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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04511-00

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04511-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de DESVINCULACIÓN formuladas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B”, la empresa de Transmilenio S.A., la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDU. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA frente al yerro dirigido en contra de la decisión que condenó en costas. TERCERO: NEGAR en lo demás, el amparo de los derechos fundamentales deprecados por la señora Rosalba Parroquiano Cubides. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04511-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de septiembre de 2022

Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04511-00
Demandante: ROSALBA PARROQUIANO CUBIDES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B” Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente los
cargos fundados en la controversia que se refiere a las costas
procesales - Niega – defectos fáctico y sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Rosalba
Parroquiano Cubides, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 18 de agosto de 2022, la señora Rosalba Parroquiano Cubides, a través de la
ventanilla virtual de la Secretaría General del Consejo de Estado y por intermedio
de apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” y el Juzgado Sesenta y Cuatro
(64) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al “[d]ebido proceso, derecho a la igualdad y los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe, confianza legítima y de
racionabilidad del sistema jurídico”.

Tales garantías las estimó vulneradas por las mencionadas autoridades judiciales
que el 14 de agosto de 2019 y 15 de julio de 2022 negaron las pretensiones de la
demanda, en primera y segunda instancia respectivamente, al interior del medio
de control de reparación directa identificado con el radicado número 11001-33-43-
064-2016-00245-01.

1.2 Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al Debido
proceso, derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada,

1
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Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-00

buena fe, confianza legítima y de racionabilidad del sistema jurídico, a Rosalba
Parroquiano Cubides; Mario Sebastián Leython Forero; Oscar Wilson Leython
Parroquiano; Jacqueline Rocío Leython Parroquiano y Diana Mireya Leython
Parroquiano, teniendo en cuenta que no existe otro mecanismo para amparar los
derechos vulnerados.

SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, del 15 de julio de 2022, dentro del proceso 11001-
33-43-064-2016-00245-00 (01), y en su defecto fallar:

1. Revocar la Sentencia del Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección tercera, y a la Nación- Rama Judicial- por el defectuoso
funcionamiento.

2. Revocar la decisión de condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia, lo anterior bajo los siguientes criterios:
(…)
11. PETICIONES SUBSIDIARIAS

1. En caso de no emitirse una decisión de fondo, solicitamos muy amablemente se
declare la nulidad de la decisión emitida en segunda instancia, y se ordene decretar
la prueba solicitada en segunda instancia referente a ordenar a la parte demandada-
Nación Rama Judicial o al Juzgado 24 civil del Circuito, para que alleguen el
expediente 2003-00863. Con el fin de que se revise de fondo los hechos y
pretensiones frente a la demanda Rama Judicial.

2. Revocar la decisión de primera y segunda instancia referente a la condena en
costas en atención a que como se logró probar el suscrito, procedió a actuar con
diligencia y dentro de los términos legales, para demostrar los hechos y
pretensiones dentro de la demanda 11001334306420160024500.” (Negrillas y
mayúsculas sostenidas del texto original, y sic a toda la cita)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

 En el año 2013 los señores Hilda Parroquiano Cubides y Juan Carlos Cubides
Parroquiano iniciaron proceso declarativo de pertenencia en contra de la señora
Rosalba Parroquiano Cubides, con el fin de que se declarara “ adquirido el dominio
del bien inmueble (…) con matrícula inmobiliaria No. 50S-682767”1. Razón por la cual,
en el folio de matrícula figuró la inscripción de la existencia de tal demanda.

 El 20 de diciembre del 2004, la señora Rosalba Parroquiano Cubides y el
Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU) suscribieron promesa de
compraventa de una casa lote identificada con la matricula Inmobiliaria “No. 50S-
682767” y el 17 de enero de 2005 se realizó la entrega del bien.

 El 3 de julio de 2005, mediante la Resolución 2005, el IDU dispuso la
expropiación administrativa del inmueble en mención y procedió a consignar la
suma convenida a órdenes el Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito Judicial
de Bogotá, esto es, $54.233.200 donde cursó el proceso de pertenencia.

 La señora Rosalba Parroquiano Cubides solicitó al Juzgado Veinticuatro (24)

1 El proceso se identificó con el radicado número 11001-31-03-024-2003-00863-00.

2
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Civil del Circuito Judicial de Bogotá la entrega del título judicial que contenía el
dinero producto del negocio jurídico referido, en atención a que “la demandante en
prescripción, pretendía otro terreno diferente al que fue objeto de compra y venta y que
contra el mismo no existía embargo alguno”. Requerimiento que fue despachado
desfavorablemente.

 El 10 de octubre de 2012 el Juzgado Quince (15) Civil del Circuito Judicial de
Descongestión de Bogotá, autoridad judicial que asumió el conocimiento del
asunto en cumplimiento de unas medidas de descongestión, negó las
pretensiones de la demanda y dispuso ordenar “la cancelación de las medidas
cautelares decretadas”.

 Posteriormente, en el mes de marzo de 2014 el Juzgado Veinticuatro (24) Civil
del Circuito de Bogotá efectuó la entrega del dinero que había consignado el IDU a
la señora Parroquiano Cubides.

 Por lo anterior, la señora Rosalba Parroquiano Cubides y otros2 radicaron
demanda de reparación directa en contra la Nación- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (en adelante Rama Judicial), Instituto de Desarrollo Urbano
–IDU-, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. la empresa de Transporte del Tercer
Milenio- Transmilenio S.A; y los señores Hilda Parroquiano Cubides y Juan Carlos
Cubides Parroquiano, “por la demora en el pago de las sumas adeudadas y canceladas
por concepto de expropiación”3.

 El 9 de junio de 2016, la acción contenciosa fue inadmitida por el Juzgado
Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y subsanada
dentro del término procesal. En esta oportunidad los demandantes solicitaron “sea
remitido a su despacho copia del expediente contentivo de la demanda de pertenencia
(…) Radicación No. 2003-0863 (…)”.

 El 31 de mayo de 2018 el juzgado celebró la audiencia inicial de que trata el
artículo 180 del CPACA, en la cual, entre otros aspectos, se resolvió frente a la
solicitud probatorio de la parte demandante:

“8.1.1 DOCUMENTALES

DECRETAR como pruebas documentales las aportadas (…)

8.1.2. DOCUMENTALES MEDIANTE OFICIO

La parte demandante no solicitó el decreto de medios de prueba mediante oficio,
razón por la cual no se hace pronunciamiento en este sentido.

(…)

Decisión notificada en ESTRADOS. Sin recursos.” (Negrillas, mayúsculas
sostenidas y subrayado del texto original)

 El 14 de agosto de 2019 la autoridad judicial de primera instancia negó las

2 La parte demandante estuvo integrada por Rosalba Parroquiano Cubides, Mario Sebastián
Leython Forero; Oscar Wilson Leython Parroquiano; Jacqueline Rocío Leython Parroquiano y
Diana Mireya Leython Parroquiano (PUNTO)
3 El litigio se fijó en los términos en mención.

3
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pretensiones de la acción, al concluir que no se acreditó la falla en el servicio,
comoquiera que las actuaciones de las entidades distritales demandadas “ se
encuentran acordes con la normatividad (…), toda vez que no era procedente entregarle
directamente el dinero a la señora Rosalba (…), cuando se encontraba en duda su
derecho de dominio”.

 Por su parte, frente a la Rama Judicial, consideró que no se probó el daño
antijurídico porque al no aportarse la totalidad del expediente con radicado N.º
2003-0863, no era posible “identificar una a una las actuaciones adelantadas por el
operador jurídico y si incurrió en una mora injustificada o si la duración del proceso por los
10 años que señala la demandante tuvo justificación fáctica y jurídica”.

 Al respecto, el a quo resaltó que “le corresponde a la parte actora demostrar la
existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual que demanda,
(…) circunstancia que obvió la parte demandante”.

 Agregó que según los parámetros que ha establecido el Consejo de Estado4 “se
compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, siempre que sea injustificada,
lo cual debe determinarse por el juzgador en cada caso concreto, con fundamento en
distintos factores tales como la propia realidad de la administración de justicia y las
características del asunto que se esté resolviendo”.

 Precisó que no era posible “ignorar la realidad que aqueja la congestión judicial que
adolecen los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Bogotá (…) [p]rueba de lo anterior,
es que finalmente la sentencia del 10 de octubre de 2012 fue proferida por el Juzgado
Quince Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, por lo cual se infiere que
efectivamente el Juzgado 24 (…) se encontraba atendiendo una carga excesiva (…)”.

 Además de negar las pretensiones, el juzgado condenó en costas a favor de las
demandadas. Decisión que la parte demandante recurrió en apelación.

 El extremo desfavorecido expuso en el recurso de alzada que la mora judicial
se acreditó con las diversas solicitudes de entrega del título judicial, sumado al
tiempo que duró el proceso de pertenencia. Indicó que no compartía el criterio de
que la carga probatoria recayera exclusivamente en los demandantes, donde en
todo caso, si el funcionario consideraba que era necesario la totalidad del
expediente para el análisis de la responsabilidad, este podía decretar esa prueba
de oficio.

 En este orden de ideas, requirió al ad quem que se oficiara al Juzgado
Veinticuatro (24) Civil del Circuito Judicial de Bogotá que remitiera la totalidad del
expediente N.º 11001-31-03-024-2003-00863-00.

 El 23 de enero de 2020 la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la apelación y negó el decreto de la
prueba solicitada, comoquiera que no se cumplían los requisitos que establece el
artículo 212 de CPACA.

4 En este punto relacionó la siguiente providencia: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia

del 13 de mayo de 2019, Expediente No. 52889A, C.P. Alberto Montaña Plata”.

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 El 28 de enero de 2020 el apoderado de los demandantes, dentro de la
ejecutoria del auto en mención, insistió en el decreto de la prueba y aportó al
proceso contencioso copia del expediente N.º 11001-31-03-024-2003-00863-00.

 El 13 de febrero de 2020 el ad quem corrió traslado para alegar y advirtió,
referente a la documental allegada, que “reitera y confirma la decisión proferida en el
auto de 23 de enero de 2022”, para lo cual indicó que “si bien el escrito radicado por la
parte actora no va encausado a reponer el auto fechado 23 de enero de 2020, este
despacho reitera nuevamente (sic) lo expuesto en el auto en mención, por cuanto la
solicitud de admisibilidad de los medios probatorios en sede de segunda instancia no se
encuentra enmarcada dentro de ninguna de las causales establecidas en el artículo 212
del CPACA”.

 En segundo grado, el 15 de julio de 2022, el tribunal confirmó la negativa de las
pretensiones, al considerar que “la sola tardanza en la adopción de determinada
decisión judicial no conlleva automáticamente una declaratoria de responsabilidad del
Estado, ya que pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador
jurídico a la conclusión de que no se vulneraron los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política (…)”.

 Manifestó que según el artículo 167 del CGP “[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen
(…)”.

 Recordó que “la señora Rosalba Parroquiano Cubides era parte del proceso de
pertenencia, razón por la cual en principio, tenía mayor facilidad para acceder al
expediente y traerlo a esta jurisdicción, sin embargo, dicha situación no operó razón por la
cual esta subsección no puede realizar ningún análisis para determinar mora
administrativa en el trámite del proceso de pertenencia No. 2003-00863”.

 La sentencia de segunda instancia fue notificada 25 de julio de 2022 y la
presente acción Constitucional se radicó el 18 de agosto de 2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La tutelante consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto “material o sustantivo”, porque en el medio de control de reparación directa
se “acreditó que la entrega del título judicial (…) se dio por fuera de los términos
establecidos”, sumado a que “demostró que en reiteradas ocasiones la demandante
solicitó la entrega del título en mención, sin embargo un trámite que no tiene mayor
demora, sin justa causa tardo (sic) varios años en ser entregado, sin contar el tiempo en
el cual se demoró en resolver el proceso de pertenencia (…)”.

Para el efecto, advirtió que:

(i) “aportó el material probatorio con la demanda que demuestran los términos y
condiciones en las que fue entregado el título”;

(ii) el ad quem omitió hacer uso de la facultad oficiosa con el fin de recaudar la
prueba consistente en que se trajera al proceso la demanda declarativa de
pertenencia, para lo cual advirtió que el “decreto oficioso de pruebas no es una

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mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal”, cuya omisión implica una
vulneración al principio de “igualdad de armas”, además de que:

(iii) la Rama Judicial incumplió la obligación legal de aportar con la contestación
de la demanda aquellas pruebas que obraban en su poder relacionadas con el
objeto del proceso, según los numerales 4º y 5º del artículo 175 del CPACA.
Luego, a su juicio, se deben dar “por ciertos aquellos hechos de responsabilidad
que se alegaron en la demanda”.

Manifestó que “desde la subsanación de la demanda, se solicitó el expediente que fuere
tramitado ante la jurisdicción ordinaria bajo el radicado No. 2003-0863 y no como lo
pretendió hacer ver la segunda instancia en la decisión de admisibilidad del recurso de
apelación de la sentencia de primera instancia, en la cual indicaba que la prueba había
sido solicitada solo hasta esa etapa procesal”.

Agregó que sí era posible decretar la prueba en segunda instancia, según la
causal 3º del artículo 212 del CPACA5, en atención a que “la decisión emitida en
primera instancia genera ya en si un hecho nuevo y es el negar las pretensiones por la
ausencia de la totalidad del expediente, por lo cual siendo un hecho nuevo (pues hasta
aquí el suscrito consideraba que con las pruebas decretadas, la ausencia de contestación
y la falta de los antecedentes administrativos, daba certeza de la falla en el servicios por
lo menos por parte de la Rama Judicial).”

Indicó que el tribunal “si (sic) tenía conocimiento de la incorporación del expediente
2003-00863 AL PROCESO OBJETO DE TUTELA, ES ASÍ QUE NO SE EFECTUÓ UNA
DEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA CON TODOS LOS ELEMENTOS, OBRANTES
EN EL EXPEDIENTE, VULNERANDO REITERADAMENTE EL DERECHO AL DEBIDO
PROCESO”. (Mayúsculas sostenidas del texto original)

Finalmente pidió que se revocara la condena en costas, dado que “en anteriores
oportunidades y en materia de condena en costas, la Subsección A (sic) sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no implicaba la condena de manera “automática” u
“objetiva”, frente a aquel que resultara vencido en el litigio”.

Lo anterior, porque “desde el primer momento hasta la última actuación procesal se
actuó en debida forma, procurando realizar las actuaciones procesales bajo el principio
del debido proceso y de la celeridad, sino que se insiste que las actuaciones, no
desplegaron la ejecución de un desgaste judicial.”

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto del 22 de agosto de 2022, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la tutelante y como accionados al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B” y al Juzgado
Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

5 “Artículo 212. Oportunidades probatorias: (…) En segunda instancia, cuando se trate de apelación

de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir
pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
(…)
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.”

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Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés en las resultas del proceso,
a los señores Mario Sebastián Leython Forero; Óscar Wilson Leython
Parroquiano; Jacqueline Rocío Leython Parroquiano y Diana Mireya Leython
Parroquiano [que integraron la parte demandante al interior del expediente No. 11001-
33-43-064-2016-00245-01], y a la Rama Judicial [demandada al interior del expediente
No. 11001-33-43-064-2016-00245-01].

El 15 de septiembre de 2022, se llamó a la litis, también como terceros, al Instituto
de Desarrollo Urbano –IDU-, a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a la empresa de
Transporte del Tercer Milenio- Transmilenio S.A. y a los señores Hilda
Parroquiano Cubides y Juan Carlos Cubides Parroquiano.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “B” por intermedio de la magistrada ponente de la decisión
controvertida, manifestó que “corresponde a las partes probar los hechos que alegan.
En ese orden de ideas existen oportunidades probatorias y responsabilidades personales,
que no pueden excusarse ni pretermitirse”.

Afirmó que “no resulta acertado, como lo manifiesta la parte accionante, que
correspondía a la demandada Nación – Rama Judicial aportar la totalidad del expediente
tramitado por el Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito Judicial de Bogotá ya que fue
ella quien inició el proceso y a quien le corresponde probar lo alegado; aunado a que no
demostró en estar en imposibilidad de obtener copia de él”.

Indicó que la condena en costas se impuso en cumplimiento de la norma procesal
y según los parámetros de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que
regulan las tarifas en agencias en derecho.

Por lo anterior, solicitó que “sean negadas las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia y se nos desvincule de la presente actuación”.

1.6.2. El Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, por conducto del funcionario instructor, requirió que se declarara la
improcedencia de este asunto, por cuanto “no existe vulneración alguna máxime
cuando la parte demandante en las diversas etapas no allegó el material probatorio
suficiente que determinara la responsabilidad por parte de la Nación – Rama Judicial”.
(Sic a toda la cita)

Precisó que “la parte demandante podía efectuar la solicitud del expediente civil desde el
escrito de demanda, de igual manera hubiese interpuesto el recurso de reposición en la
etapa de audiencia inicial o en las que continuaron a ella, si con ello pretendía la solicitud
del recaudo probatorio que brilló por su ausencia. Situación que como se logró
desprender no fue efectuada, (…)”. Luego lo pretendido, en realidad es “revivir
términos para el recaudo probatorio que no fueron solicitados en su debido momento”.

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1.6.3. La sociedad anónima Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A, a
través de la subgerente jurídica de la empresa, también solicitó declarar
improcedente el mecanismo constitucional, comoquiera que la accionante no es
clara en qué consiste la trasgresión de sus derechos fundamentales. Sumado a
que no es posible usar la acción Constitucional como un proceso alternativo o
sustitutivo del ordinario.

Hizo alusión a los artículos 211 del CPACA y 167 del CGP, para argumentar que
la parte demandante en el proceso contencioso no cumplió con la carga de la
prueba.

Por otro lado, requirió que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, “ya que en efecto, Transmilenio S.A no es la autoridad judicial, siendo así la
entidad se acoge a lo decidido por parte TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B”.

1.6.4. La Alcaldía Mayor de Bogotá, por intermedio de la directora Distrital de
gestión judicial (e) de la Secretaría Jurídica Distrital, expuso que la solicitud de
tutela debía declararse improcedente, debido a que no se cumplen los requisitos
generales y específicos para su estudio.

Igualmente precisó que, si eventualmente se estima procedente el mecanismo, se
le desvincule de la acción, al carecer de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.5. El Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, requirió que se le separara del
presente trámite, debido a “que no hay injerencia alguna con la Institución frente a lo
que en este proceso constitucional se pueda fallar, toda vez que se advierte una falta de
competencia por parte de este Instituto para resolver lo solicitado por el accionante”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Rosalba Parroquiano Cubides, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa – Solicitudes de desvinculación

Se recuerda que en este asunto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “B”, Transmilenio S.A., la Alcaldía Mayor de Bogotá
y el IDU pidieron su desvinculación de este trámite, a lo cual esta Colegiatura no
accederá, comoquiera que la primera se llamó en calidad de demandada y frente a
las demás, estas fueron convocadas en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte
de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia el 15 de julio de 20226.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) las generalidad del defecto alegado y; (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 7
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

6 Si bien la parte tutelante manifestó que la vulneración de sus garantías constitucionales deviene

de las sentencias proferidas en ambas instancias, proferidas por las autoridades judiciales
accionadas, lo cierto es que el análisis en sede constitucional se realizaría a partir de la sentencia
de segunda instancia del proceso ordinario, esto es, el fallo de 15 de julio de 2022 dictado por el la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, comoquiera que con dicha decisión se
puso fin al medio de control de reparación directa.
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

9
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente frente a los cargos dirigidos en contra de la decisión de
negar las pretensiones de la demanda contenciosa, ello, conforme con los
argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de los
derechos fundamentales al “[d]ebido proceso, derecho a la igualdad y los principios de
seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe, confianza legítima y de racionabilidad del
sistema jurídico”, ante la posible configuración de los defectos fáctico y sustantivo.

En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por la tutelante ante la notoria tensión entre los
derechos fundamentales invocados y la decisión judicial objeto de reproche, por lo
que la Sala superará esta causal referente a los yerros en mención.

No obstante, no ocurre lo mismo, en relación con cargos dirigidos en contra de la
determinación que condenó en costas, según los argumentos que se pasan a
exponer.

Como se comentó en líneas precedentes, la parte actora sustentó que una de las
decisiones que vulneró sus derechos fundamentales fue la que la condenó en
costas en el proceso ordinario de la referencia, lo cual, en criterio de esta Sala, no
se satisface el requisito de relevancia constitucional, en atención a la naturaleza y
composición de este concepto.

Al respecto, resulta pertinente recordar que la Sala Especial de Decisión No. 27
del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de
agosto de 2019, sostuvo lo siguiente:

“5.1 Costas procesales –concepto, composición y configuración

72. Las costas procesales son aquella erogación económica que debe asumir la
parte que resulte vencida en un proceso judicial, que se compone de las i)
expensas y las ii) agencias en derecho.
73. Las primeras responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso,
tales como son el valor de copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios
de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por
diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de testigos, por citar
algunos ejemplos.

74. Las segundas -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe
ordenar en beneficio de la parte favorecida con la condena en costas, para
reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si
actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo
dedicados a la causa”11 (Negrita propia del texto)

En ese orden de ideas, resulta claro que las costas, en sus dos componentes,
repercuten económicamente en el patrimonio del demandante o del demandado,

11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°27, sentencia de unificación

jurisprudencial del 6 de agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

10
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según el caso, toda vez que lo que se pretende es el pago de una suma de dinero
proporcional a los gastos en que hubiera incurrido la parte vencedora del litigio.

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 573 de 2019, en
relación con el análisis del juez de tutela para establecer si un asunto cumple con
el requisito de relevancia constitucional, indicó que:

“48. Primero,la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica (sic), deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse
de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so
pena de“involucrarse en[cuestiones]que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
En tales términos, unasunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte,(i)cuando la discusión se limita a la mera determinación
deaspectos legales de un derecho, comola correcta interpretación o aplicación de
una norma“de rango reglamentario o legal”, salvoque de esta“se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales”o(ii)cuandosea evidente su
naturaleza o contenido económico,por tratarse deuna controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”12 (Negrita y subrayado fuera del texto).

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por la accionante respecto de la condena en costas
procesales, la Sala advierte que, al no ser un derecho fundamental, ni encontrarse
ligada a la satisfacción de una garantía de tal naturaleza, la tutela se torna
improcedente.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este aspecto específico de la
controversia se circunscribe a una cuestión meramente legal y de carácter
patrimonial, en el sentido que la inconformidad de la tutelante, como ya se
mencionó, gira en torno a la viabilidad o no de imponerle dicha sanción, de modo
que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario”13 y, por ello,
al funcionario constitucional no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

En consecuencia, la acción de tutela del vocativo de la referencia, frente a este
cargo, no supera el requisito de procedibilidad adjetiva de la relevancia
constitucional, en el entendido que la discusión planteada por la accionante se
limita al reconocimiento de un derecho económico y no a la afectación de una
garantía iusfundamental que haga necesaria la intervención del juez de tutela14.

2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a
sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y
ejecutoriada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

12 Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia de unificación del 27 de noviembre de 2019,

M.P. Carlos Bernal Pulido.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
14 En el mismo sentido, esta Sala profirió la sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 11001-03-15-

000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Subsección “B”, que puso fin al proceso, no procede ningún recurso, y que los
cargos alegados por defecto fáctico y sustantivo no se encuadran en las causales
de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de
jurisprudencia.

2.5.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión se profirió el 15 de julio de 2022 y se
notificó el 25 siguiente, mientras que la acción de tutela fue radicada el 18 de
agosto de 2022, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la
acción de tutela se presentó dentro de los seis meses que esta Sección considera
como plazo prudencial para acudir a esta instancia constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 15, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado número 11001-33-43-064-2016-
00245-01.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos fáctico
y sustantivo, al encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial.

2.6. De las generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del
201517 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a
colación en la presente decisión así:

i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
17 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de
Omisión de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
decreto y práctica que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de pruebas de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
indispensables parámetros arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere que:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
Desconocimiento el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Se señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Requiere entonces que:
Valoración
irracional o a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
arbitraria de las objeto de indebida valoración por el juez
pruebas aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.

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Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
violación del decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.

2.6.2. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional18, ha
explicado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”19.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente20 o porque ha sido derogada21, es

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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inexistente22, inexequible23 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el legislador24.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma25.

c) La disposición aplicada es regresiva26 o contraria a la Constitución27.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición28.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma29 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.7. Caso concreto

Como viene de explicarse, la accionante controvierte la sentencia de 15 de julio de
2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado número 11001-33-43-064-2016-00245-01, que
confirmó la decisión de 14 de agosto de 2019 del Juzgado Sesenta y Cuatro (64)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la
demanda.

En efecto, de la solicitud de tutela se infiere que la demandante aduce que la
autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico por la indebida valoración
de las pruebas, en atención a que en el proceso contencioso se acreditó el daño
antijurídico que consistió en la demora de la jurisdicción civil en realizar la entrega
de un título judicial al interior de una demanda declarativa de pertenencia.

En efecto, la tutelante considera que el extremo activo probó el excesivo término
que duró el trámite judicial, sumado a la acreditada insistencia en el desembolso
del dinero que fue depositado a órdenes del juzgado civil que conoció el
expediente con el radicado número 11001-31-03-024-2003-00863-00.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-

1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

15
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Por su parte, manifestó que el ad quem desatendió el artículo 212 del CPACA,
comoquiera que sí era posible que se decretara en segunda instancia la obtención
del compendio identificado con el N.º 2003-00863, según la causal 3º del artículo
212 del CPACA30, en atención a que “la decisión emitida en primera instancia genera
ya en si un hecho nuevo y es el negar las pretensiones por la ausencia de la totalidad del
expediente, (…)”. Además de que era posible su decreto de forma oficiosa.

Expuso que no se tuvo en cuenta que la Rama Judicial incumplió la obligación
legal de aportar con la contestación de la demanda aquellas pruebas que obren en
su poder y que tengan relación con el objeto del proceso, según el artículo 175 del
CPACA.

2.7.1. Aclarado lo anterior, esta Sala hará un estudio en conjunto de los cargos
alegados por contener un sustento en común que se funda en la valoración y
oportunidades probatorias, para lo cual, se iniciará el análisis con la alusión del
contenido de las normas presuntamente desconocidas.

En primer lugar, se tiene que según los numerales 4º y 5º del artículo 175 del
CPACA, disponen:

“Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el
demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que
contendrá:

1. (…)

4. La relación de las pruebas que se acompañen y la petición de aquellas cuya
práctica se solicite. En todo caso, el demandado deberá aportar con la
contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder y que
pretenda hacer valer en el proceso.

(…).”

De lo anterior, es posible concluir que existe un deber legal, frente al extremo
pasivo, cuando este se pronuncia del escrito de demanda, que se sintetiza en la
obligación de aportar “con la contestación (…) todas las pruebas que tenga en su poder
y que pretenda hacer valer en el proceso”.

No obstante, esta Sección destaca que la Rama Judicial, al interior del proceso N.º
11001-33-43-064-2016-00245-01 guardó silencio, según se pudo evidenciar del
auto de fecha 8 de junio de 2017, que además de fijar fecha para la audiencia
inicial, declaró que la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia no contestó
la demanda.

En este orden de ideas, esta Colegiatura considera que, según el contenido de tal
normatividad, el tribunal demandado no estaba en la obligación exigir a esta
demandada que aportara el expediente con el radicado número 11001-31-03-024-

30 “Artículo 212. Oportunidades probatorias: (…) En segunda instancia, cuando se trate de
apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes
podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
(…)
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.”

16
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2003-00863-00, porque tal deber surge y es una consecuencia de un acto
procesal que no ocurrió.

Luego, aunque esta determinación u omisión por parte de la entidad puede
contener efectos adversos en cuanto a la falta de defensa técnica de esa
dependencia, de manera alguna implica que se invierta la carga probatoria ante tal
circunstancia, como se verá más adelante.

En este punto, resulta pertinente resaltar que, no es posible dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo 97 del CGP31, como pretende la accionante cuando
advierte que se debe “presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión”, ya que
según el artículo 217 del CPACA, en lo que respecto a la jurisdicción contenciosa,
no es procedente tal figura frente a las entidades públicas32.

Ahora bien, el artículo 212 del CPACA, que regula las oportunidades probatorias,
establece:

“artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los
términos y oportunidades señalados en este Código.

(…)

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se
decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin
culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3
y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las
decreta.”

De la normatividad trascrita, para esta Sala es diáfano concluir, que es posible
decretar pruebas en segunda instancia, pero sólo en los eventos taxativamente allí
previstos.

31 “Artículo 97.Falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La falta de
contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de
ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos
susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.”
32 “Artículo 217. Declaración de representantes de las entidades públicas. No valdrá la confesión

de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o
el régimen jurídico al que estén sometidas.”

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Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-00

En este orden de ideas, se recuerda que en el caso que hoy nos ocupa, la
autoridad judicial demandada dispuso negar el decreto y práctica de la prueba
solicitada por la parte recurrente, comoquiera que consideró que el requerimiento
no se enmarcaba en ninguna de las causales, conclusión que no se considera que
desatienda el artículo 212 del CPACA.

En efecto, esta Sección no comparte la tesis que se refiere a que la sentencia de
primera instancia es un hecho nuevo, que habilita la configuración de la causal 3º
del artículo ídem, debido a que, de aceptar tal criterio, implicaría que en todos los
casos es posible decretar y practicar pruebas tan solo con el sustento de que se
profirió la decisión de primer grado, aspecto que dejaría sin sustento la
excepcionalidad que buscó el legislador para el recaudo de material probatorio en
segunda instancia, para convertirlo en un generalidad.

Asimismo, tampoco se comparte el argumento de que el “decreto oficioso de
pruebas no es una mera liberalidad del juez, -sino que- es un verdadero deber legal”,
dado que la norma que regula tal disposición es clara en el sentido de que tal
prerrogativa es facultativa del juez o magistrado ponente33 así:

“Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes
de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.

(…)” (Enfasis de la Sala).

En consecuencia, al constatar que estamos en presencia de un asunto en el cual
en la audiencia inicial el juez resolvió que el extremo activo no había solicitado
pruebas, decisión que quedó ejecutoriada y sin recursos, y ante un caso en donde
no se acreditó alguna de las causales del artículo 212 del CPACA para decretar
pruebas en segunda instancia, esta Sección considera que no se configuró el
defecto sustantivo alegado.

De igual forma, tampoco es posible encontrar acreditado el yerro consistente en el
defecto fáctico, debido a que la decisión de negar las pretensiones al interior del
proceso contencioso es razonada y está debidamente motivada, como se pasará a
explicar.

Al respecto, se debe tener presente que el ad quem confirmó la negativa de las
pretensiones, al concluir que “la sola tardanza en la adopción de determinada decisión
judicial no conlleva automáticamente una declaratoria de responsabilidad del Estado, ya
que pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la
conclusión de que no se vulneraron los artículos 29 y 229 de la Constitución Política (…)”.

33Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 16 de abril de 2020, expediente N.º 11001-03-15-000-2019-05021-01, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-00

Donde además, manifestó que según el artículo 167 del CGP “[i]ncumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen (…)” y recordó que “la señora Rosalba Parroquiano Cubides era parte
del proceso de pertenencia, razón por la cual en principio, tenía mayor facilidad para
acceder al expediente y traerlo a esta jurisdicción, sin embargo, dicha situación no operó
(…)”.

De lo anterior es posible concluir que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “B”, en ejercicio de su autonomía judicial y bajo
los criterios de la sana crítica, consideró que para realizar el estudio de
responsabilidad administrativa y extracontractual de la Rama Judicial era
necesario que se hubiese aportado el expediente declarativo de pertenencia que
suscitó la presunta demora en la entrega del título judicial que contenía el pago
por concepto de la expropiación administrativa del inmueble de propiedad de la
señora Parroquiano Cubides.

En este orden de ideas, el tribunal, con fundamento en el artículo 167 del CGP 34,
resaltó que si bien nuestro ordenamiento jurídico contempla la facultad oficiosa del
operador jurídico, ello no relevaba o excluye de la carga probatoria a las partes,
criterio que a la postre esta Sala ha compartido35.

En consecuencia, la decisión de negar las pretensiones se encuentra razonada y
dentro de la autonomía que tiene el funcionario natural de la causa, comoquiera
que el argumento de la necesidad de que se trajera el expediente por parte de la
parte interesada encuentra asidero en la utilidad de la prueba frente a la
constatación del daño antijurídico, debido a que, con esta se podía establecer las
circunstancias que justificaron o no la demora en la entrega del título judicial a la
señora Rosalba Parroquiano Cubides, mora que, entre otras cosas, el ad quem la
sustentó en la extrema carga laboral con la que cuentan los juzgados civiles de
Bogotá.

Al respecto, debe destacarse que el estudio del funcionario de tutela, frente al
cargo fundado en el defecto fáctico, debe abordarse desde la óptica, para el caso
concreto, de la valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas al
proceso contencioso. Luego, no le corresponde a esta Sección determinar la
incidencia de esos medios de convicción, sino establecer si se configuró o no el
yerro advertido en la solicitud de amparo, pero no como si se tratara de un juez de
instancia.

En este orden de ideas, lo que sucedió en este caso fue que la autoridad judicial
accionada concluyó que no era posible el estudio de responsabilidad, ante la
omisión probatoria de la parte demandante, donde cabe destacar que si bien los
demandantes en el trámite de segunda instancia aportaron la documental que se
echó de menos, esta no era posible valorarla por el ad quem, porque no se aportó

34 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)”.
35 Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia de 13 de mayo de 2021, expediente N.º 11001-03-15-000-2021-01444-00, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio.

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Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-00

en la oportunidad procesal para el efecto36, sumado a que tampoco se cuestionó
que no se decretara en primera instancia.

2.8. Conclusión

Así las cosas, se negará la solicitud de amparo de la referencia, al considerar que
no se configuraron los defectos alegados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de DESVINCULACIÓN formuladas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B”, la
empresa de Transmilenio S.A., la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDU.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA frente al yerro dirigido en contra
de la decisión que condenó en costas.

TERCERO: NEGAR en lo demás, el amparo de los derechos fundamentales
deprecados por la señora Rosalba Parroquiano Cubides.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

36“Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados en este Código.”

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