Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04457-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04457-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04457-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04457-00
Actor: ÓSCAR HUMBERTO MARIÑO VALBUENA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DE UNA ALTA CORTE –
Procedencia excepcional. Además de los presupuestos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se debe evidenciar la
configuración de una anomalía de tal entidad que imponga la intervención del juez
constitucional
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, en relación con la demanda
de tutela instaurada por el señor Óscar Humberto Mariño Valbuena, de acuerdo
con el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 16 de agosto de 2022, el señor Óscar Humberto Mariño
Valbuena, por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
2. Hechos
2.1. El señor Óscar Humberto Mariño Valbuena laboró al servicio de la Secretaría
de Desarrollo de la Gobernación de Boyacá desde el 15 de septiembre de 1978.
Radicación: 110010315000202204457 00
Accionante: Óscar Humberto Mariño Valbuena
Accionado: Consejo De Estado – Sección Tercera –
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
2.2. El gobernador de Boyacá expidió el Decreto 501 del 1° de abril de 2003, por
medio del cual declaró la supresión de algunos cargos, entre los cuales se
encontraba el del señor Mariño Valbuena.
2.3. Asimismo, el gobernador de Boyacá expidió el Decreto 500 del 1° de abril de
2003, mediante el cual determinó los empleados públicos inscritos en la carrera
administrativa a ser incorporados a la nueva planta de personal de la gobernación,
en el cual no fue incorporado el aquí demandante.
2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Óscar Humberto Mariño Valbuena solicitó la nulidad de los mencionados
actos administrativos.
2.5. En sentencia de única instancia del 28 de febrero de 2008, el Tribunal
Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.
2.6. El 30 de julio de 2010, el señor Mariño Valbuena presentó demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial, con el propósito que se
indemnizaran los perjuicios ocasionados como consecuencia del supuesto el error
judicial contenido en la sentencia del 28 de febrero de 2008.
2.7. Mediante sentencia del 3 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de
Boyacá negó las pretensiones de la demanda.
2.8. A instancias del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 1°
de diciembre de 2021, confirmó la decisión de primera instancia.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte actora alegó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá el 3 de marzo de 2015 -en primera instancia- incurrió en un defecto
fáctico, al valor de forma irracional y arbitraria las pruebas del proceso, lo que lo
llevó a considerar que la decisión del 28 de febrero 2008 era pasible del recurso
de apelación, cuando se trataba de un proceso de única instancia y, en ese
sentido, señaló que se configuró a su vez un defecto sustantivo, toda vez que no
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Referencia: Acción de tutela
resultaba aplicable la causal de culpa exclusiva de la víctima, fundamentada en los
artículos 67 y 70 de la Ley 270 de 1996.
De otro lado, indicó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en sentencia del 1° de diciembre de 2021, desconoció que, mediante el
oficio del 2 de febrero de 2012 proferido por la Dirección de Gestión de Talento
Humano de la Gobernación de Boyacá, se certificaron los montos del salario que
devengaba un profesional universitario código 340 grado 11 entre el 2002 y 2011 y,
por consiguiente, se acreditó el daño sufrido por el aquí demandante.
Adicionalmente, sostuvo que la providencia del 1 de diciembre de 2021 incurrió en
la causal de violación directa de la Constitución Política, dado que se efectuó un
trato desigual al señor Mariño Valbuena, pues en 3 casos similares (promovidos
por los señores Enrique Murcia Rodríguez, Félix Ricardo Riaño Niño y Martha
Orduz Tamayo), el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones
de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, aspecto que fue
planteado en el proceso de reparación directa; sin embargo, la autoridad judicial
accionada no efectuó pronunciamiento sobre el particular y, por consiguiente,
también se configuró un defecto fáctico, al omitir valorar las referidas sentencias
que fueron allegadas al proceso como prueba documental.
Finalmente, afirmó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado “terminó acogiendo un análisis incompleto de los elementos probatorios y
llegó a conclusiones arbitrarias sobre la motivación de la no vinculación del señor
Mariño a la nueva planta de personal”, toda vez que consideró que el criterio del
mérito fue desplazado por otros “factores de favorabilidad”, sin ninguno
fundamento en el Decreto 500 del 1 abril de 2003.
En ese sentido, concluyó que la referida autoridad judicial “no puede considerar
razonable una valoración probatoria, y recogerla para sí al definir la inexistencia de
un error judicial, que contradice la prueba de manera evidente, prueba a la que ni
siquiera hace referencia ni evalúa y que fija el criterio de evaluación del
desempeño como criterio rector”.
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):
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PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia (Constitución Política, artículos 29, 13
y 229) del señor Óscar Humberto Mariño Valbuena, los cuales han sido
infringidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado al
haber estos incurrido en una vía de hecho (defectos sustantivo y fáctico y
violación directa de la Constitución) en las siguientes providencias: sentencia
de 3 de marzo de 2015 del Tribunal Administrativo de Boyacá y sentencia de 1
de diciembre de 2021 del Consejo de Estado.
SEGUNDA: Se declare que queda sin efectos la sentencia de 1 de diciembre
de 2021 del Consejo de Estado. Ello por ser esta sentencia violatoria, al
configurar una vía de hecho y desconocer el derecho de igualdad y acceso a
la administración de justicia previstos en la Constitución y la Ley.
TERCERA: Como consecuencia de la invalidez de la sentencia del Consejo de
Estado, se solicita que dicte sentencia de reemplazo revocando la sentencia
del Consejo de Estado y concediendo las pretensiones presentadas en la
demanda de reparación directa o en su defecto, ordenar a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que dicte la sentencia que en derecho corresponde,
sin la vulneración del debido proceso y derechos de igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto del 18 de agosto de 2022, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se vinculó a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
como tercero interesado en el proceso.
4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de uno de sus
magistrados, señaló que en la decisión cuestionada se negaron las pretensiones
de la demanda al considerar que la parte actora no agotó la exigencia prevista por
el legislador de interponer los recursos procedentes contra la decisión que se
alega constituyó un error judicial, razón por la cual estimó que no se vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora.
Adicionalmente, indicó que se pretende reabrir el debate definido por los jueces de
la causa y, a su vez, sostuvo que no se cumplió con el requisito de inmediatez. Por
lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo.
4.3. Por su parte, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja afirmó que “actúa de conformidad con el
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ordenamiento legal vigente, razón por la cual solicito comedidamente a Su Señoría
desvincularla de la presente acción constitucional”.
4.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló
(transcripción literal):
… la sentencia objeto de la solicitud de tutela concluyó que la providencia
acusada de error no configuró una decisión ‘subjetiva, caprichosa, arbitraria y
flagrantemente violatoria del debido proceso’, dado que fue motivada
razonablemente en el incumplimiento de la carga probatoria que el actor
circunscribió a demostrar el puntaje obtenido en la evaluación de desempeño,
hecho que resultaba insuficiente para desvirtuar la legalidad de los actos
administrativos demandados que preveían casos de protección laboral
especial que desplazaban el requisito relativo a la calificación y hacía
‘necesario probar que los servidores vinculados a la nueva planta no reu[nían]
los requisitos fijados por la administración’.
De conformidad con lo anterior, indicó que la decisión cuestionada en sede de
tutela no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, dado que se dictó
de conformidad las normas que definen el error jurisdiccional y conforme a las
pruebas allegadas al expediente.
Alegó que la demanda de tutela resultaba improcedente por falta de relevancia
constitucional, puesto que lo pretendido es reabrir el debate sustantivo y
probatorio del proceso ordinario.
4.5. Finalmente, la parte actora se pronunció respecto de los informes rendidos
por las autoridades judiciales accionadas y por el tercero con interés en el
proceso. En líneas generales, sostuvo que los accionados no lograron desvirtuar
la vulneración de sus derechos fundamentales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de
2012, exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
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Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas
otras providencias.
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• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
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casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado4.
Conviene mencionar que, cuando se controvierten providencias judiciales dictadas
por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte Constitucional
ha establecido que, además de verificar el cumplimiento de los requisitos
generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de
tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”.
Puntualmente, en sentencia SU–573 de 2017, se indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado
a otra conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Caso concreto
Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuran o no los
defectos alegados por la parte actora.
Asimismo, conviene precisar que la parte actora pretende que se dejen sin efectos
las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 3 de marzo
de 2015 -en primera instancia- y por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 1° de diciembre de 2021 -en segunda instancia-; sin
embargo, el estudio de la Sala se limitará a los cargos elevados en contra de la
providencia de segunda instancia, toda vez que resolvió de forma definitiva el
proceso de reparación directa promovido por la parte actora.
Pues bien, la parte actora alegó que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en las causales de defecto fáctico y violación directa
de la Constitución Política, toda vez que desconoció que el Tribunal Administrativo
de Boyacá accedió a las pretensiones en 3 casos similares al del señor Mariño
Valbuena.
En ese sentido, afirmó que la referida autoridad judicial efectuó una valoración
probatoria defectuosa, dado que “terminó acogiendo un análisis incompleto de los
elementos probatorios y llegó a conclusiones arbitrarias sobre la motivación de la
no vinculación del señor Mariño a la nueva planta de personal”, toda vez que
consideró que el criterio del mérito fue desplazado por otros “factores de
favorabilidad”, sin fundamento en el Decreto 500 del 1 abril de 2003.
Adicionalmente, indicó que se configuró un defecto fáctico porque omitió valorar el
oficio del 2 de febrero de 2012 proferido por la Dirección de Gestión de Talento
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Humano de la Gobernación de Boyacá, mediante el cual se certificaron los montos
del salario que devengaba un profesional universitario código 340 grado 11 entre
los años 2002 y 2011 y, por consiguiente, se acreditó el daño sufrido por el aquí
demandante.
Al respecto, se tiene que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en sentencia del 1° de diciembre de 2021 -notificada mediante edicto el 16
de febrero de 2022-, confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda, al
estimar que no se configuró un error judicial, bajo los siguientes argumentos
(transcripción literal):
4.2. Hechos probados relevantes para decidir los problemas jurídicos
(…).
El decreto 0501 de 1 de abril de 2003 da cuenta de que el Gobernador del
Departamento de Boyacá, por medio de ese acto administrativo, desvinculó
del servicio a empleados públicos en aplicación del ajuste organizacional,
entre los que incluyó a Oscar Humberto Mariño Valbuena, quien ejercía el
empleo de profesional universitario 340-11. Además, informó que los
servidores a quienes les fue suprimido el empleo podrían optar por "el trato
preferencial a ser incorporados o al pago de la indemnización, conforme a lo
previsto en la Ley 443 de 1998.
A su vez, el decreto 500 de 1 de abril de 2003, también demandado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, demuestra que el
Gobernador de Boyacá realizó la incorporación del personal a la nueva planta,
sin incluir la nomenclatura del empleo que ocupaba el demandante, empleo
que había sido suprimido por medio del decreto 501 de la misma fecha?3.
Entre los empleados incorporados a la nueva planta de personal, en la
nomenclatura de profesionales universitarios 340-13, aparecen los nombres
de las personas citadas en la demanda de reparación directa, frente a las que
el actor alude tenía mejor derecho.
La copia de los fundamentos técnicos para el ajuste de la organización del
Departamento de Boyacá, que sustentó la expedición de los actos
administrativos referidos en los numerales anteriores, informó la metodología
que se aplicó para la incorporación de los empleados a la nueva planta de
personal (anexo 3) así:
‘PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Para el efecto, entonces, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos
establecidos para el cargo, los preceptos de los Decretos 1569 y 1572, con la
calificación de servicios. El procedimiento seguido fue:
1. Solicitud de actualización de las hojas de vida de todos los empleados
públicos del nivel central del departamento.
2. Análisis de los aspectos trascendentales para efectuar la incorporación, a
saber: formación académica, experiencia laboral, antecedentes disciplinarios y
evaluación de desempeño.
(...).
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Con este ejercicio previo, la incorporación se efectúa, siguiendo los siguientes
parámetros:
1 Para el Nivel Profesional.
a. Inicialmente, se incorporaran en su área o de no existir cargos se hará en
otra en la que cumplan requisitos los funcionarios a quienes favorezcan las
normas y reglamentos, es decir: Discapacitados e incapacitados permanentes,
madres cabeza de familia cuyo registro de tal situación se haya reportado y se
den los presupuestos establecidos por las normas para acreditar su amparo,
las mujeres en estado de gravidez, personas a quien se ordena su
incorporación por mandado judicial, los empleados con fuero sindical, las
personas con edad y tiempo de servicio, quienes por su antigüedad, siguiendo
los instructivos para ajuste fiscal, sean onerosos para el departamento en la
liquidación.
b. Los cargos de profesional especializado (...)
c. Para seleccionar profesionales se observa los que están en el área. En los
cargos en que exista más empleados que cargos, se toman los mejores
puntajes en evaluación de desempeño.
d. Para los cargos que van a desempeñar funciones que no estaban asignadas
a las áreas o se crean cargos con funciones específicas, se toman empleados
que dentro de las profesiones previstas en el manual de funciones cumplan con
los requisitos y se incorpora el mayor puntaje.
e. En los casos en que se reubican procesos o funciones, se selecciona los
funcionarios que venían desempeñando las funciones de área y se incorpora
(n) el de mayor puntaje.
(...)’.
En la certificación expedida por el director de gestión de talento humano de la
Gobernación de Boyacá el 22 de julio de 2005, consta que los ingenieros
agrónomos frente a los que el demandante aduce tenía mejor derecho para
ser incorporado, se encontraban en la siguiente situación: i) Blanca Stella
Castro García ejercía el cargo profesional universitarios desde el 22 de
febrero de 1989 y para la fecha de la reestructuración aportó documentos que
acreditaron la condición de madre cabeza de familia; i) María Cristina
Merchán González ejercía el cargo referido desde el 23 de abril de 1992 y se
encontraba en estado de embarazo para la época de la supresión; iii) Carlos
Hernán Pineda Jiménez estaba vinculado al empleo de profesional
universitario desde el 8 de julio de 1986; iv) Luis Alberto Rojas González fue
vinculado desde el 19 de julio de 1983; v) Luis Demófilo Niño Porras,
vinculado desde el 12 de junio de 1986 y vi) Álvaro Pulido Jiménez vinculado
desde el 6 de mayo de 1977.
A su vez, la tabla de valoración del nivel profesional realizada para adoptar la
estructura de la gobernación de Boyacá en la época de la supresión da
cuenta de que el demandante ocupaba el cargo de profesional universitario
desde el 12 de junio de 1992.
La sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 28 de
febrero de 2008, acusada de error, negó las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque si bien encontró demostrado que el
actor obtuvo una calificación de servicios superior a la de otros profesionales
universitarios, echó de menos las pruebas relativas al análisis de
antecedentes disciplinarios, hoja de vida y estudios realizados, así como las
que dieran cuenta de la situación de los servidores incorporados para
establecer si se encontraban en una de las circunstancias de ‘favorabilidad
señaladas en el estudio técnico para efectos de la incorporación a la nueva
planta, ni allega documento en el que se especifiquen las funciones
específicas correspondientes al cargo que venía desempeñando’.
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Referencia: Acción de tutela
4.3. Análisis del caso
(…).
El Tribunal Administrativo de Boyacá, al realizar el análisis de legalidad de los
acto precisó: i) que el gobernador tenía la facultad de suprimir empleos de las
dependencias del ente territorial con sujeción a la ley y a las ordenanzas que
así lo disponen; ii) que en virtud del ejercicio de esa facultad, el gobernador
suprimió, entre otros empleos, el de profesional universitario 340-11 que
desempeñaba el demandante, ili) que en el acto de comunicación de la
supresión el gobernador informó la posibilidad de optar entre la incorporación
y la indemnización y iv) que el estudio técnico que sustentó la reforma de la
estructura administrativa fijó como parámetros para la incorporación de
empleados, los siguientes:
‘Formación académica, experiencia laboral, antecedentes disciplinarios y
evaluación de desempeño; en el mismo se aclara que se favorecerán en la
vinculación a discapacitados e incapacitados permanentes, madres cabeza de
familia, las mujeres en estado de gravidez, personas a quienes se incorpora
por mandato judicial, los empleados con fuero sindical.
De acuerdo con lo anterior, manifiesta la Sala que los actos administrativos
gozan de la presunción de legalidad y de ser expedidos por motivos del buen
servicio público, razón por la cual le corresponde a quien alega lo contrario, la
obligación procesal de probar que el mismo no se ajusta a derecho o no se
dictó por razones del buen servicio.
Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el actor señala que
la conducta de la administración refleja en la reforma administrativa decretada
por medio de los actos objeto de nulidad constituye un alarde de ilegalidad y de
injusticia, dicha manifestación no conlleva a probar de manera clara y
fehaciente que realmente así sucedió (sic).
(...)
Para que una aseveración de ésta naturaleza tuviera fundamento era necesario
probar que los servidores vinculados a la nueva planta de personal no reúnen
los requisitos fijados por la administración, lo que no sucedió, dado que no
puede aceptarse que las solas afirmaciones subjetivas sean factor
determinante para configurar la ilegalidad del acto’.
Así las cosas, el contenido de la sentencia acusada de error muestra que la
decisión judicial tuvo sustento razonable en el incumplimiento de la carga
probatoria del actor, pues si bien demostró el puntaje obtenido en la
evaluación de desempeño, esa sola circunstancia resultaba insuficiente para
desvirtuar la legalidad de los actos, dado que existían casos de protección
laboral especial previstos en el estudio, técnico, que desplazaban el
presupuesto de calificación, por lo que ‘era necesario probar que los
servidores vinculados a la nueva planta no reúnen los requisitos fijados por la
administración’.
En ese orden, no es posible considerar que incurrió esa judicatura en el error
jurisdiccional que el demandante le atribuye, ni inferir que esa decisión causó
daño antijurídico.
Una vez revisada la anterior providencia, se tiene que el razonamiento efectuado
por la autoridad judicial accionada en modo alguno se torna arbitrario o abrupto y,
por el contrario, se realizó con fundamento en las pruebas recaudadas en el
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Radicación: 110010315000202204457 00
Accionante: Óscar Humberto Mariño Valbuena
Accionado: Consejo De Estado – Sección Tercera –
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
proceso, según las cuales se consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá
no incurrió en un error judicial en la expedición de la sentencia del 28 de febrero
de 2008, toda vez que dicha decisión resultaba razonable, por cuanto la parte
actora probó el puntaje obtenido en la evaluación de desempeño; sin embargo, no
acreditó que las personas seleccionadas no se encontraran en casos de
protección laboral especial, situación prevista en el estudio técnico efectuado para
tal fin y, por consiguiente, no logró desvirtuar la legalidad de los actos
administrativos cuestionados.
Adicionalmente, vale la pena recordar que, como lo ha precisado la Corte
Constitucional, cuando se cuestionan decisiones proferidas por las altas cortes se
debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”6 y, en ese sentido, se tiene que si
bien la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se
pronunció respecto de los casos que la parte actora consideró que tenían
situaciones similares, lo cierto es que al analizar la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho junto con las pruebas recaudadas, así como su sustento normativo, se
tiene que, en ejercicio de su autonomía funcional, estimó de forma razonada que
no se configuró un error judicial.
En línea con lo anterior, frente al defecto fáctico alegado por la omisión de
valoración del oficio del 2 de febrero de 2012 proferido por la Dirección de Gestión
de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, la Sala advierte que con dicho
documento la parte actora pretendía acreditar los perjuicios sufridos como
consecuencia del error judicial alegado; sin embargo, como no se probó la
configuración del aludido error, en el ámbito del juez constitucional, no resulta
relevante la omisión de dicha prueba, toda vez que no tiene la virtualidad de
modificar la decisión cuestionada y, tal y como lo ha precisado la Corte
Constitucional, “para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, El error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
6
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13
Radicación: 110010315000202204457 00
Accionante: Óscar Humberto Mariño Valbuena
Accionado: Consejo De Estado – Sección Tercera –
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto”7.
Así las cosas, la Sala negará el amparo solicitado, por las razones expuestas en
precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
7
Corte Constitucional, sentencia SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
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