Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04337-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04337-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04337-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
11 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: ÁNGELA CRISTINA TOBAR GONZÁLEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
revoca el fallo impugnado – el incidente de desacato no es una
herramienta de carácter punitivo, sino un instrumento persuasivo –
se ampara – el juzgado accionado desconoció la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relacionada con la
inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente
de desacato
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la apoderada judicial de la parte
accionante en contra de la sentencia de 23 de septiembre de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a través de la cual
se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Ángela Cristina Tobar González, actuando a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al buen nombre, a la igualdad y al debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, con ocasión de «[…] la
negación de la declaratoria de inaplicación y/o levantamiento de las medidas
sancionatorias […]».
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que, mediante fallo de tutela de 19 de octubre de 2021, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Popayán amparó los derechos
fundamentales del señor Jhaslym Pilcue Cuetia y de sus hijos menores de 18 años
A.P.C., H.P.C. y G.S.P.C. y que, como consecuencia de ello, ordenó a la
Fiduprevisora S.A. «[…] que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de la presente sentencia, se realice el pago de las mesadas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
pensionales […] tal como les fue reconocido mediante Resolución No. 0246-01-
2015 del 27 de enero de 2015 la cual fue modificada mediante Resolución No. 2086-
10-2019 del 3 de octubre de 2019; y se cancele las mesadas causadas y no pagadas
a los cuales tengan derecho los accionantes conforme a la mencionada resolución
[…]».
2.2. Comentó que la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo
del Cauca, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2021.
2.3. Señaló que, mediante auto de 16 de diciembre de 2021, el juzgado accionado
resolvió sancionarla, en su condición de directora de prestaciones sociales
económicas de la Fiduprevisora S.A., con multa equivalente a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
2.4. Relató que, a través de auto de 22 de abril de 2022, el juzgado accionado
nuevamente la sancionó con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, al evidenciar que aún no había cumplido con el fallo de tutela.
2.5. Refirióque, en varias oportunidades, presentó ante el juzgado accionado
solicitud de levantamiento de la sanción, por cumplimiento del fallo de tutela. Sin
embargo, dicha autoridad negó tales peticiones, mediante los autos de 17 de junio
y de 4 agosto de 2022.
2.6. Indicó que las anteriores sanciones por desacato aún se encuentran vigentes
pese a que la orden de tutela se encuentra cumplida a cabalidad.
2.7. Expuso que la negativa del juzgado accionado desconoce la finalidad misma del
incidente de desacato, porque pese a que reconoce que el fallo de tutela ya se
cumplió, decidió no levantar la sanción.
2.8. Consideró que el juzgado accionado incurrió en desconocimiento del precedente
que establece que la finalidad del incidente de desacato no es sancionar, sino
obtener el cumplimiento del fallo judicial.
2.9. Enfatizó en que: «[…] en el caso bajo estudio vemos como el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, abandona por completo el
precedente jurisprudencial sin ofrecer ningún tipo de argumentación seria,
pertinente ni suficiente, y sólo de manera caprichosa omite cumplir con dar
trámite a la solicitud presentada por la entidad en la que se demuestra el
cumplimiento de la orden constitucional, y apegarse a la misma, la cual ya ha
sido reiteradamente mencionada en la presente misiva […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
[…] PRIMERO: Se sirva conceder la MEDIDA PROVISIONAL solicitada,
y como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Segundo
Administrativo Del Circuito De Popayán, expida auto por el cual se
suspenda la ejecución de medida sancionatoria en contra de mis
representados.
SEGUNDO: Se sirva declarar que la omisión en la declaratoria de
inaplicación de la medida sancio-natoria proferida mediante autos del 17
de junio y 4 de agosto de la presente anualidad por el Juzgado Segundo
Administrativo Del Circuito De Popayán, constituye una VIA DE
HECHO, aten-diendo la acreditación por medio probatorio conducente y
pertinente del cumplimiento del fallo de tutela en proceso
190013333002202100162 y los pronunciamientos de la Corte
Constitucional y Corte Suprema de Justicia respecto a la viabilidad de
cesar los efectos de las medidas sancionatorias en tramites incidentales.
TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor ni
efecto la sanción impuesta mediante autos 16 de diciembre de 2021
modificada en sede de consulta por el Tribunal Administrativo del Cauca
el 19 de enero de 2022, y sanción del 22 de abril de 2022, modificada en
sede de consulta por el Tribunal Administrativo del Cauca el 28 de abril
de 2022 dentro de tramite incidental en proceso con radicado
190013333002202100162. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La
magistrada de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 12 de agosto de
2022, admitió la acción de tutela de la referencia en contra del Tribunal
Administrativo del Cauca y del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Popayán.
5. En la misma providencia, negó la medida provisional solicitada por la accionante
y vinculó como terceros con interés directo en los resultados del proceso a los
señores Hermes Pilcue Dizu y Jhaslym Pilcue Cuetia.
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a los vinculados,
se allegó la siguiente intervención:
6.1. La Juez Segundo Administrativo del Circuito de Popayán rindió informe en
el que referenció las actuaciones procesales que se adelantaron en el interior del
trámite de tutela e incidental.
6.2. Expuso que en el presente caso «[…] la parte activa no demostró ni logró
argumentar con suficiencia la configuración del defecto sustantivo que alegó –
entendido como una decisión basada “en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión”41 –, pues no se evidencia que la negativa a levantar las sanciones
impuestas se haya fundamentado en una norma derogada o inexistente, ni mucho
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
menos que la decisión haya sido contraria a los argumentos expuestos en la parte
motiva de las providencias censuradas […]».
6.3. Advirtió que no es posible acceder a la solicitud de inaplicación de la sanción
deprecada por la accionante, ya que «[…] la imposición de una multa no puede
concebirse como un medio de apremio al responsable de acatar una orden
constitucional […]», más aún cuando el superior funcional del juzgado «[…] confirmó
las decisiones de sanción, por lo que mal haría la infrascrita si decidiera levantar las
sanciones que se encontraban firmes y ejecutoriadas […]».
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante sentencia de tutela de 23 de septiembre de 2022, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
solicitado por la accionante, luego de considerar que no se cumplió con el requisito
general de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional.
8. Como sustento de tal decisión, la referida subsección indicó: «[…] que la parte
actora no cumplió con la carga argumentativa mínima que se requiere para
cuestionar providencias judiciales a través de la acción de tutela, y menos respecto
de providencias dictadas en el trámite de otra tutela, toda vez que, si bien alegó la
configuración del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, lo cierto
es que no expuso los argumentos en los cuales fundó dicha afirmación, más que
reiterar sus inconformidades frente a la negativa de inaplicación de las sanciones
impuestas en el trámite de 2 incidentes de desacato, surtidos en la acción de tutela
con radicado 19001-33-33-002-2021-00162-03 […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante, a través de apoderada judicial, impugnó la sentencia de tutela
de primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial de la
tutela.
10. Adicionalmente, puntualizó que mediante la presente acción constitucional no
está cuestionando las sentencias de tutela dictadas dentro del proceso objeto de
censura ni muchos menos los autos por medio de los cuales se impuso la multa,
sino «[...] la negativa del juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán
en inaplicar las sanciones previamente señaladas, alejándose del precedente
jurisprudencial señalado en el escrito de tutela [...]».
11. Igualmente, destacó que en el escrito inicial de tutela se consignaron las razones
por las cuales el juzgado accionado vulneró sus derechos fundamentales y los
argumentos que sustentaban el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
12. Agregó que: «[...] los aludidos autos objeto de la presente acción de tutela
presentan un defecto sustantivo por dos razones, la primera correspondiente a el
hecho que la providencia judicial tenga problemas determinantes
relacionados con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación
que afecte derechos fundamentales y la segunda cuando se desconoce el
precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que
hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia
[...]». (sic en toda la cita)
13. Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar el fallo
impugnado para que en su lugar se ordene al Juzgado accionado inaplicar la
sanción por desacato ante el cumplimiento del fallo de tutela.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Si ello es así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al incurrir
presuntamente en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
16. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
17. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
18. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
23. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
24. La ciudadana Ángela Cristina Tobar González, actuando a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al buen nombre, a la igualdad y al debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, con ocasión de «[…] la
negación de la declaratoria de inaplicación y/o levantamiento de las medidas
sancionatorias impuestas […]».
25. En este punto es preciso indicar que, aunque la parte actora le atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales tanto al Tribunal Administrativo del
Cauca como al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, la
Sala advierte que su inconformidad recae única y exclusivamente en que el
mencionado juzgado desconoció el precedente que establece que la finalidad del
incidente de desacato no es sancionar, sino obtener el cumplimiento del fallo
judicial.
26. Por lo anterior, la Sala considera que el presente estudio únicamente estará
centrado en analizar si el juzgado accionado vulneró los derechos fundamentales
de la parte actora, al resolver inaplicar la sanción por desacato que le fue impuesta
en el marco del trámite incidental con radicado número 19001-33-33-002-2021-
00162-00.
VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela
27. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:
27.1. Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala pone de relieve
que este presupuesto se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto gira
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.
27.2. Descendiendo al caso de la referencia, se observa que el extremo tutelante
aduce que se vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, a la igualdad
y al debido proceso como consecuencia de haberse incurrido en desconocimiento
del precedente.
27.3. Por su parte, el juez de primera instancia concluyó que el presente asunto no
cumplía con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto no se satisfacía
con la carga mínima argumentativa exigible cuando se controvierte una decisión
judicial por vía de tutela.
27.4. La Sala no comparte la decisión de primera instancia porque se observa que la
parte actora precisó las razones por las que consideraba que sus derechos
fundamentales a la igualdad, al buen nombre y al debido proceso resultaron
afectados con ocasión de la negativa del juzgado accionado en inaplicar la sanción
por desacato que le fue impuesta en el marco del trámite incidental con radicado
número 19001-33-33-002-2021-00162-00. Igualmente, identificó las decisiones que
estimaba desatendidas, inclusive señaló que la autoridad judicial se apartó del
precedente «[…] sin ofrecer ningún tipo de argumentación seria, pertinente ni
suficiente […]».
27.5. Por lo anterior, para la Sala es claro que el móvil o sustento de la presente
acción de tutela está asociado a la presunta afectación de garantías fundamentales
con ocasión del desconocimiento del precedente jurisprudencial. Además, se dan
los supuestos de la sentencia SU-215 de 2022, porque el alcance de la controversia
no está limitada a una discusión legal o económica y se justificó una posible
afectación desproporcionada de los derechos fundamentales de la actora.
27.6. En razón a lo expuesto, esta Sala considera que la presente acción
constitucional sí tiene relevancia constitucional, motivo por el cual se revocará el
fallo impugnado.
27.7. Ahora bien, la parte accionante no tiene otro medio de defensa para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión
proferida por el Juzgado accionado.
27.8. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable.
27.9. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
9
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos y T-458 de 2016,
Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
27.10. No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la
tutela, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.
27.11. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
28. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante por la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente.
VIII.4.2.1. Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
29. Se tiene que la jurisprudencia11 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.
30. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en cuenta
la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador
judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción.
31. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.
32. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida por
la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical fijado por la
11
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04337-01
Accionante: Ángela Cristina Tobar González
jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que
la providencia adolece de un defecto sustantivo12.
VIII.4.2.2. De la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado relacionada con la inaplicación de la sanción impuesta dentro del
trámite del incidente de desacato
33. Sea lo primero en señalar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, por vía de tutela se obtiene la protección inmediata y efectiva
de los derechos fundamentales de toda persona que aseguran su dignidad. Por
tanto, se tiene como una conducta de suma gravedad el incumplimiento de la orden
de amparo porque: i) prolonga la amenaza o vulneración de estos derechos pese a
la protección judicial impartida, y ii) constituye un nuevo agravio a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia13.
34. Es por ello por lo que impartida la orden de tutela su destinatario debe cumplirla
en los términos que ha sido proferida, o demostrar que no ha sido posible su
cumplimiento. La desatención injustificada del mandato judicial, entonces, acarrea
sanciones por desacato, resaltando que lo atinente al cumplimiento del fallo judicial
está previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, y lo pertinente al tópico
sancionatorio en el 52 ibidem.
35. El citado artículo 27 le impone al responsable del agravio cumplirlo sin demora, y
al juez de amparo la obligación de requerirlo para que lo haga dentro de las 48 horas
siguientes e incluso lo faculta para acudir al superior jerárquico de este último para
lograrlo. Si no obtiene resultado alguno ordenará abrir proceso contra uno y otro.
De resultar procedente los sancionará por desacato. En todo caso, mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho y no es
requisito esencial acudir al trámite de cumplimiento para sancionar por desacato.
36. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 ibidem, quien incumpliere la orden de un
juez en sede de tutela, incurrirá en desacato sancionable con arresto de hasta 6
meses y multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales vigente. La sanción
será impuesta previo trámite incidental y será consultada con el superior jerárquico,
quien decidirá si debe revocarse o no.
37. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional, en múltiples oportunidades, ha
precisado que «[…] el objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el
de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva
12
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Sentencias T-329 de 1994 y C-1003 de 2008.
11
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protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual
se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas […]»14.
38. La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-421 de 2003, T-171-09; T-652-10; T-
512-11, T-010-12, T-482-13, y recientemente esa misma corporación judicial, en
providencia SU-034 de 2018, precisó lo siguiente:
[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que
de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es
que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su
auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela
pendiente de ser ejecutada15; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma16, sino que ésta debe
entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia
el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuyo objetivo no es
otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación
de los derechos quebrantados17.
[…]
Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones
con argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el
desacato es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce
la doctrina desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que
el propósito perseguido por la sanción es conminar al obligado como
medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante
sentencia, mas no sancionar por sancionar […]18. (Negrillas por fuera del texto
original)
39. Criterio que también ha sido acogido por esta corporación, en sus distintas
Secciones19, por ejemplo, esta Sección en sentencia de 14 de mayo de 202020,
14
Sentencia T-1113 de 2005.
15
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
16
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-
1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.:
Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de
2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
17
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092 de 1997, M.P.:
Carlos Gaviria Diaz
18
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2016, expediente
No. 11001-03-15-000-2016-00873-01 (AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sección Primera, sentencia de 11 de
mayo de 2017, expediente No. 11001-03-15-000-2017-00301-00 (AC), C.P. María Elizabeth García González. Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, expediente No. 25000-23-42-000-2013-06071-01(AC), C.P.
Gerardo Arenas Monsalve. Sección Cuarta, sentencia de 3 de octubre de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-2016-
01295-01 (AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sección Cuarta, sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente
No. 11001-03-15-000-2017-01342-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Sección Cuarta, sentencia de 24 de octubre
de 2018, expediente No. 11001-03-15-000-2018-02693-00 (AC), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Sección Cuarta,
sentencia de 12 de febrero de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2018-03944-00 (AC), C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Sección Cuarta, sentencia de 4 de diciembre de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-04040-01(AC),
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sección Quinta, sentencia de 19 de mayo de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-
2016-00873-00 (AC), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto de 2018,
expediente No. 11001-03-15-000-2018-02048-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sección Quinta, sentencia de 18 de diciembre
de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-04654-00 (AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2020, Exp. No.
11001-03-15-000-2019-05126-01(AC), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
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Accionante: Ángela Cristina Tobar González
reiterada en reciente pronunciamiento de 14 de julio de 2022 (expediente número 11001-
03-15-000-2022-03201-00), precisó lo que a continuación se enseña:
[…] Por tanto, y tal como lo determina la jurisprudencia constitucional, pese a
que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una sanción,
su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en alcanzar el
cumplimiento de la orden impartida por el juez de amparo. En otras
palabras, la sanción a imponer es una de las formas de buscar el acatamiento
de la orden proferida. De ahí que para evitarla e, incluso, para que ella no se
haga efectiva, resulta indispensable cumplir el mandato judicial. […] (subrayas
fuera del texto)
40. En síntesis, al tenor de la jurisprudencia constitucional y de esta corporación, la
sanción no constituye la finalidad o el propósito del incidente de desacato sino un
medio para cumplir con la orden judicial impartida, motivo por el cual cuando se dé
el cabal cumplimiento íntegro al fallo de tutela, la imposición de la multa y el
arresto carecen de objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de
consulta.
VIII.4.2.3. De la solución del defecto en el sub judice
41. En el caso de autos, se advierte que el planteamiento medular de la accionante
radica en señalar que el juzgado accionado se abstiene de levantar la sanción que
le fue impuesta en el marco del trámite incidental pese a que la orden judicial se
encuentra cumplida.
42. Por lo anterior, aseguró que se desconoció el precedente que establece que la
finalidad del incidente de desacato no es sancionar, sino obtener el cumplimiento
del fallo judicial.
43. Para resolver el anterior motivo de inconformidad, la Sala considera necesario
traer a colación las consideraciones expuestas por el juzgado accionado en las
providencias aquí enjuiciadas. Veamos:
43.1. Mediante auto de 17 de junio de 2022, el Juzgado accionado resolvió negar «[…]
la solicitud elevada por FIDUPREVISORA tendiente a levantar la sanción impuesta
a la señora ÁNGELA TOBAR GONZÁLEZ en calidad de DIRECTORA DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE FIDUPREVISORA […]», luego de considerar
lo siguiente:
[…] Tal como lo ha indicado en otras oportunidades, el Despacho negará las
solicitudes de inaplicación de la sanción, pues el referido Auto Interlocutorio No.
341 de 22 de abril de 2022 se encuentra en firme y confirmado por el
Tribunal Administrativo del Cauca en decisión del 28 de abril de 2022. En
ese sentido la infrascrita carece de competencia para modificar una
decisión que emitió el superior.
[…]
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Accionante: Ángela Cristina Tobar González
Bajo este orden, el Despacho concluye que no puede levantarse la sanción, ya
que en reiteradas ocasiones se le ordenó a la señora ÁNGELA TOBAR
GONZÁLEZ en calidad de DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
DE FIDUPREVISORA acceder a lo ordenado mediante el fallo de tutela. Si bien
es cierto que, tiempo después se dio cumplimiento a lo ordenado, ello no
es óbice para levantar la multa, pues por haberse tratado de una
controversia sobre prerrogativas iusfundamentales, la accionada tenía la
obligación legal y constitucional de acatar la orden y garantizar a
JHASLYM PILCUE CUETIA y a los menores de edad ALDEUR PILCUE
CUETIA, HERMES PILCUE CUETIA y de GELEN SHARITH PILCUE CUETIA
los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al debido
proceso, derechos de los niños, a la educación y a la dignidad humana
realizando el pago de las mesadas pensionales post- morten causada por su
madre la docente MARIA ELVIA CUETIA IPIA, por lo que no había ninguna
justificación válida o legal que le permitiera retardar los pagos a su cargo.
[…] (negrillas por fuera del texto original)
43.2. Posteriormente,y mediante auto de 4 de agosto de 2022, el juzgado aquí
accionado nuevamente resolvió negar «[…] la solicitud elevada por
FIDUPREVISORA tendiente a levantar la sanción impuesta a la señora ÁNGELA
TOBAR GONZÁLEZ en calidad de DIRECTORA DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE FIDUPREVISORA […]». Como sustento de lo anterior, la
autoridad además de reiterar las consideraciones que consignó en el auto de 17 de
junio de 2022 explicó lo siguiente:
[…] Respecto a la cita de pronunciamientos hechos por la Corte Suprema de
Justicia no los aplica el Despacho por cuanto no es el órgano de cierre, se
emiten en desacato no siendo vinculantes. Y se debe revisar por la autoridad
judicial el caso en concreto, tal como lo ha hecho este Despacho ahora y en
los anteriores pronunciamientos ante la petición de inaplicación de sanción.
Ahora bien la parte interesada trae la citación de la Sentencia SU 034 de 2018 de
la Corte Constitucional, que revisada por el Despacho, dista en su presentación
fáctica del presente caso, pues en ella se trata de la procedencia de la acción
de tutela contra providencias que resuelven incidente de desacato, y
esgrime que ella procede por desconocimiento del precedente respecto a
órdenes complejas, que en el marco de decisión se sustenta en que las
ordenes impartidas se dan en un escenario de un estado de cosas
inconstitucionales como es el desplazamiento forzado y las funciones de
la UARIV, y en ese orden, le compete al juez revisar y analizar de fondo los
factores objetivos, para luego valorar el factor subjetivo.
En nuestro caso, no se trató de órdenes complejas, ni tampoco se dio en el
escenario de un estado de cosas inconstitucionales. […] (negrillas por fuera del
texto original)
44. Visto lo anterior, para la Sala es claro que la negativa del juzgado accionado de
levantar o inaplicar la sanción que le fue impuesta a la actora en el marco del trámite
incidental con radicación número 19001-33-33-002-2021-00162-00 se fundamentó
en que: (i) la sanción por desacato fue consultada y confirmada, por ende, se
encontraba ejecutoriada, y (ii) la orden de tutela a cumplir no era compleja ni se
encontraba en el escenario de un estado de cosas inconstitucionales, por lo que no
resultaba procedente aplicar el precedente contenido en la citada sentencia SU-034
de 2018.
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45. Para la Sala los argumentos expuestos por el juzgado accionado desconocen, tal
como se explicó en el acápite VIII.4.2.2. de esta providencia, i) la finalidad de la
sanción por desacato, así como ii) el deber de levantar o inaplicar la sanción
impuesta en el trámite incidental ante el cumplimiento del fallo de tutela.
46. Ello es así porque el desacato es un instrumento persuasivo cuyo objeto no es
otro que el cumplimiento de la orden de amparo, sin que en ningún caso pueda ser
concebido como una herramienta de carácter punitivo; por ende, resultaría
incoherente mantener vigente la sanción cuando han desaparecido los supuestos
fácticos que dieron lugar a la imposición de esta.
47. Es así como no resulta admisible mantener una sanción por desacato cuando
una vez impuesta, el particular o la autoridad persuadida por su imposición, procede
a dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, aún después de
emitida la decisión propia del grado jurisdiccional de consulta.
48. Respecto de la procedencia del levantamiento de las sanciones impuestas en el
marco de un proceso de incidente de desacato, aún después de haberse surtido el
grado jurisdiccional de consulta, cabe traer a colación la sentencia de 24 de
septiembre de 201521, dictada por esta Sección en la que se precisó lo siguiente:
[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada mediante el auto
de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente núm. 2012-00364, para, en su
lugar, retomar el criterio Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y
carácter persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr el
cumplimiento efectivo del fallo que ampara los derechos fundamentales,
como claramente lo ha dilucidado la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la misma y ha
procedido a cumplir la orden tutelar correspondiente, aun cuando esto se
produzca, inclusive, con posterioridad a la resolución del Grado
Jurisdiccional de Consulta […]. (Negrillas por fuera del texto original).
49. Elanterior criterio fue reiterado recientemente por esta Sección, mediante
sentencia de 14 de julio de 202222, oportunidad en la que se consideró que: «[…]
cuando se dé cabal cumplimiento a la orden establecida en la respectiva sentencia
de tutela, la imposición de la multa y el arresto carece de objeto, aunque haya
culminado el grado jurisdiccional de consulta […]».
50. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que el juzgado accionado debió
acceder a la solicitud de levantamiento o inaplicación de la sanción, por cuanto
encontró acreditado el cabal cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, y no
mantener la sanción como si se tratara de una herramienta de carácter punitivo.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2015, Exp.
No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García González.
22
Expediente número 11001-03-15-000-2022-03201-00.
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51. Así las cosas, esta Sección considera que el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Popayán, al proferir los autos de 17 de junio y de 4 de agosto de 2022,
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial
trazado por la Corte Constitucional y por esta Corporación relacionado con la
posibilidad de inaplicar la sanción impuesta en el trámite incidental ante la prueba de
cumplimiento del fallo de tutela, por ende, vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de la parte actora.
52. Por lo anterior, la Sala estima pertinente amparar los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de la actora, como consecuencia de ello, se dejarán sin
efectos los autos de 17 de junio y de 4 de agosto de 2022, en su lugar, se ordenará
al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte nueva decisión donde
tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de septiembre de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido de proceso de la
accionante, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias de 17 de junio y de 4 de agosto
de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán
y, como consecuencia de ello, se ORDENA que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta decisión, dicte nueva decisión donde tenga en
cuenta las consideraciones anteriormente expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
16
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Accionante: Ángela Cristina Tobar González
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(18)
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