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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04467-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04467-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 7 de octubre de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicación: 11001-03-15-000-2022-04467-01 Demandante: Irma Olaya Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04467-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de marzo de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04467-01
Demandante: Irma Olaya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04467-01
Demandante: IRMA OLAYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por ejecución extrajudicial. Liquidación de
perjuicios morales. Desconocimiento de precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa por conducto de apoderada judicial,
contra la sentencia de 7 de octubre de 2022, dictada por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela en la que
resolvió negar sus pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que el 22 de octubre de 2007, su hijo Luis Ernesto Vargas Olaya
fue víctima de una ejecución extrajudicial perpetrada por el Batallón de Infantería
No. 26 “Cacique Pigoanza” del Ejército Nacional, junto a otros dos jóvenes -Diego
Armando Cárdenas Sánchez y Marlio Mauricio Murillo Quintero-.

Señaló que el Ejército Nacional reportó a las víctimas como muertes en un
enfrentamiento en hechos supuestamente ocurridos en la vereda Potrerillos del
municipio de Gigante, Huila, lugar al que, la actora aseguró, fueron transportados
por los militares para asesinarlos.

Afirmó que junto con los familiares de las víctimas presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con el fin de acceder a la indemnización por los perjuicios derivados de
la ejecución extrajudicial perpetrada por miembros de dicha institución.

Indicó que, en primera instancia, en sentencia de 28 de noviembre de 2014 el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva negó las
pretensiones de la demanda al encontrar probada la causal de exoneración de
1
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Demandante: Irma Olaya

responsabilidad del Estado de culpa exclusiva de la víctima. Agregó que esa
decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del
Huila en proveído de 7 de febrero de 2018.

Aseveró que, frente a la anterior decisión, la parte demandante presentó acción de
tutela, la cual fue resuelta en primera instancia en sentencia de 15 de noviembre
de 2018 por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado1, en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda. Esa determinación fue
confirmada por sentencia de 11 de abril de 2019 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

Adujo que el expediente fue seleccionado para revisión por la Corte
Constitucional, que por medio de la sentencia T-214 de 20202 revocó los fallos de
tutela proferidos en primera y segunda instancia. En su lugar, amparó los
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad los cuales consideró
vulnerados por haberse configurado un defecto fáctico por la valoración
defectuosa de los elementos probatorios que obraban en el expediente por cuanto,
indicó, el Tribunal Administrativo del Huila “no valoró la integridad del material
probatorio existente en dicho proceso al desconocer las reglas aplicables a la
valoración probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Específicamente se refirió a las siguientes pruebas: (i) el informe de química
aplicada y sustancias controladas suscrito por el CTI el 18 de enero de 2018, (ii) el
informe de entrega de EMP y EF suscrito por la Policía Judicial, en el que consta
que en el lugar de los hechos no fueron encontradas vainillas pertenecientes a una
de las armas (pistola V- Bernardelli 7-65), pese a que la misma tenía su proveedor
vacío, (iii) no analizó con suficiencia los testimonios aportados por parte de los
familiares y conocidos, quienes aseguraron que los fallecidos no hacían parte de
ninguna banda delincuencial y (iv) pruebas trasladadas provenientes de los
procesos disciplinarios y penales.

En consecuencia, ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una nueva
decisión en la que se valorara la totalidad del material probatorio existente en el
proceso de reparación directa.

Aseveró que en cumplimiento de lo decidido por la Corte Constitucional, el
Tribunal Administrativo del Huila profirió decisión de reemplazo el 1 de febrero de
2022 que resolvió revocar la sentencia de 28 de noviembre de 2014 dictada por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva y, en su
lugar, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional-, por los perjuicios derivados de
la muerte de los jóvenes Luis Ernesto Vargas Olaya, Diego Armando Cárdenas
Sánchez y Marlio Mauricio Murillo Quintero.

Por último, afirmó que los perjuicios morales fueron liquidados teniendo como
base el tope indemnizatorio de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV) de acuerdo con el grado de parentesco de los demandantes con las
víctimas.

1
M.P. William Hernández Gómez. Expediente 11001-03-15-000-2018-02938-00.
2
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
acceda a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, defensa igualdad y “derecho [al]
reconocimiento del precedente jurisprudencial”, supuestamente vulnerados con la
sentencia de 1 de febrero de 2022 que resolvió revocar la sentencia de 28 de
noviembre de 2014 dictada por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Neiva y, en su lugar, declaró administrativamente
responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional-, por
los perjuicios derivados de la muerte de los jóvenes Luis Ernesto Vargas Olaya,
Diego Armando Cárdenas Sánchez y Marlio Mauricio Murillo Quintero.

Alegó la configuración del desconocimiento del precedente judicial relativo a los
topes indemnizatorios para liquidar perjuicios morales en los casos de graves
violaciones a derechos humanos que corresponde a 300 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para los parientes de primer grado de consanguinidad y 150
para el siguiente orden. Concretamente alegó el desconocimiento de la sentencia
de unificación de Jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado3.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a la
Administración de Justicia, Derecho a la Defensa, Derecho a la Igualdad, Derecho al
Reconocimiento del Precedente Jurisprudencial, y otros, vulnerados por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA SEXTA DE DECISIÓN.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA QUINTA DE
DECISIÓN, Modificar la sentencia de segunda instancia para aumentar la tasación de
los perjuicios morales, a 300 SMMLV para los demandantes de primer orden y a 150
SMMLV para los demandantes de segundo orden, de conformidad con la sentencia de
unificación de Jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el Consejo de
Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, siendo consejero ponente el Doctor
RAMIRO PAZOS GUERRERO, dentro del expediente número
05001232500019991063-01 ( 32988), es decir teniendo en cuenta la gravedad del
daño moral por la grave violación a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario, es decir, a favor de cada uno de los demandantes del primer
orden, el equivalente a 300 S.M.L.M.V. y a favor de cada uno de los demandantes del
segundo orden, el equivalente a 150 S.M.L.M.V”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 1° de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila.

3
M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente No 05001232500019991063-01.
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Demandante: Irma Olaya

• Copia de la Sentencia T-214 de 2020, dictada por la Corte Constitucional.

Del mismo modo, obra copia digitalizada del expediente radicado con el No. 41-
001-33-31-002-2008-00143-01 correspondiente al proceso de reparación directa
promovido por el señor Cesar Augusto Cárdenas y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de agosto de 2022, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la demandante y
a la autoridad judicial demandada, así como a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
del Circuito de Neiva y a los señores Claudia Milena Montaño Rodríguez, Ernesto
Vargas, John David Espinosa Olaya, Judith Sánchez González, Pablo Esteban
Chavarro Sánchez, Juan Camilo Chavarro Sánchez, Rufino Cárdenas Oviedo,
Juan David Cárdenas Calderón, César Augusto Cárdenas Sánchez, William
Orlando Sánchez, Luz Dary Quintero Javela, Héctor Murillo Sánchez, Yorman
Andrés Murillo Quintero, Judy Viviana Murillo Quintero, John Wilmar Murillo
Almario, Jon Robinson Murillo Quintero, Yazmin Espinosa Olaya, Martha Cecilia
Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa Olaya, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Neiva

La titular del despacho judicial puso en conocimiento que el proceso de reparación
directa radicado bajo el No. 41001333300220080014301, en el que se dictó la
providencia objeto de la acción de tutela, correspondió inicialmente al Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión del Huila y, posteriormente, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito del Huila, por lo que se abstuvo de efectuar
algún pronunciamiento4.

6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

Quien ejerce el cargo de coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional pidió
que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela, al considerar que la
autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento
del precedente judicial a los que se hizo referencia en la demanda.

Al respecto, indicó que la autoridad judicial accionada realizó un análisis del
precedente judicial relativo a los topes indemnizatorios, particularmente, de la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, alegada como desconocida y decidió otorgar
razonablemente los montos normalmente reconocidos.

4
Es importante precisar que por oficio No. 100904 de 21 de septiembre de 2022, se envió por correo
electrónico la respectiva comunicación al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito del Neiva.
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Refirió que la parte actora emplea la acción de tutela como una instancia adicional
por lo que no se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, ello por
cuanto los reproches sobre la valoración de los elementos probatorios que
indicaban que se trataba de un caso de graves violaciones a derecho humanos no
tiene un fundamento constitucional y obedecen al desacuerdo con la decisión.

En ese mismo punto, resaltó que en la demanda de reparación directa la parte
demandante no solicitó el reconocimiento excepcional de los perjuicios morales en
el monto equivalente a 300 SMLMV que ha aplicado la Sección Tercera del
Consejo de Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos, a lo
que agregó que esa decisión responde a los principios de autonomía e
independencia judicial teniendo en cuenta que la regla jurisprudencia establece
que el juez “podrá” otorgar una indemnización mayor en algunos eventos, sin que
sea imperativo para él.

Sobre el particular, aseveró que no fue acreditado en el expediente que los
demandantes presentaran alguna condición especial originada por el dolor
causado por la muerte de sus familiares u otras razones que justifiquen el
aumento de los montos de la condena.

6.3. El Tribunal Administrativo del Huila a través de la Secretaría General remitió
copia digitalizada del expediente No. 41001333100220080014301. Así mismo,
informó acerca de las direcciones de los demandantes, registradas en el proceso,
sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la demanda.

6.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva guardó silencio, aun
cuando fue notificado en debida forma del auto admisorio de la demanda de tutela.

6.5. Respecto de las personas vinculadas al trámite constitucional como terceros
con interés en el resultado, teniendo en cuenta su condición de demandantes en el
proceso de reparación directa objeto de la presente acción de tutela, se observa
que de acuerdo con la constancia secretarial de 20 de septiembre de 2022, se
remitieron las comunicaciones respectivas a las direcciones aportadas por la
apoderada de la actora pero no fue posible porque fueron devueltas por la
empresa de correos 4-72 con las anotaciones “no existe” y “desconocido”. De igual
forma, se requirió en dos oportunidades a quien fungió como su apoderado en el
proceso ordinario para que aportara los datos de contacto, sin embargo, no hubo
respuesta.

En consecuencia, se fijó un aviso en la página web del Consejo de Estado con el
fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera del trámite de la acción
de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

Por sentencia de 7 de octubre de 2022, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que
la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados
porque no incurrió en desconocimiento del precedente judicial alegado,
particularmente de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 proferida
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por la Sección Tercera del Consejo de Estado que estableció que en casos de
graves violaciones a derechos humanos se pueden elevar los topes
indemnizatorios hasta 300 SMLMV.

Al respecto, evidenció que en la sentencia de 1 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila se aplicó la precitada decisión de unificación al
momento de definir el monto de los perjuicios morales y citó la regla fijada en
dicho pronunciamiento relativa a la posibilidad de aumentar el monto de la
indemnización en casos excepcionales hasta tres veces cuando existen
“circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del
daño moral” y, en ese marco, procedió a fijar el monto correspondiente para cada
demandante conforme al orden de cercanía afectiva.

De acuerdo con ello, el a quo consideró que “si bien la tutelante alega estar frente
a un contexto particular de carácter excepcional, por la naturaleza del hecho
delictivo; se debe precisar que los delitos de lesa humanidad, se comprenden
como ‘aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de
los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por
medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas,
generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales
actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad”.

En ese sentido, precisó que para que se configure un delito de lesa humanidad
deben confluir dos elementos importantes: (i) que el acto que ejecute contra la
población civil y (ii) que ello ocurra en el marco de un ataque, condiciones que, a
su juicio, no encontró demostradas el Tribunal Administrativo del Huila luego de
efectuar el examen probatorio en el marco de la normatividad aplicable al caso
concreto y, por lo tanto, no aplicó la excepción a la regla general sobre los topes
indemnizatorios autorizada en la sentencia de unificación referida en la acción de
tutela.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia, pidió que se revocara y se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela.

Adujo que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto sustantivo
porque no liquidó los perjuicios morales conforme a los topes indemnizatorios
fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado para casos de graves
violaciones a los derechos humanos como lo son aquellos que involucran
ejecuciones extrajudiciales conocidos como “falsos positivos”. Afirmó, que pese a
que en el desarrollo de la providencia se reconoció que se estaba frente a ese
escenario, al liquidar no aplicó la regla excepcional sino la general sobre topes
indemnizatorios.

Insistió en que de las pruebas obrantes en el expediente se acredita que “las
víctimas además de haber sido fusiladas sin ningún motivo y en completo estado
de indefensión, estando uno de ellos gravemente lesionado, fueron tildados por el
Ejército como delincuentes y además de toda la tragedia de los familiares para
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identificar y recuperar los cadáveres, la manera como en el transcurrir de este
proceso han sido revictimizados por la Rama Judicial, ha comportado para ellos un
gran sufrimiento y claramente, repito, la manera como fueron vilmente asesinados
estos 3 jóvenes, comportamiento a todas luces violatorio de los Derechos
Humanos”.

Mencionó que los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros
de la fuerza pública son delitos de lesa humanidad porque fueron muchos jóvenes,
parte de la población civil quienes fueron víctimas, a lo que agregó que de acuerdo
con lo reportado en la Jurisdicción Especial para la Paz son 6.402 casos. Destacó
que los tres jóvenes fueron secuestrados y luego fusilados en estado de
indefensión lo que “en el entendimiento de cualquier persona, constituye
gravísimas violaciones a los Derechos Humanos”.

Indicó que la Corte Constitucional en la sentencia T-214 de 2020 reconoció que se
trataba de un caso de graves violaciones a los derechos humanos y con
fundamento en ello ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una
decisión de reemplazo en la que tuviera en cuenta los estándares probatorios
establecidos para esos escenarios.

Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo del Huila está revictimizando a
los demandantes al no reconocer los perjuicios morales conforme a la aplicación
de la regla excepcional establecida en la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que permite fijar el monto en un mayor valor cuando se trata
de casos de graves violaciones a derechos humanos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
el fallo 7 de octubre de 2022 dictado por la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en el que negó las pretensiones de la acción de tutela se debe
confirmar, o si se debe revocar, en tanto el Tribunal Administrativo del Huila en la
sentencia de 1 de febrero de 2022 que declaró a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, responsables patrimonialmente por los perjuicios
derivados de la muerte de los señores Luis Ernesto Vargas Olaya, Diego Armando
Cárdenas Sánchez y Marlio Mauricio Murillo Quintero, incurrió en desconocimiento
del precedente judicial contenido en la sentencia de 28 de agosto de 2014 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, lo que conllevó la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de

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justicia, defensa, igualdad y “derecho [al] reconocimiento del precedente
jurisprudencial” de la actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los

5
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
6
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
7
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
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siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii)
Defecto fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi)
Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación
directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte
Constitucional18.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución al caso concreto

4.1. La actora considera vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, defensa, igualdad y “derecho
[al] reconocimiento del precedente jurisprudencial”, con la sentencia de 1 de
febrero de 202219 que revocó la decisión de 28 de noviembre de 2014 dictada por
el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva y, en su
lugar, declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional-, por los perjuicios derivados de

10
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
11
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
13
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
16
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
17
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
19
Decisión de reemplazo dictada conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-214 de
2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04467-01
Demandante: Irma Olaya

la muerte de los jóvenes Luis Ernesto Vargas Olaya, Diego Armando Cárdenas
Sánchez y Marlio Mauricio Murillo Quintero.

Alegó la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial
contenido en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado20 que, a su juicio, establece que en los
casos de graves violaciones a derechos humanos los perjuicios morales se
liquidan en un monto equivalente a 300 y 150 SMLMV de acuerdo con el orden de
cercanía afectiva con la víctima.

En la sentencia de primera instancia, el juzgador negó las pretensiones de la
demanda de tutela, al considerar que el Tribunal Administrativo del Huila no
desconoció la mencionada sentencia de unificación, en tanto al determinar el
monto de la indemnización de perjuicios morales tuvo en cuenta la regla
jurisprudencial fijada en dicho fallo. Sin embargo, adujo que la autoridad judicial
accionada consideró que no era un asunto en el que de manera excepcional se
debiera establecer una indemnización mayor superando los topes indemnizatorios
de 100 SMLMV porque no se acreditaron circunstancias de mayor intensidad y
gravedad del daño moral. En ese sentido, expresó lo siguiente:

“Pues bien, la accionante alega que se desconoció el precedente jurisprudencial
contenido en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014; no obstante, del
estudio de la decisión recurrida se evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila,
siguió las reglas atinentes al cálculo de la indemnización por daños morales,
basándose precisamente en la ratio decidendi de dicha providencia.

Ahora, pese a que la accionante cuestionó los montos indemnizatorios reconocidos,
basándose en que su caso obedece a una situación particular que ameritaba que
dichos límites fueran sobrepasados, lo cierto es que, del estudio realizado por la
autoridad judicial demandada, no se determinó ninguna razón que permitiera
determinar que se encontrara frente a un caso excepcional”.

Además, consideró que la decisión fue razonable porque en efecto no se
acreditaron los elementos que configuran un delito de lesa humanidad tales como:
(i) que el acto se ejecute o se lleve a cabo en contra de la población civil y (ii) que
ello ocurra en el marco de un ataque. Al respecto, sostuvo:

“La Sala destaca que, si bien la tutelante alega estar frente a un contexto particular de
carácter excepcional, por la naturaleza del hecho delictivo; se debe precisar que los
delitos de lesa humanidad, se comprenden como ‘aquellos actos ominosos que niegan
la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar
contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la
condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente
han padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad’”.

En el escrito de impugnación, la accionante manifestó su desacuerdo con la
decisión de primera instancia e insistió en que se desconoció la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 201421, dictada por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, bajo dos argumentos principales: (i) que se acreditó en el expediente
que se trató de una ejecución extrajudicial perpetrada por miembros del Ejército

20
M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente No 05001232500019991063-01.
21
M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04467-01
Demandante: Irma Olaya

Nacional que “secuestraron” a tres jóvenes que hacían parte de la población civil y
los “fusilaron” para presentarlos como bajas en combate con grupos al margen de
la ley y recibir los beneficios otorgados por estos resultados y (ii) que la Corte
Constitucional en sentencia T-214 de 2020 estableció que este asunto era un caso
de graves violaciones a derechos humanos.

Las circunstancias descritas serán abordadas en el marco de las reglas fijadas en
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 alegada como desconocida
con el fin de determinar si la autoridad judicial accionada las desconoció al
momento de determinar el monto de la indemnización de los perjuicios morales, en
la sentencia de 1° de febrero de 2022, proferida en cumplimiento de la sentencia
T-214 de 2020.

4.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que22: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que
está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en
especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas23:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 24.

22
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
23
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de
que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al
caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica
del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la
aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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Demandante: Irma Olaya

2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto25.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima 26.

Del mismo modo, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-634 de
201127 señaló a vinculatoriedad del precedente judicial tiene mayor fuerza cuando
proviene de las altas cortes toda vez que en estas se encuentra “(i) el
reconocimiento del carácter ordenador y unificador de las subreglas creadas por
los altos tribunales de justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional; y (ii) la exigencia que las decisiones judiciales
cumplan con las condiciones propias de todo discurso racional, esto es, que (a)
incorporen todas las premisas obligatorias para la adopción de la decisión, esto
es, las diversas fuentes formales de derecho, otorgándose prevalencia a aquellas
de superior jerarquía, como la Constitución; (b) cumplan con reglas mínimas de
argumentación, que eviten las falacias y las contradicciones; (c) sean consistentes
con las demás decisiones adoptadas por el sistema judicial, de modo que cumplan
con el requisito de predecibilidad antes anotado”.

4.3. La Sala, con el fin de resolver el asunto bajo examen, estima pertinente hacer
una breve referencia a la sentencia de unificación 28 de agosto de 201428,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado cuyo desconocimiento, a
partir de circunstancias probadas en el expediente ordinario, es el fundamento de
la presente acción de tutela.

En esa decisión, esta Corporación se propuso unificar jurisprudencia en relación
con “i) la excepción a los topes indemnizatorios de los perjuicios morales en casos
en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene origen en graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario y ii) en materia de reparación integral de perjuicios inmateriales por
vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados(…)”

25
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
26
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
27
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28
M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
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Demandante: Irma Olaya

En aquella ocasión los accionantes en ejercicio de la acción de reparación directa
demandaron a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el
fin de acceder a la indemnización de los perjuicios derivados “de la retención
ilegal, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de los señores (…), los días
27 y 28 de marzo de 1997, en presunto enfrentamiento armado entre miembros
del Ejército Nacional y la guerrilla de las FARC, en la vereda Las Nieves
jurisdicción del municipio de Apartadó, Antioquia”.

La Sección Tercera del Consejo de Estado destacó que estaba “frente a víctimas
de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno. En
consecuencia, probado como está que el daño antijurídico es imputable al Estado,
surge inexorablemente la obligación de reparar las vulneraciones a derechos
constitucionales fundamentales y convencionales como lo son la familia, la verdad,
el recurso judicial efectivo y el desplazamiento forzado de algunos actores” y,
conforme a ello, estableció las medidas de reparación del perjuicio y la restitutio in
integrum de los derechos fundamentales afectados a partir de criterios de
unificación atendiendo lo dispuesto en los artículos 63 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 16 de la Ley 446 de 1998.

Concretamente, sobre la materia del caso que se examina, esto es la liquidación
de los perjuicios morales, en la sentencia de unificación en comento se reconoció
por este concepto lo equivalente a 300 SMLMV para los parientes del primer nivel
de cercanía y 150 SMLMV para los subsiguientes atendiendo las siguientes reglas
de unificación que fijó para el efecto:

“15.11. Perjuicios morales

15.11.1. En el presente caso los demandantes solicitaron, por concepto de perjuicios
morales el equivalente en pesos a i) 5.000 gramos de oro puro, para cada uno de los
demandantes; ii) 1000 gramos de oro puro por el dolor sufrido por la muerte y
desaparición de las cuatro víctimas; y iii) 1000 gramos de oro puro por justificar la
muerte de sus seres queridos ante la opinión pública (humildes campesinos) como
guerrilleros dados de baja en combate.

15.11.2. No obstante, frente a esta pretensión, precisa la Sala que la jurisprudencia de
esta Sección abandonó el criterio de remisión al oro, de manera que en la actualidad
las indemnizaciones se fijan en moneda legal colombiana y su quantum se determina
por el juzgador, en cada caso. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera en
sentencias de la presente fecha unificó los topes indemnizatorios en materia de
reparación de perjuicios morales hasta 100 SMLMV en casos de muerte en los eventos
allí descritos.

15.11.3. Sin embargo, la Sala precisa, con fines de unificación jurisprudencial,
que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá
otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la
sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias
debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin
que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los
montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por
el juez y ser proporcional a la intensidad del daño” (subrayas y negrillas por fuera del
texto original).

4.4. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que en la sentencia de
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1 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila como juzgador de
segunda instancia profirió una decisión de reemplazo en el marco del proceso de
reparación directa iniciado por el señor César Augusto Cárdenas Sánchez y otros
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-214 de
202029.

En esta última providencia, la Corte Constitucional encontró vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los demandantes,
dentro de ellos la aquí accionante, por haberse configurado un defecto fáctico por
la indebida valoración probatoria, en tanto encontró que no se aplicaron criterios
de flexibilización de estándares probatorios en casos de graves violaciones a
derechos humanos, dentro de los cuales, afirmó, se encuentran aquellos en los
que involucran hechos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros
de las fuerzas militares.

En ese sentido, esa corporación judicial se refirió a la actividad probatoria en los
procesos judiciales que involucran supuestas ejecuciones extrajudiciales y señaló
que deben tenerse en cuenta principalmente la flexibilización de estándares
probatorios en materia de graves violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, manifestó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha imputado la
responsabilidad al Estado por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales
en aplicación de un control de convencionalidad y aplicando flexibilización
probatoria, en el marco del cumplimiento de los deberes de los miembros de las
fuerzas militares y la Policía Nacional de proteger la vida de los habitantes del
territorio nacional. Así las cosas, concluyó que “el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han enfatizado en la necesidad de que los jueces aligeren o
dinamicen la carga probatoria en casos en los que se discute la reparación
integral a las víctimas de los daños materiales causados en forma
antijurídica por el Estado, en tratándose de graves violaciones a los
derechos humanos”.

De acuerdo con lo anterior, se refirió a las subreglas aplicables para resolver el
caso concreto, en los siguientes términos:
“109. De las sub-reglas jurisprudenciales proferidas por esta corporación
anteriormente analizadas se puede concluir que, en materia de procesos que
involucran graves violaciones de derechos humanos, el juez debe, entre otros; (i)
flexibilizar los estándares probatorios; (ii) reconocer la preponderancia de la prueba
indiciaria; (iii) hacer uso de las inferencias judiciales razonables; (iv) aumentar el
estándar probatorio del Estado como demandado en el proceso de reparación directa;
(v) eventualmente exigirle al Estado que demuestre que no cometió una ejecución
extrajudicial; y (vi) hacer uso de las pruebas aportadas a los procesos penales y
disciplinarios correspondientes”.

4.5. En la sentencia objetada, en lo pertinente a la indemnización de los perjuicios
morales, el Tribunal Administrativo del Huila manifestó que en virtud de lo
establecido en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 (expediente

29
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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26.251)30, existen cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y los
demandantes sobre los cuales debe definirse el monto de la indemnización,
teniendo como tope 100 SMLMV.

Además, señaló que “en casos excepcionales, como los de graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre
otros, podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada para cada uno de
los eventos descritos en la citada sentencia de unificación, siempre que existan
circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del
daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda
superar el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este
quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño”.

En ese marco, indicó que de acuerdo con el parentesco entre los demandantes
con las víctimas directas “puede inferirse que la muerte de estos le generó una
grave aflicción, congoja y dolor”, y en el caso del grupo familiar del señor Luis
Ernesto Vargas Olaya hijo de la accionante, estimó los perjuicios morales de la
siguiente manera:

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que le asiste razón al a quo al señalar
que el Tribunal Administrativo del Huila aplicó al precedente jurisprudencial
consolidado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 201431 alegada como desconocida, para definir el
monto de los perjuicios morales de conformidad con los niveles de cercanía y los
topes indemnizatorios. En efecto, frente a este último punto puso de presente que
en algunos eventos de manera excepcional es posible fijar una indemnización
mayor, como es, en casos de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario y, en ese marco, decidió la
tasación de esos perjuicios.

En este punto, resulta importante señalar que, como se indicó anteriormente
(supra 4.3.) en la precitada sentencia de unificación, la Sección Tercera del
Consejo de Estado fijó como regla de unificación jurisprudencial que, en casos

30
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
31
M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
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excepcionales “como los de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, los topes indemnizatorios
(hasta 100 SMLMV) establecidos previamente en la jurisprudencia del Consejo de
Estado en materia de reparación directa, pueden desconocerse para incrementar
el monto de la indemnización de manera proporcional al daño y estableció el deber
de motivar ese quantum.

Es decir, que la regla jurisprudencial que a juicio de la accionante se desconoció al
momento de fijar el monto de los perjuicios morales tiene dos elementos
esenciales que deben tenerse en cuenta para determinar si fue o no desconocida:
el primero es que se hace referencia a que el juez podrá, esto significa que fijar
una indemnización de perjuicios morales por fuera de los topes ordinarios es una
decisión que se encuentra dentro de los límites de la autonomía e independencia
judicial, por lo que no es dable afirmar que en todos los casos de graves
violaciones derechos a derechos humanos debe fijarse una indemnización mayor,
pues además, y este es el segundo elemento, el juez debe acreditar una
circunstancia de mayor intensidad y gravedad del daño moral.

Ahora bien, esto último no se acreditó en el caso bajo análisis porque la
accionante no demuestra la existencia de hechos que, de manera caprichosa e
irrazonable, hubiera podido desconocer el Tribunal Administrativo del Huila al
momento de fijar la correspondiente indemnización de perjuicios morales y que,
indiscutiblemente, lo obligaban a acceder a la pretensión de condenar a las
entidades demandadas por un monto mayor a 100 SMLMV. En efecto, en la
demanda y en el escrito de impugnación la actora se limitó a reiterar las
circunstancias que rodearon la ejecución extrajudicial del señor Luis Ernesto
Vargas Olaya, pero ninguna que, de manera evidente, acredite una circunstancia
de mayor intensidad y gravedad del daño moral.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala no encuentra razones para revocar la
sentencia de 7 de octubre de 2022 que negó las pretensiones de la acción de
tutela formulada por la señora Irma Olaya, por lo que la confirmará teniendo en
cuenta que no se configuró el desconocimiento del precedente judicial contenido
en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, para determinar el monto de los perjuicios
morales.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 7 de octubre de 2022, dictada por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
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Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
SALVA EL VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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