Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04333-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04333-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04333-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
15 de septiembre de 2022
Demandante: Beatriz Elena Jurado Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-04333-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-04333-00
Demandante: BEATRIZ ELENA JURADO GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
QUINTA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente – Improcedencia por no
ejercicio oportuno del medio de defensa judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Beatriz Elena Jurado Gómez contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito presentado el 9 de agosto de 2022 mediante ventanilla virtual1, la
señora Beatriz Elena Jurado Gómez, por medio de apoderada judicial, ejerció acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión,
con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “al mínimo vital,
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia”.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, el 9 de febrero de 2022, mediante la cual revocó la decisión del
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Medellín del 29 de junio de 2021,
que declaró la nulidad del acto ficto configurado por la falta de respuesta a la petición
de 25 de junio de 2019 y, (ii) ordenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a
partir del 30 de junio de 2013, la prima de mitad de año a la señora Jurado Gómez,
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado N. º 05001-33-33-012-2020-00336-00/01.
1 Solicitud N. º 4403.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Beatriz Elena Jurado Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
“1. Se declare que el Tribunal Administrativo de ANTIOQUIA – Sala Primera de
Decisión, integrada por los magistrados JORGE LEON ARANGO FRANCO DANIEL
MONTERO BETANCUR VANESSA ALEJANDRA PEREZ ROSALES, transgredió
los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACI N DE JUSTICIA de la accionante con la decisión
contenida en la sentencia del 9 DE FEBRERO DE 2022 proferida dentro del proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la Docente BEATRIZ
ELENA JURADO GOMEZ contra La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, bajo
radicado Nº 05001-33-33-012-2020-00336-01.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, integrada por los Magistrados
JORGE LEON ARANGO FRANCO, DANIEL MONTERO BETANCUR, VANESSA
PEREZ ROSALES; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y
se profiera una nueva, atendiendo al precedente judicial que sobre el tema edificó
el Consejo de Estado mediante Sentencia Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25
de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda, es decir reconociendo la prima
de junio establecida en el artículo 15 numeral 12 literal b de la ley 91 de 1989”. (Sic
a toda la cita)
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
4. La señora Beatriz Elena Jurado Gómez nació el 30 de junio de 1963 y prestó sus
servicios como docente oficial desde el 24 de abril de 1987 hasta el 30 de junio de
2013.
5. El 10 de octubre de 2013, la Secretaría de Educación de Rionegro, Antioquia,
mediante la Resolución N. º 411, le reconoció la pensión de jubilación, con
fundamento en la Ley 91 de 19892.
6. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional Antioquia,
omitió dar respuesta a la reclamación administrativa radicada por la accionante el
25 de junio de 2019, en el cual solicitaba el reconocimiento de la prima de junio
establecida en el artículo 15, numeral 2, literal b de la Ley 91 de 1989, tras
argumentar que no había alcanzado el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia debido a que fue vinculada a la docencia oficial, en fecha posterior al 1º de
enero de 1981.
7. Por lo tanto, la accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho3 contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de
2 Su pensión fue reconocida conforme al 75% del salario promedio mensual devengado durante el
último año de servicio de la fecha en que cumplió los requisitos de tiempo, servicio y edad.
3 Proceso identificado con el radicado N.º 05001-33-33-012-2020-00336-00/01.
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que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 25 de septiembre de 2019,
derivado de la ocurrencia del silencio administrativo negativo, con ocasión de la
petición radicada el 25 de junio de 2019 y, a título de restablecimiento del derecho,
que se ordenara el reconocimiento y pago de la prima de mitad de año equivalente
a una mesada pensional.
8. En primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, por medio de providencia de 29 de junio de 2021, accedió a las
pretensiones de la demanda.
9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, mediante sentencia de 9 de febrero de 2022, revocó la decisión del a quo
y en su lugar, negó las súplicas de la demanda, tras considerar que:
“Para determinar si la demandante, tiene derecho a que se le reconozca la mesada
solicitada, es necesario verificar: i) La fecha de configuración del status pensional,
ii) y que la mesada pensional no exceda de 3 salarios mínimos mensuales vigentes
a la fecha en que se comenzó a percibir la pensión.
Frente a lo dicho se tiene que la señora Beatriz Elena Jurado Gómez adquirió su
estatus de pensionada el 30 de junio de 2013, ascendió a la suma de $2.268.473,
es decir, superior a los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para ese
año, toda vez que el salario mínimo para el 2013 fue fijado a través del Decreto 2738
de 2012 en suma equivalente a $589.500 valor que, al ser multiplicado por 3,
equivale a $ 1.768.500”.
10. Dicha decisión fue notificada el mismo día, mediante notificación electrónica.
1.4. Fundamentos de la vulneración
11. La apoderada judicial de la accionante manifestó que el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, había incurrido en un error al no estudiar de
forma completa el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.
12. Indicó que el inciso 7º ibidem señala: “[A] partir de la vigencia del presente Acto
Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la
fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del
presente artículo". De este, adujo que no se incluía taxativamente al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio, pero al contener la expresión “sin perjuicio”, se
entendía que sería aplicable el Acto Legislativo a los mencionados en los párrafos
anteriores del artículo.
13. Por otro lado, argumentó que en el parágrafo 1º se protegió la Ley 91 de 19894,
que es la ley que contiene los parámetros para el reconocimiento de las pensiones
a los docentes de la educación pública en Colombia y donde se incluye la prima de
medio año, era equivalente a una mesada pensional para los pensionados del
magisterio.
4
"Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir
de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
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14. Como sustento de ello, citó apartes de la sentencia del máximo tribunal
constitucional C-461 de 1995, en la que se indicó5:
“El monto de la prima de medio año del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es el mismo
que el de la mesada adicional contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993,
ya que existe equivalencia entre "una mesada pensional" (monto de la prima de
medio año de la Ley 91) y "30 días de pago de la pensión" (monto de la mesada
adicional de la Ley 100), teniendo en cuenta que como mesada pensional se conoce
aquel pago mensual (30 días) que recibe un pensionado en virtud de su derecho a
la pensión.
Los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1981 no se encuentran
en una situacón distinta a la de los pensionados a quienes se aplica el Sistema
Integral de Seguridad Social contemplado en la Ley 100 de 1993, en lo referente a
la obtención de algún beneficio que compense la pérdida de poder adquisitivo de las
pensiones, pues mientras los primeros reciben la prima adicional de medio año
(artículo 15 Ley 91 de 1989), los segundos reciben la mesada adicional (artículo 142
Ley 100 de 1993), que son prestaciones equivalentes.
Sin embargo, es menester tener en cuenta que la prima adicional de medio año,
establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, sí lo cobija a los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, mientras que el derecho a la mesada
adicional del artículo 142 de la Ley 100, luego de la sentencia C-409 de 1994, no
está condicionado por aspectos temporales”.
15. En consecuencia, puso de presente que era claro que el numeral 2º del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, nada tenía que ver con la mesada pensional causada con
posterioridad al año 2005, “(…) pues el régimen especial, que contiene la misma,
identifica una prima, que “equivale” a una mesada pensional, situación diferente a la
prestación acontecida como mesada adicional a los docentes en el mes de junio de cada
año”; regulación que fue confirmada por la sentencia de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, identificada con el número SUJ-014-CE-S2-20196.
Sobre está citó lo siguiente:
“45. De la norma se derivan las siguientes reglas en materia del derecho a la pensión
para los docentes:
I. Derecho a la pensión gracia compatible con la pensión ordinaria de jubilación: Los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tienen derecho a la pensión
gracia de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
que las desarrollen o modifiquen.
II. Derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional, y a una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”.
16. Finalmente, expresó que la prima de junio establecida en el artículo 15, numeral
2b de la Ley 91 de 1989 debía ser reconocida de conformidad con lo determinado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación mencionada anteriormente.
5
Corte Constitucional, Sentencia C-461 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. César Palomino
Cortés, Sentencia SUJ-014-CE-S2-2019, Sentencia 25.04.19, Rad. 68001-23-33-000-2015-00569-
01.
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1.5. Tramite de la acción de tutela
17. Mediante auto de 18 de agosto de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante y a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, como autoridad
judicial accionada.
18. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.
19. De igual forma, se le reconoció personería a la abogada Diana Carolina Álzate
Quintero, en calidad de apoderado judicial de la señora Jurado Gómez.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Ministerio de Educación Nacional
20. Con escrito enviado el 29 de agosto de 2022, el jefe de la oficina asesora jurídica
manifestó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la entidad no tenía la
competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción de
tutela, por lo cual solicitó su desvinculación.
21. Pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, fueron notificados en
debida forma, guardaron silencio7.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
22. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Beatriz Elena Jurado Gómez, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.
23. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, por tanto, debe aplicarse el
numeral 5º de la referida norma.
7 Índice 8 de SAMAI.
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2.2. Solicitud de desvinculación
24. Se tiene que el Ministerio de Educación Nacional solicitó la desvinculación del
presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa
por pasiva. No obstante, dicha petición será negada, ya que la vinculación al
proceso se hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las
resultas del presente trámite, más no como la autoridad judicial contra la cual se
encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora.
2.3. Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia adjetiva que hagan pertinente el análisis
de fondo.
• Solo en el evento de superar tales requisitos, se determinará si ¿el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, incurrió en los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente, al no acceder al
reconocimiento y pago de la prima de junio establecida en el artículo 15,
numeral 2b de la Ley 91 de 1989?
26. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) jurisprudencia relevante para el estudio del
caso, (iii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y si estos se superan,
(iv) caso concreto.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 20128,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9. Así,
después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012,
Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
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28. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
29. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia13 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
30. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva,
esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.
31. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad
sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una
providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de
2005, y acogida por esta Sección14.
32. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la
ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales15; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos
siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
2.4.2. Jurisprudencia relevante para resolver el caso
33. La Corte Constitucional ha determinado que la acción constitucional no es un
medio alternativo o adicional al que pueda acudirse tras la negligencia de no recurrir
las decisiones en las oportunidades procesales existentes, incluso ante la
disponibilidad de los recursos extraordinarios. Así indicó:
“Asimismo, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la
oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión
y ejerció los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.
14 Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente No. 2016-
02213-01.
15 Sentencia T-309 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le
otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales
(artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a
su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla
de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario
de la acción. Sobre el tema ha declarado esta Corporación a propósito de casos
concretos:
"Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que
la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o
prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos
que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni
puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado
no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que,
pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la
tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el
propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal".
En un principio, la jurisprudencia de la Corte entendía que quedaban agotados los
medios judiciales cuando el peticionario había interpuesto los recursos ordinarios
(reposición, apelación, nulidad). Sin embargo, con el fin de reforzar el carácter
subsidiario de la acción de tutela, así como el papel del juez ordinario como defensor
de los derechos fundamentales, hace algunos años la Corte comenzó la elaboración
de una doctrina, -hoy jurisprudencia consistente y reiterada-, en el sentido de exigir,
como requisito de procedencia de la acción, el agotamiento de todos los
mecanismos de defensa previstos, ya sean ordinarios o extraordinarios.
Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de amparo judicial de los
derechos fundamentales, la acción de tutela es el último mecanismo judicial para la
defensa de esos derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa
judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos.
Así, mediante sentencia T-1217 de 2003, esta misma Sala de Revisión explicó por
qué es válido considerar improcedente la acción constitucional cuando quien la
solicita a su favor lo hace para enmendar el descuido o el error de haber
desperdiciado las oportunidades procesales que se le concedieron para defender
sus derechos fundamentales. Se dijo:
“En primer lugar, para evitar que durante el curso de un proceso el juez de
tutela se inmiscuya en la regulación de cuestiones que no le corresponden e
invada con ello la esfera de la autonomía judicial; en segundo lugar, con el
objeto de no alterar o sustituir de manera fraudulenta los mecanismos
diseñados por el Legislador, característica que armoniza con la naturaleza
subsidiaria y residual de la tutela; y en tercer lugar, busca que los interesados
obren con diligencia en la gestión de sus intereses ante la administración de
justicia, particularmente cuando lo hacen por intermedio de apoderado,
asegurando con ello que la tutela no se utilice para enmendar yerros o
descuidos, recuperar oportunidades vencidas o revivir términos fenecidos
durante un proceso”. (sentencia T-1217 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas)”17.
34. Asimismo, el 25 de noviembre de 2021 esta misma Sala de Decisión18, declaró
la improcedencia de la acción de tutela al encontrarse ante un caso en el cual la
parte actora se encontraba recurriendo el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander por desatender el criterio plasmado en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 proferida por el Consejo de Estado,
17 Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Sentencia 25.11.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-06824-00.
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Sección Segunda19, por medio de la cual, se habían definido las reglas sobre la
liquidación de las asignaciones de retiro de los soldados e infantes de marina
profesionales y la aplicación de la prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
35. Por lo cual, encontró que “(…) por tratarse de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de contenido laboral el que dio origen a la sentencia
reprochada, no se exige una cuantía mínima para su procedencia, por lo que puede recurrir
la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, alegando la única
causal de este recurso, esto es, el desconocimiento de la mencionada sentencia de
unificación dictada por el Consejo de Estado”, la parte actora debía agotar el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
36. Por otra parte, acerca de la mesada adicional consagrada en el artículo 15
numeral 2º literal b de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional en sentencia C-
461 de 1995 indicó que era asimilable a la establecida en el artículo 142 de la Ley
100 de 1993, prestaciones que se encontraban limitadas por lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005.
37. El Acto Legislativo estableció que, a partir del 25 de julio de 2005, las personas
que adquirieran el derecho a la pensión recibirían un máximo de trece mesadas al
año, con la excepción dispuesta en el parágrafo 6º transitorio, esto es aquellos que
causaren el derecho antes del 31 de julio de 2011 y su mesada pensional no
superara los 3 SMLMV.
38. Aduciendo a la anterior base argumentativa, la Sección Quinta del Consejo de
Estado20, en un caso idéntico, en Sala del 8 de septiembre de 2022, negó el amparo
de los derechos fundamentales de la parte actora, tras encontrar que no cumplía
con los requisitos dispuestos anteriormente para el reconocimiento de la mesada,
así como también advirtió que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para
solicitar el estudio de dicho reconocimiento por contrariar el contenido de la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019.
2.4.3. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.3.1. Relevancia constitucional
39. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra plenamente
superado, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en
relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga
argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la garantía de
sus derechos fundamentales, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, por cuanto el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, el 9 de febrero de 2022, revocó la decisión del
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Medellín del 29 de junio de 2021,
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, Sentencia 25.08.16, Rad. 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CE-SUJ2-003-
16.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Sentencia 08.09.22, Rad. 11001-03-15-000-2022-04335-00.
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que declaró la nulidad del acto ficto configurado de la falta de respuesta a la petición
de 25 de junio de 2019 y, ordenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a partir
del 30 de junio de 2013, la prima de mitad de año a la señora Jurado Gómez, al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado
con radicado N. º 05001-33-33-012-2020-00336-00/01.
40. En vista de lo anterior, las garantías constitucionales en mención subyacen en
el sublite, por tener un rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29
de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
41. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente
legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho
o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus garantías
constitucionales ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa
ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en preservador de los
derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de
convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela quien deberá realizar el
análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho,
salvaguardando la dignidad humana.
42. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima
facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
fundamentales, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido
para su protección.
43. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
2.4.3.2. Tutela contra decisión de tutela
44. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno
en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se
trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
de 9 de febrero de 2022 fue proferida al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con radicado N. º 05001-33-33-012-2020-
00336-00/01.
2.4.3.3. Inmediatez
45. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la providencia
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión fue proferida el 9
de febrero de 2022 y notificada el mismo día, es decir que se surtió la ejecutoria el
16 del mismo mes y año. Mientras que la solicitud de tutela fue presentada el 9 de
agosto de 2022, es decir menos de 6 meses, tiempo que esta Sala ha considerado
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razonable para uso de este mecanismo excepcional21, con ocasión de los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200522.
2.4.3.4. Subsidiariedad
46. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial” , precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991.
47. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
48. En la petición de tutela, la señora Beatriz Elena Jurado Gómez manifestó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, incurrió en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, al interpretar de forma
indebida el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues a su juicio, la prima de mitad de
año debía ser reconocida conforme a lo determinado en la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
49. Esta Sala considera que los defectos señalados deben estudiarse de forma
independiente, en tanto los argumentos enmarcados en el desconocimiento del
precedente, no cumplen con el requisito de la subsidiariedad porque la señora
Jurado Gómez contaba con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia consagrado en el artículo 256 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para cuestionar la
decisión judicial del 9 de febrero de 2022, por apartarse de lo indicado en la
sentencia de unificación referida.
50. Como primera medida, es importante destacar que el artículo 256 del CPACA
dispone los fines de este recurso extraordinario, en el sentido de señalar que con
él se busca “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y
garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la
providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos
procesales”.
51. De acuerdo con el artículo 257 de esa normativa, el recurso procede contra las
sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales
administrativos y en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral y pensional, sin consideración de la cuantía23.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
23 Esto con ocasión de la Ley 2080 de 201 que en su artículo 71 modificó el artículo 257 del CPACA
e incluyó un parágrafo que dispuso: “En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía”.
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52. Como punto más relevante, la Sala precisa que de conformidad con el artículo
258, este mecanismo extraordinario es idóneo cuando la sentencia impugnada
contraríe o se oponga a una sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado, como ocurre en el caso concreto.
53. Adicionalmente, dicha norma indica que se encuentran legitimados para la
interposición del recurso cualquiera de las partes o terceros que hayan resultado
afectados por la providencia en cuestión. Así las cosas, tendrán 10 días siguientes
a la ejecutoria de la providencia, para acceder a este.
54. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que las condiciones de la accionante
eran favorables para el acceso al recurso en mención, en tanto: (i) la providencia de
9 de febrero de 2022 era una sentencia de segunda instancia, (ii) proferida por un
tribunal administrativo, (iii) sobre un tema pensional y, (iv) a juicio de la señora
Jurado Gómez se encontraba contrariando la sentencia de unificación SUJ-014-CE-
S2-2019, dicta por la Sección Segunda del Consejo de Estado que recopila todas
las consideraciones sobre:
“Ingreso base de liquidación en el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio / Docentes exceptuados del Sistema Integral de Seguridad
Social no son sujetos de la transición pensional. Su régimen es el previsto en la Ley
91 de 19891 / Docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003: Régimen de Prima Media del Sistema General de Pensiones, en los
términos del artículo 81 ídem y el Acto Legislativo 01 de 2005”.
55. Ahora bien, en cuanto a la posible existencia de un perjuicio irremediable en el
caso concreto que pudiera hacer procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio frente al defecto por desconocimiento del precedente, debe señalarse
que la parte actora no alegó esta circunstancia, ni demostró que existiera un evento
que hiciera viable el amparo como mecanismo transitorio. Incluso valorando el
acontecer fáctico, la Sala no aprecia la concurrencia de los presupuestos
establecidos por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio
irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad
de la acción
56. Por lo anterior, para esta Sala no cabe duda en señalar que la parte actora
contaba con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia referido, para discutir el defecto por
desconocimiento del precedente planteado, pues por tratarse de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de contenido pensional el que dio origen a la
sentencia reprochada, no se exige una cuantía mínima para su procedencia, por lo
que puede recurrir la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, alegando la única causal de este recurso, esto es, el
desconocimiento de la mencionada sentencia de unificación dictada por el Consejo
de Estado.
57. Al margen de la razonabilidad de este argumento, es decir, independiente de si
le asiste o no la razón a la parte actora y de si debe prosperar o no dicho mecanismo,
lo cierto es que esta Sala, investida como juez constitucional, no es competente
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para determinar si el proveído bajo cuestionamiento desconoció o no la sentencia
de unificación alegada por la parte actora, ya que tal análisis le corresponde al juez
natural en instancia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
58. En consonancia con lo expuesto, la Sección recuerda que el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia es un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones que desconozcan las
sentencias de unificación del Consejo de Estado y por tanto infrinjan el artículo 103
del CPACA que fija como uno de los principios de esta jurisdicción, el de igualdad24.
59. Así las cosas y teniendo en cuenta, como ya fue referido anteriormente que el
término de la interposición del recurso era de 10 días siguientes a la ejecutoria de
la sentencia, se tiene que dicho lapso venció el 2 de marzo de 2022. Es decir que
la acción de tutela no puede ser utilizada para enmendar el descuido o el error de
haber desperdiciado las oportunidades procesales concedidas para defender sus
derechos fundamentales.
60. Por ello, esta Sala de Decisión concluye que el presente mecanismo
constitucional es improcedente por incuria, solamente en lo relativo al defecto por
desconocimiento del precedente, pues la señora Jurado Gómez no ejerció los
mecanismos de defensa judicial que tenía a su disposición. Además, debe
recordarse que los recursos extraordinarios también son considerados como de
obligatorio agotamiento, previo al acceso ante el juez constitucional. Así lo indicó la
Corte Constitucional:
“En un principio, la jurisprudencia de la Corte entendía que quedaban agotados los
medios judiciales cuando el peticionario había interpuesto los recursos ordinarios
(reposición, apelación, nulidad). Sin embargo, con el fin de reforzar el carácter
subsidiario de la acción de tutela, así como el papel del juez ordinario como defensor
de los derechos fundamentales, hace algunos años la Corte comenzó la elaboración
de una doctrina, -hoy jurisprudencia consistente y reiterada-, en el sentido de exigir,
como requisito de procedencia de la acción, el agotamiento de todos los
mecanismos de defensa previstos, ya sean ordinarios o extraordinarios25”.
61. Ahora, respecto al defecto sustantivo, la Sala encuentra superado el presente
requisito, pues frente a la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, no procede recurso ordinario alguno, ni tampoco
los extraordinarios, dado que los motivos argumentados en el defecto, no se
24 “Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por
objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación
del orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios
constitucionales y los del derecho procesal.
En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido
de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo
contenga.
Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber
constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará
en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código”
(Negrilla fuera de texto).
25 Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de
revisión ni el de unificación de jurisprudencia.
62. Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis del defecto
sustantivo, al encontrar acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial.
2.5. De las generalidades del defecto sustantivo
63. Acerca del defecto sustantivo, en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional26,
ha sentado criterios para el reconocimiento de este, delimitando su aparición cuando
las autoridades judiciales entran a desconocer las disposiciones de rango legal o
infralegal aplicadas a un determinado caso. Específicamente, una providencia
adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional:
“(i) aplica una disposición en el caso, que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso;
(iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación
contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del
precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; (v) omite
motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente; o (vi) se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las
partes en el proceso27” (negrilla propia).
64. Es importante recalcar que la interpretación del juez de tutela se circunscribe a
evitar la arbitrariedad que se presenta, cuando sin motivación alguna, el juez de
conocimiento decide en los términos expuestos en líneas atrás.
65. Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto
sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer
sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella
deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la
sentencia que ataca.
2.6. Caso concreto
66. La parte actora señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Decisión, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
providencia de 9 de febrero de 2022 mediante la cual revocó la decisión del Juzgado
Doce Administrativo Oral del Circuito de Medellín del 29 de junio de 2021, que
declaró la nulidad del acto ficto configurado por la falta de respuesta a la petición de
25 de junio de 2019 y, (ii) ordenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a partir
del 30 de junio de 2013, la prima de mitad de año a la señora Jurado Gómez, al
26 Entre ellas la Sentencia T-781 de 2011.
27 Sentencia SU-635 de 2015.
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interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado
con radicado N. º 05001-33-33-012-2020-00336-00/01.
67. Dentro de su argumentación, expuso que la autoridad judicial accionada había
incurrido en un error al no estudiar de forma completa el artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, pues aseguró que esta premisa legal debe ser leída de
manera conjunta con otros postulados normativos, lo cual fue ignorado.
68. Para este asunto, la señora Jurado Gómez consideró que debía ser beneficiaria
del reconocimiento y pago de la prima de mitad de año equivalente a una mesada
pensional, con fundamento en que ejerció como docente oficial por más de 20 años
y se vinculó con fecha posterior al 1º de febrero de 1981.
69. No obstante, considera que es beneficiaria de lo dispuesto en el literal b, del
numeral 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989, que consagró una mesada adicional
a aquellos docentes que, habiéndose vinculado luego del 1° de enero de 1981, no
cumplieron los requisitos para ser acreedores de una pensión gracia.
70. Al llevar su caso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
sentencias de ambas instancias, se le resolvió desfavorablemente. Esto por cuanto
las autoridades judiciales consideraron que, a partir del Acto Legislativo 01 de 2005,
todos los trabajadores solo recibirían 13 mesadas pensionales, a menos que, como
lo establece su parágrafo 6 transitorio, su pensión no supere los 3 salarios mínimos
y se cause antes del 31 de julio de 2011, puntualmente, el precepto normativo es el
siguiente:
"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas
pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos
los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento".
71. Así las cosas, el tribunal accionado en la providencia del 9 de febrero de 2022,
advirtió dicho fundamento, al indicar que para determinar si la accionante tenía o no
derecho a que se le reconociera la mesada solicitada se debía verificar 2 elementos:
i) la fecha de configuración del estatus pensional y, ii) que la mesada pensional no
excediera los 3 SMLMV a la fecha en que comenzó a percibir la pensión.
72. Sabiendo ello, puso de presente que la señora Jurado Gómez “(…) adquirió su
estatus de pensionada el 30 de junio de 2013, y la mesada pensional reconocida mediante
Resolución 411 de 2013, ascendió a la suma de $2.268.473, es decir, superior a los tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes para este año, toda vez que el salario mínimo
para el 2013 fue fijado a través del Decreto 2738 de 2012 en suma equivalente a $589.500
valor que, al ser multiplicado por 3, equivale a $1.768.500.
73. En consecuencia, la actora incumplía con ambos requisitos establecidos, en
tanto el derecho pensional había sido reconocido luego del 31 de julio de 2011 y el
valor era superior tres veces al salario mínimo del momento del reconocimiento
pensional.
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74. Ahora bien, la argumentación traída a estudio por parte de la actora, obedece a
un análisis sobre la forma adecuada de interpretar el mencionado Acto Legislativo,
puntualmente, hace referencia que dicha norma, en su parágrafo transitorio 1,
dispone lo siguiente:
"Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en
el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir
de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos
en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de
la Ley 812 de 2003".
75. En este punto, se advierte que, la norma en cita ciertamente hace alusión al
respeto por el régimen pensional de los docentes vinculados con anterioridad a la
Ley 812 de 2003, lo que en principio, atañe a la edad y tiempo de servicios con el
cual se concedían las pensiones; no obstante, el parágrafo no tiene una regulación
expresa sobre aspectos accesorios o adicionales, como la mesada 14 que reclama
la actora, por lo que se trata de un tema que escapa al texto de la norma.
76. Sobre este punto de interpretación, para casos en que un docente reclama la
mesada adicional por vía de tutela, esta Sala ya había sentado su posición en
providencia de 7 de abril de 202228, así:
“A partir de esta línea argumentativa, esta Colegiatura resalta que, contrario a lo
señalado por la parte tutelante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, efectuó un análisis normativo razonable de la
prima de medio año, para concluir que, conforme al limitante introducido por el
Acto Legislativo 001 de 2005, se restringió de manera general la posibilidad de
devengar a medio año una mesada adicional, para quienes se pensionen con
posterioridad al 25 de julio de 2005, o que, a 31 de julio de 2011 devengaran una
pensión superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes,
situaciones que acontecieron en el caso concreto.
Lo anterior, debido a que, según el criterio de la Corte Constitucional, en sede
de tutela no es procedente que se imponga al juez natural de la causa la
forma en que debe interpretar el marco jurídico aplicable al caso que se
resuelve, puesto que el estudio a través del cual se decide una situación jurídica,
pese a que difiera del aludido por la parte demandante, no implica per se que se
configure el defecto alegado.
Es por ello que no corresponde en esta sede señalar cuál es la exegesis
“correcta” para dar final a un caso específico, con fundamento en que el
funcionario está revestido por el principio de la autonomía judicial, sin que ello
afecte la imparcialidad y objetividad con la cual debe fallar.29.
En ese sentido, es claro que el defecto sustantivo únicamente se considera
configurado cuando el funcionario que administra justicia omite su rol
28 Proceso: 11001-03-15-000-2022-00852-00, acumulados: 11001-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00, C.P. Luís Alberto Álvarez Parra.
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-949 de 2014.
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como garante de la normativa sustancial para proferir decisiones
desproporcionadas y contrarias a la ley, aspecto que no se encuentra
demostrado en el trámite de la referencia.” (Resaltado fuera de texto)
77. Siendo así, el juez de tutela debe tener especial cuidado al estudiar una acción
de amparo con fundamento en el defecto sustantivo, pues si bien puede corregir
actuaciones arbitrarias contrarias a la ley, no puede imponer su criterio interpretativo
sobre el del juez de instancia, afectando así la autonomía judicial.
78. En se orden de ideas, del orden legal puesto a consideración, se advierte que
existe un espacio de interpretación sobre la viabilidad o no de reconocer la mesada
14 a los docentes que, como la actora se vincularon antes de la Ley 812 de 2003
pero que no son beneficiarios de una pensión gracia y, visto que la decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión estuvo soportado en
lo que puntualmente establece el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005, la Sala
no encuentra configurado el defecto sustantivo.
2.7. Conclusión
79. Así las cosas, se tiene que la acción de tutela es improcedente frente al defecto
por desconocimiento del precedente, dado que la señora Jurado Gómez tenía a su
disposición el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y no lo agotó
dentro de la oportunidad procesal correspondiente.
80. Por otro lado, no se encuentra configurado el defecto sustantivo, pues el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión decidió el caso de acuerdo a
la normativa vigente y aplicable y, por ende, los argumentos presentados por la
parte demandante no tienen la entidad suficiente para desvirtuar lo resuelto por la
autoridad judicial accionada.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional, de acuerdo con lo expresado anteriormente.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos
fundamentales de la señora Beatriz Elena Jurado Gómez, frente al defecto por
desconocimiento del precedente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Beatriz Elena
Jurado Gómez, respecto al defecto sustantivo, por lo expuesto de forma precedente.
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Beatriz Elena Jurado Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-04333-00
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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