Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04347-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04347-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04347-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de enero de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, 19 (diecinueve) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04347-01
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA,
DISCURSO PRESIDENCIAL. CIERRE DE CIERTAS
IGLESIAS CATOLICAS EL DÍA DE LA POSESIÓN
PRESIDENCIAL. SE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE
NEGÓ EL AMPARO.
Síntesis del caso: el accionante interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República
en procura de la protección de sus derechos por considerar que se vulneraron los principios de
neutralidad religiosa y proscripción de injerencia mutua, con ocasión de la posesión presidencial.
Además, alegó que por este hecho no pudo asistir a su servicio religioso, toda vez que varias
iglesias católicas cerraron por los actos de posesión, por último, manifestó que el discurso del
primer mandatario vulneró sus derechos fundamentales.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 22 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Harold Eduardo Sua
Montaña, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas
y mayúsculas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 10 de agosto de 2022 el señor Harol Eduardo Sua Montaña presentó proceso de acción
de tutela en contra del presidente de la República, con el fin de que se protegieran los
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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principios de neutralidad religiosa y proscripción de injerencia mutua y, por tanto, se
accediera a las siguientes súplicas:
“- “PRIMERO: Repare el Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego a los fieles
católicos del Distrito Capital mediante alocución en la cual habrá de disculparse
por no haber prevenido que la programación de los eventos culturales
planeados entorno a su posesión frente al Congreso de la República dificultaría
la llegada de los feligreses de iglesias y parroquias del centro de la ciudad para
participar en la misa dominical al punto de haber conllevado a la Arquidiócesis
de Bogotá a cerrar dichos lugares durante todo ese día y con ello no haber
celebraciones de misas cuando ‘los fieles tienen obligación de participar en la
Misa’ en el día domingo por ser “fiesta primordial de precepto’ según los
cánones 1246 y 1257 del código de derecho canónico dificultando así el
cumplimiento de dicha obligación pese a estar preceptuado en la legislación
colombiana ‘el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos
religiosos de los colombianos” (inciso primero del artículo 2 de la ley 133 de
1994) y ‘La legislación canónica es independiente de la civil, y no forma parte
de ésta; pero será solemnemente respetada por las autoridades de la
República’ (artículo 16 de la ley 153 de 1887, cursiva y subrayado añadidos).
SEGUNDO: Haga el señor Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego una
alocución en la cual deje claro a la opinión pública que no se inmiscuirá en el
aumento de organizaciones populares espirituales de cualquier creencia como
(sic) el tampoco haber constituido una adhesión protocolaria o semejante de las
ritualidades de una o varias comunidades nativas ancestrales o
afrodescendientes en su obligación de ‘garantizar los derechos y libertades de
todos los colombianos’ ni la unidad nacional que simboliza sino su convicción
personal materializar férreamente ese compromiso para aquella ‘expresión’ del
pueblo colombiano cuyo goce efectivo de derechos y libertades aún no se ha
dado.
TERCERO: Efectué (sic) el Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego cada
una de las mencionadas alocuciones por los mismos canales en los cuales fue
transmitida su posesión frente al Congreso de la República y estos a su vez
difundan la decisión judicial en comento.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- mayúsculas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
2.1. El accionante narró que el 7 de agosto de 2022 el presidente Gustavo Francisco
Petro Urrego realizó un encuentro que denominó “posesión popular y espiritual con las
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del país”, en el cual pronunció
el siguiente discurso:
“(…) Este acto ceremonial, ya veníamos de la Sierra Nevada, hicimos allí una
actividad que tiene que ver con la posesión de un presidente por parte de su
propio pueblo (…) una parte organizada del pueblo, ustedes son una expresión
de ella; pero es profundamente importante, para los días que están por venir,
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aumentar la cantidad y calidad de la organización popular en Colombia, sea en
los barrios, sea en las grandes ciudades, sean los campos o las veredas hay
que tener organización con el nombre que sea, si se llama junta de acción
comunal o usuarios campesino o movimiento indígena o estudiantes, con los
nombres que sean así sean culturales, sean espirituales, sean sindicales, sean
gremiales, sean económicos, sociales, sean políticos o sean la fuerza misma
del alma, del espíritu que nos acompaña desde tiempos incluso precolombinos.
Necesitamos más y más organización popular en toda Colombia, el Presidente
de la República los convoca a organizarse e indudablemente esa pluralidad,
esa multiculturalidad, ese espectro multicolor que debe ser el de la organización
popular, hay que unificarlo en medio de la diversidad, coordinarlo, conectarse
entre sí como se conectan las raíces con la tierra, conectarse entre sí como se
conectan las neuronas del cerebro, conectarse entre sí para logar (sic) poder”
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI-).
2.2. El actor manifestó que “la forma en la cual el hoy presidente Gustavo Francisco Petro
Urrego hizo organizar su posesión presidencial conllevó a que la Arquidiócesis de Bogotá
tuviera que cerrar algunas iglesias y parroquias del centro de la ciudad y con ello la no
celebración de misas en dichos lugares”.
3. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad accionada desconoció el principio de
neutralidad religiosa al catalogar como un “acto ceremonial” la posesión que se realizó el
7 agosto de 2022 ante diversas comunidades indígenas y afros.
Aseguró que en el auto de 5 de septiembre de 2016 la Sección Primera del Consejo de
Estado explicó que “en cualquier actividad donde la simbología de Unidad Nacional del
Presidente de la República esté presente no puede haber una identificación con una
creencia, religión o iglesia”.
También se refirió a la sentencia STL5798 de 2020, en la que se establecieron una serie
de indicadores para determinar si se transgredió el principio de neutralidad religiosa, entre
estos se encuentran: (i) el contexto en el cual participa el presidente de la República; (ii)
el modo como se desenvuelve y (iii) la significación veraz, imparcial y objetiva de su
actuar. Con base en lo anterior, aseguró que el ordenamiento ha proscrito vínculos entre
cualquier tipo de creencia con actos propios de un cargo público.
El actor consideró que el discurso que realizó el presidente de la Republica frente al
Congreso era contrario a la Sentencia T-946 de 1999, en la cual se dispuso que “resulta
inaceptable cualquier pretensión de la autoridad civil por limitar su ejercicio o imponerles
conductas que riñan con los principios y postulados”.
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También sostuvo que el presidente de la República interfirió indirectamente “en la
realización de la celebración eucarística de los fieles católicos por efecto colateral
previsible de su posesión frente al Congreso de la República” y que, consecuentemente,
vulneró los principios de neutralidad religiosa y proscripción de injerencia mutua.
Frente a lo anterior, explicó que como consecuencia de las restricciones de movilidad en
el centro de Bogotá la Arquidiócesis de Bogotá decidió no abrir las parroquias e iglesias
católicas cercanas a dicho acto durante todo ese día, de manera que los feligreses
católicos del sector no pudieron participar en la misa dominical.
En consecuencia, sostuvo que el acto de posesión presidencial generó efectos
colaterales que implicaron una restricción de la libertad de culto en los alrededores del
centro de Bogotá, lo cual implica, en sus palabras, “un tratamiento displicente de mi fe
católica”.
4. Actuación de primer grado
Mediante auto de 16 de agosto de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió
el proceso de acción de tutela y ordenó notificar al presidente de la Republica, con el fin
de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 22 de septiembre de 2022
negó las pretensiones formuladas por el señor Harold Eduardo Sua Montaña por
considerar que el rol institucional que desempeña el Estado frente al ejercicio de dicha
garantía religiosa es de neutralidad frente a algún tipo de religión o culto; en otras
palabras, ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal, tal como lo
contempla el artículo 2 de la Ley 133 de 1994.
La Sala expuso que las expresiones empleadas en su discurso de posesión por el
presidente de la República, entre ellas, “posesión ancestral”, “acto ceremonial”, “espíritu”
“espíritu que nos acompaña desde tiempos incluso precolombinos”, “conectarse entre sí
para lograr poder” no constituyen un discurso discriminatorio, pues no apuntaban a excluir
a determinado grupo de la sociedad ni a despreciar ninguna creencia religiosa.
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Por lo mismo, tales manifestaciones no afectaron el núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados como trasgredidos.
Enfatizó que la decisión de cerrar las iglesias durante los actos de la posesión
presidencial no emanó ni del presidente ni de la Presidencia de la República, sino de la
Arquidiócesis de Bogotá, de manera que no podía endilgarse una transgresión o
amenaza a derechos fundamentales por parte de los mencionados, ya que la
determinación de cerrar por ese día ciertas iglesias católicas no provino de ellos, sino de
un tercero, como se desprende del comunicado expedido por la oficina de
comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá
En suma, concluyó que no existió amenaza o vulneración alguna a los derechos
fundamentales del actor.
6. Impugnación
La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido
en auto de 19 de octubre de 2022.
En primer lugar, indicó que el juez de primer grado entendió que la vulneración a la
libertad de cultos se afincó en las palabras pronunciadas por el presidente en su
denominada “posesión popular y espiritual con las comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinas del país”, sin embargo, lo que en realidad se indicó en
el escrito de tutela fue que esta se presentó para “prevenir la consumación de la misma,
es decir, en aras de que realmente vaya a establecer una unificación o coordinación o
interconexión de organizaciones populares espirituales con otras de índole diferente”.
Afirmó que no existió por parte de la autoridad demandada pronunciamiento alguno
dentro del fallo sobre la vulneración religiosa por parte de Gustavo Petro al decir durante
su discurso de posesión ante el Congreso de la República “termino aquí con lo que me
dijo una niña arhuaca hace tres días en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos”,
pese a figurar en el escrito de tutela la aplicación de estándares jurisprudenciales en
materia de libertad religiosa a través los cuales dicho suceso es señalado de ocasionar
tal vulneración.
Alegó que en el fallo de la referencia también se pasó por alto la presunta “auto restricción
de la libertad de culto” en cabeza de las autoridades eclesiásticas por la manera como se
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censuraron que a juicio del actor dio como resultado que cerraran los recintos religiosos
el día de la posesión presidencial.
Por último, señaló que la sentencia demandada no hizo referencia ni analizó los artículos
de la ley canónica aducidas por el actor ni el hecho de que haya dicho en su discurso que
“hicimos” junto con los arahuacos una “posesión ancestral”, lo que en su parecer vincula
a todos los colombianos católicos en la celebración de un acto pagano de los arhuacos,
pues cuando se refiere a “hicimos” semánticamente los incluye.
En conclusión, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
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2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Presidencia de la República, con el fin de que se protegiera los principios de neutralidad
religiosa y proscripción de injerencia mutua con ocasión de la posesión presidencial y el
posterior discurso en el Congreso de la República.
En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la
acción de tutela por cuanto concluyó que no existió amenaza o vulneración alguna a los
derechos fundamentales del actor.
En el escrito de impugnación la parte demandante indicó que no existió por parte de la
autoridad judicial que resolvió la primera instancia pronunciamiento alguno sobre la
vulneración religiosa por parte de Gustavo Petro en su discurso de posesión ante el
Congreso de la República, que tampoco mereció pronunciamiento alguno la decisión de
autocensurarse de las autoridades eclesiásticas ni el hecho de que se haya referido a
todos los católicos como participes de una ceremonia “pagana” con la comunidad
arhuaca.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia Sala confirmará el fallo de
primera instancia que negó la acción de tutela por inexistencia de amenaza o vulneración
de derechos fundamentales.
1) El artículo 86 de la Constitución política establece “que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales […]”.
2) Para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela se dirigen a demostrar la supuesta vulneración de los derechos y principios a la
libertad de cultos, neutralidad religiosa y proscripción de injerencia mutua, por la decisión
de no realizar la eucaristía dominical el día de la posesión presidencial, así como por
algunas de las palabras empleadas en su discurso por el presidente de la Republica el 7
de agosto de 2022 frente al Congreso.
3) Frente a estos supuestos de vulneración, esta Sala advierte que no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados, pues tal como lo puso de presente la primera
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instancia, la decisión de no celebrar la misa dominical el día de la posesión presidencial
no fue adoptada por ninguno de los aquí demandados, sino por las propias autoridades
eclesiásticas.
4) Asimismo, tampoco se aprecia que la Sección Cuarta del Consejo de Estado haya
dejado de resolver los planteamientos en relación con la protección de sus derechos,
como lo indicó el actor en su impugnación, por el contrario, en la decisión el a quo explicó
con claridad las razones por las que no se vulneraron los derechos invocados, afincadas
fundamentalmente en el hecho de que las expresiones del presidente de la República no
significaron una discriminación para ningún grupo o credo religioso, sino, por el contrario
constituyen una muestra del reconocimiento de diversas organizaciones sociales y
eclesiásticas, como lo establece la Constitución y la ley en cuanto estatuyen que en
Colombia no existe ninguna religión oficial. En efecto, en la providencia impugnada se
indicó al respecto:
“(…) El derecho a la libertad de cultos o religiosa, consagrado en el artículo 19
de la Constitución y regulado mediante la Ley 133 de 1994 (reglamentada entre
otros por los Decretos Nacionales 1396 de 1997, 505 de 2003, 1749 de 2020),
implica la posibilidad que tienen todas las personas, sin distingo alguno, de
creer, descreer o no creer en una determinada religión o culto.
En virtud de esta cláusula constitucional, se le permite a los asociados, entre
otras cosas, conservar, cambiar, profesar o defender la integridad de sus
creencias, así como alterar sus convicciones religiosas o, en su defecto, asumir
posturas ateas o agnósticas
.
Ahora bien, el papel que cumple el Estado frente a la garantía del derecho a
la libertad religiosa es de vital importancia, máxime si se tienen en cuenta el
principio de laicidad que rige en nuestro ordenamiento constitucional.”
(…).
A su vez, si bien la Sala reconoce que el discurso crea realidades, en el
caso analizado las palabras expresadas por el Presidente de la República
en dicha oportunidad no constituyen un discurso discriminatorio. Esto
obedece a que sus palabras no apuntaban a excluir a determinado grupo
de la sociedad ni a despreciar ninguna creencia religiosa.
Finalmente, sobre ese cargo, la Sala considera que dichas expresiones no
atentan contra los principios de neutralidad religiosa y no injerencia
mutua, porque mediante estas no se estableció una religión o iglesia
oficial del Estado, ni se buscaba promover o discriminar a una
determinada religión o iglesia; así como tampoco denotan una
intervención en los asuntos propios de una iglesia u organización
religiosa.
(...).
Sala concluye que no existe amenaza o vulneración alguna a los derechos
fundamentales del actor. Lejos de existir tal elemento, en el caso tan solo se
vislumbra el desacuerdo del actor sobre las palabras pronunciadas por el
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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Presidente de la República el 6 de agosto de 2022 y sobre el hecho de que,
por decisión de la Arquidiócesis de Bogotá, algunas iglesias católicas
cerraron el día de la posesión presidencial. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI- negrilla de la Sala).
5) En consecuencia, aunque el actor pretende señalar en su escrito de impugnación que
lo que buscaba con la acción de tutela era prevenir la interconexión de organizaciones
espirituales o populares con otros de diversa índole lo cierto es que en su escrito inicial
manifestó en diversas ocasiones que el discurso presidencial vulneró los principios de
libertad de culto y libertad religiosa con las expresiones empleadas por el presidente en
las que se refirió a diversas organizaciones sociales, populares y religiosas, sin que, como
lo afirmó el a quo constitucional, a partir del análisis de dicho discurso se aprecie
discriminación alguna.
6) Contrario a lo que refiere el actor y como lo ha reconocido la Corte Constitucional
nuestro país es un Estado laico que se reconoce como ontológicamente pluralista y en el
que priman el respeto y la libertad de cultos o de creencias religiosas sobre la base de la
igualdad de las distintas manifestaciones espirituales1.
7) Tampoco es de recibo que se alegue que lo que se buscaba era proteger una amenaza
y no un daño consumado, por cuanto más allá de que como se dijo en precedencia en su
demanda el actor se refirió a situaciones consumadas por las que incluso solicitó
indemnización a través de la acción de tutela 2, en todo caso no explicó ni justificó en qué
medida dichas supuestas amenazas constituían un perjuicio irremediable que demandara
la adopción de medidas urgentes, improrrogables e impostergables para evitar su
consumación.
8) Ahora que, si bien en su impugnación el demandante manifestó que tampoco hubo
pronunciamiento por parte de la primera instancia frente a la supuesta “auto censura” de
la arquidiócesis que se vio obligada a no realizar la misa, en primer lugar, lo cierto es que
su demanda se digirió contra el presidente de la República y no contra las autoridades
de la arquidiócesis y, en segundo lugar, en todo caso como lo anotó el a quo la decisión
de no realizar la eucaristía dominical obedeció a la libre y autónoma voluntad de las
1
Entre otros pronunciamientos se sugiere consultar: Corte Constitucional, sentencias C-350 de 1994, C-
033 de 2019 y C-088 de 2022.
2
Tal es el caso de la vulneración por la supuesta “injerencia indirecta en la realización de la celebración
eucarística de los fieles católicos por efecto colateral previsible de su posesión frente al Congreso de la
República” frente a la cual indicó que “sí implica una indemnización porque precisamente se generó un
daño moral cuya ocurrencia como consumación acontecieron en un lapso de tiempo donde ni siquiera la
naturaleza expedita de la acción de tutela podía evitar la afectación”.
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autoridades eclesiásticas, sin que el demandante haya aportado cuando menos una sola
prueba que demostrar que estas estuvieron compelidas u obligadas a actuar de esa
manera.
9) En efecto, esa decisión fue exclusivamente tomada por la arquidiócesis sin que el actor
pudiera probar que existió una orden por parte de la Presidencia de la Republica para
que el cierre de las iglesias se llevara a cabo. Si en realidad el demandante consideraba
que la arquidiócesis se “auto censuró”, como lo puso de presente en su impugnación,
debió reprocharle dicha decisión a esa autoridad y no a los aquí demandados.
10) De otro lado, en cuanto al cuestionamiento según el cual se vulneraron los derechos
de la comunidad católica porque el presidente en su alocución se refirió en términos de
“hicimos” para dar cuenta de la celebración de un acto de posesión simbólico con la
comunidad “arhuaca”, tampoco se aprecia que dicha expresión sea indicativa de
discriminación alguna o mucho menos de injerencia de las autoridades estatales en la
libertad de cultos.
11) Contrario a lo que sugiere la parte actora las comunidades ika, iku, o bintukua también
conocidos como “arhuacos” son un pueblo indígena asentado en los departamentos de
Cesar, Guajira y Magdalena, debidamente reconocido por la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior3.
12) Asimismo, el hecho de conjugar el verbo ‘hacer’ como manifestación de la primera
persona del plural (nosotros) del pretérito perfecto simple indicativo de hacer (hicimos)
para referirse a un acto que tuvo con dicha comunidad tampoco es sinónimo, como lo
entiende el actor, de que en dicha expresión se haya pretendido incluir a la totalidad de
los católicos y con ello desconocer su fe católica, así como el principio de neutralidad
religiosa; por el contrario, dicha alocución lo que señalaba es que el presidente, su familia
y algunas autoridades del pueblo indígena “en plural”, participaron de dicha ceremonia,
sin que con ella se advierta un proceder discriminatorio.
13) Se reitera, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado
colombiano, principio en el cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más
importantes en tanto da cuenta que el nuestro es un Estado laico que reconoce la
3
https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-asuntos-indigenas-rom-y-minorias/confederacion-indigena-
tayrona/
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igualdad de todas las creencias religiosas y cosmovisiones, entre ellas las de las
comunidades indígenas, ancestrales, afros y campesinas.
14) En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó
la acción de tutela por no encontrarse amenaza o vulneración alguna de derechos
fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó la acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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