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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04498-01

Fecha
24 de mayo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04498-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela formulada por la sociedad Scientific Games International. En su lugar, SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por la sociedad Scientific Games International contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04498-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04498-01
Accionante: SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / proceso ejecutivo CCA/
defecto sustantivo / desconocimiento del precedente
/ decisión sin motivación / defecto orgánico / defecto
fáctico / excepciones que pueden proponerse en el
proceso ejecutivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el
representante de Scientific Games International – SGI en contra de la
sentencia de 7 de octubre de 2022, mediante la cual la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente
la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia formulada por el
representante de Scientific Games International, se fundamenta en los
siguientes:

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Accionante: Scientific Games International

1. HECHOS

1.1. El 12 de marzo de 1992, las sociedades Scientific Games
International, PKI Associates Inc. y Diabutsu Inc. celebraron el contrato
núm. 003 con la sociedad ECOSALUD S.A., cuyo objeto principal era el
manejo integral del juego de suerte y azar denominado “La
Instantánea”.

1.2. Informó que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27
del mencionado contrato, el contratista estaba en la obligación de
otorgar un título ejecutivo por un valor de cinco millones de dólares
para garantizar los pagos mínimos de transferencias que se debían
realizar a ECOSALUD S.A., el cual se otorgó el 12 de marzo de 1992.

1.3. Luego de divergencias entre las partes en la ejecución del referido
contrato, el 1.º de julio de 1993 la sociedad ECOSALUD S.A. profirió la
Resolución núm. 246 por medio de la cual declaró la caducidad del
contrato, que se complementó con la Resolución núm. 263 del mismo
año y fue confirmada a través de la Resolución núm. 493 de 15 de
octubre de 1993.

1.4. Posteriormente, la sociedad ECOSALUD S.A. liquidó
unilateralmente el contrato por medio de la Resolución núm. 222 del
18 de marzo de 1994 en la cual estableció la suma de COP $
90’051.599.475 a favor de ECOSALUD S.A. y a cargo de la sociedad
accionante y sus asociados.

1.5. El 4 de junio de 1999 ECOSALUD S.A., instauró demanda
ejecutiva en contra de la sociedad accionante, con el fin de obtener la
suma referida, incluyendo intereses moratorios y otros rubros, en la

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cual por medio de auto del 17 de junio de 1999 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago en contra
de Scientific Games International en los términos del numeral 8 del
artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

1.6. Sostuvo que dicha decisión fue objeto de recursos, primero
mediante recurso de reposición, el cual fue negado por el referido
tribunal a través de auto del 16 de julio de 2002 y posteriormente el
recurso de apelación, que resultó por confirmar la decisión del tribunal
por medio de auto del 14 de agoto de 2003, proferido por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

1.7. Comentó que el 2 de mayo de 2013, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia
de primera instancia, en la cual rechazó las excepciones propuestas por
la sociedad ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución.

1.8. Inconforme con la decisión, el apoderado de la sociedad
ejecutada presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de estado a través de
providencia del 10 de diciembre de 2020 en la que negó todas las
excepciones propuestas por la parte accionante, a excepción de aquella
que se refería al pago parcial por un monto de $ 50’000.000, por lo que
el total de la ejecución se cuantificó en $ 89’996,891,955, más
intereses moratorios.

1.9. Finalmente, señaló que dicha decisión fue objeto de solicitud de
adición, aclaración y corrección de errores matemáticos, todos negados
por esta corporación mediante providencia del 15 de abril de 2021, por
lo que, posteriormente, interpuso recurso de súplica y en subsidio de

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reposición, el cual fue rechazado a través de auto del 21 de febrero de
2022.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante considera que con la decisión proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado se vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, dado que considera que dicha providencia
adolece de diversos defectos.

Sostuvo que con la decisión que resolvió el proceso ejecutivo, la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo al
fundamentar su decisión en normas que no son pertinentes con la
situación fáctica del caso en concreto, toda vez que señaló que «al leer
la prohibición que consagran estas normas lo que se esperaría es que
el juez, al constatar que se ha efectuado el pago de la cláusula penal,
decida que es improcedente el pago de la indemnización de perjuicios.
Sin embargo, en este caso, la Sección Tercera decidió hacer caso omiso
de lo establecido por la disposición y denegar totalmente la excepción
propuesta por la SGI. »

Asimismo, argumentó que la providencia cuestionada adolece de un
desconocimiento del precedente, porque «(…)no se pronunció
sobre los precedentes que existían al momento de proferir su fallo y
ello en cuatro formas diferentes: de una parte, violó un claro
precedente de su propia sección en el mismo litigio que aquí nos atañe;
de la otra, violó el precedente establecido en el auto del Consejo de
Estado en el cual se confirmó la inadmisión de la demanda de
reconvención de ECOSALUD en el proceso de nulidad contra la
Resolución 246 de 1993; en tercer término, violó una línea

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jurisprudencial tradicional, constante, reiterativa, de vieja data, que ha
sostenido la imposibilidad de acumular el cobro de la cláusula penal y
la obligación principal. A lo anterior se agrega la violación de un
precedente vertical, en la medida que se desatendió la declaratoria de
constitucionalidad del artículo 1594 del Código Civil, decretado por la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 27 de septiembre de
1974(…)»

Por otra parte, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en
una decisión sin motivación en lo relativo al cobro simultáneo de la
cláusula penal y los perjuicios, dado que omitió lo establecido en los
artículos 1594 y 1600 del Código Civil.

De igual forma, indicó que la providencia cuestionada adolece de un
defecto orgánico, dado que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de estado no era la competente para resolver las cuestiones
relativas a la liquidación del contrato, toda vez que esta discusión debió
ser resuelta por un tribunal de arbitramento.

Por último, consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico puesto que «(…)luego de haber considerado que en el
caso concreto debían estudiarse las excepciones de fondo, de acuerdo
con lo que tenía sentado la jurisprudencia contenciosa, no las estudió
al encontrar, supuestamente, que se había presentado la “caducidad
figurativa”, cuando resulta que WINTECH, con la coadyuvancia de SGI,
había demandado en término y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho la Resolución 222 de 1994.»

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicitó lo siguiente:

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«(…) PRIMERA: Tutelar el derecho al debido proceso y al acceso de la
administración de justicia de la sociedad SCIENTIFIC GAMES,
INTERNATIONAL., en sus facetas de violación del precedente, de errada
interpretación de normas, de violación al principio de igualdad de armas, de
ausencia de motivación, de ausencia de competencia y de omisión probatoria, o,
aquél o aquellos derechos cuya lesión se encuentren acreditados en el presente
trámite, en aplicación del principio de Iura novit curia.

SEGUNDA: revocar (o, subsidiariamente, declarar la nulidad o modular) la
sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Alberto Montaña Plata, de fecha diez (10)
de diciembre de 2020 con su adición y complementación realizadas mediante autos
de 15 de abril, 8 de junio, 11 de octubre de 2021 y 28 de febrero de 2022, o, tomar
la decisión que estime pertinente en aplicación del principio Iura Novit Curia.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Proferir una sentencia de reemplazo donde se
decreten las excepciones planteadas por SCIENTIFIC GAMES,
INTERNATIONAL., en el proceso ejecutivo aquí cuestionado.

TERCERA. Decretar las medidas cautelares solicitadas en el presente escrito.

CUARTA. Como consecuencia de las decisiones adoptadas, se revoque, o en
subsidio, se decrete la nulidad o se module, en lo pertinente, la sentencia de primera
instancia expedida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha
de 2 de mayo de 2013.

QUINTA. Ordenar, una vez ejecutoriada la providencia que decida esta Acción de
Tutela, la devolución del expediente al H. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de fecha de mayo de 2013 (…).». (sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto del 24 de agosto de 2022, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado como
accionado y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B y a la Nación, Ministerio de Salud y Protección
Social como entidad sucesora que representa procesalmente a la
liquidada ECOSALUD S.A. como terceros interesados en las resultas del
proceso.

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4.1. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó que se
declare la improcedencia de la presente acción de tutela y en
consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda.

Argumentó que lo que pretende hacer la sociedad accionante es reabrir
un litigio concluido que ya hizo tránsito a cosa juzgada, ya que
simplemente cuestiona el análisis jurídico y la valoración probatoria sin
tener en cuenta los argumentos establecidos en la sentencia atacada.

Asimismo, enfatizó que en el caso objeto de estudio no se configuró
ninguna afectación de los derechos fundamentales alegados por la
parte accionante, mucho menos, se advierte la configuración de alguno
de los defectos señalados en el escrito de la demanda.

Por último, concluyó que la acción constitucional no es una instancia
adicional que permita revisar los argumentos y las pruebas planteadas
en el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el a quo.

4.2 La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio del consejero ponente de la providencia cuestionada, señaló
que estaría dispuesto en atender lo que se disponga dentro del presente
trámite constitucional.

4.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
argumentó que la controversia planteada por Scientific Games
International no es constitucionalmente relevante debido a que versa
sobre un asunto meramente legal, el cual busca reabrir el debate ya
concluido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el que
no se advierte a primera vista una actuación ilegitima por parte de la
autoridad judicial accionada.

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En consecuencia, solicitó que se declare improcedente la presente
acción de tutela promovida en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por falta del cumplimiento de relevancia
constitucional, o en su defecto, negar las pretensiones de la demanda
ante la clara inexistencia de vulneración de los derechos invocados.

5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 7 de octubre de 2022 declaró improcedente la
solicitud de amparo al establecer que la misma no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, dado que el objeto de la
presente acción es reabrir un debate terminado y concluido.

Al respecto, sostuvo que la acción de tutela no se puede entender como
una prolongación del proceso, o un procedimiento paralelo a este con
el fin de cuestionar en uno u otro sentido las decisiones tomadas en las
diferentes etapas procesales.

Asimismo, expresó que la tutela es un mecanismo excepcional, cuyo
objeto es procurar el respeto y la garantía de los derechos
fundamentales, con observancia de la órbita competencial de las
autoridades estatales accionadas.

Por último, concluyó que los argumentos presentados por la parte
accionante no conllevan a la violación de deberes y derechos
fundamentales que habiliten al juez de tutela para estudiar los
supuestos de hecho y de derecho planteados en el proceso ejecutivo,
pues ello fue agotado por los jueces naturales del proceso.

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6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991
y 333 de 2021 y demás normas concordantes.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 10
de diciembre de 20201 que resolvió confirmar lo resuelto en primera
instancia en el marco del proceso ejecutivo, incurrió en un defecto
sustantivo, un desconocimiento del precedente, un defecto orgánico,
una decisión sin motivación y un defecto fáctico y, por consiguiente, en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, y acceso a la administración de justicia de la parte accionante.

1
La Sala debe precisar que aunque también se cuestiona las providencias proferidas por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado del 15 de abril de 2021 y del 21 de febrero de 2022, centrará su
análisis en la sentencia que contiene la decisión de fondo que acá se cuestiona, es decir, la sentencia del 10
de diciembre de 2020.

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Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos, se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; iii) defecto sustantivo; iv) desconocimiento
del precedente; v) defecto orgánico; vi) decisión sin motivación; vii)
defecto fáctico y viii) el caso concreto.

3. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto

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fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada
fue proferida el 10 de diciembre de 2020, quedó ejecutoriada el 6 de
marzo de 2022 y la acción de tutela se presentó el 18 de agosto de
2022.

3.1.4. Finalmente, con respecto al requisito de relevancia
constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha
delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto
tiene una marcada importancia4. Así, en sentencia T-114 de 2002,
indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de
ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

4
Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.

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«(…) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».5

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto
a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un defecto sustantivo, un desconocimiento del
precedente, un defecto orgánico, una decisión sin motivación y un
defecto fáctico en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en
cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales alegada.

3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional6, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales7, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015,
entre otras.
7
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”8.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”9. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente10.

8
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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3.3. Defecto orgánico

En lo que atañe al defecto orgánico, ha dicho la Corte Constitucional en
sentencia T-643-2017 que se refiere a un vicio relacionado a la
competencia, es decir que la autoridad que profirió la providencia
cuestionada, carece de competencia para conocer del asunto a resolver.
Tiene como fuente principal el artículo 121 de la Constitución, el cual
dispone que las autoridades del Estado solo pueden ejercer las
funciones que les asigna la Constitución y la ley.11

Al respecto, la misma Corte, en sentencia SU072-2018, precisó que se
configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada
y no tiene otro mecanismo de defensa como es el caso de una decisión
que está en firme y fue dada por un funcionario que carecía de manera
absoluta de competencia, y cuando (ii) en el transcurso del proceso, el
actor puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta y
dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el
trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una
actuación erigida sobre una competencia inexistente12.

Según la Corte Constitucional13, este defecto tiene un (i) carácter
funcional cuando los jueces desconocen su esfera de competencias y
por el contrario interfieren en ámbitos funcionales que no les
corresponden de acuerdo a lo que dicta la Constitución Política y la ley,
y extralimitan su ejercicio quebrantando el derecho fundamental al
debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la autoridad a pesar

11
Corte Constitucional SU072 - 2018
12
Corte Constitucional SU072-2018
13
Sentencia T-267-2013

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de contar con atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace
por fuera del término consagrado para ello.14

3.4. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con
ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma15.

En ese sentido, el precedente judicial16 es la figura jurídica que sirve como
dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el
ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de
sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho17.

En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido18. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al

14
Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.
15
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
16
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
17
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
18
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”19.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”20.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales21, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del derecho y los

19
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.

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principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial22.

3.5. Decisión sin motivación

La jurisprudencia constitucional23 ha señalado que la falta de
motivación de una providencia como causal de procedencia de una
tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto
atacado carece de legitimación, debido a que el funcionario judicial
encargado de adoptar determinada decisión, incumplió su obligación de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, lo
cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos
fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional24 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de
autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando
la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y “se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez,
es decir en una arbitrariedad25”.

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional26 que cuando se estipule
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez

22
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
23
Sentencia C-590 de 2005
24
Sentencia T-233 de 2007
25
Sentencia T-709 de 2010
26
Sentencia T-041 de 2018

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constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente
las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia, situación que además
conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.

3.6. DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional27 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa28, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva29, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

27
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
28
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
29
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»30.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la impugnación formulada por el
representante de la sociedad Scientific Games International en contra
de la sentencia del 7 de octubre de 2022, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte accionante en
contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La sociedad accionante alega que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia del 10 de diciembre de 2020, proferida dentro del proceso
ejecutivo identificado con el núm. 25000-23-26-000-1999-01556-03, a
través de la cual modificó parcialmente lo resuelto por el a quo y ordenó
seguir adelante con la ejecución por la suma de $ 89.996.891.955, más
intereses moratorios desde el 8 de junio de 1994.

30
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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Previo a resolver, es necesario precisar, como se señaló en el problema
jurídico, que el estudio de fondo se hará frente a la sentencia de
segunda instancia de 10 de diciembre de 2020, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por ser esta
la que adoptó la decisión de fondo que se cuestiona.

Ahora bien, esta Sala considera:

4.1. La parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo y una decisión sin motivación, al
considerar que la decisión recurrida estuvo fundamentada en una
norma que no es pertinente ni aplicable al caso concreto.

De igual forma, señaló que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado realizó una indebida interpretación de los artículos
1594 y 1600 del Código Civil, al omitir que al realizar el pago de la
cláusula penal resulta improcedente la cancelación por concepto de la
indemnización de perjuicios.

En ese contexto la Sala observa que la Subsección B del Consejo de
Estado, en la providencia que se cuestiona, sostuvo lo siguiente:

«6) Excepciones denominadas “inexistencia/invalidez de la obligación-cobro de
lo no debido-pago total y pago parcial” y “violación de los artículos 1594 y 1600
del Código Civil, aplicables al contrato”

(…)

176. Revisada la Sentencia de 2 de mayo de 2013, se advierte que al resolver sobre
estas excepciones, –párrafos 85 a 88-, el Tribunal, en primer lugar, tuvo por no
acreditado el alegado pago realizado por Seguros del Estado S.A. a Ecosalud S.A.
Posteriormente, rechazó los argumentos relacionados con la nulidad de la
Resolución No. 222 de 1994 –mediante la cual se aprobó el acta de liquidación
unilateral del contrato No. 3 de 1992-, por tratarse de un ataque a la validez de un
acto administrativo. De otro lado, la Sala observa que el Tribunal ignoró los
argumentos relacionados con el mérito ejecutivo de la Resolución No. 222 de 1994

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–mediante la cual se aprobó el acta de liquidación unilateral del contrato No. 3 de
1992-, el alcance de la cláusula compromisoria del contrato No. 3 de 1992 y el
trámite concordatario de Wintech de Colombia S.A.

177. La Sala considera que, salvo en lo que tiene que ver con el pago realizado por
Seguros del Estado S.A. a Ecosalud S.A., el Tribunal acertó al declarar no probada
esta excepción, puesto que: (1) los argumentos en los cuales se cuestionó la validez
del referido acto administrativo son improcedentes –párrafo 126-; (2) en la
Resolución No. 222 de 1994 –mediante la cual se aprobó el acta de liquidación
unilateral del contrato No. 3 de 1992- constan obligaciones claras, expresas y
exigibles - párrafos 138 a 141-; (3) la presente ejecución sí tiene que ser de
conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo - párrafos 133 a
137- y; (4) el artículo 13 del Decreto 350 de 1989 no establece que para poder
demandar a un codeudor y/o garante del empresario en concordato, debe existir un
proceso en contra de aquel al momento de la admisión del empresario al trámite de
concordato, ni mucho menos dispone que hacerse parte del trámite concordatario de
un empresario en concordato implica una renuncia a perseguir a sus codeudores y/o
garantes –párrafos 151 a 154-.

178. En lo atinente al alegado pago realizado por Seguros del Estado S.A. a Ecosalud
S.A., en la Sentencia de primera instancia, el Tribunal tuvo por no acreditado el
mismo, consideración que fue rechazada por Scientific Games International Inc.,
quien manifestó que el referido pago sí se encontraba probado, mediante diversos
documentos. Para la Sala, a la sociedad apelante le asiste razón parcialmente, como
pasa a exponerse a continuación:

179. Examinado el expediente, la Sala observa que, efectivamente, el 29 de
septiembre de 1994, Seguros del Estado S.A. y Ecosalud S.A. suscribieron el “acta
de acuerdo de las diferencias jurídico-económicas surgidas entre Ecosalud S.A. y
Seguros del Estado S.A. como consecuencia de la imposición de multas y
declaratoria de caducidad por parte de Ecosalud del contrato No. 003 de 1992,
celebrado con las firmas Scientific Games Inc., PKI Associates Inc. y Daibutsu Inc.
y cedido a Wintech de Colombia S.A., cuyo cumplimiento fue garantizado por
Seguros del Estado S.A31.”. Lo anterior aparenta ser una novación, definida por el
artículo 1687 del Código Civil como “la sustitución de una nueva obligación a otra
anterior, la cual queda por tanto extinguida”. Ahora, si el hecho de que este
documento no haya sido suscrito por Scientific Games International Inc., PKI
Associates Inc. y Daibutsi Inc. y no aparezcan con claridad la intención de novar y
el modo de novación arroja dudas sobre la ocurrencia de este modo de extinción de
las obligaciones, lo cierto es que la Sala encuentra probado el pago de una parte de
las sumas de dinero que pretenden ejecutarse en este proceso.

(…)

181. Debe destacarse que el acuerdo suscrito entre la ejecutante y la compañía de
seguros versó sobre (1) la cláusula penal y (2) las multas impuestas por Ecosalud
S.A. Así mismo, conviene llamar la atención sobre el hecho de que en la liquidación
31
Folios 462-465 del cuaderno 3 y 170-172 del cuaderno 13.

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que pretende ejecutarse en esta ocasión –párrafo 1-, únicamente se incluyó el valor
de las multas pendientes de pago ($54.707.520,oo), no así el de la cláusula penal del
contrato No. 3 de 1992. En esa medida, de estar acreditado un pago, este solo habría
tenido la virtualidad de extinguir las obligaciones relacionadas con las multas
impuestas por la entidad ejecutante, y no los demás conceptos contenidos en el acta
de liquidación definitiva del contrato No. 3 de 1992, elaborada por la interventoría
el 18 de marzo de 1994 y aprobada por Ecosalud S.A. mediante Resolución No. 222
de la misma fecha.

182. En la contestación de la demanda, Scientific Games International Inc. afirmó
que los US$2.400.000,oo que Seguros del Estado S.A. se comprometió a pagar a
Ecosalud S.A., fueron efectivamente pagados por la compañía de seguros a la
entidad. Esta afirmación fue rechazada por el Tribunal, toda vez que no se aportó al
proceso “original o copia auténtica de un documento que acredite que el ejecutante
ha recibido la suma cobrada”.

183. Sin embargo, no es cierto, como lo afirmó el Tribunal, que el pago únicamente
pueda probarse mediante un documento en el que conste que el acreedor ha recibido
una suma de dinero. Naturalmente, un documento de tales características es ideal
para acreditar un pago, lo que no quiere decir que sea el único medio probatorio
admisible al respecto. En efecto, en materia procesal rige, por regla general y salvo
disposición legal en sentido contrario, el principio de libertad probatoria32, en virtud
del cual las partes pueden acreditar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, con cualquiera de los medios
probatorios establecidos en el artículo 175 del CPC (confesión, testimonio, dictamen
pericial, inspección judicial, etc).

184. En el caso concreto, la Sala considera que el referido pago se encuentra
acreditado en la Sentencia de 16 de octubre de 2013, proferida en el proceso
identificado con el número de radicación 1996-02093, en el que Wintech de
Colombia S.A. demandó la nulidad de la Resolución No. 222 de 1994 –mediante la
cual se aprobó el acta de liquidación unilateral del contrato No. 3 de 1992-.

185. Como puede leerse en el mencionado fallo, Wintech de Colombia S.A. alegó
en los hechos de la demanda que “Ecosalud S.A. y Seguros del Estado S.A.
conciliaron las diferencias surgidas por la multa impuesta y la declaratoria de
caducidad, esta última por la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, por un
valor de US$2.400.000 (…) y la aseguradora el 1 de noviembre de 1994 pagó la
suma primeramente conciliada”. En la contestación de la demanda, según se indica
en la providencia, Ecosalud S.A. “aceptó el pago por US$2.400.000 por parte de
Seguros del Estado S.A”, lo que constituye un ejemplo paradigmático de la
confesión por apoderado judicial.

32
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, Sentencia de 9 de julio de 2014, exp. 48.830; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 23 de noviembre de 2015; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 10 de mayo de 2017, exp.
39.912; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 38.640 y; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 1 de marzo de 2018, exp. 40.355.

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186. En ese orden de ideas, es claro que el pago realizado por Seguros del Estado
S.A. a Ecosalud S.A. sí estaba probado. Ahora, como se indicó en el párrafo 179,
dicho pago únicamente puede declararse probado en relación con el valor de las
multas ($54.707.520,oo), puesto que el valor de la cláusula penal no fue incluido en
la liquidación unilateral.

187. Así las cosas, la Sala modificará la decisión del Tribunal y, en su lugar,
declarará parcialmente probada la excepción de “pago parcial” propuesta por
Scientific Games International Inc.(…)»

De las anteriores transcripciones, observa la Sala que la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al desarrollar el caso
concreto, resolvió los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante al indicar que dentro del proceso
ejecutivo se evidenció que la empresa Wintech de Colombia S.A., alegó
que ECOSALUD S.A. y Seguros del Estado S.A. conciliaron las
diferencias surgidas por la multa impuesta, por lo que declaró
parcialmente probada la excepción de «pago parcial» por el pago de
dicho concepto por un valor de $ 54.707.520 pesos colombianos los
cuales fueron restados del saldo de la liquidación definitiva del contrato
para un total de $ 89.996.891.955 pesos colombianos.

Por lo anterior, la autoridad judicial accionada sostuvo que de dicho
acuerdo entre ECOSALUD S.A. y Seguros del Estado S.A. solamente se
acreditó el pago por concepto de multa impuesto por la primera
sociedad, lo que en definitiva no extinguió la obligación de la
cancelación de la cláusula penal del contrato núm. 3 de 1992.

En ese sentido, en criterio de la Sala, no se constituye desde ningún
punto de vista un error sustantivo en la interpretación de las normas
legales aplicables al caso, y menos aún una errónea valoración del
material probatorio aportado al proceso, toda vez que fue a partir del
acuerdo conciliatorio entre ECOSALUD S.A. y Seguros del Estado S.A.,
que la autoridad judicial accionada declaró probada la excepción de
«pago parcial».

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Así las cosas, es claro que lo planteado en esta sede constitucional se
limita a una diferencia de criterios frente a la interpretación de una
norma, que desde ningún punto de vista puede ser considerada como
violatoria de los derechos fundamentales de la accionante, en tanto,
como quedó visto, la Sala de Subsección demandada adoptó dicha
postura bajo argumentos plausibles y razonables, y ajustados al criterio
jurisprudencial decantado y reiterado por esta Sala de Subsección.

4.2. Por otra parte, la sociedad accionante señaló que la autoridad
judicial accionada incurrió en un desconocimiento del precedente,
porque no se pronunció sobre lo establecido en el auto de 29 de marzo
de 1996 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado que
inadmitió la demanda de reconvención de ECOSALUD S.A.

Sobre este punto la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la providencia acusada, dijo lo siguiente:

«133. En lo que tiene que ver con la alegada falta de jurisdicción para conocer de la
ejecución por haberse pactado una cláusula compromisoria en el contrato No. 3 de
1992, Scientific Games International Inc. sostuvo, en primer lugar, que el Auto de
29 de marzo de 1996, proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
proceso identificado con el número de radicación 1994-09660, adelantado por
Wintech de Colombia S.A. en contra de Ecosalud S.A., confirmó que esta ejecución
debía adelantarse ante un tribunal de arbitramento. Sin embargo, esta interpretación
no es de recibo para la Sala. En efecto, en el mencionado Auto se rechazó una
demanda de reconvención –declarativa- presentada por Ecosalud S.A33., y en ningún
momento se hizo referencia alguna a la supuesta imposibilidad de adelantar un
proceso ejecutivo ante esta jurisdicción.
(…)
138. Con relación al argumento según el cual la Resolución No. 222 de 1994 –
mediante la cual se aprobó el acta de liquidación unilateral del contrato No. 3 de
1992- no presta mérito ejecutivo, al no contener obligaciones claras y expresas, pues
así se estableció en el Auto de 29 de marzo de 1996, proferido por la Sección Tercera

33
Demanda en la que nunca se invocó la Resolución No. 222 de 1994 –mediante la cual se aprobó el acta
de liquidación unilateral del contrato No. 3 de 1992-, al margen de que en ella se solicitara declarar el
incumplimiento de obligaciones contractuales de Wintech de Colombia S.A. sobre las cuales versó la
liquidación unilateral.

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del Consejo de Estado en el proceso identificado con el número de radicación 1994-
09660, adelantado por Wintech de Colombia S.A. en contra de Ecosalud S.A., y en
las providencias de 17 de marzo de 1997, proferida por la Corte del Distrito Norte
de Georgia, y 27 de enero de 1998, proferida por el Tribunal Federal de Apelaciones,
en el proceso adelantado por Ecosalud S.A. en contra de Scientific Games
International Inc. en los Estados Unidos, la Sala considera que tampoco le asiste
razón a la sociedad ejecutada.(…)» (Sic en toda la cita)

En ese sentido, lo primero que se debe destacar es que la autoridad
judicial accionada, a partir de los hechos narrados en el escrito de la
demanda y de las pruebas aportadas al trámite del proceso ejecutivo,
no ignoró dicha providencia, sino que estableció que la decisión tomada
en el auto del 29 de marzo de 1996 hacia parte de un proceso
declarativo y que en ningún momento hizo referencia de una
imposibilidad de adelantar un proceso ejecutivo ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.

Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que
en la decisión cuestionada no se incurrió en un desconocimiento del
precedente, pues la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado no excluyó el pronunciamiento dispuesto en el auto del 29 de
marzo de 1996.

4.3 Asimismo, la sociedad accionante señaló que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto orgánico, toda vez que no era la
competente para resolver las controversias generadas por el contrato
suscrito con ECOSALUD S.A., las cuales debían ser resueltas por un
tribunal de arbitramento.

Sin embargo, esta Sala de Subsección advierte que tanto la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado como el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca analizaron a cabalidad el debate sobre
la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en los siguientes términos:

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«135. El Tribunal acogió lo que en su momento sostuvo la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el Auto de 14 de agosto de 2003 -mediante el cual se resolvió
el recurso de apelación subsidiaria interpuesto por la sociedad ejecutada en contra
del mandamiento de pago de 17 de junio de 1999-, esto es, que según la cláusula
compromisoria incorporada en el contrato No. 3 de 1992, el presente proceso
ejecutivo corresponde “al desarrollo de actividades posteriores a la declaratoria
de caducidad, la cual, según acordaron las partes en la cláusula 49ª, es del
conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa”.

136. La Sala comparte íntegramente las consideraciones que en su momento realizó
la Sección Tercera del Consejo de Estado. Adicionalmente, considera que el
razonamiento efectuado por la Corte de los Estados Unidos no puede ser acogido,
pues existe un argumento adicional que refuerza la conclusión alcanzada en 2003
por la Sección y adoptada por el Tribunal en la Sentencia de 2 de mayo de 2013.
Como ya lo ha establecido esta Sección, si bien en Colombia es posible que los
procesos ejecutivos, por corresponder a asuntos transigibles, sean sometidos a
arbitraje, para permitir esto se requiere previamente que el legislador establezca un
procedimiento específico para el efecto, “puesto que el procedimiento que
actualmente existe, corresponde a un proceso de conocimiento, declarativo y de
condena, que obviamente no resulta adecuado para aquella finalidad34”. En esa
medida, toda vez que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano un
procedimiento ejecutivo arbitral, no sería posible que un tribunal de arbitramento
conociera de la presente ejecución.

137. Por consiguiente, la Sala estima que el Tribunal acertó al acoger la apreciación
según la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo sí debe conocer de esta
ejecución.» (Sic en toda la cita)

De esta forma, esta Sala considera plausible y razonable la conclusión
de la autoridad judicial accionada que estableció que el proceso
ejecutivo puede ser adelantado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativa, puesto que dentro del ordenamiento jurídico actual no
existe un procedimiento ejecutivo arbitral, por lo que no todo asunto
de competencia de los jueces ordinarios puede ser trasladado a la
justicia arbitral.

4.4. Por último, la parte accionante alegó que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico, dado que no tuvo en cuenta
la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de julio de
2009, exp. 36.478.

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derecho contra la Resolución núm. 222 de 1994, lo que hubiera
impedido hablar de la caducidad figurativa de la acción ordinaria.

Al efecto, al abordar las pruebas aportadas dentro del proceso, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció lo
siguiente:

«107. Mediante Auto de 12 de noviembre de 201435, el despacho decretó como
pruebas documentales las Sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
Subsección B, de 25 de mayo de 201236, proferida en el proceso adelantado por
Scientific Games International Inc. en contra de Ecosalud S.A., en el que pretendió
la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 246 de 1 de julio de 1993 –
mediante la cual se declaró la caducidad del contrato No. 3 de 1992-, No. 263 de 15
de julio 1994 –mediante la cual se adicionó la Resolución No. 246 de 1993- y No.
493 de 15 de octubre de 1993 –mediante la cual se resolvieron los recursos de
reposición interpuestos contra la Resolución No. 246 de 1993-, identificado con el
número de radicación 1994-09803, y de 16 de octubre de 201337, proferida en el
proceso identificado con el número de radicación 1996-02093, en el que Wintech
de Colombia S.A. demandó la nulidad de la Resolución No. 222 de 1994 –mediante
la cual se aprobó el acta de liquidación unilateral del contrato No. 3 de 199238-.
(…)

124. Ahora bien, el hecho de que Scientific Games International Inc. pudiera proponer
excepciones de mérito relacionadas con la validez de la Resolución No. 222 de 1994
–mediante la cual se aprobó el acta de liquidación unilateral del contrato No. 3 de
1992- no quiere decir que necesariamente las mismas deban ser estudiadas de fondo,
como quiera que, en vigencia de la tesis que permitía proponer como excepción de
mérito en un proceso ejecutivo la nulidad de un acto administrativo, era
imprescindible que “no hubiese caducado figurativamente la acción ordinaria”39.

125. En el caso bajo estudio, la Resolución No. 222 de 1994 –mediante la cual se
aprobó el acta de liquidación unilateral del contrato No. 3 de 1992-, cuya validez fue
atacada en la contestación de la demanda, fue notificada a Scientific Games
International Inc. por edicto fijado el 13 de mayo de 1994 y desfijado el 31 de mayo
de 199440. Según constancia de ejecutoria suscrita por el Secretario General de
Ecosalud S.A., el mencionado acto administrativo quedó en firme el 7 de junio de
1994, “por cuanto (…) transcurri[eron] los cinco (5) días hábiles de la fecha de
desfijación del Edicto y no se hizo uso del recurso de reposición”. Al ser este un acto
35
Folios 112-113 del cuaderno principal.
36
Folios 118-138 del cuaderno 15.
37
Folios 83-109 del cuaderno principal.
38
Conviene precisar que en la mencionada providencia se confirmó la decisión de primera instancia
consistente en negar las pretensiones de la demanda.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de
septiembre de 2001, exp. 17.952
40
Folios 186-187 del cuaderno 2 y 20-21 y 125-126 del cuaderno 5.

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administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual, el término de
caducidad para solicitar su anulación era el de 2 años previsto en el numeral 10 del
artículo 136 del CCA.

126. En ese orden de ideas, dado que la acción ordinaria para solicitar la declaratoria
de nulidad de la Resolución No. 222 de 1994 –mediante la cual se aprobó el acta de
liquidación unilateral del contrato No. 3 de 1992- debía ser presentada, a más tardar,
el 8 de junio de 199641, y las excepciones de mérito de Scientific Games International
Inc. en las que se cuestionó la validez del referido acto administrativo fueron
propuestas en la contestación de la demanda radicada el 6 de agosto de 2002, fuerza
concluir que sobre estos aspectos ya operó la caducidad. Por consiguiente, se
modificará la decisión de primera instancia, y en la parte resolutiva de esta Sentencia
se declarará la improcedencia de los argumentos de defensa relacionados con la
validez de la Resolución No. 222 de 1994.»

En consecuencia, esta Sala de Decisión advierte que la autoridad
judicial accionada no omitió la valoración del elemento probatorio
señalado por el accionante, ya que estableció que la sociedad
accionante no cuestionó la validez de la Resolución 222 de 1994 dentro
del término establecido de 2 años previstos en el numeral 10 del
artículo 136 del CCA, por lo que se configuró el fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción.

En ese orden de ideas, no se evidencia que se haya configurado un
defecto fáctico sino que la parte accionante se encuentra inconforme
con la interpretación efectuada por el juez de lo contencioso
administrativo, situación que, dada la finalidad prevista para la tutela,
sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad, toda vez que las conclusiones a las que
llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso no obedecieron

41
En vista de que el 8 de junio de 1996 fue un sábado, el 9 de junio de 1996 un domingo, y el lunes 10 de
junio de 1996 fue el día feriado del Corpus Christi, la oportunidad máxima para demandar la nulidad de la
Resolución No. 222 de 1994, según el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4 de
1913), era realmente el 11 de junio de 1996.

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a un capricho o arbitrariedad ni se fundaron en su simple voluntad, sino
que, por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de
interpretación normativa y jurisprudencial, contrastada con los
contornos fácticos del caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las
pretensiones de la demanda.

Por lo tanto, es menester recordar que las discusiones adelantadas en
el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la
tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en una
instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar los
argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez
constitucional se activa únicamente en los casos específicos en que se
evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o
inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección revocará la sentencia del 7 de octubre de 2022, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la cual se declaró improcedente la tutela para, en su lugar, negar el
amparo constitucional solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
formulada por la sociedad Scientific Games International.
En su lugar,

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por la sociedad Scientific
Games International contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Impedido

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