La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Tirado Bedoya, pues encuentra que este carece de legitimación en la causa por activa
para cuestionar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2021 por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. Lo anterior, porque no ostentó la calidad de sujeto
procesal dentro del trámite disciplinario que culminó con esa decisión, sino obró como
quejoso.
E. El accionante carece de legitimación en la causa por activa
8.- Si bien todos los ciudadanos están facultados para elevar quejas disciplinarias cuando
estiman que determinado funcionario judicial incurrió en una falta, lo cierto es que la
6
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
acción disciplinaria no se erigió para salvaguardar los derechos o los intereses del
quejoso, sino para propender por una adecuada administración de justicia; es por esta
razón que quien presenta la queja no puede intervenir dentro del trámite en calidad de
sujeto procesal. En efecto, el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 establece que en la
actuación disciplinaria solo pueden intervenir como sujetos procesales el investigado, su
defensor y el Ministerio Público. Así mismo, respecto a las atribuciones del quejoso
dentro del trámite disciplinario, el parágrafo del artículo 90 de la mencionada ley dispone:
<<la intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la
gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la
decisión de archivo y el fallo absolutorio>>.
8.1.- Siendo así, esta Corporación ha determinado –en diversas oportunidades1– que
quien actúa como quejoso dentro del proceso disciplinario carece de legitimación en la
causa por activa para presentar acciones de tutela en contra de las decisiones que se
dictan en el marco de dicho proceso. Lo anterior, en tanto que, si el quejoso no hace
parte del trámite, no es dable concluir que las decisiones proferidas dentro del mismo
tienen la identidad suficiente para afectar el goce de sus derechos fundamentales. En
otras palabras: así la decisión disciplinaria atacada se hubiere proferido sin observancia
a las garantías constitucionales, lo cierto es que el quejoso no es el titular de dichas
garantías y, por consiguiente, no puede impetrar una acción de tutela con el fin de
obtener su amparo.
8.2.- Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el señor Tirado Bedoya obró
como quejoso dentro del proceso disciplinario que se adelantó contra los magistrados
que componen la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, a saber: los señores
Nelson Saray Botero, Hender Augusto Andrade Becerra y Santiago Apráez Villota. Por
ende, es posible concluir que carece de legitimación en la causa por activa para
interponer una acción de tutela contra la providencia del 24 de noviembre de 2021, por
medio de la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dio por terminado el trámite
y ordenó su archivo.
8.3.- Ahora bien, tal como se mencionó en líneas anteriores, el parágrafo del artículo 90
de la Ley 734 de 2002 le otorga al quejoso la facultad de <<recurrir la decisión de
1
Por ejemplo, en los fallos proferidos (i) el 28 de agosto de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado (rad.
11001-03-15-000-2019-03676-00. C.P. Rocío Araújo Oñate); (ii) el 3 de octubre de 2019 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2019-03946-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez); (iii) el 20 de
noviembre de 2019 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2019-
03946-01. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico); (iv) el 28 de mayo de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2019-05072-0. C.P. William Hernández Gómez); (v) entre muchos otros.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
archivo>> y, en este caso, la acción de tutela está encaminada a dejar sin efectos la
providencia por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo del proceso disciplinario
que inició con la queja del señor Tirado Bedoya. Por consiguiente, el actor podría estar
legitimado para cuestionar –a través de una acción de tutela– la providencia del 24 de
noviembre de 2021, toda vez que la ley sí parece habilitarlo para intervenir frente a la
decisión de archivo.
8.4.- Sin embargo, la Sala advierte que las decisiones de única instancia proferidas por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –como la que ocupa a la Sala en virtud del
artículo 112 de la Ley 270 de 19962– no son susceptibles de ser recurridas, de
conformidad con los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, que disponen que dichas
decisiones cobran ejecutoria de manera inmediata (esto es, al momento de su
suscripción)3. Así las cosas, teniendo en cuenta que el quejoso no puede intervenir en
trámite disciplinario ni siquiera para interponer un recurso en contra de la decisión de
terminación y archivo, mal haría la Sala en permitirle acudir a la acción de tutela con ese
fin. Por esta razón, declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
legitimación en la causa por activa.
8.5.- Adicionalmente, la Sala encuentra que al señor Tirado Bedoya no se le vulneraron
sus derechos fundamentales: en tanto que su queja disciplinaria fue tramitada de forma
adecuada y con observancia al debido proceso, se encuentran satisfechas las garantías
constitucionales a la verdad y a la justicia, por lo que no tiene asidero que el actor las
reclame en sede de tutela. Por lo demás, para esta Sala es evidente que el accionante
no tiene <<derecho>> a que los magistrados denunciados sean condenados y, mucho
menos, tiene un <<derecho fundamental>> a que ello suceda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
2
Este artículo dispone que le corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
<<conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los
Tribunales>>.
3
Cabe anotar que esta postura fue respaldada por la Corte Constitucional en la sentencia T- 637 de 2012 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva): <<el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria considera que contra los fallos de
única instancia dentro de los procesos disciplinarios adelantados contra funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial
no procede recurso alguno, pues esto se encuentra regulado en un acápite especial dentro de la Ley 734 de 2002,
específicamente en el artículo 205 que señala que la sentencia de única instancia quedará ejecutoriada en el momento
de la suscripción. Esta Sala de revisión considera que la interpretación realizada por el Consejo Superior de la
Judicatura no es arbitraria y se encuentra suficiente y razonablemente justificada>>.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04321-00
Accionante: Efraín Tirado Bedoya
Se declara la improcedencia
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación por activa del señor Efraín Tirado
Bedoya por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.