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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04495-00

Fecha
7 de octubre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04495-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación presentadas por el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y por la Presidencia de la República, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04495-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ SUBSIDIARIEDAD - existencia de otro mecanismo idóneo y eficaz – no se acreditó
perjuicio irremediable.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por el señor Osbaldo Manuel
Madariaga Archbold contra la Presidencia de la República, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 12 de agosto de 2022, el señor Osbaldo Manuel Madariaga Archbold, actuando
en nombre propio y en su condición de Director de la Oficina de Control, Circulación
y Residencia –OCCRE–, presentó demanda de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable y con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad, salud, consulta
previa, ambiente sano e identidad cultural de la comunidad raizal del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Adujo que estas prerrogativas fueron
vulneradas por la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia, al expedir el Decreto 216 del 1° de
marzo de 2021, por medio del cual se adoptó el Estatuto Temporal de Protección
para Migrantes Venezolanos y su respectiva aplicación en el aludido departamento.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:

<<Principales:

1. AMPARAR los derechos fundamentales a la identidad cultural, consulta previa,
igualdad, salud, integridad personal, vida, en conexidad con ambiente sano de la
comunidad raizal.
2. SUSPENDER la aplicación del Decreto 216 de 2021 en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras la jurisdicción
contenciosa administrativa resuelve sobre la legalidad de ese Decreto.

Subsidiarias:

3. ORDENAR a los accionados adelantar el procedimiento de consulta previa en el
que se consulta a la comunidad raizal la aplicación del Decreto 216 de 2021 en el
Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina>> 2 (negrilla
propia del texto)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con
base en el artículo 86 Superior y de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El accionante indicó que, el 23 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3950 mediante el cual
adoptó una política orientada a trazar la ruta para la atención de la población
migrante desde Venezuela en el mediano plazo y fortalecer las capacidades del
Estado a nivel nacional y territorial”3. Lo anterior, debido a que, acorde con los datos
de Migración Colombia, al 30 de septiembre de 2018, Colombia contaba
aproximadamente con 1.032.016 de ciudadanos venezolanos residiendo en su
territorio, lo que había generado la necesidad de establecer una estrategia pública
de atención de necesidades básicas de dicha población en materia de salud,
educación, agua potable, vivienda, inclusión laboral, entre otras.

3.2.- Sobre dicho documento, el actor resaltó que, en la Recomendación No. 7
formulada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, se solicitó a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que propusiera, “junto con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, figuras alternativas de flexibilización migratoria,
eventualmente análogas a los modelos de protección temporal existentes en otros
países, que faciliten la gobernanza del flujo migratorio procedente de Venezuela y
permitan resolver las limitaciones derivadas del estatus migratorio a efectos de
atender la inserción económica de los migrantes y la satisfacción necesidades
críticas”4.

2 Expediente digital, folio 20 del escrito de tutela.
3 Ver folio 3 del Documento CONPES 3950 de 2018. Disponible en el siguiente enlace:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3950.pdf
4 Páginas 104 y 105 del CONPES 3950 de 2018.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.3.- Por lo anterior, el Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones
Exteriores expidieron el Decreto 216 de 2021, “Por medio del cual se adopta el
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de
Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria”, cuyo
objetivo era generar un registro de información de esta población migrante y
posteriormente otorgar un beneficio temporal de regularización a quienes cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la misma norma.

En los artículos 10 y 11 del mencionado Decreto se creó el Permiso por Protección
Temporal (PPT) para migrantes venezolanos y se determinó que este constituye un
mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación que autoriza
a dicho grupo poblacional a permanecer en cualquier departamento del territorio
nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y les faculta para que,
durante su vigencia, ejerzan cualquier actividad u ocupación legal, pudiendo suscribir
incluso contratos de carácter laboral.

3.4.- El accionante afirma que, desde la expedición del Decreto 216 de 2021, se ha
intensificado el ingreso de migrantes venezolanos en el Departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en desconocimiento de las normas migratorias
excepcionales establecidas en la Constitución y el Decreto Ley 2762 de 1991, en el
que se “definió quiénes pueden residir en el departamento y el trámite para formalizar
dicha residencia. La disposición estableció al menos los siguientes regímenes:
Residente (permanente o temporal); Raizal; Trabajador Foráneo; y comisión de
trabajo”5.

3.5.- A su vez, manifestó que, el referido Decreto permite la migración de nacionales
venezolanos al Departamento, sin que pueda realizarse control alguno por parte de
la autoridad migratoria insular sobre su estadía y/o residencia pues, incluso, les
otorgó autorización para trabajar y “permanecer sin ningún inconveniente en el
territorio nacional”, en desconocimiento del impacto negativo que tiene la
sobrepoblación en el Archipiélago por sus especiales condiciones geográficas,

5 Expediente digital, folio 4 del escrito de tutela. A su vez, puso de presente que la isla posiblemente estaba

siendo incluida en una ruta de migración ilegal hacia Centro y Norteamérica, pues: i) el 7 de junio de 2022
mediante oficio No. 202271108831, la Dirección Regional de Migración Colombia en San Andrés informó a la
Oficina de Control, Circulación y de Residencia que, 14 migrantes venezolanos (9 adultos y 5 menores de edad)
al realizar proceso de entrevista, manifestaron que ingresaban a la isla “para contactar una lancha que los
transportara hacia honduras para llegar a los Estado (sic) Unidos de Norteamérica” , ii) el Comando Específico
de San Andrés y Providencia, informó a la OCCRE mediante oficio No. 20220013840290091 del 22 de julio de
2022 que, durante los días 8, 16, 17 y 25 de junio de 2022, realizó procesos de interdicción marítima a distintas
motonaves en las que se encontraron migrantes venezolanos a bordo de embarcaciones en el mar colombiano
con rumbo de salida del país, iii) la Policía Nacional, en oficio No. GS-2022-19040/SUBIN-SIJIN 29.25 de 29 de
julio de 2022, precisó que, en el mes de junio de 2022 se realizaron capturas por el delito de tráfico de migrantes
de naves que zarparon de San Andrés e iban rumbo a Centro América, en las que se encontraban ciudadanos
venezolanos, y iv) nuevamente, el 10 de agosto de 2022, el Comando Específico de San Andrés y Providencia
informó que fue ubicada una embarcación que transportaba migrantes de Venezuela hacia Nicaragua de forma
ilegal, “según se observa en el link https://fb.watch/ePK6wXkTGO/, que corresponde al periódico The
archipiélago Press de San Andrés Islas”.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ambientales y socioeconómicas, y especialmente, el peligro que afronta la
comunidad raizal de no poder satisfacer sus derechos fundamentales a la vida, salud,
trabajo, entre otros, junto con la amenaza a la identidad cultural de dicha comunidad
“producto del incremento de otras comunidades al departamento”6. En este punto
resaltó que, en oficio del 19 de julio de 2022, la Defensoría del Pueblo informó a la
OCCRE que 9 ciudadanos venezolanos buscaron ayuda para obtener permiso de
residencia permanente en San Andrés7.

3.6.- Además, expuso que, con la aplicación del Decreto 216 de 2021, se
desconocieron situaciones sociales y culturales específicas del archipiélago y de la
población raizal8.

4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones en sede tuitiva, la parte actora
aduce que las autoridades estatales demandadas, al proferir y dar aplicación al
Decreto 216 de 2021, vulneraron sus derechos fundamentales y los de los habitantes
y raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a la
identidad cultural, consulta previa, igualdad, salud, integridad personal y vida en
conexidad con el medio ambiente sano. Al respecto, indicó lo siguiente:

4.1.- Con el fin de demostrar el aumento migratorio a la isla de ciudadanos
venezolanos, el señor Madariaga Archbold presentó diversas gráficas y tablas en las
que se ilustraron los datos obtenidos en el sistema de información OCCRE Web. Las
cifras que resaltó el accionante fueron las siguientes: i) desde el año 2017 a junio de
2022, se podía percibir el aumento del movimiento migratorio desde Venezuela, pues
durante este periodo de tiempo han ingresado al Archipiélago 18.955 venezolanos y
2.466 de estos, a pesar de que entraron a las islas en calidad de turistas, a la fecha
de interposición de la demanda de amparo no habían salido del departamento por
vía aérea9, ii) si bien fue exponencial la migración de ciudadanos venezolanos entre
los años 2017 y 2019, en el año 2020 hubo un declive atípico de dicha tendencia por
motivos de la pandemia declarada por la OMS debido al Covid-19 y el cierre del
Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. No obstante, la tendencia migratoria volvió a
incrementar a finales del año 2020, cuando se realizó la reapertura del aeropuerto

6 Expediente digital, folio 16 del escrito de tutela.
7 Ídem.
8 Ídem. En particular, puso de presente que: (i) según la Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos del

departamento elaborada por el DANE en el año 2019, el 52,3% de la población pertenece a la comunidad raizal
y el Archipiélago es el territorio ancestral de dicha comunidad pues en este ha desarrollado “su cultura,
espiritualidad, actividades económicas, y en general,… [su] identidad cultural” ; (ii) la referida encuesta también
señaló que desde 2019 el acceso a los servicios públicos en la isla es precario pues solo el 29% del departamento
cuenta con acceso al acueducto y el 15,7% al alcantarillado, en adición a que, el porcentaje de viviendas con
acceso al agua los 7 días de la semana es más limitado aún pues, en San Andrés el 85,3% no cuentan con este
servicio y en Santa Catalina asciende al 95,6% ; y (iii) en el año 2000, la UNESCO declaró al Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina como una reserva mundial de la biosfera – Sea Flower, no obstante,
su ecosistema está siendo destruido por el aumento en la población de la isla y los cinturones tuguriales, lo que
además, implica, acabar con “toda una perspectiva de explotación del turismo internacional, que constituye una
de las grandes posibilidades económicas y sociales del archipiélago sino del país”.
9 Expediente digital, folios 9 y 10 del escrito de tutela. Ver Tabla 2. Movimiento migratorio Venezolanos desde el

año 2017.
4

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Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de las islas, de tal manera que a 13 de junio de 2022, se presentó una diferencia de
797 ingresos de pasajeros con nacionalidad venezolana con respecto al año 202110,
iii) en el mes de septiembre de 2021 se reportó el ingreso de 695 venezolanos en
calidad de turistas al Archipiélago, siendo esta la cifra más alta de dicho año 11, y iv)
en el año 2022, mensualmente se ha mantenido en aumento el número de
ciudadanos venezolanos que ingresan a las islas en calidad de turistas, y fue en el
mes de mayo que se presentó el mayor desplazamiento de esta población pues
fueron registrados 1.005 ingresos12.

Acorde con lo anterior, resaltó que, desde marzo de 2021 hasta junio de 2022 se
puede observar el incremento migratorio al Archipiélago, debido a que más
ciudadanos venezolanos se han visto beneficiados con lo dispuesto en el Decreto
216 de 2021, situación que a su juicio, comporta una grave amenaza a los derechos
fundamentales de los raizales y residentes regulares del departamento, pues dadas
las condiciones geográficas, ambientales y socioeconómicas del Archipiélago, la
sobrepoblación que se está presentando amenaza la supervivencia de los miembros
de dicha comunidad por la escasez de recursos y de oportunidades laborales que
“afecta la congrua subsistencia de los pobladores del territorio”13.

Seguidamente, mencionó que el Decreto 216 de 2021 regularizó la condición
migratoria y laboral en el territorio nacional, incluyéndose el territorio insular,
obviando la crítica situación de densidad poblacional de la región que fue reconocida
desde la Constitución de 1991 y por la cual se dictó un régimen especial de migración
para el territorio. Además, indicó que, el referido acto administrativo, no permite que
la OCCRE pueda adoptar medidas para mitigar el impacto en materia de dicho
movimiento de personas en materia de densidad poblacional y respecto de la
supervivencia de la comunidad raizal y de los residentes del departamento.

4.2.- A continuación, el accionante expuso que la aplicación del Decreto 216 de 2021
constituye un perjuicio irremediable para el Archipiélago, los raizales y los residentes
frecuentes. Así, explicó que la gravedad del asunto reside en que, las entidades
accionadas tenían la obligación de adelantar la consulta previa respecto de la
aplicación de la norma en comento, en el territorio insular, y no imponer medidas
contrarias al régimen migratorio de las islas, “ya que afecta directamente las
condiciones económicas, sociales, demográficas y migratorias del departamento en
desmedro de la supervivencia del pueblo raizal, así como de su identidad cultural y
de sus derechos a la vida, salud en conexidad con ambiente (sic)”14.

10 Expediente digital, folios 10 y 11 del escrito de tutela. Ver Tabla 3. Movimiento venezolanos año 2017-2022

junio 13 y Tabla 4. Movimiento migratorio venezolanos año 2017- junio 13 de 2022 gráfico de barras.
11 Expediente digital, folios 12 y 13 del escrito de tutela. Ver Tabla 5. Movimiento migratorio venezolanos año

2021 por mes, y en la Ilustración I Movimiento migratorio venezolanos mes por mes año 2021.
12 Expediente digital, folios 13 y 14 del escrito de tutela. Ver Tabla 6. Movimiento migratorio venezolanos -

ingresos año 2022 mes a mes, y Tabla 7. Migratorio Venezolanos mes por mes año 2022, gráfico de barras.
13 Expediente digital, folio 16 del escrito de tutela.
14 Expediente digital, folio 17 del escrito de tutela.

5

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Acto seguido, refirió que la urgencia de acceder a las pretensiones de la demanda
se fundamenta en que estas buscan conjurar el perjuicio irremediable causado por
la sobrepoblación y el desconocimiento de las normas especiales migratorias del
Archipiélago, pues de seguirse sin regular el ingreso a las islas, la sobrepoblación
empeorará y no se podrá satisfacer las necesidades básicas de la población.

Por último, aseveró que, era impostergable otorgar el amparo pedido pues así se
garantizaría el “orden social justo”, dado que la aplicación inmediata del Decreto 216
de 2021, a su parecer, “genera la potencialidad de una afectación grave e
irremediable de los derechos fundamentales de la población raizal”15. En este punto,
reiteró que el ingreso al departamento con fines de permanencia de personas
migrantes, de cualquier nacionalidad, pone en riesgo la supervivencia de la
comunidad, pues a mayor cantidad de habitantes menor posibilidades de satisfacer
congruamente las necesidades esenciales.

4.3.- A su vez, alegó que, con la expedición del Decreto 216 de 2021, se vulneró el
derecho a la igualdad de la comunidad raizal, pues se desconoció el trato diferencial
establecido en el artículo 310 de la Constitución y en el Decreto 2762 de 1991 para
garantizar la supervivencia de la comunidad isleña16.

4.4.- Finalmente, hizo énfasis en la necesidad de haber surtido consulta previa con
la comunidad con respecto a la aplicación del Decreto 216 de 2021, dado el régimen
migratorio especial que cobija al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Lo anterior, por cuanto, al regularizarse la situación migratoria de un
abundante número de ciudadanos venezolanos, permitiéndoles incluso celebrar
contratos de carácter laboral en cualquier parte del territorio nacional, incluyendo las
islas, se afectó directamente las condiciones sociales y económicas de dicha zona
geográfica. Es así como, acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencia C-530 de 1993, ameritaba la realización del proceso de consulta previa
con la comunidad isleña.

4.5.- Por último, expuso que según la sentencia de unificación SU-097 de 2017, la
Corte Constitucional previó que “la acción de tutela es el mecanismo encaminado a
que las minorías soliciten el amparo de su derecho a ser consultados y, a pesar de
la procedencia de otros mecanismos judiciales ante las (sic) jurisdicción contenciosa
administrativa, “la acción de tutela se constituye como la vía idónea para proteger la
integridad cultural de los grupos étnicos””17.

15 Ídem.
16 Expediente digital, folio 19 del escrito de tutela.
17 Expediente digital, folio 21 del escrito de tutela.

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Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
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B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 30 de agosto de 2022, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a las autoridades estatales demandadas y
comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o
Presidencia de la República18

6.- El apoderado de ambos entes estatales, solicitó que se declare la falta de
legitimación material en la causa por pasiva y/o la improcedencia de amparo
deprecado por inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el actor. Empezó por indicar que, de lo alegado en el escrito de tutela
y las pruebas allegadas por el demandante, se evidenciaba que los reproches
efectuados iban dirigidos a cuestionar presuntas acciones u omisiones del Ministerio
de Relaciones Exteriores sobre asuntos ajenos a la competencia de la Presidencia
de la República.

6.1.- A continuación, alegó que la acción de tutela carece del requisito de
subsidiariedad, pues en ella se exponen varios reparos de índole constitucional y
legal contra el Decreto 2126 de 2021, sin embargo, al no encontrarse ante la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, el demandante se encuentra obligado a
solicitar la nulidad de la referida disposición normativa ante el juez ordinario.

Además, resaltó que, por la fuerza ejecutoria que tiene el Decreto 216 de 2021, “no
se avisora (sic) que exista una vulneración de tal magnitud que implique
necesariamente su suspensión para salvaguardar los derechos fundamentales que
se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración. Al respecto, basta con
remitirnos a la argumentación desarrollada en el escrito de tutela para concluir que
la discusión es de fondo frente al acto administrativo y en ese sentido, se hace
ilusoria la protección de tutela y no existe para el Despacho argumento alguno para
justificar su intervención por encima de la del juez competente”.

6.2.- Seguidamente, sobre la falta de legitimación por pasiva de ambas entidades,
expuso que las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y concluyó que estas están circunscritas a prestar apoyo logístico y
administrativo al Presidente de la República en el cumplimiento de sus funciones, y
ninguna de dichas atribuciones le permitía realizar las actuaciones que pretendía el
accionante para el amparo de sus presuntos derechos fundamentales vulnerados.
Con respecto al Presidente de la República, precisó que debía tenerse en cuenta
que la representación de los actos que expide, está en cabeza del Ministerio o la
Dirección Administrativa correspondiente, pues este no es representante legal ni

18 Intervención digital contenida en 12 folios.

7

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

judicial de entidad alguna, incluida la Presidencia de la República, acorde con lo
dispuesto en el artículo 115 de la Constitución, salvo la excepción establecida en el
artículo 159 del CPACA, el cual reza: “…Cuando el contrato o acto haya sido suscrito
directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la
representación de esta se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República”.

(ii) Ministerio de Relaciones Exteriores19

7.- El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Legales de la Oficina
Asesora Jurídica de la cartera ministerial pidió que se declare improcedente el
amparo constitucional solicitado por el señor Madariaga Archbold, pues a su juicio,
lo aducido por el accionante en el escrito de tutela va dirigido a cuestionar la legalidad
del Decreto 216 de 2021, por lo que cuenta con la posibilidad de interponer demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad simple, proceso en el que además podrá
solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes.

7.2.- Posteriormente, alegó que, no es viable la solicitud de suspender parcialmente
el Decreto 216 de 2021, pues la referida norma aplica en todo el territorio nacional y
no de manera particular y específica en el departamento de San Andrés, por lo que,
“no resulta permisible pretender vía acción de tutela la suspensión del citado decreto
sobre una zona del territorio nacional”. En este punto, resaltó nuevamente la
necesidad de que ante el juez competente se expongan los argumentos que
sustentan la tutela y sea este quien dicte las órdenes que considere pertinentes en
caso de que advierta que lo alegado por el demandante se encuentra debidamente
fundamentado.

7.3.- Luego, refirió que, si bien el demandante solicitó la protección de varios
derechos fundamentales, no desarrolló las razones jurídicas por las cuales
efectivamente se vulneraron dichas prerrogativas. Así, indicó que, en lo referente al
derecho a la igualdad, no hizo uso del test de proporcionalidad establecido por la
Corte Constitucional, así como tampoco argumentó la configuración del perjuicio
irremediable de conformidad con las reglas establecidas en la sentencia T-554 de
2019. Sumado a que, se limitó a analizar estadísticamente la migración de
venezolanos a las islas, “dejando de lado la argumentación tendiente a demostrar el
nexo de causalidad con cada uno de los derechos objeto de protección”.

7.4.- Finalmente, mencionó que, el Decreto 216 de 2021 no derogó las normas
aplicables al Archipiélago y dicha norma es una herramienta valiosa para que las
autoridades realicen el registro de los ciudadanos venezolanos residentes en el país,
y suspenderlo, “en lugar de beneficiar a la población raizal, agravaría la situación

19 Intervención contenida en 7 folios.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

migratoria en el Departamento de San Andrés, ya que no existiría un control serio
frente a los ciudadanos venezolanos que ingresan de manera ilegal por el territorio
marítimo, sino además se privará a la administración de actuar frente a las medidas
coercitivas migratorias cuando se vulnere el ordenamiento jurídico colombiano”.

(iii) Otras intervenciones

8.- La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

9.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por el apoderado
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Presidencia
de la República. En relación con la primera entidad, se advierte que, de acuerdo con
el numeral 11 del artículo 4 del Decreto 1784 de 2019, es una de sus funciones
generales, “Adelantar el estudio de constitucionalidad, legalidad y conveniencia de
los distintos proyectos de ley, actos legislativos, decretos y actos administrativos de
competencia del Presidente de la República”. Por ende, debió haber conceptuado
sobre el Decreto 216 de 2021, norma cuya aplicación y constitucionalidad es
discutida en la presente acción de tutela, siendo evidente el interés sobre las resultas
del proceso.

9.1.- Con respecto a la Presidencia de la República, es necesario mencionar que
aquella autoridad estatal conforma el Gobierno Nacional y, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, en particular de las que le confieren los
numerales 2 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 2.2.1.11.2
del Decreto 1067 de 2015, expidió, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Decreto 216 de 2021, cuya aplicación, en criterio del actor, ha generado un grave
perjuicio a los raizales y residentes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, pues al desconocer el estatuto migratorio específico de dicho
territorio, ha generado sobrepoblación y daño medioambiental, sumado a que
imposibilita que todos los que habitan las islas puedan satisfacer debidamente sus
necesidades fundamentales. Por ende, no carece de legitimación en la causa por
pasiva.

D. Análisis del caso concreto

10.- En esta oportunidad le corresponde a la Sala verificar si las circunstancias que
se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de procedencia de la tutela
como mecanismo transitorio, particularmente, si cumple el requisito de
subsidiariedad. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

demás criterios con el fin de establecer si la expedición y aplicación del Decreto 216
de 2021 ha vulnerado los derechos a la vida, integridad personal, seguridad, salud,
consulta previa, ambiente sano e identidad cultural de la comunidad raizal del
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, y si se justifica la adopción
de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.

Procedencia de la acción de tutela para solicitar la suspensión de un acto
administrativo de carácter general y la activación del mecanismo de consulta
previa

11.- Como regla general, el artículo 8620 de la Constitución Política, el Decreto 2591
de 1991 y la Corte Constitucional han indicado que la acción de tutela es procedente,
siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

11.1.- Sobre el requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que la acción de tutela no es un mecanismo llamado a sustituir los
procedimientos ordinarios o especiales de defensa consagrados en las normas que
regulan una materia específica, tampoco puede entenderse como un procedimiento
adicional o complementario a las normas que regulan un procedimiento judicial o
administrativo. La tutela es un mecanismo especial de protección diseñado para
proteger los derechos fundamentales de las personas ante vacíos en el sistema
jurídico o ante las actuaciones arbitrarias y omisiones de las autoridades públicas.

11.2.- El carácter subsidiario del recurso de amparo busca garantizar el respeto por
los mecanismos ordinarios de defensa ya sean judiciales o administrativos, pues por
regla general estos se presumen idóneos y eficaces para garantizar la satisfacción
de las pretensiones y la protección de los derechos fundamentales de las personas.

11.3.- En los casos en los que la parte actora cuenta con un medio de defensa
principal, la Corte Constitucional, ha desarrollado dos excepciones a la regla
expuesta21: i) cuando se promueve el amparo como mecanismo principal, situación
que ocurre en el evento en que las acciones ordinarias carecen de idoneidad o de
eficacia para defender los derechos fundamentales del accionante22 y ii) cuando se
instaura la acción de tutela de forma transitoria para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable23.

11.4.- En el último escenario, la Corte ha señalado que el perjuicio debe ser: “i)
inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;
i) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de

20 “[E]l afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
21 Sentencias T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009.
22 Sentencia T-235 de 2010.
23 Sentencia T-397 de 2015.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la persona sea de gran intensidad; iii) urgente, de tal manera que las medidas que
se requieran tomar para conjurar el perjuicio se deban tomar de manera inmediata;
y iv) la tutela sea un medida impostergable para garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad”24.

11.5.- Entonces, la determinación de la procedencia excepcional de la acción de
tutela exige del juez un análisis de la situación particular del actor, con el fin de
determinar si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito
para proteger sus derechos fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel
puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional. En caso
de no verificarse estos requisitos la subsidiariedad exige que el demandante agote
los medios de defensa legalmente establecidos antes de tramitar sus pretensiones
por esta vía, pues de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la
existencia de dichos medios hace improcedente el recurso de amparo.

12.- La Sala considera que la presente acción de tutela carece del requisito de
subsidiariedad, toda vez que el actor no ha agotado los mecanismos judiciales
ordinarios, idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico le otorga para proteger
los derechos fundamentales que estima vulnerados con el actuar de la
administración nacional, pues aquél cuenta con el medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del CPACA y, con éste, la posibilidad de solicitar medidas
cautelares25, mecanismos que le permiten debatir no solo la presunción de legalidad
del acto administrativo general que es objeto de reproche, sino también la de solicitar
su suspensión provisional o que se inicie el respectivo proceso de consulta previa
con la comunidad raizal y residente del Archipiélago, sin que ante estas opciones
quepa oponer un carácter de insuficiencia ante las eventuales dificultades que
impone el curso normal y ordinario de un proceso.

12.1.- En este punto, es importante resaltar que, aun cuando el accionante pone de
presente su condición de raizal y director de la OCCRE en San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, acude a demandar vía tutela la presunta ilegalidad del Decreto de
216 de 2021, transcurridos más de 1 año y 5 meses desde su expedición y aplicación,
aun cuando señaló en el escrito de demanda que tenía conocimiento de las
consecuencias negativas de la sobrepoblación de las islas desde la implementación
de lo dispuesto en la referida norma, pues diaria y mensualmente, según las tablas
y gráficas que presentó, se hizo notorio el incremento de ingresos a la zona por parte

24 Sentencia T-397 de 2015.
25 Desde el mismo momento en que el actor presente su demanda, tiene la posibilidad de solicitar la práctica de

medidas cautelares, tal y como lo señala el artículo 229 del CPACA , al tenor del cual: “en todos los procesos
declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativo, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá
el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de migrantes venezolanos. Por ende, no se entiende como, aun cuando una de sus
funciones, acorde con lo dispuesto en el numeral e) del artículo 24 del Decreto 2762
de 1991, es la de “[a]doptar y poner en marcha medidas de emergencia, tendientes
a la solución de eventualidades que pongan en peligro el control de la densidad
demográfica en el Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia”,
injustificadamente presenta una acción de tutela improcedente, obviando el
mecanismo judicial viable para debatir si en efecto, el Decreto 216 de 2021
desconoce el régimen especial migratorio dictado para el Archipiélago y si con ello,
se vulneran los derechos fundamentales de la comunidad insular a la vida, integridad
personal, seguridad, salud, consulta previa, ambiente sano e identidad cultural.

12.2.- Sumado a lo anterior, no puede pasarse por alto que el accionante pudo haber
acudido ante el Ministerio del Interior para que allí le fuera indicado el procedimiento
a seguir en caso de que sea procedente adelantar el trámite de consulta previa con
la comunidad raizal.

13.- Además, la Sala considera que, dada la tensión de derechos existente en virtud
de la aplicación del Decreto 216 de 2021, es indispensable que sea el juez ordinario
quien se pronuncie sobre la constitucionalidad y legalidad de dicha norma, pues así
como el actor alegó la vulneración de los derechos fundamentales de los residentes
del Archipiélago, verificado el aplicativo web SAMAI, actualmente cursan solamente
dos demandas de nulidad contra el Decreto 216 de 2021, las cuales se fundamentan
en que, como dicha norma permite al Estado negar los permisos de protección
temporal a los migrantes venezolanos aun cuando los interesados cumplan todos los
requisitos para acceder a dicho beneficio, y frente a esa decisión no procederá
recurso alguno, se afectan gravemente sus derechos al debido proceso y defensa.

13.1.- Una de estas acciones de nulidad (Rad. 11001032400020210062700) fue
presentada por el representante legal de la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento Forzado (CODHES) y el director ejecutivo de la Federación
Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER) contra el Presidente de la
República y el Ministerio de Relaciones exteriores, a fin de que se declare la nulidad
del parágrafo 2 del artículo 12 y del parágrafo único del artículo 15 del Decreto 216
de 2021. En concreto, al igual que la demanda anteriormente referida, aducen que,
del contenido del parágrafo 2 del artículo 12, que versa sobre los requisitos para el
otorgamiento del Permiso de Protección Temporal, al establecerse que aún cuando
los migrantes venezolanos cumplan con los requisitos para que se les otorgue el PPT
no se garantiza su otorgamiento, y de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 15, en
el que se determinó que contra la decisión de cancelación del permiso temporal no
procede recurso alguno, se terminó estableciendo una facultad discrecional absoluta
en cabeza de la autoridad migratoria para decidir sobre la situación jurídica de quien
aspira a obtener el referido beneficio. Sobre esto último resaltaron que, se genera
una interpretación restrictiva del debido proceso, pues no conceder recursos contra
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la decisión que cancela el PPT, “constituye una carga desproporcionada del Estado
sobre el solicitante, en tanto que reduce las posibilidades de rebatir decisiones
caprichosas o arbitrarias de manera directa” 26 sumado a que, de manera casi
inmediata genera que el solicitante retorne a su condición de migrante irregular, con
el riesgo inminente de ser sancionado mediante la expulsión o deportación.

En este asunto se presentó solicitud de medida cautelar por parte de los
demandantes, solicitando la suspensión de las normas demandadas, estando dicho
asunto pendiente de decisión. Con todo, se programó la celebración de la audiencia
inicial para el 31 de marzo de 202327.

13.2.- La otra demanda de nulidad fue formulada por varios estudiantes del
Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena (Rad.
11001032400020220026600), y en ella se pidió la nulidad del numeral 2 y del
parágrafo 2 del artículo 12 del Decreto 216 de 2021, en los se menciona,
respectivamente, que es requisito para el otorgamiento del PPT “no tener
antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o
judiciales en curso en Colombia o en el exterior” y la posibilidad que se niegue el
permiso de protección aun cuando se cumplan los requisitos legalmente
establecidos, por tratarse de una facultad discrecional y potestativa del Estado
colombiano. Igualmente, solicitaron la nulidad del parágrafo del artículo 15, según el
cual no proceden recursos contra el acto administrativo que cancele el PPT, sin
perjuicio de las actuaciones administrativas o judiciales a las que haya lugar. Al
respecto, mencionaron que las normas demandadas trasgreden los derechos al
debido proceso y a la igualdad entre migrantes venezolanos, sumado a que, generan
un gran estado de inseguridad jurídica para aquellos, pues así cumplan con los
requisitos, pueden no acceder al permiso que les permite regularizar su situación en
el país, sin poder recurrir dicha decisión. A su vez, mencionaron que, si bien el
migrante venezolano que no esté conforme con la cancelación del PPT puede acudir
a los mecanismos administrativos y judiciales pertinentes, ello es contradictorio con
lo dispuesto en la Resolución No. 0971 de 2021, en cuyo artículo 21, parágrafo 3,
establece que al ciudadano venezolano que se le cancele el permiso, deberá
abandonar el país dentro de los 30 días siguientes, so pena de imposición de las
respectivas multas administrativas migratorias. Este proceso surte el trámite de
admisión ante la Sección Primera del Consejo de Estado.28

13.3.- Con lo hasta aquí expuesto, es evidente que la jurisdicción contencioso
administrativa ya inició el estudio de la posible vulneración de varias prerrogativas
fundamentales de los migrantes venezolanos, acorde con lo dispuesto en el Decreto
216 de 2021, por lo que se considera que es el juez contencioso administrativo el

26 Ver escrito de demanda a índice 2 del aplicativo SAMAI.
27 El conocimiento del asunto correspondió al despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés.
28 El conocimiento del asunto correspondió al despacho del magistrado Hernando Sánchez Sánchez.

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competente para conocer los argumentos esgrimidos por el actor sobre la
inconstitucionalidad e ilegalidad del referido decreto y la posible trasgresión de los
derechos fundamentales de los raizales y pobladores de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

13.4.- Sumado a que, específicamente, tratándose de la acción de tutela contra actos
administrativos, la Corte Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del
recurso de amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo
idóneo para atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados
por el principio de legalidad, pues su emisión parte del presupuesto de que la
administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las
prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. De allí
que la legalidad de un acto administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien
pretende controvertirlo que aquel se apartó, sin justificación alguna, del
ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa29.

14.- Aunado a lo anterior, la Sala también observa que no se acreditó la configuración
de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia, pues en este
punto, el actor se limitó a repetir la presunta inconstitucionalidad e ilegalidad del
Decreto 216 de 2021, en cuanto desconoce el régimen migratorio especial
consagrado en el artículo 310 y el Decreto 2762 de 1991, dadas las particulares
condiciones geográficas, económicas y sociales del Archipiélago y su comunidad,
junto con la necesidad de haber sido consultado a la población insular, así:

<<Así las cosas, la implementación o aplicación de este Decreto en el territorio insular constituye un
perjuicio irremediable porque se cumplen con los requisitos así:

i) en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sin la debida
elaboración de la consulta previa a raizales, y el incremento del índice de sobrepoblación en el
departamento.

ii) Grave, los accionados tenían la obligación de adelantar la consulta previa respecto de la aplicación
del Decreto 216 de 2021 en el territorio insular y de no imponer medidas contrarias al régimen
migratorio del archipiélago, ya que afecta directamente las condiciones económicas, sociales,
demográficas y migratorias del departamento en desmedro de la supervivencia del pueblo raizal, así
como de su identidad cultural y de sus derechos a la vida, salud en conexidad con ambiente.

iii) Urgentes, las medidas (sic) que debe adoptar la accionada buscan conjurar el perjuicio
irremediable porque con la aplicación del decreto 216 de 2021 en el Departamento, se afectaría las
pretensiones territoriales del pueblo raizal y se desconocería el estatuto migratorio excepcional de
este departamento, que garantiza la pervivencia del pueblo raizal.

29 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.

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iv) Impostergable, porque con esta medida se garantiza el orden social justo ya que la aplicación
inmediata de este decreto en el departamento genera la potencialidad de una afectación grave e
irremediable de los derechos fundamentales de la población raizal, por lo cual, el amparo debe ser
inaplazable.

El ingreso al departamento con fines de permanencia de personas migrantes, de cualquier
nacionalidad, pone en riesgo la supervivencia del pueblo raizal porque a mayor cantidad de habitantes
menos posibilidades de satisfacer congruamente las necesidades esenciales de nuestra comunidad,
además amenaza los derechos territoriales de nuestra comunidad porque con esta disposición no
consulta se desconoció nuestro derecho a disponer sobre nuestro territorio.

Por tanto, con la aplicación de este Decreto es inminente que se incrementan los habitantes en el
departamento y con ello se afectan los derechos fundamentales a la vida, salud, ambiente sano,
identidad cultural del pueblo raizal. Tan es así que, durante el periodo de aplicación de este Decreto,
según se observa en el análisis estadístico precedente, encontramos que se ha incentivado el ingreso
de los beneficiarios de esta norma en el Departamento.

Esta situación es alarmante, en tanto que se ha identificado el ingreso de 400 beneficiarios de este
Decreto en el Departamento. El Decreto regulariza la condición migratoria y laboral en el territorio
nacional, en el que se incluye al territorio insular, obviando la crítica situación de densidad poblacional
que fue reconocida desde la Constitución Política de 1991.
El decreto tampoco dispuso medidas para que la Oficina de Control de Circulación y Residencia
adopte respecto del impacto en materia de densidad poblacional y de supervivencia de la comunidad
raizal y de los residentes del departamento insular.

Así las cosas, las medidas deben adoptarse de manera urgente, en tanto que, de lo contrario seguirá
incrementando el índice de sobrepoblación en el departamento y con ello se afecta la satisfacción de
las necesidades esenciales de nuestra comunidad, la protección a los recursos naturales de nuestro
territorio, y se materializa la vulneración a los derechos fundamentales de nuestro pueblo, tales como
vida, salud, identidad cultura, entre otros.

Es lamentable que el fenómeno que dio lugar a la consagración del artículo 310 de la Constitución
Política, esto es, la sobrepoblación en las islas y la necesidad de realizar control poblacional para
garantizar la supervivencia de nuestra comunidad, hoy sea incentivada por un decreto
reglamentario>>30. (Se resalta)

14.1.- Es decir, la Sala evidencia que si bien el actor alega que el perjuicio
irremediable en este caso se genera con la aplicación del Decreto 216 de 2021 y
más específicamente con la concesión de los PPT a los migrantes venezolanos, con
los cuales pueden residir e incluso celebrar contratos laborales en cualquier zona del
país, incluyendo San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin tener en cuenta el
régimen migratorio especial del Decreto 2762 de 1991, ha generado un aumento
desmedido de la población isleña que puede ocasionar que los raizales y residentes
insulares vean afectados sus derechos fundamentales y la posibilidad de sanear sus
necesidades fundamentales, lo cierto es que no aportó prueba alguna de dichos
argumentos. En el escrito de tutela, el demandante se limita a mencionar las cifras
que denotan el aumento de ingresos de venezolanos a las islas y los peligros que la

30 Expediente digital, folios 17 y 18 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sobrepoblación en la zona podría causar a nivel económico, social y ambiental, pero
no allegó prueba alguna de dichas afectaciones, simplemente las reitera a lo largo
de la demanda constitucional.

14.2.- Igualmente, no expuso las razones por las cuales acceder a la suspensión
provisional del Decreto 216 de 2021, hasta que la jurisdicción ordinaria decida sobre
su legalidad, constituye una medida eficaz e idónea que permita evitar la causación
del supuesto perjuicio irremediable alegado en la demanda. En este punto
adviértase, tal como lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores al contestar la
acción de tutela, que, el demandante busca suspender una norma con efectos en
todo el territorio nacional, no solo en el Archipiélago, la cual ha permitido a las
autoridades tener un mejor control de los migrantes venezolanos residentes en
Colombia y su situación de regularidad incluso en las propias islas, y el demandante
al respecto nada aduce.

14.3.- Sin evidencia que acredite lo contrario, la Sala encuentra que no se demostró
la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional, como mecanismo transitorio.

15.- Finalmente, sobre el argumento esgrimido por el actor referente a que, acorde
con lo dispuesto en la sentencia SU-097 de 2017 proferida por la Corte
Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para que las minorías
soliciten el amparo de su derecho a ser consultados, aun cuando procedan otras
acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala considera importante
precisar que este no es un precedente aplicable al caso concreto, dado que, en dicha
oportunidad se amparó el derecho a la consulta previa de la comunidad raizal del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en un caso que versaba
sobre la implementación de un convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura, el
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres representada por la Fiduciaria
La Previsora S.A., el Ministerio de Relaciones Exteriores, el municipio de Providencia
y Santa Catalina y un consorcio cultural, en el marco de un proyecto conjunto para
fortalecer la industria musical dentro del Archipiélago y no como en el presente
asunto, sobre la falta de consulta a la comunidad raizal de una norma de carácter
general31.

31 Como fundamento fáctico de dicha acción constitucional, la parte actora mencionó que, luego de proferirse el

fallo de 19 de noviembre de 2012 por parte de la Corte Internacional de Justicia en el que se estableció la
delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Plan
Fronteras para la Prosperidad (PFP) efectuó un taller de formulación de proyectos en el Archipiélago en
noviembre de 2012, y en la mesa de cultura se identificó la necesidad de fortalecer la industria musical en
Providencia, por lo que, se presentó la idea de un proyecto que contemplaba la realización del Rainbow Festival
así como la adecuación de un estudio de grabación, una sala de práctica y una sala de producción y edición de
videos.

Así, el 20 de septiembre de 2013 se suscribió el Convenio de Asociación No. 12 entre Plan Fronteras para la
Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de
Cultura y la Fundación Poliedro con el fin de aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y administrativos
16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

En esa oportunidad, los accionantes presentaron acción de tutela para la protección
del derecho fundamental a la consulta previa y solicitaron que se dejara sin efectos
todo el trámite contractual vinculado con el Convenio No. 9677-SAPII0013-445-2015
celebrado entre las entidades demandadas, para que en su lugar se ordenara la
apertura de un procedimiento de consulta previa. Al respecto, mencionaron que el
hecho de no haber consultado con el pueblo raizal de Providencia el Convenio:
“lesiona uno de los componentes esenciales de nuestra identidad, como [es] la

para desarrollar el proyecto de fortalecimiento de la industria cultural musical en Providencia, por medio del cual
se realizó la dotación del Centro de Producción de Contenidos Culturales (CPCC) en el segundo piso del Teatro
Midnight Dream.

Posteriormente, el alcalde de Providencia solicitó a la Cancillería a través del PFP, así como al Ministerio de
Cultura, brindar su acompañamiento para la operación y sostenibilidad del CPCC. Por lo anterior, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el municipio de Providencia y S.C. y la Fundación Poliedro
firmaron el Convenio No. 10 del 26 de noviembre 2014 por el término de seis meses, proyecto piloto que tenía
por objeto desarrollar el centro de producción de contenidos culturales como una estrategia para fortalecer la
industria cultural, generar desarrollo social y económico.

Luego de la firma del plan piloto, las partes del mismo dieron a conocer el convenio, así como la hoja de ruta y
la propuesta de planta. No obstante, el 4 de febrero de 2015, personas del sector cultura se reunieron con el fin
de expresar las inconformidades respecto del operador del convenio que no pertenecía al pueblo raizal y
desconocía el plan originario propuesto por la comunidad.

Para el 26 de febrero de 2015 los suscriptores del convenio No. 010 de 2014 así como los integrantes de la
comunidad eligieron la junta asesora del Teatro Midnight Dream. Al ser latentes los inconvenientes entre la
Fundación Poliedro y la comunidad, esta solicitó la cesión del convenio, siendo otorgado por parte de las
entidades del nivel central a la Fundación Llorona, entidad que dio a conocer a la junta asesora las actividades
a desarrollar en el marco del convenio. En la reunión de la junta asesora del teatro y del centro sostenida el
veinticuatro 24 de abril siguiente, se hizo referencia al proceso de estructuración del convenio de sostenibilidad
para el teatro y el CPCC por dos años con recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres por la subcuenta del Plan San Andrés.

Asimismo, el 28 de mayo de 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior una certificación acerca de la necesidad de efectuar consulta previa del convenio
de sostenibilidad. Tal dirección, dio respuesta el 12 de junio siguiente, en la que indicó que no se requería
adelantar dicho procedimiento al considerar que no se generaba una afectación directa al pueblo raizal de
Providencia.

Al mismo tiempo, el Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura envió invitación a nueve organizaciones,
incluidas aquellas conformadas por raizales, con el fin de que presentaran una propuesta de trabajo integral para
el Teatro Midnight Dream y el CPCC. Así, el 24 de junio de 2015, las entidades demandadas suscribieron el
Convenio No. 9677-SAPII0013-445-2015, por 30 meses, en el cual aúnan esfuerzos humanos, técnicos,
financieros y administrativos para la generación de estrategias de desarrollo integral a través de la cultura en el
Municipio de Providencia y S.C., a través de la operación del Complejo Cultural Midnight Dream, la construcción
de modelos para su sostenibilidad y gestión integral y la capacitación de agentes locales para su operación y
dirección futura.

El 20 de agosto de 2015 se socializó a 21 miembros de la comunidad el convenio de asociación y de las acciones
a desarrollar con ellos para concertar el plan de acción. Para ello, se realizaron encuestas a miembros del pueblo
raizal que pertenecen al sector cultural con el fin de que contestaran cuestionamientos relativos a las dimensiones
del sector cultural: formación, creación, investigación y apropiación, con el fin de identificar las problemáticas de
cada una de ellas. Con base en la información recolectada, el 29 de octubre de 2015 se realizó la convocatoria
al comité técnico del convenio para la aprobación del plan de acción.

Luego, algunos de los accionantes llevaron a cabo una huelga de hambre en las instalaciones del Teatro Midnight
Dream causada por la no realización de la tercera versión del Sunset Fest y con el fin de manifestar su
descontento por la elección de un operador del interior del país y por haber sido excluidos del manejo del
proyecto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

conservación de nuestro patrimonio musical [pues] planificar y ejecutar un programa
en donde se piensa dar espacio al pueblo raizal para expresar sus muestras
artísticas, principalmente musicales, en orden a preservar el patrimonio cultural
(numeral 18), cuidar, proteger y estimular nuestro patrimonio musical (numeral 19) y
recuperar nuestra identidad isleña fortaleciendo el sentido de pertenencia, demanda
adelantar un procedimiento de consulta previa para que se tuviera en cuenta la forma
en que nosotros pensábamos que debían ser administrados esos espacios y
determinar los aspectos que debían ser rescatados de nuestra identidad isleña, pues
somos nosotros quienes hemos vivido en esta Isla durante generaciones y
concebimos la música como la esfera fundamental que nos identifica”.

15.1.- Del recuento hecho, se advierte que la sentencia SU-097 de 2017 no es
precedente aplicable al caso concreto, pues la consulta previa opera de manera
diferente cuando hablamos de escenarios donde hay medidas legislativas o
reglamentarias y por ello la Corte Constitucional, ha declarado normas como
inexequibles por la falta de consulta de su contenido con la comunidad afectada.

16.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, por lo cual, esta Sala declarará improcedente el amparo
impetrado por Osbaldo Manuel Madariaga Archbold, quien actúa en nombre propio
y en su condición de Director de la Oficina de Control, Circulación y Residencia –
OCCRE–.

17.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. – NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación presentadas por el
apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y por
la Presidencia de la República, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la
presente sentencia.

SEGUNDO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04495-00
Accionante: Osbaldo Manuel Madariaga Archbold
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE32
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

32 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
19

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