Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04364-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04364-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04364-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04364-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
18 de octubre de 2022
1
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022-04364-00
Demandante: WILSON DE JESÚS HOYOS ORTEGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: No vulnera los derechos al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso por presunta mora judicial
injustificada cuando el proceso cumple con las etapas
procesales dispuestas en las normas procesales que lo
regulan.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA__________________________
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta en
nombre propio por el ciudadano Wilson de Jesús Hoyos Ortega, quien
consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, por parte del Tribunal Administrativo
de Santander.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Wilson de Jesús Hoyos Ortega, actuando en nombre propio, solicitó
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por parte del
Tribunal Administrativo de Santander, en la que formuló las siguientes
pretensiones:
«[…] Primera: Se tutelen mis derechos fundamentales al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia.
Segunda: Se determine si la acción popular radicada en el
Tribunal Administrativo de Santander bajo el No. 68001-23-33-
000-2018-00886-00 ha ocurrido una mora judicial injustificada y
se profiera la orden que corresponda. […] »
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
II. SITUACIÓN FÁCTICA
II.1. El 25 de octubre de 2018, presentó acción popular para la protección
del derecho colectivo a la moralidad administrativa que estima ha sido
vulnerada por el Director Nacional de Bomberos de Colombia.
II.2. Señaló que, el 21 de febrero de 2019, fue admitida la acción popular,
radicada bajo el núm. 68001-23-33-000-2018-00886-00, la cual fue
contestada en tiempo por parte del Director Nacional de Bomberos.
II.3. Mencionó que el 6 de agosto de 2019 se llevó a cabo la audiencia de
pacto de cumplimiento, sin que hubiera acuerdo entre las partes, por lo cual
se surtió la etapa probatoria.
II.4. Contó que, mediante auto de fecha 13 de mayo de 2021, el despacho
de la magistrada ponente fijó para el 6 de junio de 2021, nuevamente, fecha
para celebrar audiencia de pacto de cumplimiento; inadvirtiendo la ponente
que el 6 de agosto de 2019 se celebró dicha audiencia en la cual las partes
no llegaron a un acuerdo. Al fijar una nueva fecha la magistrada esta
“reviviendo así la magistrada un acto procesal que ya se había agotado”.
II.5. Resaltó que, “Mi acción popular se radicó desde octubre de 2018 y no
avanza en su trámite, pero en la acción popular radicada bajo el No. 2018-
518 se profirió sentencia el 2 de marzo de 2021, en la radicada bajo el No.
2018-325 por auto del 21 de junio de 2021 se corrió traslado para alegatos
de conclusión, en la acción popular radicada No. 2019-410 se profirió
sentencia el 2 de diciembre de 2020. En la 2019-100 se profirió sentencia
el 30 de abril de 2021; siendo evidente que si se pueden proferir sentencias
en un tiempo razonable, menos en la acción que adelanto por ser conocida
por dos magistradas, lo que implica que el expediente se refunda entre
despachos o por alguna otra razón mi proceso no culmine con sentencia
como ya debió haber ocurrido”.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
III.1. El 17 de agosto de 2022 este despacho admitió la acción de tutela y
ordenó la notificación a la entidad accionada.
III.2. El Tribunal Administrativo de Santander, A través de correo
enviado el 6 de septiembre de 2022 a la Secretaría General de esta
Corporación, remitió, después de habérsele realizado tres requerimientos
por parte de la Secretaría, el link para consultar el expediente contentivo de
la acción popular con radicado núm. 68001-23-33-000-2018-00886-00.
Sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones referidas
por el señor Wilson de Jesús Hoyos Ortega, en su escrito de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. COMPETENCIA.
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para conocer
del presente asunto.
IV.2. Análisis de la Sala
Corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión de la
presunta mora judicial por parte del Tribunal dentro de la acción popular con
radicado núm. 68001-23-33-000-2018-00886-00, instaurada por el
accionante en contra del Director Nacional de Bomberos.
IV.4.1. Derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia
El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al
debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, sin dilaciones injustificadas. Así mismo,
estableció en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el artículo
229 el derecho de acceso a la administración de justicia.
La Corte Constitucional, en sentencia T-803 del 11 de octubre de 2012, se
refirió a la violación del debido proceso por mora judicial en los siguientes
términos:
“[…] 9.2. Esta corporación ha definido la mora judicial como `un
fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el
disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia´ [61]1, y que se presenta como `resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad
humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución
1
Nota original de la providencia en cita: [61] Sentencia T-945 A de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
de los procesos´ [62]2. No obstante, para establecer si la mora
en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de
derechos fundamentales, es preciso acudir a un análisis
sobre la razonabilidad del plazo y establecer el carácter
`injustificado´ en el incumplimiento de los términos.
De esta manera, puede afirmarse que, de conformidad con la
doctrina sentada por esta Corporación, la mora judicial o
administrativa que configura [la] vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, se caracteriza por: (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario
competente; (ii) [el desborde del] concepto de plazo
razonable que involucra [un] análisis sobre la complejidad
del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta
de la autoridad competente y el análisis global de
procedimiento;[y finalmente;] (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora´[63]3 […]”4
Además, la jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la
resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en
circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, de manera que habrá que analizar “[…] (i)
el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el
cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario,
(iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento
de las partes de sus deberes en el impulso procesal. […]” 5, en aras de
determinar si se está ante un escenario de mora judicial injustificada o si la
ponderación de las circunstancias específicas explica el retardo.
Así por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido como justificada la
mora judicial cuando “[…] Se está ante asuntos de alta complejidad en los
que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende, o Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.[…]”6
Por su parte, en lo concerniente al acceso a la administración de justicia,
la Sala, en sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 2018 7, al estudiar
también un caso sobre mora en la adopción de una decisión judicial, estimó
que, dentro de las garantías ínsitas de este derecho, se encuentra el derecho
a obtener la tutela judicial efectiva, la cual no solo exige de la autoridad
2
Nota original de la providencia en cita: [62] Ibídem.
3
Nota original de la providencia en cita: [63] Sentencia T-297 de 2006.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-803 del 11 de octubre de 2012. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Corte Constitucional, sentencia T-366 de 8 de abril de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
6
Op. Cit. T-803 de 2012.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 11001-03-15-
000-2018-00809-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
judicial un pronunciamiento respecto del asunto sometido a su definición,
sino, además, que esa respuesta de la judicatura sea oportuna; de allí que
el artículo 228 de la Constitución Política establezca que “los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado”.
IV.4.2. Caso en concreto
En el presente asunto, el actor aduce que el Tribunal ha incurrido en mora
judicial injustificada comoquiera que han pasado más de cuatro años y a la
fecha no se ha proferido decisión de primera instancia, cuando en casos
similares, ya se ha proferido decisión.
Una vez revisado el referido expediente, la Sala advierte que se han surtido
las siguientes actuaciones:
1) El 24 de octubre de 2018 el tutelante instauró acción popular radicada
bajo el núm. 68001-23-33-000-2018-00886-00 contra la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos de Colombia,
orientada a obtener el amparo del derecho colectivo a la moralidad
administrativa y el restablecimiento de los grados de oficiales de bomberos
en el departamento de Santander.
2) Mediante auto de fecha 29 de octubre de 2018 se inadmitió8 la acción
popular. Decisión que fue recurrida por el actor popular.
3) El 21 de febrero de 2019 el Despacho sustanciador del Tribunal, repuso
el auto de 29 de octubre de 2018, procediendo a su admisión9.
4) El 14 de marzo de 2019, se realizó la notificación electrónica del auto
admisorio10.
5) El 23 de mayo de 2019, mediante auto, fijó fecha para celebrar audiencia
de pacto de cumplimiento, el 10 de julio de 2019, a partir de las 2:30 pm.
6) El 9 de julio de 2019, el Cuerpo de Bomberos solicitó aplazamiento de la
audiencia de pacto de cumplimiento11.
7) El 8 de agosto de 2019, se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento,
en donde no se llegó a un acuerdo entre las partes12.
8) El 8 de agosto de 2019, se abrió el proceso a pruebas13.
8
Indicie 6 de SAMAI
9
Índice 12 de SAMAI
10
Índice 15 de SAMAI
11
Índice 25 de SAMAI
12
Índice 30 de SAMAI
13
Índice 33 de SAMAI
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
9) Los días 15 y 18 de octubre de 2019 el Cuerpo Voluntario de Bomberos
dio respuesta a los oficios 952 y 95614.
10) El 18 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander,
a través del magistrado que estaba a cargo en ese momento del despacho,
atendiendo a la solicitud de vinculación presentada por algunos cuerpos
voluntarios de Bomberos de Santander, dispuso notificar el auto
admisorio15, para que ejercieran su derecho de contradicción.
11) Entre el 12 y 22 de enero de 2021 se presentaron las contestaciones de
la demanda de los demandados vinculados.
12) El 14 de abril de 2021 se notificó la solicitud de vigilancia judicial.
13) Por auto del 16 de abril de 2021, se ordenó notificar a la delegación
departamental de bomberos.
14) El 21 de mayo de 2021, se presentó solicitud de coadyuvancia.
15) El 27 de julio de 2021, mediante auto, se ordenó prescindir de la
audiencia de pacto de cumplimiento, admitió la coadyuvancia y fijo fecha
para audiencia de pruebas.
16) El 10 de agosto de 2021 se llevó a cabo audiencia de pruebas.
17). El 11 de agosto de 2021, se ordenó oficiar a la junta departamental de
bomberos16 y fijó nueva fecha para audiencia de pruebas17.
18) El 7 de diciembre de 2021, mediante auto, se requirió a la Junta de
Departamental de Bomberos y a la Secretaría del Interior de Santander18.
19) El 31 de marzo de 2022, previo a dar apertura al incidente de desacato,
se requirió nuevamente a la Junta de Departamental de Bomberos y a la
Secretaría del Interior de Santander, para que, en el término de cinco (5)
días allegara la información requerida con anterioridad19.
20) El 4 de abril de 2022, la Junta y la Secretaría del interior dieron
respuesta al anterior requerimiento20.
21) El 1 de septiembre de 2022, negó la solicitud de vinculación presentada
por el representante legal del Cuerpo de Bomberos de los Santos y ordenó
14
Índice 35 de SAMAI
15
Índice 45 de SAMAI
16
Índice 91 de SAMAI
17
Índice 92 de SAMAI
18
índice 104 de SAMAI
19
Índice 108 de SAMAI
20
Índice 113 de SAMAI
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
correr traslado a las partes para que presenten los alegatos de conclusión 21.
De acuerdo con este recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso, la Sala no evidencia inactividad injustificada del
Tribunal Administrativo de Santander que configure mora judicial y como
consecuencia de ello la vulneración de los derechos fundamentales
reclamados por el accionante; pues, si bien han trascurrido cuatro años
desde la presentación de la demanda, dentro del mismo se han presentado
una serie de solicitudes, como por ejemplo, la de vinculación de otros
Cuerpos Voluntarios de Bomberos que funcionan en el Departamento de
Santander, la coadyuvancia, que deben ser resueltas previo a emitir un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
Por el contrario, lo que advierte la Sala es que el proceso durante los cuatro
años no ha estado inactivo, lo que evidentemente no da lugar a encontrar
vulnerado el derecho fundamental al debido y acceso a la administración de
justicia por mora judicial injustificada.
En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por el actor en la
presente acción de tutela, por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia por presunta mora judicial
solicitado por Wilson de Jesús Hoyos Ortega, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad
con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
21
Índice 120 de SAMAI
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001 03 15 000 2022 04364-00
Accionante: Wilson de Jesús Hoyos Ortega
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.