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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04338-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04338-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente en un asunto similar 11 mediante sentencia de 19 de agosto de 2022, M.P. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04338-00 Actora: MARÍA DEL ROSARIO LONDOÑO AGUDELO PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04338-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04338-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA DEL ROSARIO LONDOÑO AGUDELO

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ EN
LOS DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL ENDILGADOS. LA ACTORA NO CUMPLÍA
CON LOS REQUISITOS PARA SER EXCEPTUADO DE LO PREVISTO EN
EL ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005, EN CUANTO A LA PRIMA DE
MEDIO AÑO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora MARÍA DEL ROSARIO LONDOÑO AGUDELO, actuando

a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04338-00
Actora: MARÍA DEL ROSARIO LONDOÑO AGUDELO

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicita la

protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido

proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los

cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al proferir la sentencia

de 9 de febrero de 2022, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 05001-33-33-014-2021-00012-01.

I.2. Hechos

Manifestó que laboró como docente al servicio del Estado, vinculada

al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO2 desde el 1o. de febrero de 1981.

Sostuvo que mediante la Resolución núm. 201720000888 de 13 de

julio de 2017, el FOMAG reconoció y ordenó el pago de su pensión

de jubilación, de conformidad con lo previsto en la Ley 91 de 1989.

Adujo que presentó solicitud ante el FOMAG, a fin de que se le

reconociera y pagara la prima de medio año equivalente a una

mesada adicional de su pensión de jubilación, de conformidad con el

literal b) numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, solicitud

2
En adelante el Fomag.

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3

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que fue denegada mediante el Oficio núm. 201930217118 de 4 de

julio de 2019.

Aseguró que como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL, FOMAG y FIDUPREVISORA S.A., a fin de que se le

ordenara el reconocimiento y pago de la prima de medio año.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 05001-33-33-014-2021-00012-01 y le correspondió por

reparto al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN3 que, mediante sentencia de

4 de junio de 2021, denegó las pretensiones.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación

ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 9 de febrero de 2022,

confirmó íntegramente la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

3
En adelante el Juzgado.

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Actora: MARÍA DEL ROSARIO LONDOÑO AGUDELO

Afirmó que la providencia emitida por el TRIBUNAL incurrió en

defecto material o sustantivo al efectuar una interpretación fuera

del marco de la juridicidad, ocasionando un abuso del derecho.

Señaló que la decisión judicial cuestionada reviste una vía de hecho

que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto la prima de

mitad de año es un beneficio que se le otorga a los docentes que no

tienen derecho a la pensión gracia y no podría equipararse con una

mesada adicional, pues el legislador la estableció como una prima

destinada de forma especial a los docentes afiliados al FOMAG con

posterioridad al 1o. de enero de 1981.

Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en desconocimiento

del precedente jurisprudencial establecido en la Sentencia de

Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, proferida

por la Sección Segunda de esta Corporación.

I.4. Pretensiones

La actora solicita que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se declare que el Tribunal Administrativo de ANTIOQUIA –
Sala Primera de Decisión, integrada por los magistrados JORGE

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LEON ARANGO FRANCO, DANIEL MONTERO BETANCUR Y VANESSA
ALEJANDRA PEREZ ROSALES, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la accionante con
la decisión contenida en la sentencia del 9 DE FEBRERO DE 2022
proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho incoada por la Docente MARIA DEL ROSARIO LONDOÑO
AGUDELO contra La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, bajo radicado N° 05001-33-33-044-2021-00012-
01.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, integrada por los Magistrados JORGE LEON ARANGO
FRANCO, DANIEL MONTERO BETANCUR Y VANESSA ALEJANDRA
PEREZ ROSALES; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al precedente
judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante
Sentencia Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019
proferida por la Sección Segunda, es decir reconociendo la prima
de junio establecida en el artículo 15 numeral 12 literal b de la ley
91 de 1989 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO advirtió que los argumentos que fundamentan

la decisión de primera instancia están contenidos en la sentencia de

4 de junio de 2021.

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Igualmente, remitió el expediente digital contentivo del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de análisis.

I.6.2.- La NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitó su

desvinculación de la acción de tutela, por cuanto no es responsable

de la conducta cuya omisión genera la presunta vulneración.

Aseguró que no tiene competencia para pronunciarse acerca de los

hechos y pretensiones de la demanda de tutela, pues el conflicto se

circunscribe a las actuaciones judiciales proferidas dentro del marco

de un proceso judicial en el que no tiene injerencia.

I.6.3.- La FIDUPREVISORA S.A., vinculada en calidad de tercera

con interés directo en las resultas de la acción, solicitó declarar

improcedente la solicitud de amparo y, además, que se le desvincule

de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa

por pasiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN y

la FIDUPREVISORA S.A. formularon petición de desvinculación en

la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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Actora: MARÍA DEL ROSARIO LONDOÑO AGUDELO

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la

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FIDUPREVISORA S.A., actuaron como demandadas dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 05001-33-33-014-

2021-00012-01, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a

las entidades, en calidad de terceras, les asiste interés en la decisión

de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se les

denegará sus solicitudes de desvinculación, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría

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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 9 de febrero de 2022 proferida por

el TRIBUNAL dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-

33-014-2021-00012-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y

desconocimiento del precedente judicial.

Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, la decisión

cuestionada incurrió en el defecto material o sustantivo, al

efectuar una interpretación fuera del marco de la juridicidad,

ocasionando un abuso del derecho, por cuanto la prima de mitad de

año es un beneficio que se le otorga a los docentes que no tienen

derecho a la pensión gracia y no podría equipararse con una mesada

adicional, pues el legislador la estableció como una prima destinada

de forma especial a los docentes afiliados al FOMAG con

posterioridad al 1o. de enero de 1981.

Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en desconocimiento

del precedente jurisprudencial establecido en la Sentencia de

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Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019 proferida

por la Sección Segunda de esta Corporación.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el

TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los

defectos endilgados.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión

cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las

causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y

ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,

ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable4 y, por

último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman

lesionados.

4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos

alegados, para posteriormente analizar los reproches de la actora en

el caso concreto.

Del defecto sustantivo

La Corte Constitucional5 ha precisado que el defecto sustantivo se

presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente

inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por

una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad

jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 20096, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a

5 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
6
M.P Mauricio González Cuervo.

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los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional7 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del grado de

convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el Juez

ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre estos

y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede

jurisdiccional […]”.

Desconocimiento del precedente judicial

Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo

establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el

poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus

providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla

7
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente8”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

8
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

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su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial9.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)10.

Análisis del caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la providencia de 9 de febrero de

2022 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se

indicó lo siguiente:

[…] 4. CASO EN CONCRETO

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
mediante la Resolución No. 201750000888 de 13 de julio de 2017,
reconoció y ordenó a favor de la señora MARÍA DEL ROSARIO
LONDOÑO AGUDELO, el pago de una pensión mensual vitalicia en
cuantía de dos millones noventa y cuatro mil trescientos cuarenta
y cuatro pesos ($2.094.344) efectiva a partir del 9 de abril de 2014.

La actora, solicitó a la entidad demandada mediante petición de 19
de junio de 2019, el reconocimiento y pago de la prima de mitad
de año a la que tiene derecho, petición frente a la cual, recibió

9
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
10
Ver sentencia T-292 de 2006.

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respuesta negativa por medio del oficio No. 201930217118 de 4 de
julio de 2019.

Ahora bien, en la sentencia de primera instancia, el Juez negó las
pretensiones considerando que la parte actora no cumple con las
dos condiciones del acto legislativo 01 de 2005, para acceder a la
prestación consagrada en el artículo 15 numeral 2 literal b de la
Ley 91 de 1989.

El recurso de alzada, manifiesta que el a quo incurrió en un error
al confundir la prima que se solicita con la mesada regulada por la
Ley 100 de 1993, y reitera que el fundamento normativo de la
pretensión se encuentra en el artículo 15 numeral 2º literal b de la
ley 91 de 1989, comoquiera que la demandante no tiene derecho
a la pensión gracia, tiene derecho al reconocimiento y pago de
prima de mitad de año, cuyo valor equivale al pago de la mesada
pensional ordinaria y deberá ser cancelada en junio de cada año
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

De conformidad con lo manifestado por la parte en el recurso de
alzada se tiene que la prestación perseguida en la demanda es la
mesada adicional consagrada en el artículo 15 numeral 2º literal b
de Ley 91 de 1989, frente a dicha prestación la Corte Constitucional
en la sentencia C- 461 de 1995, indicó que es asimilable a la
establecida en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993; en ese orden
de ideas dichas prestaciones se encuentran limitadas por lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Ahora bien, tal como se indicó en el marco jurídico, el Acto
Legislativo 1º de 2005, estableció que, a partir del 25 de julio de
2005, las personas que adquieran el derecho a la pensión recibirán
un máximo de trece mesadas al año, con la excepción dispuesta en
el parágrafo 6° transitorio, esto es, aquellos que causaren el
derecho antes del 31 de julio de 2011 y su mesada pensional no
supere los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para determinar si la demandante, tiene derecho a que se le
reconozca la mesada solicitada, es necesario verificar: i) La fecha
de configuración del status pensional, ii) y que la mesada pensional
no exceda de 3 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha en
que se comenzó a percibir la pensión.

Frente a lo dicho se tiene que la señora María del Rosario Londoño
Agudelo adquirió su estatus de pensionada el 8 de abril de 2014, y
la mesada pensional reconocida mediante Resolución
201750000888 de 13 de julio de 2017, fue por valor de
$2.094.344, es decir, superior a los tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes para ese año, toda vez que el Decreto 3068 de
2013 fijó el salario mínimo para el año 2014 (fecha de efectividad)

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en valor de $616.000 el cual multiplicado por 3 equivaldría a
$1.848.000.

De lo anterior, se pude colegir que en el caso de la demanda, el
incumplimiento de los requisitos para acceder a las prestación de
la prima de medio año equivalente a un mesada pensional
consagrada en la Ley 91 de 1989.

En este orden de ideas, encuentra la Sala, que la decisión proferida
por el Juzgado Catorce Oral del Circuito de Medellín, se encuentra
ajustada a la normatividad, por lo tanto, se CONFIRMARÁ la
sentencia de cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021),
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. […]”
(Negrillas pertenecen al texto)

Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que, la

autoridad judicial accionada logró inferir que de conformidad con el

Acto Legislativo 001 de 2005, únicamente tienen derecho al

reconocimiento de la mesada de medio año las personas que hubiesen

causado su pensión antes del 31 de julio de 2011, siempre que se

acreditara que la prestación era inferior a 3 SMLMV.

Para el caso concreto, el TRIBUNAL concluyó que no había lugar a

acceder a las pretensiones, en la medida que la actora consolidó su

estatus pensional el 8 de abril de 2014 y, sumado a ello, la mesada

pensional reconocida mediante Resolución 201750000888 de 13 de

julio de 2017, fue por valor de $2.094.344, es decir, que superaba el

valor de 3 salarios mínimos mensuales vigentes para la época, por lo

que no cumplía con la excepción prevista en el Acto Legislativo 001

de 2005.

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Ahora, con el propósito de realizar un análisis del defecto endilgado,

es necesario traer a colación la normativa presuntamente

desconocida.

El artículo 15 de la Ley 91 de 1989, prevé respecto de las pensiones:

“[…] ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley
el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule
con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones: […]

2º Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 que
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 31 de
1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social
conforme el Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación.

Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de
1981, nacionales o nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se
cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional. […]”
Destacado fuera de texto.

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Por su parte, el Acto Legislativo 001 de 2005, que adicionó el artículo

48 de la Constitución Política, eliminó la mesada de junio, para lo cual

estableció una excepción, tal como se observa a continuación:

“[…] Artículo 1°. - El Estado garantizará los derechos, la
sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los
derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la
deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las
leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la
entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la
sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.
(...)

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá
regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable
a la Fuerza Pública, al Presidente de la República y a lo
establecido en los parágrafos del presente artículo.

Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir
de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán
recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año.
Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen
todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento. (...)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 6o. Se exceptúan de lo
establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas
personas que perciban una pensión igual o inferior a tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la
misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes
recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año”. […]”
Destacado fuera de texto.

De lo anterior se extrae que el mencionado Acto Legislativo 001 de

2005, eliminó la posibilidad para todos los sectores de percibir a medio

año una mesada adicional, excepto para quienes devenguen una

pensión igual o inferior a 3 SMLMV y su derecho pensional se haya

causado antes del 31 de julio de 2011.

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En ese sentido, contrario a lo afirmado por la parte actora, la autoridad

judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo endilgado,

comoquiera que aplicó en debida forma lo previsto en el artículo 15 de

la Ley 91 de 1989, en concordancia con lo dispuesto por el Acto

Legislativo 001 de 2005, de lo cual logró establecer que la actora no

cumplía con los requisitos para ser exceptuado del inciso 8º, que

eliminó la posibilidad de recibir la mesada adicional de medio año.

Así las cosas, el TRIBUNAL atendiendo la normativa prevista para

el asunto y analizándola de forma integral, encontró que no había

lugar a acceder a las pretensiones, de tal forma que para la Sala la

autoridad judicial accionada no incurrió en el yerro endilgado, por lo

que el hecho de que la parte actora no comparta la posición allí

dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, confirmó el fallo del a quo.

Finalmente, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente judicial, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada tampoco incurrió en la configuración de este cargo, por

cuanto la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, estudió lo

referente al régimen pensional aplicable a los docentes que prestaron

sus servicios al Estado y, la forma en la que debe determinarse el

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IBL, teniendo en cuenta la fecha de vinculación al FOMAG, sin que

la prima de medio año allá sido objeto de unificación.

Así las cosas, no se observa el desconocimiento del precedente

judicial endilgado por la parte actora, toda vez que la autoridad

judicial accionada fundamentó su decisión respetando la

jurisprudencia dispuesta para el asunto y, aplicando la normativa

prevista para la prima solicitada.

En ese orden de ideas, en la medida que, la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos alegados por la actora11 y, que

no se evidenció vulneración alguna a los derechos deprecados en lo

que respecta a los demás argumentos, la Sala denegará el amparo

constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

Esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente en un asunto similar
11

mediante sentencia de 19 de agosto de 2022, M.P. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN.

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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la FIDUPREVISORA S.A., por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de septiembre de

2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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