Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04513-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04513-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04513-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Accionantes: JOSÉ ALEXANDER CAICEDO BURBANO Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - de la
relevancia constitucional en materia de acciones de tutela contra
providencia judicial – se confirma el fallo impugnado - el presente
asunto carece de la relevancia constitucional
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada, a través de apoderado judicial, por los
actores en contra de la sentencia de 7 de octubre de 2022, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Losciudadanos José Alexander Caicedo Burbano, Danitza Juliana David
Salas, Alicia del Socorro Rosero, María Natalia Pupiales Burbano y
Magdalena Graciela Burbano Rosero, a través de apoderado judicial, solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la
sentencia de 22 de enero de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa
número 52001-23-31-000-2010-00685-01.
II. HECHOS
2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan
la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestaron que el 3 de noviembre de 2008 el señor José Alexander Caicedo
Burbano se accidentó en la motocicleta XXC – 57A a «[…] la altura de la calle 3,
entre carreras 6 y 7 Barrio el Comercio […]» en el municipio de El Tambo en el
departamento de Nariño.
2.2. Señalaron que, con ocasión al accidente, el señor José Alexander Caicedo
Burbano sufrió una pérdida de la capacidad laboral del 52,65% y estuvo sin
trabajar seis meses.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
2.3. Comentaron que la víctima del accidente de tránsito se dedicaba a la crianza y
venta de cuyes, y que a través de esta actividad sostenía económicamente a su
núcleo familiar conformado por su cónyuge y sus dos hijos.
2.4. Precisaronque el accidente fue consecuencia de un montículo de arena y
escombro «[…] dejados por los agentes de la Alcaldía de El Tambo (N), dado que
estaban realizando reparaciones en la vía […]».
2.5. Indicaron
que, con base en lo anterior, presentaron demanda de reparación
directa en contra del municipio de El Tambo, para que se repararan los daños
padecidos por los actores con ocasión del accidente padecido por el señor José
Alexander Caicedo Burbano.
2.6. Adujeron que el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 4
de abril de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales e
inmateriales causados a los demandantes.
2.7. Relataron que, mediante sentencia de 22 de enero de 2022, la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
2.8. Afirmaron
que en la decisión judicial enjuiciada se incurrió en un defecto
fáctico, en un defecto procedimental absoluto, en un defecto material
sustantivo, en una decisión sin motivación, en un desconocimiento del
precedente y en una violación directa de la Constitución.
2.9. En cuanto al defecto procedimental absoluto, adujeron que el ad quem puso
de relieve que en el sub examine no se allegó el informe de policía sobre el
accidente y tampoco se practicó una prueba técnica en ese sentido. Sin embargo,
a juicio de los actores, dicha prueba era innecesaria porque «[…] [l]as
circunstancia de modo tiempo y lugar del accidente de tránsito descrito en el
párrafo anterior y ocurrido el día lunes 03 de Noviembre del año 2.008, fueron
demostradas por medio del testimonio de la testigo directa y presencial de los
hechos, esto es la señora DORIS RUBIELA BURBANO BURBANO, quien desde
la tranquilidad de su hogar, pudo observar claramente el accidente de tránsito
descrito y narrado por esta última, siniestro vial ocurrido a escasos 10 metros de la
ventana de su hogar […]». [sic en toda la cita]
2.10. Igualmente, adujeron que existió una confesión sobre la falla en el servicio en
cuestión, por parte del municipio de El Tambo. Además, manifestaron que no fue
allegado el informe de policía en mención debido a que dicho documento no
existe, ya que en el municipio demandado no hay secretaría de tránsito y tampoco
agentes adscritos a esta.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
2.11. Asimismo,sostuvieron que la autoridad judicial accionada incurrió en un
exceso ritual manifiesto «[…] al solicitar de forma inflexible el correspondiente
“Informe de Policía del Accidente de Tránsito” […]», renunciado con ello a «[…] la
verdad procesal […]».
2.12. En
cuanto al defecto fáctico, señalaron que hubo una indebida valoración
probatoria de dos indicios, como lo son: (i) la historia clínica de atención, y (ii) el
formulario de reclamación de los prestadores de servicios de salud por servicios
prestados a víctimas de eventos catastróficos y accidentes de tránsito.
2.13. Además, adujeron que en la decisión objeto de esta acción constitucional se
omitió hacer una valoración integral de las pruebas practicadas en el proceso, la
cuales demostraban «[…] a plenitud las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
siniestro vial ocurrido el día lunes 03 de noviembre del año 2008 […]».
2.14. Igualmente,expresaron que la accionada «[…] no se pronunció en la
oportunidad procesal debida, acerca de la exigencia de aportar el correspondiente
Informe de Policía del Accidente de Tránsito objeto de discusión, esto es, desde
el momento en que es admitió el recurso de apelación del asunto de la
referencia, durante el transcurso del procedimiento de segunda instancia y
hasta antes de proferir sentencia, momento procesal en el cual la parte
DEMANDANTE tenía capacidad de defensa, tenía la posibilidad de
contradecir, impugnar y pronunciarse frente a esta determinación […]».
2.15. También indicaron que la accionada se abstuvo de valorar la declaración de la
señora Doris Rubiela Burbano Burbano, quien era una testigo de los hechos y
observó como ocurrió el accidente.
2.16. En cuanto al defecto de decisión sin motivación, adujeron que la Subsección
accionada incurrió en este defecto porque: (i) «[…] NO MOTIVA, ni manifiesta
el fundamento normativo, legal y/o jurisprudencial, por medio del cual
DOS (02) INDICIOS pudieron eliminar, excluir y desvirtuar TODO EL
ACERVO PROBATORIO debidamente allegado al proceso judicial en sede de
Primera Instancia […]»; (ii) «[…] NO MOTIVA, ni manifiesta el fundamento
normativo, legal y/o jurisprudencial, por medio del cual EXIGE E IMPONE
estrictamente y EXTEMPORÁNEAMENTE, a la parte DEMANDANTE una
“TARIFA LEGAL”, al solicitar que se allegue el Informe de Policía
sobre accidente de tránsito, del siniestro vial ocurrido el día 03 de Noviembre
del año 2.008 […]»; (iii) «[…] NO MOTIVA, ni manifiesta el fundamento
normativo, legal y/o jurisprudencial, en el cual se basa para desconocer y
apartarse de los postulados Constitucionales de la Sana Critica, la Lógica y
las Reglas de la Experiencia, el Derecho Fundamental al Debido Proceso
y Garantías Procesales del Orden Constitucional […]»; y (iv) «[…] NO MOTIVA,
ni manifiesta el fundamento normativo, legal y/o jurisprudencial y/o
pruebas por medio de las cuales se DESVIRTÚA, EXCLUYE Y ELIMINA TODO
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
EL MERITO DEMOSTRATIVO DEL ACERVO PROBATORIO, debidamente
allegado al Tribunal Administrativo de Nariño en sede de Primera Instancia […]».
2.17. Enrelación con el desconocimiento del precedente señalaron que se
desconocieron los precedentes jurisprudenciales proferidos por esta Corporación y
por la Corte Constitucional, relacionados con el principio de congruencia, el
sistema de valoración probatoria de la sana crítica, y los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
2.18. Sostuvieron que se violó el principio de prevalencia de los derechos niños del
menor de 18 años S.A.C.D.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERA: Se declare el amparo de LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD Y
DEMÁS GARANTÍAS PROCESALES DEL ORDEN CONSTITUCIONAL en
favor de los aquí ACCIONANTES: JOSÉ ALEXANDER CAICEDO
BURBANO; DANITZA JULIANA DAVID SALAS; ALICIA DEL SOCORRO
ROSERO; MARÍA NATALIA PUPIALES BURBANO; MAGDALENA
GRACIELA BURBANO ROSERO.
SEGUNDA: En consecuencia, se ordene REVOCAR la Sentencia de
Segunda Instancia proferida por parte del HONORABLECONSEJO DE
ESTADO –SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –SECCIÓN
TERCERA –SUB SECCIÓN: B, dentro del asunto de la referencia,
identificado así: NUMERO DE RADICACIÓN 52001-23-31-000-2010-00685-
01 (51566); ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA; DEMANDANTE:
JOSÉ ALEXANDER CAICEDO BURBANO Y OTROS;
DEMANDADO: MUNICIPIO DE EL TAMBO (N).
TERCERA: Final y consecuentemente, se ordene dejar en FIRME la
Sentencia de Primera Instancia proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo de Nariño, el día 04 de abril del año 2.014, por medio de
la cual DECLARA extracontractualmente responsable al Municipio de El
Tambo (N), por los daños causados en ocasión al accidente de tránsito
ocurrido el día 03 de noviembre del año 2.008, a su vez, condena al
Municipio de El Tambo (N) a cancelar a favor de Demandante:
JOSÉALEXANDER CAICEDO BURBANO Y OTROS, los
correspondientes Perjuicios Materiales y Morales descritos en dicha
sentencia de Primera instancia […]. [sic en toda la cita]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto
de 23 de agosto de 2022, admitió la presente acción de tutela. En la misma
providencia fueron vinculados, como terceros con interés directo en el resultado
del proceso, el Tribunal Administrativo de Nariño y el municipio de El Tambo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSubsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del consejero ponente de la decisión objeto de la presente acción
constitucional, rindió informe en el que indicó que «[…] la providencia y el expediente
de la respectiva acción de reparación directa contienen los argumentos y elementos
necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho
corresponda […]».
5.2. El
municipio de El Tambo, mediante apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela porque la autoridad judicial
accionada no había incurrido en los defectos denunciados.
VI. FALLO IMPUGNADO
6. La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante
sentencia de 7 de octubre de 2022, declaró improcedente la presente acción de
amparo por no cumplir con los requisitos generales relativos a la relevancia
constitucional e identificación de los hechos y argumentos del escrito de tutela.
7. En cuanto a la falta de relevancia del asunto se adujo en el fallo impugnado lo
siguiente: «[…] frente a los defectos procedimental absoluto, fáctico y decisión sin
motivación, no satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto que se
advierte como un medio dirigido a revivir el análisis efectuado por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación
directa de radicado No. 52001-23-31-000-2010-00685-01, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional […]».
8. En lo relacionado al cargo de desconocimiento del precedente, se señaló lo
siguiente «[…] la parte accionante se limitó a listar los derechos y principios que
consideró vulnerados sin precisar a qué pronunciamientos del Consejo de Estado
se refería y que resultaban aplicables al caso bajo estudio por compartir
situaciones fácticas y jurídicas con la demanda estudiada por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo que la Sala concluye que no se
satisfizo el requisito de identificación suficiente de los argumentos de la tutela, lo
cual impide adelantar un análisis de fondo frente a este reproche […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. Losaccionantes, a través de apoderado judicial, impugnaron la decisión de
primera instancia por las siguientes razones:
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
10. En primer lugar, adujeron que en el escrito de tutela se esgrimieron las razones
por las que se cumplía con el requisito de relevancia constitucional. Asimismo,
señalaron que compartían el argumento expuesto en la aclaración de voto por el
consejero Guillermo Sánchez Luque, relacionada con que todas las acciones de
tutela cumplen este requisito de procedibilidad.
11. En segundo lugar, sostuvieron que la presente acción de tutela no busca utilizar
el mecanismo constitucional como una tercera instancia, sino que «[…] pretende
el amparo de los Derechos Fundamentales solicitados en protección,
describiendo y determinando ampliamente su vulneración, a través de TODAS
Y CADA UNA de las CAUSALES GENERALES Y ESPECIALES anteriormente
descritas […]».
12. En tercer lugar, adujeron que no era cierto que en el escrito de tutela no se
hubiesen identificado los hechos y argumentos de la presente acción
constitucional, ya que en este se señaló que las motivaciones de esta eran las
siguientes:
[…] INOBSERVANCIA DE LA CONFESIÓN REALIZADA POR PARTE DEL
MUNICIPIO DE EL TAMBO (N) –ACEPTACIÓN DE LOS HECHOS DE FALLA
EN EL SERVICIO.
INOBSERVANCIA DE LOS POSTULADOS DE LA SANA CRITICA, LA
LÓGICA Y LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA.
IMPOSICIÓN DE CARGA DE LA PRUEBA ADICIONAL, EXTEMPORÁNEA,
DESPROPORCIONADA E IMPOSIBLE DE CUMPLIR –LA DENOMINADA
“TARIFA LEGAL”.
DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD /
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL DERECHO PROCESAL A LA IGUALDAD
DE LAS PARTES […].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la parte actora, en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2019, respecto de la distribución
de negocios al interior de las Secciones del Consejo de Estado.
1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
VIII.2. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado3, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Si ello es así, determinar si la sentencia 22 de enero de 2022, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales alegados por los accionantes, por haber
incurrido presuntamente en un defecto fáctico, en un defecto procedimental
absoluto, en un defecto material sustantivo, en una decisión sin motivación,
en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la
Constitución.
15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.
17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
3
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
VIII.4. El caso concreto
23. Los ciudadanos José Alexander Caicedo Burbano, Danitza Juliana David
Salas, Alicia del Socorro Rosero, María Natalia Pupiales Burbano y
Magdalena Graciela Burbano Rosero, a través de apoderado judicial, solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la
sentencia de 22 de enero de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa
número 52001-23-31-000-2010-00685-01.
VIII.4.1. De la relevancia constitucional
24. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se
acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental8 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces9.
25. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5
agosto de 2014, sostuvo que:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
(…)
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la
acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]10. (subrayado fuera del
texto)
26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
8
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
9
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
10
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales11.
27. Frente a los presupuestos que deben concurrir para tener por cumplido el
requisito general de procedibilidad de tutela contra providencia judicial atinente a la
relevancia constitucional, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-439
del 13 de julio de 2017, precisó lo siguiente:
[…] la Corporación ha precisado que, tratándose de acciones de tutela
promovidas contra actos administrativos, debe tenerse en cuenta que la
relevancia constitucional concurre siempre y cuando la controversia no
sea meramente legal y/o de carácter económico, ya que al juez de tutela
no le corresponde zanjar tales aspectos12.
(…)
60. Al igual que los anteriores presupuestos, la Sala observa que el asunto
examinado también carece de relevancia constitucional, pues, en esencia,
la discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales no
son de competencia del juez de tutela sino del juez ordinario […]13. (Negrillas
de la Sala)
28. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202214
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
12
Ver sentencia SU-498 de 2016.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-439 del 13 de julio de 2017, exp. No. T-4.770.440, M.P. Dr.
Alberto Rojas Ríos.
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Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04513-01
Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
[negrillas y subrayado de la Sala]
29. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, no basta con que el actor
invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de
uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada, en tanto
dicho atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la
protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos
superiores.
30.De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos
fundamentales con el deber de protección de los principios constitucionales
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relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía
judicial, los cuales podrían comprometerse en el evento en que se generalice
la práctica de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial15.
31. Descendiendo al caso de la referencia, la Sala advierte que la parte actora
aduce que en el fallo judicial objeto de la presente acción constitucional se incurrió
en un defecto procedimental absoluto, en un defecto fáctico, en una decisión
sin motivación y en un desconocimiento del precedente por las siguientes
razones:
31.1. El primer argumento por el que, a juicio de los accionantes, se incurrió en los
defectos enunciados, se encuentra relacionado con que la autoridad judicial
incurrió en un exceso ritual manifiesto al exigir, en forma inflexible y
desproporcionada, que al proceso contencioso debió allegarse el informe de
policía del accidente de tránsito en el que se vio involucrado el señor José
Alexander Caicedo Burbano, pese a que la entidad territorial carece de
secretaría de tránsito y de agentes de tránsito.
31.2. Enconsonancia con el anterior argumento, adujeron que en el proceso
contencioso existían otros medios de prueba que permitían tener por acreditadas
las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito en el que resultó
lesionado el accionante. Tales pruebas son: (i) la declaración rendida por la
señora Doris Rubiela Burbano Burbano; (ii) la copia de la historia clínica de
atención del señor José Alexander Caicedo Burbano, y (iii) la confesión
efectuada por el municipio de El Tambo en el proceso contencioso.
31.3. En segundo lugar, argumentaron que el juez de segunda instancia desechó la
valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia en virtud de dos
indicios y sin que previamente le hayan dado la posibilidad de ejercer el derecho
de contradicción respecto de la nueva valoración probatoria realizada por el ad
quem.
31.4. En tercer lugar, sostuvieron que la autoridad judicial accionada incurrió en la
causal de decisión sin motivación porque: (i) no explicó las razones por las que
dos indicios tuvieron mayor incidencia probatoria en la resolución del caso que las
demás pruebas recaudadas; (ii) tampoco explicó los motivos por los que,
extemporáneamente, se exigió a los demandantes allegar el informe de policía del
accidente de tránsito; (iii) no explicó las razones por las que dejaría de aplicar los
principios de libertad probatoria y sana critica, y (iv) no desvirtuó la valoración
probatoria efectuada por el juez de primera instancia.
31.5. En cuarto lugar, expusieron que se desconoció el precedente construido por
esta Corporación y por la Corte Constitucional relacionado con el principio de
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).
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congruencia de la sentencia, el sistema de valoración probatoria de la sana crítica,
y los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.
31.6. En quinto lugar, adujeron que se violó el principio constitucional de prevalencia
de los derechos de los menores, respecto del joven S.A.C.D., hijo del señor José
Alexander Caicedo Burbano.
32. Una vez resumidos los argumentos de la presente acción de amparo, la Sala
debe advertir que en cumplimiento del precedente contenido en la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, proferida por la Corte Constitucional, la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de
dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para
tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional.
33. En ese orden de ideas, el máximo Tribunal Constitucional señaló que además
de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados
y el motivo por el cual se configuró el defecto denunciado, los accionantes deben
hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i)
tiene la «[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la
controversia «[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]»; y
(iii) que se «[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]». (negrillas y subrayado fuera del texto)
34. En ese orden de ideas, y siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
sentencia SU – 215 de 2022, esta Sección considera que la controversia
planteada en esta ocasión carece de relevancia constitucional porque en la
discusión expuesta por los accionantes no gira en torno al alcance, aplicación
y/o desarrollo de un derecho fundamental.
35. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien los actores aducen que fue
desconocido su derecho fundamental al debido proceso, la igualdad y el acceso a
la administración de justicia, lo cierto es que no existe un desarrollo
argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera -en
los términos de la Corte Constitucional- que se afectó en forma desproporcionada
el núcleo esencial de dicha garantía constitucional, con ocasión de la
expedición de la sentencia de 22 de enero de 2022.
36. Adicionalmente,también se resalta que los argumentos que fundamentan la
presente acción de amparo, más que girar en torno a la presunta vulneración del
núcleo esencial de los derechos fundamentales, son una reiteración de los
argumentos que se plantearon en el escrito de demanda en el interior del
medio de control de reparación directa.
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37. Así las cosas, y reitera la Sala conforme a las sentencias de unificación SU –
128 de 2021 y SU – 215 de 2022, lo que pretende la parte accionante a través de
esta acción constitucional es que esta Sección, en su condición de juez
constitucional, actúe como una tercera instancia del proceso contencioso y, en
consecuencia, valore los argumentos según los cuales sí estuvo acreditado el
daño antijurídico en el proceso de reparación directa.
38. Valga resaltar que la acción de tutela contra providencias judiciales «[…]
implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado […]».
Significa lo anterior, en palabras de la Corte Constitucional, que este «[…]
mecanismo de amparo constitucional […]» no puede ser «[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]»; ya que en «[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]». En esa medida, «[…] [s]i luego de agotar
dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se
encuentra habilitada la tutela contra providencias judiciales […]».
39. En ese orden de ideas, esta Sala debe concluir que los señores José
Alexander Caicedo Burbano, Danitza Juliana David Salas, Alicia Del Socorro
Rosero, María Natalia Pupiales Burbano y Magdalena Graciela Burbano
Rosero no están poniendo de relieve que en la sentencia 22 de enero de 2022 se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que los motivos que fundamentan
su inconformidad se sustentan, básicamente, en que la providencia judicial
despachó desfavorablemente sus pretensiones.
40. Como se puede apreciar de los argumentos de la parte actora, la presente
controversia no gira en torno a la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, a la igualdad o al acceso a la administración de justicia; sino que el
centro de la acción constitucional está dirigido a que esta autoridad judicial decida,
como una tercera instancia, si el municipio de El Tambo es administrativamente
responsable por los daños padecidos por los accionantes, con ocasión del
accidente de tránsito que ocurrió el 3 de noviembre de 2008.
41. Adicionalmente, no se puede ignorar que esta acción constitucional se
encuentra dirigida contra un fallo proferido por una de las Salas de Decisión que
integran esta alta Corte, lo que implica que, en aplicación del precedente
Constitucional, su procedencia sea más restrictiva por cuanto «[…] solo tiene
caída cuando la decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límite de los derechos fundamentales o
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Demandante: José Alexander Caicedo Burbano
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cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad […]»16, circunstancias que
en el sub examine no se advierten.
42. En virtud de todo lo expuesto, la Sala concluye que la presente acción
constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por tanto, se
confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de octubre de 2022, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. (p:15)
16
Corte Constitucional, sentencia SU 917 de 2010, reiterada en sentencias 050 y 573 de 2017.
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