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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04375-00

Fecha
4 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04375-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 42 Ibidem. 27 Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00 Demandante: UGPP Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en contra de la sentencia de 14 de febrero de 2019, proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 66001-23-33-000-2013-00364- 01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04375-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL,UGPP
Demandado: HERIBERTO PULIDO RODRÍGUEZ

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, en adelante UGPP, en contra de la sentencia de 14 de
febrero de 2019, proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 66001-23-33-000-2013-00364-01.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda ordinaria

1. El señor Heriberto Pulido Rodríguez, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -en adelante CPACA-, instauró demanda en contra de la entonces
Caja Nacional de Previsión Social -hoy UGPP-1, con miras a obtener la nulidad de

1 En virtud de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, «Por la cual se expide el Plan Nacional de

Desarrollo 2006-2010», y el artículo 22 del Decreto núm. 2196 de 2009 «Por el cual se suprime la Caja Nacional
de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

las Resoluciones UGM 23333 de 29 de diciembre de 2011 «Por la cual se niega el
reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de Jubilación Gracia» y
UGM 034293 de 21 de febrero de 2012 «Por la cual se resuelve un recurso de
reposición en contra de la resolución 23333 del 29 de diciembre de 2011»,
expedidas por dicha entidad pensional2.

2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los citados actos
administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento
y pago de la pensión gracia, con inclusión de todos los factores salariales
devengados desde el año anterior en el que adquirió el estatus pensional, junto con
los reajustes legales correspondientes, debidamente indexados.

3. Elextremo accionante mencionó que, contrario a lo resuelto en los actos
acusados, sí cumplía con todos los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley
114 de 19133, así como de las Leyes 116 de 19984 y 37 de 19335, para ser
beneficiario de la pensión gracia. Es decir, que contaba con más de 50 años de
edad al momento de la solicitud de reconocimiento pensional, que había laborado
por más de veinte (20) años como docente en una institución educativa del orden
municipal, y que su vinculación al servicio público se dio antes del 31 de diciembre
de 1980.

4. Por su parte, la UGPP señaló que no había lugar al reconocimiento de la pensión
gracia solicitada, toda vez que la vinculación laboral docente del señor Heriberto
Pulido Rodríguez ocurrió con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, esto es, a
partir del 27 de enero de 1981, fecha en la que empezó a prestar sus servicios como
docente en el Departamento de Risaralda, razón por la que, en su criterio, no se
acreditaban las condiciones necesarias para el reconocimiento pensional.

5. Adicionalmente, expuso que, aunque se admitiera que la vinculación al servicio
público del señor Pulido se dio antes del 31 de diciembre de 1980, tampoco habría
lugar al reconocimiento de la pensión gracia, en razón a que el cargo desempeñado

disposiciones», modificado por el artículo 2° del Decreto núm. 2040 de 2011 «Por el cual se prorroga el plazo
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se modifica el artículo 22
del Decreto 2196 de 2009».
2 Cfr. Copia digital del expediente 66001-23-33-000-2013-00364-00, visible en el índice 13 del expediente digital.
3 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
4 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927».
5 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

por el demandante, para acceder a dicho beneficio pensional, no se dio en la calidad
de docente sino como auxiliar administrativo.

I.2. La sentencia de primera instancia

6. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de sentencia del 9 de septiembre
de 2014, consideró que el problema jurídico a resolver radicaba en determinar si al
señor Heriberto Pulido Rodríguez le asistía derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia, por haber acreditado la edad y tiempo de servicio como docente
exigido por la normatividad aplicable o, en su defecto, no tenía derecho a la citada
pensión gracia, en razón a que no estaba vinculado como docente territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.

7. El juez ordinario de primera instancia concluyó que, de acuerdo con lo previsto en
las Leyes: 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 19896 y en el Decreto 081
de 19767, la pensión gracia es un reconocimiento prestacional diseñado para
beneficiar a los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de
escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieren
completado por lo menos veinte (20) años de servicios en establecimientos de
enseñanza municipales, distritales o departamentales.

8. Así las cosas, el tribunal determinó que el señor Heriberto Pulido Rodríguez
cumplía con los anteriores requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia, por
las siguientes razones:

8.1. Por haber nacido el 24 de agosto de 1955, es claro que cumplía con el requisito
atinente a la edad, esto es, tener 50 años al momento de la solicitud del
reconocimiento pensional8.

8.2. Tal como se desprende del Acta de Posesión núm. 8055 de 9 de marzo de 1977,
expedida por el Departamento de Risaralda, el señor Pulido Rodríguez fue
nombrado y posesionado en el cargo de Experto Agropecuario para la Educación

6 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
7 «Por el cual se trasladan unas funciones a la Caja Nacional de Previsión Social».
8 La solicitud de reconocimiento pensional se radicó el 3 de marzo de 2011.

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Demandante: UGPP

Fundamental para el municipio de Quinchía (Risaralda), lo que da cuenta que su
vinculación como docente territorial se dio antes del 31 de diciembre de 1980.

8.3. Asimismo, y conforme se observa del Acta de Posesión núm. 605 de 27 de mayo
de 1981, y de los certificados de historia laboral de 15 de diciembre de 2010 y de
25 de abril de 2011, encontró acreditado que el señor Pulido Rodríguez prestó sus
servicios como docente por veinte (20) años en la institución educativa «Eduardo
Correa Uribe» perteneciente al municipio de Dosquebradas (Risaralda), hechos que
acreditan el tiempo de servicios requerido y su vinculación en una institución
educativa del orden territorial.

8.4. De igual manera, el tribunal de primera instancia estimó que las funciones
desempeñadas por el demandante como «Experto Agropecuario para la Educación
Fundamental» estaban orientadas a la alfabetización de adultos mayores, funciones
que se encuentran inmersas dentro del cargo de docente.

9. Con sustento en las anteriores premisas, se declaró la nulidad de los actos
administrativos acusados y, como restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP
pagar la pensión gracia en favor del señor Heriberto Pulido Rodríguez a partir del
24 de agosto de 2005, y con efectos fiscales a partir del 18 de octubre de 2010, con
la inclusión de todos los factores salariales devengados por el actor en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionado, esto es, entre el 24 de agosto
de 2004 y el 24 de agosto de 2005.

I.3. El recurso de apelación

10. El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 9
de septiembre de 2014, en el que reiteró que el demandante no acreditó que los
servicios prestados en la institución educativa «Eduardo Correa Uribe» se hubiesen
efectuado en el cargo de docente, dado que las certificaciones expedidas por el
municipio de Dosquebradas dan cuenta de que su vinculación se dio en el cargo de
auxiliar administrativo.

11. De otro lado, argumentó que el tiempo de servicio reportado por el demandante
no se desempeñó en una institución educativa del orden territorial, teniendo en
cuenta que la institución educativa «Eduardo Correa Uribe» tenía la condición de
ser una institución educativa del orden nacional que, solo hasta la expedición de la

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

Ley 790 de 20029, se transformó en una del orden municipal, es decir, que el tiempo
de servicio docente acreditado por el demandante -entre los años 1977 a 2005- no se
prestó en una institución territorial que diera lugar al reconocimiento de la pensión
gracia, sino en una de naturaleza nacional.

12. En síntesis, el recurrente manifestó que ni la institución educativa en la que laboró
el señor Pulido Rodríguez era territorial o nacionalizada, ni el cargo al que fue
vinculado el demandante desde el año 1977 era de naturaleza docente, por lo que
no estaban dados los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia
reclamada.

I.4. La sentencia de segunda instancia

13. La Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 14 de febrero de 2019, confirmó el fallo apelado, salvo en lo que se
refiere a la condena en costas decretada, en razón a que no encontró probado
dentro del expediente: «[…] el pago de gastos ordinarios y que la actividad
efectivamente realizada por el apoderado de la demandante, haya generado otro
tipo de gastos […]», por lo que se abstuvo de condenar en costas procesales.

14. La Sección Segunda del Consejo de Estado estimó que el problema jurídico a
resolver en segunda instancia era el consistente en determinar «[…] si el
demandante cumple con los 20 años de servicio en la docencia y ostenta una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 para acceder al beneficio de la
pensión gracia, teniendo en cuenta que se debe establecer si las funciones
desempeñadas como Experto Agropecuario para Equipo (sic) de Educación
Fundamental en el municipio de Quinchía (Risaralda), entre el 21 de agosto de 1977
al 18 de febrero de 2004 corresponden o no al ejercicio de la profesión docente
[…]»; para ello, analizó el marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia.

15. Alpronunciarse frente al caso concreto, luego de examinar las pruebas
aportadas, concluyó lo siguiente:

“[…] De las pruebas allegadas al expediente, se observó que el demandante
obtuvo el título de Bachiller Agrícola expedido por el Instituto Técnico

9 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública

y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

Agrícola de Paipa (Boyacá), en la modalidad agropecuaria conforme al
Decreto 2655 del 10 de octubre de 1953 y 1085 del 8 de junio de 1971 (ver
cuaderno de pruebas).

Conforme con lo anterior, fue nombrado mediante el Acuerdo 008 del 21
de febrero de 1977 en el cargo de Experto Agropecuario para el Equipo de
Educación Fundamental de Quinchía (Risaralda), posesionado ante la
Secretaría de Educación Pública del Departamento de Risaralda mediante Acta
8055 del 9 de marzo de 1977. Lo anterior fue certificado por el Fondo
Educativo Regional de Risaralda el 12 de julio de 1982, en el que hizo
constar que el señor Pulido Rodríguez presta sus servicios al
Departamento como Institutor Técnico Agrícola en los Equipos de
Educación Fundamental.

El Presidente de la República en uso de las facultades conferidas expidió el
Decreto 1637 del 12 de julio de 1960, a través del cual reorganizó el
Ministerio de Educación Nacional y como consecuencia de ello, creó la
División de Educación Elemental y Alfabetización, integrada entre otros,
por la Sección de Alfabetización y Educación Fundamental.

(…)

Con fundamento en lo anterior, el Presidente de la República expidió el Decreto
963 del 6 de mayo de 1961 en el cual determinó que los llamados “equipos
de educación fundamental" impartirían conocimientos generales sobre
técnicas agropecuarias, educación para la salud, higiene, etc., funciones
que serían ejercidas por expertos en educación fundamental, expertos
agrícolas, mejoradoras de hogar y asistentes de educación sanitaria cargo en
el cual fue nombrado el demandante por ostentar la condición de bachiller
agrícola - ver cuaderno de pruebas.

Así las cosas, tal y como lo encontró probado el a quo, el demandante fue
nombrado como Experto Agropecuario para prestar sus servicios en el
Departamento de Risaralda como Institutor Técnico Agrícola para los
Equipos de Educación Fundamental de Quinchía (Risaralda), es decir, que
la educación por medio del Programa de Educación de Adultos prestado
por el demandante, se considera como en ejercicio de la profesión
docente de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979,
y por ende, estos tiempos de servicios deben ser considerados aptos para
ser computados en el reconocimiento de la pensión gracia pretendida con
la demanda.

Luego, a través del Decreto 0442 del 14 de marzo de 1997 el Gobernador del
Departamento de Risaralda, ubicó al demandante a través del Programa de la
Educación de Adultos en los Equipos de Educación Fundamental de Adultos,

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

específicamente en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), con el “fin de
ampliar la cobertura y hacer más racional la prestación del servicio de la
educación no Formal" y "organizar, capacitar y promocionar a las comunidades
rurales como funcionarios promotores de desarrollo de las mismas."

Conforme con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 3011 de 1997, “La
educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del servicio
público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus
decretos reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996
y las normas que los modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera especial,
en el presente decreto. Se regirá igualmente por las disposiciones que para el
efecto dicten las entidades territoriales según sus competencias."

Así las cosas, las funciones desempeñadas por el demandante encajan dentro
de las establecidas en la norma en cita, esto es, las relativas al cargo de Experto
Agropecuario en el Equipo de Educación Fundamental, razón suficiente para
que la experiencia acreditada en estos cargos, sea útil para efectos del cómputo
de tiempo de servicio para el otorgamiento de la pensión de jubilación especial
de que trata la Ley 114 de 1913.

[…]

En consideración a lo anterior, el demandante cumplió en forma suficiente
los requisitos que exige la ley para acceder a la pensión especial
reclamada, toda vez que se encontró demostrada la condición de docente
territorial (nacionalizado), su vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, haber cumplido 26 años 4 meses y 27 días de labores,
acreditar 50 años de edad para el momento en que solicita el
reconocimiento, y que las funciones desempeñadas fueron en el ejercicio
de la profesión docente, por lo que resulta evidente que logró desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos demandados,
conforme así lo anotó el juez de primera instancia […]” (negrilla fuera del texto).

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. El recurso extraordinario – causales invocadas-

16. La UGPP, por conducto de apoderado judicial, instauró recurso extraordinario de
revisión en el que solicitó se efectuarán las siguientes declaraciones:

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

“[…] PRETENSIÓN PRIMERA: REVOCAR las sentencias proferidas por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B, de fecha 14 de febrero de 2019, que
confirmó la sentencia de primera instancia que había accedido a las
pretensiones de la demanda, de fecha 9 de septiembre de 2014, proferida por
el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA –
SALA DE DECISIÓN, dentro del proceso de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por HERIBERTO PULIDO
RODRÍGUEZ contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL - UGPP, en el proceso radicado con el No. 66001-23-33-002-2013-
00364-01.

PRETENSIÓN SEGUNDA: DECLARAR que el señor HERIBERTO PULIDO
RODRÍGUEZ, no es acreedor de una pensión gracia reconocida judicialmente,
amparable por la Legislación Colombiana.

PRETENSIÓN TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la
nulidad de la Resolución No. RDP 026148 del 30 de agosto de 2019, proferida
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, por medio de la reconoció (sic) la pensión gracia a favor del señor
HERIBERTO PULIDO RODRÍGUEZ, en cuantía de $858,248 m/cte., efectiva a
partir del 24 de agosto de 2005, con efectos fiscales a partir del 18 de octubre
de 2010 por prescripción trienal, liquidación que se realizó sobre el 75% de los
factores devengados en el último año al estatus de pensionado esto es 2004-
2005, en cumplimiento al fallo de fecha 14 de febrero de 2019, proferido por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.

PRETENSIÓN CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior A TITULO DE
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ORDENE a la parte demandada, la
devolución de todos y cada uno de los dineros que llegue a recibir por concepto
de la pensión gracia, desde la fecha de pago de las prestaciones periódicas, y
hasta que se verifique el pago efectivo a la entidad demandante.

PRETENSIÓN QUINTA: Que las anteriores sumas reconocidas a favor de la
entidad demandante se paguen de manera indexada de conformidad a lo
establecido en el artículo 187 del C.P.A.C.A. […]”. (negrilla y subrayado del original).

17. En criterio del apoderado judicial de la UGPP en el sub lite se configuran las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

de 200310, según las cuales procede la revisión de sentencias relacionadas con
beneficios pensionales cuando: (i) el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso, y (ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

18. Como sustento de las citadas causales, señaló que el cargo desempeñado por el
señor Heriberto Pulido Rodríguez como «Experto Agropecuario, Supervisor Y
Auxiliar Administrativo» no es apto para ordenar el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, en tanto que dicho cargo tenía asignada funciones netamente
administrativas y no de carácter docente o educativas; siendo estas últimas las
funciones que se requieren para el reconocimiento de la pensión gracia.

19. Expuso que el fallador de segunda instancia «[…] pasó por alto lo dispuesto en
el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 y en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues
omitió que el sujeto pasivo de la presenta (sic) acción, no ostentaba la de docente
(sic) en algún nivel educativo, pues el cargo de “EXPERTO AGROPECUARIO,
SUPERVISOR, Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO”, del Municipio de Dos Quebradas
(sic), era de carácter administrativo, por lo que no se puede predicar que le asiste
el derecho a la pensión gracia; aunado a lo anterior, no se tiene certeza del tipo de
nombramiento que se efectuó, durante los tiempos tenidos en cuenta por los jueces
de instancia, para el reconocimiento de la pensión gracia […]».

20. Agregó que las funciones desempeñadas por el señor Heriberto Pulido
Rodríguez en el empleo de «Experto Agropecuario, Supervisor Y Auxiliar
Administrativo» no se encuadran dentro de aquellas definidas por los artículos 5° y
20 del Decreto 1278 de 200211 para el empleo docente, de allí que los jueces
ordinarios erraron al reconocer la pensión gracia al señor Pulido Rodríguez.

21. Por tales razones, aseguró que el fallo acusado transgredió los principios
superiores de legalidad consagrados en los artículos 1°, 2°, 6°, 48, 121,123 -inciso
2º-, 124 y 209 de la Carta Política, así como lo dispuesto en las Leyes: 114 de 1913,
116 de 1928, 100 de 1993, 33 de 1985, 91 de 1989 y 60 de 1993, y en el Decreto
1278 de 2002.

10 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
11 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente».

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

22. De otro lado, argumentó que la sentencia objeto de revisión desconoció los
precedentes jurisprudenciales fijados por la Sección Segunda del Consejo de
Estado12 con relación a los empleos que pueden ser considerados como docentes
y, consecuencialmente, era improcedente acceder al beneficio de la pensión gracia.

23. En suma, los argumentos del recurso extraordinario pretenden evidenciar que la
sentencia objeto de revisión reconoció una prestación pensional con cargo al erario,
desconociendo que el beneficiario de la misma no reunía los requisitos normativos
y jurisprudenciales exigidos para ello, específicamente, porque no se acreditó que
el tiempo de servicios prestados por el señor Pulido Rodríguez en la institución
educativa «Eduardo Correa Uribe» -perteneciente al municipio de Dosquebradas, Risaralda-
se hubiese dado en su condición de docente.

24. Sobre este último aspecto, indicó que la Secretaría de Educación de Risaralda,
mediante Oficio núm. 2021200002813312 del 29 de noviembre de 2021, certificó lo
siguiente:

“[…] Dando respuesta al asunto de la referencia y revisados los sistemas de
información y en colaboración con el archivo central, se constató que para la
época en la que se nombró el señor HERIBERTO PULIDO RODRÍGUEZ
identificado con cédula de ciudadanía 7.214.200, se nombró como experto
agropecuario por medio de acuerdo número 008 del 21 de febrero de 1977,
firmado por la junta FER, en ese momento no entregaban, ni generaban
funciones del cargo, las funciones se expidieron a partir de la certificación del
Departamento de Risaralda cargos que se han desempeñado desde 1996 hasta
la fecha. Es de aclarar que, en la Secretaría de Educación Departamental, no
reposa información de las funciones ejercidas como experto agropecuario, para
el equipo de educación fundamental del señor PULIDO RODRÍGUEZ, ya que
nunca fueron expedidas en un documento oficial. […]”.

II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

25. El recurso extraordinario de revisión fue radicado ante la Secretaría General del
Consejo de Estado el 11 de agosto de 2022, y luego de efectuarse el

12Al respecto citó las sentencias C-1144 de 2000 de la Corte Constitucional; de 1° de octubre de 2009
expediente 043-2008 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y de 26 de noviembre de 2018 proferida
dentro de un recurso extraordinario de revisión.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

correspondiente reparto, se asignó su conocimiento a la Sala Veinte Especial de
Decisión, bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-04375-00.

26. En decisión de 7 de septiembre de 202213 se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se ordenó solicitar al Tribunal Administrativo de Risaralda que allegara
copia digital del expediente ordinario con radicado 66001-23-33-000-2013-00364-
01(0061-2016), en el que se profirió la sentencia de 14 de febrero de 2019;
expediente debidamente incorporado al plenario y que se encuentra visible en el
índice 13 del expediente digital.

27. Mediante auto de 12 de octubre de 202214 se tuvo por no contestada la demanda
por parte del señor Heriberto Pulido Rodríguez y se resolvió sobre el decreto y
práctica de pruebas solicitadas por el recurrente.

28. Con posterioridad y luego de advertir que en las pretensiones del recurso no se
atacó de manera expresa la sentencia que puso fin a la controversia en el proceso
ordinario, esto es, la de 14 de febrero de 2019 proferida por la Subsección «B» de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, sino únicamente la de primera
instancia, el magistrado sustanciador del proceso decidió dejar sin efectos todas las
actuaciones surtidas en el mismo y dispuso inadmitir el libelo demandatorio para
que ello fuese subsanado15.

29. Corregidas las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, el despacho a
cargo de la dirección del proceso lo admitió y ordenó que se surtieran los tramites y
notificaciones de ley16.

30. Por auto de 6 de marzo de 202317, se tuvo por no contestada la demanda por
parte del señor Heriberto Pulido Rodríguez y se resolvió sobre el decreto y práctica
de pruebas solicitadas por el recurrente.

31. Vencidoel plazo de fijación en lista18, el expediente subió al despacho
sustanciador para sentencia.

13 Cfr. índice 4. del expediente digital en SAMAI.
14 Cfr. índice 17 del expediente digital en SAMAI.
15 Cfr. Auto de 1° de diciembre de 2022, obrante en el índice 23 del expediente digital.
16 Cfr. Auto de 16 de enero de 2023.
17 Cfr. Índice 42 del expediente digital.
18 Cfr. Índice 46 del expediente digital.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

II.3. Intervención del Ministerio Público

32. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, que interviene como agente
del Ministerio Público en el proceso de la referencia, dentro de la oportunidad
procesal para rendir concepto, guardó silencio19.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

33. El artículo 248 CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión procede
en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

34. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la citada Corporación, sin exclusión de la Sección
que profirió la decisión.

35. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de la Corporación en los asuntos que esta última
les encomiende, salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.
36. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo:

19 Cfr. Índice 36 del expediente digital.

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Demandante: UGPP

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]»
(negrilla fuera del texto).

37. Porsu parte, los artículos 251 y 252 del CPACA prevén que este recurso
extraordinario puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos
en esta última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que
se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.

38. También precisa el artículo 251 del CPACA que, en tratándose de los asuntos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá interponerse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial que
se cuestiona.

39. En el caso concreto, se advierte que la UGPP, mediante escrito presentado el 11
de agosto de 2022, interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia de 14 de febrero de 201920, proferida por la Subsección «B» de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado: 66001-23-33-000-2013-00364-01, es
decir, antes del vencimiento del término de 5 años que señala la norma para la
interposición del recurso.

40. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y fue promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida
por la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, motivo por el
cual se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo del mismo.

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

41. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

20 Proveído que, según lo dispone el artículo 302 del CGP, quedó ejecutoriado el 12 de abril de 2019.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

«Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en
que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta
es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio
“res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia,
pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y
reabrir un proceso ya fenecido […]».

42. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras21;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido22.

III.3. De las causales especiales de revisión previstas en la Ley 797 de 2003

43. En atención a que en el presente proceso se invocan las causales de revisión
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es menester indicar que dicha ley
previó dos razones cualificadas de revisión para efectos de controvertir providencias
judiciales que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza con cargo al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública. El siguiente, es el texto de la norma:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de

21 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo

Montealegre Lynett.
22 Ibidem.

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cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán
ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables23
[…]». (los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-835 de 2003).

44. La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 200324, señaló que la transcrita
disposición estableció una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las
siguientes características: (i) está restringido a una parte activa calificada, es decir,
son determinadas entidades las llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por
dos causales específicas que tienen por finalidad la protección y recuperación del
patrimonio público, y (iii) su objeto es delimitado y el análisis se dirige a establecer
la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.

45. Vistolo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configuran o no
las causales extraordinarias de revisión invocadas por la parte recurrente.

23 La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de

septiembre de 2003, como se explicará infra.
24 Corte Constitucional. Sentencia C – 835 de 23 de enero de 2003. M.P.: Jaime Araújo Rentería.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

III.4. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se configuran o no las
causales de revisión previstas en la literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, toda vez que, a juicio de la entidad recurrente, el señor Heriberto Pulido
Rodríguez no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de gracia, en razón a
que los servicios prestados a la institución educativa «Eduardo Correa Uribe»
perteneciente al municipio de Dosquebradas (Risaralda), no se efectuaron en el
ejercicio del empleo docente sino en uno de auxiliar administrativo, el cual no fue
consagrado por el ordenamiento jurídico como de aquellos a los que corresponde
el beneficio de la pensión gracia.

47. Para resolver el recurso instaurado, la Sala considera pertinente analizar los
siguientes aspectos: (i) requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, y (ii) la configuración o no de las causales contenidas en el literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 793 de 2003.

III.5. Los requisitos para reconocer la pensión gracia

48. La pensión gracia de jubilación fue creada por la Ley 114 de 1913 25 en favor de
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan prestado sus servicios
en el magisterio por un término no menor de 20 años.

25 La Ley 114 de 1913 dispone lo siguiente:
«[…] Artículo 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un
término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley. Artículo 15 Ley 91 de 1989 Artículo 19 Ley 4 de 1992 […]».
(…)
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente,
lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones
como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento Ver Artículo 19 Ley 4 de 1992 Artículo 6 Ley 60 de
1993 Decreto Nacional 224 de 1972 […]».
Nota: Esta vigente el régimen de excepción para el personal docente en materia de edad. En el sector docente
la edad y el tiempo de servicios es la misma para el hombre y la mujer o sea 50 años y 20 años de servicios
4. Que observe buena conducta.
1. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento […]».

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
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49. Posteriormente, este reconocimiento pensional se extendió a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, en
virtud del artículo 6º de la Ley 116 de 1928, norma que determinó que, para el
cómputo de los años de servicio, se podían sumar los servicios prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en la normalista,
al igual que el de la inspección en el sistema educativo.

50. Igualmente, el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley 37 de 1933, extendió el
reconocimiento de esta pensión a los docentes que hayan completado los años de
servicio señalados en la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

51. Por su parte, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 198926, dispuso
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de
las precitadas normas tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocería tal prestación siempre que cumplieran con todos los requisitos
para el efecto, resaltando que la misma resulta compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

52. La jurisprudencia del Consejo de Estado27, sobre el artículo 15 de la Ley 91 de
1989 ha reiterado que, dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia, no

26 «Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que

se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
(…)
2.- Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación […]».
27 “El numeral 3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913 prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es

preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión
o recompensa de carácter nacional…”. De lo anterior se establece, de manera inequívoca, que la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su
viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la Nación por servicios que le preste, o que no se
encuentre pensionado por cuenta de ella. Por ende, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales […]”. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A". Consejero
Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. Bogotá, D.C., 7 de octubre de 2004. Radicación Número: 25000-23-25-
000-2001-9281-01(5365-03). Actor: Gonzalo Castillo Hernández. Demandado: Caja Nacional de Previsión
Social.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que cumplieran la totalidad de requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.

53. Acorde con lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado28, en la sentencia de
26 de agosto de 1997, precisó que a esta prestación sólo acceden aquellos
docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o
departamentales y los que tienen el carácter de docentes nacionalizados, de tal
manera que quedan excluidos del beneficio de la pensión gracia, los docentes
nacionales, es decir, los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

54. La anterior posición jurisprudencial fue reiterada por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia SUJ-SII-2018 de 21 de junio de 2018,
en la que se indicó que «[…] para el reconocimiento de la pensión gracia es
indispensable acreditar (…) haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20)
años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración u
buena conducta […]».

55. En síntesis, para tener derecho a la pensión gracia se requiere cumplir con los
siguientes requisitos: (i) tener más de 50 años de edad al momento de la solicitud
del reconocimiento pensional; (ii) haber trabajado como docente territorial
(municipal, distrital o departamental) o nacionalizado, por más de 20 años continuos
o discontinuos; (iii) haber trabajado como docente territorial antes del 1° de enero
de 1981, y (iv) desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta
durante este tiempo.

III.6. De la configuración o no de las causales de revisión alegadas

III.6.1. De la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 -cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso-

28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicación núm. S-699. C.P. Nicolás Pájaro

Peñaranda.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

56. La Sala pone de relieve que, aunque en el recurso extraordinario se hizo
referencia expresa a que el mismo estaba sustentado en la causal de revisión
contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo cierto es que el
recurrente no desarrolló ningún argumento tendiente a evidenciar que el
reconocimiento pensional otorgado en la sentencia objeto de análisis se obtuvo con
vulneración a las reglas del debido proceso.

57. Sobre el particular, es oportuno precisar que, conforme con la jurisprudencia de
esta corporación29, la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 793 de 2003 es procedente cuando la sentencia atacada reconoce, reajusta
o reliquida, con violación al debido proceso, una pensión con cargo al tesoro
público o de los fondos de naturaleza pública.

58. Ahora bien, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional30, el
derecho fundamental al debido proceso está compuesto por la garantía de los
siguientes presupuestos:

[…] (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para
ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo
establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido
como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído
y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho
al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso
público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el
proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión.
Sentencia de 5 de febrero de 2019. Radicación: 11001 03 15 000 2018 01884 00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
30 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-341 de 4 de junio de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. […] (negrilla fuera
del texto).

59. En el caso objeto de estudio, la Sala no observa que los argumentos de la entidad
recurrente se encuentren dirigidos a evidenciar la vulneración directa de alguna de
las garantías del debido proceso antes señaladas, sino a controvertir que en la
sentencia objeto de análisis se pasó por alto uno de los requisitos o condiciones
definidas por el ordenamiento jurídico para el reconocimiento de la pensión gracia,
este es, haber ejercido el empleo docente.

60. En efecto, el recurrente no está argumentando que el proceso ordinario no siguió
las formas del procedimiento y, mucho menos, que se le desconocieron sus
garantías de audiencia y defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que
se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in idem, como tampoco que el caso haya sido resuelto por un juez
incompetente.

61. Por lo tanto, dicha causal de revisión se estima infundada, debido a que era
deber del recurrente especificar cuáles eran las razones concretas para considerar
que, en el proceso ordinario dentro del cual se profirió la sentencia de 14 de febrero
de 2019, se vulneró el debido proceso.

III.6.2. De la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables-

62. Conforme se explicó en los antecedentes del presente fallo, el motivo único que
tuvo la UGPP para solicitar que se infirme la sentencia de 14 de febrero de 2019,
proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso con radicado 66001-23-33-000-2013-00364-01, está asociado a
que, en su criterio, el señor Heriberto Pulido Rodríguez no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto nunca desempeñó el empleo de
docente, sino que este ejerció un empleo de funciones netamente administrativas.

21

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
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63. Para resolver este punto, la Sala empieza por destacar que la referida causal de
revisión ha sido instituida como «[…] un instrumento que persigue fortalecer el
principio de la moralidad administrativa y permite corregir los reconocimientos
pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos
que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero […]»31.

64. Por consiguiente, se analizará si, dentro del proceso ordinario que dio origen a la
sentencia cuestionada, se encuentra demostrado o no que el señor Heriberto Pulido
Rodríguez cumplió con el requisito atinente a ejercer la función docente o educadora
en una institución educativa pública del orden territorial, dado que este es un
requisito indispensable para el reconocimiento pensional que le fue otorgado, el cual
es pagado con cargo a los recursos públicos del sistema general pensional.

65. Así las cosas, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por el extremo
recurrente, dentro del plenario existen suficientes elementos fácticos y jurídicos que
acreditan que las funciones desempeñadas por el señor Heriberto Pulido Rodríguez
en la institución educativa «Eduardo Correa Uribe» del municipio de Dosquebradas
(Risaralda), son de aquellas definidas por el ordenamiento jurídico para la profesión
docente, como se expone a continuación:

66.1. De acuerdo con la definición del artículo 2° del Decreto núm. 2277 de 197932 -
normatividad vigente al momento de la vinculación laboral del señor Pulido Rodríguez-,
la
profesión docente se encuentra asociada con «[…] el ejercicio de la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata
este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen
funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos de supervisión e
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería
y orientación de educando, de educación especial, de alfabetización de adultos
y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional […]» (negrilla fuera del texto).

31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Novena Especial de Decisión.
Sentencia de 22 de noviembre de 2021. Expediente: 11001-03-15-000-2020-03231-00. C.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Asimismo, ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda
-Subsección A-. Sentencia de 30 de septiembre de 2021. Expediente: 11001-03-25-000-2016-00600-00 (2633-
2016). C.P. William Hernández Hernández.
32 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».

22

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
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66.2. Al respecto, el artículo 2° del Decreto núm. 1637 del 12 de julio de 196033
reorganizó el Ministerio de Educación Nacional y creó la División de Educación
Elemental y Alfabetización, integrada entre otros, por la Sección de Alfabetización y
Educación Fundamental.

66.3. Los literales a), b) c) y d) del artículo 1834 del Decreto núm. 1637 señalan que,
dentro de las funciones de la dependencia de Sección de Alfabetización y Educación
Fundamental, se encuentran las relacionadas con: (i) estudiar los problemas y las
necesidades del país en lo que se refiere a alfabetización y educación fundamental;
(ii) planear, desarrollar y supervisar campañas de alfabetización y educación
fundamental, (iii) elaborar los planes de estudio para las campañas de alfabetización
y educación fundamental y velar por su cumplimiento, entre otras funciones.

66.4. El parágrafo del citado artículo 18 también es claro al indicar que se entiende
por alfabetización y educación fundamental aquellas funciones encaminadas a:
preparar al adulto colombiano para afrontar los cambios económicos y sociales;
capacitar al mismo para la competencia en el trabajo y para el enriquecimiento
progresivo de sus formas de vida; crear en el adulto una conciencia clara de sus

33 «Por medio del cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se determinan sus funciones».

34 “[…] Artículo 18. Son funciones de la Sección de Alfabetización y Educación Fundamental:

a) Responder ante el Jefe de la División de Educación Elemental y Alfabetización por el cumplimiento de sus
funciones.
b) Estudiar los problemas y las necesidades del país en lo que se refiere a alfabetización y educación
fundamental.
c) Planear, desarrollar y supervisar campañas de alfabetización y educación fundamental.
d) Elaborar los planes de estudio para las campañas de alfabetización y educación fundamental y velar por su
cumplimiento.
e) Colaborar con la Sección de Equipos y Materiales Escolares en la adecuada selección de los respectivos
equipos, materiales, y textos de orientación y guía.
f) Colaborar con la Sección de Servicios Bibliotecarios en el planeamiento y desarrollo de sus campañas.
g) Colaborar con la Sección de Formación, Capacitación y Perfeccionamiento de Maestros en la elaboración de
sus programas.
h) Coordinar con la División de Acción Comunal y con las demás entidades públicas y privadas que efectúen
actividades similares, la planeación y desarrollo de los programas comunes.
Parágrafo. Para los efectos del presente Decreto se entiende por alfabetización y educación fundamental la que
tiene, entre otras, las siguientes finalidades:
a) Preparar al adulto colombiano para afrontar los cambios económicos y sociales.
b) Capacitar al mismo para la competencia en el trabajo y para el enriquecimiento progresivo de sus formas de
vida.
a) Crear en el adulto una conciencia clara de sus responsabilidades cívicas.
b) Introducir al inmigrante en las formas de la vida colombiana.
[…]”.

23

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

responsabilidades cívicas; e introducir al inmigrante en las formas de la vida
colombiana.

66.5. A su vez, el artículo 1° del Decreto núm. 963 del 6 de mayo de 196135 previó
que los denominados «equipos de educación fundamental», dependientes de la
División de Educación Elemental y Alfabetización del Ministerio de Educación
Nacional, podrían ser integrados por: (i) expertos en educación fundamental, (ii)
expertos agrícolas, (iii) expertos mejoradoras de hogar, y (iv) asistentes de
educación sanitaria.

66.6.Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto
núm. 3011 de 199736, «[…] La educación de adultos, ya sea formal, no formal o
informal hace parte del servicio público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la
Ley 115 de 1994, sus decretos reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de
1994, 114 de 1996 y las normas que los modifiquen o sustituyan y lo previsto de
manera especial, en el presente decreto […]».

66.7. En ese orden de ideas, y tal como lo indicó la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia cuestionada, el proceso de alfabetización de adultos
mayores se encuentra dentro de aquellas funciones que, en los términos el artículo
2° del Decreto núm. 2277 de 1979, hace parte de la profesión docente de naturaleza
pública.

66.8. Además, se puede colegir que las funciones de alfabetización del adulto mayor
pueden ser ejercidas por expertos agrícolas, conforme lo prevé el artículo 1° del
Decreto núm. 963 de 1961.

66. Revisada la historia laboral del señor Heriberto Pulido Rodríguez, se encuentra
que el 6 de octubre de 197637 obtuvo el título de Bachiller Agrícola, el cual fue
otorgado por el Instituto Técnico Agrícola de la ciudad de Paipa (Boyacá).

67. Mediante Acuerdo núm. 008 de 21 de febrero de 1977 se le nombró en el empleo
público de «Experto Agropecuario para el Equipo de Educación Fundamental» de

35 «Por el cual se determina el personal de planta de los Equipos de Educación Fundamental dependientes de

la División de Educación Elemental y alfabetización».
36 «Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras

disposiciones».
37 Cfr. Cuaderno de anexos proceso ordinario.

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Demandante: UGPP

Quinchía (Risaralda), cargo del cual tomó posesión el 9 de marzo de 1977 -Acta núm.
8055-, conforme se observa en el cuaderno de anexos del proceso ordinario.

68. Según se certificó por parte del Fondo Educativo Regional de Risaralda el 12 de
julio de 198238, el señor Heriberto Pulido prestó sus servicios al Departamento como
«Institutor Técnico Agrícola en los Equipos de Educación Fundamental».

69. También existe prueba de que el Gobernador de Risaralda, a través del Decreto
núm. 0442 del 14 de marzo de 199739, ubicó al señor Pulido Rodríguez en los
Equipos de Educación Fundamental de Adultos, en el municipio de Dosquebradas
(Risaralda), con el «[…] fin de ampliar la cobertura y hacer más racional la prestación
del servicio de la Educación no Formal" y "organizar, capacitar y promocionar a las
comunidades rurales como funcionarios promotores de desarrollo de las mismas
[…]».

70. A partir de lo expuesto, para la Sala está plenamente acreditado que el cargo de
«Experto Agropecuario para el Equipo de Educación Fundamental» desempeñado
por el señor Heriberto Pulido Rodríguez, tenía dentro de sus funciones principales
la alfabetización de la población adulta mayor, en su condición de experto en temas
agropecuarios y, por ende, su empleo reúne las condiciones para ser catalogado
como de profesión docente y, con el lleno de los demás requisitos exigidos -que no
son objeto de debate en el presente asunto-, para acceder a la pensión gracia.

71. Finalmente, en lo que atañe a la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que el recurrente alega fue desconocida en el fallo objeto de
cuestionamiento, debe mencionarse que las anotadas sentencias no son de
unificación jurisprudencial, para que, en los términos del artículo 270 del CPACA,
fueran aplicadas al caso concreto.

72. Adicionalmente, los referidos antecedentes jurisprudenciaes no guardan relación
directa con los aspectos objeto de discusión en el presente caso, dado que:

38 Ibidem.
39 Ibidem.

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Demandante: UGPP

73.1. Mientras en la sentencia de 1° de octubre de 200940, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se discutía si una persona tenía o no derecho a
acceder al beneficio de la pensión gracia por haber prestado sus servicios como
docente en un colegio del orden nacional, en el presente caso la discusión gira en
torno a la naturaleza del empleo desempeñado por el señor Pulido Rodríguez,
específicamente, si este tenía o no asignadas funciones de la profesión docente en
una institución educativa del orden territorial.

73.2. En el mismo sentido, se debe aclarar que, aunque en la sentencia de 28 de
noviembre de 201841 proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se abordó un caso de supuestos fácticos y jurídicos similares a
los de la referencia, en dicha oportunidad la razón para denegar la pensión gracia
obedeció a que dentro de las pruebas practicadas y recaudadas dentro del plenario
no existía nínguna que acreditara que el demandante había desempeñado
funciones concernientes a la enseñanza o alfabetización de adultos; circunstancia
que difiere del caso de la referencia en el cual, como se explicó previamente, existen
pruebas que demuestran que el señor Pulido Rodríguez ejercía funciones propias
de la enseñanza.

73. Sobre este aspecto, y conforme lo señaló la sentencia traída a colación por la
entidad recurrente:

“[…] la noción de docente se ha ampliado desde el espectro legal, pero
nunca desde el jurisprudencial o doctrinal, esto se hace evidente en artículo
6° de la Ley 116 de 1928 , que incluyó dentro de los acreedores de la
pensión gracia a «docentes normales e instructores públicos»; de la misma
forma, el artículo 32 del Decreto 2277 de 1979 hizo lo propio en el servicio
público educativo respecto de los «directores, coordinadores, rectores,
directores de planteles educativos e inspectores de educación» y, finalmente,
la Ley 37 de 1933 incluyó a los «maestros que hayan completado los años de
servicios señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria».

En este sentido, es viable afirmar que el concepto de educador abarca el
ejercicio de la enseñanza, las funciones de dirección y coordinación de los
planteles educativos, de programación y capacitación educativa, de primaria o

40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Expediente: 15001-23-31-000-

2000-01129.01. CP. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda -Subsección B. Expediente:
11001-03-25-000-2015-00468-00(1143-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-04375-00
Demandante: UGPP

secundaria , de consejería y orientación de educandos, de educación especial,
de alfabetización de adultos y demás actividades de educación, e incluye
dentro de su imperio a profesores normales e instructores públicos,
directores, coordinadores, rectores, y directores de planteles educativos
e inspectores de educación; sin que se tienda a expandir su marco
interpretativo, desde instituciones ajenas a la ley.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que para el caso del señor […] el
desarrollo del empleo de «Experto Agropecuario de los equipos de
educación fundamental», pudo haber estado relacionado con la formación
de adultos, para lo cual, la Sala no desconoce que en los términos del
Decreto 3011 de 1997, la educación para adultos, ya sea formal, no formal
o informal hace parte del servicio público educativo, por lo que los
educadores oficiales que prestan allí sus servicios en los diferentes niveles o
modalidades, esto es, alfabetización, educación básica, educación media, etc.,
según voces del inciso segundo del artículo 2º del comentado Decreto 2277 de
1979, están cobijados enteramente por el Estatuto Docente42.
[…]”. (negrilla fuera del texto).

74. De esta manera, la Sala considera que tampoco se encuentra acreditada la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

III.7. De la condena en costas

75. La Sala de Decisión estima que, no obstante la no prosperidad del recurso de
revisión impetrado, no habrá lugar a condenar en costas, toda vez que la parte
demandada, pese a haber sido debidamente notificada del auto admisorio del
recurso, guardó silencio, lo que da cuenta de que no se incurrió en ningún costo o
gasto procesal para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de dicho
extremo de la litis.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

42
Ibidem.

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Demandante: UGPP

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en contra de la
sentencia de 14 de febrero de 2019, proferida por la Subsección «B» de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 66001-23-33-000-2013-00364-
01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
previas las anotaciones pertinentes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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