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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04555-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04555-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

24 de noviembre de 2022

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04555-00
Demandante: Benjamín Córdoba Rivas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04555-00
Demandante: Benjamín Córdoba Rivas
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial que confirmó la sentencia en la
que el a quo negó las pretensiones del medio de control de
reparación directa por falla en el servicio / requisito de inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Leonidas Palacios
Córdoba, en calidad de agente oficioso del señor Benjamín Córdoba Rivas contra el
Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Quibdó por la expedición de las sentencias proferidas el 23 de julio de 2021 y el 24
de abril de 2019, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa
radicado 27001 33 33 003 2014 00830 00 [01].

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Manuel Leonidas Palacios Córdoba, en calidad de agente oficioso
del señor Benjamín Córdoba Rivas, promovió demanda en orden a que a este último
se le tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, el agente oficioso solicitó concretamente que se
dejen sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del
medio de control de reparación directa 27001 33 33 003 2014 00830 00 [01], en la

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Demandante: Benjamín Córdoba Rivas

que el señor Benjamín Córdoba Rivas fungió como uno de los demandantes y, en
consecuencia, se ordene el reconocimiento fundamental a la pensión de invalidez
definitiva y permanente y al municipio de Rio Quito que le pague por concepto de
indemnización la suma de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes «y los
$19´140.000 que tuvo que sufragar para atender su contingencia de salud».

De manera subsidiaria requirió que se ordene a las autoridades judiciales accionadas
que profieran un nuevo fallo en el que tengan en cuenta de manera adecuada las
pruebas obrantes en el proceso ordinario, en especial los testimonios, las normas
constitucionales y legales y los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso
concreto.

1.1.2. Los hechos

El agente oficioso narró como hechos de tutela, en síntesis, los siguientes:

i) El señor Benjamín Córdoba Rivas, por intermedio de apoderado interpuso
demanda en el medio de control de reparación directa en contra del municipio de Rio
Quito, en la que solicitó fuera indemnizado por la omisión en que incurrió el ente
territorial respecto al pago al sistema integral de seguridad social, durante el tiempo
que se desempeñó como concejal para el periodo constitucional 2012 a 2015, pues
ello le impidió acceder a la pensión de invalidez, con ocasión de la pérdida de
capacidad laboral del 74,4% derivada de secuela de la enfermedad cerebrovascular
«consistente en isquémico secundario a crisis hipertensiva» padecida el 26 de junio
de 2013 que lo dejó con «hemiplagia derecha plácida definitiva, disatria e
incontinencia urinaria leve». Igualmente, reclamó el reconocimiento y pago de los
gastos en que tuvo que incurrir para acceder a la recuperación física por valor de
$19.140.000.

ii) El apoderado aportó al trámite del proceso ordinario las declaraciones
juramentadas de los señores Carlos Alberto Lozano Palacios y Alipio Palacios
Palacios «quienes bajo la gravedad de juramento dijeron que: [e]n forma verbal y
por escrito le solicitaron al señor Alcalde (sic) para que afiliara a los concejales
en la seguridad social en salud, a lo cual hizo caso omiso».

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iii) El conocimiento de la referida demanda, correspondió en primera instancia al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Chocó, el cual mediante sentencia del
24 de abril de 2019 desestimó las pretensiones, decisión que fue recurrida por la
parte actora y confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó el 23 de julio de
2021.

iv) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante auto del
17 de marzo de 2022, dispuso el obedecimiento y cumplimiento de lo resuelto por el
Tribunal Administrativo del Chocó «con lo cual se llenan los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez».

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la parte accionante, las sentencias del 24 de abril de 2019 y 23 de julio
de 2021 proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó y el
Tribunal Administrativo del Chocó, respectivamente, incurrieron en las siguientes vías
de hecho:

i) Por defecto fáctico, en atención a que las providencias cuestionadas
desconocieron el debido proceso al no apreciar, ni exponer razonablemente el mérito
asignado a las pruebas allegadas, en particular a los testimonios y documentos que
dan cuenta de los reclamos elevados al señor alcalde de Rio Quito, para que afiliara
al sistema de seguridad social en salud a los concejales del ente territorial,
circunstancia que los llevó a la equivocada conclusión de que «no se habían probado
los hechos de la demanda». Aunado a que el a quo declaró de oficio la inexistencia
de responsabilidad al considerar que «no existe prueba que autorizó a la
Administración Municipal descontar de sus honorarios lo pertinente para efectuar
dicho pago al Sistema de Seguridad Social mencionado» con fundamento en los
artículos 177 del CGP y CPC, este último «ya derogado para la fecha de la Sentencia
de Primera y Segunda Instancia».

ii) Por defecto sustantivo o material, al abstenerse de aplicar las normas
pertinentes, como son: los artículos 48, 49, 123 inciso 1º y 365 inciso 1º de la

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Constitución Política; 3, 22, 38, 39, 161 y 271 de la Ley 100 de 1993; 65 y 68 de la
Ley 138 de 1994, 23 de la Ley 1551 de 2012 y 3 de la Ley 1148 de 2007, toda vez
que el señor Benjamín Córdoba Rivas, pese a tener como fuente de ingreso
solamente los honorarios que devengaba como concejal del municipio de Rio Quito,
el ente territorial de sexta categoría omitió afiliarlo al Sistema de Seguridad Social en
Salud, lo que impidió que en atención a la enfermedad padecida durante el periodo
constitucional que se desempeñó como tal, hubiera «tenido derecho a recibir el
subsidio a la cotización a la pensión del 76% con cargo al Fondo de Solidaridad
Pensional».

iii) Por desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en las
sentencias a) del Consejo de Estado del 12 de septiembre de 2019, radicado 11001-
03-24-000-2011-00136-00, que declaró la nulidad de los artículo 1,3 y 4 del Decreto
3171 de 2004 y b) de la Corte Constitucional C-043 del 28 de enero de 2004,
conforme a las cuales no resulta de recibo la interpretación realizada por las
accionadas, en el sentido de considerar que al señor Córdoba Rivas se le podía
catalogar como trabajador independiente «para su afiliación al Sistema de Seguridad
Social en Salud», comoquiera que era la administración municipal demandada la
obligada a garantizarle dicha inscripción, en calidad de concejal «sin consulta ni
consentimiento previo».

Igualmente, se desconocieron e inaplicaron los precedentes jurisprudenciales del
Consejo de Estado, respecto a la responsabilidad por falla en el servicio, previstos en
las sentencias del 6 de marzo de 2008, expediente 144443; del 30 de noviembre de
2006, expediente 14.880 y 7 de abril de 2021, expediente 20750.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 25 de agosto de 2022, fue inadmitida la acción de tutela y
se ordenó requerir al accionante o, en su defecto, al señor Manuel Leonidas Palacios
Córdoba, para que allegara, poder especial con el lleno de los requisitos legales;
directriz, que fue reiterada el 14 de septiembre de igual anualidad.1

1 El requerimiento efectuado en la providencia en mención se debió a que mediante memorial del 6 de

septiembre de 2022 el abogado, señor Manuel Leonidas Palacios Córdoba —quien pretendía actuar

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1.2.2. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2022, se inadmitió la acción de tutela
y se requirió al abogado, señor Manuel Leonidas Palacios Córdoba, para que
allegara memorial aclaratorio en el cual manifestara su intención de actuar como
agente oficioso del señor Benjamín Córdoba Rivas y adjuntara la documentación que
permitiera demostrar la pérdida de capacidad psicofísica de que adolece su
agenciado, y que le impidiera acudir por sí mismo ante la administración de justicia,
para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

1.2.3. Atendidos los requerimientos, el 12 de octubre de 2022, se admitió la acción
de tutela y, se dispuso, reconocer al señor Manuel Leonidas Palacios Córdoba como
agente oficioso del señor Benjamín Córdoba Rivas; notificar como demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó y al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Quibdó, quienes conocieron del medio de control de
reparación directa que se tramitó con el radicado 27001 33 33 003 2014 00830 00
[01]. Como tercero interesado en las resultas del proceso, se vinculó al municipio de
Rio Quito (Chocó).

Igualmente, se comisionó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó
para que: i) notificara del presente trámite constitucional a todas las personas que
intervinieron dentro del mencionado medio de control a excepción de las ya
vinculadas y ii) remitiera el respectivo expediente digital.

1.2.4. De acuerdo con el informe del trámite de la comisión adelantada por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, no fue posible notificar a los
demás demandantes que incoaron el medio de control reparación directa 27001 33
33 003 2014 00830 00 [01], por lo que la Secretaría General del Consejo de Estado
el 3 de noviembre de 2022, procedió a efectuar la notificación por aviso a los señores
Andy Córdoba Palacios, Janier Córdoba Valencia, Jarly Córdoba Moreno, Yulisa
Córdoba Palacios, Gladys Córdoba Palacios, Lucelly Córdoba Palacios, Jacny
Córdoba Palacios, Judith Palacios Mosquera y Gladys María Córdoba Rivas; a los

como representante judicial del señor Benjamín Córdoba Rivas—, adjuntó poder en el que constaba el
correo electrónico que se encuentra consignado en el Registro Nacional de Abogados, el cual es
malepacorabogados44@gmail.com, que igualmente correspondía al utilizado por el señor Palacios
Córdoba para enviar el poder.

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Demandante: Benjamín Córdoba Rivas

herederos o sucesores indeterminados de los señores Honorato Córdoba Rivas y
Aquilino Córdoba Rivas (q.e.p.d.) y a las demás personas que intervinieron en la
demanda en mención.

1.3. Contestaciones a la acción de tutela

1.3.1. Del Tribunal Administrativo del Chocó

La magistrada Norma Moreno Mosquera, en su intervención indicó que la acción de
tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues la sentencia cuestionada data
del 23 de julio de 2021, fue notificada a las partes el día 30 de igual mes y año, por
tanto, la interposición de aquella supera el término de seis meses, previsto por la
jurisprudencia constitucional para el efecto. Adicionalmente, si bien el señor
Benjamín Córdoba Rivas es una persona discapacitada y la presente solicitud de
amparo es tramitada por agente oficioso, lo cierto es que en el medio de control de
reparación directa en el que se profirieron las decisiones cuestionadas, tanto él como
sus familiares en calidad de demandantes, estuvieron asistidos por apoderado
judicial; en consecuencia, no se advierte una razón que justifique la tardanza en
acudir al juez constitucional.

En cuanto a los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene que la corporación no incurrió en los errores o
defectos alegados por la parte accionante; dado que se resolvió el caso conforme al
marco del problema jurídico planteado, las probanzas aportadas fueron valoradas de
acuerdo con la sana crítica, los principios constitucionales, la normatividad y la
jurisprudencia aplicables; por lo que resulta inadmisible que se acuda a este medio
especial de amparo para obtener una tercera instancia, aunado a que la parte
accionante no se detiene a demostrar que la valoración y apreciación probatoria sea
jurídicamente imposible, absolutamente irrazonable u ostensiblemente arbitraria.

1.3.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, remitió el link para
la consulta del expediente digital 27001 33 33 003 2014 00830 00 [01], sin embargo,
al igual que los demás vinculados, guardó silencio durante del término de traslado.

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2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Cuestión previa

Si bien el presente asunto se dirige contra la decisión proferida en primera instancia
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, dentro del medio de
control reparación directa instaurado por el señor Benjamín Córdoba Rivas contra el
municipio de Rio Quito (Chocó), que se tramitó bajo el radicado 27001 33 33 003
2014 00830 00 [01], fue el Tribunal Administrativo del Chocó, el que en segunda
instancia tomó la decisión que definió el asunto objeto de controversia a través de la
sentencia proferida el 23 de julio de 2021, por lo que el análisis de la posible
vulneración de los derechos fundamentales alegados se hará respecto de la mentada
providencia, por haber cerrado en forma definitiva la controversia.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 23 de julio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del medio de control
reparación directa radicado 27001 33 33 003 2014 00830 01. En caso afirmativo, se
analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió
en las causales de procedibilidad defectos fáctico, sustantivo o material y
desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende, si se vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Benjamín Córdoba Rivas.

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2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias
judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1992, al
considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las
normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la Sentencia C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la

2
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
infringidos y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a
estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en Sentencia del 31 de julio de 20124, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5
de agosto de 20145 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso
concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte
Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo del Chocó del 23 de julio de 2022 en el medio de control de
reparación directa 27001 33 33 003 2014 00830 01

2.5.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.5.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la decisión censurada fue proferida en segunda instancia en el medio de
control de reparación directa.

2.5.3. El asunto tiene relevancia constitucional toda vez que la invocada
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia fue justificada razonablemente por la parte
accionante, para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de
dichas garantías por parte de la autoridad judicial, que permite considerar que se
cumple con este presupuesto.

2.5.4. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios o
extraordinarios de defensa.

5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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2.5.5. En cuanto al requisito de inmediatez, corresponde a la Sala realizar el
análisis respectivo, en tanto que la providencia objeto de censura fue proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó el 23 de julio de 2021 y remitido el mensaje de
texto con el contenido del fallo a las partes el 30 de julio de ese año a las 19:23, por
ese motivo, se debe entender enviado el correo electrónico al día siguiente y
notificado dos días después, esto es, el 4 de agosto de 20216, conforme a lo previsto
en los artículos 203 y 205 del CPACA, este último modificado por el artículo 53 de la
Ley 2080 de 2021; por tanto, cobró ejecutoria el día 9 agosto de dicha anualidad7 y la
acción de tutela se interpuso a través de la página web de la Rama Judicial el 22 de
agosto de 2022.8

2.5.5.1. Del requisito de la inmediatez

Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta
debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del
evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales en aras de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se
convierta en un factor de inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta
supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, pues todo ello
desnaturalizaría la finalidad de la acción.9

Sin embargo, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe
determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que a
modo de desarrollo jurisprudencial ha identificado tres excepciones que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción:

i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia

6 Teniendo en cuenta que el 13 de julio y 1 de agosto de 2021 no fueron días hábiles.
7 Debido a que los días 7 y 8 de agosto de 2021 fueron no hábiles.
8 De acuerdo con el registro consultado en el expediente digital correspondiente a la acción de tutela,

en el sistema de actuaciones judiciales SAMAI-
9 La sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.

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de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela
sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.10

En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso
del tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y
la interposición de la demanda de tutela, sino que además, debe comprender la
valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que
configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la citada jurisprudencia.

2.5.5.2. Hechos probados

2.5.5.2.1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó conoció el medio
de control de reparación directa interpuesto por los señores Benjamín Córdoba
Rivas, Judith Palacios Mosquera, Yulisa Córdoba Palacios, Gladys Córdoba
Palacios, Benjamín Córdoba Palacios, Honorato Córdoba Rivas, Gladys María
Córdoba Rivas y Aquilino Córdoba Rivas, por conducto de apoderado, contra el
municipio de Rio Quito, con fin de que se declarara responsable a este último de los
perjuicios, materiales, morales y daño a la salud causados al primero de los
mencionados, por la omisión en la afiliación al sistema de seguridad social cuando se
desempeñó como concejal del ente territorial

2.5.5.2.2. El 24 de abril de 2019 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Quibdó, profirió sentencia de primera instancia en la que resolvió declarar probada

10
Corte Constitucional, sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y,
T-158 de 2006, entre otras.

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de oficio la excepción de inexistencia de responsabilidad y, en consecuencia, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que:

i) De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1551 de 2012, el demandante no
acreditó que se dieran los requisitos para que el ente territorial tuviera que efectuar
las transferencias de aportes para pensión con cargo al Fondo de Solidaridad
Pensional, ni que hubiera solicitado el reconocimiento de la pensión de invalidez al
asegurador y que éste hubiese negado la prestación por falta de afiliación y/o
aportes.

ii) Las planillas de aportes al sistema efectuados por el municipio de Rio Quito a
la EPS Coomeva en favor del señor Benjamín Córdoba Rivas, allegadas al
expediente, evidencian que el ente territorial no omitió cumplir con ese deber legal.

iii) La parte actora no logró demostrar el daño antijurídico, dado que de acuerdo
con lo probado en el proceso, se pudo establecer que al señor Córdoba Rivas «se le
prestó el servicio de salud a través de la aseguradora de Área de Sanidad del
Departamento de Policía Chocó, con el tipo de vinculación contributivo, es decir que,
[…] no tuvo que correr con gastos adicionales a que correría cualquier persona que
requiere los servicios del sistema, esto es, el copago, o que se le dieran algunos
medicamentos o algunos servicios no POS ». (sic en todo el texto transcrito)

2.5.5.2.3. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte accionante interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó,
mediante sentencia proferida el 23 de julio de 2021, en la que confirmó la del a quo.
Para el efecto tuvo como problema jurídico, el siguiente: ¿Es el municipio de Rio
Quito patrimonialmente responsable de los perjuicios alegados por la parte actora,
como consecuencia de la omisión en afiliar y pagar los aportes en salud a favor del
señor Benjamín Córdoba Rivas y que dieron lugar a que esta persona no tuviera
acceso a una pensión de invalidez, en su condición de Concejal de dicho municipio?.

Para resolver este cuestionamiento y previo a entrar al fondo del asunto, expuso el
marco de i) la responsabilidad extracontractual del Estado y los presupuestos para su
configuración y ii) el marco normativo de la seguridad social de los concejales

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(artículos 65, 68 y 69 de la Ley 136 de 1994, reglamentados por el Decreto 3171 de
2004 y el artículo 37 de la Ley 1438 de 2011).

Respecto a este último aspecto precisó, por un lado, que no es dable que un concejal
solo tenga póliza de salud, pues previamente debe estar afiliado al régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, cuando este opte
por la primera de las mencionadas, con cargo al presupuesto del ente territorial, le
corresponderá asumir el pago del respectivo aporte y, por otro, en cuanto al sistema
pensional, de acuerdo con la Resolución 01414 de 24 de abril de 2018 del Ministerio
de la Protección Social los amparados con póliza de salud, también realizaran la
debida aportación por este concepto, mediante la planilla integrada de liquidación de
aportes PILA.

Con fundamento en lo anterior concluyó que:

«[…] en materia de salud para los concejales, puedan ocurrir las siguientes
situaciones fácticas en materia de cobertura: 1. Que se adquiera póliza por parte del
municipio y el Concejal, con sus propios recursos se afilie al régimen contributivo,
dado que, con cargo al municipio, se itera, no pueden coexistir las dos formas de
protección en salud, y 2. Que el municipio en lugar de suscribir la póliza, afilie a sus
Concejales al régimen contributivo, asumiendo la cotización.

Se verifica entonces que los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud están íntegramente a cargo del municipio, mientras que los correspondientes a
pensiones y riesgos laborales son sufragados totalmente con recursos de los
concejales.
[…]»

En cuanto a la omisión y evasión a la afiliación al Sistema de Seguridad Social
Integral de los concejales, indicó que si el alcalde se abstiene de contratar la póliza
de salud, debe afiliar al concejal al Sistema de Seguridad Social en Salud, a riesgo
de que la entidad empleadora, es decir, el Concejo Municipal o Distrital, responda por
las sanciones que ello acarrea y por la mora en el pago de los aportes de
conformidad con lo establecido en los artículos 161, 210 y de la Ley 100 de 1993; sin
embargo, en lo que tiene que ver con la afiliación al sistema pensional, el propio
concejal sufragará los aportes, por lo que autorizará al pagador para que este realice
el respectivo descuento a los honorarios y proceda a pagar por medio de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes, PILA y en caso en que no se efectúen las

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cotizaciones, le corresponde a la entidad empleadora antes mencionada asumir las
consecuencias previstas en el artículo 13 ibidem.

Una vez describió los hechos probados, encontró acreditado, respecto a los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, que:

«[…] el señor Córdoba Rivas venía cotizando para salud y pensión, como trabajador
independiente, durante los meses de julio a diciembre de 2012, sin que exista prueba
alguna dentro de la actuación que de cuenta que en su condición de concejal autorizó
en algún modo a la administración municipal descontar de sus honorarios lo
pertinente para efectuar dichos pagos al sistema de seguridad social mencionado, ni
que éste hubiese entregado el monto legalmente establecido para que a través de la
Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) se efectuaran dichos pagos por
parte del ente municipal.

En estas condiciones no es posible exigirle a la entidad accionada, una conducta
respecto de la cual, pese a existir, normativa legal, exigía para su adopción
autorización expresa del titular, para este caso, del señor Córdoba Rivas.

Así las cosas aunque existe un daño, evidenciado en la calificación de invalidez del
accionante, en razón de las enfermedades y secuelas a él diagnósticadas, por su
médico tratante, lo cierto es que dicho daño, no puede ser imputado a la entidad
accionada, ni por acción ni por omisión, habida cuenta que el accionante, nunca
estuvo por fuera del sistema, en la medida que tuvo acceso a la seguridad social en
salud, tal como lo evidencia su historia clínica, y en lo que respecta a la imposibilidad
de acceder a una pensión, no existe evidencia dentro de la actuación que la misma
hubiese sido solicitada y denegada por los motivos que aduce la parte actora en su
demanda». (sic en todo el texto)

Finalmente, concluyó que no fue acreditada falla en el servicio imputable al municipio
de Rio Quito, pues no se demostró que el daño alegado por los demandantes le
resulte atribuible al ente demandado, lo que impone confirmar la sentencia de
primera instancia.

2.5.5.2.4. El apoderado de la parte accionante fue notificado por la Secretaría
General de Tribunal Administrativo de Chocó de la decisión de segunda instancia a
través de correo electrónico miltinoll@hotmail.com, autorizado por este para el
efecto, el 30 de julio de 2021 remitido a las 19:23 horas.

2.5.5.2.5. Mediante Oficio 0043 del 21 de enero de 2022, la Secretaría General del
Tribunal Administrativo del Chocó, remitió el expediente al Juzgado Tercero
Administrativo del Chocó; despacho judicial que el 17 de marzo de 2022 profirió auto
para fijar costas y agencias del derecho de acuerdo con lo ordenado por el ad quem.

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2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

En el presente asunto, el señor Manuel Leonidas Palacios Córdoba, reconocido en el
presente trámite tutelar como agente oficioso del señor Benjamín Córdoba Rivas,
interpone acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia de su agenciado, con motivo de la expedición
de la providencia del 23 de julio de 2021, en el medio de control de reparación
directa con radicado 27001-3333-003-2014-00830-01, en el que aquel actuó como
demandante, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia en la que
fueron desestimadas las pretensiones de la demanda.

Pues bien, realizado el examen sobre los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales,11 la Sala encuentra insatisfecho el
término de inmediatez12 y, por lo tanto, desde ahora, se anticipa el rechazo de la
solicitud de amparo, como se pasa a explicar.

En efecto, examinadas las pruebas arrimadas al proceso, se puede apreciar que la
providencia objeto de reproche cobró ejecutoria el 9 de agosto de 2021, por cuanto a
través de correo electrónico del 31 de julio de igual anualidad a las 19:23 horas, que
se entiende remitido el 4 de agosto de 202113, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Chocó la puso en conocimiento de las partes a través de los
correos electrónicos de notificación, como mensaje adjunto.

En ese orden, el 9 de agosto de 2021, es la fecha a partir de la cual empezó a
computarse el término de seis meses para la instauración de la acción de tutela, por
lo que se tiene que el plazo para promoverla vencía el 9 de febrero de 2022; por

11 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, entre otras.
12 Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. «[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un

plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
13 Como se explicó atrás, como el mensaje de texto fue remitido en hora no hábil, se entiende remitido

al día siguiente, esto es el 31 de julio de 2021 y notificado después de dos días, es decir el 4 de
agosto de 2021, en virtud de lo previsto en el artículo 205 del CPACA, mmodificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021.

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tanto, se superó con creces dicho lapso, toda vez que el escrito fue radicado el 22 de
agosto de 2022.14

Ahora bien, en el escrito de tutela, se refiere que el cumplimiento del requisito de
inmediatez se encuentra satisfecho, en atención a que hasta el 17 de marzo de
2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, profirió el fallo en el
que dispuso obedecer y dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal
Administrativo de Chocó; sin embargo, resulta claro para la Sala que la providencia
que generó la presunta amenaza de los derechos fundamentales del señor Benjamín
Córdoba Rivas, fue la proferida por dicha corporación el 23 de julio de 2021, por lo
que no es posible tener como fecha para establecer la oportunidad de la
interposición del medio excepcional de amparo constitucional, la indicada por la
parte accionante.

En estas condiciones, y de conformidad con el principio de inmediatez, el plazo para
interponer la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada, que ha sido
admitido por la jurisprudencia en el término de seis meses, se encuentra
ampliamente vencido. Por lo tanto, la parte accionante desconoció «el término válido
y razonable» que toda acción de tutela debe cumplir como requisito previo para
proceder con su estudio de fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la
eficacia de la protección invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos
que, por su inactividad, acudan a solicitar el amparo constitucional de manera
inoportuna.

Se precisa que ha sido criterio unánime de la Sala que el simple paso del tiempo no
implica en todas las circunstancias el incumplimiento del requisito de inmediatez; por
ende, en cada caso concreto corresponde determinar si la tardanza en la
interposición del amparo estuvo justificada por una causa válida que hubiera
imposibilitado su presentación en el límite razonable.

Sobre el particular la Sala no pasa por inadvertido que el señor Benjamín Córdoba
Rivas, le fue calificada una perdida de capacidad laboral del 74,4%, lo cual, lo
cataloga en unas situación de debilidad manifiesta que, en principio, permitiría

14 Ibidem pie de página número 8

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flexibilizar el requisito de inmediatez; empero, en el escrito de acción de tutela no se
pone de presente que la tardanza en la interposición de la acción de tutela se deba a
esta condición, ni se expresan las razones por las que no había podido acudir dentro
del plazo razonable a este mecanismo, dado que como lo hizo en esta oportunidad,
contaba con la posibilidad de solicitar el amparo de sus derechos por la vía de la
agencia oficiosa.

Bajo este panorama, la Sala no cuenta con elementos de juicio que le permitan
flexibilizar, de forma excepcional, el requisito de inmediatez y, en ese sentido, dado
que con este se busca la salvaguarda oportuna de los derechos fundamentales y la
inactividad injustificada después de que se genera la vulneración no puede servir de
excusa para alegar la permanencia en la afectación de un derecho fundamental
presuntamente vulnerado, máxime si se tiene en cuenta que no se expresaron los
motivos por los que el señor Benjamín Córdoba Rivas, no acudió al juez
constitucional a tiempo en procura de restablecer las garantías constitucionales que
considera conculcadas, toda vez que se limita a decir que se entiende superada la
mencionada exigencia a partir del auto a través del cual el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Chocó dispuso obedecer y cumplir lo ordenado por el
superior funcional.

Así las cosas, la Sala no encuentra que exista justificación de la inactividad en
promover el amparo tutelar de manera oportuna, en tanto que, como se expuso
líneas atrás, no se evidenció que la tardanza en la interposición de la acción de tutela
se debió a la imposibilidad del señor Córdoba Rivas de ejercer el derecho dentro del
término razonable considerado por la jurisprudencia constitucional para el efecto y
tampoco se evidencian situaciones que permitan consolidar el perjuicio irremediable.

Conforme a lo expuesto, al realizar el juicio de ponderación en el que se balancea la
relación entre las cargas que se exigen al accionante para la interposición de la
acción de tutela en un término razonable, no se observa en el expediente ningún
motivo justificante o que el posible estado de indefensión exonere al demandante del
deber de instaurar la vía de amparo oportunamente.

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Así las cosas, con fundamento en las consideraciones precedentes y sin que sea
necesario efectuar ningún otro pronunciamiento acerca del asunto, se dispondrá
rechazar el amparo deprecado por el agente oficioso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la acción de tutela debe rechazarse por cuanto no cumple con el
requisito general de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Rechazar el amparo solicitado a través de la acción de tutela instaurada
por el señor Manuel Leonidas Palacios Córdoba, en calidad de agente oficioso del
señor Benjamín Córdoba Rivas, con fundamento en las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si no fuere impugnada remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G

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