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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04430-00

Fecha
17 de abril de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04430-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la accionante. Por Secretaría liquídense. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente, en favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y del MUNICIPIO DE MANIZALES, entidades que acudieron a participar en este trámite. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a los doctores CARLOS ALBERTO VELEZ ALEGRÍA 58 y LINA MARCELA OSORIO OSORIO59 en su condición de apoderados judiciales del Ministerio 58 Según índice 15 del registro SAMAI (19_MemorialWeb_Poder(.pdf) Nro Actua 15). 59 Según índice 16 del registro SAMAI (RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_PODER20220443000(.pdf) NroActua 16). 43 Número único de radicación: 11001031500020220443000 Actora: LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN de Educación Nacional y del Municipio de Manizales, según los poderes presentados al contestar este recurso. QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04430-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020220443000
Actora: LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión promovido por

la señora LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO, contra la sentencia

de 15 de julio de 2021, proferida por la Subsección “B” de la Sección

Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se resolvió el

recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 31 de mayo de

2019, dictado por el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

1.1. La señora LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO promovió

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, por conducto de apoderado, en

contra del Oficio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016,

expedido por la Secretaría de Educación de Manizales.

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Actora: LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1.2. La solicitud de nulidad recayó en el acto administrativo que

denegó la petición de reconocimiento y pago de los intereses de

mora. La señora RIOS LONDOÑO pretendía que por el pago tardío

del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y homologación

salarial que operó respecto de su cargo, se le reconocieran

intereses moratorios1.

1.3. Para mayor entendimiento, la Sala relaciona los hechos que

dieron lugar a la sentencia objeto del recurso extraordinario, así:

1.3.1. La Secretaría de Educación de Manizales recibió en

transferencia 2 al personal administrativo del servicio educativo

departamental, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 60 de

19933 y la Resolución 2451 de 29 de octubre de 2002.

1.3.2. La transferencia ocurrió respecto del personal

administrativo. En el proceso se mantuvo la identidad de los cargos

ocupados por el personal, los códigos de los empleos y los salarios

que devengaban en la vinculación departamental.

1.3.3. Con ocasión de la transferencia se evidenció una diferencia

1
La actora solicitó a título de restablecimiento del derecho: a) el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios con efectividad a partir del vencimiento de los 30 días siguientes a su causación
– 1º de enero de 2003 al año 2011- y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, el mes de mayo de 2014; b) el pago de
los intereses liquidados a la tasa del interés bancario corriente desde la fecha de su causación hasta
la fecha de pago efectivo; se ordene liquidar y pagar los intereses reclamados con base en el capital
neto cancelado, sin incluir las sumas pagadas por concepto de indexación; c) el cumplimiento al fallo
conforme a lo previsto los incisos 2° y 3° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; y d) condenar en
costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.
2
Previa certificación del departamento de Caldas para la administración del servicio educativo.
3
"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

salarial entre el personal administrativo del orden municipal y los

funcionarios transferidos, lo que implicó un proceso que comenzó

con la homologación de cargos y, como consecuencia, la nivelación

salarial.

1.3.4. Por tal motivo, el municipio de Manizales expidió el Decreto

083 de 11 de marzo de 20084, el cual modificó el Decreto 011 del

20 de enero de 20045, con el objeto de salvaguardar el principio de

igualdad de la planta personal, al homologar y nivelar los cargos

administrativos de la Secretaría de Educación.

1.3.5. Posteriormente, el Ministerio de Educación aprobó la

liquidación de la deuda correspondiente al ajuste de la

homologación y nivelación salarial, por medio del Oficio

2012EE50479 de 28 de agosto de 2012.

1.3.6. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de

Educación de Manizales, reconoció y ordenó el pago del retroactivo

por concepto de homologación y nivelación salarial, con la

Resolución 557 de 11 de abril de 2014, a favor de la señora RIOS

LONDOÑO, por el período comprendido entre el 1o. de enero de

2003 y 31 de diciembre de 2011.

4
Este Decreto también se modificó con posterioridad por el Decreto 0388 de 12 de octubre de 2012,
en el sentido de realizar la homologación y nivelación salarios de los cargos administrativos de la
Secretaría de Educación, financiados con los recursos del sistema general de participaciones.
5
Por medio del cual se adoptó el personal que laboraba en el Departamento de Caldas, a la planta
central de la Administración Municipal, a partir del 01 de enero de 2003, con cargo a los recursos del
Sistema General de Participaciones.

4

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1.3.7. La recurrente pidió 6 ante la Secretaría de Educación del

municipio de Manizales solicitud de reconocimiento y pago de los

intereses moratorios por el no pago oportuno del retroactivo de

homologación y nivelación salarial, solicitud que reiteró el 21 de

octubre de 2015.

1.3.8. La Secretaría de Educación de Manizales resolvió

negativamente la petición, según da cuenta el Oficio SE-UAF-3067

de 4 de diciembre de 2015, e indicó que mediante comunicación

2015-EE-137289 de 24 de noviembre de 2015 el Ministerio de

Educación consideró que no resultaba razonable la petición, ya que

no existía mora en el pago de obligaciones laborales.

1.3.9. Con ocasión de las otras peticiones radicadas en el mismo

sentido, a través del Oficio SEM-UAF 2063 de 18 de julio de 2016,

la Secretaría de Educación Municipal negó el reconocimiento al

peticionario y a otros 126 funcionarios.

1.4. La actora ejercitó el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra el anterior acto, el cual se decidió

en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas 7 ,

mediante sentencia de 26 de abril de 2019, en la que se declaró: i)

fundada la excepción de falta de legitimación por pasiva, propuesta

6
Mediante petición de 24 de julio de 2015 (SAC7242)
7
Se suscribió con una aclaración de voto.

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por el MUNICIPIO DE MANIZALES, ii) no probada la misma

excepción respecto del Ministerio de Educación Nacional, formulada

por la Nación, iii) ordenó, por razones de equidad y justicia,

reconocer y pagar a la recurrente la indexación sobre el valor

pagado a título de retroactivo menos el valor correspondiente a la

indexación ya reconocida, esto es, sobre la base de $69'955.748,

entre el 12 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2014, iv) denegó

las súplicas de la demanda y v) se abstuvo de condenar en costas

a la parte actora.

1.5. Contra la anterior decisión la actora interpuso recurso de

apelación, en el que manifestó su inconformidad frente a la

negativa de acceder al reconocimiento de los intereses de mora por

el pago tardío de la homologación y nivelación salarial.

Cuestionó la incompatibilidad entre indexación e intereses

moratorios, que reseñó el a quo para denegar las pretensiones de

la demanda.

II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por la

Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de

primera instancia, en el sentido de CONFIRMAR la decisión que

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

denegó las súplicas de la demanda, salvo el numeral tercero que se

REVOCA por contener una decisión extra petita. No condena en

costas.

El problema jurídico que delimitó el ad quem se circunscribió a

establecer si la señora RIOS LONDOÑO tenía derecho al

reconocimiento y pago de intereses moratorios por el valor que le

pagó la Secretaría de Educación por la homologación y nivelación

salarial, previa determinación si procedía revocar o modificar la

sentencia que denegó las pretensiones y que de forma extra petita

reconoció la indexación de las sumas recibidas.

Luego de identificar el proceso de homologación del personal

administrativo al servicio de los establecimientos educativos y, en

específico, el surtido en el municipio de Manizales, indicó el fallador

que como consecuencia del proceso de descentralización del sector

educativo las entidades territoriales debían recibir el personal

administrativo existentes en las respectivas plantas de personal

adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la

incorporación, previa homologación de los cargos.

Para analizar la situación de la apelante, destacó las siguientes

pruebas relevantes: i) la Resolución 557 de 11 de abril de 2014,

expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Manizales,

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mediante la cual se le reconoció y ordenó el pago de $152.217.702

y un valor neto de $93.278.721, por concepto de ajuste de

homologación y nivelación salarial, por el período comprendido del

1o. de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011; y ii) el Oficio

SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, de la Secretaría de

Educación de Manizales, mediante el que se le negó el pago de

intereses moratorios sobre las sumas previamente pagadas por

concepto de homologación y nivelación salarial.

El fallo aclaró que lo cuestionado por la parte actora fue el pago de

los intereses moratorios que, en su criterio, se causaron porque la

administración no asumió el pago de sus obligaciones salariales de

manera inmediata, sino que lo hizo varios años después.

Indicó que la Ley 60 de 1993 descentralizó el servicio educativo que

estaba a cargo de la Nación; y que, por este motivo, los empleados

administrativos de sus plantas de personal se incorporaron a las

entidades territoriales, debido a que éstas en adelante prestarían

dicho servicio administrando los recursos cedidos por la Nación,

incorporación que, insistió, fue regulada por los artículos 34 y 38

de Ley 715 de 2001.

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Frente al reconocimiento de intereses moratorios, prohijó la tesis8

de la sentencia de 28 de septiembre de 20179, que señaló que debía

partirse desde la fecha de los actos administrativos de

reconocimiento del retroactivo de la nivelación salarial respecto del

pago efectivo, para concluir que: “trascurrió tan solo 1 mes entre el

acto administrativo que reconoció el derecho y el que ordenó el pago,

evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional,

teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y

administrativos para culminar el proceso homologación y

nivelación salarial”.

En ese sentido, concluyó que no era procedente acceder al

reconocimiento de los intereses moratorios respecto del pago

8
Señaló que no hay lugar a ellos toda vez que: “[…] Siendo este el contexto fáctico y jurídico en el
que se dio la nivelación salarial del actor, se señala que esta Sala ya ha tenido la oportunidad
de pronunciarse sobre la procedencia del pago de intereses moratorios presuntamente
causados en razón de la nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación
de los cargos del sector educativo que dependían de la Nación y pasaron a las entidades
territoriales, en desarrollo del proceso de descentralización del referido sector ordenado
por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia del 28 de septiembre de 2017 se partió de la fecha
de los actos administrativos de reconocimiento de la nivelación salarial respecto del pago efectivo,
indicando que “trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconoció el derecho y el
que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en cuenta
la magnitud de los trámites económicos y administrativos para culminar el proceso homologación y
nivelación salarial”8.
En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se señaló que no es procedente
acceder al pago de los intereses moratorios respecto del pago retroactivo de nivelaciones
salariales, porque tratándose de derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene
su pago, así:
“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente caso, teniendo en
cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al
deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en las resoluciones que
reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede
en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar consagrados en
una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de los mismos para los
casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el
documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto”
Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay
lugar al pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe una norma que
autorice dicho reconocimiento. […]”. Este extracto corresponde al siguiente pronunciamiento:
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero
ponente: César Palomino Cortés, expediente 66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18).
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con
radicado 73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de

derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago.

Finalmente, en cuanto a la decisión del Tribunal Administrativo de

Caldas de reconocer extra petita una suma por concepto de

indexación a favor de la demandante, consideró que tal

reconocimiento desconoce el principio de congruencia, porque

dicha pretensión no fue alegada en la reclamación administrativa y

en la demanda; y porque la parte demandada no pudo ejercer sobre

ella su derecho de contradicción y defensa.

Por ello, confirmó la sentencia apelada proferida por el Tribunal

Administrativo de Caldas en cuanto denegó las pretensiones de la

demanda; y revocó el numeral tercero por contener una decisión

extra petita.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

3.1. La señora LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO presentó escrito

ante esta Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario de

revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA.

La decisión objeto del recurso es la sentencia de segunda instancia

de 15 de julio de 2021, proferida por la Subsección “B” de la Sección

Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente de nulidad

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y restablecimiento del derecho radicado bajo el núm. 17001-23-33-

000-2016-00994-01 (4521-2019).

Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el

numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la que, a su juicio, se

configuró por la violación al debido proceso y por constituir la

sentencia una decisión incongruente, con fundamento en la

siguiente argumentación:

Señaló que el motivo constitutivo de la causal de nulidad es el de

la incongruencia con que se falló la segunda instancia, habida

cuenta que la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de

Estado incurrió en eventos que “maltratan” la posibilidad de que la

sentencia resultara favorable a la accionante, por cuanto:

El fallo no analizó el contenido de la demanda, su contestación y

las pruebas, pues en la parte considerativa de la decisión “se le

negaron todas y cada una de las pretensiones, por un objeto

distinto del pretendido en la demanda y una causa diferente a la

invocada”, esto es, de manera “citra petita”.

Que la congruencia en la decisión abarca no solo las pretensiones

de la acción, sino los hechos que motivan la demanda, por lo que

el debate jurídico debió versar sobre lo planteado y no sorprenderse

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al demandante con un fallo que no guarda armonía con lo pedido,

lo cual denota incongruencia.

Agregó que una situación de tales características trasgrede los

límites del debido proceso, por cuanto el actor mediante la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho “pretendía el

reconocimiento y pago de unos intereses moratorios, causados por

la demora en el pago del retroactivo por homologación y nivelación

salarial, que se generó a raíz de la descentralización de la

educación, de acuerdo a lo establecido en la ley 60 de 1993”.

Aseguró que el fallador pasó por alto que el período para liquidar

los intereses no era otro que el causado entre los años de 2003 al

2014, en tanto fue para ese año, -2003-, que el personal

administrativo del sector educación del nivel departamental fue

incorporado al nivel municipal y a partir de ese momento debió

nivelarse por disposición legal.

En ese sentido, estimó que el pago del retroactivo, por la tardía

nivelación, se concretó hasta el año 2014, luego de 11 años desde

la incorporación laboral. Bajo esta premisa, insiste en que los

intereses correspondientes se causaron a partir de esa época (año

2003).

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Sostuvo que este entendimiento lo consideró el juez al fijar el litigio,

así: “determinar si procede el reconocimiento y pago de los

intereses de mora por el pago tardío de los valores

correspondientes a la homologación y nivelación salarial del

personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación del

Municipio de Manizales”.

No obstante, al resolver de fondo el asunto, aunque reconoció que

el pago de la homologación fue posterior, entendió erróneamente

que la reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un

mes, entre el 11 de abril de 2014, cuando se reconoció 10 y se

ordenó el pago del consecuente retroactivo, y el mes de mayo de

2014, cuando se efectuó el pago correspondiente, por lo que para

el fallador tal lapso fue razonable.

Concretó que el asunto puesto a discusión del juez fue el

“reconocimiento de intereses de mora desde el año de 2003,

cuando pasó a pertenecer a la planta de personal territorial, y hasta el

año 2014, fecha en la cual se concretó el pago del retroactivo salarial de

que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada se evidencia, que

se entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses se

refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del

retroactivo, dictado el 11 de abril de 2014, y hasta el año 2014 cuando

se efectuó el pago”.

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Mediante Resolución 557 de 2014.

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Indicó que el fallo recurrido desconoció el principio de

congruencia11, esto es, que se profirió una decisión “citra petita”,

que ocurre cuando el juez no resuelve todas las pretensiones que

se le presentaron en el escrito de la demanda, error que califica

como un verdadero “exceso de poder” 12.

Insistió en que en el escrito de la demanda, más concretamente en

el acápite de los hechos y las pretensiones, la demandante planteó

que se le adeudaban unos intereses de mora, desde el año 2003

hasta el 2014, para lo cual explicó las razones de hecho y de

derecho 13 de su alegación, período del que dice no fue

controvertido.

Manifestó que el Consejo de Estado lejos de resolver el

planteamiento formulado, concluyó que: “el Estado no incurrió en

mora dentro del período comprendido entre la Resolución 557 de

abril de 2014, y el mes de mayo de 2014”, hecho que, insistió, es

ajeno a su reproche.

11
Para explicarlo cita y transcribe el fallo dictado por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, de 2 de febrero de 2016. Radicación
número 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). CP Alberto Yepes Barreiro.
12
Indico que “[…] es un vicio que comporta una inejecución de los preceptos procesales que
establecen los límites dentro de los cuales debe desenvolverse el operador judicial […]” Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil. Sentencia de 28 de abril de dos mil quince 2015.
SC4959-2015. Radicación 11001-31-03-027-2010-00459-01. MP ARIEL SALAZAR RAMÍREZ.
13
En cuanto al principio de congruencia, transcribe el artículo 281del CGP, ordena que:
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…). (Negrilla y subrayado por fuera del texto

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Lo anterior, porque su reclamo era respecto del derecho a recibir

su salario nivelado, desde el mismo momento en que fue trasferido

a la planta territorial. Así, al no pagarse oportunamente la

obligación, el interés se causó desde el año de 2003 y no, como lo

concluyó el juez, a partir de la resolución que ordenó el retroactivo.

Indicó que la obligación nació en el momento mismo que se dio el

traslado del personal y NO cuando la administración decidió ordenar

su pago, porque se demoraron años en resolver el asunto,

enmendando errores que no debió soportar como administrado. En

estos términos, invocó el desconocimiento del artículo 281 del CGP.

Agregó que el fallo no atendió a las normas preexistentes, esto es,

la Ley 60 de 1993, que estableció un término perentorio para que

el Estado realizara la nivelación salarial, pero como quedó visto el

Estado tardó más de 11 años para efectuar el cumplimiento de esta

obligación.

Expresó que lo que busca con este recurso es la infirmación de la

sentencia de segunda instancia, en aras de que se resuelva

conforme a las normas aplicables al reconocimiento, pago y

procedencia de intereses moratorios en el sistema jurídico

colombiano, pues pese a que el fallo reconoce tales disposiciones,

su referencia se hizo con el propósito de identificar el proceso de

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homologación, lo cual no está en armonía con las pretensiones ni

lo hechos de la demanda.

Estimó que lo anterior pone de manifiesto que no se juzgó conforme

a las normas preexistentes al trámite de homologación, sin

examinar sobre el reconocimiento de los intereses de mora.

En suma, concluyó:

“[…] el operador judicial tiene a su cargo el deber de argumentar y
resolver cada una de las pretensiones formuladas en el escrito de
la demanda, de allí que, si el despacho consideraba que no
había lugar a reconocer intereses moratorios por el período
solicitado, sino por aquel que estableció en la sentencia,
tenía la obligación legal (Art. 281 CGP) de explicar las
razones jurídicas por las cuales esos extremos temporales
no eran procedentes, pero ello no fue así, y en su lugar el fallo
contiene vicios en cuanto a las resultas de manera completa y
congruente de las pretensiones […]”.

Que, en ese sentido, la conclusión del juzgador es incoherente,

pues aseguró que la indexación y los intereses de mora no son

cargas económicas que tienen la misma finalidad.

Por último, indicó que la sentencia contiene vicios que únicamente

se evidenciaron con su expedición, pues en ese momento se

advirtió que el fallo carece de toda armonía con los hechos y las

pretensiones de la demanda, pues se resolvieron extremos

temporales diferentes a los pedidos, “hasta reconocer emolumentos

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que no se solicitaron en la demanda, como la ya mencionada

“indexación”.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 16 de septiembre de 2022 se admitió el

recurso y se ordenó notificar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL y al MUNICIPIO DE MANIZALES. Durante el término

de traslado se contestó la demanda, así:

4.1.1. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Estableció, frente al argumento de la recurrente, que no le asiste

razón por cuanto es inexistente la disparidad entre lo pedido, lo

debatido y lo probado; y que no se probó la configuración de una

falta de congruencia, pues lo que en realidad se aprecia es que la

parte recurrente vio frustradas sus pretensiones y los

planteamientos aquí expuestos, evidenciándose así una reapertura

del debate jurídico y probatorio ya culminado.

Agregó, luego de contextualizar la normativa y el proceso de

estudios previos y homologación, que el pago del retroactivo se

realizó en mayo de 2013 por la Entidad Territorial de Manizales,

luego de su reconocimiento en abril de 2013, lo que denota que no

17

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hubo demoras injustificadas y descarta el reconocimiento de los

intereses de mora reclamados.

Solicitó declarar probada la excepción propuesta14 e infundado el

recurso extraordinario y condenar en costas.

4.1.2. MUNICIPIO DE MANIZALES

Por intermedio de apoderada judicial se opuso a la solicitud de que

se infirme la sentencia proferida por la Sección Segunda,

Subsección “B” del Consejo de Estado de 15 de julio de 2021.

Aseguró que no se cumple con la carga jurídica y procesal

establecida por el marco jurídico vigente y la jurisprudencia del

Consejo de Estado, de demostrar la configuración de la causal del

numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

Concluyó que no se vulneró el principio de congruencia, dado que

los yerros atribuidos a la sentencia en comento no tienen peso

alguno en lo que al debido proceso de la demandante se refiere,

toda vez que los elementos fácticos, probatorios y jurídicos

14
Propuso la denominada “Legalidad de la sentencia No. 4521-2019, dictada el 15 de julio de 2021,
dentro del proceso radicado con el Nro. 17-001-23-33-000-2016-00994-01, Proferida por el Consejo
de Estado – Sección Segunda - Subsección B“. La fundamentó en el hecho de que ”la sentencia objeto
del Recurso Extraordinario de Revisión, cumple a cabalidad con los presupuestos y exigencias del
artículo 187 del CPACA, por cuanto es congruente con lo pedido, lo debatido y lo probado, se
encuentra debidamente motivada, se llevó a cabo un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales y de las excepciones propuestas”

18

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existentes en el expediente permitieron a los operadores judiciales

concluir sin dificultad alguna, la inexistencia del derecho al

reconocimiento y pago de intereses moratorios sobre la

homologación y nivelación salarial efectuada por la entidad

territorial.

Por todo lo expuesto, solicitó declarar infundado el recurso

extraordinario de revisión formulado por la señora LUZ

ESPERANZA RIOS LONDOÑO.

4.2. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado,

no presentó concepto respecto del recurso extraordinario.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo

249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso

19

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extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de

aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.

En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el

artículo 10715 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para

resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.

De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los

Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019,

reglamentó la integración 16 y funcionamiento de las Salas

Especiales y les asignó, entre otras, la competencia para resolver17

los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las

sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

15
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo
que al respecto establezca el reglamento interno […]”
16
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas
por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de
las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo
magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado
entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación
de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en
el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas
Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por
apellido […]”.
17
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”

20

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5.2 Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada18.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se

sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas

previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de

2003, las que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la infirmación19, tanto para “enmendar los errores

o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el

derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en

18
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.
19
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.

21

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razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento

jurídico”20.

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido”21

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso donde se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas22 que

habilitan su procedencia.

20
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
21
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio

22

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5.3 De la causal invocada

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201123, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación […].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad

procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de

carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior24.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
23
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto,
cuando se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia
ha de entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
24
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz

23

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1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

y que por oportunidad debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13425 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales

de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General

del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos del

artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la

sentencia.

En este primer escenario 26 , la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

25
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
26
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de

24

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acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a

colación el siguiente pronunciamiento27:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las que
remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC28. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

A partir del razonamiento precedente, se destacaron algunos
eventos que configurarían la nulidad originada en la
sentencia, los cuales no se aducen como causales de
nulidad propiamente dicha, sino eventos, circunstancias,
ejemplos, que se desprenden de las causales del artículo 140,
cuya abstracción se concretiza. La providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se decide
sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de
fondo y con la cual, de ordinario, concluye el proceso, es,
obviamente, parte del proceso en que se dicta. Y el
proceso es nulo, en todo o en parte, solo por las causas
establecidas en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil.
“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia
puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i) cuando se
provee sobre aspectos para los que el juez no tiene jurisdicción
o competencia (numerales 1 y 2); cuando, (ii) sin ninguna
otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, o (iii) sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual
hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la

las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
27
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
28
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

25

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transacción o declarada la perención del proceso, porque así
se revive un proceso legalmente concluido, o (iv) cuando se
dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la
instancia; o cuando (v) se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en esta, o (vi)
se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello, en lo concerniente, también (vii) se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos. (…)

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”

A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad29 de la Corte Constitucional C-491-95.

Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140

del CPC30 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo

el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite

procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al

respecto, precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada
la referida nulidad de carácter constitucional. Sin
embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que
dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente

29
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
30
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

26

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las causales o motivos de nulidad, por las siguientes
razones:

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través
de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos
procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia
y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las
nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos
criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y
sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las
partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible
declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a
la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la
expresión demandada, con la referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los procesos
civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se

27

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encuentran adicionadas con la prevista en la norma del
art. 29, a la cual se hizo referencia. […]”31
Bajo este análisis, la Corporación 32 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia

incongruencia33; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado34

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad; y que ella

obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

31
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
32
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
33
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
34
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

28

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debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4 Del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alega la recurrente, se demuestra la existencia de incongruencia

entre lo pedido y lo decidido en el proceso ordinario, ya que el

fallador no resolvió el asunto objeto de decisión del recurso de

apelación, con lo que se incurrió en la causal invocada.

Para tal fin, la Sala analizará su concepto y contexto en el que se

presenta, y luego resolverá sobre la alegación planteada, así:

5.4.1 El principio de congruencia

La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y

se traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura

interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la

externa, entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido

por las partes.

29

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Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar de la defensa de

quien funge como parte accionada y que, generalmente, se propone

a título de excepciones.

Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está

atada a la competencia del superior funcional y al examen que le

corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la

providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para

que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra

pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 35

armonizado con el 28136, ambos del CGP.

Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión37

en la que se precisó:

35
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
36
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”
37
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.

30

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Actora: LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

“[…] Ello significa que es procedente el recurso extraordinario
de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en
segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del
principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia. […]

En términos generales, la congruencia se entiende como el
deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus
decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art.
170], exige de una parte que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes
tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un
mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se
acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de
hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”38

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del
procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es
la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos:

“Se reitera39 que el principio de congruencia de la sentencia,
exige de una parte, que exista armonía entre la parte

38
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
39
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

31

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión
que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las
partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el
proceso.

Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de un
juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de la
contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda.

La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco
de litis que se ha planteado desde la demanda.

En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro del
cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la
controversia, las normas violadas y su concepto de violación, se
constituyen en el marco de análisis y estudio al momento
proferir la sentencia […]”40(Subrayas y mayúsculas fuera del texto
original)

En atención a la exposición anterior, la Sala procede al examen de

los reclamos de este recurso.

5.4.2 Análisis del asunto bajo examen

Conforme se expresó en el escrito del recurso extraordinario, el

reproche de la recurrente está atado a que la sentencia

cuestionada constituye un fallo “citra petita”, porque no resolvió

el planteamiento por el cual se acudió a la jurisdicción; y que

aunque aparentemente existe un pronunciamiento, éste es por un

40
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.

32

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

asunto “distinto al pretendido“, lo que vulnera el principio de

congruencia.

Insistió la recurrente que lo pretendido con la demanda era “el

reconocimiento y pago de unos intereses moratorios”, soportado en

un hecho que, a su juicio, no se discutía, esto es, la “demora en el

pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial, que se

generó a raíz de la descentralización de la educación”.

En ese sentido, aseguró que el fallador pasó por alto la pretensión

de liquidar los intereses moratorios, causados entre los años de

2003 al 2014.

Estas razones son las que servirán de referente para examinar si el

fallo, como lo indica el recurrente, incurre en la causal de nulidad

invocada.

Para ello es necesario comprobar si le asiste razón o no a este

planteamiento, por lo que se acudirá al procedimiento que la Corte

Constitucional decantó para establecer si existe la violación del

principio de congruencia, mediante un análisis comparativo, así:

“[…] El alcance que en esta jurisprudencia se le da al principio
de congruencia implica que puede llegar a ser desconocido
por:

“1. Resolver sobre elementos o puntos no comprendidos
en la relación jurídico-procesal (extra petita);
2. Proveer más de lo que el demandante pide (ultra
petita); y

33

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

3. Ser deficiente por dejar de proveer, positiva o
negativamente, acerca de puntos integrantes de la
demanda o sobre las excepciones que, además de
aparecer probadas, hayan sido alegadas por el
demandado cuando así lo exija la ley (citrapetita).”[42]

Los anteriores supuestos se pueden evidenciar con relativa
facilidad, comparando el contenido de fondo de la
relación jurídico-procesal y lo resuelto por el juzgador
en el respectivo fallo[43]. Valga decir que en los primeros dos
supuestos se da un exceso en el ejercicio jurisdiccional,
mientras que en el último hay un defecto u omisión más
conocido como fallo omiso o diminuto […]”41.

En observancia de lo anterior, la Sala examinará la pretensión del

medio de control y lo resuelto por el juez ordinario:

PRETENSIÓN DE NULIDAD
“[…] la nulidad del Oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016,
notificado el 25 de julio de 2016, respecto de la petición de la
demandante LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO, por medio del cual se
desconocieron y negaron el reconocimiento de los intereses
moratorios generados con ocasión del pago tardío del retroactivo de
la Homologación y Nivelación salarial. […]”.
EXPLICACIÓN DEL FALLO 1 INSTANCIA
“[…] Así pues, la parte actora no tiene derecho al reconocimiento de
intereses por pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación
salarial y, en tal sentido, habrán de negarse las súplicas de la demanda.

Al haberse demostrado que a la parte demandante le fueron indexadas
las sumas reconocidas a título de nivelación salarial -como se indicará
en el capítulo de hechos probados-, resulta igualmente improcedente
ordenar el reconocimiento de intereses moratorios sobre valores ya
indexados, dada la incompatibilidad que existe entre estos dos
conceptos.
[…] En el contexto anterior, la Sala observa que si bien la indexación
monetaria no está contemplada en el derecho positivo colombiano, lo
cierto es que tal prerrogativa deviene en -razón de la, protección a los
derechos de los trabajadores con fundamento en el postulado
constitucional del artículo 53, según el cual el Estado debe amparar las
garantías mínimas de los trabajadores y, entre ellas, garantizar el poder
adquisitivo del salario.
[…] Por las razones expuestas en precedencia, la Sala considera que no
hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de intereses moratorios
por concepto del pago tardío de la homologación y nivelación salarial y,
en tal sentido, deben ser negadas las pretensiones de la demanda. No
obstante, la Sala advierte que con la Resolución nº 557 del 11 de abril

41
Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

34

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

de 2014, le fue reconocido p la parte actora un valor por indexación por
el período comprendido entre el 2003 y el 2011. Ahora bien, desde el
día siguiente a la fecha final de indexación -31 de diciembre de 2011-
hasta la fecha del pago efectivo -1º de mayo de 2014 existe un lapso
que no fue indexado, lo que en sentir de esta Sala amerita ordenar la
respectiva actualización en la forma que se dispondrá más adelante,
haciendo uso de la facultad extra petita y por razones de equidad y
justicia”.
RECURSO DE APELACIÓN
“[…] En ese orden de ideas, si es procedente solicitar el reconocimiento
y pago de intereses de mora, desde el momento en que surgió el
derecho a percibir el salario homologado, es decir, desde la
incorporación del personal a la planta de cargos de la entidad territorial,
y no a partir de la fecha en la cual se expide el acto administrativo que
ordena el pago del retroactivo, como lo afirma el juzgador. […]”.
FALLO OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
“[…] 2.3. Solución al caso concreto
La accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le
negaron el pago de los intereses moratorios presuntamente originados
sobre las sumas que le canceló la Secretaría de Educación por concepto
de nivelación y homologación salarial, como empleada administrativa
de la planta de personal de dicho municipio.
El Tribunal Administrativo negó las pretensiones de la demandante al
considerar que es improcedente la cancelación de intereses moratorios
por cuanto consideró que el reconocimiento de estos no se encuentra
expresamente señalado en las disposiciones que reglamentan este
régimen prestacional; sin embargo, en uso de sus facultades extra
petita ordenó a La Nación – Ministerio de Educación Nacional reconocer
y pagar a favor de la accionante la indexación del valor pagado a título
de retroactivo entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2014.
Inconformes con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso
de apelación, alegando que no existe incompatibilidad alguna entre los
intereses en mora y la indexación y, que, en caso de considerarse
incompatibles, deben reconocerse los intereses moratorios en virtud del
principio de favorabilidad. Por su parte, La Nación – Ministerio de
Educación Nacional reiteró que no es el llamado a responder por las
pretensiones de la demanda y aclaró que es improcedente la decisión
extra petita del Tribunal, en cuanto esto no fue controvertido en sede
administrativa.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el proceso no se discute
que mediante la Resolución 577 del 11 de abril de 2014, al demandante
le fueron reconocidas y pagadas unas sumas de dinero por concepto de
retroactivo del proceso nivelación y homologación, que se causaron de
los años 2003 a 2011, que fueron debidamente indexadas.

Sin embargo, lo reclamado por la parte actora es el pago de los
intereses moratorios que, en su criterio, se causaron porque la
administración no asumió el pago de sus obligaciones salariales de
manera inmediata, sino que lo hizo varios años después.

[…] Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto

35

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

de 2018, se reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios
cuando en el contenido de los actos administrativos que reconocieron
el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe
una norma que autorice dicho reconocimiento42

Así las cosas, teniendo en cuenta que en el sub lite el pago de la
nivelación salarial se efectuó en el mes de mayo de 2014, tal como se
indicó en la certificación de la entidad accionada, y que la Resolución
577 que reconoció y ordenó el pago de la nivelación data del 11 de abril
de 2014, se evidencia que solo pasó un mes, de modo que no es
procedente la condena por el pago de intereses moratorios, puesto que
se considera un plazo prudencial, tal como se indicó en los antecedentes
jurisprudenciales previamente citados […]”.

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que, contrario a lo

invocado por la parte actora de este recurso, el fallo no se dictó con

desconocimiento del principio de congruencia aludido, habida

cuenta que el ad quem se ocupó de examinar si la petición que

invocó la actora era susceptible de reconocimiento y si, como lo

indicó, procedía por el tiempo entre el proceso de homologación y

el pago de las diferencias, lo que impide predicar que se trata de

un fallo “citra petita”.

En efecto, en el citado fallo se aclaró que las sumas reconocidas al

actor y por las cuales pide el pago de intereses moratorios,

obedeció al reconocimiento de las diferencias salariales producto de

la homologación y nivelación que debió realizarse para las plantas

de personal administrativo, sin que sea posible a través de este

recurso revisar las razones que se invocaron para denegar las

pretensiones de la demanda.

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P.
César Palomino Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).

36

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Los razonamientos que hizo el fallador para establecer la

improcedencia del reclamo de la actora no derivan, como lo alega

la recurrente, en una omisión del debate planteado, sino que

reflejan su inconformidad frente a los argumentos expresados por

el ad quem.

Ahora, también escapa al análisis del juez extraordinario y

desborda el objeto de este recurso, que la recurrente plantee desde

su demanda una oposición sobre la certeza y la validez que adquirió

el fallo de segunda instancia, como ocurre en este caso, pues se

evidencia que el propósito de este recurso es utilizarlo como una

instancia adicional, aunque en su escrito se refiera expresamente a

que no es ese su motivo.

Entonces, conferir el entendimiento que sugiere la recurrente,

conllevaría calificar la decisión del juez ordinario y actuar como una

tercera instancia a fin de confrontar lo decidido con la alegación

frente al nacimiento de la presunta obligación del pago de intereses

moratorios.

Ciertamente, aceptar esta posición sería controvertir la decisión del

juez ordinario quien consideró, para resolver el asunto, la totalidad

del procedimiento adelantado por las autoridades para el

reconocimiento de las diferencias salariales en el trámite que se

37

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

adelantó con dicho fin, que no tuvo en consideración el

reconocimiento de éstos. Precisamente, el fallador de segunda

instancia, al respecto dijo lo siguiente:

“[…] La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en concepto del 7 de diciembre de 200443 expuso el proceso
de descentralización del sector educativo, dispuesto en
las Leyes 60 de 199344 y 715 de 200145, en virtud del cual
las entidades territoriales (departamentos y municipios)
debieron recibir el personal administrativo vinculado
previamente con la Nación, mediante un proceso de
homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de
base para su incorporación a las plantas territoriales de
personal.

En el marco de dicha explicación, la Sala de Consulta expuso
que la Ley 43 de 197546nacionalizó la educación primaria que
antes era prestada por los departamentos, el Distrito Especial
de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias,
resaltando que en consecuencia los gastos de la prestación
servicio educativo serían a cargo de la Nación.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993, con fundamento
en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política
que implementó la descentralización del servicio educativo, y
por ende, se desmontó la nacionalización prevista en la
Ley 43 de 1975, ordenándose que la Nación entregaría a
los departamentos y municipios los bienes, el personal y
los establecimientos educativos.

En el numeral 1 del artículo 2º ídem se dispuso que
correspondería a los municipios administrar los recursos
cedidos por la Nación para la prestación del servicio de
educación, y en su inciso 5º que, en virtud de la incorporación,
las plantas de personal serían departamentales, administradas
en los términos del artículo 6º, según el cual sus escalas
salariales serían las de orden departamental, distrital o
municipal: […]

43
Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio
de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al servicio de
los establecimientos educativos. Entrega del mismo a las entidades territoriales.
44
"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
45
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros”.
46
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.”

38

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El personal administrativo del sector educativo que laboraba
para la Nación, también debió entregarse a los entes
territoriales, mediante un proceso de incorporación que
para materializarse exigía “de la homologación de
cargos (comparación de los requisitos, funciones,
clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los
exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los
departamentos), procedimiento que en el caso del personal
administrativo revestía características particulares, pues era el
producto de la descentralización del servicio educativo hacia un
ente territorial.

Cabe recordar que según el decreto 2400 de 1968 - art. 48 -47
la incorporación operaba por reorganización de dependencias o
el traslado de funciones de una entidad a otra o por la supresión
de cargos de carrera y, conforme a la ley 443 de 1998 48
también por la supresión del empleo de carrera o por fusión o
supresión de entidades o traslado de una entidad a otra o
modificación de planta” 49.

Cabe destacar que la homologación e incorporación de los
cargos de quienes venían del nivel nacional requirió de
la nivelación de salarios cuando no existían cargos
iguales, y el reajuste de la estructura de las entidades
territoriales para prestar el servicio educativo, para lo
cual debieron tener en cuenta la clasificación, funciones,
grado de responsabilidad y requisitos para el ejercicio de
los empleos, para así fijar la remuneración. […]”

De lo expuesto se devela que no le asiste razón a la recurrente y

que la violación al debido proceso no se configura, por el hecho de

negar las pretensiones de la demanda.

Todo lo anterior lleva a concluir que la congruencia externa no se

vio afectada con el fallo proferido por el Consejo de Estado, pues

en realidad los argumentos que expuso la apelante fueron objeto

de decisión; y la referencia al proceso de homologación era

47
Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 ley 443/98.
48
Derogada por la ley 909/04.
49
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004,
M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de
homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos. Entrega del
mismo a las entidades territoriales.

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necesaria a efectos de clarificar las obligaciones que surgieron con

ocasión de dicha transferencia de empleos al nivel territorial y su

oportunidad.

Así pues, atendiendo a la evidencia comparativa del fallo

cuestionado, se aprecia que el Consejo de Estado sí se pronunció

sobre el asunto sometido a debate. En estos términos, se declarará

infundado el recurso extraordinario de revisión al no probarse la

causal invocada.

5.5 Condena en costas

Las costas procesales se definen50 como la “erogación económica

que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,

que se compone de las i) expensas 51 y las ii) agencias en

derecho52”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA 53, al pasar de un criterio

50
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de
6 de Agosto de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate.
51
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
52
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
53
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). C.P. William Hernández Gómez.

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subjetivo54 a uno objetivo valorativo55, en el que se requiere que

el juez revise si se causaron.

Ahora, si bien el CPACA prevé que las costas se fijen de manera

objetiva contra la parte vencida en juicio, no operan de manera

automática, pues al juzgador le corresponde valorar si se configura

alguna de las hipótesis previstas por el legislador, reglas que se

predicaban también respecto de los recursos extraordinarios de

revisión.

No obstante lo anterior, la condena en costas en el recurso

extraordinario fue objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en

el sentido de prever que, en los términos del artículo 255 ibidem,

cuando “se declare infundado [el recurso] se condenará en

costas”, mandato que resulta imperativo para el fallador que

adopte esta decisión.

Ahora, para verificar su aplicación es necesario establecer si en el

asunto bajo examen concurren los presupuestos de la Ley 2080,

que reformó el CPACA, así: i) establecer si el proceso se radicó en

vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

54
esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
55
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.

41

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Contencioso Administrativo, pues por mandato del artículo 8656 de

la Ley 2080 las normas procesales le resultan aplicables a los

procesos en curso y tramitados en vigencia del CPACA57, y ii) si el

recurso se declaró infundado.

Para el efecto, en el caso bajo examen se dan los presupuestos

requeridos, lo que impone que se fijen de acuerdo con la

naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.

Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código

General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de

2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido

por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con

las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en

derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha

de esta providencia, en favor de las entidades que acudieron a

participar en este trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de

56
Según lo prevé el artículo 86 “[…] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales
introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde
el momento de su publicación Y SOLO RESPECTO DE LOS PROCESOS Y TRÁMITES
INICIADOS EN VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones.
57
El recurso extraordinario de revisión se radicó el 28 de enero de 2022.

42

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

decisión, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra la sentencia de 15 de julio de 2021,

proferida por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de

Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la accionante. Por Secretaría

liquídense.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente

a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a

pagar por el recurrente, en favor del MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL y del MUNICIPIO DE MANIZALES,

entidades que acudieron a participar en este trámite.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a los doctores CARLOS

ALBERTO VELEZ ALEGRÍA 58 y LINA MARCELA OSORIO

OSORIO59 en su condición de apoderados judiciales del Ministerio

58
Según índice 15 del registro SAMAI (19_MemorialWeb_Poder(.pdf) Nro Actua 15).
59
Según índice 16 del registro SAMAI (RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_PODER20220443000(.pdf) NroActua 16).

43

Número único de radicación: 11001031500020220443000
Actora: LUZ ESPERANZA RIOS LONDOÑO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

de Educación Nacional y del Municipio de Manizales, según los

poderes presentados al contestar este recurso.

QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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