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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04352-01

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04352-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04352-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04352-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA CATALINA HURTADO CADAVID

TESIS: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. CONFIRMA LA
DECISIÓN DE DENEGAR EL AMPARO, LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS ALEGADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO, A LA DIGNIDAD Y A LA
IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección

Cuarta del Consejo de Estado1 que denegó la solicitud de amparo.

1 En adelante Sección Cuarta.

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-04352-01
ACTORA: MARÍA CATALINA HURTADO CADAVID

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MARÍA CATALINA HURTADO CADAVID, actuando a

través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y

a la dignidad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

Tribunal Administrativo de Antioquia2, al proferir la providencia de 24

de febrero de 2020, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 05001-

33-33-027-2013-00501-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que laboró al servicio de la E.S.E. METROSALUD desde el 13

de septiembre del año 2007 hasta el 15 de enero de 2013, en

2 En adelante el Tribunal

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ACTORA: MARÍA CATALINA HURTADO CADAVID

provisionalidad, en períodos interrumpidos, siendo su último cargo el

de odontóloga en jornada de medio tiempo.

Adujo que mediante Resolución núm. 1348 de 11 de diciembre de

2012, la gerente de la E.S.E. METROSALUD dio por terminado su

nombramiento en provisionalidad, toda vez que se encontraba

ocupando un cargo de carrera y se había hecho efectiva la lista de

elegibles para tomar posesión del cargo.

Manifestó que, para la fecha de su desvinculación, su grupo familiar

estaba integrado por ella y por su progenitora, que es una persona

de la tercera edad, que no tenía ningún tipo de ingresos propios, por

lo cual había asumido el sostenimiento y la manutención de aquella.

Refirió que la E.S.E. METROSALUD desconoció su condición de

mujer cabeza de hogar, por lo cual promovió demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho que le correspondió por reparto al

JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE MEDELLÍN que, mediante sentencia de 14 de

diciembre de 2015, accedió a las pretensiones y ordenó su reintegro

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en un cargo igual o similar al que ocupaba en el momento en que se

dio por terminado su nombramiento en provisionalidad, al considerar

que para esa época tenía la calidad de mujer cabeza de su grupo

familiar, pues se hacía cargo de su progenitora.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, la E.S.E. METROSALUD

interpuso recurso de apelación contra la decisión de primer grado, el

cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 24

de febrero de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su

lugar, denegó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de

que la condición de mujer cabeza de familia no se podía presumir por

el solo hecho de tener familiares afiliados como beneficiarios en los

sistemas de seguridad social, pues ello implicaría crear una

protección adicional e inmediata distinta a la establecida para tal fin

en el ordenamiento jurídico.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto fáctico, comoquiera que la ausencia de valoración de las

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pruebas aportadas y la equivocada apreciación de las que se

analizaron condujo a una decisión violatoria de sus derechos, pues

se desconoció que existían causas que permitían deducir que

ostentaba la calidad de mujer cabeza de familia en el momento de

su desvinculación.

Sostuvo que no se valoraron adecuadamente las pruebas

documentales, esto es, los formularios de afiliación a la EPS Sura y

la caja de compensación familiar “Comfama”, así como el formulario

único de declaración juramentada de bienes y rentas, que daban

cuenta de que su progenitora dependía económicamente de ella.

Señaló que el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial de la

Corte Constitucional contenido en las sentencias SU-388 y 389 de

2005 y 691 de 2017, que establecen las condiciones para tener la

calidad de mujer cabeza de hogar, pues, a su juicio, los supuestos

fácticos de su caso se enmarcan en los parámetros establecidos para

el efecto.

I.4.- Pretensiones

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La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: TUTÉLANSE los derechos fundamentales a la
igualdad, a la protección de la familia, derecho al trabajo y a la
dignidad humana para cuyo efecto se dispondrá:

DECLÁRANSE sin valor ni efectos la sentencia proferida en segunda
instancia proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 05001 3333 027 2013 00501 00,
actora María Catalina Hurtado Cadavid en contra de la ESE
METROSALUD con fecha 24 de febrero de 2022 y notificada por
correo electrónico el 28 de febrero del 2022.

SEGUNDA: En consecuencia, declare sin ningún valor ni efecto, por
resultar violatorias de los derechos fundamentales invocados, la
sentencia de la sala primera de decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia y en su lugar confirme la sentencia proferida por el
Juzgado 27 Administrativo Oral de Medellín el 14 de diciembre del
2015 en primera instancia […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal y la ESE Metrosalud pese a ser notificados en

debida forma del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta mediante sentencia de 8 de septiembre de 2022,

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denegó la solicitud de amparo al considerar que la autoridad judicial

accionada no había incurrido en los defectos alegados.

Estimó que la providencia cuestionada no desconoció ninguna de las

sentencias invocadas por la actora y, por el contrario, a partir de las

normas que regulan el tema y la jurisprudencia de la Corte

Constitucional concluyó que (i) el solo hecho de tener afiliada a su

madre como beneficiaria en la EPS y en la Caja de Compensación no

le daba la calidad de mujer cabeza de hogar; (ii) que, además no se

cumplió con el requisito de protocolizar la condición de mujer cabeza

de hogar y, (iii) que tampoco se aportaron pruebas de las condiciones

especiales de la madre que demostraran que la actora debía hacerse

cargo de ella.

Consideró que la sentencia cuestionada valoró las pruebas obrantes

en el expediente y que las mismas no permitían concluir que la actora

tenía la condición de mujer cabeza de hogar para el momento de su

desvinculación o que tenía algún derecho a que se le favoreciera con

una estabilidad laboral reforzada.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta, en

los siguientes términos:

Sostuvo que, pese a que el Tribunal en la sentencia cuestionada sí

apreció las pruebas documentales, esto es, la afiliación a la EPS Sura,

a la Caja de Compensación Comfama y el formulario único de

declaración juramentada de bienes, rentas y actividad económica

privada natural, sin embargo, arribó a una conclusión equivocada al

afirmar que no tenía la calidad de mujer cabeza de familia, pues las

documentales daban cuenta de que no tenía hijos y era soltera y,

además, había vinculado como beneficiaria del sistema de seguridad

social a su madre, lo cual demostraba la dependencia económica.

Reiteró que la autoridad judicial accionada dedujo que por el sólo

hecho de incorporar como beneficiario a un familiar a la seguridad

social no se puede derivar una protección, desconociendo que el acto

de afiliación trae consigo una serie de consecuencias legales.

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Sostuvo que para poder efectuar la vinculación de un padre como

beneficiario directo en el Sistema de Seguridad Social en Salud es

porque efectivamente no existen hijos, ni esposo, ni compañero

permanente y el padre o madre depende económicamente del

cotizante.

Por último, resaltó que su condición de mujer cabeza de hogar se

encontraba demostrada, pues el artículo 3 Decreto 1703 de 2 de

agosto de 20023 establece que, para poder afiliar a un padre como

beneficiario del sistema de seguridad social, entre otros, se debe

presentar una declaración juramentada de dependencia económica

realizada por el cotizante en la cual conste el hecho.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

3 “Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor

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desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación
del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una
tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno
de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

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Caso concreto

La Sala observa que en el presente caso la señora MARÍA

CATALINA HURTADO CADAVID interpuso acción de tutela en

contra del TRIBUNAL por considerar vulnerados sus derechos

fundamentales a a la igualdad, al trabajo y a la dignidad, al proferir

la providencia de 24 de febrero de 2020, dentro del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 05001-33-33-027-2013-00501-01.

A la citada providencia le atribuye la vulneración de sus derechos

fundamentales, habida cuenta de que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente

jurisprudencial al dictar la providencia cuestionada, pues no valoró en

debida forma el acervo probatorio y, además, desconoció el precedente

jurisprudencial proferido por la Corte Constitucional, los cuales

demostraban su condición de mujer cabeza de hogar y, en

consecuencia, que no se debió efectuar el nombramiento del titular en

carrera del cargo que ocupaba en provisionalidad en la E.S.E.

METROSALUD.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Cuarta de esta Corporación que, a través de sentencia de 8

de septiembre de 2022, denegó la solicitud de amparo al considerar

que la entidad accionada no quebrantó, ni amenazó ningún derecho

fundamental de la actora, habida cuenta que las pruebas obrantes

en el expediente no permitían concluir que tenía la condición de

mujer cabeza de hogar o que le asistía derecho a una estabilidad

laboral reforzada.

Inconforme con lo anterior, la actora presentó impugnación, la cual

está estructurada sobre una reiteración de los argumentos

principales que sostuvieron su posición jurídica inicial, conforme a la

cual, en su criterio, el acervo probatorio demostraba que aunque en

la providencia cuestionada sí se apreciaron las pruebas

documentales, la autoridad judicial accionada arribó a una conclusión

equivocada al afirmar que no tenía la calidad de mujer cabeza de

familia, pues las documentales daban cuenta de que no tenía hijos y

era soltera y, además, había vinculado como beneficiaria del sistema

de seguridad social a su madre, lo cual demostraba la dependencia

económica.

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En este punto, resulta pertinente resaltar que la Sala circunscribirá

el estudio del caso a los argumentos expuestos en la impugnación y

para ello deberá determinar si el Tribunal, al proferir la providencia

de 24 de febrero de 2022, incurrió en los defectos fáctico y

desconocimiento del precedente aludidos y con ello vulneró los

derechos fundamentales de la accionante.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20134, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se

4 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Ahora bien, en el caso bajo estudio la parte actora adujo que la

sentencia acusada incurrió en un defecto fáctico porque, en su

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criterio, la autoridad judicial accionada, al realizar la valoración de

las pruebas dispuestas en el proceso, sí apreció las pruebas

documentales, esto es, la afiliación a la EPS Sura, a la Caja de

Compensación Comfama y el formulario único de declaración

juramentada de bienes, rentas y actividad económica privada

natural, sin embargo, arribó a una conclusión equivocada, al afirmar

que no tenía la calidad de mujer cabeza de familia, pues las

documentales daban cuenta de que no tenía hijos y era soltera y,

además, había vinculado como beneficiaria del sistema de seguridad

social a su madre, lo cual, demostraba la dependencia económica.

Para resolver el cargo planteado por la parte actora, es necesario

traer a colación los hechos que encontró acreditados la autoridad

judicial accionada en la providencia cuestionada:

“[…]La señora María Catalina Hurtado Cadavid actuando a través
de apoderada judicial, acudió a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de solicitar la nulidad
parcial de la Resolución núm. 1348 del 11 de diciembre de 2012,
proferida por la E.S.E. Metrosalud, mediante la cual se dio por
terminado el nombramiento provisional que tenía la demandante
en el empleo de carrera administrativa denominado
ODONTÓLOGO MT Código 214-0, debido al nombramiento en
propiedad de una persona que se encontraba en la lista de
elegibles para dicho empleo.

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ACTORA: MARÍA CATALINA HURTADO CADAVID

El juez de primera instancia accedió a las pretensiones de la
parte actora y declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, ordenando el reintegro de la demandante a un
cargo igual o similar al que desempeñaba al momento de la
desvinculación, a la vez que ordenó el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el 15 de enero
de 2013, sin que en ningún caso las sumas reconocidas pudieren
ser inferiores a 6 meses de salarios ni superior a los 24 meses.

Para tomar la anterior decisión, el A Quo consideró que la señora
María Catalina Hurtado Cadavid tenía la calidad de mujer cabeza
de familia, independiente de que no hubiere realizado la
declaración certificando tal calidad ante una notaría durante la
vigencia de la relación laboral, pues la entidad demandada debió
haber advertido tal situación por el hecho de que la señora Ana
del Carmen Cadavid de Hurtado, madre de la actora, figuraba
como beneficiaria suya en el sistema de seguridad social en
salud y en la caja de compensación familiar, aunado a que de
los documentos allegados se había logrado demostrar la
dependencia económica de la madre frente a la demandante

[…]

De conformidad con el material probatorio recaudado en el
expediente, considera la Sala que el fallo de primera instancia se debe
revocar, como se pasa a explicar:

El juez de primera instancia consideró que si bien la demandante no
había cumplido con el requisito de protocolizar la condición de mujer
cabeza de familia establecido en el artículo 2º de la Ley 82 de 1993,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, ello no era
impedimento para que la E.S.E. Metrosalud infiriera tal condición, a la
luz de las afiliaciones de la madre de la demandante, la señora Ana
del Carmen Cadavid de Hurtado en calidad de beneficiaria tanto en la
EPS como en la caja de compensación.

No obstante, para la Sala no es de recibo la consideración del A Quo,
toda vez que, tal y como lo indicó la apoderada de la entidad
demandada, la E.S.E. Metrosalud no es la encargada de realizar estas
afiliaciones, sino que son las respectivas empresas prestadoras de
servicios de salud y cajas de compensación las que realizan este
trámite.

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Igualmente, la Sala no comparte la posición adoptada por el juez de
primera instancia en relación con la presunción de tener la condición
de mujer cabeza de familia por el hecho de tener personas afiliadas
como beneficiarias a salud y a la caja de compensación, pues aceptar
tal teoría implicaría que toda persona por el hecho de tener familiares
afiliados como beneficiarios en los sistemas de seguridad social,
tendrían de forma inmediata una protección adicional a las ya
establecidas en el parágrafo 2º del artículo 7º del Decreto 1227 de
2005, modificado por el artículo 1º del Decreto 1894 de 2012, cuando
se realiza un nombramientos de una lista de elegibles, lo cual no es
posible porque no está establecido en ninguna norma.

Así, entonces, en el presente caso la demandante no demostró haberle
informado a la E.S.E. Metrosalud acerca de su condición de mujer
cabeza de familia, ya que la única manifestación sobre esa calidad que
obra en el plenario, es la declaración extraproceso que obra a folio 14
del expediente, la cual fue realizada el día 27 de diciembre de 2012,
esto es, un día después de la notificación de la Resolución núm. 1348
del 11 de diciembre de 2012 mediante la cual se terminó su
vinculación con la E.S.E. Metrosalud.

Aunado a lo anterior, del análisis de los testigos Viviana Muñoz Silva,
León Ángel Pineda y Diana Marcela Tabares Guevara, quedó
demostrado que para la fecha de la demanda, la señora Ana del
Carmen Cadavid de Hurtado tenía 5 hijos y aunque expresaron que
solo la demandante velaba por la subsistencia de la madre, pues los
demás tenían cada uno sus hogares conformados, ello no le otorga
per se a la señora María Catalina Hurtado Cadavid la condición de
mujer cabeza de familia, pues no existe abandono por parte de los
demás descendientes de la madre, ya que varios de los testigos
afirmaron que estos le ayudaban de forma esporádica.

[…]

Además, el artículo 2º de la Ley 82 de 1993 modificado por el artículo
1º de la Ley 1232 de 2008, establece que tendrá la calidad de mujer
cabeza de hogar, entre otras condiciones, todas aquellas mujeres que
tuvieren a su cargo el cuidado de personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, y
en el presente caso no existe prueba de que la señora Ana del Carmen
Cadavid de Hurtado tuviera alguna de estas condiciones, pues salvo
lo expresado por la testigo Diana Marcela Tabares Guevara, quien
indicó que la madre de la demandante sufría de varias patologías, en

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el expediente no se allegó prueba del estado de salud de la citada
señora.

De lo expuesto, se concluye que, al momento de la desvinculación de
la señora María Catalina Hurtado Cadavid por parte de la E.S.E.
Metrosalud, la citada no tenía la condición de mujer cabeza de familia;
además, en el hipotético caso de haber tenido tal condición, tampoco
cumplió con el deber de informárselo a la entidad demandada, pues
se reitera, no era obligación de la misma inferir dicha calidad como lo
determinó el A Quo […]”.

De lo anterior, se aprecia que la autoridad judicial accionada sí realizó

un análisis de las pruebas que la parte actora echa de menos y de

las cuales pudo concluir que no se logró probar que la actora

ostentaba la condición de mujer cabeza de hogar, sin embargo,

consideró que el solo hecho de tener a su progenitora afiliada como

beneficiaria en el sistema de salud y a la caja de compensación

implicaría que cualquier persona solo por tener familiares afiliados

como beneficiarios en los sistemas de seguridad social, tendría de

forma inmediata un fuero adicional a los establecidos en las normas

que regulan la protección especial para mujeres cabeza de familia

cuando se realiza un nombramiento de una lista de elegibles, lo cual

no está previsto en el ordenamiento jurídico.

Aunado a lo anterior, aunque la tutelante afirme que la E.S.E.

METROSALUD podía inferir su condición de mujer cabeza de hogar,

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a la luz de las afiliaciones de su progenitora en calidad de beneficiaria

tanto en la EPS, como en la caja de compensación, lo cierto es que

la autoridad judicial accionada no halló prueba documental en la cual

se evidenciara que la actora cumplió con el requisito de protocolizar

la condición de mujer cabeza de familia establecido en el artículo 2º

de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 de

2008.

Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien es cierto que la actora

alega que su condición de mujer cabeza de hogar estaba demostrada,

pues uno de los documentos exigidos para efectuar la afiliación de

los padres como beneficiarios del sistema de seguridad social es la

presentación de una declaración extra juicio de dependencia

económica realizada por el cotizante en la cual conste el hecho, no

es menos cierto que en la providencia cuestionada se señaló que la

hoy tutelante únicamente allegó al expediente una declaración extra

proceso efectuada un día después de la notificación del acto

administrativo que ordenó su desvinculación, en la que informó a la

E.S.E. METROSALUD sobre su situación de cabeza de hogar.

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En efecto, el Tribunal al valorar los testimonios rendidos por los

señores VIVIANA MUÑOZ SILVA, LEÓN ÁNGEL PINEDA y

DIANA MARCELA TABARES GUEVARA, de los que logró concluir

que si bien las declaraciones de los mismos eran coincidentes en

cuanto a que la actora velaba por la subsistencia de su progenitora,

ello no configuraba per se la condición de mujer cabeza de familia,

en razón a que los testigos también afirmaron que la madre de la

tutelante tenía cinco hijos que de forma esporádica le asistían

económicamente.

Así pues, la Sala concluye que la autoridad accionada no incurrió en

el defecto alegado, habida cuenta que valoró todas las pruebas

obrantes en el plenario que daban cuenta de que al momento de la

desvinculación de la actora por parte de la E.S.E. METROSALUD,

aquella no tenía la condición de mujer cabeza de familia y, además,

tampoco cumplió con el deber de informárselo a su empleador, que

no podía inferir dicha calidad, lo que no significa el desconocimiento

de garantía constitucional alguna, pues si la decisión no era la

esperada por la parte actora, ello no implica la ocurrencia del defecto

fáctico alegado.

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Desconocimiento del precedente judicial

En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las

decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras

jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente

jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de

la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 5 y el 270 de la Ley 1437 de

18 de enero de 20116; así como su respaldo jurisprudencial las

sentencias C-836 de 9 de agosto de 20017; C-816 de 1o. de

noviembre de 20118; C-179 de 13 de abril de 20169; y T-102 de 25

de febrero de 201410.

5 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
6 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social
o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos
extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A
de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
7 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(Doctrina probable).
8 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio

González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
9 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo

Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
10 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(Antecedente jurisprudencial).

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En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”11 (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso

determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y

a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del

debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por

la Corte Constitucional12, según el cual la actividad interpretativa que

se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial

está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación

de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los

funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por

11 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
12
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado

por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el

mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo

de 200813, indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia

constitucional, cuya doctrina es obligatoria14, la regla del respeto del

precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no

puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,

o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación

concreta.

13
Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

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Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de

supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente

judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en

pronunciamientos anteriores de la Sala15, a saber: i) la disanalogía o

falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y

el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación

significativa de la situación social, política o económica en la que se

debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de

precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que

sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como

precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la

jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la

consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser

contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se

fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el

juez que se separa del precedente asume una especial carga de

argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.

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razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio

de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse

a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y

fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se

sustenta la decisión de apartarse.

Ahora bien, en el sub lite la actora sostuvo que el Tribunal

desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte

Constitucional dispuesto en las sentencias SU-388 y 389 de 2005 y

691 de 2017, que establecen las condiciones para tener la calidad de

mujer cabeza de hogar, pues, a su juicio, los supuestos fácticos de

su caso se enmarcan en los parámetros establecidos para el efecto.

Una vez revisado el contenido de dichas providencias, la Sala

advierte que todas giran en torno a cuáles son los elementos que se

deben reunir para acreditar la condición de madre cabeza de familia.

Las tres sentencias que se alegan desconocidas, coinciden en los

requisitos configurativos de dicha condición, que se señalan en una

de las providencias así:

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“[…] Por otra parte, también se ha reconocido que la protección a la
madre cabeza de familia busca preservar las condiciones dignas de
sus hijos y de las personas que dependen de ella, pues es lógico que
la protección a estas mujeres repercute directamente en el bienestar
de los miembros de su familia[41]. Ahora bien, en ese mismo hilo
conductor, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, para
efectos de tener certeza sobre si una mujer es madre cabeza de
familia, deben constatarse los siguientes elementos[42]:

1. La mujer debe tener a su cargo la responsabilidad de hijos
menores o de otras personas incapacitadas para trabajar.
2. La responsabilidad exclusiva de la mujer en la jefatura del
hogar debe ser de carácter permanente.
3. Es necesario que exista una auténtica sustracción de los
deberes legales de manutención por parte del progenitor de los
menores de edad que conforman el grupo familiar[43].
4. Por último, se requiere que haya una deficiencia sustancial
de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual implica la
responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar […]”.

Frente a este punto, el Tribunal en la sentencia cuestionada

manifestó lo siguiente:

“[…]4. Acerca de la condición de mujer cabeza de familia
y su protección constitucional y legal

La figura de la “mujer cabeza de familia” fue contemplada
inicialmente en el artículo 43 de la Constitución Política de
Colombia, el cual estableció que el Estado debía apoyar de
manera especial a la mujer cabeza de familia.

En desarrollo de la anterior disposición, fue expedida la Ley 82
de 1993 “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera
especial a la mujer cabeza de familia”, la cual fue modificada en
varios apartes por la Ley 1232 de 2008 “Por la cual se modifica
la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras
disposiciones”.

El artículo 2º de la Ley 82 de 1993 modificado por el artículo 1º
de la Ley 1232 de 2008, estableció:

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“ARTÍCULO 1º. El Artículo 2º de la Ley 82 de 1993 quedará así:
ARTÍCULO 2º. Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de
la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría
social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos,
económicos, culturales y de las relaciones de género que se han
producido en la estructura familiar, en las subjetividades,
representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su
posición y condición en los procesos de reproducción y producción
social, que es objeto de políticas públicas en las que participan
instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.
En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia,
quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de
hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente,
en forma permanente, hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del
cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la
cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada
una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos
notariales a su cargo” (Subraya fuera de texto)

Sobre esta figura, la Corte Constitucional en Sentencia C-722 de
2004 señaló lo siguiente:

[…]

Igualmente, en Sentencia T-345 de 20153, la Corte
Constitucional señaló lo siguiente:

“2.5.1.2. La Carta dispuso en su artículo 43 que “(…) El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (…)”;
amparo que se debe brindar aún si aquella no es madre de los
demás miembros del núcleo familiar que dependen de ella, ya
sean abuelos, padres, o hermanos.
En este sentido, el inciso segundo del artículo 2º de La ley 82 de
1993, Por la cual se expiden normas para apoyar de manera
especial a la mujer cabeza de familia, modificado por el artículo
1º de la Ley 1232 de 2008, establece que “(…) es Mujer Cabeza
de familia, quien (…) ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su
cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente,
hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar (…)”.4
(…)

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2.5.1.4. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha
precisado sobre esa protección especial, que no toda mujer, por
el hecho de serlo, ostenta la calidad de madre cabeza de familia,
pues para tener tal condición es necesario que:

“(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos
menores o de otras personas incapacitadas para trabajar;
(ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente;
(iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar
por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del
cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien
que la pareja no asuma la responsabilidad que le
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o
mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que
haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad
solitaria de la madre para sostener el hogar”5.
(…)
2.5.1.6. Asimismo, esta Corporación ha sostenido que la
condición de madre cabeza de familia no depende de una
formalidad jurídica, sino de las circunstancias materiales que la
configuran. De esa forma señaló en la sentencia que el estado
civil de la mujer es irrelevante a la hora de determinar si es o no
cabeza de familia. Dijo entonces:

“Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, la familia
puede constituirse o en virtud del matrimonio ‘o por la voluntad
responsable de conformarla’ por la decisión libre de un hombre y
una mujer, es decir ‘por vínculos naturales o jurídicos’, razón ésta
por la cual resulta por completo indiferente para que se considere
a una mujer como ‘cabeza de familia’ su estado civil, pues, lo
esencial, de acuerdo con la definición que sobre el particular
adoptó el legislador en la norma acusada, es que ella ‘tenga bajo
su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos
menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad
física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros del núcleo familiar’, lo que significa que será tal, no
sólo la mujer soltera o casada, sino también aquella ligada en
unión libre con un compañero permanente.”

[…]

En este punto, se resalta que, como se citó en acápites
anteriores, la Corte Constitucional ha indicado que para

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acreditar la condición de mujer cabeza de familia “es
indispensable el total abandono del hogar por parte de la
pareja y de las responsabilidades que le corresponden
como padre14, situación que se puede aplicar al caso
concreto, pues si bien en el presente caso no se trata del
abandono de la pareja pues no se está en presencia de
hijos, sí se está en presencia de la madre de la
demandante, la cual contaba también con el apoyo de los
demás hijos, los cuales, además, tienen el deber de
brindarle alimentos a la luz del artículo 411 del Código Civil
y, según los testimonios, estos siempre estuvieron en
constante relación con la progenitora, por lo que no podría
hablarse de un abandono, aunado a que salvo las
manifestaciones de los testigos, no se acreditó la
incapacidad económica de estos frente a la ayuda que
requería la señora Ana del Carmen Cadavid de Hurtado […]”
(Destacado de la Sala)

Conforme con lo anterior, para la Sala es claro que las características

expuestas en las sentencias invocadas como desconocidas no fueron

ignoradas por el Tribunal, pues lo cierto es que en desarrollo de estos

parámetros giró el estudio realizado y, para tal efecto, analizó la

configuración de los requisitos que permiten tener certeza sobre si

una mujer es madre cabeza de familia; frente a lo cual resultaba

indispensable el factor de “…total abandono del hogar por parte de la

pareja y de las responsabilidades que le corresponden como padre…”,

circunstancia respecto a la cual consideró que en el caso concreto no

se satisfacía, pues se estaba en presencia de un hogar con varios

hijos y la progenitora de la accionante, contaba también con el apoyo

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de ellos, quienes, además, tenían el deber de brindarle alimentos a

la luz del artículo 411 del Código Civil.

Así mismo, de conformidad con las testimoniales recaudadas, el

Tribunal encontró que aquellos estuvieron de manera constante en

relación con la progenitora, por lo que no podría predicarse un

abandono, aunado a que tampoco se acreditó la incapacidad

económica de aquellos, sino que se alegó que cada uno le proveía

económicamente de forma esporádica, pues ya tenían hogares

conformados.

Igualmente, frente al requisito relacionado con que “la mujer debe

tener a su cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras

personas incapacitadas para trabajar” la providencia cuestionada

señaló que tampoco se encontraba demostrado, pues nunca se alegó

que la madre de la tutelante tuviera alguna de esas condiciones para

la fecha de desvinculación, pues al respecto, únicamente se

mencionó por parte de uno de los testigos que aquella sufría de varias

patologías, sin embargo, la actora nunca allegó prueba alguna del

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estado de salud de su progenitora, por lo cual se descartó de plano

la concurrencia de dicho requisito.

Así las cosas y al tenor de lo esbozado en precedencia, no se aprecia

que la autoridad judicial demandada haya incurrido de manera

alguna en un supuesto defecto de desconocimiento del precedente

judicial; y siendo así, es ineludible concluir que dicho cargo, en

definitiva, no se encuentra llamado a prosperar en el sub examine.

Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad judicial accionada no

incurrió en los defectos alegados al proferir la sentencia de 24 de

febrero de 2022 y el hecho de que la actora no comparta lo decidido

en la providencia cuestionada, no implica la vulneración de sus

derechos fundamentales ni la ocurrencia de algunos de los defectos

específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial.

En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de denegar

el amparo solicitado, como en efecto lo dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de octubre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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