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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04390-00

Fecha
16 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04390-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04390-00 Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04390-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04390-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

TESIS: DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ EN
LOS DEFECTOS FÁCTICO, PROCEDIMENTAL Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE ENDILGADOS. LA SANCIÓN TUVO COMO FUNDAMENTO EL
INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN IMPARTIDA EN EL FALLO DE TUTELA,
ESTO ES, EL NO PAGO DE LAS INCAPACIDADES POSTERIORES AL DÍA 541,
LA CUAL NO ESTABA SUPEDITADA A LA CALIFICACIÓN DE PCL, POR LO QUE
DICHA SITUACIÓN NO SUSTRAÍA A FAMISANAR E.P.S. DE SU OBLIGACIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO CINCUENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN TERCERA

1 En adelante el Juzgado

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04390-00
Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

-SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA2.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA, actuando en nombre

propio y como Gerente Zonal Sabana Sur de FAMISANAR E.P.S,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido

las providencias de 9 de agosto y 27 de julio de 2022,

respectivamente, dentro del incidente de desacato identificado

con el número único de radicación 2021-00186-03.

I.2 Hechos

Indicó que como consecuencia de la acción de tutela presentada

por la señora LUZ MILA ROBAYO QUIROGA, el Tribunal

mediante sentencia de 24 de agosto de 2021, revocó la decisión

2 En adelante el Tribunal

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del a quo y, en su lugar, le amparó a la tutelante los derechos

fundamentales al mínimo vital y a la vida, por lo que ordenó a

FAMISANAR E.P.S. efectuar el pago de las incapacidades

presentadas a partir del día 541 en adelante.

Relató que la señora LUZ MILA ROBAYO QUIROGA al considerar

que no se había dado cumplimiento al fallo de tutela, presentó

incidente de desacato ante el Juzgado que, mediante auto de 9 de

marzo de 2022, requirió al presidente de FAMISANAR E.P.S., el

señor ELÍAS BOTERO MEJÍA para que informara sobre el

cumplimiento del fallo.

Manifestó que a través de providencia de 5 de mayo de 2022 se

dio apertura al incidente de desacato y mediante auto de 31 de

mayo de ese año el Juzgado impuso sanción de multa de un (1)

salario mínimo legal mensual vigente al presidente de

FAMISANAR E.P.S., señor ELÍAS BOTERO MEJÍA.

Relató que mediante auto de 9 de junio de 2022, el Tribunal

declaró la nulidad del trámite incidental a partir del auto que dio

apertura al incidente de desataco, por lo que ordenó al Juzgado

adelantar una nueva actuación en la que identificara e

individualizara los funcionarios llamados a cumplir la orden de

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tutela, toda vez que el sancionado ya no fungía como presidente

de dicha entidad, para lo cual el Juzgado a través de proveído de

24 de junio de 2020 dio apertura al incidente de desacato en su

contra, en calidad de Gerente Zonal Sabana Sur de FAMISANAR

E.P.S, por lo que le corrió traslado para que rindiera informe del

cumplimiento del referido fallo de tutela.

Sostuvo que, frente a lo anterior, puso de presente que existía

imposibilidad jurídica y material para cumplir lo ordenado en el

fallo, toda vez que a la tutelante ya se le había proferido dictamen

de pérdida de la capacidad laboral en un 54.53% y, a su vez, ya

se había expedido concepto de rehabilitación desfavorable,

debiendo proceder el fondo de pensiones a reconocer la pensión,

por lo que no había lugar al pago de las incapacidades pretendidas.

Destacó que el Juzgado mediante auto de 13 de julio de 2022, lo

sancionó por desacato por incumplimiento del fallo de tutela de 24

de agosto de 2021, por lo que le impuso multa de un (1)

S.M.L.M.V.

Adujo que, frente a lo anterior, presentó solicitud de nulidad del

auto que lo sanciono por estimar que el a quo omitió la obligación

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de requerir al superior jerárquico y funcional del responsable de

dar cumplimiento.

Señaló que se surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el

Tribunal que, mediante auto de 27 de julio de 2022, rechazó de

plano la solicitud de nulidad y confirmó la providencia consultada

que lo sancionó por desacato.

Indicó que el 3 de agosto siguiente solicitó inaplicación de la

sanción al estimar que dio cumplimiento al fallo de tutela, pues la

interrupción presentada por la tutelante en las incapacidades

corresponden a un nuevo ciclo que no supera los 540 días, petición

que fue despachada desfavorablemente por el Juzgado que, en

providencia de 9 de agosto de 2022, consideró que la orden de la

sentencia de 24 de agosto de 2021 no fue materialmente

cumplida, puesto que no se pagaron la totalidad de las

incapacidades.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto fáctico al dejar de valorar las pruebas allegadas con el

requerimiento previo a la sanción por desacato, específicamente,

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la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la señora

LUZ MILA ROBAYO QUIROGA superior al 50% y el concepto

desfavorable de rehabilitación.

Sumado a lo anterior, refirió que se incurrió en defecto

procedimental en la medida que omitió individualizar y requerir al

superior del encargado del respectivo cumplimiento, lo que a todas

luces trasgrede su derecho fundamental al debido proceso.

Finalmente, puso de presente que las autoridades judiciales

accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente

jurisprudencial3 que dispone que los fondos de pensiones deben

costear las incapacidades hasta tanto se decida en forma definitiva

el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, como en el

asunto, en el cual ya se dictó concepto desfavorable de

rehabilitación y se calificó con pérdida de la capacidad laboral

superior al 50%.

I.4. Pretensiones

3
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia STL1410-2022,
radicación núm. 96163 de 2 de febrero de 2022.

Corte Constitucional, sentencia T-268 de 2020.

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El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido

proceso y, en consecuencia:

“[…] se dejen sin valor ni efecto la sanción impuesta a
través de dicha actuación, asimismo se declare la nulidad
de todo lo actuado […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo, dado que lo pretendido por el actor es reabrir un debate

ya resuelto en el trámite incidental, además, no se vulneraron los

derechos fundamentales invocados.

Resaltó que al actor se le garantizó su derecho de defensa a lo

largo del trámite incidental, por lo que no es de recibo que ahora

alegue una nulidad del mismo por no haber sido vinculado a su

superior.

Finalmente, sostuvo que las providencias cuestionadas fueron

proferidas con sustento del material probatorio obrante en el

expediente, la normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto,

sin que de allí se desprenda vulneración alguna.

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I.5.2.- El Juzgado indicó que, contrario a lo advertido por el

actor, no es de tal acierto que se haya incurrido en un defecto

fáctico, en la medida que sí se valoró en debida forma el material

probatorio allegado al trámite incidental, tan es así que de allí se

logró establecer que la tutelante aún no contaba con estatus de

pensionada, por lo que le asistía obligación a la EPS de pagar las

incapacidades ordenadas por el Tribunal.

En ese mismo sentido, refirió que para dar trámite al incidente de

desacato no es necesario requerir al superior jerárquico del

encargado del cumplimiento de la tutela, pues ello sólo es

necesario para que se logre el cumplimiento del fallo, figura

distinta al incidente de desacato.

Refirió que para dar trámite al incidente de desacato, se

fundamentó en la sentencia emitida por el Tribunal, la cual fue

anterior a la sentencia STL1410 de 2 de febrero de 2022 que el

actor alega como presuntamente desconocida.

Así las cosas, solicitó que se despachen desfavorablemente las

súplicas, comoquiera que las decisiones proferidas se ajustaron a

lo establecido en la normativa y en la jurisprudencia aplicable al

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asunto, así como a las pruebas allegadas al expediente, por lo que

los defectos alegados no tienen vocación de prosperidad.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- COLPENSIONES adujo que no ha trasgredido los

derechos fundamentales invocados, toda vez que la acción de

tutela de la referencia trata de una prestación que no es

competencia de esa entidad, razón por la cual solicitó que se le

desvincule del presente trámite constitucional por carecer de

legitimación en la causa por pasiva.

Afirmó que todas las actuaciones ante los jueces de instancia se

encontraban ajustadas a derecho sin que se haya presentado

ninguna transgresión en contra de las garantías fundamentales del

accionante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

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de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre

las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de

2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento

de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto

el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido

de la sentencia.

La Sala advierte que COLPENSIONES solicitó su desvinculación

en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la

causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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Comoquiera que COLPENSIONES fue parte demandada dentro

de la acción de tutela que dio origen al incidente de desatado

identificado con el número único de radicación 2022-00186-03,

objeto de reproche, le asiste interés en las resultas del proceso,

por lo que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

20124, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y

con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la

evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra

providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en

esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio

mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la

acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que

las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha

acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha

advertido la vulneración de derechos constitucionales

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.

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fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se

modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo5.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación
11001 03 15 000 2012 02201 01

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tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos

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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]”

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental de desacato

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de

tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

y, por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los

derechos fundamentales del sancionado”6.

6 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.

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Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20187, esa Corporación señaló:

“[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la
providencia que resuelve un incidente de desacato, es
preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es
improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite
–incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales y se
sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela
deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite
del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer
a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas
pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del
desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]”.

En el presente asunto, el señor JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA,

actuando en nombre propio y como Gerente Zonal Sabana Sur de

FAMISANAR E.P.S, instauró acción de tutela con el fin de obtener

el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a

su juicio, le fue vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al

haber proferido las providencias de 9 de agosto y 27 de julio de

7 M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

2022, respectivamente, dentro del incidente de desacato

identificado con el número único de radicación 2022-00186-03.

La parte actora le atribuye a las autoridades judiciales accionadas

la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, toda

vez que, a su juicio, omitieron analizar en debida forma las

pruebas obrantes en el expediente que daban cuenta que se dio

cabal cumplimiento al fallo de tutela, toda vez que de conformidad

con la jurisprudencia aplicable al asunto, tales incapacidades

correspondía pagarlas al fondo de pensiones; además, que se

debió requerir al superior del encargado del respectivo

cumplimiento, lo que a todas luces trasgrede su derecho

fundamental al debido proceso.

En este punto la Sala advierte que aun cuando el actor solicita que

se deje sin efecto el auto dictado por el Juzgado, se observa que

las inconformidades expuestas en el escrito de tutela están

dirigidas exclusivamente a los fundamentos expuestos en la

providencia de 27 de julio de 2022, proferida por el Tribunal, que

resolvió el grado jurisdiccional de consulta, no así al auto que

denegó la solicitud de inaplicación de la sanción, de tal forma que

el análisis se circunscribirá a dicha providencia.

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la

Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y,

de ser así, ii) determinar si el Tribunal incurrió en los defectos

fáctico, procedimental y desconocimiento del precedente

jurisprudencial, al proferir el auto de 27 de julio de 2022, dentro

del incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 2021-00186-03.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,

la Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos

de procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la

decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los

argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado

en el trámite de los incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, además de que se alega la configuración

de alguna causal específica.

(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se

encuentra ejecutoriada

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En el caso sub lite, el auto acusado se encuentra ejecutoriado, por

lo que este requisito se encuentra cumplido.

(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con

lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en

tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no

solicitó nuevas pruebas.

La parte actora alega que la orden de tutela fue cumplida en los

términos señalados en la sentencia de 24 de agosto de 2021 y,

además, que ha solicitado reiteradamente que no se aplique la

sanción por desacato impuesta por el Juzgado.

Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite

incidental, por lo cual la Sala estima que se cumple el requisito en

mención.

(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y se

alega la configuración de al menos una de las causales

específicas (defectos)

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Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos

generales y causales específicas de procedencia de la acción de

tutela contra providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en

la sentencia C-590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la

materia.

Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de

relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos fáctico,

procedimental y desconocimiento del precedente jurisprudencial,

en que incurrió el Tribunal que resolvió confirmar en sede de

consulta la sanción; la parte actora identifica los hechos y

derechos que estima lesionados; contra la decisión cuestionada la

ley no prevé un trámite para su impugnación, por lo que se

encuentra suficientemente acreditado el requisito de

subsidiariedad; y la solicitud no se dirige contra una sentencia de

tutela.

Frente al requisito de la inmediatez, la Sala advierte que en el

presente caso la acción de tutela se interpuso en un plazo

razonable, pues la providencia cuestionada fue proferida el 27 de

julio de la presente anualidad.

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Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad

judicial accionada incurrió en los defectos endilgados por la parte

actora.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20138, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez
“toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado
el supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de
las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de
la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un
alcance contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración
de las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos
en que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
punto que en razón de él se desconozca “la realidad
probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta
aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio

8 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez
de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia, porque ello sería contrario
al principio de que la tutela es un medio alternativo de
defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la
competencia y la autonomía de que son titulares las
otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error

en el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante,

además con una incidencia directa en la decisión, en razón a que

el Juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora

de la actividad de evaluación probatoria del juez que

ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales

de competencia.

Del defecto procedimental

En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado9

lo siguiente:

“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
11001031500020180402301.

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absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta
por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un
trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del
asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso […]”10. De otra
parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto tiene lugar cuando el funcionario, por el apego
excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en
consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara
denegación de justicia11. Se incurre en esta modalidad cuando,
entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que
no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el
acceso efectivo a la administración de justicia […]”.

Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto

procedimental contra una providencia judicial, lo correcto es que

el interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial

accionada desconoció el trámite establecido para la adopción de

aquella, esto es, que demuestre que el proceso judicial que dio

lugar a la decisión acusada fue adelantado sin observar el trámite

que las normas adjetivas establecen para tal efecto.

Desconocimiento del precedente

[10] “Sentencia T-327 de 2011”.
[11] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.

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Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente se ha determinado que de acuerdo con lo establecido

en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder

judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus

providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla

general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de
la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir
los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el
respeto por el precedente12”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

12 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731

de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de
2010, de la Corte Constitucional.

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constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela

cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las

partes. En especial, respecto del precedente vertical, la

Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener

que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la

Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en

la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se

encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales

y, en particular, del debido proceso judicial13.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también

ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre

y cuando se sustenten debidamente las razones de su

posición (principio de razón suficiente)14.

Caso en concreto

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario

hacer un recuento del trámite surtido dentro del incidente objeto

de estudio:

13 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
14 Ver sentencia T-292 de 2006.

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• La señora LUZ MILA ROBAYO QUIROGA, al estimar que

FAMISANAR E.P.S. no dio cumplimiento al fallo de 24 de

agosto de 2021, por medio del cual el Tribunal ordenó el

pago de las incapacidades presentadas por la misma, a

partir del día 541 en adelante, promovió incidente de

desacato.

• El Juzgado, mediante auto de 5 de mayo de 2022, dio

apertura al incidente de desacato y a través de proveído de

31 de mayo del mismo año le impuso la sanción de un (1)

SMLMV al señor ELÍAS BOTERO MEJÍA, en calidad de

presidente de FAMISANAR E.P.S.

• A través de auto de 9 de junio de 2022, el Tribunal declaró

la nulidad de todo lo actuado en el trámite incidental, a partir

del auto que dio apertura al incidente de desacato, toda vez

que el señor ELÍAS BOTERO MEJÍA ya no se encuentra

vinculado a la mencionada E.P.S.

• El Juzgado, dando cumplimiento a lo anterior, en proveído

de 24 de junio de 2020 dio apertura al incidente de desacato

en contra del señor JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA, en

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calidad de Gerente Zonal Sabana Sur de FAMISANAR

E.P.S, por lo que le corrió traslado para que rindiera informe

del cumplimiento del referido fallo de tutela.

• Frente a lo anterior, FAMISANAR E.P.S informó que se

encontraba en imposibilidad jurídica y material para cumplir

lo ordenado en el fallo, toda vez que a la señora LUZ MILA

ROBAYO QUIROGA ya se le había proferido dictamen de

pérdida de la capacidad laboral en un 54.53% y, a su vez,

ya se había expedido concepto de rehabilitación

desfavorable, debiendo proceder el fondo de pensiones a

reconocer la pensión, por lo que no había lugar al pago de

las incapacidades pretendidas.

• El Juzgado, mediante auto de 13 de julio de 2022, sancionó

al señor JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA por desacato por

incumplimiento del fallo de tutela de 24 de agosto de 2021,

por lo que le impuso multa de un (1) S.M.L.M.V.

• El señor JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA presentó solicitud

de nulidad del auto que lo sanciono por estimar que el

Juzgado omitió la obligación de requerir al superior

jerárquico y funcional del responsable de dar cumplimiento.

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• El Tribunal, al resolver el grado jurisdiccional de consulta,

en providencia de 27 de julio de 2022, rechazó de plano la

solicitud de nulidad y confirmó la providencia consultada que

lo sancionó por desacato al considerar que aun cuando la

tutelante ya fue calificada con una pérdida de la capacidad

laboral superior al 50% y se emitió concepto de

rehabilitación desfavorable, la EPS no podía sustraerse de

cumplir la sentencia de tutela, pues allí se estableció

claramente que correspondía a FAMISANAR E.P.S pagar

las incapacidades a partir del día 541 de incapacidad y

siguientes, sin que ello estuviere supeditado a alguna

condición, máxime cuando la pensión de vejez aún no le ha

sido reconocida.

• El 3 de agosto de 2022 el señor JOSÉ EDISON NUÑEZ

LEIVA presentó solicitud de inaplicación de la sanción al

estimar que dio cumplimiento al fallo de tutela, pues la

interrupción presentada por la tutelante en las

incapacidades corresponde a un nuevo ciclo que no supera

los 540 días, petición que fue despachada

desfavorablemente por el Juzgado en providencia de 9 de

agosto de 2022.

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En el caso concreto, la parte actora alega que el Tribunal incurrió

en defecto fáctico al dejar de valorar las pruebas allegadas con el

requerimiento previo a la sanción por desacato, específicamente,

la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la señora

LUZ MILA ROBAYO QUIROGA superior al 50% y el concepto de

rehabilitación desfavorable.

Así también, que se desconoció el precedente jurisprudencial15

que dispone que los fondos de pensiones deben costear las

incapacidades hasta tanto se decida en forma definitiva el

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, como en el asunto.

A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera

necesario traer a colación la providencia enjuiciada, de 27 de julio

de 2022, por medio de la cual el Tribunal resolvió el grado

jurisdiccional de consulta, de la siguiente manera:

“[…] Al respecto se tiene que durante toda la presente
actuación el Gerente Zona Sabana Sur de FAMISANAR EPS,
José Edison Núñez, responsable del cumplimiento del fallo de
tutela, indicó que no le era posible cumplir el fallo del 24 de
agosto de 2021, por cuanto a la tutelante ya le había sido
proferido dictamen de PCL superior al 50%, con fecha de
estructuración el 11 de diciembre de 2020, por lo tanto, desde
ese momento le corresponde a la AFP el reconocimiento de la

15
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia STL1410-2022,
radicación núm. 96163 de 2 de febrero de 2022.

Corte Constitucional, sentencia T-268 de 2020.

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pensión de invalidez, pues de efectuarse el pago de las
incapacidades se estaría realizando un doble pago por el
mismo concepto lo cual es ilegal.

Al respecto, advierte la Sala que está acreditado en el plenario
que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca emitió dictamen de PCL 35517772.8930 del 7
de diciembre de 2021, en el que se determinó que la
incidentante tiene una PCL de 54.53% de origen común, con
fecha de estructuración el 11 de diciembre de 2021.

El anterior fue apelado por COLPENSIONES, por lo cual el
expediente fue remitido a la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, la que resolvió la impugnación mediante dictamen
de PCL 35517772-11836 del 24 de junio de 2022, en el que
se modificó el dictamen impugnado, para establecer que la
tutelante tenía una PCL de 52,64% de origen común,
estructurada el 1º de diciembre de 2020.

Por su parte, se tiene que con fundamento en lo
anterior la incidentante elevó solicitud ante
COLPENSIONES, en orden a que le fuera reconocida
pensión de invalidez, el 29 de junio de 2022, a la que se
le asignó el radicado 2022_8816876 y a la fecha no ha
sido resuelta por dicha entidad.

Por su parte está acreditado en el plenario que
FAMISANAR EPS no ha efectuado el pago de las
incapacidades ocurridas con posterioridad al día 540, a
favor de la accionante, pues considera que no debe
efectuar el pago por cuanto la actora ya fue objeto de
calificación de PCL y por ser esta mayor al 50% le
corresponde a la AFP reconocerle la pensión de
invalidez, a partir de la fecha de estructuración de la
invalidez, como es 1º de diciembre de 2020, pues en el
evento de efectuarse el pago se realizaría un pago
duplicado, esto es, pensión e incapacidades.

Al respecto advierte la Sala que si bien le asiste razón a
FAMISANAR EPS al indicar que lo propio es que, como quiera
que a la tutelante le fue determinada la PCL superior al 50%
y con estructuración el 1º de diciembre de 2020, a partir de
dicho momento debe proceder el pago de la pensión de
invalidez por parte de la AFP, en este caso COLPENSIONES,
no le asiste razón al indicar que por esta razón se puede
sustraer de cumplir el fallo de tutela, puesto que en
este se indicó claramente que FAMISANAR EPS debía
realizar el pago de las incapacidades a favor de la
tutelante a partir del día 541 de incapacidad y

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siguientes, sin que dicha orden hubiere quedado
sometida a la condición de que la tutelante le fuere
determinada la PCL, a través del dictamen proferido por
las autoridades.

De la parte resolutiva ni de la parte motiva de la
sentencia se puede concluir que FAMISANAR EPS podía
sustraerse en algún momento de efectuar el pago de las
incapacidades ocurridas con posterioridad al día 541,
inclusive, máxime como ocurre en el presente asunto
que la pensión de vejez no le ha sido reconocida a la
tutelante, hecho que se debe a que recientemente la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez resolvió la impugnación
interpuesta por COLPENSIONES en contra del dictamen
rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca, hecho que ocurrió con el dictamen
35517772-11836 del 24 de junio de 2022, con fundamento
en el cual la tutelante el mismo día que le fue notificado
procedió a elevar solicitud ante COLPENSIONES para que le
pague la pensión de invalidez a que tiene derecho.

En estas condiciones es dable concluir que el Gerente Zona
Sabana Sur de FAMISANAR EPS, José Edison Núñez, se ha
sustraído sin fundamento alguno de dar cumplimiento al fallo
de tutela proferido por esta subsección el 24 de agosto de
2021, pese a que en el transcurso del incidente de
desacato fue requerido e informado el a quo, que si bien
la invalidez se estructuró el 1º de diciembre de 2021, la
AFP estaba autorizada para efectuar el descuento sobre
el retroactivo a reconocer a la tutelante, por concepto
de pensión de invalidez a partir del 1º de diciembre de
2021, con destino a FAMISANAR EPS, esto para evitar
que se realice un doble pago a la actora, esto es,
mesada pensional e incapacidades. Lo cual se desprende
de la parte motiva del auto que ordenó abrir el incidente de
desacato, sin que FAMINSANAR EPS hubiese atendido dicha
consideración, por el contrario siguió alegando la imposibilidad
de dar cumplimiento al fallo y continuó absteniéndose de
cumplir el fallo de tutela, prolongándose en el tiempo, de esta
manera la falta de pago de las incapacidades a favor de la
tutelante y de contera la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora, los que fueron protegidos por la
sentencia del 24 de agosto de 2021.

Así las cosas, le corresponde a FAMISANAR EPS, dar
cumplimiento al fallo de tutela del 24 de agosto de 2021,
debiendo efectuar el pago de las incapacidades ocurridas con
posterioridad al día 540, no habiendo lugar a alegar hechos

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nuevos, como es que la demandante tiene un dictamen de
PCL para sustraerse del cumplimiento de la sentencia de
tutela, conducta que le está vedada asumir dentro de un
incidente de desacato, a la autoridad condenada.

[…]

Ahora bien, advierte la Sala que en virtud de las facultades
dadas por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el a quo
autorizó a COLPENSIONES a descontar del retroactivo
pensional que pueda generarse en favor de la actora ante el
reconocimiento de la pensión de invalidez, las sumas que se
hubieren pagado a la incidentante por concepto de
incapacidades y que sean posteriores al momento a partir del
cual se estructuró la condición de invalidez. Precisando que
para hacer efectiva la orden, FAMISANAR EPS informará y
certificará ante COLPENSIONES el pago de las incapacidades
que hubiere realizado a la incidentante y que correspondan a
fechas posteriores a la estructuración del estado de invalidez
de la actora.

Lo anterior, por cuanto en el fallo del 24 de agosto de
2021 no se estableció un límite temporal al pago de las
incapacidades, como es claramente el momento en que
a la tutelante le fuere reconocido pensión de invalidez,
así entonces, para evitar que el cumplimiento de la acción de
tutela se constituya en fuente de doble pago a la demandante,
se autorizó a COLPENSIONES para realizar los descuentos de
las incapacidades pagadas a la demandante a partir de la
fecha de estructuración de la invalidez, con el consecuente
pago a FAMISANAR EPS y a COLPENSIONES.

[…]

Aclarado lo anterior, se deberá concluir que comparte la Sala
la sanción por desacato impuesta al Gerente Zona Sabana Sur
de FAMISANAR EPS, José Edison Núñez, quien como se
explicó, se ha sustraído injustificadamente de acatar la orden
que le fue impuesta en sentencia del 24 de agosto de 2021,
dejando a la tutelante vulnerable y prolongando en el tiempo
el pago de sus incapacidades, observándose, por el contrario
que la incidentante ha sido diligente en los trámites que le
corresponden, como es que el mismo día que conoció del
dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez
elevó solicitud de pensión de invalidez, en orden a obtener
dicha prestación […]”. (Destacado fuera de texto)

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Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

Visto lo anterior, la Sala no encuentra que el Tribunal hubiese

incurrido en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria,

toda vez que si bien a la señora LUZ MILA le fue emitido concepto

desfavorable de rehabilitación y le fue calificada la pérdida de la

capacidad laboral superior al 50%, FAMISANAR E.P.S. no se

podía sustraer de su obligación de pago de las incapacidades

posteriores al día 541.

Lo anterior, en la medida que la orden emitida en el fallo de tutela

no estaba supeditada a la determinación del porcentaje de pérdida

de la capacidad laboral y, además, si bien la tutelante inició los

trámites para el reconocimiento de la pensión, ello se encuentra

en curso, por lo que tales condiciones no eran suficientes para

tener por cumplida la sentencia, tal como lo consideraron las

autoridades judiciales accionadas.

En efecto, el ad quem, al resolver el grado jurisdiccional de

consulta del desacato, encontró que la orden emitida en sentencia

de 24 de agosto de 2021 disponía que FAMISANAR E.P.S. debía

“efectuar el pago de las incapacidades presentadas por la

tutelante a partir del día 541 en adelante, por las razones

expuestas”, razón por la que al no haberse cumplido tal orden

confirmó la sanción por desacato.

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Así las cosas, no era posible, como erradamente lo pretende el

actor, que las autoridades judiciales accionadas atravesaran los

límites establecidos en el fallo de tutela y agregaran

consideraciones o elementos que no estaban allí incluidos, pues lo

ordenado estaba orientado al pago de las incapacidades a partir

del día 541, sin que ello estuviese condicionado a la calificación de

la pérdida de la capacidad laboral.

En ese mismo orden de ideas, la Sala destaca que el invocado

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco tiene

vocación de prosperidad, en la medida que aun cuando las

sentencias presuntamente desconocidas contienen la tesis que el

señor NUÑEZ LEIVA alega, las autoridades judiciales accionadas

únicamente estaban supeditadas a las ordenes emitidas en el fallo

de 24 de agosto de 2021, sin que le fuera posible modificarlas, de

tal forma que no era ese momento para controvertir las

consideraciones expuestas en la sentencia de tutela.

Finalmente, el actor acusa que las autoridades judiciales

accionadas incurrieron en defecto procedimental, pues se omitió

individualizar y requerir al superior del encargado del respectivo

cumplimiento, lo que a todas luces trasgrede su derecho

fundamental al debido proceso.

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Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

Sobre el particular, es del caso traer a colación apartes de la

providencia enjuiciada en la que el Tribunal dispuso:

“[…] Visto lo expuesto, sea primero advertir que deberá
negarse la solicitud de nulidad elevada por el Gerente Zona
Sabana Sur de FAMISANAR EPS, en orden a que se deje sin
efectos la sanción impuesta, por considerar que se vulneró el
debido proceso, por cuanto dentro de la presente actuación
no se individualizó y sancionó al superior jerárquico y
funcional de responsable del cumplimiento del fallo de tutela
cuyo cumplimiento se persigue, a través del presente
incidente.

[…]

La norma también indicó que no podrá alegar la nulidad
quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien
omitió alegarla como excepción previa si tuvo
oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida
la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.
Finalmente, que la nulidad por indebida representación
o por falta de notificación o emplazamiento sólo puede
ser alegada por la persona afectada.

Así las cosas, la nulidad alegada por el Gerente Zona
Sabana Sur de FAMISANAR EPS, José Edison Núñez,
debe ser rechazada de plano por falta de legitimidad
para alegarla […]”.

De lo anterior se infiere que el Tribunal al analizar la solicitud de

nulidad, encontró que el actor no contaba con legitimación para

alegarla, en la medida que la nulidad por indebida representación

o falta de notificación, solo podía alegarla la persona afectada, no

siendo ésta el señor NUÑEZ LEIVA.

En efecto, el artículo 135 del C.G.P. dispone:

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Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

“[…] ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA
NULIDAD. La parte que alegue una nulidad deberá
tener legitimación para proponerla, expresar la causal
invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al
hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como
excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni
quien después de ocurrida la causal haya actuado en el
proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de
notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada
por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde
en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en
hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la
que se proponga después de saneada o por quien carezca de
legitimación […]”.

Así las cosas, de lo anterior se infiere que el actor carecía de

legitimidad para solicitar dicha nulidad, como correctamente lo

dispuso el Tribunal, sin que de allí se derive la ocurrencia de un

defecto procedimental que vulnere el derecho fundamental al

debido proceso del señor NUÑEZ LEIVA.

Por lo anterior, para la Sala ni el análisis ni la decisión contenida

en la providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos,

sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación

fáctica respectiva y a las fuentes jurídicas aplicables al caso, de

tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte

actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así la

configuración de las falencias que se alegan.

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Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí

dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que

la decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la

autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, el

TRIBUNAL confirmó la sanción impuesta.

Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo

solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

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Actor: JOSÉ EDISON NUÑEZ LEIVA

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de

septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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