RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04511-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04511-01

Tutela: no se configuran los defectos denunciados en el sub

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04511-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la sociedad Transmilenio S.A. y por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 17 Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01 Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04511-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Accionantes: ROSALBA PARROQUIANO CUBIDES
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
CONFIRMA FALLO IMPUGNADO. SE NIEGA ACCIÓN DE
TUTELA – No se configuran los defectos denunciados en el sub
examine

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte
accionante en contra de la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Rosalba Parroquiano Cubides, a través de apoderado judicial,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales «[…] al Debido proceso,
derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe,
confianza legítima y de racionabilidad del sistema jurídico […]», cuya vulneración
atribuyó a las sentencias de 14 de agosto de 2019 y de 15 de julio de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio de control de reparación
directa No. 11001-33-43-064-2016-00245-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que era propietaria del inmueble ubicado en la Av. Calle 45 Sur de
Bogotá, identificado con cédula catastral N° 004544043100000000, con un área de
67,12 M2.

2.2. Refirió que, con fecha 20 de diciembre de 2004, celebró un contrato de promesa
de compraventa con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Empresa de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Transporte del Tercer Milenio – TRANSNILENIO S.A., y señaló que en «[…] [d]icho
documento las partes se obligaron entre otras cosas a la entrega del inmueble y al
pago el mismo […]».

2.3. Manifestó que entregó el inmueble y que el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU,
debido a un proceso de pertenencia que cursaba ante el Juzgado Veinticuatro Civil
del Circuito de Bogotá, optó por pagar el valor del inmueble consignando a órdenes
del despacho judicial aludido.

2.4. Señaló que, en más de nueve ocasiones, solicitó la entrega del depósito judicial,
pero que ello solo se logró en el mes de marzo de año 2014, es decir, después de
transcurridos diez años desde la venta del inmueble.

2.5. Adujo que el título judicial que se le entregó fue por la suma de $54.233.200, sin
que se reconocieran intereses o indexación.

2.6. En razón a lo anterior, manifestó que, junto a los señores Mario Sebastián Leython
Forero, Oscar Wilson Leython Parroquiano, Jacqueline Rocío Leython Parroquiano y
Diana Mireya Leython Parroquiano, promovieron el medio de control de reparación
directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y de la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., para que le
fueran reparados los daños padecidos con ocasión de la mora judicial en la que
incurrió el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá en la entrega del
depósito judicial.

2.7. Expuso que, mediante sentencia de 14 de agosto de 2019, el Juzgado Sesenta
y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda, luego de considerar que no se había acreditado que el Juzgado
Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá hubiese incurrido en mora judicial, ya
que en el proceso de reparación directa no obraba copia del proceso judicial en el
cual se ordenó la entrega del título judicial.

2.8. Señalaron que la sentencia de primera instancia fue confirmada, a través de fallo
de 15 de julio 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B.

2.9. Afirmaron que las sentencias acusadas incurrieron en defecto sustantivo porque:
(i) dentro del proceso se logró acreditar que el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito
de Bogotá tardó diez años en ordenar la entrega del depósito judicial; (ii) si los
jueces de primera y segunda instancia tenían dudas acerca de la responsabilidad
del Estado debieron solicitar pruebas de oficio; (iii) la consecuencia de la conducta
procesal de la Nación – Rama Judicial, la cual se abstuvo de contestar la demanda
y aportar pruebas, no pueden ser asumidas por los demandantes; (iv) se vulneró el
principio de igualdad de armas «[…] al negar una prueba que hubiese servido para
esclarecer alguna duda […]», y (v) los jueces como instructores del proceso «[…]

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

no puede suplir la carga probatoria de esa parte decretando pruebas de oficio, aquí
segunda instancia erróneamente pretende trasladar una carga probatorio que no es
del resorte del demandante […]».

2.10. Adicionalmente, sostuvo que tampoco era procedente emitir condena en costas,
ya que «[…] desde el primer momento hasta la última actuación procesal se actuó en
debida forma, procurando realizar las actuaciones procesales bajo el principio del
debido proceso y de la celeridad, sino que se insiste que las actuaciones, no
desplegaron la ejecución de un desgaste judicial […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al
Debido proceso, derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica,
cosa juzgada, buena fe, confianza legítima y de racionabilidad del sistema
jurídico, a Rosalba Parroquiano Cubides; Mario Sebastián Leython Forero;
Oscar Wilson Leython Parroquiano; Jacqueline Rocío Leython Parroquiano y
Diana Mireya Leython Parroquiano, teniendo en cuenta que no existe otro
mecanismo para amparar los derechos vulnerados.

SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, del 15 de julio de 2022, dentro
del proceso 11001-33-43-064-2016-00245-00 (01), y en su defecto fallar:

1. Revocar la Sentencia del Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección tercera, y a la Nación- Rama Judicial- por el
defectuoso funcionamiento.

2. Revocar la decisión de condenar en costas tanto en primera como en
segunda instancia, lo anterior bajo los siguientes criterios:
(…)

11. PETICIONES SUBSIDIARIAS

1. En caso de no emitirse una decisión de fondo, solicitamos muy amablemente
se declare la nulidad de la decisión emitida en segunda instancia, y se ordene
decretar la prueba solicitada en segunda instancia referente a ordenar a la parte
demandada- Nación Rama Judicial o al Juzgado 24 civil del Circuito, para que
alleguen el expediente 2003-00863. Con el fin de que se revise de fondo los
hechos y pretensiones frente a la demanda Rama Judicial.

2. Revocar la decisión de primera y segunda instancia referente a la condena
en costas en atención a que como se logró probar el suscrito, procedió a actuar
con diligencia y dentro de los términos legales, para demostrar los hechos y
pretensiones dentro de la demanda 11001334306420160024500 […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sección Quinta de esta Corporación, a través del consejero a cargo de la
sustanciación del proceso y mediante auto de 22 de agosto de 2022, admitió la

4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

presente acción de tutela. Igualmente, ordenó la vinculación, en calidad de terceros
con interés en el resultado del proceso, de «los señores Mario Sebastián Leython
Forero; Oscar Wilson Leython Parroquiano; Jacqueline Rocío Leython Parroquiano
y Diana Mireya Leython Parroquiano […], y [de] la Rama Judicial». Asimismo,
solicitó en préstamo el expediente contentivo del medio control de la referencia.

5. Mediante auto de 15 de septiembre de 2022, el juez de primera instancia ordenó
vincular, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso, «[…]
al Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-4, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C la empresa
de Transporte del Tercer Milenio- Transmilenio S.A. y a los señores Hilda
Parroquiano Cubides y Juan Carlos Cubides Parroquiano […]».

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

7. El Juez Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá señaló que la
acción de tutela era un mecanismo de carácter residual y subsidiario.

8. Asimismo, indicó que la carga de demostrar los elementos constitutivos de la
responsabilidad del Estado recae sobre la parte demandante, y que ante la ausencia
de pruebas que demuestren la existencia de un daño, de un hecho generador y de
la imputación de dicho daño a un agente del Estado, es imposible que la justicia
profiera una decisión condenatoria.

9. Por último, precisó que la acción de tutela no podía ser empleada para revivir
etapas procesales fenecidas.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, a través del magistrado ponente del fallo objeto de esta acción
constitucional, se opuso a las pretensiones elevadas en el escrito de amparo porque
no se encuentra configurado el defecto denunciado por la accionante.

11. Adicionalmente, precisó que la condena en costas sí se encuentra justificada en
la providencia de 15 de julio de 2022.

12. La sociedad Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO
S.A., a través de apoderada judicial, solicitó que se declarara la falta de legitimación
en la causa por pasiva, ya que «[…] Transmilenio S.A no es la autoridad judicial,
siendo así la entidad se acoge a lo decidido por parte TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN
B […]».

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

13. Igualmente, aseguró que la presente acción constitucional no cumplía con el
requisito de subsidiariedad debido a que la parte demandante contaba con otro
medio de defensa judicial.

14. Porúltimo, precisó que en esta oportunidad no se encontraba acreditada la
configuración de un perjuicio irremediable.

15. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, a través del director técnico de gestión
judicial, solicitó que se desvinculara a la entidad del presente trámite constitucional
porque «[…] la salvaguarda de los derechos vulnerados no se encuentran [sic] en
cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, como quiera que las
funciones del mismo son taxativas, por lo que excluyen aquellas que fueron
solicitadas dentro del marco de esta acción de tutela […]».

VI. FALLO IMPUGNADO

16. La Sección Quinta de esta Corporación, mediante sentencia de 29 de
septiembre de 2022, declaró improcedente la presente acción de tutela, respecto
de los argumentos relacionados con que violaron sus derechos fundamentales por
haberse proferido condena en costas y agencias en derecho en contra de la aquí
accionante.

17. Como sustento de lo anterior, en el fallo de primera instancia se sostuvo que «[…]
este aspecto específico de la controversia se circunscribe a una cuestión
meramente legal y de carácter patrimonial, en el sentido que la inconformidad de la
tutelante, como ya se mencionó, gira en torno a la viabilidad o no de imponerle dicha
sanción, de modo que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez
ordinario […]».

18. En cuanto la configuración del defecto sustantivo, el juez de primera instancia
precisó que los argumentos que sustentaban dicha causal encajaban dentro del
defecto fáctico. En virtud de ello estudió el caso desde la órbita de este último y
concluyó:

[…] En este orden de ideas, se recuerda que en el caso que hoy nos ocupa, la
autoridad judicial demandada dispuso negar el decreto y práctica de la prueba
solicitada por la parte recurrente, comoquiera que consideró que el
requerimiento no se enmarcaba en ninguna de las causales, conclusión que no
se considera que desatienda el artículo 212 del CPACA.

En efecto, esta Sección no comparte la tesis que se refiere a que la sentencia
de primera instancia es un hecho nuevo, que habilita la configuración de la
causal 3º del artículo ídem, debido a que, de aceptar tal criterio, implicaría que
en todos los casos es posible decretar y practicar pruebas tan solo con el
sustento de que se profirió la decisión de primer grado, aspecto que dejaría sin
sustento la excepcionalidad que buscó el legislador para el recaudo de material
probatorio en segunda instancia, para convertirlo en un generalidad.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Asimismo, tampoco se comparte el argumento de que el “decreto oficioso de
pruebas no es una mera liberalidad del juez, -sino que- es un verdadero deber
legal”, dado que la norma que regula tal disposición es clara en el sentido de
que tal prerrogativa es facultativa del juez o magistrado ponente […].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

19. El apoderado judicial de la parte accionante impugnó la decisión de primera
instancia y, como fundamento de su impugnación, transcribió los argumentos
expuestos en la acción tutela. Adicionalmente, señaló, en síntesis, lo siguiente:

[…] Es evidente que existieron graves fallas en el trámite surtido en el Juzgado
64 Administrativo, toda vez que, a pesar de existir copias remitidas por el
Juzgado 24 Civil del Circuito tal como lo ordenó de oficio el Juzgado de
Conocimiento en el proceso de Reparación Directa y existir copias completas
del proceso de pertenencia, finalmente el ya mencionado Juzgado 64 profirió
sentencia negando las pretensiones de la demanda, por cuanto, según estos
no existían copias del proceso de pertenencia, que permitieran establecer la
morosidad y falta de diligencia.

Situación que no es cierta, pues, ya obraba las copias oficiosas además de
todo el expediente que fueron anexadas por el suscrito abogado, tal como se
puede observar al folio 621 y 622 del expediente principal donde consta la
entrega de las mencionadas copias.

Pero aún más, para el evento de no contar con elementos de juicio suficientes
para proferir la sentencia, era suficiente que el juzgador solicitara las mismas
al ya mencionado Juzgado 24. Por su parte el Tribunal de Cundinamarca
simplemente se limitó a proferir fallo de fondo muy similar sino igual al dictado
por el Juzgado 64 Administrativo.

Tanto en el Juzgado 64 Administrativo como el H. Tribunal contaban con
elementos suficientes para proferir sentencia que acogiera las pretensiones de
la demanda, pues al observar las copias de la demanda se podía establecer
con meridiana claridad la morosidad en el Juzgado 24 Civil del Circuito que
durante un lapso de 10 años no practicó ninguna diligencia de interrogatorio,
testimoniales o inspecciones judiciales, pese a la constante solicitud
formuladas por el apoderado de la señora ROSALBA PARROQUIANO.
Inclusive el H. Tribunal se pronunció respecto a las copias del Juzgado 24 Civil
del Circuito manifestando lo siguiente “... pero sin embargo, si en el transcurso
del proceso la magistrada considera pertinente la revisión del proceso se tendrá
en cuenta…”. Guardando la esperanza que las citadas copias fueran evaluadas
en el proceso, motivo por el cual no se recurio [sic] el citado auto. […].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el artìculo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de

7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, respecto de la distribución
de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Cuestión previa

21. La sociedad Transmilenio S.A. y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, a
través de apoderado judicial, solicitaron la desvinculación del presente trámite
constitucional, por cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva.

22. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006, señaló:

[…] La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión
de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […].

23. En este contexto, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad la
solicitud de desvinculación propuesta por las entidades referidas porque estas
auspiciaron como parte demandada en el interior del proceso de reparación directa
N° 11001-33-43-064-2016-00245-00/01, en el cual se profirió la sentencia que es
objeto de la presente acción de tutela.

24. Por lo anterior, la Sala concluye que la sociedad Transmilenio S.A. y el Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU sí tienen interés en el presente asunto, razón por la
cual se negará la solicitud de desvinculación.

VIII.3. Problemas jurídicos

25. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido supuestamente en defecto
sustantivo al negar las pretensiones de la demanda de reparación directa.

26. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para posteriormente proceder a ii) resolver el caso concreto.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

3
27. En sentencia de 31 de julio de 2012 , la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

28. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

29. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

30. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
4
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución5.

3
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
4
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
5
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión6» que se encaje en dichos
parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

33. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. Caso concreto

34. La ciudadana Rosalba Parroquiano Cubides, a través de apoderado judicial,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales «[…] al Debido proceso,
derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe,
confianza legítima y de racionabilidad del sistema jurídico […]», cuya vulneración le
atribuyó a las sentencias de 14 de agosto de 2019 y de 15 de julio de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio de control de reparación
directa No. 11001-33-43-064-2016-00245-00/01.

35. En este punto debe precisarse que, si bien la acción de tutela se encuentra
dirigida contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos,
respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito
de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección B, la Sala solo analizará si la decisión de segunda instancia incurrió
en los defectos denunciados por la accionante, en tanto que es esta la decisión que
resolvió definitivamente la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
6
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

36. Adicionalmente, la Sección estudiará los cargos de la acción de tutela desde la
órbita del defecto fáctico, como quiera que los reproches guardan una estrecha
relación con la actividad probatoria desplegada por el juez de lo contencioso.

VIII.4.1. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional respecto de
la condena en costas

37. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se
acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces8.

38. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5
agosto de 2014, sostuvo que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
(…)

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que
de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]9. (destaca la Sala de
Decisión)

39. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales10.

7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual
sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
9
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de

11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

40. De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos fundamentales
con el deber de protección de los principios constitucionales relacionados con
la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, los cuales
podrían comprometerse en el evento en que se generalice la práctica de
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial11.

41. Descendiendo al caso de la referencia, la Sala observa que la parte actora
considera que no estaban dados los presupuestos para que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B en la sentencia
enjuiciada profiriera una condena en costas en el caso de autos porque siempre
«[…] actuó en debida forma, procurando realizar las actuaciones procesales bajo el
principio del debido proceso y de la celeridad, sino que se insiste que las
actuaciones, no desplegaron la ejecución de un desgaste judicial […]».

42. Sin embargo, Esta Sala de Sección ha señalado con anterioridad que los
conflictos relacionados con la condena en costas que se impone en el marco
de un proceso judicial carecen de relevancia constitucional por tratarse de
controversias de índole meramente legal y económica. En tal sentido, la sentencia
de 22 de abril de 202212, proferida por esta Sección, señala lo siguiente:

[…] Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en costas
impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de
contenido económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el accionante
como fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno
a la imposición de las costas procesales, circunstancia que resulta
improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho fundamental se
deriva de un asunto de contenido económico que fue debidamente
argumentado y concluido por el juez natural de la causa […]. (Se destaca)

43. Para la Sala, entonces, la intervención del juez constitucional en estos asuntos,
que son meramente económicos, desconocería el principio de autonomía e
independencia de los jueces, ya que la controversia en cuestión más que poner de
relieve una discusión de importancia constitucional, en realidad contiene un
conflicto relativo a la causación o no de costas procesales.

44. Debe recordarse que la acción de tutela contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una tercera

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de abril de
2022, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-01777-00.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial.
De aquí que su procedencia sea excepcional13, toda vez que lo contrario atentaría
contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio
de cosa juzgada14.

45. Debido a lo anterior, la Sección confirmará en este aspecto la decisión de primera
instancia.

VIII.4.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela respecto del defecto fáctico

46. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:

47. Respecto del requisito de relevancia constitucional, se observa que el
accionante identificó los derechos fundamentales que estaban viéndose afectados
y, además, cumplió con la carga argumentativa mínima exigible.

48. Adicionalmente, se advierte que la accionante no cuenta con otro medio de
defensa para solicitar la protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con la decisión proferida, en segunda instancia, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, pues se
agotaron todos los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento común.

49. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la
providencia censurada fue expedida el 15 de julio 2022, mientras que esta solicitud
de amparo fue radicada el 18 de agosto de 2022. Conforme a lo anterior, la acción
de tutela fue promovida dentro de los seis meses siguientes a su notificación.

50. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

51. No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la tutela,
por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.

52. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de idéntica naturaleza y/o índole.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).

13

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

53. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración de un presunto defecto fáctico.

VIII.4.2.1. De la configuración del defecto fáctico

54. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una prueba
allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura cuando la
autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de
haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.

55. Enla presente impugnación se plantea que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B incurrió en un defecto fáctico
porque: (i) omitió valorar las pruebas aportadas a folio 621 y 622 del expediente
contencioso, y (ii) omitió hacer uso de la facultad de decretar pruebas de oficio en
caso de considerar de que no estaban acreditados los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado.

56. Por otra parte, en la sentencia objeto de esta acción de tutela, la autoridad judicial
accionada confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda, con base en los siguientes argumentos:

[…] De acuerdo con la inconformidad planteada en el recurso de apelación, el
caso en concreto versa sobre la demora injustificada de la Rama judicial en
entregar el título judicial a la señora Rosalba Parroquiano, razón por la cual se
enfoca en determinar si la Rama Judicial incurrió en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, título de imputación de la
responsabilidad del Estado por la actividad judicial establecido por el artículo
69 de la Ley 270 de 1996 que se caracteriza por lo siguiente :
(…)
En el presente caso y de conformidad con los hechos probados en el capítulo
anterior, la Sala realizara una síntesis de los hechos así:

• Mediante escritura pública No. 552 de fecha de 24 de noviembre de 1988 de
la Notaria única de Santa Rosa de Viterbo, la señora María Filomena Cubides
viuda de Parroquiano transfirió el derecho de nuda propiedad del inmueble
ubicado en la calle 45a Sur No. 53-12 a la señora Rosalba Parroquiano
Cubides, reservándose para ella el derecho de usufructo.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

En este punto se resalta que dentro del texto de nuda propiedad no se consignó
el área, ni los linderos del predio objeto de estudio.

• La señora Rosalba Parroquiano Cubides suscribió con el Instituto de
Desarrollo Urbano IDU promesa de compraventa No. 373 de 20 de diciembre
de 2004 del inmueble ubicado en la calle 45a Sur No. 53-12 por un valor de
cincuenta y cuatro millones doscientos treinta y tres mil doscientos pesos
($54.233.200).

• La señora Rosalba Parroquiano entregó el inmueble señalado al Instituto de
Desarrollo Urbano tal como quedo en el acta de entrega No. 12 de 17 de enero
de 2005.

• Mediante escritura pública No. 01075 de 2 de mayo de 2005 otorgada ante la
notaria 55 del círculo de Bogotá, a través de la anotación No. 9 se canceló el
usufructo a favor de la señora María Filomena Cubides.

• El 7 de julio de 2004, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal admitió la
demanda instaurada por la señora María Hilda Parroquiano Cubides en contra
de la señora Rosalba Parroquiano y otros.

Los demandantes pretendían adquirir el dominio del bien inmueble ubicado en
la autopista sur calle 45 A No. 53-12/14 local 26 manzana 8 de Bogotá, con
matrícula inmobiliaria No. 50S-682767 por considerar que habían ejercido
posesión por más de 20 años.
(…)
• El 28 de septiembre de 2005, el IDU puso a órdenes del Juzgado 24 Civil
Municipal la suma de cincuenta y tres millones seiscientos noventa mil
ochocientos sesenta y ocho ($53.690.868) pesos correspondientes al valor de
predio ubicado en la calle 45 Sur No. 52-13, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 50 S 682767, CHIP AAA 015CRUZ y; cédula catastral
00454404310000000 con un área de 67.12 mt.2.

• La señora Rosalba Parroquiano Cubides, por medio de su apoderado judicial
solicitó en repetidas ocasiones al Juzgado 24 civil del circuito de Bogotá la
entrega del título judicial.

• Las peticiones fueron despachadas de manera desfavorablemente porque se
encontraba en estudio la titularidad del predio, es decir, quien ostentaba la
calidad de dueño del predio.

• En sentencia de 10 de octubre de 2012, el juzgado quince (15) civil del circuito
de congestión profirió sentencia en el proceso de pertenencia instaurado por la
señora María Hilda Parroquiano en contra de Rosalba Parroquiano y otros, en
lo que negó las pretensiones de la demanda y ordenó la cancelación de las
medidas cautelares decretadas en dicho proceso.
(…)
Ahora bien, exalta la Sala que la parte actora en su recurso de apelación alegó
una mora judicial por parte de la Rama judicial porque tardó alrededor de 10
años en hacer la entrega del dinero consignado por el Instituto De Desarrollo
Urbano IDU- por el valor del precio indemnizatorio con ocasión de la
expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la calle 45 a sur
No. 53-12 de la ciudad de Bogotá.
(…)
Al respecto, es menester señalar que en el plenario no obra el proceso de
pertenencia tramitado por el Juzgado 24 civil del Circuito, razón por la cual no

15

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

es posible establecer si la mora judicial alegada por la parte actora se
encuentra o no justificada.

Entonces, para la Subsección no son de recibo los argumentos realizados
por el apoderado judicial de la parte actora quien señaló que el juez pudo
oficiar al juzgado para que allegara el expediente completo del proceso
de pertenencia y se le recuerda al apoderado judicial de la parte actora lo
consagrado en el artículo 167 del Código general del proceso que señala:

Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen.

Al respecto se recuerda que la señora Rosalba Parroquiano Cubides era
parte del proceso de pertenencia, razón por la cual en principio, tenía
mayor facilidad para acceder al expediente y traerlo a esta jurisdicción,
sin embargo, dicha situación no operó razón por la cual esta subsección
no puede realizar ningún análisis para determinar mora administrativa en
el trámite del proceso de pertenencia No. 2003-00863.

Es menester señalar que la parte demandante como interesada en la
incorporación al expediente de los medios probatorios por ella
solicitados, le asiste el deber de diligencia y atención que estuviere a su
alcance, para vigilar y supervisar que lo decretado como prueba se
allegare efectivamente al proceso, situación que no ocurrió y por ello no se
puede realizar un estudio para establecer si la mora fue o no justificada, razón
por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia […].

57. Como se puede apreciar de la cita anterior, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B concluyó que las pruebas
aportadas al plenario no permitían evidenciar que el Juzgado Veinticuatro Civil del
Circuito de Bogotá había incurrido en un mora judicial porque: (i) el inmueble con
folio de matrícula N° 50 S 682767 era objeto de una demanda de pertenencia, por
lo que era menester que se resolviera la titularidad del derecho de dominio sobre el
inmueble antes de autorizar la entrega del título judicial; (ii) a la luz de la
jurisprudencia constitucional, la mora judicial es una tardanza injustificada, y (iii) al
proceso de reparación directa no se allegó copia del expediente del proceso de
pertenencia, por lo que no era posible evaluar si el tiempo que le tomó a la autoridad
judicial resolver dicho proceso era injustificado.

58. En efecto, la accionante reconoció en su escrito de tutela que no allegó al proceso
de reparación directa la copia del expediente del proceso de pertenencia en el que,
presuntamente, se habría incurrido en la mora judicial que le causó el daño cuya
reparación reclama.

59. Ahora bien, los motivos de inconformidad de la acción tutela están relacionados
con que el juez contencioso podía oficiosamente decretar dicha prueba en primera
o en segunda instancia y que, en el trámite de segunda instancia, allegó la copia del
proceso de pertenencia, por lo que era mandatorio que el Tribunal accionado
valorara dicha prueba al momento de emitir sentencia.

16

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

60. Esta Sección considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en el
defecto denunciado por la parte accionante. Esto es así porque, como bien lo señaló
el juez contencioso en segunda instancia, la carga de probar la responsabilidad del
Estado recae en la parte demandante.

61. Adicionalmente, la accionante sí tenía la facilidad de allegar la prueba en cuestión
porque auspiciaba como demandada dentro el proceso de pertenencia, lo que le
permitía tener acceso al expediente y solicitar copia de este.

62. Aunado a lo anterior, el Tribunal no podía valorar la copia del proceso allegada
por la aquí en el trámite de la segunda instancia porque dicha prueba no fue
incorporada al expediente contencioso.

63. En este orden de ideas, de haberse valorado la copia del expediente allegada
extemporáneamente por la parte demandante al proceso contencioso, el Tribunal
habría desconocido los principios de oportunidad y contradicción de las pruebas.

64. Por lo anterior, la Sala confirmará en su totalidad el fallo de 29 de septiembre de
2022, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la sociedad
Transmilenio S.A. y por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

17

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04511-01
Demandante: Rosalba Parroquiano Cubides
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto

SERGIO GONZÁLEZ REY
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P:(15)

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.