Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04522-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04522-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04522-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de diciembre de 2022
Demandante: Constanza Ramírez Mora
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04522-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04522-01
Demandante: CONSTANZA RAMÍREZ MORA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA SEXTA DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos por violación
directa de la constitución, fáctico y desconocimiento del
precedente. Confirma decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 23
de septiembre de 2022, por medio del cual la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Constanza Ramírez Mora, por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela el 19 de agosto de 2022, con el fin de que le fueran amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 19 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión, a través de la cual confirmó parcialmente las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
actora contra la Empresa Social del Estado San Sebastián de La Plata, Huila (en
adelante E.S.E.), proceso que se identificó con el radicado 41001-33-33-002-2016-
00409-01.
1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
«1. AMPARAR los derechos fundamentales de la parte actora, al debido proceso y de
acceso efectivo a la administración de justicia, vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Huila en la sentencia de segunda instancia de fecha 19 de abril de 2022, proferida
dentro del proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho No 410013333002-2016-
00409-01.
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2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda
instancia, dictada, el 19 de abril de 2022, por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro
del proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho No 410013333002-2016-00409-
01.
3. ORDENAR al despacho judicial accionado, adecuar el fallo de segunda instancia
teniendo en cuenta los lineamientos tanto de la Corte Constitucional, Como del Consejo
de Estado referentes a los lineamiento jurisprudenciales actuales respeto de la
configuración de una verdadera relación laboral dentro del contrato de prestación de
servicios y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, en tratándose de
relaciones laborales ocultas por las entidades del Estado tras la figura contractual de
prestación de servicios». (Sic para la cita)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
La señora Constanza Ramírez Mora adujo que laboró para la Empresa Social del
Estado San Sebastián de La Plata, Huila1 en el cargo de auxiliar administrativo, desde
el 1.º de septiembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2016, lapso en el cual se
suscribieron de forma “continua e ininterrumpida, órdenes de prestación de servicios, donde
se establecen las funciones a cumplir (…) así como la remuneración pactada por sus
servicios”.
Agregó que desempeñó funciones administrativas en las instalaciones y con
elementos de la E.S.E. junto con otros empleados de planta en idéntica situación de
subordinación, dependencia y en cumplimiento de una jornada laboral, tales “como
gestiones de mensajería, orientación de los servicios de salud a los diferentes usuarios,
asistiendo a jornadas de capacitación realizadas por la entidad, apoyando procesos
realizados en el área de administración de bienes de la entidad, apoyando a procedimientos
del área de almacén, asistiendo a comités y reuniones ordenadas por la entidad, apoyando
procedimientos de auditoría de cuentas médicas, apoyando procesos en el área de
facturación de consulta externa y laboratorio clínico y otras estipuladas en las órdenes de
prestación de servicios”.
Indicó que, con el Oficio N.º 110-01-O-035-2016 de 18 de marzo de 2016 la E.S.E. le
informó sobre “la terminación del vínculo laboral argumentando supuestas razones de mal
comportamiento,2 a partir del 31 de marzo de 2016.”.
Refirió que, el 11 de abril de 2016 elevó una petición a la entidad con el fin de que se
le reconocieran sus derechos laborales, la cual fue despachada negativamente
mediante los Oficios N.º 110-01--055-2016 y 100-01-O-066-2016 de 28 de abril y 18
de mayo de 2016, respectivamente.
Advirtió que, inconforme con la respuesta de la E.S.E., promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto que le correspondió en primera
instancia al Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que, en sentencia
de 28 de marzo de 2019 negó las pretensiones de la demanda al declarar probada la
1 Entidad de derecho público creada mediante el Acuerdo Nº 025 de 1997 del Concejo Municipal de
La Plata, Huila y reformada mediante el Decreto 112 del 22 de diciembre de 2005.
2 Por hechos ocurridos el 18 de marzo de 2016.
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excepción de inexistencia de la relación laboral.
Ello, con fundamento en que, del acervo probatorio aportado al proceso ordinario, se
acreditó que la “demandante prestó sus servicios personales en la ESE SAN SEBASTIÁN
DE LA PLATA, ejecutando labores de auxiliar de apoyo, mediante la modalidad de órdenes
de prestación de servicio durante el periodo comprendido entre los años 2011 a 2016”.
Precisó que el recurso de alzada fue desatado por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión en el sentido de confirmar parcialmente la decisión del a quo
mediante la sentencia de 19 de abril de 2022.
Lo anterior, en atención a que no se logró demostrar la existencia del tercer elemento
de una relación legal y reglamentaria,3 comoquiera que: (i) los testimonios no tienen
la virtualidad y el poder de persuasión suficientes para acreditar en estos casos la
dependencia laboral; (ii) los documentos allegados como contratos u órdenes de
prestación de servicio evidencian una relación contractual, tanto así, que en la
cláusula 1.ª se asignó un supervisor, lo cual es característico del contrato de
prestación de servicio; (iii) el oficio por el cual se comunicó la finalización de la
contratación no demuestra el elemento de la subordinación; y (iv) no se arrimaron
cuadros de turnos, cronogramas de trabajo, programación de actividades,
comunicaciones, memorandos o llamados de atención que permitieran establecer la
real y efectiva subordinación.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La tutelante indicó que el tribunal censurado incurrió en los siguientes defectos:
1.4.1. Defecto fáctico4 y violación directa de la Constitución
La señora Constanza Ramírez Mora refirió que la autoridad censurada falló en sentido
desfavorable por incurrir en una deficiente valoración de: (i) los testimonios aportados
por el extremo activo, por cuanto se le dio mayor relevancia a los que respaldaban la
parte pasiva, desconociendo que correspondían a personas vinculadas laboralmente
con la E.S.E. demandada; (ii) las órdenes de prestación de servicio con las cuales se
demostraba una relación laboral de 5 años, encubierta.
En ese sentido, indicó transgredidos los artículos superiores 1.º, 13, 25, 29, 48, 53,
228 y 229, debido a que el tribunal reprochado: (i) le dio un trato desigual respecto de
las personas de planta que desempeñaban bajo la subordinación del empleador,
idénticas funciones a las que realizaba la accionante; y (ii) se violó el principio de
primacía de la realidad sobre las formas pese a haber demostrado la relación laboral
“disfrazada a través de unas órdenes de prestación de servicios”;
1.4.2. Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado contenido en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, en la cual se fijaron los aspectos que
se deben analizar para efectos de encontrar configurada una relación laboral
encubierta, tales como: (i) los estudios previos, en los que se debe estipular el objeto
del contrato, las condiciones de idoneidad y/o experiencia de la persona a contratar,
y el término de duración; (ii) la subordinación continuada que corresponde a la
3 Debido a que el recurso de apelación giró en torno a la acreditación de este aspecto.
4 Si bien el accionante no señaló expresamente el defecto fáctico, lo cierto es que de los argumentos
del cargo por violación de la Constitución se extrae la presunta indebida valoración probatoria.
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facultad del empleador para exigir al empleado en cumplimiento de órdenes, jornada,
horario, modo o cantidad de trabajo, protocolos de organización y sometimiento a su
poder disciplinario, y que las actividades a desarrollar correspondan a aquellas
asignadas a los servidores de planta.
De conformidad con la referida sentencia, la tutelante alegó que la judicatura
reprochada negó las pretensiones de la demanda al pasar por alto que:
(i) con la prórroga indiscriminada en las órdenes de prestación de servicio se rompió
el principio de planeación contractual, lo cual es indicativo de la real intención de
ocultar un vínculo laboral;
(ii) el elemento de la subordinación se demostró en el proceso ordinario al acreditar
que las funciones se desempeñaron en las instalaciones y con elementos
suministrados por la E.S.E.; los testimonios del extremo activo; el indicio relativo a
que la entidad le informó a la señora Ramírez Mora la terminación del contrato por
mal comportamiento y no por el vencimiento del plazo, lo cual dejó en evidencia el
poder disciplinario del empleador sobre la tutelante; el control permanente de las
funciones por parte de funcionarios de planta; y la similitud de algunas de “ las
actividades contractuales pactadas en las OPs, con las funciones asignadas por la Entidad a
un auxiliar administrativo”.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 25 de agosto de 2022 el juez a quo admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a la parte actora, y al Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de
Decisión como autoridad judicial accionada.
Adicionalmente, dispuso la vinculación en calidad de tercero con interés de la E.S.E.
San Sebastián de La Plata Huila.
Por último, le reconoció personería al abogado William Pinzón Londoño actuar en
nombre y representación de la parte actora.
1.6. Intervención
Librados los oficios correspondientes, con memorial radicado el 2 de septiembre de
2022 por la E.S.E. San Sebastián de La Plata Huila, a través de su apoderada
judicial, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela objeto de
análisis, debido a que los argumentos contenidos en la demanda están dirigidos a
cuestionar los aspectos que fueron objeto de debate ante los jueces ordinarios.
Agregó que lo pretendido por la señora Ramírez Mora es ejercer una tercera instancia
en esta sede y que, en todo caso, no se demostró la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
1.7. Fallo impugnado
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 23 de septiembre de 20225 declaró la improcedencia de la acción luego de concluir
5 Notificada el 10 de octubre de 2022.
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que lo pretendido por la parte accionante es reabrir un debate zanjado ante el juez
natural de la causa y que, en consecuencia, usó este mecanismo como una tercera
instancia del proceso ordinario.
1.8. Impugnación
Mediante memorial allegado oportunamente el 11 de octubre de 2022, la señora
Constanza Ramírez Mora manifestó su inconformidad con el fallo dictado por el a quo
al señalar que es una decisión inhibitoria.
Agregó que, si la acción de tutela no cumplía con los requisitos de procedibilidad,
debió rechazarse de plano, no obstante, se admitió y se llevó a cabo todo el proceso
en primera instancia para “desechar la TUTELA” con fundamento en que «no es el
escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte
desfavorecida por una decisión proponga “una mejor solución” al caso».
Resaltó que, si se efectuara el análisis del caso, se evidenciaría que se trata “de la
VULNERACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, de una sentencia de unificación
del Consejo que no fue tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo del Huila”.
Finalmente, solicitó que se resuelva la impugnación, se valoren los argumentos
expuestos en el escrito inicial y se dicte una decisión de fondo.
1.9. Trámite en segunda instancia
1.9.1. Con providencia de 16 de noviembre de 2022,6 el despacho ponente ordenó
poner en conocimiento del Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
la nulidad de carácter saneable, con ocasión de la falta de vinculación formal de esta
autoridad en el asunto de la referencia.
1.9.2. Con memorial allegado el 24 de noviembre de 2022, la titular del despacho
vinculado indicó que las sentencias de primera y segunda instancia del medio de
control ordinario se dictaron en derecho, según el criterio judicial vigente y de
conformidad con el acervo probatorio aportado al proceso, no obstante, si bien se
acreditó la relación contractual, lo cierto es que no se allegaron medios que
demostraran el elemento de la subordinación.
De otro lado, indicó que los reproches y las pretensiones de la solicitud de amparo
están dirigidas contra la decisión de segunda instancia. Finalmente, solicitó que se
deniegue el amparo deprecado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 23 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
6 Providencia que se notificó electrónicamente el 18 de noviembre de 2022.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 23 de septiembre de 2022, a través de la cual, la
Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación declaró improcedente la solicitud
de amparo.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, en caso de encontrarse
superados; (iii) las generalidades de los defectos planteados y; (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012,
7unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.8
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.9
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hastael momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, 10 la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial. Bajo las anteriores directrices
se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. En cuanto al cargo elevado por la parte actora como violación directa de la
Constitución, argumentos a partir de los cuales la Sala advirtió que también se
planteó un defecto fáctico tal y como se señaló en los antecedentes de este
proveído, es preciso confirmar la decisión del a quo en el sentido de declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo en atención a que no satisfacen el análisis
del requisito de relevancia constitucional.
Lo anterior, obedece a que la señora Ramírez Mora adujo que se transgredieron los
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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artículos superiores 1.º, 13, 25, 29, 48, 53, 228 y 229, debido a que el tribunal
censurado: (i) le dio un trato desigual respecto del personal de planta que
desempeñaba bajo la subordinación del empleador, idénticas funciones a las que
realizaba la tutelante; y (ii) se transgredió el principio de primacía de la realidad sobre
las formas pese a haber demostrado la relación laboral “disfrazada a través de unas
órdenes de prestación de servicios”.
Ello, por cuanto al valorar de manera indebida los testimonios y las órdenes de
prestación de servicio, medios con los cuales, a su juicio, se acreditaba una
vinculación laboral de 5 años, adoptó la decisión de confirmar parcialmente lo
dispuesto por el Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, esto es,
declarar la inexistencia de la relación laboral.
Las referidas alegaciones carecen de carga argumentativa debido a que el yerro
fáctico se enervó de una manera general, al limitarse a señalar que a los testigos y a
las órdenes de servicio se les restó relevancia por cuanto se le otorgó un mayor valor
apreciativo a las pruebas arrimadas por el extremo pasivo.
Es decir, no precisó cuál o cuáles testimonios no fueron debidamente valorados y
tampoco acotó las manifestaciones de estas personas que daban lugar a que la
autoridad judicial reprochada tuviera la certeza de que existió un verdadero vínculo
laboral.
Adicionalmente, no adujo qué aspectos fácticos o jurídicos de las órdenes de servicio
debían haber sido apreciados en determinada forma por el juez de la causa natural
por tener la virtualidad de variar el sentido de la decisión que consideró vulneradora
de sus garantías constitucionales, puesto que la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila fundó su decisión en la ausencia de demostración de la
subordinación, en ese sentido, la Sala no advierte la incidencia de este reparo en la
resolutiva censurada.
Así las cosas, en cuanto a los defectos fáctico y por violación directa de la
Constitución, al no superar este análisis de procedibilidad, se confirmará la
declaratoria de improcedencia de la acción.
De otro lado, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, para la Sala el yerro
por desconocimiento del precedente está revestido de relevancia
constitucional, por cuanto se alegó que la judicatura reprochada desatendió las
reglas fijadas en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021, relativas a los aspectos que se
deben analizar para efectos de encontrar configurada una relación laboral encubierta.
Este yerro no se reduce a un debate legal o económico, comoquiera que consiste en
que el Tribunal Administrativo del Huila presuntamente se apartó de un precedente
con carácter vinculante, a través del cual el Consejo de Estado actuó como órgano
de cierre en el ejercicio interpretativo de un fenómeno social que afecta a la población
del país que se encuentra en etapa productiva, y que ha sido, en muchas ocasiones,
objeto de vulneración de sus derechos laborales.
Por lo anterior, se advierte que el debate trasciende a un estudio constitucional,
debido a que gira en torno al reconocimiento de garantías laborales transgredidas por
la administración, a juicio de la actora, por encubrir una relación legal y reglamentaria
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a través de sucesivos contratos de prestación de servicios.
2.4.2. Por otro lado, se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige
contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial
censurada fue proferida en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que el fallo
cuestionado se profirió el 19 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 19 de
agosto de 2022, de manera que, sin necesidad de precisar la fecha de su ejecutoria,se
evidencia que ha transcurrido un término que a juicio de la Sala es razonable.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, 11 en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005,12 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido el 19 de
abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión,
mediante la cual confirmó parcialmente la decisión de primera instancia que declaró
la inexistencia de la relación laboral como pretensión principal del medio de control
de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado 41001-33-33-002-2016-
00409-01, razón por la cual contra la providencia controvertida no procede ningún
recurso ordinario, y el cargo por desconocimiento del precedente no se encuadra en
las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión.
No obstante, el referido yerro no satisface el estudio de este requisito de
procedibilidad por cuanto la tutelante contó con el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.
Lo anterior encuentra fundamento en el argumento consistente en que, con la
sentencia de 19 de abril de 2022 se desatendió el contenido del fallo de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021, lo cual se traduce en que, presuntamente, la autoridad judicial
reprochada no acató un pronunciamiento que es de obligatorio cumplimiento por parte
de todos los administradores de justicia.
Para tal efecto, la Ley 1437 de 2011 estipuló en su artículo 256 el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual tiene como fin asegurar la
unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme “y garantizar los
derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
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Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
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recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.
Ahora, en cuanto a la procedencia, señaló:
“ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda
instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen
por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.
(…)”. (Énfasis propio)
Seguidamente, el artículo 258 del mismo estatuto dispuso:
“ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado”. (Énfasis propio)
De conformidad con el marco normativo que antecede, es claro que el cargo por el
desconocimiento de una sentencia de unificación del Consejo de Estado en una
decisión adoptada por un tribunal administrativo encuadra en la causal, valida la
procedencia y cumple con el fin para el cual fue instituido el mecanismo
extraordinario.
Adicionalmente, es importante resaltar que tal medio debe ser ejercido dentro de
los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión censurada según lo consagrado
en el artículo 261 ibídem.13
En relación con los requisitos de procedencia de la solicitud de amparo, el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el
numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales
deben buscar la defensa de aquellos.
13 “ARTÍCULO 261. INTERPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá
interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro de los
diez (10) días siguientes a su ejecutoria.
(…)”
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Demandante: Constanza Ramírez Mora
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04522-01
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-120 del 20 de febrero de 2012,
manifestó que:
“Además del cumplimiento del requisito de inmediatez, la Corte ha exigido como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que el
actor haya ejercido los recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se
trata de sustituir a través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por
negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron
utilizados a su debido tiempo”.
De igual forma concluyó en la sentencia T-735 de 201314, así:
“Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite
jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por
el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional
para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades
vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.” (Énfasis propio)
Así las cosas, esta Sala precisa que cuando una persona recurre a la administración
de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer
las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el
juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un
determinado asunto radicado bajo su competencia.
Es por lo anterior que, el fundamento de este mecanismo de amparo, con el cual se
pretende controvertir la sentencia dictada el 19 de abril de 2022 se encuadra en la
causal de procedencia del medio extraordinario de unificación de jurisprudencia,
debido a que la tutelante consideró que el tribunal reprochado desatendió las reglas
fijadas por el Consejo de Estado en la providencia SUJ-025-CE-S2-2021.
En este punto del debate y de conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la
solicitud de amparo promovida por la señora Constanza Ramírez Mora contra el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, no satisface el análisis de
los requisitos de relevancia constitucional y de agotamiento de los medios de defensa
judicial, razón por la cual habrá de confirmar la improcedencia de la acción, por las
razones contenidas en la parte considerativa de este proveído.
2.5. Conclusión
Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión confirmará la sentencia de 6 de octubre de
2022 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia, pero por las razones
contenidas en este fallo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la Repúblicay por
autoridad de la ley,
14 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17 de octubre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
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Demandante: Constanza Ramírez Mora
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04522-01
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de octubre de 2022 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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