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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04525-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04525-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP contra Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04525-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

7 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04525-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
Accionados: Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04525-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Accionados: Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedencia de la acción de
tutela por no superar el requisito de procedibilidad adjetivo de la
subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 29 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia. Lo anterior por cuanto no satisfizo los requisitos de procedencia
general de: relevancia constitucional y subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 19 de agosto de 2022 al buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus del Consejo de Estado, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- (en
adelante, la UGPP), actuando a través de apoderado, ejerció la acción de tutela contra
el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A. Esto con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La entidad accionante consideró que le fueron vulneradas las referidas
garantías constitucionales, con la expedición de las sentencias del 28 de noviembre
de 2017 y del 2 de diciembre de 2021, proferidas en primera y segunda instancia por

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04525-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
Accionados: Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo
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las autoridades judiciales accionadas. Mediante aquellas decisiones, los jueces
ordinarios accedieron a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el señor Carlos Arturo Parodi Toncel para
obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (exp. 11001-33-42-048-
2017-00088-00 01).

3. Con base en lo anterior, la UGPP solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“Segundo. DEJAR sin efectos los fallos proferido por el JUZGADO CUARENTA Y OCHO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A del 28
de noviembre de 2017 y 2 de diciembre de 2021, respectivamente, dentro del proceso
Contencioso Administrativo No. 11001334204820170008800, promovido por el señor
CARLOS ARTURO PARODI TONCEL en contra la UGPP, por aplicarse de manera errada
la liquidación de la pensión sin contemplar de forma estricta los criterios señalados en la
Ley 33 de 1985.

Tercera. Se sirva ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, dictar nueva sentencia en la cual se ordene la
revocatoria del fallo del 28 de noviembre de 2017 proferido por el JUZGADO CUARENTA
Y OCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA, SECCIÓN SEGUNDA y en
su lugar se ordene proferir fallo ajustado a derecho en el cual, para efectos de liquidar el
IBL de la prestación pensional, se incluyan los factores salariales que se encuentren
señalados en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 de 1985”.

4. Como pretensiones subsidiarias, la entidad formuló las siguientes:

“Primero. Amparar de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO CUARENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, por el evidente detrimento del
erario que se generó con las decisiones judiciales controvertidas, en razón a que ordenó
la reliquidación de la pensión con un régimen que no resulta aplicable, artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, incluyendo los factores respecto de los cuales no se hicieron
cotizaciones, lo que genera que el valor de la mesada sea superior a la que realmente
tiene derecho la causante.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA DE MANERA TRANSITORIA
los fallo proferidos por el JUZGADO CUARENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A de fechas 28 de noviembre de
2017 y 2 de diciembre de 2021 respectivamente, dentro del proceso Contencioso
Administrativo No. 11001334204820170008800, mientras se resuelve el recurso
extraordinario de revisión que iniciaríamos en cumplimiento de su orden judicial”.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

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5. El señor Carlos Arturo Parodi Toncel nació el 26 de febrero de 1945 y trabajó
en las siguientes entidades: (i) la Secretaría de Educación de Bogotá, entre el 3 de
febrero de 1964 y el 11 de abril de 1971; (ii) la Institución Educativa Distrital – Colegio
Restrepo Millán entre el 27 de marzo de 1971 y el 9 de febrero de 1989; y (iii) en la
Corporación Universidad Libre y el Colegio Santa Fe – Amparo Larrazábal entre el 1
de abril de 1972 y el 28 de febrero de 2005. Durante su historia laboral, el señor Parodi
Toncel efectuó aportes a la Caja de Previsión Social del Distrito y a Cajanal entre el 3
de febrero de 1964 y el 8 de febrero de 1989, para un total de 25 años.

6. Mediante la Resolución nº. 007147 de 2005, el Instituto de Seguros Sociales
(hoy Colpensiones) le reconoció al señor Parodi Toncel la pensión de vejez, efectiva a
partir del 1 de diciembre de 2005, por un valor de $2.867.868. Lo anterior, con base en
lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
del mismo año.

7. El señor Parodi Toncel le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación. Sin embargo, la entidad le negó la petición a través de las
Resoluciones nº. 009822 del 1 de marzo de 2013 y RDP 019619 del 29 de abril del
mismo año.

8. Posteriormente, el 4 de junio de 2014, el señor Parodi Toncel le insistió a la
entidad con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. La UGPP le negó lo
pedido mediante las Resoluciones nº. 027958 del 15 de septiembre y RDP 038022 del
16 de diciembre de 2014.

9. Contra los anteriores actos administrativos, el señor Parodi Toncel ejerció el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En primera instancia, en
sentencia del 28 de noviembre de 2017, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá declaró la nulidad de los actos acusados. En
consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación equivalente
al 75% del promedio de los salarios devengados entre el 8 de febrero de 1988 y el 7
de febrero de 1989, con la inclusión de todos los factores devengados en ese término
(i.e. el sueldo básico y las prima de alimentación, de población y de navidad; de manera
proporcional), con efectos fiscales desde 13 de noviembre de 2009, por prescripción.

10. En la referida providencia, el juez señaló que “resulta compatible la pensión de
vejez reconocida por el ISS / COLPENSIONES con base en los aportes cotizados en
forma exclusiva al sector privado, con la pensión de jubilación reclamada con
fundamento en el tiempo de servicio de carácter público. Que, en esos términos, no se
vulnera la prohibición constitucional contenida en el artículo 128 de la Carta Política”.
Esta decisión fue apelada por la UGPP.

11. En segunda instancia, en sentencia del 2 de diciembre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A confirmó

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parcialmente del fallo de primer grado. Esta providencia modificó la decisión en el
sentido de que el pago de la pensión de jubilación fuese del 75% del promedio de lo
devengado en el último año de prestación de servicios, incluyendo los siguientes
factores: el sueldo básico, la prima de alimentación y la prima de navidad; con efectos
fiscales a partir del 7 de marzo de 2014. Lo anterior, conforme al artículo 45 del Decreto
1045 de 1978. La decisión quedó ejecutoriada el 8 de marzo de 2022.

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. El apoderado de la UGPP argumentó que el asunto es relevante desde la
perspectiva constitucional porque está en riesgo el erario. Agregó que acudió al
recurso de amparo para evitar causarle un perjuicio irremediable al sistema pensional.
Al respecto, señaló que el pago del retroactivo al señor Parodi Toncel asciende a
$279.368.094 más el pago de la mesada pensional que para el año 2022 sería
equivalente a $1.836.924 mensuales1. Según la demanda de tutela, el asunto cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción y, además, se configuraron
los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.

13. En cuanto al fondo del asunto, el abogado de la entidad señaló que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, debido a que las autoridades
judiciales accionadas interpretaron de manera errada la Ley 33 de 1985 (modificada
por la Ley 62 de 1985) y el Decreto 1045 de 1978. En criterio del apoderado de la
UGPP, la pensión de jubilación del señor Parodi Toncel debió liquidarse con los
factores salariales indicados en la Ley 62 de 1985.

14. También afirmó que los fallos objeto de esta acción desconocieron el
precedente según el cual la pensión de jubilación debe liquidarse con los factores
salariales sobre los que se hubieren hecho aportes al sistema de la seguridad social.
Al efecto citó las sentencias T-039 de 2018 y T-328 de 2018 de la Corte Constitucional.
También hizo alusión a los fallos del 25 de febrero de 20162; del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013); del 25 de abril de 2019,
exp. 680012333000201500569-01 (0935-17), todos de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

1.4. Trámite de la acción de tutela

15. Mediante auto del 23 de agosto de 2022, el consejero ponente de la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la
referencia. También le reconoció personería al abogado de la parte accionante, dio

1 La UGPP afirmó que si la pensión de jubilación del señor Parodi Toncel se hubiere reconocido
conforme a la Ley 33 de 1985, el monto del retroactivo sería de $257.546.826 y de la mesada pensional
para el año 2022 equivaldría a $1.693.443 mensuales.
2 No se identificó el radicado del expediente.

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traslado a las autoridades judiciales accionadas y vinculó como terceros interesados
al señor Carlos Arturo Parodi Toncel y a las personas y/o entidades que hubieran
participado en el proceso ordinario. En la misma providencia, el a quo negó la solicitud
de la medida provisional solicitada por la parte actora.

1.5. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentó la siguiente
intervención:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A.

17. El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia se opuso a las
pretensiones del amparo. Afirmó que la acción no satisface los requisitos de
procedencia de la acción. Consideró que no se cumplió el requisito de la inmediatez.
Tampoco se configuró un perjuicio irremediable. En este sentido afirmó que el amparo
pretende reabrir el debate con base en argumentos que no fueron planteados en el
proceso ordinario.

18. En cuanto al fondo del asunto, explicó que la decisión se profirió teniendo en
cuenta tanto las pruebas allegadas al expediente como las normas y la jurisprudencia
aplicable al caso concreto. En suma, la providencia acusada fue el resultado del
ejercicio de la interpretación razonable y plausible de la corporación que la emitió.

1.6. Sentencia de primera instancia

19. Mediante la sentencia del 29 de septiembre de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción porque
no satisfizo los requisitos de la relevancia constitucional y la subsidiariedad. En cuanto
al primero, el a quo afirmó que los cargos que planteó la UGPP no están encaminados
a desarrollar el alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia. Tampoco se demostró una afectación desproporcionada
de aquellas garantías ni que existiera un perjuicio irremediable. Para la primera
instancia, los fundamentos del amparo no evidenciaron que las decisiones acusadas
fuesen irrazonables sino que exponen una divergencia intepretativa de la Ley 33 de
1985.

20. Sobre el desconocimiento del precedente, la Sección Tercera explicó que los
argumentos esbozados por la UGPP era insuficientes porque las sentencias
invocadas como antecedentes resuelven casos sobre el régmen de transición de la
Ley 100 de 1993, la cual no es aplicable al caso concreto. En segundo lugar, los fallos

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de la Corte Constitucional son decisiones de tutela que tienen efectos inter partes. En
tercer lugar, frente al desconocimiento de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, señaló que la parte actora no expuso argumentos tendientes a demostrar la
arbitrariedad e irrazonabilidad de la decisión.

21. Respecto del segundo, es decir, el incumplimiento del requisito de la
subsidiariedad, la Sección Tercera señaló que la parte actora no acreditó que hubiese
agotado el mecanismo extraordinario de revisión, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Consideró que en ese escenario judicial podría
plantear los reproches relacionados con el hecho de que las providencias ordinariales
le entregaron al beneficiario una ventaja ilegítima exhorbitante3.

1.7. Impugnación

22. Con escrito enviado por correo electrónico el 8 de noviembre de 2022, el
apoderado de la UGPP impugnó la sentencia de primera instancia. El abogado de la
entidad reiteró las consideraciones expuestas en el escrito inicial e insistió en que se
está en presencia de un perjuicio irremediable por razón del pago del retroactivo y de
la mesada pensional que debe efectuar la entidad. En su opinión, esto ocasionaría un
detrimento patrimonial, de ahí la necesidad de que se adopten medidas urgentes para
evitar la consumación del daño irreparable. El representante de la actora expuso que,
si bien existe otro medio de defensa judicial, se acudió a este mecanismo de manera
preferente conforme a lo dispuesto en la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte
Constitucional.

23. Para la entidad no se trata de una divergencia interpretativa sino de un defecto
sustantivo. En criterio de aquel, el proceso ordinario debía resolverse con base en la
Ley 33 de 1985 (modificada por la Ley 62 de 1985). Sin embargo, las providencias
acusadas, equivocadamente y sin la debida argumentación, reconocieron y liquidaron
la pensión de jubilación del señor Parodi Toncel con base en la Ley 6 de 1945 y el
Decreto 1045 de 1978.

24. El apoderado reiteró que se desconoció el precedente judicial según el cual
“solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional”. Para aquel
esta regla también le es aplicable a los docentes que, como el señor Parodi Toncel, se
encontraban vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. El abogado
de la UGPP controvirtió que el a quo manifestara que no se acreditó el
desconocimiento del precedente. En su criterio, la postura unificada en la sentencia
del 28 de agosto de 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01, la Sección Segunda
del Consejo de Estado sostuvo que “solo los factores sobre los que se haya realizado

3 Esta sentencia fue notificada el 3 de noviembre de 2022.

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el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional”, sin establecer discriminaciones sobre el régimen normativo
aplicable.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.4. Problema jurídico

26. Con base en los hechos, las pruebas aportadas al expediente y los argumentos
expuestos tanto en el escrito inicial como en la impugnación, en primer lugar, a la
Sección le corresponde establecer si, en el caso concreto, ¿se superan los requisitos
de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial los relativos a la relevancia constitucional y la subsidiariedad? En caso de que
la respuesta al interrogante anterior fuere positiva, en segundo lugar, la Sala tendría
que determinar si ¿debe confirmarse, revocarse o modificarse el fallo de primera
instancia en caso de que las autoridades judiciales accionadas hubieren incurrido en
los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente al de la UGPP al
reconocer y liquidar una pensión de jubilación con base en la Ley 6 de 1945 y el
Decreto 1045 de 1978?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) la naturaleza subsidiaria e improcedencia de la acción
constitucional cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces; y (iii) análisis
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su procedencia.6

29. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de
tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

30. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para
la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

31. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.7. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

32. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991.

33. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

34. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus

5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia7.

35. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales
deben buscar la defensa de aquellos.

2.7. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva en el caso concreto

2.7.1. Relevancia constitucional8

36. Para la Sala es necesario precisar que, contrario a lo que expuso el juez
colegiado de primera instancia, este requisito se encuentra superado, por las razones
que se exponen a continuación.

37. En primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las sentencias del
28 de noviembre de 2017 y del 2 de diciembre de 2021, proferidas en primera y
segunda instancia, por las autoridades judiciales accionadas. A juicio del apoderado
de la UGPP, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente.

38. Sobre el defecto sustantivo, el abogado de la entidad argumentó que los jueces
ordinarios incurrieron en este yerro porque reconocieron la pensión de jubilación del
señor Carlos Arturo Parodi Toncel, con base en la Ley 6 de 1945 y el Decreto 1045 de
1978. En lugar de haber aplicado la Ley 85 de 1993 (modificada por la Ley 62 de 1985).
En cuanto al desconocimiento del precedente, el apoderado de la UGPP explicó que

7 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
8 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

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la postura unificada en materia pensional establece que estas prestaciones deben
liquidarse con base en los factores salariales sobre los que el beneficiario hubiere
cotizado. Al efecto citó las sentencias T-039 de 2018 y T-328 de 2018 de la Corte
Constitucional. También hizo alusión a los fallos del 25 de febrero de 20169; del 28 de
agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013); del 25 de
abril de 2019, exp. 680012333000201500569-01 (0935-17), todos de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

39. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que la parte actora presentó la
argumentación suficiente para evidenciar los cuestionamientos formulados a las
decisiones que se acusan.

40. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular
del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en
efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia y al debido proceso, comoquiera que las autoridades
judiciales reconocieron, liquidaron y ordenaron el pago de una pensión de jubilación
con base en los factores salariales que devengó el beneficiario, sin que
necesariamente hubiere hecho aportes sobre aquellos. Esto, según la parte actora,
desconoció tanto la normativa como el precedente aplicable. Por lo tanto, concluyó que
es irrazonable y contrario al ordenamiento jurídico.

41. Para esta Sección, los argumentos descritos, evidencian la tensión alegada por
la parte actora entre la razonabilidad de la decisión y las garantías superiores. Máxime
cuando están de por medio recursos públicos que financian el sistema de la seguridad
social. Esto significa que más allá de cuestionar la norma que debería aplicarse, el
apoderado de la UGPP logró presentar cuestionamientos en clave de
constitucionalidad que involucran aspectos fundamentales y de interés general.

42. Luego, para la Sala este asunto guarda relevancia constitucional porque la
actuación judicial vulneró los derechos fundamentales y su ejecución amenaza el
erario. Esto es suficiente para concluir que el mecanismo constitucional no fue utilizado
como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

43. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

9 No se identificó el radicado del expediente.

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2.7.2. Tutela contra tutela10

44. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues, las providencias judiciales demandadas fueron proferidas en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
el señor Carlos Arturo Parodi Toncel contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.

2.7.3. Inmediatez11

45. La Sala advierte que la decisión objeto de tutela quedó ejecutoriada el 10 de
marzo de 2022, según la constancia que obra en el expediente ordinario que se adjuntó
en formato pdf al SAMAI. Por su parte, la acción de tutela fue radicada el 19 de agosto
de este año, es decir, dentro de un término que la Sección ha considerado como
razonable, esto es, 6 meses contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia del 1 de diciembre de 2021, motivo por el cual se cumple con el referido
requisito.

2.7.4. Subsidiariedad

46. En lo que respecta a este requisito, se advierte que si bien, en ocasiones
anteriores, esta Sección consideró que la acción de tutela interpuesta por las entidades
encargadas del reconocimiento y pago de pensiones era procedente12, también lo es

10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad.
11001-03-15-000-2019-05202-00.
11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
12 Entre otros, pueden consultarse los siguientes fallos: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia

del 2 de junio de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-03308-01, M. P. Rocío Araújo Oñate. 2) Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de junio de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-00043-01,
M. P. Rocío Araújo Oñate. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de febrero de 2016,
Rad. 11001-03-15-000-2016-00103-00, M. P. Alberto Yepes Barreiro. 4) Consejo de Estado, Sección

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que esta Sala de Decisión precisó su posición a través del fallo de tutela del 16 de
marzo de 2017 13 , al considerar que algunas de las controversias generadas con
ocasión a que presuntamente se reconocieron pensiones sin el cumplimiento de los
requisitos legales, o por montos superiores a los establecidos en la ley, deben
ventilarse mediante el recurso extraordinario de revisión, que constituye el mecanismo
idóneo y eficaz para tal efecto, en atención a la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 200314.

47. Para mayor ilustración, se traen a colación algunas de las consideraciones del
fallo de tutela del 16 de marzo de 2017, respecto del cual debe precisarse que, la parte
accionante fue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, una de las
entidades expresamente legitimadas en la causa por activa para ejercer el recurso
extraordinario de revisión por la causal antes señalada:

“De conformidad con el marco jurídico15 expuesto la Sala observa que en el sub examine
se cumplen con los requisitos para que el recurso extraordinario de revisión sea un
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales que alega
como desconocidos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la tutela de la
referencia.

Ello se debe a que una vez analizadas las particularidades del asunto, se tiene que la
violación alegada frente a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa
en conexidad con el principio de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad
social en pensiones, es susceptible de ser conjurada de manera integral dentro del
trámite del recurso extraordinario de revisión, toda vez que en caso de prosperar el

Quinta, fallo del 15 de diciembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01334-01, M. P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
13
Rad. 11001-03-15-000-2016-02774-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14 “ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL

TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES
(sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional)> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación
judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el
respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el
mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”
15 Insiste la Sala en que este marco jurídico fue decantado, entre otras, las providencias de: (i) 3 de

noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E):
Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7 de abril de 2015 Sala Especial
de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-
00577-00 y; (iii) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18.
Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.

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recurso se infirmaría la sentencia acusada y se restaurarían de forma suficiente y
oportuna los mismos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico (literal b del artículo 20
de la Ley 797 de 2003) está prevista la causal de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en virtud de la
cual, la suma que la entidad accionante asegura le fue reconocida de manera contraria
a la ley a la señora María Rosalba Ospina Blandón por concepto de pensión de vejez,
puede ser revisada a efectos de determinar sí, en efecto, la cuantía reconocida por parte
del juez excedió lo dispuesto por las leyes16.

Igualmente, se advierte que la parte actora se encuentra dentro del término de los 5 años
para ejercer el recurso extraordinario de revisión, pues la sentencia censurada es de 13
de junio de 2016.

En tal medida, solo en caso de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público considere
que con el fallo proferido por el juez administrativo en el marco del recurso extraordinario
de revisión se mantiene o perpetúa la vulneración de sus derechos fundamentales podrá
acudir a la acción de tutela atacando los vicios que considere contienen las providencias
de nulidad y restablecimiento del derecho y de la revisión. Lo contrario, es decir, permitir
que vía acción de tutela y sin el previo agotamiento de los recursos extraordinarios el
juez constitucional evalúe los argumentos de ilegalidad e inconstitucionalidad planteados
por la parte actora implicaría despojar a la acción de tutela de su naturaleza subsidiaria
e invadir de lleno la competencia del juez ordinario en la materia.

Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud de tutela es improcedente teniendo en
cuenta que la misma no superó el requisito de subsidiariedad”.

48. Frente al fallo citado se subrayó, que el recurso extraordinario de revisión por
las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con el
tenor literal del mismo, debe ser ejercido por el Gobierno Nacional, el Contralor General
de la República o el Procurador General de la Nación, lo que en principio impediría
predicar en esta oportunidad que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- estuviera
legitimada en la causa por activa para interponer dicho medio de defensa, y por ende,
que la acción de tutela en su caso constituye el único mecanismo idóneo para
controvertir las providencias acusadas.

49. Sin embargo, sobre el particular también debe tenerse en cuenta la sentencia
SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional17, en la que se precisó, a propósito del
reconocimiento judicial de mesadas pensionales que exceden lo debido de acuerdo a

16En relación con la procedencia de esta causal, en sentencia de 7 de abril de 2015 Sala Especial de

Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-
00577-00, se indicó que “…a juicio de la Sala quien actúa en desconocimiento de la ley, ejecuta actos
que guardan fidelidad al texto de la norma o que se desprenden de una interpretación en apariencia
razonable de ella, pero que en realidad eluden el sentido de las disposiciones y conducen a resultados
que desbordan la naturaleza y finalidades de la respectiva institución jurídica. El desconocimiento de la
ley únicamente requiere que exista un aprovechamiento de las opciones hermenéuticas que se
desprenden de una regla, para hacerla producir resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico
apreciado en su conjunto”.
17 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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la ley, que además de las autoridades señaladas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, pueden interponer el recurso de revisión “las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular”, razón
por la cual por regla general la acción de tutela cuando es ejercida por aquellas con tal
fin es improcedente, salvo que se evidencie de manera palmaria que a través de las
providencias judiciales atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el
reconocimiento y/o liquidación de dichas prestaciones, como lo indica la tutelante en
el escrito de impugnación.

50. Sobre el particular, se transcriben las razones pertinentes del referido fallo de
unificación:

“(…) Al efecto, en primer lugar, esta Corporación deberá establecer si la acción de tutela
es procedente para revisar las prestaciones reconocidas con abuso del derecho, frente
a lo cual este Tribunal advierte que, en principio, el recurso de amparo no sería viable
puesto que el Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó un inciso al artículo 48 superior, en
el cual se indica que “la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las
pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados”,
por lo que en atención al principio de subsidiariedad debería acudirse a dicho
instrumento especializado para examinar las prestaciones periódicas sobre las cuales
se cierna duda en torno a su legalidad.

7.16. Sin embargo, la Corte evidencia que no se ha expedido una ley que desarrolle
dicho mandato, por lo que se ha acudido al instrumento contemplado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 como vía para la revisión de las pensiones reconocidas mediante
providencias judiciales en las hipótesis de abuso del derecho, tal y como se dispuso en
la Sentencia C-258 de 201318. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente realizar
las siguientes precisiones en torno a la posible aplicación de dicho mecanismo19:

7.17. En primer lugar, hay que destacar que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 20
consagró la competencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia para
revisar, por petición del Gobierno, las providencias judiciales que “en cualquier tiempo”
hayan decretado la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza al tesoro público o a fondos de naturaleza estatal. Dicho
procedimiento procede cuando: (a) el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, o (b) la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

(…)

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la
titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos
establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera

18 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En dicha providencia se señaló que (…)”
19 En esa línea, puede consultarse el salvamento de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado a la Sentencia

T-060 de 2016 (M.P. Alejandro Lineras Cantillo).
20 “Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de

naturaleza pública. Las providencias judiciales que (…)”

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irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema
pensional a velar por su buen funcionamiento financiero21.

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante
la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso
de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de
cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del
derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la
cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

7.25. Así las cosas, ante la existencia (sic) otro mecanismo judicial como lo es el recurso
de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones
de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que
presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor
del artículo 86 de la Constitución.

7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público
con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho
tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado,
las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social
de los colombianos, por lo que en casos de graves cuestionamientos jurídicos
frente a un fallo judicial que impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP,
el amparo será viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad
advertida y adoptar las medidas respectivas.

7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de
seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la
posible configuración de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias
para no afectar de manera grave los derechos fundamentales de los implicados en la
causa, por lo que en caso de verificarse la existencia de dicha irregularidad, deberá
disponer que el reajuste de la prestación conforme al ordenamiento jurídico
constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un
periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de
la fecha de la notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al
perjudicado con ocasión de la decisión judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario
jurisdiccional también deberá disponer que no habrá lugar al reintegro de sumas de
dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe.

7.28. La aplicación de las reglas establecidas por la Corte en esta providencia tiene las
siguientes ventajas sobre las tesis que previamente se habían adoptado por las diversas
salas de revisión:

(i) No anula el principio de seguridad jurídica, pues si bien permiten que se controvierta
una sentencia ejecutoriada lo hacen, por regla general, a través de un mecanismo
especializado, cuya naturaleza precisamente es servir de instrumento procesal para
remediar decisiones injustas y, de manera excepcional, mediante la acción de tutela en
casos de palmarios abuso del derecho.

(ii) No desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que
le permite a la UGPP acudir hasta el 11 de junio de 2018 ante la Corte Suprema o el

21 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

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Consejo de Estado para controvertir las decisiones judiciales que considere lesivas para
el tesoro público y frente a las cuales no precedía recurso alguno.

(iii) Permite atender al principio general del derecho según el cual de la ilegalidad no se
generan derechos y permite la aplicación del mecanismo previsto en el Acto Legislativo
01 de 2005, el cual autoriza afectar la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas para
impedir que se mantengan situaciones irregulares en desmedro del erario público, así
como responde a la situación especial de ineficiencia e inoperancia administrativa que
enfrentó Cajanal.

(iv) Establece un período de gracia a la persona beneficiaria de una prestación con abuso
del derecho para que no vea afectados abruptamente sus derechos con ocasión del
reajuste de la pensión como consecuencia de la intervención excepcional del juez
constitucional. (Destacado fuera de texto).

51. De conformidad con las consideraciones expuestas, es claro que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP- por el interés directo que le asiste respecto del
reconocimiento y orden de pago de la pensión de jubilación a favor del señor Carlos
Arturo Parodi Toncel en virtud de las decisiones judiciales cuestionadas en esta
oportunidad, estaría legitimada para ejercer el recurso extraordinario de revisión por
las causales establecidas en la Ley 797 de 2003, como lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 al sostener lo siguiente:

“7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la
titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos
establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera
irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema
pensional a velar por su buen funcionamiento financiero 22 ” (El destacado es
nuestro).

52. Ahora bien, a propósito del fallo SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional, no
desconoce la Sala que en casos excepcionales a pesar de la existencia del recurso
extraordinario de revisión, la acción de tutela resultaría procedente si se evidencia de
manera palmaria que a través de las providencias judiciales atacadas se incurrió en
un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de la pensión 23, lo cual no
se evidencia en esta oportunidad por las razones que se exponen a continuación:

53. En primer lugar, sin perjuicio de lo que estime el juez natural del asunto, no se
advierte palmariamente que el reconocimiento pensional otorgado al señor Carlos
Arturo Parodi Toncel en virtud de las sentencias acusadas haya sido en abuso del
derecho, debido a que el fundamento jurídico fue la compatibilidad de las pensiones

22 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
23 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-15-000-

2016-03170-01, M. P. Rocío Araújo Oñate.

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de vejez y de jubilación docente, conforme a lo autorizado por el artículo 128 de la
Constitución así como lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

54. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también tuvo en cuenta las
sentencias del 5 de julio24 y del 1 de agosto de 201825 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. En este sentido, la providencia acusada señaló que en el “caso de
los docentes oficiales a quienes el Instituto de Seguros Sociales les reconoció una
pensión de vejez por las cotizaciones realizadas al sector privado, señalando que la
pensión de jubilación por el tiempo prestado a entes públicos y a la docencia oficial es
compatible con la pensión de vejez porque no tienen el mismo origen”. Seguido, el fallo
en cuestión advirtió que”la pensión de vejez por el tiempo servido al sector privado es
una asignación que no proviene del tesoro público y que no guarda relación con la
pensión de jubilación en cuanto a su origen y fuente del servicio, de manera que no
son incompatibles y no se incurre en la prohibición consagrada en el artículo 128
Superior”.

55. La Subseccion A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, explicó el régimen aplicable al caso concreto, en los siguientes
términos:

“El Tribunal considera necesario aclarar que vistos los artículos 279 de la Ley 100 de
1993 y 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas como docentes oficiales a
partir de la entrada en vigencia de esta última norma, se encuentran cobijadas por el
Régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Por otro lado, los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, se les
aplican las disposiciones anteriores, siempre atendiendo al principio de favorabilidad,
el cual se encuentra contenido en los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política.
Así las cosas, tenemos que la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, para atender las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados.

(…)

De esta norma se infiere que en materia pensional los docentes tienen derecho
a i) la pensión gracia compatible con la pensión ordinaria de jubilación, ii) los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tienen derecho a la
pensión gracia de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás que las desarrollen o modifiquen, iü) tienen derecho a una
pensión de jubilación bajo el régimen vigente para los pensionados del sector

24 Consejo de Estado, Sección Segunda -Subsección “A”, sentencia del 5 de julio de 2018, Magistrado

Ponente Gabriel Valbuena Hernández, radicación No. 54001-23-33-000-2013-00220-01(4721-15).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “A", sentencia del 1 de agosto de 2018,

Magistrado Ponente Rafael Francisco Suarez Vargas, radicación No. 25000-2342-000-2013-02538-
01(2091-15)

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público nacional, es decir, el régimen pensional para los servidores públicos del
orden nacional a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es, el previsto
en la Ley 33 de 1985.

Por lo tanto, el régimen aplicable a los docentes vinculados a partir del 1 de
enero de 1981, nacionales y nacionalizados y para aquellos que se nombren a
partir del 1° de enero de 1990, por remisión de la misma Ley 91 de 1989, es el
previsto en la citada Ley 33 de 1985”.

56. Después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 que establece los factores salarias a tener en cuenta para la
liquidación de la mesada pensional, entre los cuales se incluyen: “a) La asignación
básica mensual; b) Los gastos de representación y la prima técnica; c) Los dominicales
y feriados; d) Las horas extras; e) Los auxilios de alimentación y transporte; f) La prima
de navidad; g) La bonificación por servicios prestados; h) La prima de servicios; i) Los
viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978; k) La prima de vacaciones; l) El valor del trabajo
suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;
m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibiiidad del art. 38 del decreto 3130 de 1968”.

57. Con base en lo anterior, el juez colegiado analizó el caso concreto y, a partir de
las pruebas allegadas al expediente, determinó que “al momento de entrar en vigencia
la Ley 33 de 1985, el demandante tenía más de 20 años de servicios, beneficiándose
del régimen de transición de la referida norma, por lo que el régimen pensional
aplicable a su caso en particular es el previsto en la Ley 6 de 1945 y los factores
salariales establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y que conforme a la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado los factores que deben incluirse para
establecer el ingreso base de liquidación son todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicios y que se encuentren enlistados en la normativa
vigente”.

58. En consecuencia, la sentencia del 2 de diciembre de 2021 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dispuso lo siguiente:

“Ahora bien, del certificado de factores salariales suscrito por la Institución educativa
Distrital Restrepo Millán visible a folio 13 del expediente, se observa que el demandante
en el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 1988 al 7 de febrero de 1989, devengó
los siguientes factores salariales: sueldo básico, prima de alimentación y prima de navidad
factores que se encuentran enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Teniendo en cuenta lo anterior, el demandante tiene derecho a la reliquidación de la
pensión de jubilación le sea reconocida con el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio (8 de febrero de 1988 ai 7 de febrero de

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1989) y que se encuentren enlistados el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. En cuanto
a la prescripción de las mesadas pensiónales, se tiene el demandante presentó las
peticiones de reconocimiento pensional el 13 de noviembre de 2012 y el 4 de junio de
2014; la demanda fue radicada el 7 de marzo de 2017, por lo que las mesadas pensiones
causadas con anterioridad al 7 de marzo de 2014, se encuentran prescritas.

De acuerdo con lo expuesto, se confirmará parcialmente la sentencia suscrita por el
Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Segunda -, de
fecha 28 de noviembre de 2017 modificándose el ordinal segundo el cual quedará en los
siguientes términos:

‘SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a reconocer y
pagar una pensión de jubilación al señor Carlos Arturo Parodi Toncel quien se identifica
con cédula de ciudadanía 17.125.834 equivalente al 75% del promedio de lo devengado
en el último año de prestación de servicios (8 de febrero de 1988 al 7 de febrero de 1989):
sueldo básico, prima de alimentación y prima de navidad factores que se encuentran
enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, con efectos fiscales a partir del 7
de marzo de 2014, por prescripción’”.

59. Lo expuesto indica que la sentencia acusada se fundamentó en un análisis
normativo sobre el régimen aplicable al señor Carlos Arturo Parodi Toncel y en la
jurisprudencia que ha dictado el órgano de cierre, por lo que no se observa que
palmariamente se configure la excepción de abuso del derecho expuesta por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, como lo alega la UGPP en su escrito
de impugnación.

60. En segundo lugar, prima facie en el caso de autos tampoco se advierte otra
situación palmaria a que hizo alusión la Corte Constitucional en el referido fallo de
unificación (o una similar), como excepción al requisito de subsidiariedad, en los casos
en que las entidades administradoras de pensiones cuentan con el recurso
extraordinario de revisión para controvertir las sentencias que reconocieron mesadas
pensionales en cuantías que exceden lo debido de acuerdo con la ley.

61. Ahora, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP- manifiesta que el pago de la mesada
pensional junto con su retroactivo, supondría un perjuicio irremediable y acreditan el
abuso del derecho en el caso concreto. Al respecto la Sala manifiesta que, dichos
aspectos no configuran las excepciones establecidas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-427 de 2016 y que, por ende, corresponde al juez del recurso
extraordinario de revisión, hacer un estudio de fondo sobre el asunto y determinar si le
asiste razón a la parte actora.

62. Por supuesto se reitera que, será el juez natural del asunto, en virtud del recurso
extraordinario de revisión, quien establecerá si existió o no abuso del derecho en el

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reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Parodi Toncel, y/o si la misma es
contraria a los parámetros legal y jurisprudencialmente establecidos.

2.8. Conclusión

63. De conformidad con las razones expuestas, habrá de confirmarse la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP contra Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Segunda y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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