Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04332-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04332-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04332-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: RAMÓN DAVID JIMÉNEZ OCHOA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Ramón David Jiménez
Ochoa contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 9 de agosto de la presente anualidad1, el señor Ramón David Jiménez Ochoa
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque
consideró vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la sentencia proferida el 9 de febrero de 2022, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-012-2020-00327-01.
Formuló las siguientes pretensiones:
1 La Sala advierte que, el 26 de agosto de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1. Se declare que el Tribunal Administrativo de ANTIOQUIA – Sala Primera de
Decisión, integrada por los magistrados JORGE LEON ARANGO FRANCO
DANIEL MONTERO BETANCUR VANESSA ALEJANDRA PEREZ
ROSALES, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
MINIMO VITAL, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA de la accionante con la decisión contenida en la sentencia del 9 DE
FEBRERO DE 2022 proferida dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho incoada por la Docente RAMON DAVID
JIMENEZ OCHOA contra La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,
bajo radicado 05001-33-33-012-2020-00327- 01.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, integrada por los
Magistrados JORGE LEON ARANGO FRANCO, DANIEL MONTERO
BETANCUR,VANESSA PEREZ ROSALES; dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al
precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante
Sentencia Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019 proferida
por la Sección Segunda, es decir reconociendo la prima de junio establecida
en el artículo 15 numeral 12 literal b de la ley 91 de 1989 .
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y de los documentos allegados al expediente, la Sala extrae
los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
El señor Ramón David Jiménez Ochoa presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se le
reconociera la prima establecida en el artículo 15, numeral 2, literal b de la Ley 91
de 1989.
El Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín mediante sentencia del 29 de
junio de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y, como consecuencia,
ordenó el reconocimiento y pago a favor del señor Ramón David Jiménez Ochoa de
la prima de mitad de año, a partir del 24 de septiembre de 2015.
La sentencia fue apelada por la demandada y el Tribunal Administrativo de
Antioquia la revocó mediante providencia del 9 de febrero de 2021.
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Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora indicó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia pues incurrió en un defecto
sustantivo por interpretación errónea del artículo 1º, inciso 8º del Acto Legislativo 01
de 20052, adicionalmente, desconoció el precedente jurisprudencial establecido en
la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril de 2019 dictada por la
Sección Segunda de esta Corporación, se expidió con abuso del derecho y falta de
motivación, al negar el reconocimiento de la prima de medio tiempo de que trata el
artículo 15, numeral 2, literal b de la Ley 91 de 19893.
Frente al defecto sustantivo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia al
aplicar el inciso 8º del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 20054, paso por alto que
la prima de medio año de que trata el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no se puede
equiparar a una mesada pensional adicional, «el hecho de que para su monto se
haya establecido que equivale a una mesada pensional, no varía su naturaleza de
prima» tal como se determinó en la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019
dictada por la Sección Segunda de esta Corporación.
Como apoyo de sus argumentos citó apartes de las sentencias C-409 de 1994, C–
465 de 1995 y C-506 de 2006 dictadas por la Corte Constitucional, adicionalmente
2 Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.
3 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. «Artículo 15. A partir
de la vigencia de la presente ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
… Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para
aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley,
se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional».
4 «Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto
Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la
pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento».
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
aludió a la sentencia de 10 de agosto de 2011 dictada por el Consejero Luis
Fernando Álvarez Jaramillo, no obstante, no mencionó su radicado.
Sostuvo que la autoridad judicial demandada efectuó una interpretación equivocada
y aplico erróneamente el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 «ocasionando un
abuso del derecho, pues se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas de los
regímenes pensionales preconstitucionales, para fines o resultados incompatibles por el
ordenamiento jurídico. Lo anterior sin llegar a determinar que existió alguna conducta ilícita,
sino del empleo de una interpretación de la ley contraria a la Ley y la Constitución».
Concluyó que la autoridad judicial hizo un análisis básico y solo verificó la fecha de
status pensional y conversión de la mesada pensional a salarios mínimos, con
fundamento en el inciso 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 que
eliminó la posibilidad de percibir más de 13 mesadas pensionales durante un año,
sin realizar un análisis completo de esta norma, la cual protegió los regímenes
especiales entre ellos, el de los docentes.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 16 de agosto de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, como terceros con interés, al
ministro de Educación Nacional y al representante legal del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Así mismo, se ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Ministerio de Educación a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
solicitó su desvinculación, toda vez que los derechos fundamentales reclamados por
la parte actora no han sido transgredidos por esta entidad.
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
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II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20125, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.
Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.
5 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
5
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Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos6, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
6 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
7
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providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».
Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.
2. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala deberá analizar si la presente solicitud de amparo cumplió
con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
Solo en el evento de superarlos, se descenderá al análisis de fondo, a fin de
establecer si se configuraron o no los defectos endilgados a la providencia de 9 de
febrero de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
3. Análisis de la Sala
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que el señor Ramón David Jiménez Ochoa alegó
que la providencia del 9 de febrero de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia, derechos tradicionalmente
relevantes en la institución de la acción de tutela, en un asunto pensional en el que
se discute la aplicabilidad de una norma y un precedente judicial.
8
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Además, se tiene que, tal como la ha venido sosteniendo esta Subsección, aunque
podría tratarse de una instancia adicional, en casos como el presente procede el
análisis de fondo de los cargos propuestos —que generalmente se refieren al
defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente—, justamente por tratarse
de asuntos pensionales que cuentan con una línea de decisión decantada 7.
3.1.2. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el hoy
accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la última providencia fue proferida el 9 de
febrero de 2022, notificada el mismo día8, mientras que la demanda de tutela fue
presentada el 9 de agosto de 2022, esto es, dentro de los seis meses, término que
resulta razonable.
3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, pues se agotaron los recursos disponibles en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.1.4. Finalmente, las providencias cuestionadas no fueron proferidas en un
proceso de tutela.
Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, corresponde a la Sala estudiar
los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias
judiciales.
3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora
7 Ver, entre muchas otras, la sentencia del 3 de abril de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente número: 11001-03-15-000-2020-00605-00, demandante: Xiomara Trespalacios Almanza.
8 Según información registrada en el sistema de consulta de procesos de la página web de la Rama
Judicial.
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Conviene precisar que, aunque el accionante alegó que la sentencia censurada
incurrió en defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente, abuso del
derecho y falta de motivación, también lo es que para sustentar esos defectos se
plantearon argumentos comunes. Por tanto, la Sala realizará un análisis conjunto
del tema, a partir de los presupuestos del defecto sustantivo y por desconocimiento
del precedente.
3.2.1. Del defecto sustantivo
Lo primero que conviene decir es que, en general, el defecto sustantivo es una
forma auténtica de violación directa de la ley (norma), que, a su vez, ocurre por falta
de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea.
Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador ignora
su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución del
caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta la existencia
ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el
espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree,
equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento
típico de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de
que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en
la parte resolutiva de la sentencia.
La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto jurídico, que se
hace valer, se aplica, a pesar de no ser pertinente para resolver el asunto que es
objeto de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no
se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.
Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando la norma que se aplica es la
que regula el asunto por resolver, pero el juzgador le da un alcance errado y así, la
aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido que no
le corresponde.
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En el mismo sentido, la Corte Constitucional considera que el defecto sustantivo se
presenta cuando9: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al
caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la
ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se
hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se
hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son
necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al
caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma
en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la
que se aplicó.
3.2.2. Del desconocimiento del precedente jurisprudencial
El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar
precedentes 10 , al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una
norma o resuelve un problema jurídico específico y el juez, en un caso semejante
que se presenta con posterioridad, afronta la situación desconociendo que en dicho
pronunciamiento se definió, en principio de manera vinculante, el alcance de la
disposición aplicable o se fijó una regla para resolver esa clase de problemas
jurídicos. En estos casos, entonces, la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de
otros principios básicos del orden constitucional.
Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría de
los precedentes 11, se tiene que para identificarlos, es preciso realizar un análisis
técnico de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el
decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la
sentencia, aquello que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo
9 Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
10 Sentencia T-534 de 2017 de la Corte Constitucional.
11 Sentencia T-292 de 2006.
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de pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o
efecto inter partes 12 . Por su parte, la ratio decidendi «corresponde a aquellas
razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del
sentido de la decisión y de su contenido específico»13 o, en su definición original, a
la «formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la
base de la decisión judicial»14. Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de
paso»15 en la providencia, esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado
con la decisión»16.
Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga
omnes o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se
impone señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro
ordenamiento constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima, y de amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza
vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas
anteriores17. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente
se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un caso»18.
De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada
como ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene
que, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la
sentencia T-292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se
deben tener en cuenta factores como que: i) «En la ratio decidendi de la sentencia
se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii)La ratio
debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a
12 En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.
13 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
14 Corte Constitucional, sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-1300 de 2001. Ver también entre otras, la sentencia SU-047
de 1999.
16 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
17 Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de
2011 de la Corte Constitucional.
18 Corte Constitucional, sentencia T-960 de 2001.
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una cuestión constitucional semejante, iii)Los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de
derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será
razonable que «cuando en una situación similar, se observe que los hechos
determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado
para no considerar vinculante el precedente».
En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas19:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 20.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
19 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
20 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica» (se
destaca).
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supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente21).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto22.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la
garantía de la confianza legítima.
4. Caso concreto
En el presente caso, el señor Ramón David Jiménez Ochoa pretende que se deje
sin efectos la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 05001-33-33-012-2020-00327-01.
Concretamente, la parte actora sostuvo que la citada providencia vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, dado que, la autoridad judicial negó el reconocimiento y
pago de la prima de medio tiempo establecida en el artículo 15, numeral 2, literal b
de la Ley 91 de 1989, i) al equipararla con la mesada adicional de que trata el
artículo 142 de la Ley 100 de 1993 y hacer una interpretación parcial del artículo 8º
del Acto Legislativo 01 de 2005 y, ii) por desconocer la Sentencia de Unificación
SUJ-014-CE-S2 del 25 de septiembre de 2019.
21 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
22 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva»». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Para analizar los cargos referidos, la Sala considera pertinente traer a colación los
fundamentos esbozados en la sentencia censurada, se transcriben in extenso los
argumentos:
La Ley 100 de 1993, en su artículo 142, estableció la mesada adicional o
mesada 14, para que fuera reconocida a todos los pensionados por jubilación,
vejez, invalidez y sobreviviente, la cual consiste en el monto de treinta (30) días
del valor de la pensión a reconocer, que se cancelaría con la mesada del mes
de junio de cada año. Con tope señalado por el parágrafo 1º del artículo 43 del
Decreto 692 de 1994 que no podía exceder de quince salarios mínimos.
Respecto al Régimen Pensional, el Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del
cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política, estableció lo siguiente
respeto a la mesada adicional dispuesta por la ley 100 de 1993:
"ARTÍCULO 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48
de la Constitución Política de Colombia:
(…)
Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas
pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen
todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento.
(…)
PARÁGRAFO TRANSITORIO 6°. Se exceptúan de lo establecido por el inciso
8º del presente artículo aquellas personas que perciban una pensión igual o
inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se
causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas
pensionales al año."
A partir de lo anterior, se halla que, con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo N° 01 de 2005, se estableció que, a partir del 25 de julio de 2005, las
personas que adquirieran el derecho a la pensión recibirían un máximo de trece
mesadas al año, esto es, que no podrán recibir la mesada adicional del mes de
junio o mesada catorce, con la excepción indicada en el parágrafo 6° transitorio,
esto es, aquellos que causaren el derecho antes del 31 de julio de 2011 y su
mesada pensional no supere los tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
De esta norma se obtiene que: a) La continuaran recibiendo quienes al
momento de la publicación del acto legislativo venían pensionados, y su
publicación fue hecha en el diario oficial 45980 del 25 de julio de 2005; b) así
mismo será reconocida a las personas que, aunque no le hubiere sido
reconocida su pensión antes de la publicación, su derecho se hubiera causado
con antelación; c) finalmente, la percibirán las personas que se les hubiere
reconocido pensión antes del 31 de julio de 2011, o que se hubiera causado su
derecho antes de esta fecha, siempre y cuando su mesada pensional sea igual
o inferior a 3 SMLMV. Pero, aquellos cuyo derecho pensional se cause después
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
del 31 de julio de 2011, únicamente recibirán 13 mesadas, independientemente
del monto de la misma.
Respecto de la naturaleza de la prima de mitad de mitad de año, la Corte
Constitucional en sentencia de constitucionalidad 461 de 1995, manifestó lo
siguiente:
“No puede ser admisible que se excluya a un grupo de pensionados de un
beneficio que se otorga a la generalidad del sector y que tiende al desarrollo de
un derecho constitucional, por simples consideraciones subjetivas, que no
encuentran asidero en los principios y valores constitucionales. Como en forma
reiterada lo ha manifestado la Corte, el derecho a la igualdad se traduce en una
garantía que impide a los poderes públicos tratar de manera distinta a quienes
se encuentran en iguales condiciones. En consecuencia, la norma que estudia
la Corte configura una discriminación que atenta contra el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Carta Política. Así las cosas, en la parte
resolutoria de esta sentencia se declarará que el aparte acusado del artículo
279 de la Ley 100 de 1993 es exequible, siempre y cuando se aplique en
consonancia con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta y se asegure a los
maestros vinculados antes del 1° de enero de 1981 al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que no sean acreedores a la pensión de
gracia, un beneficio sustantivo equivalente al pago de la mesada adicional
contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.”
De acuerdo a lo anterior, la prestación concedida en el artículo 15 numeral 2
literal B de la ley 91 de 1989, corresponde a la misma mesada catorce que
consagra la ley 100 de 1993, en su artículo 142, la Corte Constitucional en la
precitada sentencia de constitucionalidad determinó: “En efecto, la Corte
advierte que el beneficio contemplado en el artículo 15, numeral 2°, literal b, de
la Ley 91 de 1989, según el cual los pensionados vinculados al Fondo con
posterioridad al 1º de enero de 1981, "gozarán (...) adicionalmente de una prima
de medio año equivalente a una mesada pensional", puede asimilarse a la
mesada adicional de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.”
Ahora bien, la ley 91 de 1989, en su artículo 15 consagra una serie de reglas
concernientes al régimen prestacional de los docentes, dicho artículo en su
numeral segundo señala lo siguiente:
“2. Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social
conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.”
Expuesto el marco jurídico aplicable al caso bajo análisis, procederá la Sala a
desatar el recurso de apelación sobre la sentencia proferida por el a quo.
4. CASO EN CONCRETO
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la
Resolución No. 2016060073423 de 22 de agosto de 2016, reconoció y ordenó a
favor del señor RAMÓN DAVID JIMÉNEZ OCHOA, el pago de una pensión
mensual vitalicia en cuantía de tres millones cuatrocientos cuarenta mil
quinientos noventa pesos ($3.440.590) efectiva a partir del 25 de septiembre de
2015.
El actor solicitó a la entidad demandada mediante petición de 21 de junio de
2019, el reconocimiento y pago de la prima de mitad de año a la que tiene
derecho, sin obtener respuesta alguna.
Ahora bien, en la sentencia de primera instancia, la Juez accedió a las
pretensiones, considerando que la parte actora cumple con las condiciones
para acceder a la prestación consagrada en el artículo 15 numeral 2 literal b de
la Ley 91 de 1989, y por estimar, que esta prima es diferente a aquellas
mesadas previstas en el Acto Legislativo 01 de 2005 como prohibidas a partir
del 31 de julio de 2011.
En el recurso de alzada, el ente demandado manifiesta que el a quo incurrió en
un error, toda vez que, la prima deprecada sí corresponde a aquellas que tienen
como límite de reconocimiento el 31 de julio de 2011, dado que lo que
propenden es la protección de las mismas contingencias.
De conformidad con lo manifestado, se tiene que la prestación perseguida en la
demanda es la mesada adicional consagrada en el artículo 15 numeral 2º literal
b de Ley 91 de 1989, frente a dicha prestación la Corte Constitucional en la
sentencia C- 461 de 1995, indicó que es asimilable a la establecida en el
artículo 142 de la Ley 100 de 1993; en ese orden de ideas dichas prestaciones
se encuentran limitadas por lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Ahora bien, tal como se indicó en el marco jurídico, el Acto Legislativo 1º de
2005, estableció que, a partir del 25 de julio de 2005, las personas que
adquieran el derecho a la pensión recibirán un máximo de trece mesadas al
año, con la excepción dispuesta en el parágrafo 6° transitorio, esto es, aquellos
que causaren el derecho antes del 31 de julio de 2011 y su mesada pensional
no supere los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para determinar si el demandante, tiene derecho a que se le reconozca la
mesada solicitada, es necesario verificar: i) La fecha de configuración del status
pensional, ii) y que la mesada pensional no exceda de 3 salarios mínimos
mensuales vigentes a la fecha en que se comenzó a percibir la pensión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Frente a lo dicho se tiene que el señor Ramón David Jiménez Ochoa adquirió
su estatus de pensionado el 24 de septiembre de 2015, y la mesada pensional
reconocida mediante Resolución 2016060073423 de 2016, ascendió a la suma
de $3.440.590, es decir, superior a los tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes para ese año, toda vez que el salario mínimo para el 2015 (fecha de
efectividad), fue fijado a través del Decreto 2731 de 2014 en suma equivalente
a $644.350 valor que, al ser multiplicado por 3, equivale a $1.933.050.
De lo anterior, se pude colegir que en el sub examine, es diáfano el
incumplimiento de los dos requisitos para acceder a las prestación de la prima
de medio año equivalente a un mesada pensional consagrada en la Ley 91 de
1989, esto es, el derecho pensional fue reconocido luego del 31 de julio de
2011 y en todo caso, su valor es superior a tres veces el salario mínimo del
momento del reconocimiento pensional.
En este orden de ideas, encuentra la Sala, que la decisión proferida por el
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Medellín, no se ajusta a la
normatividad aplicable, por lo tanto, se REVOCARÁ la sentencia de veintinueve
(29) de junio de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda…
De los apartes transcritos, se observa que el Tribunal consideró que la prima de
medio tiempo de que trata el numeral 2, literal b del artículo 15 de la Ley 91 de 1989
es asimilable a la mesada adicional o mesada 14 establecida en el artículo 142 de la
Ley 100 de 1993. Para arribar a dicha conclusión, se refirió a la posición de la Corte
Constitucional fijada en la sentencia C - 461 de 1995.
Al ser la prima de medio tiempo asimilable a la mesada adicional, la autoridad
judicial demandada consideró que tal prestación se encuentra limitada por lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 que la prohibió y por ende «a partir del
25 de julio de 2005, las personas que adquirieran el derecho a la pensión recibirían
un máximo de trece mesadas al año, esto es, que no podrán recibir la mesada
adicional del mes de junio o mesada catorce, con la excepción indicada en el
parágrafo 6° transitorio, esto es, aquellos que causaren el derecho antes del 31 de
julio de 2011 y su mesada pensional no supere los tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes».
De manera que, para acceder al beneficio de prima de medio año establecida en la
Ley 91 de 1989, el docente debía adquirir su estatus pensional antes del 31 de julio
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de 2011 y tener derecho a una mesada pensional igual o inferior a 3 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, requisitos que la parte actora no cumplió,
dado que su status pensional lo adquirió el 24 de septiembre de 2015 y su mesada
pensional excedía los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A juicio de la Sala, estos argumentos resultan razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional, pues tal interpretación corresponde a
la postura que ha sido señalada por la Corte Constitucional y por el Consejo de
Estado.
En efecto, fue la Corte Constitucional mediante sentencia C - 461 de 1995 - citada
en la sentencia censurada y a la que también se alude en el escrito de tutela - la que
interpretó que «el beneficio contemplado en el artículo 15, numeral 2°, literal b, de la
Ley 91 de 1989, según el cual los pensionados vinculados al Fondo con
posterioridad al 1º de enero de 1981, "gozarán (...) adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional", puede asimilarse a la mesada
adicional de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de 1993».
De manera que no le asiste razón a la parte actora en señalar que el Tribunal
Administrativo realizó «una interpretación que se rige por fuera del marco de la
juridicidad y de la hermenéutica jurídica» al señalar que la prima de mitad de año
establecida en el numeral 2, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es
equiparable a la mesada adicional de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de
1993, pues tal interpretación fue sentada por la Corte Constitucional en la citada
sentencia, en la que además, precisó:
El monto de la prima de medio año del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es el
mismo que el de la mesada adicional contemplada en el artículo 142 de la Ley
100 de 1993, y que existe equivalencia entre "una mesada pensional" (monto
de la prima de medio año de la Ley 91) y "30 días de pago de la pensión"
(monto de la mesada adicional de la Ley 100), teniendo en cuenta que como
mesada pensional se conoce aquel pago mensual (30 días) que recibe un
pensionado en virtud de su derecho a la pensión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, vinculados con posterioridad al 1° de enero de 1981 no se
encuentran en una situación distinta a la de los pensionados a quienes se aplica
el Sistema Integral de Seguridad Social contemplado en la Ley 100 de 1993, en
lo referente a la obtención de algún beneficio que compense la pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones, pues mientras los primeros reciben la
prima adicional de medio año (artículo 15 Ley 91 de 1989), los segundos
reciben la mesada adicional (artículo 142 Ley 100 de 1993), que son
prestaciones equivalentes.
Por otra parte, la Sala tampoco evidencia que la autoridad judicial demandada haya
dado un alcance errado al artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2005 que
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, ni que le haya dado un sentido
contrario al ordenamiento jurídico.
Aunque la parte actora aduce que no estudio en contexto la normatividad completa,
cierto es, que la providencia mencionada en un acápite independiente mencionó el
marco normativo y fundamentó su decisión en la sentencia de la Corte
Constitucional C – 465 de 1995.
Adicionalmente, se destaca que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación en concepto del 22 de noviembre de 2007 radicado 11001-03-06-000-
2007-00084-00(1857), al resolver una solicitud presentada por la Ministra de
Educación acerca de las pensiones y la prima del mes de junio de los docentes,
luego de analizar el marco normativo de este régimen especial, realizó la misma
interpretación de la autoridad judicial accionada respecto el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005, en este sentido consideró:
De manera que, a partir del 25 de julio del 2005, fecha en la cual se publicó el
Acto Legislativo No. 01 del 200523, las personas que adquieran el derecho a la
pensión recibirán un máximo de trece mesadas al año, con la excepción
establecida en el parágrafo 6º transitorio, que, evidentemente, también está
restringida en el tiempo y en sus destinatarios.
Entonces, los docentes oficiales que causen su derecho a la pensión de
jubilación o de vejez a partir del 25 de julio del 2005, fecha de entrada en
23 Diario Oficial No. 45.980
20
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
vigencia del Acto Legislativo No. 01 del 2005, no podrán recibir la mesada
adicional del mes de junio creada por el artículo 142 de la ley 100 de 1993; con
la salvedad del parágrafo transitorio 6º del mencionado acto legislativo.
Con base en las premisas anteriores, la Sala RESPONDE:
“1. Desde la perspectiva jurídica, por gozar los docentes de un régimen
especialísimo de pensiones y al haber sido excluidos de la aplicación del
Sistema de Seguridad Social integral implementado por la ley 100 de 1993
¿tienen los docentes del sector oficial, nacionales, nacionalizados o
territoriales, cuyo derecho a pensión se ha causado con posterioridad a la
vigencia del Acto legislativo No. 01 de 2005, derecho a la mesada
pensional del mes de junio?
Los docentes del sector oficial, nacionales, nacionalizados y territoriales,
que causen el derecho a la pensión de jubilación o vejez a partir del 25 de
julio del 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 1 del
2005, no tienen derecho a la mesada pensional adicional del mes de junio
de que tratan el artículo 142 de la ley 100 de 1993 y la ley 238 de 1995. Se
exceptúan los docentes que causen el derecho a la pensión antes del 31
de julio del 2011, si su mesada pensional es igual o inferior a tres salarios
mínimos legales vigentes, según lo establece el parágrafo transitorio 6º del
artículo 1º del Acto Legislativo en mención.
“1. Desde la perspectiva jurídica, por gozar los docentes de un régimen
especialísimo de pensiones y al haber sido excluidos de la aplicación del
Sistema de Seguridad Social integral implementado por la ley 100 de 1993
¿tienen los docentes del sector oficial, nacionales, nacionalizados o territoriales,
cuyo derecho a pensión se ha causado con posterioridad a la vigencia del Acto
legislativo No. 01 de 2005, derecho a la mesada pensional del mes de junio?
“2. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo transitorio 2 del Acto legislativo
No. 01 de 2005, ¿la vigencia del régimen exceptuado de los docentes afiliados
al fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio expirará el 31 de julio del año
2010?”
Sí; de manera que en virtud del Acto Legislativo No. 01 del 2005, son tres los
regímenes pensionales aplicables al personal docente afiliado al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio:
a) el de la ley 91 de 1989 y demás leyes vigentes al 27 de junio del 2003, para
los docentes vinculados al servicio con antelación al 27 de junio del 2003
(artículo 81 de la ley 812 del 2003 y artículo 160 de la ley 1151 del 2007).
b) el de prima media con prestación definida de las leyes 100 de 1993 y 797 del
2003, pero con edad de 57 años para hombres y mujeres, tratándose de los
docentes vinculados al servicio a partir del 27 de junio del 2003 (artículo 81 de la
ley 812 del 2003 y artículo 160 de la ley 1151 del 2007);
c) el del Sistema General de Pensiones, para las pensiones que se causen
después del 31 de julio del 2010 (parágrafo transitorio segundo del artículo 1º
del Acto Legislativo No. 01 del 2005).
21
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Tal interpretación fue reiterada por la Sala de Consulta y Servicio Civil en decisión
del 20 de marzo de 2020 al resolver el conflicto negativo de competencia
administrativa con radicado 11001-03-06-000-2020-00009-00(C), suscitado entre la
Secretaría de Educación Departamental del Chocó y la Fiduprevisora S.A. para
conocer de la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de medio año, en esta
decisión se señaló:
La mesada adicional de medio año y/o prima de medio año del artículo 15,
numeral 2 de la Ley 91 de 1989
…
Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional. (Resaltado y subrayado de la Sala)
De lo anterior se desprende que los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, que cumplen con los requisitos de las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933 tienen la posibilidad del reconocimiento de la pensión
gracia y de la pensión de jubilación.
En cambio, los vinculados a partir del 1 de enero de 1981, no tienen la
posibilidad del reconocimiento de la pensión gracia, solo pueden acceder al
reconocimiento de una pensión de jubilación y adicionalmente a una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.
En relación con las prestaciones sociales de estos últimos docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, observa la Sala que a ellos se les concedió,
entonces, dos prestaciones económicas: (i) la pensión de jubilación del sector
público nacional y, (ii) la prima de medio año equivalente a una mesada
pensional creada por la Ley 91 de 1989.
En ese sentido, para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación, el
docente debe demostrar los supuestos fácticos y jurídicos establecidos en el
régimen pensional del sector público nacional, que como ya se explicó en el
caso del señor Herminio Velásquez Murillo, son los de la Ley 33 de 1985.
En cambio, para obtener la prima de medio año equivalente a una mesada
pensional, el docente debe demostrar los supuestos fácticos y jurídicos
consagrados en la Ley 91 de 1989 y en las normas subsiguientes que la
modificaron.
Lo anterior quiere decir que para obtener el derecho a esta mesada de medio
año, se requiere que la Administración, mediante acto administrativo, declare su
reconocimiento. Para ello, la autoridad competente tendrá que analizar los
22
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
supuestos fácticos y jurídicos, entre ellos, la aplicación de la norma que la
consagró. (Se resalta)
En todo caso, el desacuerdo en la interpretación planteado por la parte actora no
puede ser desatado mediante el ejercicio de la acción de tutela, pues de ser así se
vulneraría la autonomía funcional de los jueces naturales, y se convertiría esta
acción en un escenario para evaluar el grado de convencimiento de los
razonamientos de los jueces cuando no actúen como jueces constitucionales.
Así entonces, debe descartarse la prosperidad del defecto sustantivo pues no se
advierte un vicio tal que demuestre que la decisión censurada es incompatible con
la Constitución, la ley o la interpretación jurisprudencial, en otras palabras, la parte
actora no logró acreditar una irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos
constitucionales, de tal manera que amerite la intervención del juez de tutela.
Finalmente tampoco se desprende que la autoridad judicial haya desconocido el
precedente jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019 24 , que consolidó el criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó, entre otras reglas, que «los docentes vinculados antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, y por tanto los factores en sus liquidaciones pensionales son aquellos de que
trata el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985», pues se trata de una situación fáctica
distinta a la aquí planteada.
La Sala advierte que en este precedente jurisprudencial no se discutió sobre el
reconocimiento de la prima de mitad de año establecida en el artículo 15 de la Ley
89 de 1991, ni el alcance de esta norma bajo en vigencia del Acto Legislativo 01 de
2005, sino los factores salariales a incluir en la mesada pensional de los docentes,
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019, expediente: 680012333000201500569-01 (0935-
17).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
por lo que la citada sentencia de unificación no resultaba aplicable a la cuestión
discutida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el
señor David Jiménez Ochoa.
En todo caso, nótese que la sentencia censurada proferida el 9 de febrero de 2022,
no descartó que el régimen pensional que debía aplicarse era el establecido en la
Ley 91 de 1989 al ser un docente vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
no obstante, el argumento principal para negar el reconocimiento de la prima de
mitad de año tuvo fundamento el incumplimiento de los requisitos para acceder a tal
prestación.
En este punto, conviene señalar que el hecho de que el señor Ramón David
Jiménez Ochoa no comparta los argumentos expuestos en la decisión cuestionada
no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido
razonablemente por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Las diferencias con el
juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son cuestiones propias
del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas. Pretender que la
acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos
judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por desconocer los
principios de autonomía judicial y del juez natural.
Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneraron los derechos
fundamentales del actor, toda vez que no se acreditó que la autoridad judicial
accionada hubiere interpretado erróneamente el artículo 1º del Acto Legislativo 01
de 2005 o que haya desconocido arbitrariamente el precedente establecido por esta
Corporación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04332-00
Demandante: Ramón David Jiménez Ochoa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
F A L L A:
PRIMERO. Negar la acción de tutela presentada por el señor Ramón David
Jiménez Ochoa contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido
pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el
siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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