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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04461-00

Fecha
7 de octubre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04461-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: ORDENAR la acumulación de las acciones de tutela de los procesos No. 11001-03-15-000-2022-04461-00 y No. 11001-03-15-000-2022- 04466-00, por los fundamentos dados (acápite 2.1). SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Interior, por lo expuesto anteriormente. TERCERO: TENER al Consejo Nacional Electoral (CNE) como coadyuvante del accionante Praxedes Ospina Ordóñez, por los motivos expuestos. 20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de junio de 2021, radicado No. 11001-03- 15-000-2021-02025-00 (acumulado); Sentencia de 30 de agosto de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021- 02314-01 (acumulado). 11 de 12 Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00 Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro Demandados: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Declara improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE las acciones de tutela promovidas por Praxedes Ospina Ordóñez y Duberney Perdomo Acevedo, de conformidad con los motivos dados. QUINTO: Por Secretaría, REALIZAR las anotaciones y registros pertinentes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI para los procesos acumulados. SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21. SÉPTIMO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. OCTAVO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04461-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C, 7 de octubre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00
11001-03-15-000-2022-04466-00 (Acumulado)1
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN/ Subsidiariedad/ ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Falta de legitimación activa en la causa.

Síntesis del caso: Los demandantes enjuiciaron una norma que contempla una prohibición
sobre la inscripción de candidaturas a las circunscripciones transitorias de paz en la
Cámara de Representantes del Congreso de la República. Asimismo, solicitaron, como
medida provisional, la suspensión de la medida cautelar decretada en un proceso de
nulidad electoral adelantado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, contra el acto
de elección de un representante a la Cámara por una de esas circunscripciones para el
período 2022-2026.

De acuerdo con la competencia asignada2, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, las acciones de tutela presentadas por Praxedes Ospina
Ordóñez (2022-04461-00) y Duberney Perdomo Acevedo (2022-04466-00)
contra la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior3.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.3. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 16 y 17 de agosto de 2022, Praxedes Ospina Ordóñez y Duberney
Perdomo Acevedo, respectivamente, presentaron acción de tutela contra
la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y a elegir y ser
elegido, con ocasión de la expedición del Decreto 1207 de 20214,
específicamente, el inciso 2 del artículo 13 de dicha normatividad que
contempla una prohibición en relación con la inscripción de candidaturas

1 La Sala anticipa que se acumularán las tutelas de la referencia y que el fundamento de tal decisión, por

economía y celeridad, se hará en la parte considerativa de esta providencia, concretamente en el acápite
denominado “Acumulación de procesos”, y no en un auto aparte.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
3 La Sala precisa que como las tutelas 2022-04461-00 y 2022-04466-00 guardan identidad de causa, objeto y parte

accionada, se abordará su estudio de manera conjunta y sin hacer distinción entre ambas.
4 “Por el cual se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, en desarrollo del Acto
Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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a las circunscripciones transitorias de paz en la Cámara de Representantes
del Congreso de la República.

2. A título de amparo constitucional, los demandantes solicitaron (se
trascribe):

“PETICIONES. Respetuosamente y en calidad de víctimas como sujetos de
especial protección constitucional solicitamos:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la Igualdad y a elegir y ser
elegido y se ordene a la Presidencia de la Republica se modifique el Art. 13 del
Decreto 1207 de 2021, de tal manera de que el mismo cumpla con principios
constitucionales y convencionales, así como la finalidad y teleología del
legislador derivado al analizar las gacetas y conciliaciones del congreso al
momento de expedir la norma, se y aplique una interpretación acorde a los
derechos fundamentales de las víctimas, el derecho a la igualdad y el
derecho fundamental de elegir y ser elegido, de conformidad a los
fundamentos dados en la presente acción constitucional de tutela.

MEDIDA CAUTELAR Respetuosamente y en calidad de víctimas como sujetos
de especial protección constitucional solicitamos:

PRIMERO: SE ORDENE suspender o dejar sin efectos la medida cautelar de
suspensión provisional del acto administrativo de elección dentro del proceso
de nulidad electoral radicado No. 11001-03-28-000-2022-0071-00, hasta tanto la
Corte Constitucional resuelva o decida de fondo la presente acción tutelar o
hasta tanto al Presidencia de la Republica modifique el Art. 13 del Decreto
1207 de 2021.

SEGUNDA: SE ORDENE suspender los trámites judiciales de nulidad electoral
que cursen en donde se base la solicitud de nulidad en el Art. 13 del Decreto
1207 de 2021, el cual está siendo objeto a través de la presente tutela y
también está siendo objeto de estudio por la Honorable Corte Constitucional
en los procesos bajo el expediente PE-052 y con ocasión al traslado por
competencia efectuado por el Consejo de Estado mediante providencia del
dos de agosto de esta anualidad expedido por el Magistrado Moreno Rubio,
el cual también versa sobre la misma norma mencionada¨.

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) El 19 de marzo de 2022, Jhon Fredy Núñez Ramos, candidato por la
Fundación Igualdad Social para ocupar una de las 16 curules de las
circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de
Representantes (CTEPCR), fue elegido como representante de la
circunscripción 55, de conformidad con el formulario “E-26 CTP” de esa
fecha.

5. 2) El 15 de julio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda de nulidad electoral, Rad. 11001-03-28-000-2022-
00071-00, presentada en contra de la elección de Jhon Fredy Núñez Ramos
y, adicionalmente, decidió suspender, como medida cautelar, el acto

5 Comprendida por municipios del departamento del Caquetá: Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes,

Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncella, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua,
San Vicente del Caguán, Solano, Solita Valparaíso, y el municipio de Algeciras del departamento del Huila.
Información obtenida del Acto Legislativo No. 2 de 25 de agosto de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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administrativo de elección contenido en el formulario E-26 CTP, con
fundamento en el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 1207 de 20216.

6. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Presidencia de la República indujo a error a la Sección Quinta del Consejo
de Estado, respecto de la interpretación del inciso 2 del artículo 13 del
Decreto 1207 de 2021, lo que dio lugar a que, por Auto de 15 de julio de
2022, la autoridad judicial referida admitiera la demanda de nulidad
electoral en contra de la elección de Jhon Fredy Núñez Ramos y
decretara, como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo
de elección contenido en el formulario E-26 CTP, situación que, a su juicio,
lo dejó sin representación como víctima del conflicto armando en la
Cámara de Representantes del Congreso de la República.

7. Adujo que dicha noma estipuló (se trascribe) “causales de
inhabilidad autónomas que, en todo caso, se aleja de la teología del acto
legislativo”, pues, dar un trato desigual a los partidos políticos con
personería jurídica respecto a los partidos sin personería jurídica implicaba
un criterio discriminatorio e injustificado ante la ley, ya que, en su parecer,
la inhabilidad debía recaer sobre el candidato, sin importar la pérdida o no
de la personería jurídica de un determinado partido político.

8. En esa medida, sostuvo que el alcance de dicha norma debía
comprender que la inhabilidad no era perpetua, sino que extendía
únicamente por 5 años a la última vez que el ciudadano fue elegido, en
virtud de los principios pro homine e interpretación restrictiva de las
inhabilidades. De lo contrario (se trascribe) “sería tanto como supeditar el
derecho de elegir o ser elijo y a la igualdad a una condición o requisito
externo, incierto e indeterminable a la voluntad del ciudadano”, lo que, en
su criterio, conllevaría a una violación a los derechos fundamentales de las
víctimas, el candidato y todo el electorado.

9. Indicó que, en atención a la jurisprudencia constitucional, el requisito
de subsidiariedad, en el caso concreto, se flexibilizaba porque, de por
medio, estaba el estudio de los derechos de la población desplazada y la
existencia de un perjuicio irremediable, consistente en la falta de
representación de las víctimas en la Cámara de Representantes del
Congreso, por (se trascribe) “la postura discriminatoria de la Presidencia de
la Republica en el Inciso 2 del Artículo 13 del Decreto 1207 de 2021” que
indujo en error a la Sección Quinta del Consejo de Estado al momento de

6 "Artículo 13. Prohibición para inscribir candidaturas a las circunscripciones transitorias especiales de paz de

quienes hayan sido candidatos o miembros de las direcciones de los partidos. No podrán presentarse como
candidatos quienes hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o
movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica.
Tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya personería jurídica se haya
perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la inscripción”. (Se resalta).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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suspender, como medida cautelar, el acto de elección de Jhon Fredy
Núñez Ramos.

1.2. Posición de la parte demandada y terceros7

10. La Presidencia de la República puso de presente que la tutela no era
el mecanismo idóneo para resolver los reparos de índole constitucional y
legal en contra del Decreto 1207 de 2021, ya que para ello procedía la
nulidad o nulidad por inconstitucionalidad. Al respeto, informó de la
existencia de la tutela No. 11001-03-15-000-2021-06868-00, que debatió un
asunto similar al de la referencia y que fue rechazada por improcedente.

11. Señaló que ni el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ni el Presidente
de la República habían vulnerado los derecho fundamentales del
accionante, máxime cuando se reprocharon acciones u omisiones de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, ajenas a sus competencias, por lo
cual, además, alegó que carecían de legitimación pasiva en la causa y,
por ende, solicitó su exclusión o desvinculación.

12. El Ministerio del Interior hizo alusión a una falta de legitimación pasiva
en la causa y, en consecuencia, solicitó su desvinculación por no haber
sido la entidad que, por acción u omisión, vulneró el derecho alegado por
el actor. En relación con los hechos y pretensiones de la tutela, precisó que
no se acreditó la vulneración ni se demostró un perjuicio irremediable y,
además, que el Decreto 1207 de 2021 se encontraba en estudio por la
Corte Constitucional, por lo que la tutela, de acuerdo con el requisito de
subsidiariedad, no era el mecanismo idóneo para controvertir su legalidad.

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se negara el
amparo solicitado. Para ello indicó que, respecto de la pretensión de
suspensión de las providencias que profirió en el proceso de nulidad
electoral, Rad. 11001-03-28-000-2022-00071-00 (Autos de 14 de julio y 18 de
agosto de 2022), el señor Ospina Ordóñez carecía de legitimación activa
en la causa, en la medida que no hacía parte y tampoco había solicitado
ser reconocido como interviniente en el mismo, y que, en caso de
encontrarse acreditado dicho aspecto procesal, las providencias

7 Mediante Auto de 22 de agosto de 2022, notificado el 29 de agosto siguiente, el despacho ponente resolvió en

la acción de tutela No. 2022-04461-00: (1) admitirla, (2) tener como demandados a la Presidencia de la
República y al Ministerio del Interior, (3) vincular, en calidad de terceros, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, al Departamento Administrativo de Función Pública, a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, al Consejo Nacional Electoral y a Jhon Fredy Núñez Ramos y (4) negar la solicitud de medida provisional
solicitada. Mientras que, a través del Auto de 23 de agosto de 2022, notificado el 31 de agosto siguiente, el
despacho del Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López resolvió en la acción de tutela No. 2022-04466-00: (1)
admitirla, (2) tener como demandados a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior, (3) vincular a la
Sección Quinta del Consejo de Estado y (4) negar la medida provisional solicitada.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que en ambas tutelas los demandados son los mismos y se vinculó a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo que no se hará distinción de sus informes.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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cuestionadas debían quedar incólumes porque se encontraban
soportadas en las normas y pruebas aportadas.

14. El Departamento Administrativo de la Función Pública se opuso a las
pretensiones formuladas por el accionante porque no le violó ni amenazó
alguno de sus derechos fundamentales y, adicionalmente, porque la tutela
no satisfizo el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que, para
cuestionar la legalidad del Decreto 1207 de 2012, se contaba con otros
mecanismos ordinarios de defensa y no se vislumbrara la ocurrencia de un
perjuicio irremediable. Frente al cuestionamiento de la decisión dictada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, indicó que no se avizoraba
reparo alguno y que, además, estaba en curso el proceso de nulidad
electoral en contra el señor Núñez Ramos. Por lo expuesto, solicitó que se
declarara la improcedencia de la tutela.

15. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que no era la
entidad a la que se le atribuía la vulneración alegada en el escrito de
tutela, por lo que solicitó su desvinculación. En todo caso, sostuvo que el
asunto planteado no podía ser reclamado por esta vía, dado que no
involucraba la afectación a derechos fundamentales y no cumplía con
requisitos de procedibilidad por dirigirse contra un acto de carácter
general, impersonal y abstracto (Decreto 1207 de 2021) y cuestionar una
decisión que fue dictada en ejercicio de la autonomía y competencia del
juez natural del proceso de nulidad electoral No. 2022-00071-00.

16. El Ministerio de Justicia y del Derecho informó, vía correo electrónico,
que adjuntaba la respuesta MJD-EXT22-00Ñ24488 de 29 de agosto de 2022,
pero, únicamente, allegó documentos en los que constaban los soportes
de delegación y representación8.

17. El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que se oponía a la
prosperidad de las pretensiones, toda vez que ese órgano no vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante, quien pretende que se
deje sin efectos la medida cautelar decretada en el proceso de nulidad
electoral No. 2022-00071-00. En ese orden, consideró que se configuraba
una falta de legitimación pasiva en la causa. Sin embargo, coadyuvó la
tutela en el sentido que (se trascribe):

“esta Corporación mediante concepto del 29 de octubre 20219(…), determinó
que la interpretación adecuada radica en que la limitante temporal aplica
también a los candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de los
partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con
personería jurídica, por lo tanto, ese debe ser el objeto de la litis y que se
encuentra en la medida cautelar tomada sin un sustento probatorio que

8 Ver índice 20 de la acción de tutela de la referencia en SAMAI.
9 “Consulta sobre la inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz de la cámara

de representantes y la facultad reglamentaria de las entidades del estado del acto legislativo 2 de 2021. M.P.
César Augusto Abreo Méndez.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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permita determinar si se configura o no la causal de inhabilidad y por ende no
se cumplen con los parámetros exigidos por las normas constitucionales,
legales y por la jurisprudencia vigente para tomar esa clase de medidas”.

18. Los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Jhon
Fredy Núñez Ramos guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Acumulación de procesos. 2.2. Legitimación pasiva en la causa y solicitud
de coadyuvancia. 2.3. Metodología de estudio. 2.4. Procedencia de la acción de tutela
por acción u omisión de autoridad pública. 2.5. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.6. Conclusiones.

2.1. Acumulación de procesos

19. Mediante Auto de 9 de septiembre de 2022, el consejero de Estado
Oswaldo Giraldo López remitió al despacho ponente la acción de tutela
con radicado No. 11001-03-15-000-2022-04466-0010, para que se estudiara
la posible acumulación con la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2022-
04461-00.

20. En virtud de lo anterior, se advirtió que en las acciones de tutela
referidas se cuestionó el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 1207 de 2021,
concretamente su aplicación e interpretación frente a la suspensión del
acto de elección de Jhon Fredy Núñez Ramos como representante a la
Cámara de Representantes por la circunscripción 5 transitoria especial de
paz; ambas acciones se dirigieron contra las mismas autoridades públicas
(Presidencia de la República y Ministerio del Interior); y, su fundamento lo
constituyó la presunta vulneración de los mismos derechos fundamentales
(igualdad y elegir y ser elegido). Incluso, en ambas so solicitó la misma
petición y medida cautelar.

21. De conformidad con los artículos 2.2.3.1.3.111 y 2.2.3.1.3.312 del
Decreto 1834 de 2015, el despacho ordenará en la parte resolutiva de esta
providencia la acumulación de procesos, en la medida que guardan
identidad fáctica y jurídica y el conocimiento de la tutela No. 11001-03-15-
000-2022-04461-00 se avocó primero.

10 El cual ingresó al despacho el 26 de septiembre de 2022. Tal como consta en la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial – SAMAI.
11 “ARTÍCULO 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la

protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y
misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial
que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
(…)”.
12 ARTÍCULO 2.2.3.1.3.3. Acumulación y fallo. El juez de tutela que reciba las acciones de tutela podrá acumular

los procesos en virtud de la aplicación de los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del presente decreto, hasta antes de
dictar sentencia, para fallarlos todos en la misma providencia.
Contra el auto de acumulación no procederá ningún recurso.
(…)”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2.2. Legitimación pasiva en la causa y solicitud de coadyuvancia

22. En atención a las solicitudes de desvinculación efectuadas por la
Presidencia de la República, el CNE y los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y del Interior, con fundamento en una falta de legitimación pasiva
en la causa, la Sala no accederá a estas porque, de un lado, la primera
entidad ostenta la calidad de accionadas dentro del presente trámite
constitucional y respecto de ella, expresamente, el actor planteó la
pretensión tendiente a la modificación del Decreto 1207 de 20021. De otro
lado, las otras 3 entidades no obran como parte demandada, ya que su
vinculación se hizo en calidad de terceros con interés.

23. En cambio, respecto a la solicitud de coadyuvancia elevada
también por el CNE respecto de Praxedes Ospina Ordóñez, la Sala
accederá a la misma, comoquiera que el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991 estableció expresamente que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo
en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho
la solicitud”, y sobre este tema en particular, la jurisprudencia
constitucional13 ha dispuesto que (se trascribe):

“la coadyuvancia tiene las siguientes reglas: (i) la participación del
coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones
presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es
decir, no puede formular pretensiones propias de amparo a sus derechos
fundamentales; (ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de
que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta
antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la
Corte Constitucional, según sea el caso”.

24. En ese orden, como la posición del CNE, tercero con interés, estuvo
acorde con la de los accionantes, pues, también cuestionó la medida
cautelar decretada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se le
tendrá como coadyuvante del accionante Praxedes Ospina Ordóñez.

2.3. Metodología de estudio

25. Comoquiera que en el presente asunto se enjuició el Decreto 1207
de 2021, específicamente el inciso 2 de su artículo 13 y, además, en el
acápite de medida provisional, se solicitó la suspensión de la medida
cautelar decretada en el proceso de nulidad electoral No. 11001-03-28-
000-2022-00071-00, la Sala primero estudiará lo concerniente a la acción de
tutela por acción u omisión de autoridad pública, desde la aparente
vulneración de los derechos a la igualdad y elegir y ser elegido con el
decreto referido y, agotado ese análisis, procederá a revisar los requisitos

13 sentencias T-304 de 1996, T- 1062 de 2010, T-269 de 2012, T-070 de 2018 y Auto 401/20.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial y, sólo si se superan aquellos, analizará el fondo de asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela por acción u omisión de
autoridad pública – Decreto 1207 de 2021

26. Habida cuenta que se controvirtió el artículo 13 del Decreto 1207 de
2021), con el fin de que, vía tutela, se ordenara su modificación, la Sala
considera que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad14, ya que 1)
existe un mecanismo de defensa judicial idóneo que está en trámite y, 2)
no se acreditó un perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela
como mecanismo transitorio.

27. Lo anterior obedece a que, en la tutela No. 11001-03-15-000- 2021-
06868-00, de la cual hizo mención la Presidencia de la República en su
informe, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante fallo de 8 de noviembre de 2021, rechazó por improcedente la
tutela interpuesta por otro demandante, quien, igualmente, cuestionó el
artículo 13 del Decreto 1207 de 2021, tras considerar que para ello se podía
(se trascribe) “(…) ejercer el medio de control de simple nulidad previsto en
el artículo 137 del CPACA, o el de nulidad por inconstitucionalidad,
señalado en el artículo 135 ibidem, a fin de lograr que el juez competente
realice un estudio de legalidad del artículo 13 del Decreto 1207 de 2021,
expedido por el Gobierno Nacional” y allí solicitar, como medida cautelar,
la suspensión provisional de los efectos de dicha norma.

28. Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que demandas de
nulidad por inconstitucionalidad15, en contra del Decreto 1207 de 2021,
fueron remitidas por el Consejo de Estado a la Corte Constitucional, tras
considerar que, por tratarse de una norma con fuerza de ley (decreto
autónomo), la competencia era de aquella. En esa medida, la Corte
Constitucional determinó que, efectivamente, la competencia era suya y,
por ende, decidió rechazar las demandas de inconstitucionalidad, pero es
su lugar, dispuso que adelantaría un “control oficioso, integral y definitivo”
del Decreto 1207 de 202116.

14 “Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
15 Interpuestas por Luis Darío Márquez Hernández, Jhon Fredy Núñez Ramos y Norman Germán Granja Angula en

2021 y 2022.
16 En el Auto de 14 de marzo de 2022, expedientes D-14683 y D-14684, el magistrado José Fernando Reyes

Cuartas resolvió (se trascribe) “Primero: RECHAZAR las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los
ciudadanos Luis Darío Márquez Hernández y John Freddy Núñez Ramos contra el Decreto 1207 de 2021, “por
medio del cual se adoptan disposiciones para la elección de representantes a la Cámara por las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030”. Segundo: SOLICITAR al
Presidente de la República que, en el término de los diez días siguientes a la notificación del presente proveído,
remita a la secretaría general de la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto 1207 de 2021, así como los
antecedentes de su expedición, a fin de que el asunto pueda ser tramitado de manera oficiosa, integral y
definitiva por esta corporación. Tercero: SOLICITAR a la secretaría general de la Corte que las demandas de la
referencia sean incluidas en su momento en el expediente de control oficioso, integral y definitivo del Decreto
1207 de 2021, a modo de intervenciones ciudadanas. Cuarto: SOLICITAR a la secretaría general de la Corte que

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

29. De acuerdo con lo anterior y la búsqueda del proceso de control
oficioso, integral y definitivo del Decreto 1207 de 2021 en la página de la
Corte Constitucional17, se constató que le correspondió el radicado PE-052,
fue repartido al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, el 2 de agosto
de 2022 y, en él, se incorporaron las demandas D-14683, D-14684, D-14735 y
D-14391. Además, se evidenció que, mediante Auto de 17 de agosto de
2022, el aludido magistrado, entre otras, avocó conocimiento del Decreto
1207 de 2021, decretó pruebas y dispuso que, una vez estas se recibieran,
se corriera traslado a la Procuradora General de la Nación por el término
de 30 días para que rindiera el concepto previsto en el artículo 275.5 de la
Constitución. Además, comunicó y fijó en lista dicha providencia para que
la ciudadanía y ciertas instituciones, si a bien lo tenían, intervinieran.

30. Por lo expuesto, la Sala determina que existe un mecanismo de
defensa judicial idóneo y eficaz, a saber, “el control oficioso, integral y
definitivo” del Decreto 1207 de 2021 que está en trámite en la Corte
Constitucional y, en esa medida, lo controvertido está a la espera de
resolución por parte del juez natural, respecto del cual, no es factible que
el juez de tutela invada su órbita de competencia y desconozca la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, para así pronunciarse sobre
aspectos que se encuentran pendientes de ser resueltos por parte de
aquel, pues, como se evidenció, el referido control PE-052 está en período
probatorio y traslado.

31. Sumado a lo anterior, la Sala considera que la parte accionante no
acreditó en debida forma la existencia del perjuicio irremediable
consistente en la falta de representación de las víctimas en la Cámara de
Representantes del Congreso, por (se trascribe) “la postura discriminatoria
de la Presidencia de la Republica en el Inciso 2 del Artículo 13 del Decreto
1207 de 2021” que indujo en error a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, comoquiera que no demostró cómo el Decreto Ley aludido afectó
o limitó de manera caprichosa y/o arbitraria sus derechos fundamentales,
o creo una situación de urgencia o gravedad que sustente la intervención
y la toma de medidas impostergables por parte del juez de tutela.

una vez recibida la documentación señalada en el ordinal segundo y, de conformidad con los artículos 40 del
Decreto ley 2067 de 1991 y 39 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, sea sometido al programa de
trabajo y reparto respectivo a cargo de la Sala Plena. Asimismo, y para los efectos administrativos de REPARTO
que corresponden, tómese atenta nota de que este trámite ha de radicarse a cargo del suscrito magistrado en
el aparte reservado al procedimiento propio de LE. (…)”. Dicha decisión fue objeto de recurso de súplica, el cual
fue rechazado por improcedente, pues, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Auto 658 de 11 de mayo de
2022, determinó que no se había cumplido con el requisito de carga argumentativa. En esa medida, ordenó que
se incluyera el memorial del recurso como intervención ciudadana dentro del expediente de control oficioso,
integral y definitivo del Decreto 1207 de 2021.
17

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultac/proceso.php?proceso=13&campo=rad_asunto&d
ate3=1992-01-01&date4=2022-10-04&todos=%25&palabra=DECRETO+1207+

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La Sala declarará la improcedencia de las acciones de tutela de la
referencia por no satisfacer el requisito de legitimación activa en la causa.

33. El artículo 86 de la Constitución Política, así como el artículo 1 del
Decreto 2591 de 1992, establecen que toda persona puede acudir a la
acción de tutela (se trascribe) “para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.

34. En el mismo sentido, el artículo 1018 del aludido decreto dispone que
la acción de tutela puede ser presentada por cualquier persona, en
nombre propio, actuando por sí mismo o mediante apoderado, o a través
de la figura de la agencia oficiosa, pero para que sea procedente se
requiere de una vulneración o amenaza de sus derechos. En los términos
de la Corte Constitucional (se trascribe) “la legitimación en la causa por
activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados”19.

35. Asimismo, se destaca que la Corte Constitucional, en atención a la
naturaleza propia de esta acción constitucional y sin desconocer su
carácter informal, ha precisado que el ejercicio de esta acción está
sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad,
entre los que se encuentra la legitimación.

36. En el caso en particular, se advirtió que el medio de control de
nulidad electoral que dio lugar a la providencia cuya suspensión se solicitó
(Auto de 14 de julio de 2022) , fue presentada por la ciudadana Sandra
Milena García Penna, orientado a obtener la nulidad del acto de elección
de Jhon Fredy Núñez Ramos; de suerte que, en principio, los únicos
legitimados en la causa para promover la presente acción constitucional
son las partes de ese proceso, es decir, quienes actuaron en calidad de
demandante y demandado.

37. Habida cuenta que Praxedes Ospina Ordóñez y Duberney Perdomo
Acevedo promovieron, en nombre propio, las tutelas objeto del presente
estudio, la Sala considera que no son los titulares de los derechos

18 “Artículo 10. Legitimidad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales “.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 2006.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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fundamentales presuntamente vulnerados y, por ende, no eran los
llamados a reclamar la protección de los mismos, toda vez que no hicieron
parte del proceso de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-2022-00071-00.

38. En consecuencia, se concluye que los demandantes no tienen
legitimación activa en la causa para instaurar las correspondientes tutelas
y que dicho requisito no se supera con fundamento en la vulneración de
sus derechos a elegir y ser elegido y a participar en el ejercicio y control del
poder político y su participación en la jornada electoral en la que resultó
elegido el señor Núñez Ramos, pues, como lo ha dicho esta Subsección20,
en tales casos la legitimación en la causa radica única y exclusivamente
en las partes del proceso ordinario en el que se expidió la providencia
objeto de tutela.

2.6. Conclusiones

39. La Sala declarará improcedente las acciones de tutela acumuladas
porque respecto de la acción u omisión de autoridad pública (expedición
del Decreto 1207 de 2021) no se cumplió con el requisito de subsidiariedad
y frente a la providencia judicial que decretó la medida cautelar en el
proceso de nulidad electoral No. 2022-00071-00, los accionantes no tienen
legitimación activa en la causa.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR la acumulación de las acciones de tutela de los
procesos No. 11001-03-15-000-2022-04461-00 y No. 11001-03-15-000-2022-
04466-00, por los fundamentos dados (acápite 2.1).

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Presidencia de la
República, el Consejo Nacional Electoral y los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y del Interior, por lo expuesto anteriormente.

TERCERO: TENER al Consejo Nacional Electoral (CNE) como coadyuvante
del accionante Praxedes Ospina Ordóñez, por los motivos expuestos.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de junio de 2021, radicado No. 11001-03-

15-000-2021-02025-00 (acumulado); Sentencia de 30 de agosto de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-
02314-01 (acumulado).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04461-00; 11001-03-15-000-2022-04466-00
Demandantes: Praxedes Ospina Ordóñez y otro
Demandados: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE las acciones de tutela promovidas
por Praxedes Ospina Ordóñez y Duberney Perdomo Acevedo, de
conformidad con los motivos dados.

QUINTO: Por Secretaría, REALIZAR las anotaciones y registros pertinentes
en el aplicativo de gestión judicial SAMAI para los procesos acumulados.

SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud
contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21.

SÉPTIMO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

OCTAVO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

21 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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