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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04329-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04329-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros, al no superar el requisito de inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. ! 16 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010. 17 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. (…)». ! )! Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ! Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00 Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04329-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de septiembre de 2022

!

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: MARIETA DE JESÚS CASTAÑEDA MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA
MIXTA

Temas: Tutela contra providencia judicial - declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez1

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Marieta de Jesús
Castañeda Martínez y otros de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y 333 de 2021, y
con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Marieta de Jesús Castañeda Martínez, Alexac Niño Martínez, Yessica
Lorena Osorio Tamayo y Yonatan Niño Martínez quien actúa en representación de
su hijo menor de edad Samuel Alexander Niño Osorio, todos por intermedio de
apoderado judicial, con escrito enviado el 6 de agosto de 20222, presentaron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta
con el fin de que se les amparen sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso.

Las mencionadas garantías las consideraron transgredidas con ocasión de la
sentencia de 29 de noviembre de 2021, por medio de la cual el tribunal accionado
revocó el fallo de 31 de octubre de 2017, en el que el Juzgado Sexto (6º)
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín había accedido a las pretensiones
del medio de control de reparación directa identificado con el radicado Nº. 05001-
33-33-006 2016-00895-01 que interpusieron los tutelantes contra la Nación -
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.
!
1
Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 19 de noviembre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2020-04289-00, M.P.
Rocío Araújo Oñate; y fallo de 12 de mayo de 2022, expediente No. 11001-03-15-000-2022-01726-
00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2
La demanda se entiende que se presentó el 6 de agosto de 2022, ya que la recepción al
aplicativo web SAMAI del mensaje de datos que contiene el escrito de tutela, fue el 5 de agosto de
2022 a las “19:59:20”.!
!
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

1.2. Hechos

Del expediente de tutela se destacan los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia.

• Se indicó que el señor Julio Cesar Niño y otros3 presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, por la presunta privación injusta de la libertad que padeció el primero en
mención, con ocasión del proceso penal adelantado por el delito de concierto para
delinquir agravado que concluyó con sentencia absolutoria.

• El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado Sexto (6º)
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que en sentencia de 31 de octubre
de 2017 accedió a las pretensiones del medio de control, al implementar el
régimen objetivo de responsabilidad y al establecer que la libertad se dio en
aplicación del principio in dubio pro reo, lo que a su juicio constituía “una razón
suficiente para que no exista duda acerca de la responsabilidad de las hoy demandadas
en los perjuicios que le fueron irrogados a la parte actora”. Decisión que las partes
recurrieron en apelación.

• En segundo grado, el 29 noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Quinta Mixta, revocó lo dispuesto por su a quo al considerar que
si bien la determinación de absolución se originó en la aplicación del principio in
dubio pro reo, ello “no permite derivar responsabilidad, en la medida que existieron
hechos que se encuentran debidamente probados en los que se edificó la vinculación del
reclamante a las diferentes etapas del proceso penal”.

• La sentencia de segunda instancia fue notificada el 3 de diciembre de 2021 y la
presente acción constitucional se radicó el 6 de agosto de 2022.

1.3. Fundamentos de la solicitud

Los demandantes consideraron que la autoridad judicial accionada trasgredió sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso al desconocer el
precedente jurisprudencial fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que se refiere a la implementación del régimen objetivo cuando en la demanda
contenciosa se imputa la responsabilidad estatal por privación injusta de la
libertad4.

!
3
La parte demandante se encontró integrada por los señores Julio Cesar Niño Martínez, Marieta
de Jesús Castañeda Martínez, Alexac Niño Martínez, Yessica Lorena Osorio Tamayo, y Yonatan
Niño Martínez, quien obró en nombre propio y en representación del menor Samuel Alexander
Niño Martínez.
4
Los accionantes citaron extractos de las siguientes sentencias: “CONSEJO DE ESTADO, SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejera
ponente: OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ, Radicación número: 25000-23-26-000-1998-01453
01(22872), (…) veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) (…) SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero ponente (E): DANILO
ROJAS BETANCOURTH Bogotá D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013).
Radicación número: 18001-23-31-000-1998-00147-01(24672) (…) CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B” Consejero
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

Además, los tutelantes hicieron alusión a que “el Consejo de Estado (sic) ha
vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, desarrollados
constitucional y legalmente” y en consecuencia procedió a citar los artículos 13 y 29
de la Constitución Política y el numeral 2º del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011.

1.4. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela fueron las siguientes:

“5.1. Solicito se Tutele los Derechos Fundamentales al a la igualdad y al
debido proceso de mis poderdantes y en consecuencia se revoque la
sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta del 1 de
diciembre de 2021, mediante la cual la Magistrada ponente doctora SUSANA
NELLY ACOSTA PRADA y los Magistrados que conforman, deciden revocar la
sentencia recurrida y negar las pretensiones rogadas, en desconocimiento de
los derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad de los
demandantes.

5.2. Como consecuencia de lo anterior ruego que:

5.2.1. Ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, dentro del proceso
radicado número 05001-33-33-006-2016-00895-01.

5.2.2. Declare que respecto de la demanda promovida por JULIO CESAR
NIÑO MARTINEZ y OTROS, concurren elementos de responsabilidad objetiva
y que por tal debe el fallador realizar el análisis del caso con respeto del
precedente jurisprudencial sobre la materia.” (Negritas del texto original y
sic a toda la cita).

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 11 de agosto de 2022, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a los tutelantes y como accionado al Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta. Asimismo, como terceros con
interés en las resultas del proceso, vinculó al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín [autoridad judicial que conoció en primera instancia el
proceso ordinario de la referencia], a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación [parte demandada en el proceso ordinario objeto de reproche], y al señor
Julio Cesar Niño Martínez [quien conformó la parte accionante del proceso de
reparación directa].

Al respecto, el apoderado de los demandantes informó que el señor Julio Cesar
Niño Martínez lamentablemente falleció el 17 de octubre de 2020; razón por la
cual, procedió a aportar copia digitalizada del registro de defunción que acreditaba
tal circunstancia.

1.6. Contestaciones

!
Ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince
(2015) Expediente: 36390 Radicación: 270012331000200400683 01 (…).”
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Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

Surtidas las notificaciones correspondientes fueron allegados los siguientes
informes.

1.6.1. El Juzgado Sexto (6º) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
por intermedio del funcionario ponente de la sentencia de primera instancia del
proceso de reparación directa Nº. 05001-33-33-006 2016-00895-01, precisó que
no profirió “decisiones que vulneren los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, debido a que se sustentaron en las pruebas que obraban en el expediente y
bajo el análisis de las conductas desplegadas por el mismo a lo largo de las etapas
procesales”.

1.6.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de un profesional experto
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, requirió que se declarara
improcedente este asunto, por cuanto no se cumplen las causales generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, a pesar de que tenía la carga de
la prueba; y porque el fallo es acorde con el precedente jurisprudencial.

Al respecto, señaló que en este caso no se superó el requisito de inmediatez,
comoquiera que el mecanismo se interpuso “pasados ocho (8) meses después de que
cobró firmeza la decisión judicial donde se negaron las pretensiones de la demanda de la
acción de reparación directa”.

Además, advirtió que no se acreditó el presupuesto de la subsidiariedad, sin
precisar cuál fue el mecanismo ordinario o extraordinario que se dejó de usar.

1.6.3. La Nación – Rama Judicial, por conducto de apoderada de esa entidad,
pidió que se declare “improcedente la presente acción Constitucional, teniendo en
cuenta que las decisiones que soportaron la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, se dictó bajo la postura jurisprudencial Corte Constitucional Sentencias C-037
de 1996 y SU-072 de 2018, no existiendo defecto material o sustantivo, ni violación a
derechos fundamentales” (sic a toda la cita).

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en el evento de superar los requisitos de
procedibilidad adjetiva, si en el caso concreto se presenta una vulneración a los
derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta, como autoridad judicial accionada

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que puso fin al proceso, con ocasión de la sentencia proferida en segunda
instancia el 29 de noviembre de 2021.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso en
concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar los reparos contra las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, ante la posible configuración de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.

!
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por los tutelantes ante la notoria tensión entre los
derechos fundamentales invocados y la decisión judicial objeto de reproche, por lo
que la Sala superará esta causal, y pasará a verificar si se cumplen los demás
presupuestos generales de procedibilidad.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia que los derechos
fundamentales que subyace en el sub lite, tienen rango constitucional, lo que
implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de reparación directa identificado
con el Nº. 05001-33-33-006 2016-00895-01.

2.4.3. No obstante lo anterior, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación
se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable9, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo10.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección11 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección, y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, los accionantes en su solicitud de tutela pretenden
que se deje sin efectos la sentencia de 29 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta, luego este requisito debe
estudiarse a la luz de la ejecutoria de esta providencia que puso fin al proceso.

!
9 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del
26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015,
Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
11 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

Al respecto, la Sala encontró que:

• La sentencia de 29 de noviembre de 2021, del Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Quinta Mixta, se notificó al correo electrónico de las partes.
• Dicha notificación se realizó el 3 de diciembre de 2021, como se puede
evidenciar en la página web de la Rama Judicial12 y en el expediente
digitalizado del proceso Nº. 05001-33-33-006 2016-00895-01.
• La ejecutoria de la mencionada providencia operó el 13 de diciembre de
2021.
• La solicitud de tutela se radicó el 6 de agosto de 202213.

Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 6 de agosto de 2022, la
Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la respectiva
providencia, un término superior a 6 meses, particularmente casi 8 meses, lo
cual desatiende el plazo que tanto la Corte Constitucional como esta Sala han
considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se precisa que, a juicio de este Juez Colegiado, controvertir una
providencia judicial, supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica, lo cual impone al interesado que se haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar y
demostrar a la parte accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será
procedente “[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los

!
12
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
13
Se advierte que la demanda se entiende que se presentó el 6 de agosto de 2022, ya que la
recepción del mensaje de datos que contiene la demanda de tutela al aplicativo web SAMAI fue el
5 de agosto de 2022 a las “19:59:20”.!
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
!
(!
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”16.

De lo anterior se concluye en primer lugar que el estudio sobre el requisito de la
inmediatez frente al caso de las tutelas contra providencias judiciales resulta ser
estricto y basta con que la decisión que se señala como vulneradora de derechos
fundamentales sea conocida en razón de la efectiva notificación, y se encuentre
ejecutoriada para que la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el
amparo de sus garantías.

Ahora bien, resulta pertinente destacar que en este caso los demandantes no
hicieron alusión a la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable o un motivo
válido para justificar su inactividad que permita habilitar la competencia
excepcionalmente del juez constitucional como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales17.

2.5. Conclusión

En consecuencia, como en el presente asunto no se advierte ninguna explicación
válida para el ejercicio de la acción constitucional por fuera del tiempo proporcional
y razonable adoptado por esta Corporación y la Corte Constitucional; se declarará
la improcedencia de la solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros, al no superar el requisito de
inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
!
16
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
17
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. (…)».
!
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04329-00
Demandantes: Marieta de Jesús Castañeda Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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