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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04506-00

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04506-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04506-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

22 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04506-00
Demandante: Angie Tatiana Segura Ortiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04506-00
Demandante: ANGIE TATIANA SEGURA ORTIZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA Y
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Tardanza en expedir
tarjeta profesional de abogada. Carencia actual de objeto por
hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Angie Tatiana Segura Ortiz1, contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, la Institución Universitaria de Colombia y la Corporación Universitaria
Republicana, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la legalidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de ejercer profesión u oficio, al buen nombre, a la honra,
a la dignidad humana y el respeto por los principios de favorabilidad y
“oportunidad”, que considera vulnerados con la tardanza en expedir la tarjeta
profesional de abogada.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La señora Angie Tatiana Segura Ortiz aseguró que el 29 de junio de 2022, obtuvo
su título de abogada en la Institución Universitaria de Colombia.

Manifestó que el 13 de julio de 2022, radicó la solicitud de expedición de la tarjeta
profesional de abogada mediante mensaje de datos enviado al correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la cual fue radicada con el Nº 22106.

Indicó que mediante correo electrónico de 13 de julio de 2022, recibió acuse de
recibido de su petición.

1 La acción de tutela se presentó el 18 de agosto de 2022.

1

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04506-00
Demandante: Angie Tatiana Segura Ortiz

Sostuvo que ingresó al sistema de consulta SIRNA disponible en la página web
del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de consultar si la tarjeta
profesional ya había sido expedida, sin embargo, no aparecía alguna información
sobre el trámite, por lo que se acercó a las instalaciones de la entidad para
averiguar directamente. Adujo que le informaron que existía una inconsistencia,
que solo podía ser subsanada por la universidad donde terminó los estudios, con
la fecha de inicio de los estudios pues figuraba el año 2018, sin tener en cuenta
que cuando ingresó a ese plantel le homologaron estudios cursados en la
Universidad Republicana desde el 2011.

Refirió que radicó “varios correos” a la institución Universitaria de Colombia y a la
Universidad Republicana, con el fin de que aclararan la situación ante el Consejo
Superior de la Judicatura, pero no obtuvo respuesta y tampoco se le permitió
radicar las constancias de estudio para subsanar la irregularidad.

Manifestó que es madre cabeza de familia y deriva su sustento de su trabajo, el
que actualmente desempeña en el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en virtud de un contrato de prestación de servicios.

Por último, relató que “en la actualidad hay convocatorias para ejercer cargos
profesionales en derecho”, pero no puede participar en los respectivos concursos
de mérito por la falta de la tarjeta profesional.

2. Fundamentos de la acción

La demandante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
la Institución Universitaria de Colombia y la Corporación Universitaria Republicana,
con el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo,
a la legalidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de ejercer
profesión u oficio, al buen nombre, a la honra, a la dignidad humana y que se
garantice el respeto por los principios de favorabilidad y “oportunidad”, los cuales
consideró vulnerados por no haberse expedido su tarjeta profesional, aun cuando
inició el trámite desde el 13 de julio de 2022.

Adujo que esa circunstancia afecta los derechos fundamentales invocados, pues
no ha podido participar en las convocatorias laborales para abogados y mejorar
sus condiciones laborales ya que actualmente se encuentra vinculada al Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de un contrato
de prestación de servicios.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela la actora formuló las siguientes:

“1. Ordenar a la Universitaria de Colombia, a Universidad Republicana allegar la
información requerida por el Consejo Superior de la Judicatura a fin de que se me
expida a la mayor brevedad mi tarjeta profesional de abogado a la cual tengo derecho
por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la página Sirna Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura.

2. Se Ordene al Consejo Superior de la Judicatura que con plazo de 48 horas una vez
allegada la información requerida por la Universitaria de Colombia y Universidad
Republicana se expida mi Tarjeta Profesional de abogado a la cual tengo derecho.

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Demandante: Angie Tatiana Segura Ortiz

3. Se tutelen los derechos fundamentales míos y de mi hija menor a los que tenemos
derecho”.

4. Pruebas relevantes

Con la acción de tutela la actora allegó los siguientes documentos:

• Copia del formulario único de múltiples trámites mediante el cual solicitó la
expedición de la tarjeta profesional de abogada.
• Copia del acta de grado de abogada expedida por la Institución
Universitaria de Colombia.
• Copia de correos electrónicos enviados a la Institución Universitaria de
Colombia en los que solicita precisar la fecha en que inició sus estudios
teniendo en cuenta la homologación que se aplicó cuando ingresó en el año
2018.

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de agosto de 2022, el Despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la autoridad e instituciones universitarias demandadas.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 93129 a 93133 de 29
de agosto de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

Mediante memorial de 31 de agosto de 2022, la Directora de la Unidad solicitó que
se nieguen las pretensiones formuladas por la actora, al considerar que se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Señaló que de acuerdo con la Ley 270 de 1996, artículo 85, numeral 20, una de
las funciones del Consejo Superior de la Judicatura es la de “(...) Regular,
organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente
Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos legales señalados por la
Ley”.

Indicó que mediante Acuerdo Nº 002 de 1996 expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, se dictaron disposiciones sobre la inscripción y registro de
abogados, facultando a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia para efectuar la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.

2 La accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo

electrónico: a.tatianasegura@hotmail.com; tatiseortiz@gmail.com,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, direccionadministrativa@urepublicana.edu.co;
tesoreria@urepublicana.edu.co; notificacionesjudicialesudc@gmail.com.

3

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Demandante: Angie Tatiana Segura Ortiz

Afirmó que el Acuerdo No. 11354 de 2019 establece los requisitos para la
expedición de la tarjeta profesional de abogados, a lo que agregó que las
solicitudes en ese sentido se tramitan en el orden en que son radicadas.

Manifestó que la señora Angie Tatiana Segura Ortiz solicitó a través del correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como abogada y la
expedición de la tarjeta profesional como titulada de la Institución Universitaria de
Colombia.

Afirmó que la Unidad requirió al plantel universitario para que precisara la fecha en
que la solicitante inició los estudios y la del grado, con el fin de determinar si tenía
que acreditar el examen de Estado (art. 2 de la Ley 1905 de 2018), así como el
número del acta de grado, libro, fecha y folio.

Adujo que, inicialmente, la información proporcionada permitía advertir que la
actora debía presentar dicho examen porque habría iniciado sus estudios en el
año 2019, no obstante, en escrito de 22 de agosto de 2022 el vicerrector de la
universidad aclaró que la señora Angie Tatiana Segura Ortiz inició los estudios en
el año 2011 en la Corporación Universitaria Republicana y finalizó en la institución
Colombiana Universitaria el 29 de junio de 2022.

Señaló que precisado lo anterior, procedió a inscribir a la actora en el registro de
abogados asignándole la tarjeta profesional de abogada Nº 389.816, mediante el
Acta Nº 17560 de 2022, la cual, según afirmó, se envió al contratista para la
elaboración del plástico. Aseguró que una vez sea recibida la tarjeta en la entidad,
se remitirá a través del servicio de correo certificado 4 72, al domicilio registrado
por el demandante.

Aseguró que, en cualquier caso, la accionante podrá acceder a la certificación de
vigencia de la tarjeta profesional de abogada, que puede ser descargada o
consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que
podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama
Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co.

Por último, indicó que mediante oficio de 30 de agosto de 2022 se le informó a la
actora sobre el trámite y expedición de la tarjeta profesional.

6.3. Respuesta de Universitaria de Colombia

El rector del centro educativo manifestó su oposición con los cargos de tutela
dirigidos contra esa universidad, al considerar que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la accionante, pues afirmó que el 11 de julio de 2022
envió a la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura los documentos requeridos para aclarar la situación de la
accionante.

Mencionó que de acuerdo con ello, no es cierto lo que refiere la actora en torno a
que la universidad no ha brindado a la demandante la colaboración que requiere
para proporcionar la información solicitada por el Consejo Superior de la
Judicatura para expedir la tarjeta profesional de abogada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04506-00
Demandante: Angie Tatiana Segura Ortiz

Finalmente, afirmó que coadyuva las pretensiones de la accionante dirigidas a que
el Consejo Superior de la Judicatura expida la tarjeta profesional de abogada
solicitada.

6.4. Respuesta de la Corporación Universitaria Republicana

Quien ocupa el cargo de vicerrector pidió que se declare improcedente la acción
de tutela respecto de ese plantel educativo, toda vez que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora.

Al respecto, manifestó que el 23 de agosto de 2022 se remitió a la Unidad de
Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia constancia de estudios de
derecho entre los años el 2011 y el 2017, precisando que no fueron culminados a
los correos electrónicos proporcionados por la señora Angie Tatiana Segura Ortiz,
para tal efecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la institución
Universitaria de Colombia y la Corporación Universitaria Republicana, vulneraron
los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la legalidad, al libre
desarrollo de la personalidad, a la libertad de ejercer profesión u oficio, al buen
nombre, a la honra, a la dignidad humana y los principios de favorabilidad y
“oportunidad”, a la señora Angie Tatiana Segura Ortiz con la tardanza en expedir
la tarjeta profesional de abogada.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
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casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el asunto bajo examen, la señora Angie Tatiana Segura Ortiz interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la Institución Universitaria de
Colombia y la Corporación Universitaria Republicana, con el fin de que se ordene
que se asigne expida la tarjeta profesional de abogada, teniendo en cuenta que el
trámite correspondiente fue iniciado desde el 13 de julio de 2022.

Aseguró que la falta de la tarjeta profesional afecta los derechos fundamentales
invocados, le causa una grave afectación pues no ha podido participar en las
convocatorias laborales para abogados y, con ello, mejorar sus condiciones
laborales, ya que actualmente se encuentra vinculada al Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, a través de un contrato de prestación de
servicios.

4.2. Por su parte, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia manifestó que el 30 de agosto de 2022 inscribió a la actora en el registro
de abogados, asignándole la tarjeta profesional de abogada Nº 389.816, mediante
el Acta Nº 17560 de 2022, la cual, según afirmó, se envió al contratista para la
elaboración del plástico.

Aseguró que, en cualquier caso, la accionante podrá acceder a la certificación de
vigencia de la tarjeta profesional de abogada, que puede ser descargada o
consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que
podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama
Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co.

Además, indicó que mediante oficio de 30 de agosto de 2022 se le informó a la
actora sobre el trámite y expedición de la tarjeta profesional.

4.3. En efecto, la Sala observa que en el enlace indicado por la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, se certifica que de
conformidad con el Decreto Ley 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la
Ley 270 de 1996, la señora Angie Tatiana Segura Ortiz cuenta con la tarjeta
profesional Nº 389.752 para el ejercicio de su profesión de abogado, la cual fue
expedida el 30 de agosto de 2022 y se encuentra “vigente”. Dicho certificado está
disponible para descarga y se adjunta a continuación:

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Por otro lado, el 30 de junio de 2021 se remitió a la actora al correo electrónico
indicado en el formulario único de múltiples trámites
a.tatianasegura@hotmail.com, copia del acta de asignación la tarjeta profesional y,
además, se le informó el trámite efectuado en cuanto a la inscripción, expedición y
entrega de la tarjeta profesional.

En atención a la informalidad que orienta el ejercicio de la acción de tutela, el
Despacho estableció comunicación vía telefónica3 con la accionante quien
manifestó que ya recibió el plástico de la tarjeta profesional.

4.4. De lo anterior, la Sala advierte que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura ya
expidió la tarjeta profesional de abogada a la demandante y que también entregó
el plástico de la misma, por lo que se presenta una satisfacción de las
pretensiones de la acción de tutela.

También se observa que la actora radicó la solicitud para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado el 13 de julio de 2022, sin embargo, la precitada
entidad efectuó un requerimiento al plantel universitario en el cual la actora finalizó
los estudios del programa de derecho4, para que precisara la fecha de inicio de los
mismos con el fin de determinar si debía exigirse o no la presentación del examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018. Con ese fin, envió un correo

3 La Corte Constitucional, en jurisprudencia reiterada, ha aprobado la práctica de pruebas urgentes

por parte del juez constitucional mediante comunicación telefónica, a fin de que pueda analizar con
mejores elementos de juicio los problemas jurídicos bajo discusión y las eventuales violaciones a
derechos fundamentales. Lo anterior, se permite en desarrollo de los principios de celeridad y
eficacia, con base en los cuales debe ser adelantado el trámite de tutela (artículos 86 de la
Constitución Política y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991). Cfr. Sentencia T-726 de 2007, M.P.
Catalina Botero Marino (E).
4 Aun cuando no se allegó prueba del requerimiento para determinar la fecha, en una de las

respuestas del establecimiento educativo se indicó que era del 28 de julio de 2022.

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electrónico a la Institución Universitaria de Colombia que fue atendido por el citado
plantel el día 22 de agosto de 2022 y, finalmente, el 30 de agosto de 2022 se
efectuó el registro como abogada, en los términos ya expuestos.

4.5. Al respecto, es preciso señalar que en sentencia SU-274 de 20195, la Corte
Constitucional reiteró que “ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales
objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de
ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se
justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud, cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no
atendería el objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”6.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”7.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”8.
5 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
6 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
7 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
8 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.

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En virtud de lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por existir
un hecho superado, teniendo en cuenta que la pretensión formulada por la actora
en cuanto la expedición de la tarjeta profesional de abogada se encuentra
satisfecha, por lo que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surtiría ningún efecto, ya que lo pretendido se resolvió
antes de emitirse la decisión de primera instancia. Adicionalmente, no se hace
necesario efectuar algún pronunciamiento en relación con los derechos
fundamentales invocados, pues el propósito de la demandante era que se
expidiera el precitado documento con el fin de aspirar a opciones laborales, como
lo puso de presente en el escrito de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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