Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04374-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04374-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04374-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros1
Temas: Cosa juzgada constitucional/alcance
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de
inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 22 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual rechazó la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, porque, a su juicio, i) la Sección Tercera, al
proferir la sentencia de 2 de noviembre de 2021, y la Sección Quinta, al proferir la
sentencia de 22 de julio de 2021, dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202102695-01; iii) el Tribunal, al proferir
el auto de 15 de abril de 2021, y el Juzgado, al proferir el auto de 18 de agosto de
2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el único de radicación 540013340010201601202-01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario durante
el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2004 y el 11 de diciembre de
2014, en cumplimiento de una condena impuesta por la comisión de los delitos de
secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.
4. Señaló que, durante dicho periodo, sufrió una caída de un camarote al interior
de su celda en el mes de junio de 2004, hecho que desencadenó una lesión
denominada como “[…] DISCOPATÍA L3/L4,L4/L5 y L5/S1. ABOMBAMIENTO
DISCAL DE L4/L5 CON DISMINUCIÓN DE LA AMPLITUD DEL AGUJERO DE
CONJUGACIÓN IZQUIERDO […]”, diagnóstico al que se llegó mediante
resonancia nuclear magnética practicada el 21 de enero de 2008.
5. Sostuvo que, luego de la salida del establecimiento penitenciario, un médico
particular al que consultó el 18 de agosto de 2015 emitió concepto sobre dicha
lesión; diagnóstico de conformidad con el cual decidió interponer demanda en
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio
de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC y la Fiduprevisora S.A.
6. Adujo que, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta avocó
conocimiento, sin embargo, en el curso de la audiencia inicial celebrada el 18 de
agosto de 2020, luego de hacer un análisis de las excepciones propuestas por las
entidades accionadas, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social.
7. Manifestó que, inconforme con la referida decisión, interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
autoridad judicial que mediante auto de 15 de abril de 2021 confirmó lo resuelto por
el A quo.
8. Indicó que, interpuso acción de tutela contra el Tribunal y el Juzgado
mencionados supra, la cual correspondió en primera instancia a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que, mediante sentencia 22 de julio de 2021, resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, PAR Caprecom Liquidado y el Ministerio de Salud y Protección
Social - MINSALUD atendiendo a las razones expuestas en las consideraciones de
esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad deprecados por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad, de conformidad
con la parte considerativa de esta providencia […]”.
8.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Defecto sustantivo […] De lo referido en el escrito de tutela, si bien el actor
indicó la presunta vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, no
precisó en qué consistió dicha vulneración y tampoco es claro a cual ley se refiere
posteriormente, tampoco el motivo por el cual estas fueron indebidamente
interpretadas para sustentar el defecto sustantivo, ni explicó las razones
consistentes en la supuesta vulneración en la que incurrió el Tribunal accionado, no
cumpliendo así con la carga mínima requerida para proceder a su estudio, motivo
por el cual el yerro será negado […]”.
[…]
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
“[…] Defecto fáctico […] Frente al punto, esta Sección considera que la parte
accionante tampoco cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para
justificar la configuración del defecto fáctico, pues no indicó cuáles fueron en
concreto los elementos probatorios indebidamente valorados, ni mucho menos la
incidencia en la decisión que adoptó la autoridad judicial accionada, en
consideración a que el cuestionamiento se hizo en forma genérica en relación con
las inconformidades que le asisten respecto del fallo cuestionado.
83. Por lo expuesto, la afirmación de la parte actora es en extremo amplia, y ello
generaría que el juez constitucional de tutela deba proceder con una revisión in
extenso de los elementos de convicción aportados al expediente, lo que claramente
desborda las competencias propias de esta instancia de decisión y desconoce la
función propia del juez natural de la causa, motivo por el cual el cargo resulta
impróspero […]”.
9. Señaló que, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 2 de noviembre de 2021, resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 22 de julio de 2021, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se dispone, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Luis Emilio Yáñez Soledad, por
las razones expuestas. […]”.
9.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Precisamente, de la lectura de los escritos de tutela e impugnación, se advierte
que la parte demandante, además de exponer argumentos idénticos en uno y otro,
se limitó a enlistar un conjunto de reparos contra las decisiones judiciales adoptadas
en el proceso ordinario, sin entrar a desarrollarlos y, mucho menos, explicar cómo
estos se reflejaron en la vulneración a sus derechos fundamentales. Esto es, omitió
desplegar la carga mínima para construir cargos concretos contra la providencia
enjuiciada.
26. En otras palabras, pese a que la parte actora señaló cuáles fueron los derechos
presuntamente vulnerados, no hizo referencia a los elementos probatorios que
fueron indebidamente valorados, no aportó documentación alguna relacionada con
el defecto fáctico y tampoco mencionó de forma precisa qué disposiciones legales
fueron desconocidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander al
momento de confirmar la decisión de declarar probada la excepción de caducidad
en el proceso ordinario.
27. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que existieren
entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la
justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. La
presentación simple de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de
quien enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar
por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este un mecanismo constitucional de amparo de
derechos fundamentales de carácter excepcional […]”.
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
La solicitud de tutela
Pretensiones
10. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Que se ordene la nulidad de todo lo actuado desde [la] fecha en que el Juzgado
decretó LA CADUCIDAD DE LOS TÉRMINOS AL RESOLVER ASÍ: RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRESE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA INTERPUESTA POR EL
APODERADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS (USPEC) Y LA APODERADA DE LA NACIÓN–MINISTERIO DE
SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, SALA DE CASACIÓN PENAL Y SALA DE
REVISIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN, en lo que tenga que ver con el accionante
LUIS EMILIO YÁÑEZ SOLEDAD y, en su lugar, [que] se disponga una nueva
evaluación judicial a efectos de determinar la procedencia de la resolución de
apertura de inicio de la audiencia de la demanda administrativa, según las
conclusiones que se extraigan de la parte motiva del fallo. A efectos de la aplicación
se fijará un plazo máximo e improrrogable de cuarenta y ocho horas. Estas órdenes
[como] consecuencia de la declaratoria de la vía de hecho por defecto sustantivo.
Que se ordene la nulidad de todo lo actuado desde fecha en que el despacho decretó
probada las exenciones (sic), oportunidad en la cual fue dictada la resolución y
apelación ante el honorable Tribunal Administrativo. Subsidiariamente, [que en el
término] improrrogable de cuarenta y ocho horas, se ordene continuar el proceso de
la demanda administrativa. Esta orden es la consecuencia de la vía de hecho por
defecto fáctico.
Y que se declare como término del tiempo para la demanda administrativa desde el
día 18 de agosto del 2015 ante un médico tratante privado adscrito a la IPS Clínica
Los Andes. Dr. Martin Angarita Yáñez – Ortopedista […]”.
11. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en un defecto sustantivo por indebida
interpretación de una norma jurídica y un defecto fáctico, por las siguientes razones:
“[…] El medio de control presentado no estaba sometido al término de caducidad de
dos años establecido en el derecho positivo, puesto que el hecho dañoso imputable al
Estado tiene su origen en un delito de lesa humanidad y, por consiguiente, la
imprescriptibilidad penal que se predica de dichas conductas criminales se hace
extensiva a la acción contencioso administrativa.
La Nación, a través del apoderado judicial del Ministerio de Defensa, propuso la
excepción previa de caducidad del medio de control de reparación directa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, argumentando que entre el
momento en que ocurrió el hecho dañoso y el instante en que se interpuso la demanda
contencioso administrativa, trascurrieron más de dos años […]”.
[…]
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
“[…] En el presente caso, tanto el juez, valoraron arbitraria y tendenciosamente la
“prueba” allegada en tanto que toda la actividad de los despachos estuvo únicamente
encaminada a la construcción de. Un archivo tal como sucedió descansan en el
repudio de como actuó elabogado (sic) del INPEC y la valoración que hicieron sin ser
real.
Todo lo anterior, o sea, el grosero tratamiento que se hizo del debido proceso
indiciaría, ha de. amañarla como prueba de archivo, materializado en el también
grosero tratamiento de cómo me intimidaron en privación legal para que no me diera
cuenta del daño ocasionado y generado diariamente hasta llegar a recuperar mi
libertad; reconocido en sus partes y ejecución por los intervinientes decisión respecto
del material probatorio allegado, el que fue retorcido de tal manera, que la prueba
realmente exculpatoria se constituyó en “indicio”, para dar improcedente la presente
demanda invirtiéndose, inconstitucionalmente, el valor de la prueba allegada,
imponiéndose así el criterio del juzgador y no el del sistema normativo hasta configurar
la vía de hecho que aquí se alega […]”2.
12. Igualmente, adujo la configuración de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que se desconoció que
“[…] ante la existencia de distintas posturas jurisprudenciales en torno a la caducidad
del medio de control de reparación directa, en casos en que el hecho dañoso es
causado por un delito de lesa humanidad, se acogía a la tesis expuesta por la Corte
Constitucional en la sentencia T-490 de 2014, y por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en el auto del 10 de febrero de 2016 […]”.
Actuación
13. El Despacho Sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 17 de agosto de 2022; inadmitió la acción de
tutela y requirió al actor para que: i) suministrara los consecutivos de radicación
completos y las fechas en las cuales fueron emitidas las providencias cuestionadas;
ii) señalara si la acción de tutela se presentó en contra de dos procesos diferentes
—medio de control de reparación directa y acción de tutela—; iii) indicara cuáles
son las autoridades judiciales cuestionadas, esclareciendo, en primer lugar, si
dentro de los accionados se encontraba el Tribunal Administrativo del Norte de
Santander y, en segundo lugar, si se estaba haciendo referencia a la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado cuando se menciona como
demandado a la “[…] Sala de Revisión del Consejo de Estado […]”; y iv) manifestara
cuáles eran las causales especiales de procedibilidad —defectos— en los que
2 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
incurrían las providencias atacadas, y sustentara, con precisión conceptual y
jurídica, su aplicabilidad dentro de la acción constitucional.
14. El Despacho Sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 31 de agosto de 2022; i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al Juez Décimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta; iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, a la
Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y Protección,
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y a la Fiduprevisora S.A., concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; y iv) comisionó
a las autoridades judiciales demandadas, para que notificara del trámite
constitucional, como terceros interesados, a todas las personas que intervinieron
dentro del medio de control de reparación directa en cuestión.
Intervenciones de los demandados y de los terceros con interés legítimo
15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe
en los siguientes términos:
“[…] En lo que respecta a la Sentencia de segunda instancia de 2 de noviembre de
2021, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
Rad. 11001-03-15-000-2021-02695-01, se considera que dicha providencia, así
como su respectivo expediente digital, contienen los argumentos y elementos
necesarios para que el juez de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.
No sobra advertir que la acción de la referencia tiene por objeto enjuiciar una
sentencia de segunda instancia de tutela respecto de la cual no se configuraron los
presupuestos señalados Sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional. En
consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto
enjuiciamiento, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción
constitucional […]”.
16. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó “[…] se denieguen
todas y cada una de las pretensiones, puesto que tal y como se advirtió con
antelación, todas las actuaciones desplegadas por esta Corporación han sido
proferidas con estricto cumplimiento de las leyes vigentes aplicables al caso,
respetando todas las garantías que implica el derecho al debido proceso,
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
especialmente el derecho de defensa, teniendo en cuenta que los accionantes
contaron con la oportunidad de ejercitar los recursos que la ley otorga […]”.
17. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó “[…] se denieguen todas las
pretensiones solicitadas en la presente acción, pues el Ministerio de Justicia y del
Derecho considera que todo el actuar procesal durante el desarrollo de medio de
control de Reparación Directa No. 54-001-33-40-010-2016-01202-00 ejercido por
LUIS EMILIO YAÑEZ SOLEDAD y otra, ante el Juzgado Décimo Administrativo de
Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander fue adecuado y acorde
al rigorismo procesal, acudiendo a la legalidad y sana crítica que los jueces deben
tener en sus actuaciones, considerando que nunca se violó ningún derecho
fundamental y menos aún el del debido proceso, respetándose todas las garantías
en ambas instancias para ello […]”.
17.1. Expuso que:
“[…] Sea lo primero manifestar que, para esta dependencia gubernamental, las
actuaciones ejercidas por parte de los operadores judiciales dentro del proceso de
Reparación Directa No. 54-001-33-40-010-2016-01202-00 ejercido por LUIS EMILIO
YAÑEZ SOLEDAD y otra, en ambas instancias (Juzgado Décimo Administrativo de
Cúcuta -primera instancia- y Tribunal Administrativo de Norte de Santander -segunda
instancia-) fue el adecuado y se procedió de conformidad con la normatividad legal
y procesal de manera diáfana y no se encuentra, por ningún lado, la violación a los
derechos fundamentales invocados. Ahondando un poco más en el asunto, en la
audiencia inicial, celebrada de manera virtual el día 18 de agosto de 2020, se
procedió como los destinos de la norma procesal instruyen pues, el artículo 180 de
la Ley 1437 de 2011 (CPACA) en su numeral 6, dicta que es en la audiencia inicial
la oportunidad para entrar a resolver, de manera oficiosa o a solicitud de parte, las
excepciones previas, puntualmente para el caso en comento, la de caducidad de la
acción, y que en caso de prosperar alguna de ellas el Juez debe dar por terminado
el proceso; tal fue el proceder del operador judicial de primera instancia,
corroborándose que para la toma de tal decisión se hizo el estudio respectivo y la
Señora Juez 10ª. Administrativa de Cúcuta expuso los argumentos de manera clara
e inequívoca durante la celebración de la audiencia y, además, se notificó a las
partes por estrados, quedando notificadas en el acto y dándoseles la palabra para
que se pronunciaran al respecto, a lo que la parte demandante intervino e interpuso
el recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo ante el
Honorable Tribunal Administrativo de Norte de Santander, lo que claramente
evidencia que en ningún momento se ha vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso al demandante y actor de la presente acción constitucional ni pasado por
alto en ningún momento en su condición de parte procesal. Posteriormente, el
Honorable Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió el recurso de
apelación contra la decisión del 18 de agosto de 2020, que declaró probada la
excepción de caducidad, y le dio el trámite respectivo, procediendo a su estudio y
análisis cuyos argumentos esgrimió claramente en providencia del 15 de abril de
2021 donde confirmó lo resuelto en el auto impugnado, pero en tal providencia se
refleja claramente un estudio diáfano y concreto de los asuntos que conllevaron a la
apelación del demandante pero que, además, permitieron dilucidar de manera
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
palmaria que la decisión del a quo era acertada y resuelta en derecho, otra actuación
más que se ejecutó con transparencia y sin violación alguna al debido proceso de
amparo constitucional […]”.
18. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó su desvinculación al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva y solicitó “[…] declarar
la improcedencia de la presente acción […] y en consecuencia exonerarlo de
cualquier responsabilidad que se pueda llegar a endilgar, toda vez que no es la
entidad encargada de realizar las actuaciones administrativas ni judiciales
tendientes a resolver las pretensiones del accionante […]”.
18.1. Al respecto, señaló que:
“[…] Es preciso indicar que esta cartera ministerial no ha vulnerado ni amenaza
vulnerar los derechos fundamentales objeto de la presente acción de tutela por
cuanto en ejercicio de sus competencias, es la institución encargada de dirigir,
coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y
promoción social en salud, lo cual se desarrolla a través de la institucionalidad que
comprende el sector administrativo, lo anterior, dado que en el marco de sus
competencias legales da línea de política en materia de salud en Colombia, pero no
tiene facultades para incidir sobre las providencias judiciales adoptadas por los
jueces de la república bajo el ámbito de su jurisdicción y competencia, toda vez que
las decisiones emitidas por las ramas del poder público; la Legislativa, la Ejecutiva y
la Judicial, son autónomas e independientes. de conformidad con el artículo 128 y
113 de la Constitución Política de Colombia […]”.
19. La Fiduciaria la Previsora S.A. solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, en atención a que:
“[…] me permito informar que el Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2019
en Liquidación (integrado por Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A), carece de TODA
competencia para atender la solicitud formulada por el accionante, en virtud de la
terminación del contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019 suscrito con la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el cual finalizó el 30 de junio del
año 2021 y cuyo objeto fue la administración y pagos de los recursos del Fondo
Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.
De conformidad con lo establecido en la Resolución 238 del 15 de junio de 2021,
expedida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, A
PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE 2021, FIDUCIARIA CENTRAL S.A., ES EL
NUEVO ADMINISTRADOR FIDUCIARIO del Fondo Nacional de Salud de las
Personas Privadas de la Libertad […]”.
20. La Sección Quinta del Consejo de Estado, el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Cúcuta; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC guardaron silencio en
esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
21. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 22 de septiembre de 2022, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:
“[…] Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Emilio Yáñez
Soledad, de acuerdo con lo expuesto en este proveído […]”.
21.1. Como fundamento de su decisión expresó que:
“[…] 2.5.1. Respecto de la acción de tutela interpuesta en contra del Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander
Pues bien, se tiene que con respecto de la acción de tutela dirigida en contra del
Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander a efectos de cuestionar las providencias del 18 de agosto de
2020 y 15 de abril de 2021, en las que se declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa, se configura la figura jurídica de la temeridad, puesto que
dichas providencias ya fueron objeto de demanda ante los jueces constitucionales.
Tal situación, desconoce lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
que es claro en señalar que «[…] El que interponga la acción de tutela deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de
los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las
consecuencias penales del falso testimonio» […]”.
[…]
“[…] Sin embargo, la motivación presentada por el accionante hace referencia al
hecho de que el asunto no se analizó de fondo, puesto que se declaró su
improcedencia ante el incumplimiento de requisitos formales para su análisis; evento
que no comporta una justificación razonable para la interposición de una nueva
acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones, máxime cuando los escritos
en una y otra acción de tutela son exactamente iguales y de los cuales no se aprecia,
a lo menos, un esfuerzo por explicar de manera clara los defectos endilgados, motivo
este por el cual fue rechazada la acción de tutela en la primera oportunidad.
Esta conducta del actor es contraria al principio de economía procesal, pues el
mismo asunto fue puesto en consideración en dos oportunidades, por lo que en el
caso se impone el rechazo de la acción de tutela.
2.5.2. Respecto de la acción de tutela dirigida en contra del Consejo de Estado,
Sección Quinta, y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Ahora bien, el accionante también interpone acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
autoridades judiciales que emitieron las sentencias de tutela del 22 de julio y 2
noviembre de 2021, en las que se declaró improcedente la interposición del
mecanismo de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Sobre el particular, debe la Sala dejar claro que en la Sentencia SU-1219 de 2001,
la Corte Constitucional dejó sentado que la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela, como tampoco contra las decisiones que se profieran en el
trámite de estas, pues aunque el juez de amparo no está exonerado de cometer
equivocaciones o errores en el trámite de la acción constitucional, para tal efecto el
ordenamiento jurídico previó en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 la eventual
revisión de los fallos de tutela por parte de la Corte Constitucional […]”.
[…]
“[…] En el sub judice el accionante no se ocupó de explicar, para efectos de justificar
la procedencia de la acción de tutela, que en las decisiones emitidas por los jueces
constitucionales se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que «se
predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos
procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios
procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad».
Lo anterior, por cuanto lo único que se encargó de señalar, para cuestionar las
providencias de tutela, fue que las Secciones del Consejo de Estado no valoraron
los argumentos expuestos en el libelo, desconociendo con ello la validez de la
verdad, cuando lo cierto es que la acción de tutela no fue posible analizarla de fondo
ante la falta de explicación clara, concisa y razonable de los defectos sustantivo,
desconocimiento de precedente y fáctico endilgados. De esta forma, lo pretendido
por el accionante es reabrir la discusión planteada en el proceso de tutela, a efectos
de tener una nueva oportunidad para que se analicen de fondo los argumentos
presentados en torno a la caducidad del medio de control de reparación directa […]
Así las cosas, lo que corresponde en el asunto es rechazar la acción de tutela por
encontrarla improcedente […]”.
La impugnación
22. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones:
“[…] respecto (sic) la decisión del honorable magistrado pero no la comparo toda vez
que lo que se busca es en realidad se decrete la nulidad de las sentencias de tutelas
del consejo de estado para que en realidad se tome una verdadera valoración dentro
de la demanda administrativa y se continúe el trámite ante el juzgado décimo
administrativo. Sentencia SU332/19 […]”.
[…]
“[…] TENEMOS que en ninguna de los dos fallos sebe reflejado que se allá surtido
un debido proceso toda vez que ni siquiera se le notificó al abogado que llevo el caso
y aun así hablamos de garantías donde no existen por parte de ninguna sala del
consejo de estado estando así que el tribunal ni siquiera ve que es tutela sobre tutela
porque habla de unos términos para presentar la tutela cuando es tutela sobre tutela
por vía de hecho factico […]”.
[…]
12
Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
“[…] Tenemos que para el presente caso sea vulnerado todo el debido proceso tanto
por el juzgado décimo administrativo hasta la sala de tutela del consejo de estado al
no valorar mis argumentos reales y al no aplicar un derecho de igualdad como lo
dice la carta política […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
25. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Fiduciaria la Previsora S.A., no fue objeto de pronunciamiento por parte
del a quo en el trámite de la primera instancia, esta Sala entrará a realizar el
respectivo análisis.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
26. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
27. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
28. La Sala advierte que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Fiduciaria
la Previsora S.A. solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
29. Al respecto, es preciso indicar que dichas entidades fueron notificadas del
proceso de tutela de la referencia como terceros con interés legítimo, en la medida
en que, hicieron parte del proceso que el actor adelantó en ejercicio del medio de
control de reparación directa objeto de debate, es decir que a dichas entidades le
asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
30. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Ministerio de Salud y
Protección Social y a la Fiduciaria la Previsora S.A. les asiste interés en la decisión
de tutela que esta Sala profiera.
31. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Fiduciaria la Previsora S.A.
Problema jurídico
32. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) establecer si existe cosa juzgada y temeridad respecto a esta
acción constitucional; en caso negativo, ii) determinar si, en efecto, es procedente
la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, iii)
establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta incurrieron
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, en un defecto
sustantivo por indebida interpretación de una norma jurídica y en un defecto fáctico,
15
Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
dentro de las providencias proferidas en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el único de radicación
540013340010201601202-01 y la acción de tutela identificada con el número único
de radicación 110010315000202102695-01.
33. Para resolver estos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y jurisprudencial de la
figura de la temeridad; iii) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; iv) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vii) análisis del caso en
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales de procedibilidad y, finalmente viii) las conclusiones de la Sala.
La cosa juzgada constitucional
34. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de
20189, señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más
acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi
y objeto.
35. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones
de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el
mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la identidad
de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de causa y; iii) la
identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental10.
36. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la
emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible
de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una
9 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
10 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos […]” 11.
Estos casos han sido definidos por la Corte de manera restrictiva, pues sólo se han
considerado como hechos nuevos, es decir los que justificarían la interposición de
una segunda acción sin desdibujar la cosa juzgada, aquellos pronunciamientos con
efectos erga omnes que tienen vocación de universalidad.
37. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que12:
“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada13, cabe advertir que se le
ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por
la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por
lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo
que se ha disputado. […]”.14
Marco normativo y jurisprudencial de la figura de la temeridad
38. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 15
sobre la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante
varios jueces. La referida norma jurídica señala:
“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.
39. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados
pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:
“[…] En Sentencia T-502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación
que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más
11 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre
de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.
13
Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de
julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras
providencias.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22
de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
15 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada
constitucional, por un lado, y la tutela temeraria, por otro.
En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes
distintos de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela
de manera repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona
interpone la acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta
cuando, después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es
nuevamente presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar
el juez, para el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben
resolverse desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio
de cosa juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en
cualquiera de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un
motivo expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las
sanciones previstas en la ley para esa eventualidad.
[…]
La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una
tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en
su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones16. La
verificación de esta triple identidad, prima facie17, torna improcedente la nueva
acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable18. Para la Corte, la necesidad de esa
verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil19, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica -en el sentido explicado-
con uno anteriormente decidido.20
Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de
tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional21 ha puntualizado
que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla
por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en
la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones22; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”23; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
16 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
17 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería. “[…] En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de
partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la
acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las
condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso,
así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos
fundamentales […]”.
18 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
19
Ese artículo dispone que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada […]”.
20 Cfr. Sentencia T-1104 de 2008.
21 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
18
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
mala fe se instaura la acción”24; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”25.
De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia, ‘[…] de la simple comprobación
de la coincidencia en partes, hechos y pretensiones, no puede colegirse la
existencia de temeridad como quiera que ésta comporta una actuación dolosa y
torticera, de manera que para su declaración, el juez de tutela debe analizar con
especial cuidado si la nueva acción de amparo constitucional viene orientada por
dichos criterios o si, por el contrario, atiende a otras motivaciones circunscritas
dentro del principio de buena fe que cobija al actor.’
En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que,
de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una
perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se
configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el
ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una
condición de ignorancia26 o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no
por mala fe27; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho28, o,
(iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante29. Adicionalmente, la Corporación se ha referido a la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos
y con la misma pretensión30.
En ese contexto, advierte la Sala que un criterio relevante para determinar la
existencia de temeridad es el hecho de si se manifiesta o no la existencia de tutelas
anteriores que puedan relacionarse con el mismo asunto. Sobre el particular hay
un mandamiento legal expreso, conforme al cual “[e]l que interponga una acción de
tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado
otra respecto de los mismos hechos y derechos”31. En general, quienes acuden a
los jueces para solicitar amparo constitucional, no pueden escudarse en matices
que puedan diferenciar las distintas acciones de tutela para eludir su deber de
informar al juez acerca de la existencia de una tutela anterior, sobre la misma
materia, así presente elementos que la diferencian en cierta medida. Ello no solo
resultaría contrario a la lealtad procesal, a la transparencia y la economía en la
actividad judicial, sino que, además, desde el punto de vista del interés mismo del
accionante, resulta útil para advertir al juez sobre la arista del problema en torno al
cual ahora se hace girar la solicitud de amparo constitucional, descartando aquellos
elementos que ya fueron objeto de decisión judicial.
Así, quien considere que, no obstante haber presentado una acción de tutela en
relación con un asunto determinado, existen elementos nuevos que le permiten
acudir de nuevo al juez constitucional, debe, en desarrollo de la obligación prevista
24 Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
25 Sentencia T-001 de 1997.
26 Sentencia T-184 de 2005.
27
Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de
1996, T-001 de 1997.
28 Sentencia T-721/03.
29 Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
30 Sentencia SU-388/05.
31 Decreto 2591 de 1991, artículo 37.
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de criterios de elemental lealtad
procesal, expresarlo así al juez, para que sea el quien decida si sobre la materia
existe cosa juzgada, o si cabe una nueva solicitud debido a circunstancias que
impiden que el caso concreto opere dicho fenómeno.
En este sentido, reitera la Sala, no cabe que los accionantes, en particular cuando
son asistidos por profesionales del derecho, a partir de una reformulación de los
argumentos, o de la inclusión de nuevos sujetos demandados, o de la
fundamentación de las pretensiones en hechos que se consideran nuevos o
sobrevinientes, omitan el deber de manifestar la existencia de una tutela previa, sin
que, por otra parte, dicha manifestación implique, per se, la improcedencia de la
nueva solicitud de amparo, porque, como se ha dicho, el juez, en cada caso
concreto, debe valorar si se presentan tanto la cosa juzgada como la temeridad.
A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Sala que, en los procesos
de tutela, cuando en un mismo asunto se han presentado sucesivas solicitudes de
amparo, se pueden presentar situaciones en las que hay cosa juzgada y
temeridad, como cuando se presenta una acción de tutela sobre un asunto ya
decidido previamente en otro proceso de tutela, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; otras en las que hay cosa juzgada, pero no
temeridad, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando, de buena fe y,
usualmente, con expresa manifestación de estar acudiendo al amparo por
segunda vez, se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
de que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, y,
finalmente, casos en los cuales hay temeridad, pero no cosa juzgada, lo que
acontece cuando se presenta simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo
que presentan la triple identidad a la que se ha aludido.
En todo caso, como se ha dicho, la apreciación de ambos fenómenos debe hacerse
a la luz de las circunstancias de cada caso en concreto, puesto que, en atención a
que lo que está de por medio es la afectación de derechos fundamentales, el juez
constitucional tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias en
orden a disponer la operancia de tales fenómenos [...]”32. (Resaltado de la Sala).
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
40. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello33, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
32 Sentencia T-560 de 2009
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
20
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
41. Esta Sección34 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
42. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
43. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”35.
44. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
45. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
35Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”36 que encaje en dichos
parámetros.
46. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
47. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201437.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
48. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
49. Atendiendo a que, la Corte Constitucional38 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
36 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
38 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos […]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
50. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
51. Atendiendo a que la Corte Constitucional39 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
39 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
Análisis del caso en concreto
52. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
53. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
54. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
54.1. Copia en medio digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el único de radicación
540013340010201601202-00.
54.2. Copia en medio digital del expediente de la acción de tutela identificada con
el número único de radicación 110010315000202102695-01.
Solución del caso concreto
Análisis de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en el caso concreto
55. Antes de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y abordar el
estudio del caso concreto, la Sala advierte que resulta necesario verificar si en
efecto se configuró la cosa juzgada frente a los reparos que el actor propuso contra
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, como lo señaló el a quo en relación con la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
110010315000202102695-01.
56. Al respecto la Sala advierte que en el caso sub examine se configuró la cosa
juzgada, teniendo en cuenta que existe identidad de partes, causa y objeto entre la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000202102695-01 y la presente acción de tutela, como se observa a
continuación:
Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
110010315000202102695-01 110010315000202204374-00 (Proceso
actual)
Partes Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo Demandados: Sección Quinta del Consejo
de Norte de Santander y el Juzgado de Estado, la Subsección B de la Sección
Décimo Administrativo del Circuito de Tercera del Consejo de Estado, el Tribunal
Cúcuta. Administrativo de Norte de Santander y el
Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta.
Causa La solicitud de tutela se fundamentó en i) La Sección Tercera, al proferir la sentencia
que, a juicio del actor, el Tribunal, al de 2 de noviembre de 2021, y la Sección
proferir el auto de 15 de abril de 2021, y Quinta, al proferir la sentencia de 22 de julio
el Juzgado, al proferir el auto de 18 de de 2021, dentro de la acción de tutela
agosto de 2020, en el proceso identificada con el número único de
adelantado en ejercicio del medio de radicación 110010315000202102695-01;
control de reparación directa identificado iii) el Tribunal, al proferir el auto de 15 de
con el único de radicación abril de 2021, y el Juzgado, al proferir el auto
540013340010201601202-01, de 18 de agosto de 2020, en el proceso
vulneraron sus derechos adelantado en ejercicio del medio de control
fundamentales. de reparación directa identificado con el
único de radicación
540013340010201601202-01: vulneraron
sus derechos fundamentales.
Objeto La solicitud de tutela pretendió el La solicitud de tutela pretende el amparo
amparo de los derechos fundamentales de los derechos fundamentales a la
a la igualdad y al debido proceso y, en igualdad y al debido proceso y, en
consecuencia, dejar sin efectos el auto consecuencia, i) dejar sin efectos la
de 15 de abril de 2021 y el auto de 18 de sentencia de 2 de noviembre de 2021 y la
agosto de 2020, proferidos en el proceso sentencia de 22 de julio de 2021, proferidas
adelantado en ejercicio del medio de dentro de la acción de tutela identificada con
control de reparación directa identificado el número único de radicación
con el único de radicación 110010315000202102695-01; y el auto de
540013340010201601202-01; y 15 de abril de 2021 y el auto de 18 de agosto
ordenar que se “[…] ordene la nulidad de 2020, proferidos en el proceso
de todo lo actuado […]”, no se declare adelantado en ejercicio del medio de control
probada la excepción de caducidad y, de reparación directa identificado con el
en consecuencia, se continúe con el único de radicación
proceso de la referencia. 540013340010201601202-01; y ii) se “[…]
ordene la nulidad de todo lo actuado […]”,
no se declare probada la excepción de
caducidad y, en consecuencia, se continúe
con el medio de control de la referencia.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
57. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, frente a los reparos propuestos
por el actor contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta existe identidad de partes, puesto que
coincide el actor en ambas acciones de tutela y la parte demandada, tal cual se
observa en el cuadro expuesto supra.
58. Igualmente, la Sala observa que, en relación con las autoridades
mencionadas supra, coincide la causa entre las solicitudes de amparo, toda vez que
en ambas acciones de tutela la inconformidad del actor gira en torno a lo resuelto
en los autos de 15 de abril de 2021 y de 18 de agosto de 2020, proferidos en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el
único de radicación 540013340010201601202-01, mediante los cuales se declaró
probada la excepción de caducidad.
59. Finalmente, la Sala encuentra que existe identidad de objeto, en tanto que
los derechos fundamentales invocados en una y otra acción son idénticos y las
pretensiones son las mismas frente al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta.
60. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta del actor puede
ser calificada como temeraria.
61. Al respecto, según la jurisprudencia citada con anterioridad, una actuación es
considerada como temeraria en los eventos en que, además de advertirse la
identidad estudiada en precedencia, el juez en el caso concreto observa mala fe del
actor, que puede entenderse en los siguientes eventos: i) cuando su proceder es
amañado, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; ii) se advierta un propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable; iii) deje al descubierto el “[…] abuso del derecho porque deliberadamente
y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción […]”; o iv) se pretenda a través
de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.
62. Ahora bien, en el caso concreto, en primera medida, tal cual como se expuso
previamente, frente a los reparos que el actor propuso contra el Tribunal
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta se configuró la identidad de partes, causa y objeto entre la acción
de tutela identificada con el número único de radicación 110010315000202102695-
01 y la presente acción de tutela.
63. Por otra parte, la Sala encuentra que la actuación del señor Luis Emilio Yáñez
Soledad no debe ser calificada como temeraria, dado que no se advierte un propósito
desleal de obtener la satisfacción de su interés individual a toda costa, ni se evidencia
una actuación de mala fe por parte del actor, en la medida en que, dentro de la
acción de tutela de la referencia, el tutelante indicó que presentó la tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202102695-01, frente
a la cual, a su juicio no se efectuó un estudio de fondo.
64. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se configura la cosa juzgada
frente a las sentencias proferidas dentro del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el único de radicación
540013340010201601202-01; sin embargo, no se configura la actuación temeraria
del actor.
Análisis del requisito general de inmediatez
65. Ahora bien, en lo que concierne a la acción de tutela interpuesta contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por haber proferido la sentencia de 2 de noviembre de 2021 y
la sentencia de 22 de julio de 2021, respectivamente, dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202102695-01, la Sala
advierte que no se cumple con el requisito de la inmediatez.
66. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199140 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no
deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la
sentencia SU-961 de 199941 dijo:
40 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
41 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”
67. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]42.
68. Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito de inmediatez.
69. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho 43:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200844, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-
01.
43 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
44 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable
[…]”.
70. En el caso sub examine, en el expediente está plenamente acreditado que
i) la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió la sentencia
el 2 de noviembre de 2021, la cual quedó notificada el 13 de diciembre de 202145;
y ii) el actor presentó la acción de tutela el 11 de agosto de 202246; es decir que,
desde el 14 de diciembre de 2021 (día en el que empezaron a correr los términos
una vez surtida la notificación personal) a la fecha de presentación de la acción de
tutela, transcurrieron 7 meses y 28 días.
71. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue
presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como
se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
72. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto
de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
73. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente,
SU – 354 de 201747, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción
de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una
excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como
tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la
45 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 9 de diciembre de 2021, se entiende notificada personalmente el 13 de
diciembre de 2021 y los términos comenzaron a correr a partir del 14 de diciembre de 2021.
46 Archivo en Samai: “ED_2CORREO(.pdf) NroActua 2”.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber
sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior
decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que
justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se
observa en el presente caso.
74. En ese orden de ideas, para la Sala, frente a la Sección Quinta del Consejo
de Estado y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de inmediatez dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que se interpuso por
fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con fundamento en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe
ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la
notificación de la providencia.
Conclusiones de la Sala
75. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 22
de septiembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual rechazó la solicitud de amparo para, en
su lugar:
“PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente al proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el único de
radicación 540013340010201601202-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202102695-01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Fiduciaria
la Previsora S.A., por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela de 22 de septiembre de 2022
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de la cual rechazó la solicitud de amparo para, en su lugar:
“PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente al proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el único de
radicación 540013340010201601202-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202102695-01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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Núm. único de radicación: 110010315000202204374-01
Actor: Luis Emilio Yáñez Soledad
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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