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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04355-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04355-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual, de un lado, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado con respecto a la expedición de la tarjeta profesional de abogado y, del otro, negó el amparo solicitado por el señor Edisson Manuel Rincón García en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en relación con el derecho a la igualdad, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04355-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de noviembre de 2022

Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 35 5- 0 1
Ac c io n a nt e : Ed is s on M an u e l Ri nc ón G arc í a

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

F.T: 278
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04355-01
Accionante: EDISSON MANUEL RINCÓN GARCÍA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA

Temas: Acción de tutela por la no inscripción y expedición de la tarjeta profesional
de abogado. Configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado y
ausencia de vulneración del derecho fundamental a la igualdad.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida el 9 de septiembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera de
esta corporación.

HECHOS RELEVANTES

a) Solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado

El señor Edisson Manuel Rincón García afirmó que el 9 de mayo de 2022 solicitó,
por correo electrónico, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, la expedición de su tarjeta profesional de abogado, para lo cual remitió
los documentos requeridos, trámite al cual le fue asignado el número de radicado
15742. Indicó que al día siguiente la Unidad precitada le informó que su petición
había sido recibida y que la misma fue transferida al personal encargado de ese
procedimiento y, a su vez, evidenció que en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia «SIRNA» se registró que su
universidad no había remitido la información relacionada con la fecha de inicio de la
carrera de Derecho, de tal manera que el trámite continuaría una vez se allegara el
listado de graduados.

Señaló que constantemente revisaba la página web, pero que el estado de su
solicitud no cambiaba, por lo que intentó comunicarse telefónicamente en repetidas

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ocasiones, pero no obtuvo información y que, ante esta situación, se contactó con
otros compañeros de promoción, quienes le informaron que la entidad precitada sí
les había expedido la tarjeta profesional.

En esa medida, adujo que el 28 de junio de la misma anualidad radicó una petición,
en la que insistió en la expedición de su tarjeta profesional, por lo cual el 7 de julio
hogaño la Unidad le comunicó que la Universidad ya había remitido la información
sobre el inicio de la carrera. Sin embargo, manifestó que aquella le exige, para la
expedición de la tarjeta profesional, la presentación del Examen de Estado que aún
no está disponible.

b) Inconformidad

El accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo y «libre desarrollo a la profesión» y, junto con
ellos, el principio de favorabilidad, al exigirle la acreditación del Examen de Estado,
sin que ese requisito se encuentre enlistado en la página web de «SIRNA», pues, a
pesar de que la Ley 1905 de 2018 se expidió hace cuatro años, la autoridad
accionada no tiene fecha exacta para dar cumplimiento a lo previsto en esa norma.

Adicionalmente, indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-201 de 2019,
sostuvo que la exigencia del requisito adicional de aprobar el Examen de Estado a
todos los graduados no es compatible con la garantía de autonomía universitaria,
conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Constitución Política, ni con el principio
de igualdad reconocido en el artículo 13 ibidem.

Asimismo, adujo que se transgredió su derecho a la igualdad porque a varios de sus
compañeros que se encuentran en su misma situación y con los que comparte la
misma fecha de ingreso a los estudios, de terminación de materias y de grado, les
expidieron la tarjeta profesional sin requerirles la acreditación del Examen de
Estado. Aunado a ello, resaltó que la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante el fallo de tutela del 4 de agosto de 2022, concedió el amparo de los
derechos fundamentales de una compañera de estudios que se encuentra en su
misma situación.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, deprecó ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
expedir, en el término de 72 horas, la tarjeta profesional a la que tiene derecho, por
cumplir todos los requisitos exigidos en el aplicativo web SIRNA, y tener en cuenta
la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2022 en la acción
de tutela con número de radicado 2022-03847-00, cuya accionante es la señora
Elizabeth Jaramillo Rodríguez.

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CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

La directora de la Unidad referida, Martha Esperanza Cuevas Meléndez, sostuvo
que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo número 002 de 1996,
en ejercicio de las prerrogativas conferidas por el artículo 85 de la Ley 270 de 1996,
facultó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
para que efectuara la inscripción y expedición de las tarjetas profesionales de
abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

Al respecto, afirmó que en la Ley 1905 de 2018 se definió que las personas que
inicien la carrera de Derecho con posterioridad al 28 de junio de 2018 deberán
acreditar la certificación de aprobación del Examen de Estado, para poder ejercer
la profesión de abogado. En ese sentido, mencionó que el Consejo Superior de la
Judicatura suscribió un convenio con el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación Superior (ICFES), que tiene prevista la implementación de la prueba
en el año 2024.

Frente al caso en concreto, expuso que la dependencia de Registro y Control
Académico de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, sede
Medellín, informó que el accionante inició sus estudios en la carrera de Derecho el
4 de febrero de 2019, esto es, después de promulgada la Ley 1905 de 2018, y
finalizó el 19 de abril de 2022, por lo que, por mandato legal, no podía expedírsele
la tarjeta profesional hasta que se llenara el total de los requisitos exigidos
incluyendo dicho Examen. Además, precisó que a los primeros graduados a los que
se les aplicaría aquel sería a los del primer trimestre de 2024, sin que fuera
previsible que algunas universidades acortaran la duración de los períodos
académicos para esta carrera, como en el presente asunto.

Finalmente, comunicó que el Consejo Superior de la Judicatura, en sesión del 18
de agosto de 2022, aprobó un acuerdo, mediante el cual dispuso que los graduados
destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que no presentan aún el Examen de Estado
pueden solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado con carácter
provisional, la cual tendrá vigencia hasta la publicación de los resultados de la
primera prueba.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 9 de septiembre de 2022 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, con respecto a la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, comoquiera que la Unidad
accionada, mediante el Acta de Registro núm. 17642, le asignó al peticionario la
tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional núm. 389.898. Sin embargo,
advirtió que esto no lo exime de cumplir con el requisito legal una vez el Consejo
Superior de la Judicatura convoque la realización del Examen, toda vez que inició
sus estudios en vigencia de la Ley 1905 de 2018.

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De otra parte, negó el amparo en relación con el derecho a la igualdad del
accionante, pues, a pesar de que a otros de sus compañeros se les expidió la tarjeta
profesional sin completar el requisito del Examen de Estado, no puede
desconocerse esa exigencia para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de
2018, de tal forma que la expedición de estas tarjetas profesionales sin observancia
de los requisitos legales obedece a una situación que deberá revisar la autoridad
administrativa que expidió la tarjeta profesional, sin que ello constituya para el
accionante un derecho.

Adicionalmente, en relación con el fallo de tutela del 4 de agosto de 2020, indicó
que para ese momento no se había emitido el Acuerdo núm. PCSJA22-11985 del
29 de agosto de 2022, en el cual se aclaró la exigencia del Examen y se protegió el
derecho de los estudiantes que cursaron estudios con un pénsum académico más
corto; para ellos se permitió la expedición de una tarjeta profesional de abogado
temporal.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Como fundamento de su
recurso, afirmó que, en su caso, no se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, comoquiera que para que se entienda materializada esta figura, la
Unidad accionada debía realizar la conducta pretendida, esto es, expedir la tarjeta
profesional sin término de vigencia, como lo solicitó el 9 de mayo de 2022, a través
del correo regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De otro lado, sostuvo que, a pesar de que la Ley 1905 de 2018 lleva más de cuatro
años promulgada, el Acuerdo PCSJA22-11985 solo fue expedido hasta el 29 de
agosto de 2022, por lo que para la fecha en que radicó su solicitud de expedición
de la tarjeta profesional, esto es, el 9 de mayo de 2022, no existía y, en esa medida,
el agotamiento del requisito de aprobar el Examen de Estado es improcedente.
Adicionalmente, manifestó que la prueba de Estado exigida en la Ley 1905 de 2018
desconoce la autonomía universitaria, pues son los centros educativos los
encargados de certificar la idoneidad del profesional, a través de los títulos que
otorgan.

Adicionalmente, insistió en que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad
porque a varios de sus compañeros que se encuentran en su misma situación y con
los que comparte igual fecha de ingreso a los estudios, de terminación de materias
y de grado, les expidieron la tarjeta profesional sin exigirles la acreditación del
Examen de Estado. Aunado a ello, resaltó que la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante el fallo de tutela del 4 de agosto de 2022, concedió el amparo de
los derechos fundamentales de una compañera de estudios que se encuentra en su
misma situación.

Finalmente, consideró que debía aplicarse el principio de favorabilidad o también
llamado, en criterio del accionante, condición más beneficiosa, ante la dualidad de

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la legislación procesal vigente y el choque que se presenta con la ley anterior que
reguló los requisitos para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿En el presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado en razón a que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ya expidió la tarjeta
profesional de abogado del señor Edisson Manuel Rincón García?

2. ¿La Unidad precitada vulneró el derecho a la igualdad del accionante, al
exigirle el cumplimiento del requisito del Examen de Estado, en atención a la
situación de algunos de sus compañeros de estudios y el fallo de tutela
invocado por aquel?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
debido proceso administrativo, (II) procedimiento para la inscripción y expedición de
la tarjeta profesional de abogado, (III) carencia actual de objeto y (IV) análisis del
caso en concreto. Veamos:

I. Debido proceso administrativo

En el artículo 29 de la Constitución Política se determinó que el debido proceso debe
regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en
trámites administrativos. En cuanto a estos últimos, debe anotarse que aquel busca
que todas las actuaciones y decisiones adoptadas por los funcionarios se realice
con cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración pública.
En ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos
sobre ese derecho2, dispuso que este debe ser desarrollado en todas las

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-442/1992. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez

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manifestaciones de las autoridades y que los actos administrativos deben ser
dictados previo a los procedimientos y los requisitos exigidos en la ley.

Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional3
definió el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones impuestas
a las autoridades por el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de una
secuencia de actos, cuya finalidad está previamente determinada constitucional y
legalmente y su objeto es asegurar el funcionamiento ordenado de la administración
y la validez de sus actuaciones; así como proteger los derechos de los
administrados, especialmente los de la seguridad jurídica y la defensa.

Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, el mencionado tribunal manifestó que
aquel es un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los
términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los
artículos 6.° y 209 de la citada disposición sobre la responsabilidad de los servidores
públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.

Más recientemente, la Corte Constitucional4 precisó que el debido proceso
administrativo constituye un límite al ejercicio de las funciones de las autoridades
públicas, puesto que deben actuar dentro de los procesos previamente fijados en la
ley. En ese orden de ideas, se colige que este es un derecho fundamental que sirve
como garantía para los administrados frente a las actuaciones y decisiones
adoptadas dentro de los trámites instituidos legalmente.

II. Procedimiento para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado

En el Decreto Ley 196 de 1971, artículo 22, se dispuso que quien actúe como
abogado, al inicio de la gestión, deberá exhibir su tarjeta profesional e indicar el
número que le fue asignado. En cuanto a ello, en el ordinal 20 del artículo 85 de la
Ley 270 de 1996 se facultó al Consejo Superior de la Judicatura para regular,
organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la tarjeta profesional
de abogado, previa verificación de los requisitos señalados en la ley.

Posteriormente, la corporación precitada, en ejercicio de las facultades que le fueron
conferidas en la disposición mencionada, profirió el Acuerdo 1389 del 13 de marzo
de 2002, mediante el cual le asignó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia la función precitada. De igual forma, el 29 de julio de 2019
emitió el Acuerdo PCSJA19-11354, a través del cual aprobó el formato de la tarjeta
mencionada y dictó normas sobre el Registro Nacional de Abogados.

Sin embargo, el 29 de agosto de 2022 la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA22-11985, reguló la expedición de la tarjeta
profesional de abogado y, en consecuencia, derogó el acto administrativo precitado.

3 Corte Constitucional. Sentencia T-214/2004. MP. Eduardo Montealegre Lynett
4 Corte Constitucional. Sentencia T-051/2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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En esa medida, en el artículo 2.°, determinó que el interesado, para la inscripción y
expedición de la tarjeta profesional de abogado, debe presentar ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por los medios dispuestos
para tal fin, los siguientes documentos: 1) Formulario Único para Múltiples Trámites
completamente diligenciado, 2) copia legible, por ambas caras, de la cédula de
ciudadanía o cédula de extranjería vigente o permiso por protección temporal (PPT)
vigente, 3) una fotografía digital reciente, fondo azul, preferiblemente en formato
JPG, JPEG, PNG o BMP, 4) copia legible del acta de grado y, cuando el título haya
sido otorgado por universidades extranjeras, debe aportarse el documento que
acredite la convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional o la
autoridad competente y la fecha de grado corresponderá a la de la expedición del
documento de convalidación del título, 5) recibo de consignación por el valor fijado
y vigente para ese trámite y 6) certificación expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura que acredita la aprobación del Examen de Estado ordenado en la Ley
1905 de 2018.

De igual forma, en el primer y segundo parágrafo transitorio del referido artículo,
señaló que los destinatarios de la Ley precitada, mientras se desarrollan las fases
necesarias para la implementación del Examen de Estado, podrán solicitar su
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, sin el certificado de
aprobación de dicho Examen, la cual tendrá una vigencia provisional hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba y en el formato de la tarjeta tendrá
la denominación provisional.

Adicionalmente, en el artículo siguiente previó que el director de la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia debía cotejar la
información con las universidades, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación Nacional y los
demás organismos relacionados, con el fin de asegurar la autenticidad, fidelidad y
actualidad del registro nacional de los profesionales del derecho.

III. Carencia actual de objeto

La acción de tutela fue implementada en el artículo 86 de la Constitución Política
como un mecanismo de defensa inmediato y subsidiario de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, por una acción u omisión
de una autoridad o un particular en los casos fijados por la ley. En esa medida, el
máximo tribunal constitucional5 ha considerado que la tutela pierde su razón de
ser, cuando en el trámite de esta se supera la situación que ponía en riesgo
o transgredía los derechos fundamentales o cuando no haya forma de evitar el daño
que buscaba impedirse. Con lo anterior se pretende que los fallos de tutela no sean
ineficaces. Este fenómeno se ha denominado carencia actual de objeto, en el
primer caso, por hecho superado y, en el segundo, por daño consumado.

5 Ver entre otras sentencias: T-358 de 2014 y T-011 de 2016.

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De igual forma, la Corte Constitucional ha precisado que existen algunos eventos
en que la carencia actual de objeto no se produce por hecho superado o daño
consumado, sino por la existencia de otra circunstancia que conlleva que la orden
de tutela no produzca efectos porque los fundamentos de la amenaza o
conculcación desaparecieron. En este último escenario deberá declararse la
carencia actual de objeto por sustracción de materia o situación sobreviniente.

En ese entendido, la carencia de objeto por sustracción de materia implica, en
términos del órgano de cierre constitucional, la existencia de una situación
sobreviniente que se origina, entre otros casos, cuando: (i) el accionante es quien
asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un
tercero ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii)
es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad
demandada o (iv) el peticionario del amparo pierde interés en el objeto de la litis,
circunstancias que modifican los hechos y generan que la posible orden a
impartirse, relativa a lo solicitado en la acción de amparo, no surta ningún efecto.

Así las cosas, en cada caso concreto el juez de tutela debe analizar si para el
momento de adoptar una decisión dentro de la acción de tutela, aquella producirá
efectos o si, por el contrario, resultará inocua6.

IV. Análisis del caso en concreto

El señor Edisson Manuel Rincón García interpuso acción de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo y «libre desarrollo a la profesión» y del principio
de favorabilidad, los cuales estimó conculcados, al exigirle, para la expedición de su
tarjeta profesional de abogado, la acreditación del Examen de Estado, pues, a pesar
de que la Ley 1905 de 2018 se expidió hace cuatro años, la autoridad accionada no
tiene fecha exacta para dar cumplimiento con lo dispuesto en esa norma ni ha
enlistado este requisito en el aplicativo web «SIRNA».

En la sentencia de primera instancia de esta acción constitucional, la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado porque la Unidad accionada había expedido temporalmente la
tarjeta profesional de abogado del peticionario, la cual le permitía ejercer la
profesión. Por su parte, el accionante, en su recurso de impugnación, alegó que no
se encontraba configurado este fenómeno procesal, puesto que la parte accionada
debía realizar la conducta pretendida, esto es, expedir la tarjeta profesional de forma
permanente.

Pues bien, al revisar las pruebas obrantes en el expediente de la referencia, se tiene
que el 9 de mayo de 2022 el señor Edisson Manuel Rincón García solicitó a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a través del

6 Sentencia SU-522 de 2019 proferida por la Corte Constitucional.

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correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la expedición de su tarjeta
profesional de abogado.

Adicionalmente, se observa que el 18 de agosto de 2022 la Unidad precitada le
informó al peticionario que no era posible expedir la tarjeta profesional de abogado
hasta que completara el requisito de presentación y aprobación del Examen de
Estado dispuesto por la Ley 1905 de 2018. Sin embargo, se avizora que el 2 de
septiembre de 2022 aquella entidad le comunicó al accionante que, de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, le asignó
la tarjeta profesional de abogado provisional núm. 389.898, la cual sería enviada al
contratista para la elaboración del plástico y, una vez entregada, sería remitida por
correo certificado al domicilio registrado por aquel.

En efecto, de las pruebas aportadas por la accionada, logra constatarse que el 30
de agosto de 2022, mediante Acta número 17.642, la entidad incorporó en el
Registro Nacional de Abogados al peticionario del amparo y le asignó, de forma
temporal, la Tarjeta Profesional 389.898, la cual estará vigente desde la fecha de la
expedición hasta el 30 de abril de 2024.

Así las cosas, como lo pretendido por el accionante se satisfizo durante el trámite
de la acción de tutela, puesto que la Unidad accionada expidió su tarjeta profesional
de abogado, la Subsección confirmará la decisión adoptada por el juez de primera
instancia, consistente en declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
en relación con la emisión de dicho documento.

Al respecto, se advierte que, si bien es cierto que la expedición de la tarjeta
profesional se realizó de manera provisional, también lo es que el accionante, en
sus pretensiones iniciales, solicitó ordenar «al Honorable Consejo Superior de la
Judicatura que con plazo 72 horas se expida mi Tarjeta Profesional (sic) de abogado
a la cual tengo derecho por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la
página Sirna Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura, y de esta manera
impedir se siga vulnerando mis derechos fundamentales», lo cual a la fecha ya
ocurrió.

Además, debe tenerse en cuenta que la parte accionada profirió de forma
provisional dicha tarjeta, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSCJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, donde se indicó que a los destinatarios de la Ley
1905 de 2018, norma aplicable al peticionario por haber ingresado a estudiar el 4
de febrero de 2019, podrá expedírseles con vigencia provisional ese documento
mientras se desarrollan las fases necesarias para la implementación de la prueba
de Estado que en dicha Ley se ordena como requisito para obtener la tarjeta
profesional de abogado.

Ahora bien, se observa que el accionante discute que, a pesar de que la Ley 1905
de 2018 lleva más de 4 años de promulgada, el Acuerdo PSCJA22-11985 solo fue
expedido hasta el 29 de agosto de 2022, de modo que para el momento en que

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radicó su solicitud, esto es, el 9 de mayo de 2022, este no existía y, en esa medida,
resulta improcedente requerir tal Examen para expedir su tarjeta profesional.

No obstante, debe precisarse que para el momento en que la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se pronunció de fondo frente a lo
solicitado por el peticionario ya se había expedido el Acuerdo mencionado, en el
cual, como se explicó en precedencia, en su artículo 1.°, exige la certificación
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que acredite la aprobación del
Examen de Estado ordenado en la Ley 1905 de 2018, por lo que no le era dable a
la autoridad accionada desconocer dicho acto administrativo, pues es el que se
encuentra vigente y, por ende, resulta aplicable en lo que tiene que ver con la
expedición de la tarjeta profesional de abogado, máxime si se tiene en cuenta que
en el artículo 10.° derogó los anteriores Acuerdos que regulaban esa materia.

De otro lado, con respecto al argumento sobre el desconocimiento de la autonomía
universitaria, con ocasión al Examen de Estado ordenado en la Ley 1905 de 2018,
se precisa que esto no es objeto de la acción de tutela, pues en esta instancia no
corresponde analizar la legalidad o constitucionalidad de la referida disposición, ya
que para ello el accionante cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces.

Asimismo, frente a la presunta transgresión del derecho a la igualdad, debido a que
a varios de los compañeros del accionante, que ingresaron en la misma fecha que
aquel, les expidieron la tarjeta profesional sin exigirles la acreditación del Examen
de Estado, debe aclararse, como lo hizo el juez de primera instancia, que el hecho
de haberse proferido ese documento sin todos los requisitos exigidos no constituye
para el accionante un derecho, pues esto obedece a una situación que le
corresponde revisar a la autoridad que expidió ese documento, pero lo cierto es que,
en el presente asunto, la emisión de esa tarjeta se hizo conforme al precitado
Acuerdo.

Adicionalmente, tampoco se evidencia una vulneración del referido derecho, con
respecto al fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 4 de
agosto de 2022 en el proceso con radicado 2022-03847-00, comoquiera que, en
primer lugar, sus efectos son inter partes, por lo que no van más allá del caso objeto
de controversia en lo allí examinado, y, en segundo lugar, para el momento en que
se dictó dicho proveído no se había emitido el Acuerdo núm. PCSJA22 11985 de 29
de agosto de 2022.

Finalmente, con respecto a la aplicación del principio de favorabilidad, debe
recalcarse que en el presente asunto no existía un conflicto sobre la aplicación de
normas vigentes, sino que simplemente para el momento en que se resolvió la
solicitud del accionante, el Acuerdo precitado era el que se encontraba vigente y,
en esa medida, no podía ser desconocido.

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2022
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual,
de un lado, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado con respecto a

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la expedición de la tarjeta profesional de abogado y, del otro, negó el amparo
solicitado por el señor Edisson Manuel Rincón García en contra del Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, en relación con el derecho a la igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2022 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual, de
un lado, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado con respecto a la
expedición de la tarjeta profesional de abogado y, del otro, negó el amparo solicitado
por el señor Edisson Manuel Rincón García en contra del Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
en relación con el derecho a la igualdad, de conformidad con la parte motiva de la
presente providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
ARF

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www.consejodeestado.gov.co
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