Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04560-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04560-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04560-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04560-00
Actor: ANA ISABEL PARRA DE ISAZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA QUINTA DE
DECISIÓN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ana Isabel Parra de
Isaza contra la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 22 de agosto de la presente anualidad1, la señora Ana Isabel Parra de Isaza
interpuso acción de tutela contra la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso y a la
1 Se advierte que, el 5 de septiembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04560-00
Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
igualdad2. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Amparar los derechos a la seguridad social, vida digna y mínimo vital de las
personas de la tercera edad, derechos adquiridos y expectativas legitimas,
principio de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la
ley, debido proceso, y derecho a la igualdad procesal, de la señora Ana Isabel
Parra de Isaza.
2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas- Sala Quinta de Decisión, en
amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 13 de
mayo de 2022, que revocó la sentencia de primera instancia por la cual se
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia de ordene a reliquidar la pensión de asistida teniendo en
cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, es decir, desde el 16 de
octubre de 1985 hasta el 15 de octubre de 1996.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados.
1.2 Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
En la demanda se narró que, mediante las Resoluciones N°. 21414 del 11 de
noviembre de 2003 y 26357 del 26 de noviembre de 2004, la entonces Caja
Nacional de Previsión Social le reconoció a la señora Ana Isabel Parra de Isaza la
pensión de sobrevivientes, con ocasión al fallecimiento de su esposo, el señor
Lázaro de Jesús Isaza Salgado, quien laboró como auxiliar en el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA de Manizales del 22 de abril de 1963 al 14 de octubre
de 1986.
El 14 de noviembre de 2014, la hoy accionante solicitó ante la UGPP la revisión y
ajuste de la pensión, con el fin de que se incluyeran todos los factores salariales, a
lo cual se accedió parcialmente mediante Resolución N° 2276 del 21 de enero de
2 De igual forma, invocó como vulnerados los «derechos adquiridos y expectativas legítimas, así como los
principios de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04560-00
Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2015, confirmada por la N° RDP 013078 del 6 de abril de 2015, sin que se incluyera
la totalidad de factores salariales.
Inconforme con lo anterior, la hoy accionante, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la UGPP, con el fin de que se
declarara la nulidad parcial de las resoluciones en mención y, como consecuencia,
que se reliquidara su pensión de sobreviviente con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de servicios del causante, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 33 y 62 de 1985 y 71 de 1988.
En sentencia del 20 de marzo de 2019, el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales accedió parcialmente a las pretensiones incoadas por la señora Parra de
Isaza, decisión que objeto de apelación ante la Sala de Decisión Quinta del Tribunal
Administrativo de Caldas que, en sentencia del 13 de mayo de 2022, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Manizales incurrió en
defecto sustantivo, pues, a su juicio, se le debía liquidar la pensión en concordancia
con las Leyes 33 y 62 de 1985 y 71 de 1988, esto es, en cuantía equivalente al 75%
del salario promedio devengado y con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.
De otra parte, considera que se incurrió en desconocimiento del precedente fijado
por el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20103,
según el cual en la liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, de conformidad con lo
previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, sin que sea aplicable el precedente fijado en
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, pues, a su juicio, su aplicación
3 Ver fl. 35 exp. digital 2.
3
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
solamente hace referencia al régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de
1993.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 26 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Quinta de Decisión y, como tercero con interés, al director de la
UGPP. Asimismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo de Caldas, por conducto del magistrado ponente de la
decisión atacada, manifestó que los argumentos expuestos en la tutela pretenden
convertir esta acción constitucional en una tercera instancia o un nuevo debate
respecto de lo que ya decidió el juez natural del asunto que respetó el debido
proceso, la doble instancia y las demás garantías superiores.
Señaló que, en la providencia del 13 de mayo de 2022, se abordó el estudio del
régimen de transición de la parte actora, al punto de analizar la Ley 33 de 1985 y,
con fundamento en la misma se concluyó que los actos administrativos demandados
se habían proferido de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente aplicable al
caso concreto.
2.3. La UGPP rindió el informe respectivo y solicitó que se declarara la
improcedencia de la tutela de la referencia, al considerar que la decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas había sido acertada, por lo que no existía la alegada
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. De otra
parte, señaló que la parte actora no podía pretender usar la acción de tutela como
una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente
de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley
para el efecto.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
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II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de
defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, deberá
abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron
5
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los defectos (sustantivo y desconocimiento del precedente) endilgados por la parte
actora a la providencia del 13 de mayo de 2022, dictada por la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
2. Análisis del caso
3.1. Requisitos generales de procedibilidad
3.1.1. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la señora Ana Isabel Parra de Isaza alegó
que con la providencia del 13 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Caldas, vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad
humana, al mínimo vital, al debido proceso y a la igualdad, derechos
tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela, en un asunto
pensional en el que se discutirá la aplicabilidad de un precedente judicial.
3.1.2. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto
la providencia atacada fue proferida el 13 de mayo de la presente anualidad,
mientras que la demanda de tutela fue presentada el 22 de agosto siguiente, esto
es, antes de seis meses, término que resulta razonable.
3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, pues se agotaron los recursos disponibles en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.1.4. Finalmente, las providencias cuestionadas no fueron proferidas en un
proceso de tutela.
Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, corresponde a la Sala estudiar
los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias
judiciales.
6
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora
Preliminarmente, conviene precisar que, si bien la accionante alegó que los
despachos accionados incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, también lo es que para sustentar esos defectos se plantearon
argumentos comunes. Por tanto, la Sala realizará un análisis conjunto del tema, a
partir de los presupuestos del defecto por desconocimiento del precedente.
3.2.1. Del desconocimiento del precedente jurisprudencial
El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar
precedentes4, al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una norma
o resuelve un problema jurídico específico y el juez, en un caso semejante que se
presenta con posterioridad, afronta la situación desconociendo que en dicho
pronunciamiento se definió, en principio de manera vinculante, el alcance de la
disposición aplicable o se fijó una regla para resolver esa clase de problemas
jurídicos. En estos casos, entonces, la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de
otros principios básicos del orden constitucional.
Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría de
los precedentes 5, se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un análisis
técnico de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el
decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la
sentencia, aquello que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo
de pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o
efecto inter partes6. Por su parte, la ratio decidendi «corresponde a aquellas razones
de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido
4
Sentencia T-534 de 2017 de la Corte Constitucional.
5
Sentencia T-292 de 2006.
6
En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.
7
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de la decisión y de su contenido específico» 7 o, en su definición original, a la
«formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la
base de la decisión judicial»8. Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de
paso»9 en la providencia, esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado
con la decisión»10.
Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga
omnes o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se
impone señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro
ordenamiento constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima, y de amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza
vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas
anteriores11. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente
se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un caso»12.
De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada
como ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene
que, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la
sentencia T-292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se
deben tener en cuenta factores como que: i) «En la ratio decidendi de la sentencia
se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii)La ratio
debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a
una cuestión constitucional semejante, iii)Los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de
derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será
7
Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
8
Corte Constitucional, sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-1300 de 2001. Ver también entre otras, la sentencia SU-047 de
1999.
10
Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
11
Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de
2011 de la Corte Constitucional.
12
Corte Constitucional, sentencia T-960 de 2001.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04560-00
Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
razonable que «cuando en una situación similar, se observe que los hechos
determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado
para no considerar vinculante el precedente».
En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas13:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 14.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
13
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
14
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica» (se
destaca).
9
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Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente15).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto16.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la
garantía de la confianza legítima.
4. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el caso particular, el reproche formulado por la señora Ana Isabel Parra de Isaza
radica en que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en
desconocimiento del precedente judicial fijado por el Consejo de Estado, en la
sentencia del 4 de agosto de 201017, según el cual, de conformidad con lo previsto
en las Leyes 33 y 62 de 1985, la liquidación de la pensión de jubilación debe incluir
todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional. Además, sostuvo que la autoridad judicial
demandada interpretó y aplicó erróneamente la sentencia de unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, pues, a su juicio,
su aplicación solamente hace referencia al régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
15
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
16
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva»». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
17 Sección Segunda del Consejo de Estado, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No.
25000-23-25-000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04560-00
Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Se precisa que, tal y como lo ha explicado esa alta Corporación, una autoridad
judicial puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior
cuando cumpla dos requisitos. El primero, que haga referencia expresa al
precedente que abandona (principio de transparencia) y, el segundo, que explique
de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que debe
apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o
superior jerarquía (principio de razón suficiente) 18.
Ahora bien, en la sentencia cuestionada, esta es, la proferida el 13 de mayo de
2022, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, citó la
sentencia del 4 de agosto de 201019 y señaló lo siguiente:
De acuerdo con los hechos acreditados en el presente asunto, el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, no resulta aplicable a
la parte demandante por cuanto el causante de la prestación a ella sustituida
consolidó su derecho pensional antes de la entrada en vigencia del sistema
general de seguridad social, y en esa medida el IBL de su prestación debe ser
calculado conforme a las reglas de la ley 33 de 1985.
En efecto, el régimen pensional de los empleados oficiales que hubieran
aportado a las correspondientes cajas de previsión del sector público, antes de
la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, estaba regulado por la ley 33 de
1985 […].
Al respecto, la sala de consulta y servicio civil del h. consejo de estado ha
manifestado en diversas oportunidades que el régimen pensional, contenido en
la ley 33 de 1985, es el que adquiere el empleado oficial cuando ha prestado 20
años de servicio continuos o discontinuos y ha cumplido 55 años de edad,
conforme a lo ordenado por el artículo 1° ibídem.
4.- Los factores para determinar la base de liquidación de la pensión causada
en vigencia de la ley 33 de 1985
En relación con los factores para determinar la base de liquidación de la
pensión de jubilación, el artículo 3 de la ley 33 de 1985, modificado por el
artículo 1° de la ley 62 de 1985 estableció:
18 En cuanto al derecho de apartamiento del que gozan los jueces en virtud de la autonomía judicial, se acoge lo
expuesto por esta Subsección de la Sección Tercera, en la sentencia de tutela del 14 de febrero de 2019,
radicado No. 11001-03-15-000-2019-00054-00. M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
19 Sección Segunda del Consejo de Estado, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-
000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04560-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Artículo 3°. “todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
caja de previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha
caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como
funcionamiento o como inversión”.
“Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los
aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará
constituida por los siguientes factores, cuando se trata de empleados del orden
nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso
obligatorio”.
“En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base
para calcular los aportes”.
El H. Consejo de Estado en providencia de 28 de octubre de 2021 al referirse a
la forma de liquidar pensiones causadas en vigencia en la ley 33 de 1985
expresó: “En consecuencia, el ingreso base de liquidación de la prestación,
debía sujetarse a los precisos términos de lo dispuesto en la ley 33 de 1985 que
fue modificado por la ley 62 de 1985, según la cual éste estaría constituido por
los siguientes factores: asignación básica; gastos de representación primas de
antigüedad, técnica, ascensional, y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras;; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Al respecto se advierte que los factores que echa de menos en la liquidación de
su pensión, esto es, las primas de alimentación, de habitación y de Navidad no
están contemplados en la norma y en tal sentido, no es procedente la
reliquidación en los términos reclamados en la demanda […].
De acuerdo con lo expresado por el honorable consejo de estado, la
interpretación contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
citada en el fallo que ahora se analiza por vía de apelación como fundamento
para reconocer la reliquidación de la pensión, fue superada por la sala plena del
consejo de estado en la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de
agosto de 2018 cuando fijó como sub regla que los factores salariales a incluir
en el IBL son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones.
Al resolver una tutela contra providencia judicial, el honorable consejo de estado
estudios y el beneficio de la transitoriedad de la ley 33 de 1985, conlleva que la
pensión sea reconocida en un “equivalente al 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio” y sobre esta
materia mencionó:
12
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Al respecto, esta misma Sala de decisión en sentencia del 11 de mayo
de 2020, expediente contencioso 250002342000201602800 (012454-
2018)20, consideró:
«[…] Régimen pensional aplicable a los empleados públicos con
anterioridad a la Ley 33 de 1985
27. Sea de indicar que antes del 1 de abril de 1994, fecha en la que
entró a regir la Ley 100 de 1993 que estableció el Sistema General de
Pensiones, las situaciones pensionales de los empleados públicos se
gobernaban por la Ley 33 de 198521 cuya vigencia tuvo inicio el 13 de
febrero de 198522.
28. Esta ley en el artículo 123 dispuso que el empleado oficial que sirva o
haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años, tendrá derecho a que la respectiva caja de previsión le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
29. A su vez, en dicho artículo en el inciso 1º del parágrafo 2º, se
determinó su régimen de transición cuando ordenó que «los empleados
oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la
presente ley».
30. Esas disposiciones anteriores, tal como lo consideró esta sección24,
son las contenidas en la Ley 6ª de 194525, concretamente en el literal b)
de su artículo 1726, según el cual el derecho a la pensión de jubilación
20 CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Actor: Maryland Carrillo Turriago, C/. Colpensiones.
21 Ley 33 de 29 de enero de 1985 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el sector público».
22 Ley 33 de 1985. Artículo 25. «Esta Ley rige a partir de su sanción y deroga los artículos 27 y 28 del Decreto
extraordinario 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le sean contrarias». Esta ley «entró en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación, esto es, a partir del trece (13) de febrero de 1985 porque a partir esa
fecha, (sic) satisfecho el requisito de publicidad, sus disposiciones adquirieron carácter vinculante y obligatorio»
tal como la Corte Constitucional lo consideró en la sentencia C-932 de 15 de noviembre de 2006 con ponencia
del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
23 Ley 33 de 1985. Artículo 1.
«El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de
Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
24 Sentencia del 16 de diciembre de 2009, exp. 1754-2006, con ponencia de Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Después, Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencias de 19 de abril de 2007. Radicación:
1114-03 y de 19 de noviembre de 2009. Radicación: 1028-07 al igual que en la sentencia de 16 de diciembre de
2009. Radicación: 1754-06.
25 Ley 6 de 1945. «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo». Artículo 3. «La pensión mensual vitalicia
de jubilación de que trata el inciso b) del artículo 17 de la Ley 6a. de 1945 será equivalente a las dos terceras
partes del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio».
26 Ley 6 de 1945. Artículo 17. «Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones: […] b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo,
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Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
se adquiere con la edad de 50 años y el tiempo de servicio de 20 años
continuo o discontinuo. Tal precepto posteriormente fue modificado por
el artículo 3º de la Ley 65 de 194627 que entró a regir el 19 de diciembre
de 1946, solo en el sentido de que dicha prestación sería equivalente a
las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio.
31. Luego, la Ley 4ª de 196628 en su artículo 4º29 modificó el literal b) del
artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, en el sentido de que las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de
entidades de derecho público se liquidarán y pagarán tomando como
base el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de
servicios.
32. Por su parte el Decreto 3135 de 196830 en el artículo 2731 ordenó
que los servidores públicos tendrían derecho a una pensión de
jubilación que sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. Y en
igual sentido, el Decreto 1848 de 196932 en su artículo 7333 reiteró la
cuantía en mención.
33. Ahora bien, el Decreto 1045 de 197834, cuya vigencia tuvo inicio a
partir del 20 de abril de 197835, determinó en el artículo 4536 que, para
equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos
($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200) en cada mes. […]».
27 Ley 65 de 1946 «Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras».
Artículo 3. «La pensión mensual vitalicia de jubilación de que trata el inciso b) del artículo 17 de la Ley 6a. de
1945 será equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio». De conformidad con su artículo 10: «Esta Ley regirá desde su sanción», que lo fue el 19 de diciembre
de 1946.
28 Ley 4 de 1966. «Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan
las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones». En su artículo 14 señala que: «[...] rige
desde su sanción» y fue «Dada en Bogotá, D.E., a 23 de abril de 1966».
29 Ley 4 de 1966. Artículo 4. «A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que
tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando
como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
30 Decreto 3135 de 1968. «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el
privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
31 Decreto 3135 de 1968. Artículo 27.
«PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ. El empleado público o trabajador
oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón o 50 si es
mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia o
de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.
[…]». Esta norma fue derogada por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
32 Decreto 1848 de 1969. «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
33 Decreto 1848 de 1969. Artículo 73.
«ARTICULO 73. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión
mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el
status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin».
34 Decreto 1045 de 1978.
«Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional». Este decreto fue
expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas
por la Ley 5 de 1978.
35 Decreto 1045 de 1978. Artículo 57. «DE LA VIGENCIA. Las reglas del presente decreto se aplicarán al
reconocimiento y pago de las prestaciones desde el 20 de abril de 1978, cualquiera sea la fecha en que se
hayan causado. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales desde el 20
de abril del presente año y subroga en su totalidad el decreto-ley 777 de 1978».
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Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
efecto del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y
trabajadores oficiales, en el acto de liquidación se tendrán en cuenta
como factores de salario los siguientes:
34. La asignación básica mensual; los gastos de representación y la
prima técnica; los dominicales y feriados; las horas extras; los auxilios
de alimentación y transporte; la prima de navidad; la bonificación por
servicios prestados; la prima de servicios; los viáticos que reciban los
funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por
un término no inferior a 180 días en el último año de servicio; los
incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones
legales anteriores al Decreto Ley 710 de 1978; la prima de vacaciones;
el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o
en días de descanso obligatorio; las primas y bonificaciones que
hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria
de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.
35. En conclusión, de conformidad con el régimen de transición
establecido por la Ley 33 de 1985 en el inciso 1 del parágrafo 2 de su
artículo 1, si para el 13 de febrero de 1985, fecha en la cual cobró
vigencia dicha ley, el empleado oficial ha reunido los 15 años de
servicios continuos o discontinuos, se tiene que es destinatario de la
pensión de jubilación de conformidad con lo ordenado por el literal b) del
artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, es decir con el cumplimiento de 50
años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en
el último año de servicio, y con los factores salariales contenidos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
De acuerdo con lo anterior, si al 13 de febrero de 1985, el empleado había
cumplido 15 años continuos o discontinuos es destinatario de pensión en
cuantía equivalente a 75% del promedio de sus salarios devengados en el
último año de servicio, y con los factores salariales contenidos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978.
5.- Caso concreto
36 Decreto 1045 de 1978. Artículo 45. «DE LOS FACTORES DE SALARIO POR LA LIQUIDACION DE
CESANTIA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a
que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los
siguientes factores de salario: a. La asignación básica mensual; b. Los gastos de representación y la prima
técnica; c. Los dominicales y feriados; d. Las horas extras; e. Los auxilios de alimentación y transporte; f. La
prima de Navidad; g. La bonificación por servicios prestados; h. La prima de servicios; i. Los viáticos que reciban
los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento
ochenta días en el último año de servicio; j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por
disposiciones legales anteriores al decreto-ley 710 de 1978; k. La prima de vacaciones; l. El valor del trabajo
suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; m. Las primas y
bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 38 del decreto 3130 de 1968».
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Actor: Ana Isabel Parra de Isaza
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En el presente asunto, la parte actora en calidad de beneficiaria de la
sustitución de la pensión reconocida por caja anal hoy UGPP a su compañero
permanente mediante la resolución número 1923 del 25 de febrero de 1988,
pretende la realización de la prestación teniendo en cuenta el equivalente al
75% de los factores de salario devengados en el año anterior a la fecha de
retiro del servicio oficial del causante, conforme al régimen ordinario de los
empleados del sector oficial según las leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y 71 en
1988.
El juez de primera instancia condenó a la UGPP arre liquidar y pagar a favor de
la señora Ana Isabel parra Isaza las doceavas partes de la prima de vacaciones
por $52.987, prima semestral por $43.973, prima de Navidad por $39.273 y
quinquenio por $27.745 en la proporción legal; desde el 14 de noviembre de
2011 por prescripción.
Concluyó que la UGPP sólo tuvo en cuenta el sueldo básico por $73.112,
incremento por antigüedad por $10.896, horas extras por $1898, bonificación
por servicios por $20.229, prima de alimentación por $3.667 para un IBL que
ascendió a $42.291.
La entidad demandada refirió en el recurso de apelación contra el anterior
decisión, que a partir de la vigencia de la ley 33 de 1985, la liquidación de las
pensiones debe efectuarse de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del
artículo 1 de la ley 62 de 1985 en el evento que se causen dentro de su
vigencia, lo que significa que únicamente debe tenerse en cuenta aquellos
factores expresamente enunciados en la norma […].
En la resolución RDP 002276 del 21 de enero de 2015 la entidad demandada
reliquidó la pensión de la parte actora con el 75% del IBL percibida durante el
último año de servicios de su cónyuge, decisión confirmada por la resolución
RDP 013078 del 6 de abril de 2015 […].
En este acto administrativo se tuvieron en cuenta los siguientes factores
salariales:
• Sueldo básico
• Incremento por antigüedad
• Horas extras
• Bonificación por servicios
• Prima de alimentación
Según certificado expedido por el ICA, el señor lázaro de Jesús Isaza Salgado
laboró hasta el 14 de octubre de 1986 y devengo además de los factores que
fueron reconocidos para la liquidación pensional, los siguientes emolumentos:
• Prima de vacaciones
• Prima semestral
• Prima de Navidad
• Quinquenio
• Auxilio por retiro
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04560-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Ahora al aplicar en este asunto la normativa y jurisprudencia citada
anteriormente, la sala de decisión considera que los factores antes
mencionados (prima de vacaciones, prima semestral, prima de Navidad y
quinquenio) no se encuentran incluidos en el artículo 1° de la ley 62 de 1985,
pero si en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, norma en la cual es
destinatario el causante de la prestación por haber cumplido más de 15 años de
servicios al 13 de febrero de 1985, fecha en la que entró en vigencia la ley 33
de 1985.
Sin embargo, la sala advierte que sobre los factores reconocidos por el juez de
primera instancia no se realizaron aportes a Cajanal, situación que se evidencia
en el mencionado certificado qué obra en el folio 27 del expediente […].
La circunstancia descrita permite inferir que en relación con las pretensiones de
la demanda y la sentencia del juez a quo, en el presente asunto no se da el
cumplimiento de la exigencia legal consistente en que las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
Situación diferente se presenta cuando una pensión causada en vigencia de la
ley 33 de 1985 es liquidada sin tener en cuenta factores no enlistados en la ley
62 del mismo año que modificó el anterior disposición y sobre los cuales se
realizaron aportes para pensión a la respectiva caja de previsión, toda vez que
en estos casos sí resultaría procedente la reliquidación pensional en tanto la ley
y la jurisprudencia, siempre dejaron a salvo la siguiente expresión “o sobre los
factores que realmente se haya efectuado aportes al sistema”.
En efecto el criterio de esta corporación, la pensión causada en vigencia de la
ley 30 de 1985, se debe liquidar sobre lo cotizado por el empleado, toda vez
que de lo contrario sí se cotiza sobre unos factores pero no se tienen en cuenta
como base de liquidación, el afectado es el trabajador que se le disminuye el
salario para aportes a pensiones pero no se le tiene en cuenta para el IBL de su
pensión.
Como en este asunto no se acreditó que se hayan efectuado aportes sobre la
prima de vacaciones, la prima semestral, la prima de Navidad y el quinquenio,
lo correspondiente era negar las pretensiones de la demanda y en tal sentido la
sentencia apelada debe ser revocada, no por el argumento de la UGPP como
se explicó en precedencia, sino por la ausencia de realización de aportes sobre
los factores reclamados […].
Visto lo anterior, estima la Sala que no se incurrió en el desconocimiento del
precedente alegado por la accionante, por cuanto la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas cumplió los requisitos de transparencia y razón
suficiente exigidos por la Corte Constitucional en estos casos.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04560-00
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de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En efecto, la autoridad judicial accionada explicó, de manera clara, suficiente y
razonada que se presentó un cambio de tesis jurisprudencial por parte de la Sala
Plena del Consejo de Estado, en providencia del 28 de agosto de 2018, expediente
radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, según la cual el anterior criterio
—mismo que venía aplicando el Tribunal— desconocía el principio de solidaridad en
materia de seguridad social, así como la voluntad del legislador de delimitar los
factores salariales que conforman la base de liquidación. Textualmente, la Sala
Plena de esta Corporación señaló:
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la
cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad
social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el
último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir
del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con
fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y
progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo
traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de
configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
Con base en el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
Corporación, en el fallo de unificación mencionado, el Tribunal demandado concluyó
acertadamente que, teniendo en cuenta que en el caso particular de la señora Parra
de Isaza, quien devengaba una pensión de sobreviviente, no se demostró que el
causante hubiera efectuado aportes sobre los factores correspondientes a la prima
de vacaciones, la prima semestral, la prima de Navidad y el quinquenio, no era
procedente acceder a la reliquidación de la pensión en los términos solicitados.
Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la señora Ana Isabel Parra de Isaza, toda vez que no
se acreditó que la autoridad judicial accionada hubiere desconocido el precedente
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
establecido por esta Corporación, respecto de los factores de liquidación de la
pensión de jubilación, sino que, por el contrario, la decisión se fundó en el fallo de
unificación proferido la Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia del 28 de
agosto de 2018, expediente radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, así
como en las pruebas aportadas al expediente ordinario, de las cuales se pudo
determinar que el señor Lázaro de Jesús Isaza Salgado no realizó los aportes
respectivos de los factores salariales que ahora la accionante pretende se le
incluyan en su pensión de sobreviviente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la señora Ana Isabel Parra de Isaza, por
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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